¿Llegó la hora de la paz en Colombia? La sociedad civil está polarizada. Los actores en conflicto no perciben incentivos suficientes para frenar la violencia, pero un movimiento social amplio podría ejercer la presión necesaria. Ya ha sucedido, aquí y en otras partes.

Las dilaciones para liberar a los seis miembros de la fuerza pública son por supuesto traumáticas, tanto para las personas que están en esa terrible situación, como para un eventual diálogo de paz. Y el daño es aun peor cuando las dilaciones se ven acompañadas, como ahora, por una oleada de bombas que dan muerte o que hieren civiles inocentes y destruyen viviendas en nombre de las FARC.

El tema, como ya es costumbre, se ha convertido en un tire y afloje mediático donde los secuestrados se utilizan para reafirmar posiciones de guerra, pero no existe una voluntad pura y simple de liberarlos como un acto humanitario y una demostración de voluntad de diálogo.

Por el contrario, el aplazamiento de la entrega deja en claro que los secuestrados son activos estratégicos para las FARC: “activos estratégicos” es decir, instrumentos que permiten consolidar posiciones discursivas y deslegitimar al enemigo en el marco del conflicto armado.

Por ejemplo, después del repudiable asesinato de tres militares y un policía en noviembre de 2011, en Solano, Caquetá, tanto las FARC como el gobierno se culparon entre sí. El gobierno calificó el hecho como una “…demostración más de la sevicia y crueldad de las FARC”, y la organización guerrillera afirmó que la responsabilidad de lo acontecido era del gobierno nacional “por impedir su inminente liberación unilateral” con una operación de rescate.

Y hoy la historia se repite con el anuncio del aplazamiento de la eventual liberación de los seis uniformados que aún están en poder de las FARC. El gobierno, por un lado, asegura que las condiciones están dadas, pero que las FARC no informan las coordenadas para la entrega de los secuestrados, lo que demuestra su falta de voluntad y el engaño al que tienen sometido al pueblo colombiano; las FARC por su parte aseguran que el gobierno no cesa las operaciones militares y que en vez de libres, quiere devolver muertos a los secuestrados.

Sociedad civil polarizada 

Colombianos y Colombianas por la Paz trabajan activamente para lograr la liberación de algunos secuestrados por las Farc.

Estas acusaciones recíprocas alimentan el empantanamiento del conflicto y polarizan a la sociedad civil. En efecto, la sociedad y sus organizaciones no logran llegar a consensos mínimos sobre la evolución y posibles salidas del conflicto armado, en parte, porque no discute desde posturas elaboradas sino desde pasiones exacerbadas por la violencia.

La sociedad civil toma partido cada vez que ocurren hechos como el asesinato de los militares y policías en manos de las FARC o como la promesa no cumplida de liberar a los seis secuestrados. Estas expresiones van desde los actos concretos pero coyunturales – como los comunicados de organizaciones de la sociedad civil – hasta marchas masivas en contra de las FARC.

Igual que en muchos otros países en conflicto, la sociedad civil pretende lograr interlocución, pero en el caso colombiano su polarización resulta evidente. Por ejemplo -y sin desconocer el papel destacado y valeroso que han jugado en la liberación de varios secuestrados- Colombianas y Colombianos por la Paz declararon hace poco que “así como los empresarios han pagado un impuesto de guerra, pueden apoyar para el pago de los dos helicópteros” - lo cual conlleva una crítica a su actuación en apoyo de opciones de mano dura.

Así mismo, la otra cara de la sociedad civil, la que no está organizada, se enfrasca en campañas que acentúan la distancia entre las partes del conflicto. Por ejemplo, la marcha del 6 de diciembre del 2011 repudiando al asesinato de los cuatro miembros de la fuerza pública, fue promovida por el gobierno nacional y tuvo un claro mensaje en contra de las FARC, no necesariamente a favor de una demanda específica de cesar la violencia.

Preocupa que la polarización de la sociedad civil sirva a su vez como otro activo en la guerra, pues es aprovechada por las FARC para infligir costos al gobierno, que necesita acumular legitimidad para avanzar en la consolidación del Estado en todo el territorio nacional.

Por eso los secuestrados son aún tan valiosos, pese al alto costo de mantenerlos en cautiverio – por razones militares, logísticas y por el potencial riesgo político de que terminen asesinados–. Mantenerlos cautivos permite hacer visible un poder de negociación, aprovechando que la sociedad civil no se pone de acuerdo sobre puntos fundamentales.

Ceder unilateralmente: ¿costo político excesivo? 

Ni las liberaciones ni el propio cese de la violencia deberían entenderse como estrategias de guerra, sino como ventanas de oportunidad para lograr el fin definitivo del conflicto. Sin embargo, tanto el gobierno como las FARC incurrirían en altos costos políticos al abstenerse de apelar a la violencia.

Por un lado, el gobierno debe mantener el principio sobre el cual reposa la existencia misma del Estado: la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, a la luz de un mandato político, constitucional y moral. Ceder en la confrontación con las guerrillas sería leído como un acto de abandono, más aún ante los atentados recientes de las FARC en Nariño y en Cauca.

Por su parte, las FARC no ceden en el uso de la fuerza, entre otras cosas, para enviar el mensaje de que no están derrotadas. Esto les permitiría, en un eventual proceso de paz, no entrar a negociar términos de rendición, sino contar con un factor real de poder – el uso de la violencia– que les permita sostener sus posiciones.

Por lo tanto no hay lugar para esperar un cambio en las posturas de las partes en conflicto. Peor todavía, el empantanamiento no lleva solo a dilatar las liberaciones sino también al riesgo de escalar las hostilidades — de lo cual podría haber ya algunas evidencias — y a aplazar indefinidamente un proceso de paz que además estaría condenado al fracaso, como antaño.

Sociedad civil unida para frenar la violencia 

¿Quién debe tomar la iniciativa para frenar la violencia? La respuesta más idónea es: la sociedad civil en su conjunto.

Entonces queda una pregunta: ¿quién debe tomar la iniciativa para frenar la violencia? La respuesta más idónea es: la sociedad civil en su conjunto.

Existen varias experiencias actuales — tanto en algunas regiones del país como en el ámbito internacional — que demuestran cómo una sociedad civil organizada y con propuestas estructuradas a largo plazo puede presionar en busca de soluciones efectivas a los conflictos violentos.

Véanse, por ejemplo, las experiencias de los programas de Desarrollo y Paz que han logrado ganarle espacios a la violencia al producir cambios sociales en las regiones en donde operan. También están los casos de comunidades que han rechazado la violencia y han logrado, no sin muchos sacrificios, restarle apoyo social a los grupos armados [1].

Por su parte, en el plano internacional, es notable la participación que tuvo la sociedad civil en la decisión de ETA de abandonar la lucha armada. El proceso de cierre de este conflicto, como lo afirma la investigadora de CERAC, Emilia Frost, tuvo que ver entre otros factores con “la pérdida del apoyo popular hacia los medios y el fin de la lucha armada de ETA. En otras palabras, el resultado fue nada menos que la deslegitimación de la violencia para resolver conflictos sociales y políticos” (énfasis añadido) [2].

En concreto, la sociedad civil, en particular la vasca, emprendió una campaña organizada y de largo plazo a través de una red denominada Lokarri  (palabra que en euskera significa, ‘lo que sirve para unir’). Dicha red propició un debate abierto, que se extendió a la gran mayoría de la sociedad civil en torno a un mensaje común: “la voluntad social mayoritaria de no violencia” [3].

Estos ejemplos demuestran que es posible lograr consensos para frenar la violencia. La alternativa es, entonces, consolidar un movimiento social amplio que con propuestas y acciones específicas presione la negociación entre los actores en conflicto alrededor de una premisa común: frenar la violencia – o en términos de Galtung, una paz negativa – como la base para un proceso más amplio de cierre definitivo del conflicto armado colombiano.

* Científico Político de la Universidad Javeriana e Investigador de CERAC. 

@alonsotobon

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