En Colombia, gobernar es reformar. Recortar las gabelas tributarias, disminuir el gasto militar, elevar el impuesto a la gasolina, aumentar la equidad de las pensiones, prohibir la financiación privada de las campañas electorales, u oponerse a los abusos geopolíticos de Estados Unidos son las reformas que en realidad se necesitan. Pero es probable que otra vez nos quedemos en las recetas probadas que no funcionan o en las reformas que benefician más a los más poderosos.

Es una especie de rito: cada año se anuncian o se proponen reformas para atender los mismos “problemas estructurales” que siguen sin resolverse. Y el año que comienza no tendría por qué ser la excepción. Los ejemplos abundan:

-Cuando el gobierno busca bajar la tasa de desempleo suele apoyarse en “grupos de pensamiento” de clara orientación pro–mercado, para quienes la solución consiste básicamente en reducir el salario mínimo…sin mucho éxito.

-Otra propuesta recurrente es disminuir o eliminar de tajo los costos parafiscales del salario, aun cuando éstos sirven para financiar los sistemas de salud y de pensiones.

-Periódicamente, la agenda pública contempla la reforma del sistema pensional. Entonces el gobierno plantea la necesidad de elevar la edad de jubilación, de aumentar los aportes de los trabajadores y empleados, así como de abrir el camino que permita pagar pensiones inferiores al salario mínimo, evitando eso sí – en la medida de lo posible– confrontaciones directas con sectores que detentan claros privilegios pensionales: las Cortes, el Congreso y las Fuerzas Militares.

-Otro ejemplo: se propone financiar la infraestructura aumentando aún más las tarifas y reduciendo las distancias de los peajes. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se estudia la conveniencia de elevar los impuestos a la gasolina y al diesel. Además de los beneficios en términos económicos, ello tendría otras ventajas: racionalizar el uso de vehículos; contribuir al pago de los costos ambientales; contribuir a financiar vías troncales y regionales, con la consecuente reducción de costos de transporte de los productos de consumo de los centros urbanos.

Los intereses creados

No hay gobierno que se respete que no ejecute o proponga una o varias reformas tributarias y fiscales. Los financiadores de las campañas electorales conocen esta constante en el comportamiento gubernamental, lo cual implica incentivos perversos para desplegar anticipadamente su generosidad “apoyando la democracia”, a cambio de poder influir en la redacción del articulado de la siguiente reforma tributaria y así conservar privilegios u obtener nuevos. Otra forma aberrante de apropiación privada de bienes públicos.

Históricamente, las propuestas de reforma tributaria tienden a aumentar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y a ampliar su base de aplicación dentro de la canasta familiar básica. De igual manera, se busca aumentar la tasa nominal del impuesto de renta, manteniendo eso sí generosas exenciones cortadas a la medida, que de hecho reducen la tasa de tributación para quienes ostentan más poder de influir sobre la toma de decisiones públicas.

Al discutir la orientación del gasto público se considera axiomático que éste se encuentre predeterminado y que la única forma de ejecutar políticas redistributivas sea manteniendo el nivel de gasto y aumentando los impuestos.

De otra parte, numerosos análisis nacionales e internacionales concluyen que la baja eficiencia del sistema de justicia representa uno de los mayores obstáculos al desarrollo y a la construcción de ciudadanía. Las reformas en este campo no se han orientado a lograr lo obvio — como sería una “pronta y equitativa” justicia — sino a introducir ajustes marginales en el delicado mecanismo de pesos y contrapesos, como acaba de suceder: una suerte de retaliación, aunque se ponga en riesgo la esencia democrática reflejada en la separación de poderes.

Tras este largo preámbulo, quiero esbozar sucintamente algunas ideas en borrador con respecto a la agenda legislativa para 2012. Es muy probable que los temas que menciono sean en efecto las materias del debate, pero la orientación y el contenido sean distintos de los que sugiero.

Menos gangas tributarias, menos gasto militar

Su punto fundamental no debería ser el alza de la tasa nominal del impuesto de renta, hoy del 33 por ciento: ésta ya es significativamente alta en comparación con la de países donde el Estado ofrece niveles similares de calidad y cobertura en los servicios. Pero, por otro lado, esa tasa es inferior a la de aquellos países donde la educación se ofrece de manera gratuita y con altos estándares de calidad — desde la guardería hasta el doctorado —, al igual que la salud: la tasa nominal del impuesto de renta puede alcanzar el 55 por ciento en estos países, donde los fondos pensionales se financian con recursos fiscales y la infraestructura es adecuada.

En este sentido, considero que la próxima reforma debería contemplar la eliminación de privilegios regresivos e innecesarios como las zonas francas uniempresariales o la exención de impuestos a empresas, con el pretexto de formalizar la fuerza laboral, para citar solo algunos ejemplos. Dado que muchas empresas poderosas han firmado contratos de estabilidad tributaría, sería necesario introducir modificaciones constitucionales para ajustarlos y lograr un régimen tributario coherente, equitativo y progresivo.

Igualmente, resulta apremiante promover un debate democrático y amplio en torno a la reorientación del gasto público. Así, por ejemplo, actualmente, el gasto militar en Colombia representa el doble de lo que destina la Unión Europea como porcentaje del PIB y es un 25 por ciento mayor que el de Estados Unidos. Resulta paradójico que, si bien el énfasis en el gasto militar ha permitido reducir en diez años a la tercera parte el número de efectivos de la guerrilla, el número de miembros del ejército sea hoy más del doble, cuando la amenaza real se ha reducido drásticamente.

El sistema de pensiones

Una sociedad que se considera democrática no puede permitir que sólo una tercera parte de sus ciudadanos tenga asegurado un ingreso para la vejez. El objetivo central de las medidas debe ser pues aumentar la cobertura del sistema pensional.

Por razones políticas y de equidad, no es conveniente mantener privilegios pensionales para quienes ostentan el poder, mientras simultáneamente se busca reequilibrar el sistema mediante el aumento de los aportes y de la edad de retiro, y reduciendo la relación pensión –salario.

Otro interrogante frente a la reforma pensional: ¿Cómo aumentar la edad de retiro en forma tal que refleje los cambios demográficos, sin afectar el empleo de los jóvenes? Las experiencias nacionales e internacionales han tenido poco éxito. Un crecimiento económico sin empleo, que el gobierno anterior reforzó con su política económica, explica en buena parte la persistencia de altas tasas de desempleo, la inconformidad y el pesimismo de las nuevas generaciones hacia su futuro.

Es evidente que la tasa de interés no es materia de una reforma pensional, pero es difícil desconocer que niveles excesivamente bajos han perjudicado a los ahorradores de los fondos de pensiones.

Estatuto anticorrupción

Una propuesta efectiva y sencilla consistiría en prohibir, por norma constitucional, la financiación privada de las campañas políticas, asignando tal responsabilidad al Estado. A pesar de que esta medida implicaría alguna presión sobre el fisco, al final serían mucho menores los costos para la sociedad — en varios órdenes de magnitud — en comparación con los que actualmente causan los funcionarios electos “agradecidos”, que retribuyen a sus patrocinadores mediante prácticas anómalas y difícilmente controlables como la adjudicación de contratos, el lobby legislativo efectivo, los subsidios, las medidas preferenciales y un largo etcétera.

De igual manera, sería conveniente prohibir la destinación específica de dineros públicos a ciertos sectores privilegiados, en calidad de prebendas, que con frecuencia corresponden a la devolución disfrazada de atenciones a quienes “generosamente” realizaron aportes económicos a las campañas.

Relaciones internacionales

Con frecuencia el ejecutivo ha considerado que la orientación central de la política internacional consiste en apoyar en forma irrestricta la agenda geopolítica de Estados Unidos, a pesar de que en ocasiones esta nación haya promovido invasiones a otros países sobre la base de mentiras prefabricadas, violando normas del derecho internacional.

Entre las acciones que a mi parecer fortalecerían las relaciones internacionales del país están las siguientes:

• En primer lugar, resulta urgente reconocer al Estado Palestino.

• Es preciso acelerar la ampliación de la cooperación internacional y del comercio a países que no necesariamente orbiten alrededor de Estados Unidos o de la Unión Europea.

• De otra parte, como Estado que reconoce la promoción y defensa de los derechos humanos y en los Tratados y Pactos Internacionales suscritos, Colombia debe rectificar ante la comunidad internacional por haber apoyado en su momento al gobierno del presidente Bush durante la invasión a Irak. Es bueno recordar que Colombia fue el único país de América del Sur en apoyar explícitamente esta acción violenta, en abierta violación de derechos humanos fundamentales: cientos de miles de civiles murieron, muchos hombres y mujeres fueron salvajemente torturados e incluso, a los prisioneros detenidos sin orden judicial y llevados a la fuerza a la tenebrosa prisión de Guantánamo, se les continúan negando y violando sus derechos fundamentales. Alguna responsabilidad, al menos moral, se le debe exigir al gobernante que unipersonalmente nos convirtió en aliados de una guerra ilegal, justificada en la mentira…y que se perdió tras ocho años de inútil ocupación.