Esta nueva y brutal violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario ha provocado reacciones del Congreso y del Gobierno que, además de expresar la necesaria indignación, han puesto de presente el carácter coyuntural y oscilante de las políticas para la solución del conflicto.

 La barbarie como opción

Con la reciente ejecución de cuatro miembros de organismos de seguridad del Estado a manos de sus captores de las FARC, se repite una escena dantesca que corrobora la atrocidad como método de esta organización guerrillera, que a través del uso sistemático de la violencia y del terrorismo, persiste en alcanzar supuestos objetivos políticos.

El país y el mundo han sido una vez más testigos de cómo rehenes en completo estado de indefensión son ejecutados por sus captores ante la menor posibilidad de perderlos en una operación de rescate o en un encontrón fortuito con fuerzas militares.

Este episodio nos recuerda la suerte macabra que habían corrido otros secuestrados, como Consuelo Araujo Noguera, “La Cacica”, en 2001, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y el exministro Gilberto Echeverri en mayo de 2003 y once de los doce diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en 2007, todos ellos vilmente ejecutados por sus captores.

Las manifestaciones nacionales e internacionales de rechazo no se hicieron esperar: aún en sus abyectas condiciones de cautiverio, los secuestrados estaban amparados por una serie de garantías y protecciones propias del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en su propósito de humanizar los medios de lucha y mitigar los impactos de un conflicto armado. 

Motivación + capacidad

Lamentablemente la reciente ejecución de cuatro policías era previsible por dos razones muy claras: el abatimiento del líder guerrillero “Alfonso Cano”, y la necesidad de las FARC de demostrar que aún mantienen una capacidad operativa suficiente como para enfrentarse a las Fuerzas Especiales del ejército colombiano, sostener un fuego cruzado y darse a la fuga sin perder un preciado tesoro de negociación y chantaje frente a los organismos de seguridad del Estado.

La suma de motivación y capacidad operativa dio como resultados los actos de terrorismo, el secuestro y la toma de rehenes por parte de esta organización, que sin duda les reportan múltiples beneficios: desde el financiamiento, la publicidad a largo plazo y el fortalecimiento de su posición para una eventual negociación, hasta crear presión social sobre el gobierno, que en últimas parece redundar en beneficios políticos.

No sobra resaltar que en estas tácticas de guerra, el objetivo primordial no son los militares y policías secuestrados — condenados a podrirse en un prolongado cautiverio en las selvas — sino el impacto y la presión social que ejercen estos secuestros sobre el poder político y la audiencia nacional e internacional para debilitar la acción del Estado. 

Represalia legislativa

En medio de las obvias reacciones que produjo el asesinato de estos secuestrados, resulta interesante observar cómo el Congreso decidió retirar el artículo 2º del proyecto de acto legislativo conocido como “Marco Jurídico Para la Paz”. Este artículo revestía una importancia especial dentro de la actual coyuntura del conflicto, pues entre otros beneficios abría la posibilidad a guerrilleros que optaran por la desmovilización de presentarse como aspirantes a cargos de elección popular.

Posteriormente el senador Roy Barreras — presidente de la comisión de paz y uno de los ponentes del proyecto —afirmaba que si el nuevo comandante de las FARC “Timochenko” hacía uso de sensatez y ordenaba la liberación unilateral de todos los secuestrados, podría retomarse el tema de la vocería política que había sido eliminado del proyecto.

Aunque el “Marco Jurídico Para la Paz” y el propio senador Barreras estén movidos por la buena intención de proveer un soporte jurídico que facilite la reconciliación, sus comentarios acerca de la vocería parecen indicar que no existe una política definida sobre aspectos fundamentales del conflicto sino más bien que circunstancias coyunturales empujan las iniciativas estatales dese un extremo al extremo opuesto. 

La respuesta estatal

El gobierno Santos parece estar consciente de que, si bien la estrategia militar es decisiva para someter la guerrilla, tienen igual importancia las herramientas no militares que requieren un norte plenamente definido y que permitan la desmovilización, la reintegración y una alternatividad penal acorde con los estándares internacionales, que garanticen la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición de las atrocidades.

En el ámbito nacional, tras haber insinuado la posibilidad de entablar negociaciones de paz, esta flagrante violación de DIH por parte de las FARC deja al gobierno Santos ante una disyuntiva muy incómoda. En el campo internacional, el gobierno debe arreciar la lucha diplomática contra las FARC, para cerrar los espacios donde todavía accede esta organización mediante su diplomacia revolucionaria.

Hacen falta políticas públicas bien definidas y vacunadas contra altibajos coyunturales del conflicto.

* Abogado de la Universidad del Norte, M.A. en Gobierno, Seguridad Nacional y Contra-terrorismo de la Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy (Israel) y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte.