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Emilia Frost *Nicolás Chamat **
La estrategia militar que ha dominado la política de seguridad está agotada y es incapaz de crear las condiciones para un proceso de restitución de tierras que garantice la seguridad de los reclamantes. ¿Por qué no adoptar el enfoque novedoso de construir deliberadamente una infraestructura para la paz?

 


Del control militar a la consolidación estatal

Los despojos masivos de tierras perpetrados durante los años noventa y el primer lustro de la década pasada —cometidos por fuerzas paramilitares en su mayoría— pueden explicarse como resultado del déficit de control territorial por parte del Estado colombiano.

En la actualidad esta falta de control sigue siendo una de las mayores amenazas para poner en marcha los procesos de restitución de los predios despojados. La ausencia de un verdadero control del Estado en las zonas donde se concentró el despojo pone en peligro la vida de las personas involucradas en estos procesos.

El Plan Nacional de Consolidación [1] está diseñado justamente para enfrentar este problema. Se trata de un documento valioso e innovador en su visión integral del conflicto armado. Sin embargo, el marcado enfoque militar que acusa no solamente limita su utilidad, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de la intervención y reduce la legitimidad de los esfuerzos de consolidación.

Es más, la política de consolidación empieza por el lado equivocado. Como han comentado varios expertos [2], no hay nada por consolidar, porque aún no se ha logrado establecer el control territorial que se pretende mantener.

Debería tratarse más bien de establecer y consolidar la presencia legítima del Estado; pero no de un Estado guerrero, sino de un Estado de paz.

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La construcción del Estado colombiano se ha ido configurando en función del conflicto armado: un Estado cimentado sobre una infraestructura para la guerra.

El problema radica en que la construcción del Estado colombiano se ha ido configurando en función del conflicto armado: un Estado cimentado sobre una infraestructura para la guerra, donde predomina la lógica de confrontación contra un enemigo interno, que se traslada a la división entre amigos y enemigos de los propios ciudadanos.

Dicho de otra manera, habría que crear un fundamento estatal basado en la lógica de la paz y no en la lógica de la guerra. Colombia necesita perentoriamente una infraestructura para la paz.

 ¿Cómo hacerlo?

¿Qué puede ser una infraestructura para la paz? Este término, introducido originalmente por John Paul Lederach en 1997 y promovido por el ex Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan, se refiere al desarrollo de mecanismos incluyentes e institucionalizados para la cooperación entre diferentes actores en el proceso de construcción de paz y en la prevención de nuevos conflictos mediante el enfoque de solución cooperativa de problemas.

En otras palabras, el concepto de “Infraestructura para la Paz” propone adoptar una política de paz que vaya más allá de la confrontación armada y que establezca los espacios y mecanismos institucionalizados necesarios para el diálogo ciudadano y la resolución pacífica de conflictos.

Es además una estrategia que da poder al ciudadano, porque le transfiere parte de la responsabilidad por el avance del país y disminuye el poder de los actores armados (tanto estatales como no-estatales) [3].

Si bien este es un concepto nuevo y poco desarrollado, conviene explorar sus postulados y su eventual aplicación al contexto colombiano. Haciendo gala de cierta libertad académica, es posible establecer una comparación con otros sectores del Estado, como decir la política de salud: ¿por qué no imaginar cuáles podrían ser las directrices básicas de una infraestructura para la paz?

La construcción de esta infraestructura es ante todo una política transversal, multifacética y de largo plazo. Al igual que en el caso del diseño de una política para la salud, tendría que considerarse, por ejemplo, la construcción de lugares físicos para la atención al público: clínicas locales y hospitales regionales. En el caso de la infraestructura para la paz, esto se traduciría en consejos locales y regionales para la prevención y resolución de conflictos comunitarios.

Así mismo las enfermeras escolares y la formación básica en salud y en bienestar, correspondería a la integración sistemática en la enseñanza escolar de la no-violencia y la solución de conflictos, como también en la existencia de personas encargadas de fomentar la convivencia pacífica en los colegios.

La investigación de carácter estatal y privado sobre los asuntos de la paz y la convivencia pacífica debe ser promovida de la misma forma como se fomentan los estudios sobre nuevas enfermedades y el progreso de nuevos tratamientos.

Se requieren también la formación de funcionarios y programas nacionales de emergencia, como también la creación de una nueva cultura política que, en su conjunto, fomenten la adopción de las maneras pacíficas como el camino adecuado para tramitar los conflictos y las reivindicaciones de todo tipo de quejas y reclamos. 

De esta manera, tenemos que construir una infraestructura que conecte todos los niveles (dimensión vertical) y sectores (dimensión horizontal) del Estado con la sociedad civil.

De antemano, se puede prever que no va a resultar una tarea nada fácil, pues además requiere la asignación de recursos públicos suficientes y prolongados.

Falta una visión integradora

A pesar de los múltiples desafíos que enfrenta, la construcción de un Estado de Paz no es una utopía, pues no se estará comenzando de cero. No todos los países con conflictos internos pueden optar por esta opción. La construcción de una infraestructura para la paz requiere de una estabilidad estatal suficiente, tanto en términos institucionales como económicos, para crear, mantener y mejorar de forma continua los servicios básicos necesarios para garantizar la seguridad humana.

Si bien es un reto enorme, Colombia sin duda posee la capacidad para embarcarse en esta nueva ruta hacia un Estado de paz.

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Los laboratorios de paz, por ejemplo, constituyen un intento de diversas organizaciones sociales, de la comunidad Internacional y del gobierno colombiano para “enfrentar las causas estructurales del conflicto a nivel local”.

Los laboratorios de paz, por ejemplo, constituyen un intento de diversas organizaciones sociales, de la comunidad Internacional (Unión Europea) y del gobierno colombiano para “enfrentar las causas estructurales del conflicto a nivel local” [4]. Se trata de experimentos de construcción de paz de carácter multidisciplinario y de metodología participativa que han tenido resultados positivos a escalas interesantes.

El gobierno central cuenta con un sólido entramado institucional que se ocupa de los temas de paz. El recién creado Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), por ejemplo, son entidades centrales en esta materia.

Sin embargo, la falta de una estrategia nacional que incorpore y capitalice los avances previos, y que al mismo tiempo cuente con la capacidad de planificar en el largo plazo y que tenga un alcance nacional, reduce los efectos a logros temporales y geográficamente limitados.

El punto crucial consiste en entender que — más allá de los impactos que individualmente arrojen diversos programas estatales — es menester elaborar una estrategia integral que unifique los esfuerzos oficiales.

Dicho de otra forma: de una parte, se requiere adoptar una política de paz incluyente y participativa, enfocada en lo local; de otra parte, tiene que haber un claro liderazgo nacional, capaz de proyectar una visión amplia, integradora e innovadora.


* Politóloga especialista en estudios de paz y conflicto, investigadora de CERAC Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..


**Politólogo. Investiador asociado de CERAC

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Emilia Frost *

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Nicolás Chamat **










 
“La ausencia de un verdadero control del Estado en las zonas donde se concentró el despojo pone en peligro la vida de las personas involucradas en estos procesos”.






























 
La construcción de esta infraestructura es ante todo una política transversal, multifacética y de largo plazo. En el caso de la paz, esto se traduciría en consejos locales y regionales para la prevención y resolución de conflictos comunitarios.













































 
El punto crucial consiste en entender que
—más allá de los impactos que individualmente arrojen diversos programas estatales— es menester elaborar una estrategia integral que unifique los esfuerzos oficiales.

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