La extradición de nacionales se ha constituido en un pilar importante de la política antinarcóticos de varios países de América Latina, como una de las tácticas que en su conjunto configuran la "guerra contra las drogas" en la región, junto a la erradicación de los cultivos ilícitos, el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes, la militarización de la lucha antidrogas, la criminalización de toda la cadena interna del negocio de los narcóticos y el rechazo a cualquier iniciativa pro-legalización de las drogas.

Los presupuestos implícitos de dicha "guerra" son precisos y sencillos:

a) en la medida en que se ha aceptado, tácita o explícitamente, que el fenómeno de las drogas nace de la existencia de la oferta, las acciones principales de los gobiernos de Latinoamérica se orientan a desmantelar los eslabones vinculados con la cadena de producción, procesamiento, provisión y tráfico de las sustancias psicoactivas ilícitas;

b) puesto que este fenómeno constituye un problema de seguridad más que un problema de salud, se hace hincapié en combatirlo firmemente mediante la participación activa no sólo de la policía sino también de las fuerzas armadas; y

c) como se supone que la lucha contra los narcóticos exige atención especial y concentración de esfuerzos, no se concibe ensayar alternativas distintas de la "mano dura" vigente.

La extradición ha sido un símbolo de este enfoque coercitivo. Con su práctica se esperaba que los sistemas judiciales tuvieran una menor carga y pudieran fortalecerse, debilitados como estaban por el auge del narcotráfico.

Se buscaba también que la colaboración jurídica redundara en la posibilidad de hacer más efectiva la desarticulación del mercado de las drogas y que la amenaza y el uso de este instrumento sirvieran como disuasivos para que ingresaran menos personas a este negocio ilícito.

Complementariamente, una utilización eficaz de este mecanismo supondría alguna disminución de la disponibilidad, elevación del precio y reducción de la pureza de las sustancias psicoactivas ilícitas en los polos con mayor demanda de drogas.

Durante los años ochenta, las exigencias de la extradición por parte de Estados Unidos produjeron una dinámica particular donde el tema de la soberanía concentró las controversias: por una parte, los traficantes agitaban una suerte de "narco-nacionalismo", procurando poner a la defensiva a los gobiernos que intentaran aplicarla y, por otra parte, Washington convertía el tema en una suerte de expresión de "narco-imperialismo" moral, al sostener que sólo el uso de este instrumento satisfacía el cumplimiento de una verdadera "guerra contra las drogas". Colombia fue el principal testigo de esta polarización, acompañada de una feroz violencia.

En la década del noventa, el tema continuó siendo controversial, pero los costos potenciales derivados de las sanciones y la mayor retaliación de Estados Unidos fueron mayores que aquellos producidos por la acción virulenta del narcotráfico.

Aún países que habían preservado su singularidad, para diferenciarse de Colombia, terminaron aceptando la posibilidad de extraditar nacionales, como México, que invocaba su tradición más "soberanista" y que año tras año eludía la eventual des-certificación de Estados Unidos.

A comienzos del siglo XXI, el recurso a la extradición se convirtió en un hecho más usual y menos dramático. En la historia contemporánea, Colombia ha sido el país que más nacionales ha extraditado en el mundo. Sólo en 2010 Bogotá extraditó 168 colombianos, 148 a Estados Unidos, 14 a España, 2 a Alemania y 1 a Italia, Ecuador y Brasil, respectivamente. Entre 2000 y 2010 el total de ciudadanos colombianos extraditados alcanzó la cifra de 1.221: la gran mayoría de ellos a Estados Unidos.

La aplicación de la extradición ha sido bastante inútil para la lucha contra la droga. Sin duda los países que la utilizan activamente han mejorado sus vínculos diplomáticos con Estados Unidos de un modo sustancial.

Sin embargo, sus efectos específicos en la lucha contra las drogas han sido insustanciales: los narcotraficantes no se han disuadido (siempre hay alguien que reemplaza al extraditado, al encarcelado o al eliminado); la justicia no ha aumentado su eficacia (salvo simbólicamente); el negocio de las drogas no se ha reducido (sino que se ha readaptado, expandido y complejizado); la violencia y criminalidad ligadas al fenómeno de las drogas no se modificaron (aunque se dispersaron en términos geográficos y en cuanto al perfil de víctimas); el consumo interno de sustancias psicoactivas ilícitas no decreció (al contrario, aumentó) y el impacto sobre la demanda (disponibilidad, precio y pureza) ha sido nulo.

Colombia puede seguir extraditando sus ciudadanos a Estados Unidos, en particular, y reforzar así su compromiso jurídico-político con Washington. Pero el país debe tener claro que ello no incide en alterar el problema del narcotráfico en el país. Y que tampoco reversará el fenomenal avance del paramilitarismo como proyecto mafioso de poder.

La justicia en Estados Unidos no resolverá lo que en Colombia exigiría más voluntad política, una coalición socio-política en el gobierno y una novedosa política pública en la materia; hechos que no se divisan en el horizonte.