Por William Díaz Villarreal

Educando al sargento Pantzke

Durante su trabajo como reportero para Frontline en la guerra de Irak y Afganistán, Martin Smith ha encontrado que muchos de los soldados norteamericanos quieren iniciar sus estudios universitarios cuando regresen a casa. Lo que ha llamado la atención de Smith —quien es también el periodista investigador de College Inc., documental sobre las universidades con ánimo de lucro en Estado Unidos— es que la mayoría de estos jóvenes están pensando en matricularse en alguna universidad con ánimo de lucro.

Educando al sargento Pantzke (Educating Sergeant Pantzke) es un reportaje breve dedicado al interés económico del sector con ánimo de lucro en la última “G.I. Bill”, un programa que creó el gobierno norteamericano después de la segunda Guerra Mundial con el fin de apoyar a los veteranos de guerra en su reincorporación a la vida civil. La “Post 9/11 G.I. Bill” compromete miles de millones de dólares del presupuesto federal en el subsidio de la demanda en educación de los soldados que regresan de Irak y Afganistán. En una investigación que inició en el 2009, Daniel Golden, editor de Bloomberg News, ha encontrado que el 25 por ciento de los veteranos que reciben el apoyo de la G.I. Bill van a universidades con ánimo de lucro, pero que éstas reciben, de hecho, el 35 por ciento de los recursos totales del programa.

Las estrategias que utilizan estas corporaciones para enganchar a los soldados han sido ya descritas en el comentario a propósito de College Inc. que se publicó en Razón pública: “Las universidades con ánimo de lucro contratan exmilitares para reclutar tanto soldados en servicio como veteranos”, explica Golden. “De hecho, […] encontré que uno de los colleges con ánimo de lucro había enviado a una reclutadora a las barracas de soldados heridos, donde ella estaba matriculando marines con daños cerebrales, quienes incluso tenían problemas en recordar qué cursos iban a tomar”. Este es el caso, precisamente, del sargento Pantzke, a quien le fue diagnosticado un trastorno por estrés postraumático a causa de una herida cerebral recibida durante la guerra de Irak. Sin embargo, The Arts Institutes lo aceptó como estudiante regular en un programa en línea de fotografía. A Pantzke le aseguraron que el college tenía experiencia con casos como el suyo, y que recibiría un acompañamiento especial. Sin embargo, fue reprobado después de pasar por un largo período de estrés sin ningún acompañamiento, y The Arts Institute recibió en total 70.000 dólares de su GI Bill y otros subsidios federales.

El senador demócrata Thomas Harkin ha hecho una extensa investigación sobre la estructura de las universidades con ánimo de lucro. En la entrevista que acompaña el documental de Frontline, afirma: “en las 20 universidades con ánimo de lucro que hemos investigado, la cantidad de dinero militar en cuatro años aumentó de 66 millones de dólares a 521 millones”. Esto representa un incremento del 683 por ciento. Para Harkin, el hecho de que los militares sean objeto de campañas agresivas de publicidad y reclutamiento responde a dos causas. Por un lado, muchos de estos estudiantes no tienen que pedir préstamos adicionales para cubrir sus estudios, y el Departamento de Defensa no ejerce muchos controles sobre la calidad de la educación que los veteranos reciben por su dinero; por el otro, detrás de esta decisión del sector con ánimo de lucro se encuentra una estrategia típica de los inversionistas. A causa de la continua absorción de dinero público por parte de las universidades con ánimo de lucro, el Estado Federal decidió introducir, a mediados de la década pasada, una ley que prohíbe que el ingreso de estas instituciones por concepto de préstamos y ayudas federales supere el 90 por ciento del total. El 10 por ciento restante debe provenir del pago de los estudiantes o de otras fuentes de financiación, dice la ley. Curiosamente, las GI Bills pertenecen a esta última categoría, aún a pesar de tratarse de dinero público. De este modo, a través del dinero militar, las universidades con ánimo de lucro “pueden estar recibiendo 95, 96, 97 por ciento de su dinero del gobierno, a pesar de que siguen la regla del 90 por ciento”, explica Harkin. 

Maria Olivia Mönckeberg y El negocio de las universidades en Chile

Estas estrategias administrativas también se dan, incluso, en aquellos países donde el lucro en la educación universitaria no está permitido, como en Chile.

En la emisión del 12 de junio de 2011 de Tolerancia Cero, programa de opinión de Chilevisión, el entonces ministro de educación, Joaquín Lavin, reconoció la existencia de mecanismos a través de los cuales algunas universidades privadas encubren el lucro. “Los capitales no aparecen de la nada”, afirma Lavín. “Hay personas, que son los fundadores, que arriesgan su patrimonio y su trabajo”. Para contrarrestar este riesgo, se acude a un mecanismo curioso que contradice, de hecho, el espíritu del no lucro. A través de la separación legal entre la universidad y las instalaciones, se crean dos organizaciones paralelas: la primera es la universidad y la segunda, propietaria de los edificios, arrienda a la universidad las instalaciones. Lavín fue, de hecho, uno de los fundadores en 1990 de la Universidad del Desarrollo, y había tenido participación en la inmobiliaria que le alquila las instalaciones a precios del mercado. A través de esta figura, los beneficios económicos se traspasan a las inmobiliarias, y ya que los dueños de éstas son a la vez los dueños de la universidad, se genera una forma de lucro indirecto.

La propuesta concreta de Lavín frente a esta situación de hecho en muchas universidades chilenas, sin embargo, no ataca el lucro, sino que lo justifica. “Transparentemos todo”, dice en el diálogo de Tolerancia Cero. “Transparentemos la universidad, transparentemos las inmobiliarias que están detrás, quiénes son sus dueños, cómo es… O hagamos algo más audaz: […] un nuevo estatuto de universidades” en el que haya universidades estatales, privadas sin ánimo de lucro y privadas con ánimo de lucro. De esta clasificación “se derivarían derechos y deberes en las universidades”: las universidades sin fines de lucro tienen acceso a recursos del estado, y las universidades con fines de lucro no. Pero Lavín hace una aclaración fundamental: aunque la universidad con ánimo de lucro no puede recibir ayuda directa estatal, sí podría hacerlo a través de los estudiantes, pues el alumno que quiera entrar a una universidad con ánimo de lucro sí puede recibir préstamos y becas del estado. En otras palabras, se debe abrir la puerta para que estas universidades se lucren a través de los subsidios y préstamos estatales, como en Estados Unidos. A causa de estas declaraciones, Lavín tuvo que abandonar su cargo como ministro de educación: el movimiento estudiantil chileno, que para entonces había adquirido gran fuerza, lo consideró un interlocutor no válido en una mesa de negociación sobre el modelo educativo chileno, a causa de su evidente conflicto de intereses.

Mucho antes de este escándalo, estas formas subrepticias de lucro en las universidades chilenas ya había salido a la luz. En 2007, por ejemplo, la periodista María Olivia Mönckeberg publicó una investigación titulada El negocio de la Universidades en Chile (publicada por Random House Mondadori). “En un país supuestamente legalista, como es Chile”, afirma Mönckeberg en una entrevista para el portal chileno de Terra, la ley que prohíbe el lucro “está en el papel, pero no tiene validez en la práctica”. Además de la estrategia de la inmobiliaria, el lucro se extrae normalmente a través de otras figuras y subterfugios, como los servicios, los proveedores, los asesores y los gastos de representación. Pero, además, la universidad es un negocio lucrativo por los beneficios tributarios adicionales, como la exención del IVA, pues la educación superior es considerada un servicio público.

Por eso, el negocio de las universidades es uno de los más rentables de Chile, y quienes están comprometidos en él no sólo han adquirido un gran poder económico, sino una fuerte influencia política. “Según la información oficial”, dice Mönckeberg, “las universidades han pasado a ser el tercer rubro avisador en Chile. Esto tiene otras implicancias, entre ellas obviamente la de los medios. Por ejemplo, de mi libro no se ha hablado en El Mercurio o en La Tercera, no sólo porque ideológicamente están dentro del diseño de las universidades privadas, sino porque [éstas] son unos de sus principales avisadores”. Esta situación ventajosa del sector de la educación ha atraído, por supuesto, a los grandes grupos económicos de la educación. En una entrevista para CNN Chile, Mönkenberg explica que grandes fondos de inversión extranjeros han comprado algunas universidades. “Es una figura bien curiosa”, dice Mönkenberg. “Estas corporaciones que, teóricamente, no deberían tener fines de lucro, se compran y se venden como si fueran sociedades anónimas.” Por ejemplo, el grupo Apollo compró en 2008 la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación de Chile (UNIACC) por 40 millones de dólares. El esquema de captación de recursos públicos por parte de estas universidades, además, es similar al norteamericano. En la entrevista de Terra, Mönckeberg se refiere por ejemplo a las “las Becas Valech, que se otorgaron como reparación a los presos políticos [de la dictadura], para que continuaran sus estudios superiores”. Para capturar estos recursos, la UNIACC creó unos programas especiales. “Les vendieron cursos bastante básicos por el equivalente a un arancel universitario”, que es de unos nueve mil dólares anuales. “Y esto fue posible porque el Estado abrió la posibilidad de inscripción” en cualquier universidad. 

El lucro es el corazón del sistema educativo actual, sostiene Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes Chilenos (FECh), en un foro que se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2011. Aunque el lucro en las universidades está prohibido, en Chile se permite en colegios de primaria y bachillerato. Este sistema, afirma Vallejo, ha producido una segregación social cada vez mayor. Por eso, la prohibición del lucro es una de las banderas actuales del movimiento estudiantil chileno, y por eso también, las conversaciones con el gobierno a propósito de la ley de educación se encuentran en un punto muerto. Los argumentos en contra de la posición de los estudiantes son variados. En el mismo foro, Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Políticos (CEP), dice que prohibir el lucro implica una restricción de la libertad de las personas. “Si yo quiero poner a mi hijo en un colegio que lucra, y yo sé que lucra, y yo lo pago con mi plata […] ¿por qué alguien me tiene a mí que prohibir eso?”. El movimiento estudiantil chileno, aclara Vallejo, no está en contra de la libertad de elección o de empresa. No obstante, para garantizar la libertad de elección de los individuos, hay que asegurarse de que, efectivamente, tengan opciones para elegir. En la educación básica, las familias pobres no tiene otra opción diferente a los establecimientos públicos, cuya calidad, dado su creciente desfinanciamiento, decae continuamente. Algo similar ocurre en la educación superior: “las familias más pobres, en su gran mayoría, está obligadas a tener que endeudarse o pagar lo que puedan en un establecimiento privado que no les garantiza las condiciones mínimas de buena calidad”, dice Vallejo.

En un sentido similar, Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECh, sostiene que la libertad de escoger una institución está determinada por la mera capacidad de pago y de endeudamiento. La libertad de alguien que puede pagar “entre cero y quinientas lucas” (quinientos mil pesos) por la educación de sus hijos es, por supuesto, mucho mayor de la de quien sólo puede pagar “entre cero y cinco mil, diez mil pesos al mes”. La libertad de elección debe ir de la mano, así, de la igualdad social. “Yo quiero libertad para que nuestro hijos, independiente[mente] de la situación social de la que provengan, […] puedan conocerse, puedan estudiar juntos, puedan aprender de sus distintas culturas, valores y conocimientos”. La educación debe, en pocas palabras, contribuir a la igualdad social, y esta lucha por la igualdad no es simplemente moral, ni debe entenderse como un ataque contra los ricos. La desigualdad implica “un desaprovechamiento tremendo del potencial que tiene nuestra gente” para “construir en conjunto un proyecto de país”. La segregación actual en Chile ha conducido, continúa Figueroa, a que los jóvenes de clases sociales distintas sean incapaces de comunicarse y de entenderse. “No tienen temas en común, no hablan el mismo idioma”, y por eso “estamos desaprovechando la oportunidad de que, con toda la diversidad [de nuestra cultura]” se pueda construir un proyecto común de desarrollo.

Por eso, el modelo de la educación que proponen los estudiantes chilenos es radicalmente distinto al de sus gobernantes. Las mesas de negociación entre los estudiantes y el gobierno han fracasado recientemente, y la causa de este fracaso se encuentra en que los dos modelos sociales, políticos y económicos en los que descansan son, por así decirlo, inconmensurables. Los estudiantes reclaman, por ejemplo, una política que conduzca a una educación pública gratuita y de alta calidad en todos los niveles. El gobierno de Sebastián Piñera ha argumentado que esta medida es regresiva, pues sería injusto que el estado no les cobre por su educación a los ricos, quienes tienen dinero para pagar por la educación pública. El argumento de Sylvia Eyzaguirre repite, en cierto modo, la posición del gobierno: según ella, la universidad gratuita terminaría favoreciendo a aquellas personas que, de hecho, tendrían más años de estudio y, por lo tanto, obtendrían las mejores remuneraciones. En lugar de educación gratuita para todos, argumenta, “¿no sería mejor un sistema de créditos, con una tasa de interés muy baja y cuyo monto a cancelar mensual se fije expost, dependiendo de los ingresos que perciba el titulado cuando trabaje?”. En su réplica, Figueroa afirma que la educación no debe concebirse como un bien individual, es decir, como un bien que beneficia a los individuos que la reciben, sino como un bien social que sirve para el mejoramiento general de la sociedad. “De la existencia de un médico, un profesor, un sociólogo incluso, se beneficia el conjunto de la sociedad, no solamente esa persona en particular”. Así, la generación de conocimiento en las universidades y la producción de profesionales de calidad tienen una rentabilidad social que va más allá del simple mejoramiento de la situación de un individuo que obtiene un título. Por eso, cuando la educación se concibe como un bien individual, se puede pensar en los mecanismos para cobrarle al individuo los beneficios económicos obtenidos por haber tenido acceso a la formación profesional. Cuando se concibe, en cambio, como un bien social, es preciso que la sociedad en su conjunto haga un esfuerzo por financiar la educación de sus individuos. Pero la respuesta de Francisco Figueroa muestra cuán alejado se encuentra el modelo de sociedad del movimiento estudiantil con respecto al que defienden los sectores dominantes del gobierno. En sus propias palabras: “Estamos en paradigmas diferentes”.