Economía y Sociedad

Acoso sexual: el caso Otálora y los muchos de cada día

Catalina Ruiz NavarroNo importa si hubo o si no hubo amor, si hubo o no hubo coqueteos, y si la relación fue o no fue consentida. Había desigualdad de poder y por lo mismo se violaron la ética y la ley. Es un mal arraigado en la cultura y común entre personas respetables.     

Catalina Ruiz Navarro*

El abogado Jorge Armando Otálora renunció a su cargo de Defensor del Pueblo.

Denuncia y renuncia

En la edición del 23 de enero el columnista de Semana Daniel Coronell dio a conocer los cargos por acoso sexual de la abogada Astrid Cristancho, exsecretaria de la Defensoría del Pueblo, contra el defensor Jorge Armando Otálora. Coronell mostró mensajes de chat donde se ve muestra un pene que supuestamente pertenece al defensor, así como otros donde el servidor público invita a la funcionaria a visitarlo en su casa En una edición anterior, el columnista había divulgado las acusaciones por acoso laboral.

Al día siguiente Otálora dio una entrevista a Vanessa de La Torre de Caracol Noticias donde admitió que tener una relación con una subalterna “no está bien”, añadiendo que “si esa es una gran equivocación ofrezco las excusas; pero es que uno no escoge de quién enamorarse”.

Varios medios aprovecharon luego el hecho de que Cristancho había sido reina de belleza y, de una manera muy sexista, hicieron de este detalle lo más importante de su biografía. La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. No faltó quien dijera que las acusaciones eran mentiras de Cristancho o que respondían a una agenda política o a un intento de sacar beneficio personal.

La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. 

La opinión pública comenzó entonces a discutir si ella le había o no le había coqueteado y si Otálora decía la verdad al declarar que habían tenido una relación sentimental. Estas teorías apelan al argumento de que el daño es menor si hubo una “provocación” por parte de la mujer o si la relación había sido consensuada.

Como el defensor no tiene un jefe que lo pueda remover de su cargo, las únicas dos opciones eran la renuncia o un proceso penal (que tomaría más de ocho meses). El período de Otálora concluía en septiembre de este año y por eso cualquier sanción habría tenido un mínimo efecto simbólico.

Afortunadamente, desde que se supo la noticia, las organizaciones de mujeres iniciaron  una campaña para pedir la renuncia de Otálora, para que la Procuraduría lo suspendiera y para instaurar una denuncia penal en su contra. Ahora, el movimiento de mujeres acompaña a Astrid Cristancho en todas las acciones penales que quiera realizar.

Varios periodistas, columnistas, líderes de opinión, congresistas y organizaciones de derechos humanos también pidieron la renuncia del defensor, y las redes sociales se movilizaron en apoyo a Cristancho.

El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría
del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo

El defensor delegado para Asuntos Constitucionales, Luis Manuel Castro, presentó una carta de renuncia donde argumentaba con claridad por qué debía renunciar Otálora: por qué no podía arriesgar la integridad de la Defensoría quedándose en el cargo y haciendo caso omiso a acusaciones tan graves. Además del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Finalmente, el miércoles 27 de enero renunció el defensor. En la mañana del jueves, el procurador dijo que lo suspendía del cargo por investigación disciplinaria. Cristancho radicó su denuncia penal y hoy Otálora también es investigado por la Fiscalía.

Ahora el presidente Santos debe presentar una terna para escoger a quien ocupe el cargo hasta septiembre. Varios grupos de derechos humanos y líderes de opinión han pedido que esta terna esté compuesta por mujeres como compensación simbólica y ya suenan nombres como el de Olga Lucía Gaitán, destacada abogada que conoce muy bien la Defensoría y tiene una excelente trayectoria en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género.

La renuncia del defensor del Pueblo es sin duda un logro de los grupos feministas que han puesto de relieve el tema del acoso sexual, así como de una robusta ciudadanía que logró organizarse para presionar la salida del denunciado. Es el momento de aprovechar esta movilización para fortalecer la muy necesaria práctica de veeduría ciudadana sobre nuestros servidores públicos.

Ley y cultura

El delito de acoso sexual es relativamente nuevo en Colombia. La Ley 1257 de 2008 adoptó el artículo 210A del Código Penal donde se tipifica este delito como una forma de violencia y se sanciona con pena de uno a tres años de cárcel si entre el agresor y la víctima mediaba una relación de poder.

Pero ya en aquel año las principales críticas a la ley decían que era “difícil” trazar una línea entre un “coqueteo inocente” o “verdaderas intenciones románticas” y el acoso sexual. La respuesta a esta crítica consistió en señalar que en las relaciones donde hay desigualdad quien tiene más poder – vale decir el jefe, el profesor, el adulto, es responsable legal y penalmente. El poderoso tiene más responsabilidad precisamente porque se supone que tiene más madurez y, sobre todo, porque está en completa libertad para decir que no.

Sin duda la sexualidad humana es muy compleja y las leyes siempre se quedarán cortas ante sus matices. Podemos pensar en un caso hipotético donde el que jefe y el subalterno tienen una relación consentida y donde nada sale mal. Pero incluso en este caso hipotético hay una desigualdad porque el subalterno no tiene plena libertad para decirles no a los pedidos de su jefe. Esta desigualdad hace que una de las partes no pueda dar pleno consentimiento.

Es lo mismo que ocurre en las relaciones entre mayores y menores de edad: no podemos saber si una niña de 13 años realmente está ya “muy grandecita” para decidir, pues no tenemos cómo evaluar sus habilidades para calcular el riesgo sin re-victimizarla. Por eso se supone que los y las jóvenes menores de 14 años no tienen la experiencia ni las herramientas para tomar libremente la decisión de tener una relación sexual con un mayor de edad.

Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Foto: MARCHA PATRIÓTICA

Otro clásico caso de desigualdad de poder son las relaciones entre profesores y alumnos. Supongamos una relación entre una profesora universitaria y su alumna, y supongamos que ambas mujeres son mayores de edad. Sin embargo, la profesora tiene poder sobre la alumna porque es su figura de autoridad real y simbólica, y mientras sea su profesora puede reprobarla, lo cual tendrá graves consecuencias sobre la vida de la alumna. Ahora, una vez pasadas las calificaciones escolares, la relación seguiría implicando una desigualdad (seguro que la alumna se deslumbra con todo lo que su pareja dice) pero ya una no tiene poder tangible sobre la otra. Además, si el amor es irremediable, sin duda puede esperar hasta el final del semestre.

Decir estas cosas es muy incómodo porque las relaciones jefe-subalterno, profesor-alumno y hasta adulto-niño son cosas de todos los días en nuestra cultura y están naturalizadas. Yo conozco un sinnúmero de relaciones así; unas han acabado bien y otras mal, pero ninguna ha sido éticamente correcta. No pienso que las personas que ostentaron el poder en estas relaciones sean malvadas, pero relajaron sus estándares éticos aprovechando una situación socialmente aceptada.

El costo del acoso

Se estima que cada 75 minutos hay una denuncia por acoso sexual en el trabajo, pero, para variar, esto corresponde a un sub-registro pues las víctimas generalmente no denuncian por miedo a perder su puesto y optan por soluciones insuficientes, como la reubicación.

Es importante señalar que los y las denunciantes quedan marcados, difícilmente encontrarán otro trabajo pues serán vistos como “problemáticos” y tendrán que exponerse a la re-victimización, al repudio social y al cuestionamiento público sobre sus vidas privadas. Quienes dicen que las denuncias falsas son comunes no tienen en cuenta el alto costo que implica hacer una denuncia como esta.

Del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos 

La ley no resolverá el problema del acoso sexual mientras este siga siendo visto como una indiscreción menor. En las culturas patriarcales se supone que quien tiene poder también posee a las personas sobre las cuales lo ejerce. El patriarcado es un sistema que hace pensar a quienes tienen el poder (usualmente los hombres) que todo lo que está a su alrededor, desde personas hasta recursos naturales, están para él. El jefe que acosa sexualmente lo hace bajo la premisa de que sus empleados o empleadas están para su satisfacción, y con la impunidad que da todo un sistema que promueve estos comportamientos.

Nuestra cultura patriarcal ha restringido a las mujeres a los espacios privados, y cuando pasamos de la esfera de lo privado a lo público con frecuencia somos agredidas por transgredir el lugar que nos fue asignado. La más común y poderosa de estas agresiones es el acoso sexual, que desde siempre ha mantenido a las mujeres caminando por estrechos senderos delimitados por líneas invisibles.

Pero en el momento en que hacemos comentarios sexuales sobre el cuerpo de un compañero de trabajo, jefe o subalterno, los estamos desautorizando como trabajadores y reduciéndolos a objetos sexuales. Por eso, cambiar una cultura que naturaliza el acoso sexual pasa por reconocernos a las mujeres como personas y como trabajadoras cuyo valor depende de sus méritos y no de las aptitudes decorativas del cuerpo.

Afortunadamente, las denuncias de Cristancho marcan un hito y a partir de la renuncia de Otálora el acoso sexual empezó a tener un costo real en Colombia.

 

* Feminista caribe-colombiana. Columnista de El Espectador y El Heraldo en Colombia y de Sin Embargo en México. Co-conductora de Estereotipas.com. Filósofa y Artista Visual de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Literatura de la Universidad de Los Andes.

@Catalinapordios

 

 

Economía y Sociedad

La misión posible para el silencio de las armas

Ricardo GarciaLa verificación internacional del cese de hostilidades le sirve mucho a las FARC y le sirve a Colombia, pero además le sirve al Consejo de Seguridad de la ONU, que así endereza el camino después de varias intervenciones desastrosas en el mundo.

Ricardo García Duarte*

rodolfo garcia consejo seguridad cumbre celac

La resolución

La CELAC, la comunidad que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe, le dio en su IV Cumbre un respaldo sonoro a la verificación internacional en un eventual alto al fuego en Colombia. Este fue un apoyo claro, fuerte y hasta entusiasta, a juzgar por las imágenes de un presidente Rafael Correa de Ecuador, el anfitrión, acogiendo con su abrazo cálido a Juan Manuel Santos.

Dos días antes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había atendido favorablemente una solicitud del gobierno colombiano para asumir la verificación del desarme de las FARC. El Consejo respondió casi inmediatamente mediante la Resolución 2261 de 2016, con la cual creó una misión especial para tales fines.

El Consejo tomó la decisión con contundencia, como se puede ver por la unanimidad del voto de sus miembros. El organismo no se dio ningún margen para modificar los términos del compromiso pedido, así que este será invariablemente de carácter civil y tripartito, no incluirá personal militar y reunirá la voluntad de las dos partes en conflicto, junto con los delegados de la organización internacional.

Además, incorporará el concurso de los países latinoamericanos que sean escogidos por la propia ONU, y tendrá no solo la tarea de verificación en el sentido, digamos negativo, de control y de denuncia, sino de monitoreo y asesoría en los términos proactivos de indicar alertas y recomendaciones.

Este sentido razonable, ajeno a toda injerencia indebida, demuestra un consenso generalizado entre los actores internacionales a favor de una paz negociada en Colombia. Este apoyo ya se había mostrado en el pasado, pero ahora la reiteración unánime y desde arriba deja clara la voluntad explícita de contribuir a un acuerdo final en un conflicto interno prolongado, alimentado por causas sociales reales y precipitado por estrategias insensatas.

Diplomacia y verificación

No olvidemos que la petición fue tramitada después de un previo acuerdo entre el gobierno y las FARC, una circunstancia que sin duda facilitó las cosas, además de representar una apuesta de buen jugador, sobre todo por parte de la guerrilla.

Con esta decisión la guerrilla se decidió por el lance y dejó a un lado su inclinación retrechera frente a los grandes poderes. Así, sin costo alguno ha conseguido a cambio un canal de interlocución legítimo frente a ellos. Y no se descarta que como coletazo de esta acción reciba también la buena nueva de que Estados Unidos la excluya de su lista de grupos terroristas.

En este caso, el Consejo de Seguridad, la instancia que tiene en sus manos los temas de seguridad en el mundo (y que se paraliza a menudo por el ejercicio de veto entre sus miembros permanentes), se decide a prestar sin sesgos sus buenos oficios en un escenario sin los altos riesgos de efectos colaterales, como los que se dieron con la intervención armada de algunos de sus miembros en Libia.

El Consejo tampoco va a tropezar con las dificultades insuperables, incluso sangrientas, con las que se encontraron sus cascos azules en Somalia, ni con el escollo de su desapacible ineficacia, comprobada en numerosos conflictos nunca bien resueltos.

Esta positiva recepción unánime, incluida la de la CELAC, parece respirar el aire de los tiempos, al menos una parte del aire en la inasible complejidad del mundo actual. Este no es el ambiente irrespirable de Siria, de Palestina o de los terrorismos fundamentalistas. En cambio, es el espacio de las soluciones diplomáticas, como aquella que tuvo lugar entre las potencias 5+1 con Irán, o como el deshielo entre Estados Unidos y Cuba.

En el caso colombiano, las acciones de la ONU están sintonizadas con la elaboración ideológica y diplomática que quiso presentar Obama en su último discurso sobre el estado de la Unión, donde presentó como elementos de la seguridad de una superpotencia no solo las amenazas sino también la dimensión moral de las conductas internacionales y la solución negociada de los conflictos.

Esta postura desestabiliza cualquier concepción estrecha que sobre la seguridad puedan tener, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos o, aquí, los uribistas, y en todas partes los halcones de distinta laya.

En la práctica, la voluntad de las partes sobre el mecanismo de verificación, y la recepción positiva del Consejo y de la CELAC no son más que las manifestaciones políticas del avance de los acuerdos y, sobre todo, de la confianza que ha nacido entre las partes por el des-escalamiento real sobre el terreno.

Cerrando los escapes

Las partes han traspasado un umbral especial entre los varios que están cruzando: el umbral que hace parpadear las luces para que ambos contendientes empiecen por igual a autoinhibirse; para que comiencen a cerrar conscientemente las puertas de escape de la guerra.

Pero en este caso lo hacen invitando a un tercero para que se las ayude a cerrar. Y lo hacen como un Ulises que incita a que lo aten a las velas de su barco para no sucumbir ante los cantos de sirena, en este caso los cantos de la guerra. Cada negociación, sobre todo entre guerreros, está hecha de mil fugas, de cientos de escapes. La eficacia de una negociación consiste en cerrar progresivamente las tentativas de fuga, los túneles de escape.

El hecho de traer a terceros de peso para la supervisión de un cese del fuego y de las hostilidades es la aceptación compartida de que las Fuerzas Armadas y la guerrilla quedan en una situación total de inhibición ante toda suerte de provocaciones.

Con este apoyo el camino para el acuerdo definitivo tendrá muchísimos menos huecos de fuga hacia la guerra. No desaparecerán del todo, pero casi.

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Economía y Sociedad

Del Chikunguña al Zika: equivocaciones que enseñan

Oscar AndiaA diferencia de la campaña de tranquilidad que hace un año desplegó el gobierno ante la chikunguña, ahora ha asumido una acertada posición de alerta ante el brote de zika. Cómo estamos en Colombia y qué puede hacer usted para cuidarse.

Óscar Andia*

El Presidente Juan Manuel Santos junto al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Lecciones aprendidas

Un artículo de la revista Semana de julio de 2015 titulado "Nadie se muere de Chikunguña" muestra al presidente Santos, rodeado del ministro Gaviria y el viceministro Ruiz, tratando de enviar un mensaje de tranquilidad sobre el desarrollo de la fase epidémica del chikunguña.

Hoy Colombia se encuentra ante una etapa similar ante la epidemia de zika y –aunque los ABC del Ministerio de Salud sobre Chikunguña y Zika siguen negando casos mortales- ya nadie niega la posibilidad de desenlaces fatales atribuibles a ambos virus. La circular 004 del  13 de enero de este año reconoce ese hecho y el ministro Gaviria, en entrevista para El Espectador muestra su preocupación por la gravedad de la situación. Hasta la fecha se reportaron 470.658 casos de Chikunguña y se estima que el Zika superará esa cifra en cantidad y gravedad.

Hoy el ministro ya no pierde tiempo negando la evidencia. Tal como puede verse en la rueda de prensa del 21 de enero, ahora se esfuerza en enviar mensajes correctos sobre prevención y manejo de la nueva epidemia. El ministro subraya su recomendación de evitar embarazos en zonas de alto riesgo, buscando neutralizar las críticas que recibió y mostrando la visión epidemiológica relacionada con defectos congénitos y enfermedades neurológicas atribuibles al virus del Zika, al tiempo que expresa respeto por los derechos y libertades de las madres gestantes.

Los municipios más afectados

Fotografía del virus del Zika.

Fotografía del virus del Zika.
Foto: Wikimedia Commons

Según el boletín del Instituto Nacional de Salud (INS) correspondiente a la segunda semana epidemiológica de 2016, en Colombia se reportaron 16.419 casos relacionados con el Zika, de los cuales 798 fueron confirmados por laboratorio, 13.010 se consideran “confirmados por clínica” y 2.611 se registraron como “sospechosos”.

  • Cúcuta (Norte de Santander) aparece con el mayor número de reportes (2.469 casos), de los cuales 128 fueron confirmados por laboratorio (CL) y 2.341 diagnosticados por manifestaciones clínicas (DC).
  • En el mismo departamento, Los Patios reportó 298 casos sospechosos (CS), Villa del Rosario con 132 casos (4 CL y 126 DC) y El Zulia 122 casos (46 CL y 76 DC) ¿Esto sugiere que el virus pudo haber ingresado por la frontera con Venezuela? En algún momento el INS tendrá que explicar este fenómeno.

Con más de 1.000 casos aparecen también:

  • Barranquilla, con 1.633 (7 CL y 1.626 DC),
  • Girardot (Cundinamarca), con 1.461 casos (21 CL y 1.440 DC),
  • Neiva (Huila), con 1.240 (4 CL y 1.236 DC) y
  • Santa Marta D.E., con 1.121 (13 CL y 1.108 DC).

Con menos de 1.000 casos están:  

  • Cartagena –supuesta puerta de entrada del virus- con 695 (53 CL y 642 DC),
  • Montería (Córdoba), con 661 (5 CL y 656 DC)
  • San Andrés, con 653 (51 CL y 602 DC),
  • Sincelejo (Sucre), con 535 (22 CL y 513 DC).

Con menos de 500 casos están:  

  • Soledad (Atlántico), con 402 (todos CS),
  • Turbaco (Bolívar), con 273 (58 CL y 215 (DC),
  • Espinal (Tolima), con 251 (4 CL y 247 DC),
  • Ibagué (Tolima), con 249 (9 CL y 240 DC),
  • Flandes (Tolima), con 190 (18 CL y 172 DC),
  • Ciénaga (Magdalena), con 189 (todos CS),
  • Aguachica (Cesar), con 127 (5 CL y 122 DC) y
  • Aipe (Huila), con 103 (todos CS).

Finalmente:

  • 10 municipios reportaron menos de 99 casos,
  • 88 municipios entre 49 y 10 casos,
  • 126 entre 9 y 2 casos y
  • 194 municipios solo 1 o 2 casos.
  • Los demás 740 municipios no reportaron ningún caso.

Según el boletín de la tercera semana epidemiológica (hasta el 23 de enero), los casos reportados pasaron a 20.297, de los cuales 1.050 fueron confirmados por laboratorio, entre los cuales 17.115 se consideran “confirmados por clínica” y 2.132 se registraron como “sospechosos”.

Las entidades territoriales más afectadas son:

  • Norte de Santander (4.085),
  • Cundinamarca (2.246),
  • Huila (2.075),
  • Barranquilla (1.946),
  • Tolima (1.493)
  • Santa Marta D.E. (1.198)
  • y Córdoba (1.138).

Cartagena aparece en undécimo lugar, con un total de 720 casos, pese a la afirmación del viceministro Ruiz Gómez quien sugirió que: “Un turista extranjero infectado habría sido picado por el mosquito al que le transmitió el virus y este inició la cadena de infección en la capital del Bolívar”.

¿Todo el país en alerta?  

oscar andia virus zika aedes aegypti
Mosquito Aedes Aegyypti, más conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, es reconocido por
transmitir además las enfermedades del Chikungunya y el Zika.
Foto:Wikimedia Commons

El 15 de enero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron alerta “Nivel 2. Intensifique las precauciones” para viajeros con destino a Colombia y a otros 13 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde se confirmaron casos de contagio con el virus del Zika.

La reacción de Colombia fue más razonable: dado que la evidencia disponible dice que este virus se transmite mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus (que viven hasta los 2.200 msnm), emitió recomendaciones similares -pero focalizadas- para esas zonas y pasó a “Nivel 3. Advertencia: Evite todos los viajes no esenciales a este destino” a gestantes y pacientes de alto riesgo.

En efecto, la Circular 004 de 2016 rectifica la Circular MSPS-INS No. 061 del 24 de diciembre de 2015 y las Circulares Externas del INS No.063 y No.064 del 15 de diciembre de 2015, para definir el procedimiento bajo el cual se debe realizar la notificación de mujeres en estado de embarazo con sospecha o confirmación (clínica o por laboratorio) de enfermedad. Además se llama a intensificar las acciones para detectar posibles casos de defectos congénitos y síndromes neurológicos con fuerte sospecha de relación con la enfermedad.

Algunos medios dijeron que la epidemia de zika “está tomando un giro espantoso”. Los CDC de Estados Unidos dijeron que pasaron a alerta nivel 2 “en respuesta a reportes en Brasil de microcefalia y otros problemas que afectan a bebés de madres infectadas por el virus del Zika”. Y el ministro Gaviria advirtió que “debemos estar preparados porque inevitablemente habrá casos de microcefalia y de Guillain-Barré en el país”. Sin embargo, aún hay dudas.

Algunas notas periodísticas recientes dijeron que la Organización Panamericana de la Salud confirmó la presencia del Zika en 22 países del continente americano y que Brasil anunció la participación de más de 200 mil militares en la lucha contra el virus que produjo cerca de 4.000 casos de microcefalia.

Sin embargo el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Gregory A. Hart, afirmó en Blu Radio que: “hoy en día no hay ningún estudio que pruebe que sí existe una relación entre el virus y estas otras enfermedades neurológicas y degenerativas”, y que la OMS tardará entre seis y nueve meses para establecer la relación real del virus Zika con la microcefalia o el síndrome del Guillain-Barré.

Entonces, ¿están exagerando países como Brasil y Colombia o está la OMS siendo poco objetiva, como sucedió en la fase inicial de la epidemia de Ébola?

Ante semejante incertidumbre, Colombia parece haber elegido pecar por exceso y no por falta. Por eso las medidas focalizadas que plantea buscan evitar el riego de malformaciones y complicaciones neurológicas graves, para las cuales prácticamente no existe tratamiento que no sea paliativo.

¿Manejo “a la colombiana?

Desde el 21 de enero pasado existe un Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Enfermedad por Virus Zika donde se reúnen las principales medidas incluidas en las circulares 063 y 064 de 2015, y 002 y 004 de 2016.

El protocolo resume el comportamiento mundial, regional y nacional de la enfermedad, muestra escenarios epidemiológicos, definiciones de caso, muerte asociada, estrategias y herramientas de vigilancia, definición de fuentes, análisis de casos, periodicidad de reportes, flujo de información, notificación de eventos, diagnóstico por laboratorio, vigilancia rutinaria, vigilancia en grupos de riesgo y mortalidades, etc.

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben convertirse en Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Las notificaciones de las UPGD son agregadas por las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) y estas, por las Unidades Notificadoras Departamentales y Distritales (UND).

Las Fichas de Notificación están disponibles en la página del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y semanalmente la información es analizada por el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) para orientar las acciones de promoción, prevención, atención y gestión de contingencias, a nivel municipal, departamental y nacional.

Este análisis permite a los municipios focalizar las acciones en los barrios, y a los departamentos hacerlo en los municipios. Además, identifica oportunamente cualquier cambio en los patrones de la enfermedad. A nivel nacional, el INS publica información oficial a través del Boletín Epidemiológico Semanal.

Cuídese del Zika y otras enfermedades

Si alguien que estuvo (hasta 15 días antes) en zonas a 2.200 msnm o menos, y presenta fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis y/o dolor o inflamación, debe consultar con su médico. El siguiente resumen puede orientar sobre las principales posibilidades diagnósticas:

Signos y síntomas

ZIKA

Chikunguña

Dengue

DengueHemo

Fiebre, generalmente persistente

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+ + +

+ + +

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Conjuntivitis

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+

0

0

Rash máculopapular (brote)

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+ +

+ +

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Dolores musculares y/o articulares

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Edema en extremidades

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0

0

0

Linfoadenopatías (ganglios)

+

+ +

+ +

+ +

Dolor retro-orbital (dolor ojos)

+ +

+

+ +

+ +

Hepatomegalia

0

+ + +

0

0

Leucopenia (disminución leucocitos)

0

+ + +

+ +

+ + +

Trombocitopenia y hemorragia

0

0

0

+

 

Esta tabla no es oficial. Aunque está basada en el cuadro N° 1 de la circular 043 de 2015, tiene modificaciones que buscan ayudarle a diferenciar las tres enfermedades transmitidas por Aedes aegypti o Albopictus. Sin embargo, como siempre, no dude en consultar con su médico.

 

jorge ivan cuervoNo es verdad que los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la información contenida en el computador de alias “Reyes” y del Consejo de Estado sobre Las Delicias dificulten la lucha contra la insurgencia. El recuento objetivo de los hechos y el repaso de los textos demuestran que ambos fallos acertaron y que ceñirse a la ley e incrementar la legitimidad de las instituciones es la única manera de ganar una guerra irregular.

Jorge Iván Cuervo R.

Opinión equivocada

Con ocasión de algunos recientes fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia sobre operaciones militares de la Fuerza Pública, ha empezado a surgir una opinión que denuncia la indebida intervención del poder judicial en las decisiones de conducción de la guerra, que son de exclusivo resorte del gobierno.

En la pasada edición de Razón Pública, el analista Román Ortiz señaló “que la Justicia colombiana ha emitido dos sentencias cuyo efecto legal y estratégico es el mismo: limitar la capacidad del Estado para hacer frente de manera efectiva a las organizaciones terroristas”.

Las consecuencias que el analista atribuye a estos dos fallos no son ciertas, y las premisas sobre las cuales basa el análisis no son sustentables. Veamos.

Dos fallos bajo la lupa

El primer fallo fue emitido por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia en el contexto de un proceso sobre los posibles vínculos del ex congresista Wilson Borja con las FARC. En ese contexto particular, la Corte consideró que el material incautado en la operación militar ocurrida en territorio ecuatoriano donde murió alias “Raúl Reyes”, especialmente la información contenida en unos computadores, no podía usarse como prueba en un proceso judicial, habida cuenta de la ilegalidad de su recaudo.

El segundo fallo es una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de mayo pasado, donde se establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y se le condena a pagar unos perjuicios a la familia de un soldado regular, como consecuencia del incumplimiento del deber de protección de los derechos de ese soldado y otros más, con ocasión de la toma de la base Las Delicias por parte de las FARC, ocurrida en 1996 en el departamento del Putumayo.

Pruebas ilegítimas, acción ilegítima

En relación con el fallo de la Corte, Ortiz señala que se pasó por alto el hecho de que las pruebas fueron recaudadas en un país distinto de Colombia, y que la legislación aplicable debía ser otra, desconociendo el hecho de que el recaudo legal de la prueba es un principio general del derecho que se aplica tanto en el derecho interno de los países como en el derecho internacional.

Si se hubiera aplicado el régimen jurídico del Ecuador, el resultado hubiera sido el mismo, porque el numeral 14 del artículo 24 de la Constitución de ese país señala que “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna (énfasis añadido)”. No sobra aclarar que en el derecho internacional, el estándar es aún más exigente.

El objetivo de la operación militar en Ecuador no era recaudar pruebas judiciales, sino atacar a un enemigo del Estado colombiano, operación que terminó en la muerte del jefe guerrillero, una acción sobre cuya legitimidad o ilegitimidad no ha habido un pronunciamiento de tribunal alguno.

Algunos han señalado que la operación de Colombia fue válida al tenor de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, como una acción de legítima defensa, ante el hecho de presumir razonablemente que el gobierno del Ecuador no colaboraría en la neutralización de ese campamento de las FARC. Pero la figura de la defensa legítima preventiva no tiene recibo en el derecho internacional, y la resolución aludida no autoriza a los Estados para desarrollar una operación militar en otro Estado de manera preventiva.

Es decir, también a la luz del derecho internacional, la operación puede ser considerada ilegítima y las pruebas recaudadas en desarrollo de la misma no tienen ninguna validez judicial.

Ningún juez federal en Estados Unidos avalaría la información contenida en los computadores incautados en la operación donde murió Osama Bin Laden, y a nadie se le ocurriría sostener que los jueces en Estados Unidos están limitando indebidamente la capacidad del Estado para hacer la guerra, o que se trataría de “una expresión inaceptable del cogobierno de los jueces”, pero ello no obsta para que las agencias de inteligencia de ese país usen esa información para fines de defensa estratégica.

Pruebas insuficientes

La información hallada en el computador de alias “Raúl Reyes” debió servir de fuente de inteligencia para ser corroborada por otros medios legítimos, y por esa vía poder ser aportada a los procesos judiciales. El fallo de la Corte ha dejado en evidencia la pobreza de la actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, pues buena parte de los cargos que imputarían a políticos por sus presuntos vínculos con las FARC dependían de un contenido probatorio escaso y endeble.

Ningún proceso de la parapolítica se ha sustentado únicamente en la información contenida en los computadores incautados a jefes paramilitares, como en el caso de alias “Jorge 40”. La Fiscalía y la Corte han tenido el cuidado de corroborar la información allí existente con otros medios probatorios, tal y como lo exige la ley procesal penal. En este caso debió procederse de la misma manera.

Obligaciones incumplidas del Estado

En relación con el fallo del Consejo de Estado, el profesor Ortiz sostiene que debió aplicarse la tesis de la fuerza mayor para explicar o justificar la debilidad de la base militar de Las Delicias y el retardo en la respuesta por parte de la Fuerza Pública: tesis exótica que implica que, en ciertas circunstancias, el Estado tiene que limitar su función de garante si no cuenta con los recursos necesarios y oportunos para cumplir sus funciones.

En este caso es preciso recordar que el reproche al Estado es por la indefensión en la que se encontraban los soldados que, al no ser profesionales, no contaban con la preparación suficiente ni el armamento adecuado para repeler un ataque guerrillero de grandes proporciones, como el que inteligencia militar presumía iba a tener lugar en la zona. Es decir que, al revés de lo que afirma Ortiz, el Consejo de Estado está diciendo que para hacer la guerra el Estado tiene que armar mejor a sus soldados, capacitarlos mejor, y reaccionar de manera oportuna a los informes de su propia inteligencia.

El Consejo recuerda que los soldados son ciudadanos que tienen derechos, y que el Estado debe brindarles las garantías necesarias para cumplir sus funciones, máxime si se trata de soldados regulares que no optaron de manera voluntaria por pertenecer a la Fuerza Pública.

Pero aún en el caso de soldados profesionales, la preparación de los operativos no sólo debe ser idónea para lograr la victoria militar, sino para la defensa de quienes empuñan las armas en nombre de la Constitución y la ley. El Estado, léase Ministerio de Defensa, conocía de la existencia de un riesgo real de un ataque de grandes proporciones, y aun así no tomó las medidas necesarias para evitar el resultado conocido.

Errores del Estado en Las Delicias

Por supuesto que la responsabilidad por los homicidios de los soldados es exclusiva de los integrantes de las FARC que atacaron la base de Las Delicias, pero éste no es el tema en discusión ante los tribunales contencioso-administrativos. Acá se trata de establecer si el Estado pudo evitar un daño que los soldados no tenían el deber jurídico de soportar.

Es lo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha llamado “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad personal”. En este caso no sólo se estableció la exposición, injustificada, al riesgo, sino errores de inteligencia y tácticos del Ejército que facilitaron el ataque por parte de las FARC, según consta en documentos internos de la Fuerza Pública que fueron adjuntados como pruebas.

Entre tales errores figuraron, no haber realizado labores de inteligencia en los días previos, en ninguno de los niveles del mando comprometidos en el hecho, no haber acatado la recomendación de no tener una base permanente en ese sitio de tan difícil defensa y de tan poca utilidad operativa, no tener allí soldados aptos para resistir ataques constantes de la guerrilla, trincheras que no cumplían con las especificaciones técnicas y tácticas requeridas, y armamento insuficiente e inapropiado para el tipo de función que ejercía esa unidad militar, el cual mostraba un alto grado de deterioro habida cuenta de las condiciones climáticas de la zona.

No desmotiva: motiva

Es decir, los soldados en la base de Las Delicias se encontraban en un estado de indefensión conocido por el Estado que pudo haber sido corregido, y ese es el reproche que se le hace al Ministerio de Defensa en la sentencia, lo cual lejos de ser un fallo que ata a la Fuerza Pública para combatir a sus enemigos, es una invitación a hacer la guerra en mejores condiciones logísticas, operacionales, tácticas y de inteligencia.

Es infundada la preocupación de Ortiz sobre que fallos como el de Las Delicias puede cambiar el comportamiento de la Fuerza Pública en desmedro de sus competencias constitucionales, en el sentido de que, “es posible que los mandos militares opten por tomar menos riesgos para no incurrir en la supuesta falta castigada por el alto organismo judicial; pero solo se hará a costa de ser menos eficaces en el combate contra los grupos armados ilegales y menos efectivos en la protección de los derechos ciudadanos”. 

La realidad indicó todo lo contrario, incluso antes del fallo: los sucesivos gobiernos y los mandos militares no volvieron a cometer errores como el de Las Delicias o Patascoy. Se profesionalizó el recurso humano y se reforzaron las unidades militares, y el Ejército no volvió a sufrir un ataque de estas magnitudes, pues se hicieron los correctivos necesarios, y esto significó un cambio cualitativo en la lucha contra la subversión en el plano militar. Así que lejos de minar la capacidad de respuesta del Ejército para combatir al terrorismo, este tipo de fallos lo que hacen es potenciarla y mejorarla.

La gramática del poder

Según la premisa central del análisis del profesor Ortiz, hay en Colombia una larga tradición de desconfianza en los poderes del Ejecutivo por parte de los jueces, lo cual desconoce la esencia de los Estados constitucionales contemporáneos, donde el sistema de frenos y contrapesos es el núcleo central del sistema político, que debe ajustarse a un orden jurídico como manifestación de la soberanía.

La atribución de sesgo ideológico en estos fallos es una acusación infundada e injusta, que no se basa en el examen de los textos sino en la interpretación de alguien que, como analista, no oculta su propio sesgo ideológico, lo cual es perfectamente legítimo en el debate académico.

El Consejo de Estado y la Corte Suprema nos recordaron que el derecho es la gramática del poder, y que sus expresiones, aun en medio de la guerra, deben ajustarse a las normas: lejos de restarle legitimidad a las instituciones, incluida la Fuerza Pública, este respeto al derecho es un activo invaluable sin el cual los conflictos irregulares no pueden ser ganados en el contexto de una democracia.

Los analistas de seguridad saben que el centro de gravedad de un conflicto irregular es la legitimidad, y estos fallos reafirman ese principio.

* Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.  

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Comentarios  

Felipe
0 # Felipe 09-07-2011 23:43
Exelente. Parece ser que al profesor Ortiz se le olvido leer las sentencias.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
daniel gonzalez
0 # daniel gonzalez 16-09-2011 19:04
si tienes los dos fallos en medio magnètico remitirlos por favor pra poder opinar

att.

daniel gonzalez
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