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El secuestro de Salud Hernández: perdió el periodismo

Omar RincónMás allá del escándalo y de sus implicaciones políticas, el secuestro de la periodista española reveló la dudosa calidad de este oficio en Colombia. ¿En qué consisten esos males?  ¿Cuál es el periodismo que en realidad necesitamos?

Omar Rincón*

La periodista española Salud Hernández-Mora.

La historia

El secuestro de la periodista Salud Hernández -que tuvo final feliz pero fue un banquete para los políticos y opinadores fanáticos del odio- exige pensar sobre el periodismo que hacemos en esta Colombia del siglo XXI.

La noticia fue avanzando por etapas: la periodista Salud Hernández ha desaparecido, después retenida y por último secuestrada. El final fue feliz, pues Salud Hernández fue dejada en libertad y justo a tiempo para que viera a su gran ídolo (el Real Madrid) en la final de la Champions. La ironía tremenda: una luchadora contra el drama del secuestro que acaba siendo secuestrada.

El suceso además dejó en evidencia una verdad incómoda: el Estado no controla el territorio, la Colombia profunda vive una realidad distinta de la del gobierno y de la de los de periodistas, expertos y políticos en Bogotá. También dejó una constancia política: el ELN lleva tanto tiempo fuera de política que todo lo que hace atenta contra los deseos de paz de los colombianos.

El debate político está al gusto de los iracundos de Bogotá. Mientras el innombrable dice que la patria se defiende a plomo, el jefe de las FARC dice que “que el secuestro debe terminar”. Ironías del destino.

Y en medio de todo esto, la opinión pública, que cada vez es menos pública y más de fanáticos o ultra-fanáticos, le hace matoneo al que piense siquiera un poco distinto. Por eso hay que cuidar cada adjetivo u opinión matizada que se haga. Ricardo Silva Romero lo describió muy bien: “Cuidado: no diga “secuestro” porque es “facho”, ni “retención” porque es “mamerto”, ni “desaparición” porque es estar del lado del Gobierno”.

En esta semana de opinión y goce morboso, lo que poco hubo es lo que poco hay en Colombia: periodismo. Y este caso trata sobre el periodismo. La persona secuestrada fue una periodista que estaba haciendo su oficio en el terreno (como recomiendan los viejos maestros) y que por hacer su oficio fue secuestrada. El que perdió fue el periodismo. Y cuando pierde el periodismo pierde la democracia. Entonces, vamos al periodismo.

El periodismo

La periodista Juanita León García.
Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hacer periodismo tiene reglas muy simples. Se trata de contar realidades. Y para contarlas hay que hacer reportería. Y para hacer reportería hay que ir al terreno, hablar con la gente, oler los miedos, sentir las desgracias, oir las voces que cuenten desde y en la realidad.

Luego, todo eso tiene que contarse con una mirada propia, que no es la del “yo opino” sino la del  “yo comprendo y explico”. Y en medio de todo esto debe haber contexto y buen lenguaje. Eso es el periodismo, y eso lo ha venido haciendo bien Salud Hernández: va a las realidades, las siente, habla, cuenta y explica. Y tiene punto de vista, mirada propia.

“Yo siempre he sido imprudente, yo creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente si no lo es, el 70 % de las cosas no las conseguiríamos pero es una imprudencia relativa porque para mí el Catatumbo tampoco es nuevo”, contó la periodista liberada.

El periodismo en Colombia

Aquí aparece el asunto para pensar: si el periodismo es así de simple, ¿por qué en Colombia se hace tan mal periodismo? He aquí algunas razones que devela el caso de Salud Hernández:

  1. Los periodistas ya saben que no se puede ir al país de verdad. Por experiencia propia sabemos que solo se puede hacer reportería desde las seguras cabinas de radio, vía celular o en los restaurantes elegantes de la ciudad. Pero esto habla mal del periodismo que hacemos y del país que tenemos, ya que demuestra debilidad en el oficio y debilidad del Estado para legitimarse en el territorio.
  2. El país de verdad no importa. El periodismo está tan embelesado con su propia imagen, que hoy son más importantes los que opinan sin conocer a fondo que los que hacen reportería y habitan los territorios donde la guerra, la corrupción, el cinismo de los políticos y el abandono Estatal es de no creer.

Para ir al territorio hay que investigar, contactar, estudiar, diversificar las voces. Y eso no se puede hacer en este “nuevo periodismo” del “en vivo”, “en directo”, “último minuto” y “en desarrollo”. Para este tipo de periodismo solo queda la carroña del dolor, el sensacionalismo de la sangre y el odio de frase fácil y respuesta huidiza. Por eso triunfa el matoncito de calle bogotana, el tuit furioso y odiador, y la mentira de fuente con poder.

Tener mirada propia es un problema
  1. Tener mirada propia es un problema. Se supone que Salud Hernández tiene una mirada propia: no le gusta y no comparte lo que hacen las guerrillas, pero tampoco lo que hace la justicia, lo que negocia el gobierno. Eso no es objetividad sino algo mejor: transparencia. Por eso no se escuda detrás del parapeto de la objetividad. Ella dice desde dónde mira, pero como es periodista y no odiadora profesional, le pone datos, historias, contextos y testimonios a su mirada.

Y eso es el buen periodismo: una mirada comprometida con la realidad y la democracia que se fundamenta en fuentes diversas y plurales, datos, documentos, voces, testimonios, historias y realidades. Y todos los periodistas colombianos tienen miradas propias (y algunos tienen también intereses propios).

  1. El buen periodismo está amenazado… y secuestrado. Hacer periodismo de calidad en Colombia es difícil. Tiene muchas amenazas: no se puede ir a la realidad; solo se debe informar con la voz del amo (fuente, dueño del medio, poder de turno). Cuando se denuncia, el implicado agrede al periodista con adjetivos denigrantes pero no responde con datos, documentos o explicaciones. Ante la verdad periodística, se judicializa el oficio y se amedrenta con demandas que ponen al periodista a defenderse por hacer su oficio.

El negocio, que dice que los medios ya no sirven como están, se ha dedicado al sensacionalismo, al deporte y la farándula porque no hay plata para el periodismo de investigación (se prefiere a un anunciante contento que a una sociedad informada).

A los periodistas que investigan se les persigue a través de emails, panfletos, chuzadas y agresiones que muchas veces vienen de las “fuerzas del bien” (políticos, empresarios, anunciantes, gobiernos) pro también vienen de los dueños del mal (corruptos, caciques regionales, mafiosos, guerrilleros, narcos, delincuentes). En este contexto, es muy difícil hacer buen periodismo. El periodismo de calidad está secuestrado.

El periodismo que necesitamos

Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.

La periodista Juanita León García.
Foto: Wikimedia Commons

El secuestro y liberación de la periodista Hernández debe llevarnos a repensar el periodismo. Aquí hay algunas reflexiones al respecto.

Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. 
  1. Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. En toda América Latina las mujeres están demostrando que hacen mejor periodismo y con más compromiso que los hombres. En Colombia uno puede decir que los periodistas que han hecho los relatos más diversos, plurales e independientes han sido mujeres: Salud Hernández, María Teresa Ronderos, Juanita León, Marta Ruíz, Margarita Martínez, Yolanda Ruíz, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo, Patricia Nieto, Gina Morelo, Marisol Gómez, Alejandra de Vengoechea, Claudia Morales… y podríamos seguir. El periodismo de calidad tiene mirada y responsabilidad pública de mujeres.
  2. Urge que el periodismo incluya más modos de ser Colombia en sus notas, informes y relatos. Debemos desmovilizar a los odiadores, a los expertos, a los académicos, a los políticos, a los gobernantes; silenciar las balas de los tuiteros del odio, y meter más maneras de ser Colombia en nuestras historias: esas del territorio donde la guerra ha habitado y, sin embargo, han seguido adelante ganándole dignidad a la vida.
  3. Hay que exigir los mínimos periodísticos. Por favor, señor periodista, antes de pasar un tuit o un dato o una fuente (así sea muy importante), haga su oficio: mire si es verdad, contextualice, dé datos, busque otras fuentes. Para divulgar tuits no se necesita ser periodista. Por favor, pregunte y joda y haga que se responda lo que se pregunta. Recuerde que los periodistas no estamos para que nos amen, estamos para que nos tengan respeto por somos autónomos. Si quiere que lo quieran, este no es su oficio.
  4. Se necesita periodismo de matices y grises. Dejemos de hacer periodismo de buenos y malos, de equlibristas: una fuente de aquí y otra de allá. Las realidades son más ambiguas y porosas, exigen que pensemos y le pongamos matices, dudas y procesos. No juguemos al bueno y el malo, apostemos por comprender y contextualizar. Recuerde que las claves éticas del periodismo son: diversidad, pluralidad, independencia y autonomía.
  5. Falta periodismo con conciencia. Juliana Villabona, una de mis estudiantes en la Universidad de los Andes, que no es periodista, nos hace pensar cuando escribe: “El oficio del periodismo observa a la vez que es observado, y una vez deposita su mirada en algo, aquello la devuelve reflejada, refractada y proyectada. El periodista, que es humano, hace espacio para su propia conciencia a la vez que refuerza la de otros. El periodista es el que depura, quien afina, es el curador de la moral, de lo visible, y también de lo invisible”.

A los periodistas nos observan, pero nuestro oficio es esencial para la democracia, por eso no podemos renunciar a hacer periodismo de calidad, a producir periodismo con conciencia.

*Director de la maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. orincon61@hotmail.com

@OmarRinconTV

¿Por qué sigue atornillado el régimen en Venezuela?

Francesca RamosA pesar de la grave crisis el gobierno de Maduro sigue teniendo una popularidad del 26,7% muy cercana a la de Santos. ¿Cómo lo hizo?  

Francesca Ramos Pismataro*

Venta de víveres básicos en una calle de Caracas, Venezuela

No existe el tal autogolpe

La crisis en Venezuela se profundiza y no se ha dado ningún cambio de rumbo económico por parte del gobierno. Además, con los bajos precios del petróleo no se ve ninguna perspectiva de mejora. Los problemas se han acumulado y esto ha hecho pensar que la situación no aguanta más.

Mientras tanto las acciones de los que ejercen el poder parecen orientadas a impedir que otros puedan oponer resistencia. Lo más reciente fue el presunto “autogolpe” de Nicolás Maduro con el decreto de estado de excepción para poder ejercer un control total.  

Sin embargo no parece correcto  hablar de un “autogolpe” -como lo han hecho casi todos los medios  de comunicación-. A lo largo de los años el chavismo se ha dedicado a transformar las instituciones venezolanas para acumular poder de manera sistemática y  no apenas coyuntural. Y es a este poder arraigado al que piensa acudir en una situación como la actual, de aguda crisis económica, social y presión de la oposición para hacer un referendo revocatorio.

Los cambios institucionales que ha hecho el chavismo le han permitido afianzar un andamiaje al servicio de los designios del Ejecutivo, dentro del cual están cooptados todos los demás poderes públicos - con la única excepción de la Asamblea Nacional-.  

Pero el chavismo siempre cuidó sus maneras: buscó, y hasta cierto punto logró ser identificado como un proyecto revolucionario, pero no dictatorial. Y aunque la Asamblea fue tomada por la oposición, con el control de los otros poderes el Ejecutivo la neutraliza, la minimiza y le quita el poder.

Desde el punto de vista ideológico, la oposición de la Asamblea al proyecto revolucionario le sirve al régimen para mantener la confrontación que lo ha caracterizado. No existe proceso revolucionario sin enemigos poderosos, nacionales o internacionales, y en el caso de Venezuela, el gobierno puede ligar esta oposición con Estados Unidos.

Los militares

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles..
Foto: ICP Colombia

Además, los 17 años de gobierno le han permitido al chavismo tener una cúpula militar politizada. Desde el comienzo de su mandato, Hugo Chávez consideró a los militares como un actor fundamental en su proyecto político y sus acciones siempre fueron consecuentes con esta visión. Los militares han estado involucrados en políticas y programas emblemáticos del gobierno desde el inicio y, por tanto, ya hacen parte del poder político.

El poder de los militares ha aumentado bajo el gobierno de Maduro,  seguramente porque él no es uno de ellos y los necesita para mantenerse en el poder. Aunque durante la presidencia de Chávez, los militares activos o en retiro siempre hicieron presencia en los distintos estamentos del gobierno y del Estado, con Maduro su presencia ha aumentado aún más.

Por ejemplo, el 29 por ciento del gabinete ministerial actual tiene origen militar. Entre ellos hay figuras que ocupan carteras estratégicas como el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Control de la Presidencia, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Alimentación, Producción Agrícola y Tierras, Pesca y Agricultura, Vivienda, Energía Eléctrica, Defensa y Fronteras. Todos estos son despachos relacionados con las soluciones que Venezuela necesita para enfrentar la grave crisis de desabastecimiento, electricidad e inseguridad que afecta a los venezolanos.

Pero además de ocupar espacios de poder político, los militares tienen espacios económicos. Por ejemplo, hace poco, el gobierno les creó una empresa que tiene entre sus actividades la exploración y explotación de recursos petroleros, gasíferos y minerales.

Por eso, los militares que tienen intereses en el gobierno le apuestan al mantenimiento del statu quo mientras esperan que no haya una situación de gran violencia. Unido a todo esto, el control militar se ha hecho efectivo en las calles con la creación y desarrollo de milicias involucradas en la defensa y el orden público.

En este contexto, la expedición del decreto de estado excepción le da tiempo al gobierno para controlar las posibles protestas, manejar el presupuesto sin la participación de la Asamblea y por último - que es lo más importante en este momento-, postergar el referendo revocatorio.

¿Qué puede pasar?

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto: OEA - OAS

La situación que he presentado hasta aquí podría llevar a pensar que el chavismo ha tenido el poder, lo tiene, y no hay modo de que las cosas cambien. Sin embargo esto nunca ha sido cierto para ningún régimen político.

Es claro sí, que el chavismo ha consolidado una base de apoyo popular que envidiaría cualquier mandatario latinoamericano. Por ejemplo la imagen positiva de Juan Manuel Santos en la última encuesta fue del 30 por ciento, mientras el país sigue creciendo y hay todo tipo de libertades. Por su parte, la buena imagen de Maduro está en un 26,7 por ciento, a pesar de los racionamientos, la limitación de libertades, la falta de medicinas y una inflación proyectada del 450 por ciento para este año.

El régimen chavista ha creado una base de apoyo que pocos se imaginan, y donde eventualmente el descrédito actual más que del régimen en sí, es del gobierno de Maduro. Muchos de los que votaron en contra de Maduro siguen siendo aún chavistas.Por eso es tan difícil que caiga el gobierno chavista, por más odioso que le parezca a un grupo grande de venezolanos y más aún al público internacional.

Sin duda el gran talón de Aquiles sigue siendo la situación económica, que está minando el apoyo al presidente. Para resolver esta situación, la oposición plantea dos opciones:  Más presión de los militares. y/oMás presión desde la calle (aunque sin llegar a extremos para no darle al gobierno la excusa para tomar medidas drásticas).

Entre los que apoyan la primera posición está Henrique Capriles, quien hizo declaraciones sobre la necesidad de decisión de los militares (aunque después se retractó). Por otro lado algunos consideran que una crisis institucional sería la única salida y para ello es necesario crear situaciones que obliguen a los militares a tomar partido y, tal vez, implantar un régimen militar de transición. Estas situaciones límite solo pueden alcanzarse mediante protestas o con un golpe por parte de los militares (que no parece plausible por ahora).

No se sabe qué puede suceder, pero los chavistas están apostando a que no se van y que si se requiere un cambio o si progresa el referendo revocatorio, otro de los suyos llegará al poder, posiblemente el vicepresidente, aunque todavía no se sepa quién será pues su designación depende del mismo Maduro.

Cualquiera que sea el resultado, el que venga tendrá que tomar decisiones muy impopulares que podrían lesionar el apoyo popular en el largo plazo, algo que seguramente ningún partido quiere. Pero todavía no se sabe quién hará de fusible político.

 

*Directora del Observatorio de Venezuela, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

¿Qué opciones quedan en Venezuela?

Socorro Ramírez¿Será que vienen sanciones o medidas extraordinarias de la OEA?  ¿Será que la Unasur logra mediar? ¿Podrían llegar acaso la violencia o el golpe de Estado?  Crónica y perspectivas de una crisis que se agrava día por día.   

Socorro Ramírez*

Sede de la OEA en Washington D. C.

Peticiones a la carta

Crece el número de peticiones para que se aplique la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela. A la solicitud formulada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) se han sumado Human Rights Watch, el Congreso de Costa Rica y 28 expresidentes de América Latina y Europa. Paraguay también acaba de pedir a Mercosur que se pronuncie sobre la situación en ese país.

Desde que se aprobó en Lima, en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA. Estos son algunos ejemplos:

  • En 2002, luego del golpe de Estado a Hugo Chávez, la OEA llamó a gobierno y oposición a actuar en concordancia con los mecanismos institucionales, lo que derivó en la convocatoria del referéndum revocatorio de 2004.
  • En 2005, el gobierno de Ecuador apeló a este mecanismo ante la remoción arbitraria que hizo el Congreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales. La OEA propuso entonces buscar un doble consenso: para una solución transitoria y para una salida definitiva, acompañada con seguimiento internacional.
  • En 2009, tras la destitución de Manuel Zelaya y por petición del secretario general, Honduras fue suspendido del Sistema Interamericano, lo que impidió el reconocimiento del gobierno de facto tanto por otros países como por organismos internacionales y agencias de cooperación.
  • En 2012, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la OEA esperó una actuación de Unasur pero, al no tener éxito, acabó por aceptar el procedimiento parlamentario de destitución y por avalar la convocatoria de elecciones.

Hay que recordar que la CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral, sino también producidos por gobiernos elegidos que atentan contra los derechos humanos y las instituciones.

Este último podría ser el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, luego de debatirlo, puede aprobar por mayoría simple (18 votos) distintas gestiones para promover la normalización de la situación. Si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones.

La situación está madura

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto:  Agencia de Noticias ANDES

Los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano se acumulan por el agravamiento de los múltiples problemas del país que se traducen en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y falta de seguridad ciudadana.

La ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático son evidentes en tres situaciones que han tomado forma durante lo corrido de este año:

- El desconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que ha invalidado en forma sistemática las decisiones y funciones de la AN. Nicolás Maduro dijo además el pasado 17 de mayo que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.

- Días antes, el gobierno se había auto concedido nuevos poderes mediante un decreto de “estado de excepción y emergencia económica”. Este fue negado por la mayoría de la AN, pero el TSJ dispuso desde febrero que el rechazo de la AN a declarar estados de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

- A un mes de que la oposición entregara diez veces la cantidad de firmas necesarias para poner en marcha el referendo revocatorio contemplado en la Constitución de 1999, el gobierno usa al Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular o al menos postergar su convocatoria. Si el referendo se hace este año, a mitad de período, Maduro podría perder también las elecciones. Pero si se hace en 2017, no habría elecciones y el presidente sería reemplazado por el vicepresidente.

Además, Maduro ha calificado la petición de referendo como un intento de golpe de Estado. Su vocero para la revisión de las firmas aseguró desde antes de que se iniciara el proceso que estas eran fraudulentas y que examinarán a los firmantes para impedirles el acceso a empleos o servicios del Estado, como se hizo en el revocatorio anterior.

El papel del secretario general

Mientras tanto, Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno.

Su embajador en la OEA dijo que el secretario general no tiene autoridad para hacerlo, que ha montado un show político y que el Artículo 20 solo le permite actuar ante un golpe de Estado. El 5 de mayo, la canciller venezolana pidió una reunión del Consejo Permanente para presentar "la verdad" y denunciar que Luis Almagro "ha conjugado la agenda de la secretaría con factores opositores de Venezuela y de las instrucciones que recibe de Estados Unidos".

Sin embargo, la magnitud y gravedad de las crisis en Venezuela demostradas en el informe del secretario general de la OEA deben llevar a todos los gobiernos a definirse sobre la situación.

Almagro, excanciller del gobierno de José Mújica, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes fluctuaba entre la ausencia o la injerencia indebida. Ha tratado de hacer realidad la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y ha actuado frente a graves problemas hemisféricos como la corrupción o los migrantes.

Ante la crisis venezolana ha presentado argumentos contundentes, algo que no es muy frecuente en la diplomacia. Pero al personalizar la respuesta a los insultos de Maduro -que lo llama “basura”, “traidor”, “agente de la CIA”- el secretario general puede haber perdido eficacia.

¿Por qué no hacen nada?

Sigue siendo difícil conseguir una mayoría simple que emprenda gestiones diplomáticas y menos una mayoría calificada que sancione a Venezuela. Además de los problemas que enfrenta cada gobierno y de la creciente fragmentación de la región, es un hecho que todos prefieren defender una convivencia pacífica entendida como la no intervención de unos en la situación de los otros.

Pero hay razones adicionales para la falta de acción de la región:

  • El gobierno de Maduro ha contado con mayoría en la OEA por los votos de países del ALBA y de Petrocaribe, que tienen afinidades o deudas con el chavismo. Por eso, para cuidar los votos caribeños, Maduro acaba de visitar Jamaica y Trinidad- Tobago.
  • Si Brasil apoya la aplicación de la Carta, el gobierno de Venezuela podría pedir que la suspensión de la presidenta, que ha denunciado como un golpe de Estado, sea llevada también a la OEA.
  • La canciller de Argentina, en campaña para ser la Secretaria General de la ONU, calificó como “momento inadecuado y discusión apresurada” la posible aplicación de la CDI en Venezuela. Pidió que la OEA y Unasur traten de buscar alguna salida.
  • Gobiernos como los de México, Chile o Perú dicen que apelar en este caso al Artículo 20 podría sentar un mal antecedente. Otros temen además enfrentarse con los ataques virulentos del chavismo.
  • El gobierno de Colombia, país que recibe los efectos directos de la situación del vecino, ha dicho que ha hecho gestiones en favor del diálogo gobierno-oposición. Trata, además, de evitar amenazas o repercusiones sobre las negociaciones con las guerrillas.

¿Y si todo empeora?

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela

El gobierno venezolano ha venido cerrando las opciones de salida y hasta el Vaticano se vio obligado a cancelar el viaje de su enviado a Venezuela.

Solo queda una opción que todas las partes aceptan: Unasur. Este organismo examinó la tensión suscitada por el estrecho triunfo electoral de Maduro, envió cancilleres a acompañar el intento de diálogo gobierno-oposición, y acaba de apoyar a los expresidentes que lograron reunir en República Dominicana al gobierno y la oposición. Ojalá este último intento no fracase. Lo ha saludado Estados Unidos y el Secretario de Unasur viajó al Vaticano a pedir apoyo al Papa Francisco.

Hasta ahora los intentos han sido infructuosos porque el gobierno los ha usado solo para ganar tiempo. En realidad ha perdido tiempo en buscar salidas democráticas a las crisis. Como dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se vienen “desatando otros monstruos internos del propio chavismo, que podrían incluso estar más interesados que la oposición en la salida del presidente para preservar al chavismo".

En el futuro cercano, la aplicación de la Carta dependerá de lo que ocurra en Venezuela. La represión a las marchas opositoras y a las protestas de los sectores que padecen las crisis puede aumentar los estallidos sociales y estos pueden llevar a enfrentamientos armados entre milicias bolivarianas y población civil. Además, desesperados sectores chavistas u opositores pueden pedir a los militares que actúen, o estos pueden dar un golpe de Estado en rechazo al revocatorio presidencial o al triunfo opositor en una elección.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar  con un insulso llamado al diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic  en este enlace.  

 

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

jorge ivan cuervoNo es verdad que los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la información contenida en el computador de alias “Reyes” y del Consejo de Estado sobre Las Delicias dificulten la lucha contra la insurgencia. El recuento objetivo de los hechos y el repaso de los textos demuestran que ambos fallos acertaron y que ceñirse a la ley e incrementar la legitimidad de las instituciones es la única manera de ganar una guerra irregular.

Jorge Iván Cuervo R.

Opinión equivocada

Con ocasión de algunos recientes fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia sobre operaciones militares de la Fuerza Pública, ha empezado a surgir una opinión que denuncia la indebida intervención del poder judicial en las decisiones de conducción de la guerra, que son de exclusivo resorte del gobierno.

En la pasada edición de Razón Pública, el analista Román Ortiz señaló “que la Justicia colombiana ha emitido dos sentencias cuyo efecto legal y estratégico es el mismo: limitar la capacidad del Estado para hacer frente de manera efectiva a las organizaciones terroristas”.

Las consecuencias que el analista atribuye a estos dos fallos no son ciertas, y las premisas sobre las cuales basa el análisis no son sustentables. Veamos.

Dos fallos bajo la lupa

El primer fallo fue emitido por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia en el contexto de un proceso sobre los posibles vínculos del ex congresista Wilson Borja con las FARC. En ese contexto particular, la Corte consideró que el material incautado en la operación militar ocurrida en territorio ecuatoriano donde murió alias “Raúl Reyes”, especialmente la información contenida en unos computadores, no podía usarse como prueba en un proceso judicial, habida cuenta de la ilegalidad de su recaudo.

El segundo fallo es una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de mayo pasado, donde se establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y se le condena a pagar unos perjuicios a la familia de un soldado regular, como consecuencia del incumplimiento del deber de protección de los derechos de ese soldado y otros más, con ocasión de la toma de la base Las Delicias por parte de las FARC, ocurrida en 1996 en el departamento del Putumayo.

Pruebas ilegítimas, acción ilegítima

En relación con el fallo de la Corte, Ortiz señala que se pasó por alto el hecho de que las pruebas fueron recaudadas en un país distinto de Colombia, y que la legislación aplicable debía ser otra, desconociendo el hecho de que el recaudo legal de la prueba es un principio general del derecho que se aplica tanto en el derecho interno de los países como en el derecho internacional.

Si se hubiera aplicado el régimen jurídico del Ecuador, el resultado hubiera sido el mismo, porque el numeral 14 del artículo 24 de la Constitución de ese país señala que “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna (énfasis añadido)”. No sobra aclarar que en el derecho internacional, el estándar es aún más exigente.

El objetivo de la operación militar en Ecuador no era recaudar pruebas judiciales, sino atacar a un enemigo del Estado colombiano, operación que terminó en la muerte del jefe guerrillero, una acción sobre cuya legitimidad o ilegitimidad no ha habido un pronunciamiento de tribunal alguno.

Algunos han señalado que la operación de Colombia fue válida al tenor de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, como una acción de legítima defensa, ante el hecho de presumir razonablemente que el gobierno del Ecuador no colaboraría en la neutralización de ese campamento de las FARC. Pero la figura de la defensa legítima preventiva no tiene recibo en el derecho internacional, y la resolución aludida no autoriza a los Estados para desarrollar una operación militar en otro Estado de manera preventiva.

Es decir, también a la luz del derecho internacional, la operación puede ser considerada ilegítima y las pruebas recaudadas en desarrollo de la misma no tienen ninguna validez judicial.

Ningún juez federal en Estados Unidos avalaría la información contenida en los computadores incautados en la operación donde murió Osama Bin Laden, y a nadie se le ocurriría sostener que los jueces en Estados Unidos están limitando indebidamente la capacidad del Estado para hacer la guerra, o que se trataría de “una expresión inaceptable del cogobierno de los jueces”, pero ello no obsta para que las agencias de inteligencia de ese país usen esa información para fines de defensa estratégica.

Pruebas insuficientes

La información hallada en el computador de alias “Raúl Reyes” debió servir de fuente de inteligencia para ser corroborada por otros medios legítimos, y por esa vía poder ser aportada a los procesos judiciales. El fallo de la Corte ha dejado en evidencia la pobreza de la actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, pues buena parte de los cargos que imputarían a políticos por sus presuntos vínculos con las FARC dependían de un contenido probatorio escaso y endeble.

Ningún proceso de la parapolítica se ha sustentado únicamente en la información contenida en los computadores incautados a jefes paramilitares, como en el caso de alias “Jorge 40”. La Fiscalía y la Corte han tenido el cuidado de corroborar la información allí existente con otros medios probatorios, tal y como lo exige la ley procesal penal. En este caso debió procederse de la misma manera.

Obligaciones incumplidas del Estado

En relación con el fallo del Consejo de Estado, el profesor Ortiz sostiene que debió aplicarse la tesis de la fuerza mayor para explicar o justificar la debilidad de la base militar de Las Delicias y el retardo en la respuesta por parte de la Fuerza Pública: tesis exótica que implica que, en ciertas circunstancias, el Estado tiene que limitar su función de garante si no cuenta con los recursos necesarios y oportunos para cumplir sus funciones.

En este caso es preciso recordar que el reproche al Estado es por la indefensión en la que se encontraban los soldados que, al no ser profesionales, no contaban con la preparación suficiente ni el armamento adecuado para repeler un ataque guerrillero de grandes proporciones, como el que inteligencia militar presumía iba a tener lugar en la zona. Es decir que, al revés de lo que afirma Ortiz, el Consejo de Estado está diciendo que para hacer la guerra el Estado tiene que armar mejor a sus soldados, capacitarlos mejor, y reaccionar de manera oportuna a los informes de su propia inteligencia.

El Consejo recuerda que los soldados son ciudadanos que tienen derechos, y que el Estado debe brindarles las garantías necesarias para cumplir sus funciones, máxime si se trata de soldados regulares que no optaron de manera voluntaria por pertenecer a la Fuerza Pública.

Pero aún en el caso de soldados profesionales, la preparación de los operativos no sólo debe ser idónea para lograr la victoria militar, sino para la defensa de quienes empuñan las armas en nombre de la Constitución y la ley. El Estado, léase Ministerio de Defensa, conocía de la existencia de un riesgo real de un ataque de grandes proporciones, y aun así no tomó las medidas necesarias para evitar el resultado conocido.

Errores del Estado en Las Delicias

Por supuesto que la responsabilidad por los homicidios de los soldados es exclusiva de los integrantes de las FARC que atacaron la base de Las Delicias, pero éste no es el tema en discusión ante los tribunales contencioso-administrativos. Acá se trata de establecer si el Estado pudo evitar un daño que los soldados no tenían el deber jurídico de soportar.

Es lo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha llamado “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad personal”. En este caso no sólo se estableció la exposición, injustificada, al riesgo, sino errores de inteligencia y tácticos del Ejército que facilitaron el ataque por parte de las FARC, según consta en documentos internos de la Fuerza Pública que fueron adjuntados como pruebas.

Entre tales errores figuraron, no haber realizado labores de inteligencia en los días previos, en ninguno de los niveles del mando comprometidos en el hecho, no haber acatado la recomendación de no tener una base permanente en ese sitio de tan difícil defensa y de tan poca utilidad operativa, no tener allí soldados aptos para resistir ataques constantes de la guerrilla, trincheras que no cumplían con las especificaciones técnicas y tácticas requeridas, y armamento insuficiente e inapropiado para el tipo de función que ejercía esa unidad militar, el cual mostraba un alto grado de deterioro habida cuenta de las condiciones climáticas de la zona.

No desmotiva: motiva

Es decir, los soldados en la base de Las Delicias se encontraban en un estado de indefensión conocido por el Estado que pudo haber sido corregido, y ese es el reproche que se le hace al Ministerio de Defensa en la sentencia, lo cual lejos de ser un fallo que ata a la Fuerza Pública para combatir a sus enemigos, es una invitación a hacer la guerra en mejores condiciones logísticas, operacionales, tácticas y de inteligencia.

Es infundada la preocupación de Ortiz sobre que fallos como el de Las Delicias puede cambiar el comportamiento de la Fuerza Pública en desmedro de sus competencias constitucionales, en el sentido de que, “es posible que los mandos militares opten por tomar menos riesgos para no incurrir en la supuesta falta castigada por el alto organismo judicial; pero solo se hará a costa de ser menos eficaces en el combate contra los grupos armados ilegales y menos efectivos en la protección de los derechos ciudadanos”. 

La realidad indicó todo lo contrario, incluso antes del fallo: los sucesivos gobiernos y los mandos militares no volvieron a cometer errores como el de Las Delicias o Patascoy. Se profesionalizó el recurso humano y se reforzaron las unidades militares, y el Ejército no volvió a sufrir un ataque de estas magnitudes, pues se hicieron los correctivos necesarios, y esto significó un cambio cualitativo en la lucha contra la subversión en el plano militar. Así que lejos de minar la capacidad de respuesta del Ejército para combatir al terrorismo, este tipo de fallos lo que hacen es potenciarla y mejorarla.

La gramática del poder

Según la premisa central del análisis del profesor Ortiz, hay en Colombia una larga tradición de desconfianza en los poderes del Ejecutivo por parte de los jueces, lo cual desconoce la esencia de los Estados constitucionales contemporáneos, donde el sistema de frenos y contrapesos es el núcleo central del sistema político, que debe ajustarse a un orden jurídico como manifestación de la soberanía.

La atribución de sesgo ideológico en estos fallos es una acusación infundada e injusta, que no se basa en el examen de los textos sino en la interpretación de alguien que, como analista, no oculta su propio sesgo ideológico, lo cual es perfectamente legítimo en el debate académico.

El Consejo de Estado y la Corte Suprema nos recordaron que el derecho es la gramática del poder, y que sus expresiones, aun en medio de la guerra, deben ajustarse a las normas: lejos de restarle legitimidad a las instituciones, incluida la Fuerza Pública, este respeto al derecho es un activo invaluable sin el cual los conflictos irregulares no pueden ser ganados en el contexto de una democracia.

Los analistas de seguridad saben que el centro de gravedad de un conflicto irregular es la legitimidad, y estos fallos reafirman ese principio.

* Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.  

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Comentarios  

Felipe
0 # Felipe 09-07-2011 23:43
Exelente. Parece ser que al profesor Ortiz se le olvido leer las sentencias.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
daniel gonzalez
0 # daniel gonzalez 16-09-2011 19:04
si tienes los dos fallos en medio magnètico remitirlos por favor pra poder opinar

att.

daniel gonzalez
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