¿Queremos la universidad del siglo XIX o la universidad del siglo XXI? En vez de entrar en el debate de fondo, la cuestión se ha reducido a cuánta más plata se le saca al gobierno y a no permitir la competencia desleal. Y mientras tanto a pesar de los anuncios de Santos, la calidad y la equidad pueden seguir bajando, como pasó con Uribe. 

Sin manzanas de discordia

Aunque la discusión sobre la reforma de la educación superior se ha centrado en el problema del financiamiento de la universidad pública y en la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, no debe perderse de vista que –según el texto del gobierno– se buscaba resolver otros problemas relevantes del sector, a saber:

• Las serias deficiencias de calidad;
• La falta de pertinencia;
• La necesidad de introducir prácticas de buen gobierno en la gestión de las instituciones.

Valdría la pena preguntarse si una vez negociado con las universidades un esquema de financiamiento más o menos satisfactorio y tras descartar la opción de crear instituciones con ánimo de lucro, se necesitaba de veras una nueva ley, pues durante el gobierno anterior se tomaron decisiones trascendentales por la vía de resoluciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) sobre tópicos centrales de la ley 30 de 1992, como la extinción del ICFES o la política de ciclos propedéuticos, que permitieron cambiar el criterio fijado para definir la oferta académica por tipo de institución.

En finanzas, algo se logró

En relación con el financiamiento, la totalidad de la inversión estatal para 2011 será de 2,57 billones de pesos, cifra que según lo acordado aumentará en función del crecimiento de la economía. Adicionalmente, aumentarán los ingresos por la vía de créditos educativos y de recursos provenientes de regalías. Ahora bien, según las universidades, estos ingresos no son suficientes, porque los costos de las nuevas tareas en el presente y en el futuro inmediato lo superan con creces. Se pregunta, entonces, la universidad colombiana si el gobierno realmente considera estratégico su papel como la locomotora principal que ha de impulsar el desarrollo, y no como simple riel para las locomotoras de la prosperidad. Por su parte, la respuesta del gobierno parece venir en dos direcciones:

• de una parte, no hay más recursos;
• de otra parte – seamos francos – las universidades tal y como operan hoy no parecen funcionales para la agenda del gobierno ni para la urgente re-inserción del país en la economía global.

Siglo XXI o siglo XIX

Esta situación es inaceptable para el gobierno, que parece replantear la manera como están funcionando las universidades públicas, su cultura y sus valores, porque estarían desconociendo los imperativos de la globalización, las nuevas formas de producción del conocimiento, el papel del propio conocimiento en la generación de la riqueza, las exigencias de los mercados laborales y las nuevas expectativas de la sociedad respecto de las universidades. Incluso se señala internacionalmente la urgencia de reinventar esta institución para que sea pertinente científica y socialmente en el nuevo escenario donde tienen que operar, a pesar de la escasez de recursos.

Pero en la práctica, parece que la Universidad alimentara una concepción de sí misma como el ámbito donde la sociedad ejerce su derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones, como espacio de investigación desinteresada, donde se forma una élite a través de la ciencia pura. En otras palabras, como arena autónoma de búsqueda del saber por el saber y espacio para la formación y consolidación de comunidades académicas. Así se pensaba a comienzos del siglo XIX.

Pero en el presente –si bien respetan la autonomía de la Universidad– los gobiernos exigen que produzca conocimiento útil, que contribuya a su propio financiamiento en forma responsable, que se comprometa en una gestión transparente y eficiente, que rinda cuentas, que asuma en todos los casos un compromiso claro con el desarrollo y con las necesidades de profesionalización, que se abra al sector productivo y que sea capaz de contribuir a la construcción de una país más competitivo e innovador.

Estamos, entonces, frente a dos maneras irreconciliables de entender la naturaleza de la Universidad pública y sus funciones frente al conocimiento y a las urgencias de Colombia.

Sale sobrando

Aquí radica el problema de fondo que no se ha discutido, porque el eje del debate se ha limitado a tratar de ponerse de acuerdo sobre los recursos y a decidir si se crean o no instituciones con ánimo de lucro.

Ahora bien, como ya se llegó a un acuerdo en materia de financiamiento y se retiró el artículo de la discordia relacionado con este último aspecto, no solo sobraría la reforma, sino la protesta estudiantil.

La nueva ley resultaría inútil o redundante, porque para aumentar el presupuesto de las universidades no se necesita cambiar la ley 30 de 1992, en particular sus artículos 86 y 87. La experiencia reciente muestra que por la vía de las resoluciones –como dije antes– pueden introducirse cambios sustanciales, tal como sucedió con la ley 749, que en la práctica permitió a las instituciones tecnológicas y técnicas acceder al mismo tipo de oferta educativa que las universidades.

Dos temas decisivos

Por el contrario, la reforma resultaría útil y pertinente si enfrentara dos problemas de mayor profundidad sobre los cuales no se ha discutido, a saber:

• cómo mejorar calidad;
• cómo hacer menos excluyente el sistema de educación superior.

Lo primero no vendrá con un cambio de normas, sino en gran parte por un esfuerzo decidido de las propias instituciones educativas, aunque la norma puede ayudar a crear las condiciones propicias. Lo segundo es realmente crítico para el país, pero a ese respecto sólo se encuentran expresiones retóricas en la exposición de motivos de la reforma.

De lo bruto a lo neto

A modo de ejemplo. En la actualidad la meta del gobierno es aumentar la cobertura para el 2014, creando 640.000 cupos más. Pero debe considerarse que el gobierno Uribe comenzó con una meta de 400.000 cupos nuevos, que luego se redujo a 350.000, incluyendo los ofrecidos por el SENA (más de 150.000).

Nada indica que por efectos de una nueva ley y a punta de buenos deseos, sin mayores cálculos, se alcance dicha meta durante el cuatrienio actual, puesto que el crecimiento alcanzado en los ocho años anteriores no pasó del 9 por ciento, tasa inferior al promedio histórico de las últimas décadas y aún tomando en cuenta la tendencia desde 1935.

En efecto, la deserción por cohorte en las universidades es actualmente de 45,3 por ciento, en las de carácter tecnológico es de 53 por ciento y en las instituciones técnicas alcanza el 60 por ciento.

Cuando el gobierno anterior señalaba que la tasa bruta de cobertura de educación había pasado del 24,47 por ciento en el 2002 al 32,48 por ciento en el 2007 y 37 por ciento en el 2010, no mencionaba la tasa neta, muy inferior.

En efecto, a partir de las Encuestas Continuas de Hogares del DANE, para los años 2002 a 2007, se calcularon las tasas bruta y neta de cobertura de la educación superior. La tasa neta –que da cuenta de las personas que efectivamente asisten al nivel apropiado para la edad– tiene un promedio de 17,77 por ciento para el período y pasó de 16,31 por ciento en el 2002 a 19,25 por ciento en 2007.

Gran desigualdad

Ahora bien, es muy importante relacionar las tasas de escolaridad por quintiles de ingreso, porque muestran de modo elocuente la inequidad del sistema, a pesar de los esfuerzos para superarla:

• en el quintil uno –el de menores ingresos– la tasa de escolaridad superior bruta tiene un promedio de 6,35 por ciento para el periodo en mención;
• en el quintil cinco –de mayores ingresos– la tasa promedio sube al 77,07 por ciento.

• para el año 2007, en el quintil uno, tan solo el 6 por ciento de las personas accede a educación superior;
• en el quintil cinco, esa tasa asciende al 49,4 por ciento.

En conclusión, en materia de impacto de la política y de las estrategias seguidas por el gobierno –más allá de defender intereses políticos– será necesario reconocer que debe reactivarse la lucha por mejorar la cobertura, con calidad y equidad.

Estas dos dimensiones parecían los ejes de la reforma, pero una lectura atenta del texto permite concluir que ni calidad ni equidad son los asuntos centrales de la reforma y peor aún, que en el duelo entre el gobierno y las universidades públicas, estas últimas ya lograron –gracias a su poder de negociación– un buen resultado en materia de finanzas y de proteger su mercado mediante la exclusión del artículo que permitía crear instituciones con ánimo de lucro.

La reforma ha perdido todo valor y relevancia. El país ha perdido la oportunidad de replantear en serio los fundamentos de su educación superior.

* Universidad de los Andes.