El episodio del paro armado marca un punto de inflexión en la historia de los grupos neo-paramilitares. Antes buscaban no enfrentarse con la Fuerza Pública, pero la actual ofensiva del Estado podría estar haciendo que se cohesionaran ante el enemigo común, pasando así a ser “insurgentes”. El Estado también tiene lecciones que extraer. 

Haciéndose pasito

A raíz del paro armado promovido por los Urabeños, se ha especulado mucho sobre la capacidad que tienen los neo-paramilitares para ejercer control sobre amplias zonas del territorio y sobre sectores importantes de la población. Lo cual no es nada nuevo, porque siempre lo han tenido -y lo seguirán teniendo mientras no se desactiven los factores que subyacen al paramilitarismo.

Lo que resulta realmente novedoso es la respuesta reciente de los Urabeños frente a las acciones del Estado. En efecto: no es usual que estos grupos se enfrenten a la fuerza pública. Las cifras de combates y de acciones violentas contra la policía o contra el ejército así lo demuestran. Por ejemplo, a finales de 2010 se observó un número irrisorio de combates de estos grupos contra la fuerza pública, si se compara con otros grupos al margen de la ley como las FARC (ver gráfico).

Combates entre el Estado y los diferentes grupos armados


Fuente: Base de Datos del Conflicto Armado Colombiano, CERAC versión 11.2 Nota: Información preliminar, sujeta a revisiones y actualizaciones

De los datos anteriores se deduce que hasta este momento no había sido de interés para los neo-paramilitares combatir directamente al Estado o hacerle frente con el fin de controlar un territorio o incluso por cuidar las rentas ilegales.

Este comportamiento se explica por la connivencia con agentes de la fuerza pública que heredaron de los “paras”. En efecto, los neo-paramilitares aprendieron de sus predecesores que tener de su lado a las fuerzas armadas les permite continuar impunes y es menos costoso para la extracción de rentas. El control territorial que ejercen sobre amplias zonas del país no hubiese sido posible sin esta relación, puesto que a diferencia de las guerrillas, los paramilitares no necesitaron competir con el Estado por el monopolio de la fuerza, sino que en muchos casos lo cooptaron exitosamente.

Un Estado reactivo y efectista

Sin embargo, durante el último año las reglas de juego cambiaron para los neo-paramilitares. Si bien es innegable que conservan su control local en varias zonas y numerosas conexiones con agentes de la fuerza pública (como lo muestran las no pocas capturas de ex integrantes de la policía por pertenencia a organizaciones neo-paramilitares) ha aumentado la presión del gobierno nacional, en su afán por combatir a estos criminales.

Esta respuesta estatal, sin embargo, se ha quedado en acciones reactivas que buscan mostrar resultados a corto plazo y responder a situaciones coyunturales. Como bien han afirmado varios analistas, cada vez que ocurren hechos notorios de violencia se despliegan operativos a gran escala para contrarrestar las acciones de los neo-paramilitares.

Así ocurrió el año pasado con la Operación Troya a raíz de los asesinatos de los estudiantes universitarios en Córdoba. O así ocurrió hace dos semanas, cuando los Urabeños declararon el paro armado en por lo menos 16 municipios del Urabá antioqueño.

Aunque en su formulación persiguen objetivos más amplios [1], las estrategias actuales de la fuerza pública solamente han dado como resultado la captura o muerte de varios miembros de estas organizaciones y de varios de sus jefes como Cuchillo, Valenciano y Giovanni.

Sin embargo, la estrategia de combatir solamente a los componentes armados y visibles de estas organizaciones resulta insuficiente; ha llevado a que estos grupos se adapten y puedan adelantar acciones que hoy nos sorprenden, como la de atacar frontalmente al Estado con un paro armado o con amenazas directas contra miembros de la fuerza pública [2].

Unidos contra el Estado

Usualmente la muerte del líder de un grupo de crimen organizado desencadenaba una puja por el poder, lo cual muestra la existencia de unidades indisciplinadas o que no siguen una única línea de comando y control. Por ejemplo, en el caso del Cartel del Norte del Valle se provocó la división entre los Machos y los Rastrojos. En el caso de la Oficina de Envigado, se dio una pugna feroz tras la extradición de Don Berna.

Ahora, por el contrario, se observa una organización que ante la muerte de su líder actúa de manera contundente y da respuesta efectiva a su adversario, haciendo precisamente lo que mejor sabe hacer: infundir terror en la población. Este hecho sugiere que - al menos en el caso de los Urabeños- el contar con un enemigo común ha hecho cohesionar a las distintas facciones. Probablemente concluyeron que es mucho más provechoso mantenerse unidos ante la amenaza de un Estado decidido a combatirlos, que estar disputándose el control fragmentado de las rentas.

De ahí que aprovechen los aprendizajes de cómo hacer la guerra: basta con amenazar, para que toda una región se paralice; basta con poner precio a la cabeza de un policía, para sembrar zozobra en la población.

El Estado también puede aprender

Los neo-paramilitares, por definición, tienen por objetivo principal conservar un orden social mafioso y unas fuentes de rentas que han heredado de sus predecesores paramilitares; por lo tanto emplearán todos los medios necesarios contra todo aquel que amenace ese estado de cosas: bien sea guerrillas, otros grupos criminales o el mismo Estado. Reconocer este principio es la única forma de hacerle frente a esta amenaza de una manera más efectiva.

Entonces, de esta dinámica reciente en el comportamiento de los Urabeños se puede extraer un aprendizaje muy importante: si bien el gobierno nacional ha logrado perseguir con éxito a los líderes neoparamilitares, no se debe dormir en los laureles. Las dinámicas cambian y los grupos se adaptan muy rápidamente a las estrategias que han sido diseñadas para combatirlos.

Esto demuestra que las organizaciones criminales tienen componentes distintos de sus grupos armados es decir relaciones con funcionarios estatales, miembros de la sociedad civil y sectores políticos y económicos que les permiten perpetuarse en el tiempo.

Por lo tanto, el siguiente paso en la lucha contra estas organizaciones debe ser una política anti-criminal sostenida que de una vez por todas rompa las relaciones entre los neo-paramilitares, los agentes corruptos del Estado y los órdenes sociales mafiosos enquistados en las regiones, y que permita consolidar la presencia estatal y el monopolio de la violencia para las instituciones estatales.

Solo de este modo es posible garantizar el derecho que tenemos todos a la seguridad y a estar libres del miedo.

* Investigador del CERAC.
@alonsotobon
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