Hace ya muchos años se han venido buscando soluciones distintas –o por lo menos complementarias– del uso de la fuerza militar para ponerle fin al conflicto interno colombiano. Hace algún tiempo, por ejemplo, Gustavo Petro acuñó la expresión “asfixia democrática” como una salida alternativa al conflicto armado. Y aunque esta idea fue acogida con entusiasmo por algunos analistas, la política de seguridad, como todos sabemos siguió dando prioridad a la salida militar.

Si bien esta política ha obtenido logros indudables –tanto el ELN como las FARC han sido claramente debilitados— no ha sido posible imponer la paz de manera inequívoca. Y es porque existe un límite a la eficacia de la represión:

• los líderes de la guerrilla –o su núcleo radical– se mantienen activos;
• las FARC y el ELN siguen existiendo y hasta controlan algunos territorios y,
• sobre todo los riesgos de violencia siguen siendo bien reales en Colombia.

Marginación y costos crecientes

La razón última de los límites de la represión está en la incapacidad actual del Estado colombiano para integrar territorios y poblaciones.

Hoy por hoy, en efecto, las guerrillas han regresado a los territorios periféricos donde nacieron y donde medraron durante las primeras décadas del conflicto. Estos territorios y sus poblaciones se caracterizan por una nula o muy precaria inserción en el orden económico y político que pretende irradiar el Estado central: “hay una porción de la población que se encuentra escindida de la sociedad mayor, excluida de la ciudadanía, de los beneficios del desarrollo y de los mercados aceptados y regulados por el Estado central. Esa es la escisión maestra del conflicto armado colombiano (…)”[1].

Al mismo tiempo, la marginalización del conflicto lo ha ido empujando a zonas de gran riqueza minero-energética y de alto potencial agroecológico. Esto significa, ni más ni menos, que hoy en día el costo de oportunidad del conflicto es inmenso, en términos de desarrollo perdido.

Atomización peligrosa

Es más: dada la situación actual del ELN -una entidad ya de por sí federada- la estrategia coercitiva podría agravar su atomización y aumentar el riesgo de que más profesionales de la violencia queden a disposición del mejor postor.

En efecto, dentro del ELN hay manifestaciones de sicariato y cada vez más evidencia de acciones puramente criminales vinculadas con lógicas locales de narcotráfico. Eso es particularmente claro en el Suroccidente y afecta sobre todo a poblaciones indígenas y afro-colombianas.

El uso indiscriminado del minado, el recurso al desplazamiento como parte de la estrategia contra otros grupos ilegales, y cierta capacidad de reclutamiento y recomposición, a pesar de la acción estatal en su contra, son señales de innegable relevancia para readecuar la política de seguridad frente a esta guerrilla.


No es hora de negociar

¿Cuáles son entonces las alternativas? ¿Sería pertinente y eficaz negociar hoy con el ELN?

La coyuntura que se abrió con el gobierno Santos parece favorable para encontrar una salida a la guerra. Así lo han señalado muchos analistas nacionales e internacionales -y de hecho, el capítulo tercero del libro que motiva esta nota analiza a fondo la nueva coyuntura.

Sin embargo, en el momento actual no parece pertinente ni eficaz optar por una solución negociada con el ELN –al menos en los términos y con las estrategias intentadas hasta ahora–. Siguen las tensiones y obstáculos que impidieron el éxito de los procesos anteriores:

• la muy distinta concepción sobre la naturaleza de las negociaciones;
• el enfoque suma cero que adoptan ambas partes y es inherente al modelo clásico de negociaciones;
• las posturas inamovibles en temas cruciales como el cese al fuego y el secuestro;
• la complejidad de las relaciones entre cada parte y los muchos otros actores del conflicto colombiano.

Des-hacer el enemigo

¿Estamos entonces condenados a la guerra?

En el libro que comento sostenemos que no es así, pero advertimos que una estrategia “de cierre” frente al ELN debe dejar de lado la dicotomía clásica conflicto-negociaciones. Habría que adoptar el enfoque de solución de problemas, o de “acción positiva”, que aproveche la coincidencia en temas claves para alcanzar la salida deseada.

Por ejemplo, la discusión actual sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, abre un horizonte donde podrían converger las posiciones antagónicas: aunque subsistan grandes diferencias sobre el alcance de las medidas que contempla la ley, hay coincidencia sobre la necesidad de restituir las tierras usurpadas y restablecer la plena ciudadanía de las víctimas. En este contexto, las reformas que el Estado se propone adelantar y que conducen al “estado de cosas” deseable y deseado, pueden ser utilizadas simultáneamente como concesión política a la insurgencia.

De esta manera se haría posible iniciar un diálogo sin necesidad de formalizar las negociaciones como un espacio donde se pactan las reformas. Dentro de este “diálogo sin negociaciones”, hasta sería posible convenir -no las reformas en sí- sino la reintegración política de la insurgencia para que tenga representación en el debate institucional y pacífico sobre las nuevas reformas.

Hay otros retos. Uno importante es construir una política de seguridad basada no en la demonización del “otro”, sino en su inclusión, sobre la base de la protección y la confianza. Esta sería la garantía para que los grupos armados puedan renunciar definitivamente a las armas: necesitamos des-hacer el enemigo.

Incentivos para cesar la violencia

Al atraer a la base social del ELN con la concesión de las reformas y la atención de sus reclamos legítimos, esos mismos sectores se encargarían de impulsar a esta organización hacia un proceso de paz: la lógica de aislamiento político de la guerrilla le hace perder su capacidad de integración a la vida local y comunitaria.

De esta manera el papel de “garante armado” –fundamento ideológico del ELN desde que acogió la bandera de la “Convención Nacional” – perdería sentido porque ya no tendrían nada que vigilar.

El reto es hacer que la población civil —particularmente las bases sociales del ELN— se comprometa a asumir algún papel en el marco democrático e impulse un proceso de desmovilización y desarme. Así, podría pensarse en una suerte de cooptación de la idea de “Convención Nacional”, o en una triangulación política consistente en que el Estado o el régimen democrático gane el apoyo de “las bases” del ELN, lo que le obligaría a buscar una salida política.

Antes que eliminar al ELN, se trata de crear una situación tal que su supervivencia dependa de su transformación, para que participe de modo constructivo en un proceso de paz que ya está en marcha.

Es decir, no se trata de una asfixia democrática que insinúa la eliminación y la derrota, sino de un amparo democrático, que si bien sofoca la violencia invita a la inclusión y a la participación política dentro del marco institucional, que aprovecha los órdenes políticos paralelos y el compromiso político del pueblo colombiano y así brinda legitimidad tanto al proyecto político del ELN como al Estado democrático de derecho de Colombia.

* Politóloga especialista en estudios de paz y conflicto, investigadora de CERAC Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .