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Los pobres y la clase media siguen padeciendo en Colombia

Jaime VillamilPese a que las cifras muestran la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media, los programas contra la pobreza no han conseguido todos sus objetivos, la  clase media sigue siendo muy frágil y la desigualdad es peor de lo que suele decirse.

Jaime Villamil*

Caserío a los alrededores de Buenaventura.

Se ha hecho bastante, pero falta mucho más

El presidente Santos suele hacer alarde de sus logros en cuanto a reducción de la pobreza y ampliación de la clase media, pues entre 2010 y 2014 pudo mostrar las siguientes cifras:  

  • 3,2 millones de personas dejaron de ser pobres,
  • 1,6 millones dejaron de ser pobres extremos,  
  • 9,4 millones de colombianos pasaron a hacer parte de la clase media.

Y sin embargo según las mismas fuentes oficiales seguimos enfrentando grandes retos:  

  • 13 millones de personas pobres por ingresos (o ingresos insuficientes para adquirir una canasta de consumo mínimo; se trata de un hogar de cuatro miembros que en 2015 recibió menos de 894.552 pesos mensuales).
  • 3,7 millones de pobres extremos (u hogares cuyo ingreso les impide comprar la canasta mínima de alimentos).   
  • 9,6 millones de pobres multidimensionales (44 por ciento en zonas rurales), y
  • La desigualdad más alta de América Latina, con un Gini de 0,522 (el Gini es un número entre 0 y 1 donde el 0 corresponde a igualdad total y el 1, a desigualdad total).

La lucha contra la pobreza

Microempresa de calzado en el sector del Restrepo en Bogotá.
Microempresa de calzado en el sector del Restrepo en Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Mediante  el documento Conpes 102 de 2006 el gobierno Santos creó la Red Unidos de Protección Social contra la Pobreza Extrema.

Para administrar esta estrategia se creó la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), y con el Decreto 2559 de 2015 esta agencia se convirtió en un programa del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Su misión más importante era articular la oferta de programas de diferentes entidades públicas y emplear a diez mil trabajadores, llamados “cogestores”, para ayudar a los más pobres.   

El mecanismo de superación de pobreza de la Red Unidos está basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual mide la privación de las familias mediante quince variables referentes a la educación, el bienestar de los niños y los jóvenes, las condiciones laborales y de salud, y la calidad de las viviendas. En el caso de que una familia tenga menos de cinco privaciones se dice que no es pobre.

La desigualdad más alta de América Latina.

Sin embargo, el IPM no es suficiente y por eso la estrategia también considera los ingresos de la familia, así:

  • Cuando la familia es pobre tanto en el IPM como en ingresos, recibe toda la asistencia por parte de  la Red.
  • Si la familia tiene un buen nivel de IPM pero es pobre por ingresos, se le extiende una oferta de “generación de ingresos”.
  • Cuando la familia ya no es pobre por ingresos ni por IPM, la Red deja de cubrirla.

Bajo estas condiciones la Red Unidos ha sacado a 256.944 familias de la pobreza extrema (aunque la meta era de 350.000).

El principal apoyo de la Red a las familias pobres consiste en darles subsidios en dinero a cambio de que cumplan condiciones como vacunar a sus hijos, realizarles los controles de  salud o mantenerlos en la escuela.  Estas “transferencias condicionadas” en programas como Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción elevan el bienestar de la población, y ayudan a que las familias estén más de superar la pobreza. Estos subsidios son muy importantes, pues el 20 por ciento del ingreso del 10 por ciento más pobre de la población proviene de estos programas.

Los problemas

Aun con esta política integrada subsisten varias barreras que impiden escapar de la pobreza a muchas familias colombianas:

  1. Fallas en la oferta institucional. Muchos de los programas no tienen suficiente impacto sobre la pobreza y además son redundantes.
  2. Hay lugares con poca población donde los programas no funcionan adecuadamente. Allí es más probable que no haya presencia estatal porque el presupuesto asignado a los programas debe responder a criterios de costo y de eficiencia.
  3. Los programas de generación de ingresos buscan aumentar las capacidades productivas de las personas, pero en muchos casos no se basan en estudios de mercado, y en efecto dependen del número, de la disponibilidad y de la formación de los entrenadores en cada zona. Por eso acaban entrenando a la población en actividades que no tienen ninguna demanda.
  4. El acceso a activos productivos es bastante restringido para la población pobre, especialmente en las zonas rurales donde la incidencia de la pobreza es mayor. En las áreas rurales el principal activo es la tierra y, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2015, solo el 36 por ciento de los hogares rurales son propietarios. Además, los emprendimientos rurales requieren crédito y asistencia técnica; sin embargo solo el 11 por ciento de los campesinos solicita crédito y de éstos solo lo recibe el 89 por ciento, y apenas el 9,6 por ciento recibe asistencia técnica.

La fragilidad de la clase media

Comuna 8 de Medellín.
Comuna 8 de Medellín.
Foto: Dorian Miguel Ospino Caro

La clase media en América Latina se define como el conjunto de personas cuyo ingreso diario está entre 10 y 50 dólares. Sobre la base de esta definición y para el 2015, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que  32,6 millones de colombianos pertenecen a la clase media. Según esta misma fuente el 44 por ciento de la clase media está consolidada como tal, pero el resto corre el riesgo de recaer en la pobreza. La clase media colombiana es frágil porque su ingreso es volátil y no resistiría cambios bruscos en las variables macroeconómicas.

Por eso la política estatal debería enfocarse en corregir ciertos factores que tienden a impedir la consolidación de la clase media. Por ejemplo la tasa de informalidad en la clase media consolidada es de 43 por ciento, mientras que en la no consolidada es de 73 por ciento. Además, entre el 25 por ciento con menos ingresos de la clase media no consolidada,  nueve de cada diez personas están en la informalidad y tres de cada diez jóvenes ni estudia ni trabaja. La clase no consolidada solo puede consolidarse si se desestimulan los emprendimientos personales y se fortalece su paso a trabajos asalariados de alta calidad y con protección social.

Es importante, además, actuar sobre la deserción escolar:  

· El 4,9 por ciento de los niños entre 6 y 16 años de la clase media no consolidada no asiste a instituciones de educación básica o media, y

· El 56,1 por ciento entre 17 y 21 años no asiste a instituciones de educación superior.

En comparación con los países desarrollados, el ingreso de la clase media colombiana aún permanece en niveles muy bajos. En 2012 el ingreso promedio de la clase media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 26 mil dólares anuales por persona, mientras que el de Colombia fue 5,5 veces inferior (4.720 dólares).

Ingreso anual per capita

Fuente: OCDE y cálculos del autor.

Sigue la desigualdad

El índice de Palma es un complemento del coeficiente de Gini como medida de la desigualdad. El Gini es muy sensible a los valores medios pero no refleja los extremos. Por el contrario, el Palma muestra el número de veces que el ingreso del 10 por ciento más rico de la población supera al del 40 por ciento más pobre. Entre 2010 y 2015 el Gini en Colombia se redujo en 6,8 por ciento, pero el índice de Palma permaneció igual.

La riqueza de los más ricos crece más rápido que la de la clase media y que la de los pobres. Durante los últimos cinco años el ingreso del 10 por ciento más rico de la población creció veinte veces más que el de la clase media y 198 veces más que el del 10 por ciento más pobre.

La clase media colombiana es frágil porque su ingreso es volátil.

Este proceso ha profundizado la desigualdad y hoy:  

  • El ingreso del 1 por ciento más rico es 11 veces mayor que el de la clase media,
  • El ingreso del 0,1 por ciento más rico es 52 veces mayor que el de la clase media, y
  • El ingreso del 0,01 por ciento más rico (4.700 personas) es 149 veces mayor que el de la clase media.

(Según la Encuesta de Calidad de Vida, estas tres brechas empeoraron entre 2010 y 2015).

Bajo las circunstancias mencionadas, resulta claro que los esfuerzos tributarios han estado orientados a redistribuir el ingreso pero no han tocado a la población verdaderamente rica.

Fuente: Encuesta Calidad de Vida - ECV. Cálculos Autor

¿Qué se puede hacer?

Algunas recomendaciones deberían tenerse en cuenta para mejorar esta situación:

  • Eliminar las exenciones y descuentos que permite el actual Estatuto Tributario. Esta medida facilitará la consolidación de la clase media al ofrecer un mayor ingreso disponible, pues el recaudo no recaerá sobre ellos sino sobre los ingresos verdaderamente altos. El Ministerio de Hacienda estimó que los beneficios tributarios otorgados en 2015 ascendieron a 6,7 billones de pesos.
    • Hacer que la tarifa de los impuestos directos sea mayor a medida que crece la base gravable. De otra manera la reducción de la pobreza se hace más difícil porque una persona pobre que se beneficia de subsidios estatales los pierde con el pago de impuestos indirectos como el IVA.
    • No permitirles a las empresas mineras deducir las regalías del pago de impuesto de renta. El pago de regalías sirve de compensación por el uso de los recursos naturales no renovables y su naturaleza es distinta de la de un impuesto.
    • Crear el impuesto a los dividendos para personas naturales, pues la concentración accionaria es muy alta (Gini de 0,87).

Hay que recordar que Colombia entró en una fase de desaceleración que amenaza la consolidación de la nueva clase media:  

Una reforma tributaria progresiva podría ayudar a luchar contra la pobreza y a fortalecer de veras  a la clase media.

 

Economista y magister en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Fundación de Investigaciones y Estudios en Economía, Cultura, Ecología y Ambiente.

 

El caso de El Heraldo: poder judicial contra el periodismo

Omar RincónLa justicia en Colombia parece haberse convertido en un instrumento de censura para defenderse a sí misma y a los poderosos, en este caso a costa de los derechos a la información y a la libre expresión.

Omar Rincón*

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El caso

La historia dice así: al director del diario El Heraldo, Marco Schwartz, le notificaron una sanción que incluía un arresto de tres días y una multa de tres salarios mínimos, por haber desacatado parcialmente una decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla con respecto a la rectificación de una información.

Todo comenzó en junio de 2015, cuando El Heraldo publicó una nota sobre una investigación de la Fiscalía relacionada con las supuestas acciones irregulares de varios funcionarios judiciales en un proceso entre el Distrito de Barranquilla y un grupo de pensionados.

Para curarse en salud y aunque no había lugar a una rectificación, El Heraldo publicó una nota con algunas observaciones sobre el tema. Sin embargo, los magistrados Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez del Tribunal de Barranquilla consideraron insuficiente la aclaración e interpusieron una tutela, que les fue concedida.

El periódico publicó entonces una nueva nota aclaratoria donde daba espacio a los magistrados para explicar su participación y expresaba su opinión sobre el proceso. Esta no le gustó a Ojito y compañía y por eso interpusieron otra acción, ahora por desacato, que tiene a Schwartz a punto de ir a la cárcel por tres días.

Andiarios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y editoriales de El Tiempo y El Espectador han pedido al Tribunal que falle a favor del director del diario por considerar que las rectificaciones ya constan en las tres notas que han salido en las páginas del periódico.

Censura, censura, censura

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

El caso es bastante extraño. Nunca se puso en duda la veracidad de la información publicada por El Heraldo, y esta no puede hacerse porque viene de la misma Fiscalía, que es una fuente oficial. Pero pese que la información proviene del mismo Estado, los magistrados alegan que se trata de un error del periodista y del medio.

El asunto es otro: la tutela del caso fue presentada por Ojito y Cabrera porque consideraron que se les habían vulnerado sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Entonces uno diría que Ojito y Cabrera deberían proceder contra la Fiscalía que es la fuente. ¿O no?

En este contexto, el tuit de El Heraldo es lógico: “No nos resignamos a que una noticia fidedigna, que se limita a recoger un comunicado de una institución del Estado, acabe en una orden de arresto”. Parece que la justicia prefiere errar y condenar a inocentes que asumir que se pudo equivocar o sobrepasar en sus fallos.

Nunca se puso en duda la veracidad de la información publicada por El Heraldo.

El editorial de El Espectador lo explica muy bien: “¿En qué ha fallado el periódico con su responsabilidad social? ¿Cuál es, en últimas, la motivación de una decisión que coarta la libre difusión de información cierta?”. La verdad es que hay censura por vía judicial en Colombia.

El abogado Guillermo Puyana, quien está acompañando al director de El Heraldo en el proceso, indica que es “un exceso” haber tenido que hacer tres aclaraciones sobre una nota “neutra” y cuyo contenido “no se ha puesto en tela de juicio”. Hay un exceso de la justicia y de sus justicieros, y ¡huele a censura!

Hay censura porque el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y nuestra Constitución lo respalda en su Artículo 20, donde dice que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 

¿Y los que encarnan la justicia no sabían esto? Pero usan su poder para decidir qué es rectificar y cómo se rectifica. Además se aprovechan de la acción de tutela, que se creó para proteger derechos fundamentales, para rectificar información verdadera.

El abuso está en que además de la acción de tutela se aplique el recurso de desacato. Esto, según la FLIP y todos los organismos de libertad de expresión, es censura indirecta. Y la constitución dice: “No habrá censura”.

Democracia y periodismo

Las implicaciones del caso son grandes para la democracia. La justicia hace rato está juzgando al periodismo basada en sus opiniones y no en el derecho. Y este caso lo comprueba. La justicia se hizo para defender derechos y libertades, pero los jueces en Colombia la usan para defenderse a sí mismos.

A la justicia hay que recordarle que el periodismo tiene como misión fiscalizar al poder; que el buen periodismo es el que molesta al poder, el que no quiere ser amigo del poder, el que se hace respetar del poder. La libertad de expresión es garante de la democracia porque defiende a quien controla los excesos, corrupciones y arrogancias del poder.

Y los poderes que deben ser más vigilados por la prensa y la ciudadanía son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial porque son poderes públicos que se deben a los ciudadanos. Por eso parte fundamental de la democracia es defender y proteger la libertad de expresión… incluso a pesar del mal periodismo.

En el caso de El Heraldo no se hizo mal periodismo. Se citó la fuente y la fuente fue oficial. No hay falsedad ni se atenta contra derechos fundamentales. Se aclaró, y eso es ya una victoria para la justicia censora. Se les dio voz para que dijeran lo que querían los reyezuelos, y eso ya fue goleada de la justicia censora. Y ahora quieren cárcel: su dignidad sucia quiere lavarse en cuerpo ajeno.

Pero el periodismo seguirá intentando hacerlo bien; seguirá molestando al poder y seguirá exigiendo justicia, así a Ojito y a Cabrera no les guste. Quien tanto se defiende, mucho debe de tener que temer.

¿Y la justicia?

Sede del periódico El Heraldo en Barranquilla.
Sede del periódico El Heraldo en Barranquilla.
Foto: audio-collage

Lo extraordinario es que la justicia puede hacer lo que se le dé la gana porque la democracia (el gobierno del pueblo) le da el papel del dios de las teocracias y de los reyes de la monarquía. La justicia es dios, rey y pueblo. Lo triste es que a los jueces les gusta ser dioses (como al procurador, al fiscal y a los magistrados de las Cortes) y ser reyecitos que viven y comen del pueblo.

Y cuando todo lo hacen mal hay un culpable: el periodismo. Es decir, la culpa es del mensajero. La mentira reina porque viene con intimidación judicial de demanda y cárcel. A la justicia colombiana le encanta un periodismo mascota, ese que le lame, le es útil y celebra a los reyecitos y diositos judiciales.

La justicia lucha contra el periodismo y lleva a que los medios no informen sus mentiras y marrullas a través de la judicialización del oficio y con la creencia de que, si no se informa, el delito no existe.

Los narcos, paras y guerrilleros amedrentan, intimidan, secuestran y matan. Los corruptos persiguen judicialmente y amenazan haciéndose pasar por narcos, paras y guerrilleros. Los políticos mienten, agreden y no responden lo que se les indaga, y ante cualquier acusación afirman que es “persecución política”. Los jueces meten a la cárcel por informar la verdad.

Hay censura por vía judicial en Colombia.

A estas alturas la justicia se ha convertido en el enemigo de la sociedad. Y tal vez más peligroso que la guerrilla y demás bárbaros porque no se quiere reformar. Todo es un despelote y nombrar fiscal o procurador o magistrado es un escándalo.

La corrupción de la justicia se informa en los medios y no pasa nada. Son inmunes e impermeables a la opinión ciudadana y mediática. Solo saben defenderse y cínicamente usar su poder contra quien se les oponga, sobre todo contra el periodismo y contra los pobres.

En este contexto, hacer periodismo de calidad es misión imposible. Por eso Caracol y RCN huyen con el muertico pobre y de calle que da rating y es buen negocio. Ese periodismo vampiro que goza con la sangre de los pobres “en directo”, “en desarrollo” y de “último minuto” no incomoda a dioses y reyes de la justicia y la política. Solo sirve para envenenar pueblo, da rating y no crea problemas. También, para evitar líos con el dios y rey justicia, solo se habla de fútbol y farándula.

El peor enemigo de los periodistas hoy es la justicia. Y por ahora en Colombia, la justicia existe para defender, vigilar y castigar al periodismo. El periodismo de calidad es un pecador y blasfemo contra los diosecitos y reyes judiciales y políticos. Por eso habrá periodismo por siempre. Amén.

 

* Director de la Maestría en Periodismo, Universidad de los Andes, Colombia. orincon61@hotmail.com
@OmarRinconTV

La masacre de Orlando: ¿el Estado Islámico llegó a Estados Unidos?

Jorge MantillaEsta masacre no se debió sólo al odio contra la comunidad LGBTI o a la falta de control en la venta de armas. Fue más bien otro episodio de la “guerra de cuarta generación” o donde el próximo ataque puede provenir de donde menos se espera. 

Jorge Mantilla*

Bombardeo durante la Maratón de Boston en el año 2013.

Dos interpretaciones

El reciente ataque al club Pulse en Orlando, donde murieron 49 personas, fue el más letal que haya sido perpetrado en suelo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra la Torres Gemelas.

También fue uno de los más polémicos que se han dado en ese país porque combinó problemas como la violencia contra la comunidad LGBTI, el control de armas y la reiterada incapacidad de los organismos de seguridad para detectar y neutralizar amenazas terroristas.

Entre las múltiples interpretaciones de este episodio, hay dos en particular que oscurecen el debate sobre el nivel de amenaza que representa la posibilidad de ataques similares al de Pulse, teniendo en cuenta que el Estado Islámico ha reivindicado la masacre.

  1. La primera de ellas es la pregunta sobre la orientación sexual de Omar Mateen, el asesino. Se ha conjeturado que este estaba registrado en varias aplicaciones de encuentros gais, que era cliente del establecimiento desde hacía varios años y que llevaba una doble vida que, por su fe islámica, lo ponía en una encrucijada. Pero quizás la única implicación de la respuesta a esta pregunta sea el lugar que escogió para perpetrar su atentado.
  2. La segunda interpretación- y la que ha tenido más claro efecto sobre el proceso electoral en Estados Unidos- tiene que ver con el control a la venta de armas. ¿Mateen hubiera tenido acceso a un fusil de asalto R-15 y a miles de cartuchos si las restricciones a la venta y uso de armas de fuego fueran más severas? En este caso la respuesta es afirmativa.  

Omar Mateen trabajaba desde hacía casi diez años como contratista de G4S, una de las empresas más grandes de seguridad privada en el mundo. Esto, además de haberlo capacitado para el uso de armas, lo hacía acreedor de los permisos de seguridad necesarios para comprar un fusil de asalto.

Pero ninguna de estas dos discusiones explica por qué Omar Mateen se tomó más de tres horas para  matar a sangre fría a 49 personas indefensas y para herir a más de 50.

¿El EI en Estados Unidos?

El perpetrador de la Masacre de Orlando Omar Mateen.
El perpetrador de la Masacre de Orlando Omar Mateen.
Foto: Wikimedia Commons

¿Cuáles son entonces los factores decisivos para un atentado como este? ¿Qué tipo de amenaza representan individuos como Omar Mateen para Estados Unidos en un contexto de guerra contra el Estado Islámico? ¿Puede considerarse este ataque la señal de la llegada del Estado Islámico a territorio norteamericano?

Porque según el Terrorism Research and Analysis Consurtium, el yihadismo o movimiento yihadista global puede definirse como la suma de la campaña promovida por Al Qaeda, los grupos e individuos que se asociaron o fueron inspirados por este grupo y el Estado Islámico. 

Este fenómeno es distinto de otros tipos de violencia política porque es inherentemente religioso y no está relacionado con agendas étnico-nacionalistas, ni está delimitado geográficamente. La ausencia de delimitación geográfica confirma que se trata de un fenómeno de radicalización religiosa que procede a través de las redes transnacionales.

Es importante distinguir la violencia perpetrada por células del Estado Islámico de aquella inspirada por él.

Teniendo en cuenta que en todo el mundo se han dado ataques después de amenazas reiteradas del Estado Islámico a los países que hacen parte de la coalición que lo combate en Siria y en Irak, es importante distinguir la violencia perpetrada por células del Estado Islámico de aquella inspirada por él.

Como ya había dicho en Razón Pública tras los ataques simultáneos del año pasado en París, una yihad sin liderazgo surgió en espacios urbanos occidentales como producto de los desaciertos políticos y militares de Estados Unidos en la “guerra contra el terror”. Este proceso de expansión del yihadismo fue impulsado por una nueva generación de militantes con un perfil sociológico particular, así como por la reunión de grupos inconexos alrededor de consignas que les permitieron idear una forma distinta de operar a partir de flujos globales de información, de personas y de capital.

Perfiles como el de Omar Mateen son un desafío enorme para los organismos de inteligencia de Estados Unidos, los cuales tienen que enfrentar un nuevo tipo de guerra que T.X Hammes –uno de los padres de la contrainsurgencia– ha llamado “guerra de cuarta generación”. Esta es una guerra donde los actores utilizan todas las redes disponibles (económicas, tecnológicas, políticas, sociales y militares) para convencer al enemigo de que sus objetivos estratégicos son inalcanzables o demasiado costosos. Es una forma avanzada de insurgencia.

Los “lobos solitarios”

El pasado marzo la revista Foreign Policy publicó un artículo de Mathiew Levitt titulado “The Islamic State’s Lone-Wolf Era Is Over”. Este artículo afirmaba, en términos generales, que la era de los ataques radicales nacionales y solitarios había llegado a su fin para dar paso a células especializadas con planes bien pensados para aumentar la capacidad del yihadismo internacional. Se equivocó.

Los “lobos solitarios” a los que se refiere el artículo son aquellos individuos que realizan ataques terroristas por sus propios medios sin la orden de un tercero o de una organización particular. En Estados Unidos esta modalidad de violencia es una vieja conocida.

En su historia están consignados los nombres de personajes tristemente célebres como Theodore John Kaczynski, más conocido como el “Unabomber”, quien provocó una crisis de seguridad en la década de 1970, o el derechista Timothy McVeigh, responsable de detonar una bomba en un edificio federal que acabó con la vida de 168 personas y dejó heridas a más de 600 en Oklahoma en 1995.

Desde 2001 se han registrado más de cincuenta ataques perpetrados por ciudadanos estadounidenses que actúan como  “lobos solitarios”, con motivaciones que incluyen la defensa del medio ambiente, la supremacía blanca, la lucha contra el aborto y, por supuesto, el yihadismo.

El verdadero debate

Vigilia en Minnesota en honor a las víctimas de la Masacre de Orlando.
Vigilia en Minnesota en honor a las víctimas de la Masacre de Orlando.
Foto: Fibonacci Blue

El ataque de Omar Mateen en el club Pulse de Orlando pone en evidencia una tendencia creciente de ataques inspirados, más no perpetrados directamente, por el Estado Islámico o por otras organizaciones con bases yihadistas y con probada capacidad de uso de la fuerza a escala internacional.

El más desconcertante de estos ataques, por lo aparentemente absurdo que fue, ocurrió hace apenas siete meses en San Bernardino, California. Allí, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, una pareja de 27 años nacida en Chicago y de ascendencia paquistaní, entró a una fiesta de navidad de una organización comunitaria dedicada a trabajar con personas en condición de discapacidad, abriéndose paso entre ráfagas de fusil y con artefactos explosivos pegados al cuerpo.

Mataron a catorce personas e hirieron a más de veinte. Todo esto minutos después de dejar a su hija de seis meses en casa de la abuela. Farook trabajaba desde hacía varios años en el centro comunitario donde asesinó a sus colegas. La pareja se había radicalizado sin que las autoridades se percataran.

Lo mismo ocurrió con los hermanos Tsarnaev, responsables del atentado contra la maratón de Boston el 15 de abril de 2013.

Desde 2001 se han registrado más de cincuenta ataques perpetrados por “lobos solitarios”.

¿Cómo impedir que un contratista de seguridad privada, una pareja de esposos vinculados a actividades comunitarias o dos jóvenes boxeadores acaben perpetrando ataques mortíferos en suelo estadounidense en nombre de organizaciones criminales como el Estado Islámico?

¿Por qué nadie ha preguntado por la relación entre al ataque al club de Orlando y el llevado a cabo solo un día después por otro “lobo solitario” en París y que dejó dos personas muertas, entre ellas un policía? Son justamente esos los espacios donde se disputa la guerra de cuarta generación.

La paradoja de la hegemonía estadounidense es que, a pesar de seguir siendo la mayor potencia del siglo XXI y de haber construido un entorno pacífico en su territorio, Estados Unidos vive bajo una permanente sensación de inseguridad. Según Tom Engelhardt la guerra se ha convertido en la religión nacional de Estados Unidos y en su forma de vida (“america’s way of war is america’s way of life”), y desde 1945 no ha habido una generación de estadounidenses que no haya participado en algún conflicto armado internacional.

Quizás en esto radique la verdadera importancia de la madrugada sangrienta del Pulse Club en el debate electoral de Estados Unidos.

 

* Experto en Seguridad y profesor Universidad del Rosario.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

jorge ivan cuervoNo es verdad que los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la información contenida en el computador de alias “Reyes” y del Consejo de Estado sobre Las Delicias dificulten la lucha contra la insurgencia. El recuento objetivo de los hechos y el repaso de los textos demuestran que ambos fallos acertaron y que ceñirse a la ley e incrementar la legitimidad de las instituciones es la única manera de ganar una guerra irregular.

Jorge Iván Cuervo R.

Opinión equivocada

Con ocasión de algunos recientes fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia sobre operaciones militares de la Fuerza Pública, ha empezado a surgir una opinión que denuncia la indebida intervención del poder judicial en las decisiones de conducción de la guerra, que son de exclusivo resorte del gobierno.

En la pasada edición de Razón Pública, el analista Román Ortiz señaló “que la Justicia colombiana ha emitido dos sentencias cuyo efecto legal y estratégico es el mismo: limitar la capacidad del Estado para hacer frente de manera efectiva a las organizaciones terroristas”.

Las consecuencias que el analista atribuye a estos dos fallos no son ciertas, y las premisas sobre las cuales basa el análisis no son sustentables. Veamos.

Dos fallos bajo la lupa

El primer fallo fue emitido por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia en el contexto de un proceso sobre los posibles vínculos del ex congresista Wilson Borja con las FARC. En ese contexto particular, la Corte consideró que el material incautado en la operación militar ocurrida en territorio ecuatoriano donde murió alias “Raúl Reyes”, especialmente la información contenida en unos computadores, no podía usarse como prueba en un proceso judicial, habida cuenta de la ilegalidad de su recaudo.

El segundo fallo es una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de mayo pasado, donde se establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional y se le condena a pagar unos perjuicios a la familia de un soldado regular, como consecuencia del incumplimiento del deber de protección de los derechos de ese soldado y otros más, con ocasión de la toma de la base Las Delicias por parte de las FARC, ocurrida en 1996 en el departamento del Putumayo.

Pruebas ilegítimas, acción ilegítima

En relación con el fallo de la Corte, Ortiz señala que se pasó por alto el hecho de que las pruebas fueron recaudadas en un país distinto de Colombia, y que la legislación aplicable debía ser otra, desconociendo el hecho de que el recaudo legal de la prueba es un principio general del derecho que se aplica tanto en el derecho interno de los países como en el derecho internacional.

Si se hubiera aplicado el régimen jurídico del Ecuador, el resultado hubiera sido el mismo, porque el numeral 14 del artículo 24 de la Constitución de ese país señala que “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna (énfasis añadido)”. No sobra aclarar que en el derecho internacional, el estándar es aún más exigente.

El objetivo de la operación militar en Ecuador no era recaudar pruebas judiciales, sino atacar a un enemigo del Estado colombiano, operación que terminó en la muerte del jefe guerrillero, una acción sobre cuya legitimidad o ilegitimidad no ha habido un pronunciamiento de tribunal alguno.

Algunos han señalado que la operación de Colombia fue válida al tenor de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, como una acción de legítima defensa, ante el hecho de presumir razonablemente que el gobierno del Ecuador no colaboraría en la neutralización de ese campamento de las FARC. Pero la figura de la defensa legítima preventiva no tiene recibo en el derecho internacional, y la resolución aludida no autoriza a los Estados para desarrollar una operación militar en otro Estado de manera preventiva.

Es decir, también a la luz del derecho internacional, la operación puede ser considerada ilegítima y las pruebas recaudadas en desarrollo de la misma no tienen ninguna validez judicial.

Ningún juez federal en Estados Unidos avalaría la información contenida en los computadores incautados en la operación donde murió Osama Bin Laden, y a nadie se le ocurriría sostener que los jueces en Estados Unidos están limitando indebidamente la capacidad del Estado para hacer la guerra, o que se trataría de “una expresión inaceptable del cogobierno de los jueces”, pero ello no obsta para que las agencias de inteligencia de ese país usen esa información para fines de defensa estratégica.

Pruebas insuficientes

La información hallada en el computador de alias “Raúl Reyes” debió servir de fuente de inteligencia para ser corroborada por otros medios legítimos, y por esa vía poder ser aportada a los procesos judiciales. El fallo de la Corte ha dejado en evidencia la pobreza de la actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, pues buena parte de los cargos que imputarían a políticos por sus presuntos vínculos con las FARC dependían de un contenido probatorio escaso y endeble.

Ningún proceso de la parapolítica se ha sustentado únicamente en la información contenida en los computadores incautados a jefes paramilitares, como en el caso de alias “Jorge 40”. La Fiscalía y la Corte han tenido el cuidado de corroborar la información allí existente con otros medios probatorios, tal y como lo exige la ley procesal penal. En este caso debió procederse de la misma manera.

Obligaciones incumplidas del Estado

En relación con el fallo del Consejo de Estado, el profesor Ortiz sostiene que debió aplicarse la tesis de la fuerza mayor para explicar o justificar la debilidad de la base militar de Las Delicias y el retardo en la respuesta por parte de la Fuerza Pública: tesis exótica que implica que, en ciertas circunstancias, el Estado tiene que limitar su función de garante si no cuenta con los recursos necesarios y oportunos para cumplir sus funciones.

En este caso es preciso recordar que el reproche al Estado es por la indefensión en la que se encontraban los soldados que, al no ser profesionales, no contaban con la preparación suficiente ni el armamento adecuado para repeler un ataque guerrillero de grandes proporciones, como el que inteligencia militar presumía iba a tener lugar en la zona. Es decir que, al revés de lo que afirma Ortiz, el Consejo de Estado está diciendo que para hacer la guerra el Estado tiene que armar mejor a sus soldados, capacitarlos mejor, y reaccionar de manera oportuna a los informes de su propia inteligencia.

El Consejo recuerda que los soldados son ciudadanos que tienen derechos, y que el Estado debe brindarles las garantías necesarias para cumplir sus funciones, máxime si se trata de soldados regulares que no optaron de manera voluntaria por pertenecer a la Fuerza Pública.

Pero aún en el caso de soldados profesionales, la preparación de los operativos no sólo debe ser idónea para lograr la victoria militar, sino para la defensa de quienes empuñan las armas en nombre de la Constitución y la ley. El Estado, léase Ministerio de Defensa, conocía de la existencia de un riesgo real de un ataque de grandes proporciones, y aun así no tomó las medidas necesarias para evitar el resultado conocido.

Errores del Estado en Las Delicias

Por supuesto que la responsabilidad por los homicidios de los soldados es exclusiva de los integrantes de las FARC que atacaron la base de Las Delicias, pero éste no es el tema en discusión ante los tribunales contencioso-administrativos. Acá se trata de establecer si el Estado pudo evitar un daño que los soldados no tenían el deber jurídico de soportar.

Es lo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha llamado “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad personal”. En este caso no sólo se estableció la exposición, injustificada, al riesgo, sino errores de inteligencia y tácticos del Ejército que facilitaron el ataque por parte de las FARC, según consta en documentos internos de la Fuerza Pública que fueron adjuntados como pruebas.

Entre tales errores figuraron, no haber realizado labores de inteligencia en los días previos, en ninguno de los niveles del mando comprometidos en el hecho, no haber acatado la recomendación de no tener una base permanente en ese sitio de tan difícil defensa y de tan poca utilidad operativa, no tener allí soldados aptos para resistir ataques constantes de la guerrilla, trincheras que no cumplían con las especificaciones técnicas y tácticas requeridas, y armamento insuficiente e inapropiado para el tipo de función que ejercía esa unidad militar, el cual mostraba un alto grado de deterioro habida cuenta de las condiciones climáticas de la zona.

No desmotiva: motiva

Es decir, los soldados en la base de Las Delicias se encontraban en un estado de indefensión conocido por el Estado que pudo haber sido corregido, y ese es el reproche que se le hace al Ministerio de Defensa en la sentencia, lo cual lejos de ser un fallo que ata a la Fuerza Pública para combatir a sus enemigos, es una invitación a hacer la guerra en mejores condiciones logísticas, operacionales, tácticas y de inteligencia.

Es infundada la preocupación de Ortiz sobre que fallos como el de Las Delicias puede cambiar el comportamiento de la Fuerza Pública en desmedro de sus competencias constitucionales, en el sentido de que, “es posible que los mandos militares opten por tomar menos riesgos para no incurrir en la supuesta falta castigada por el alto organismo judicial; pero solo se hará a costa de ser menos eficaces en el combate contra los grupos armados ilegales y menos efectivos en la protección de los derechos ciudadanos”. 

La realidad indicó todo lo contrario, incluso antes del fallo: los sucesivos gobiernos y los mandos militares no volvieron a cometer errores como el de Las Delicias o Patascoy. Se profesionalizó el recurso humano y se reforzaron las unidades militares, y el Ejército no volvió a sufrir un ataque de estas magnitudes, pues se hicieron los correctivos necesarios, y esto significó un cambio cualitativo en la lucha contra la subversión en el plano militar. Así que lejos de minar la capacidad de respuesta del Ejército para combatir al terrorismo, este tipo de fallos lo que hacen es potenciarla y mejorarla.

La gramática del poder

Según la premisa central del análisis del profesor Ortiz, hay en Colombia una larga tradición de desconfianza en los poderes del Ejecutivo por parte de los jueces, lo cual desconoce la esencia de los Estados constitucionales contemporáneos, donde el sistema de frenos y contrapesos es el núcleo central del sistema político, que debe ajustarse a un orden jurídico como manifestación de la soberanía.

La atribución de sesgo ideológico en estos fallos es una acusación infundada e injusta, que no se basa en el examen de los textos sino en la interpretación de alguien que, como analista, no oculta su propio sesgo ideológico, lo cual es perfectamente legítimo en el debate académico.

El Consejo de Estado y la Corte Suprema nos recordaron que el derecho es la gramática del poder, y que sus expresiones, aun en medio de la guerra, deben ajustarse a las normas: lejos de restarle legitimidad a las instituciones, incluida la Fuerza Pública, este respeto al derecho es un activo invaluable sin el cual los conflictos irregulares no pueden ser ganados en el contexto de una democracia.

Los analistas de seguridad saben que el centro de gravedad de un conflicto irregular es la legitimidad, y estos fallos reafirman ese principio.

* Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.  

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Comentarios  

Felipe
0 # Felipe 09-07-2011 23:43
Exelente. Parece ser que al profesor Ortiz se le olvido leer las sentencias.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
daniel gonzalez
0 # daniel gonzalez 16-09-2011 19:04
si tienes los dos fallos en medio magnètico remitirlos por favor pra poder opinar

att.

daniel gonzalez
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