Después de una serie larga de favorecimientos indebidos a grandes inversionistas nacionales y extranjeros, ahora resulta que la Nación debe apechar con la deuda gigantesca que la española Telefónica tiene contraída con los pensionados de la antigua TELECOM. Y es un alto funcionario del gobierno quien promueve este negocio.   

El Ministerio de Hacienda ha radicado el proyecto de ley que busca capitalizar a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (COLTEL), empresa que reemplazó a Telecom-Empresa Nacional de Telecomunicaciones, liquidada en el 2003.

Conviene recordar que COLTEL fue capitalizada por la multinacional Telefónica Móviles de España, que adquirió el 52 por ciento de participación accionaria, por un monto de 853,577 millones de dólares el 7 de abril de 2006, con la expresa obligación de cubrir el pasivo pensional a 17 años, estimado en 7 billones de pesos.

Recordemos además, que el proceso estuvo precedido de un “memorando de entendimiento” dado a conocer en agosto de 2005 entre la empresa estatal y Teléfonos de México (TELMEX) de Carlos Slim, dueña de COMCEL S.A en Colombia, el cual contenía un claro favorecimiento para la sociedad mexicana.

La oportuna intervención de la Contraloría General evitó que el “memorando de entendimiento” se tradujera en la adquisición de la empresa por parte de TELMEX, sin pasar por un proceso que respetara los principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y publicidad.

Posteriormente y mediante subasta pública ganaron estos principios y por ende la Nación: Telefónica superó con creces, exactamente en 542 millones de dólares, la suma ofrecida por TELMEX.

Transcurridos ya más de cinco años de haberse escogido a Telefónica como socio estratégico y de haber asumido ésta el control ejecutivo de COLTEL - debiendo pagar el pasivo pensional de la antigua TELECOM- el Gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda presentó el insólito proyecto de ley para que la Nación capitalice a COLTEL, ya que a partir del último bimestre del año pasado Telefónica dejó de cumplir su compromiso, asumido desde el 7 de abril de 2006.

Según el hoy Presidente de Telefónica Colombia y ex Secretario General de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) Alfonso Gómez Palacio, existe un desfase entre los ingresos percibidos por COLTEL y el valor de la deuda contraída para pagar el pasivo pensional de la antigua TELECOM. Esta posición ha sido compartida por el Ministerio de Hacienda y específicamente por el entonces Viceministro Bruce McMaster – hoy flamante Director del nuevo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – quien ha gestado y defendido el proyecto de ley en el Congreso y ante la opinión pública. No sobra señalar, por lo que sigue a continuación, que el señor McMaster es socio fundador de la banca de inversión Inverlink.

El proyecto de ley ha recibido toda la atención del ministro y del viceministro de Hacienda, pero no ha sido ajeno al interés del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MiINTIC), Diego Molano Vega, quien venía de ejercer el cargo de Subdirector General de Relaciones Corporativas de Telefónica y quien aparentemente ha venido guardando silencio en un tema tan crucial para el sector.

Por disposición de la ley 1341 de 2009 el MINTIC es la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector; ejerce las funciones de vigilancia y control con el fin de promover y garantizar la libre y leal competencia evitando el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia.

Por lo tanto, las autorizaciones del proyecto de ley son competencia directa del MINTIC, y el ministro debería objetar la operación, no solo porque favorecería a Telefónica sino porque consolidar un monopolio en detrimento de las empresas públicas riñe con el principio de competencia que establecen la Constitución y la ley 1341 (ley que además señala que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones es un servicio público bajo la titularidad del Estado).

Cifras dudosas, manejos oscuros

Antes de la famosa operación -y como muestra el cuadro adjunto- COLTEL había tenido ingresos cuantiosos y utilidades netas muy superiores a las obtenidas por Telefónica para las vigencias 2005 y 2006. Pero una vez unidas las operaciones de ambas compañías, las utilidades bajan bruscamente a partir de 2008, como si las sinergias fueran negativas.

Fuente: Indicadores de desempeño de la empresa, tomados de las ediciones sucesivas de Las 100 empresas de Revista Semana.

* Telefónica Colombia incorporó la operación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y Telefónica Móviles Colombia.

Este hecho despierta serias dudas, toda vez que la empresa ha venido expandiendo su portafolio de servicios de banda ancha y empaquetados en todo el país, al igual que internet bajo modem móvil. Así mismo, según reporte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Telefónica (Movistar) ya ha superado los 10 millones de abonados celulares en la vigencia 2010.

La multinacional recibió un espaldarazo del gobierno a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT, hoy CRC): a partir de 2006, el costo de las llamadas de teléfonos fijos a celulares fue siendo reducido gradualmente, de 907 pesos (más IVA) el minuto a 464 pesos, a 392 pesos y a partir de septiembre de 2009 a 198 pesos. Esta medida beneficia sin duda a las empresas de telefonía fija, entre ellas COLTEL.

El señor McMaster –hoy integrante de la Junta Directiva de Colombia Telecomunicaciones y reconocido filántropo– sabe muy bien que, a comienzos del 2010, la banca de inversión Corficolombiana fue contratada a través del Fondo Nacional para Proyectos de Desarrollo (FONADE) para efectuar los estudios de consultoría que servirían al Gobierno para decidir acerca de la participación accionaria que la Nación mantiene en COLTEL.

También sabe este señor que esta banca de inversión pertenece al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien fuera uno de los beneficiados con el negocio de compra del paquete accionario de ORBITEL, adquirido por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en junio de 2006, valoración que fuera realizada precisamente por Inverlink, del señor McMaster.

Siempre contra la Nación

No obstante la experiencia de Inverlink en procesos de valoración de activos públicos, la Contraloría General cuestionó en su momento los procesos de Carbocol, las valoraciones de Termocartagena y Termotasajero, la venta de ISAGEN y de las Electrificadoras de la Costa.

Respecto de las valoraciones de las térmicas de Cartagena y Tasajero, en 1997 se estableció que el valor de Termocartagena era de 117 millones de dólares, pero fue vendida en 15,5 millones de dólares; Termotasajero fue valorada en 130 millones de dólares, pero se vendió en 30 millones de dólares.

Con respecto a la privatización de las Electrificadora de la Costa, en junio de 2002 la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República, publicó el artículo “La privatización de las electrificadoras de la Costa” donde ponía en tela de juicio el proceso de intervención y liquidación adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la gestión de la banca de inversión Inverlink, encargada de efectuar la respectiva valoración.

Más recientemente, en mayo de 2006, la misma Inverlink, sobre la base de un plan de negocios irrealizable, valoró en un monto exorbitante el 50 por ciento de las acciones de EPM en manos de agentes privados (donde el grupo Sarmiento Angulo tenía el 25 por ciento): 88 millones de dólares, que fueron aceptados por la Junta Directiva de EPM.

El Grupo de Apoyo Técnico de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones de la Contraloría General de la República encontró graves falencias en la valoración efectuada por la banca de inversión y concluyó en marzo de 2008 que el valor máximo del paquete accionario no debió superar los 66 millones de dólares.

La Contraloría General de Medellín, en uso de sus competencias, evaluó el cumplimiento del Plan de Negocios de las EPM-UNE Telecomunicaciones, e indicó que a diciembre de 2010 solamente se tenían 25.099 enlaces wimax cuando en el Plan Original se tenían presupuestados 415.268, mientras que en el Plan de Inverlink se tenían 350.905 enlaces.

No hay derecho

Por lo tanto, la férrea defensa del proyecto de ley de autoría del Ministerio de Hacienda por el cual se pretende capitalizar a COLTEL y así beneficiar a la multinacional Telefónica, da a entender que el señor McMaster como Viceministro y ahora alto funcionario del sector social, aún no ha logrado desprenderse de su favorecimiento sistemático de los intereses particulares en detrimento de los intereses generales de los colombianos, lo que podría denominarse como un daño colateral de la puerta giratoria.

Parece muy diciente que los activos se sobrevaloren si se trata de asesorar a una empresa pública para su compra, y que en cambio se subvaloren cuando se trata de una venta o de una fusión con un ente privado.

En la subasta realizada en 2006 primaron los principios de transparencia e igualdad de oportunidades, los cuales evitan privilegios indebidos al garantizar la moralidad, la imparcialidad, la publicidad y el buen uso de los recursos públicos: por eso se logró que Telefónica asumiera el pasivo pensional de la empresa que estaba adquiriendo. Pero que ahora la Nación tenga que salir a responder por la gestión aparentemente deficiente de la empresa española, es del todo inaceptable.

Cabe señalar además que, gracias a COLTEL, Telefónica obtuvo el control sobre la red de telefonía fija más grande del país, así como la de mayor cobertura y presencia en todo el territorio nacional.

Por ello es más que justo mantener el valor presente de la obligación a cargo de la empresa, para lo cual debería extenderse, a lo menos por 10 años adicionales, el flujo de pagos anuales, de modo que se garanticen tanto la viabilidad de la Empresa como el pasivo pensional, que a precios de hoy ya supera los 8 billones.

Por todo lo anterior el proyecto de ley debe ser archivado.

* Ingeniero industrial con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; candidato a Magister en Gestión y Auditorías Ambientales; con conocimientos del Estado y sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial; conocedor y defensor de los derechos fundamentales y de los mecanismos de participación ciudadana plasmados en la Constitución Política de 1991. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos públicas y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones. Actualmente es el Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia.