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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

No hace falta reformar la Constitución sino usar las regalías para el desarrollo de las regiones más pobres

No hace falta reformar la Constitución sino usar las regalías para el desarrollo de las regiones más pobres.


 

 

La crítica que no era

Una de las críticas que se le ha hecho al proyecto que modifica la repartición de las regalías es que conduce a una mayor centralización.  Se argumenta que la norma aumentaría la discrecionalidad del Gobierno Nacional.  Aquí no radica el quid de la cuestión.  Propongo un enfoque más amplio, que lleve la discusión hacia lo que llamo descentralización como convergencia.  Esta óptica ayuda a comprender mejor los alcances de la norma propuesta.

La descentralización como convergencia

El punto de partida normativo es el siguiente: la descentralización debería favorecer la convergencia entre las regiones, los departamentos y los municipios.  Frente a este objetivo, la descentralización en Colombia ha fracasado.  Entre los estudios que muestran que no hay convergencia menciono el de Jaime Bonet y Adolfo Meisel[1]/; los autores observan que "... no se detecta un patrón claro de convergencia en el ingreso bruto departamental"

La descentralización, tal y como se ha realizado hasta ahora, no ha favorecido la convergencia y, desde este punto de vista, ha sido un fracaso.  La convergencia no se ha alcanzado porque el proceso de descentralización ha sido fiscalista, en la medida en que se ha reducido a una disputa por la transferencia de recursos, dejando de lado los aspectos relacionados con el desarrollo regional.  Los problemas estructurales de las regiones no se resuelven por el hecho de que las transferencias de recursos aumenten.

Los objetivos estratégicos de la nueva ley de regalías son loables

Nadie duda que las regalías podrían favorecer procesos endógenos de desarrollo regional que sean convergentes.  El artículo 361 de la Constitución de 1991 dice:

"Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley.  Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales" (subrayado mío).

Las normas reglamentarias posteriores también hacen explícita la importancia del desarrollo regional.  El proyecto presentado por el gobierno Santos propone una reforma constitucional que, como lo señala Antonio Hernández [2]/, es innecesaria.  No se requiere modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución para hacer un mejor uso de las regalías.  Yendo más allá, los objetivos estratégicos del proyecto son loables.  Allí se dice:

"Los recursos del Sistema General de Regalías se destinarán a financiar proyectos regionales de desarrollo económico, social y de infraestructura, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro pensional territorial y para la generación de ahorro público".

Además del desarrollo económico, social y de infraestructura, se destaca la relevancia de la ciencia y la tecnología.  El tema fiscal se menciona de último, y ello llevaría a pensar que afortunadamente la norma no es fiscalista, porque coloca el énfasis en los temas de desarrollo.

El proyecto hace una distinción apropiada entre tres formas de equidad.  La equidad intertemporal que se relaciona con la naturaleza contracíclica que deberían tener las regalías.  Esta mirada a la equidad intertemporal es estrecha porque el proyecto no considera el balance (costo/beneficio) ambiental de los proyectos extractivos y mineros.  La equidad social que se refiere a la lucha contra la pobreza y la atención de las necesidades básicas.  La equidad regional entendida como la disminución de la brecha entre las regiones.

Es necesario modificar la distribución de las regalías

Como el discurso sobre la importancia de incentivar el desarrollo regional no se ha cumplido en la realidad, tiene razón el Gobierno al proponer una modificación a la distribución y al uso de las regalías.  El diagnóstico de Hernández es correcto:

"... en vez de hacer del Fondo un instrumento para la financiación de grandes proyectos regionales, éste se convirtió en el financiador de múltiples iniciativas de escasa significación para el bienestar de los habitantes de las regiones [...] La atomización y la ninguna focalización de los recursos, además de otros problemas... han hecho que los recursos de regalías tengan escaso impacto en el bienestar de las regiones"[3].

Las regalías no han favorecido el desarrollo regional por tres razones: (1) Los criterios que se utilizan para distribuirlas no consultan las necesidades del desarrollo social y regional;  (2) La transferencia de recursos no ha ido a la par con una política de consolidación del mercado interno y de estímulo a la producción regional, y (3) Ha habido corrupción y malos manejos.  La administración ha sido muy ineficiente.

Desde el punto de vista macro, también se ha cometido el error de insistir demasiado en la esterilización de las reservas para evitar la enfermedad holandesa. Con esta visión, el Gobierno Nacional ha sido muy tímido y no ha tomado iniciativas que permitan convertir la bonanza en bien-estar y desarrollo.  Se ha preferido mantener los excedentes en bancos internacionales que impulsar grandes proyectos de desarrollo nacional y regional.

La nueva ley debe favorecer la convergencia

Es conveniente modificar las normas sobre la distribución y el destino de las regalías.  No es necesario que haya reforma constitucional.  Para que el proceso que se propone favorezca la convergencia y, efectivamente, ayude a consolidar la descentralización deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

(1) Es necesario que la norma impulse de manera estructural y sostenible los recursos propios de los municipios.  Un monto importante de las regalías debería destinarse al fortalecimiento y modernización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de tal forma que haya una actualización de todo el catastro nacional. 

(2) Junto con el sistema general de participaciones, la distribución de las regalías debe garantizar la atención a las necesidades básicas de la población (equidad social).

(3) El desarrollo regional tiene que ser compatible con la modernización del campo, así que los criterios de distribución de las regalías deben estar en armonía con las leyes de ordenamiento territorial y la restitución de tierras. 

(4) Los proyectos financiados con las regalías deben estar inspirados en la búsqueda de la convergencia (equidad regional).  Este sería el parámetro de referencia para priorizar los proyectos.

(5) El Estado tiene que estar dispuesto a renunciar a explotaciones mineras cuyos  costos ambientales sean muy altos.  Las regalías no son buenas en sí mismas.  Puesto que el día de su posesión, el Presidente les prometió a los Mamos de la Sierra que iba a respetar a la "madre tierra", la evaluación social de los proyectos mineros debe tener una mirada de mediano y largo plazo (equidad intertemporal).  No todos los proyectos mineros programados tienen que llevarse a cabo.  Y mucho menos, en condiciones que no garantizan la sostenibilidad ambiental.

(6) Es necesario que las mediciones de la centralización/descentralización no se queden en la contabilidad simplista de lo que recibe cada municipio.  Hay descentralización si las inversiones favorecen el desarrollo regional, independientemente de que sean pagadas por recursos que administra el gobierno nacional o el gobierno local.

Notas de pie de página


 

 [1]/ "Polarización del Ingreso per Cápita Departamental en Colombia, 1975-2000", Ensayos sobre Política Económica, vol. 25 (2007), no. 54, junio, pp. 12-43 (2007).

 [2]/ Regalías y Desarrollo Regional, Bogotá, 2010, mimeo

[3] Op et loc cit.

 

  Jorge Ivan Gonzalez

Jorge Iván González

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EduardoSáenzRovner
+1 # EduardoSáenzRovner 28-09-2010 01:04
Se busca...
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ana mejia
0 # ana mejia 26-04-2011 01:46
interesante
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lu bonilla
0 # lu bonilla 04-09-2013 20:26
Mientras no exista el respeto por los recursos provenientes de las regalías por parte de las personas mal intencionadas, el pueblo y las regiones nunca verán reflejado el desarrollo. por otro lado, lastimosamente en nuestro país se destruyen gran parte de fauna y flora para poder sacar un gramo de oro , esperamos que en estos próximos años con este nuevo sistema se pueda tener mas transparencia de los manejos de estos recursos y que los pueblos que fueron durante años beneficiados por las regalías directas no se vean mas afectados por parte de la corrupción y la destrucción.
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