Suscríbase

Néstor Humberto Martínez: el fiscal del poder

Jorge Iván CuervoEl nuevo fiscal empieza su labor rodeado de sospechas y controversias por la manera como fue elegido y por su trayectoria como abogado de clientes poderosos. ¿Podrá convencer a la ciudadanía de que es el fiscal imparcial y serio que el país necesita?

Jorge Iván Cuervo R.*

 

El nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Estaba cantado

La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación era un hecho cantado, no solo por sus antecedentes profesionales y políticos sino por la conformación de la terna que presentó el gobierno.

En efecto, el presidente integró la terna con personas de su entorno: su ministro de Justicia (Yesid Reyes), la asesora del gobierno en temas de justicia transicional en La Habana (Mónica Cifuentes) y su exministro de la Presidencia y artífice de la fallida reforma a la justicia incluida en el proyecto de equilibrio de poderes (Martínez). Es decir, Santos no quería sorpresas. Pero Yesid Reyes no tenía el perfil (ni el hígado) para hacer el cabildeo necesario ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a Mónica Cifuentes no le bastó con mostrar su trayectoria técnica. Era evidente que Martínez tenía amplia ventaja. No solo su nombre ya se ventilaba desde hace un año como posible candidato a fiscal, sino que contaba con el apoyo de la coalición política que lidera el todopoderoso vicepresidente Vargas Lleras, quien quiere un fiscal cercano y afín a sus aspiraciones presidenciales.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político que trasciende las necesidades de la justicia y de la Fiscalía. El nuevo fiscal es un abogado exitoso que ha sido un funcionario público eficaz, pero esencialmente es un cabildante del poder. El cabildeo (o lobby) es una actividad legítima, pero en Colombia debería estar regulada para tener claros hasta dónde van sus límites, como sucede en Estados Unidos.

El problema radica en que Martínez no se ha limitado a ser un cabildante, pues en varias ocasiones ha cruzado la puerta para ejercer cargos públicos, en ejercicio de los cuales ha podido acceder a información privilegiada y a contactos sociales que después le facilitaron su labor como abogado particular. Martínez va y viene de gobierno en gobierno, sin lealtades políticas, dejando complicidades aquí, conflictos de intereses allá y debilitando la frontera entre lo público y lo privado.

Consumado el hecho, tenemos que empezar a crear un discurso que justifique esta como una buena elección. Para ello podríamos decir que Martínez es un funcionario competente, que seguramente logrará la reingeniería que la Fiscalía necesita para el posconflicto. Pero no. Esta fue una mala elección, cuya responsabilidad recae sobre el presidente Santos y los magistrados de la Corte Suprema que también juegan al cálculo político.

La elección estaba cantada y nos hubieran podido evitar el desgaste de la inscripción abierta de candidatos, las tres rondas de votación, toda una parafernalia innecesaria: pura pompa para hacer legítimo un acto de dudosa seriedad.

Los primeros anuncios

El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
Foto: Vicepresidencia

Martínez hizo varios anuncios importantes después de ser elegido.

-Dijo que haría públicos todos sus impedimentos y conflictos de interés, y que dejaría a la Corte Suprema de Justicia la elección de un fiscal ad hoc que no fuera subalterno suyo, porque eso no es garantía de imparcialidad (como se pudo ver en el caso de Saludcoop, cuando el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo decidió no molestar a los antiguos clientes de su jefe). Sería muy bueno que el nuevo fiscal presentara un documento donde deje claros todos los posibles conflictos de interés que tiene y que este quede en custodia de una organización como Transparencia por Colombia. También sería deseable que entregara su declaración de renta, a lo cual se negó después de que esta misma organización se lo solicitara.

-También ha dicho que creará varias vicefiscalías especializadas que orienten de manera estratégica la acción de esta entidad, que todavía le debe a la ciudadanía resultados más satisfactorios en la lucha contra el crimen.

-Después de sus desafortunadas declaraciones sobre la descriminalización de la violencia intrafamiliar, por ser un delito sin importancia “que atosiga” a la justicia, Martínez recogió sus palabras y entendió que este tipo de medidas deben debatirse en el contexto de la política criminal. Por eso sería muy importante que el nuevo fiscal se comprometiera a que todos los temas relacionados con nuevos delitos o despenalización de otros se discutan en el Consejo Superior de Política Criminal, y no se volviera un aventurero entusiasta que reacciona a coyunturas frente a los micrófonos.

Los parámetros

Lo más negativo de la era Montealegre fue haber metido a la Fiscalía en el debate político. Martínez también es proclive al debate, pero ahora que todos los reflectores estarán sobre él ojalá se abstenga de hacer política y se concentre en cumplir sus funciones, que no son otras que investigar e imputar los delitos correspondientes ante los jueces.

Es importante que Martínez tome nota de las altas tasas de impunidad y diseñe un plan de choque, especialmente en lo que respecta a aquellos delitos que afectan de manera permanente al ciudadano.

También es importante que su nuevo director entienda que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y no del poder Ejecutivo, lo que significa que no le debe lealtad al presidente que lo nombró ni al vicepresidente que lo respaldó políticamente.  

Martínez debe entender que no puede erigirse como conciencia jurídica de la Nación, como pretendió hacerlo Eduardo Montealegre en su megalomanía, y que no tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz, sino simplemente cumplir su función de mejorar la investigación criminal en Colombia. Incluso en lo simbólico, Martínez debería evitar salir mucho en fotos con el gobierno.

Sin embargo, las tentaciones de las mieles del poder de cara a una eventual carrera presidencial están a la orden del día. ¿Podrá controlarse?

Los desafíos

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Foto:  Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Son muchos los desafíos que le esperan a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Aquí señalo cinco que son impostergables:

  1. Preparar toda la información necesaria para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pactado entre el gobierno y las FARC. La Jurisdicción Especial Para la Paz no puede empezar de cero y es obvio que no podrá ocuparse de todos los delitos cometidos en el período establecido por el acuerdo. Para que esta tenga éxito se necesita establecer prioridades e identificar casos emblemáticos. Por eso la labor de organización y de apoyo de la Fiscalía es fundamental.
  2. Se necesitan resultados concretos en casos sonados de corrupción, como el “carrusel de la contratación”, Interbolsa, la Federación Colombiana de Fútbol, y otros casos de alcance regional que no se han movido por las presiones de los políticos locales. A propósito, va a ser interesante conocer cómo enfrentará Martínez las denuncias  de corrupción o de crimen de políticos de Cambio Radical, el partido de su jefe político y de cuyo comité de ética hizo parte en algún momento.
  3. La Fiscalía tiene que trabajar de la mano con los alcaldes y la Policía Nacional. Es una queja recurrente en las ciudades que las políticas de seguridad ciudadana diseñadas por las Secretarías de Gobierno no tienen el apoyo de los fiscales y que la Policía captura –muchas veces en flagrancia– al posible delincuente y la Fiscalía no perfila bien los cargos por falta de una investigación adecuada, lo cual hace que los jueces de control de garantías se vean en la necesidad de dejarlos libres. Y el costo político de la mala gestión de la Fiscalía acaba siendo asumido por los alcaldes.
  4. La Fiscalía debe diseñar un plan para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia que surjan o se intensifiquen tras la desmovilización de las FARC: la minería ilegal, el narcotráfico y los nuevos grupos armados ilegales que surjan del reciclaje y la trasferencia de armas. Es fundamental que el clima de seguridad no se deteriore durante el post-acuerdo y en esta tarea la Fiscalía cumplirá un papel fundamental.
  5. Ya que habló de violencia intrafamiliar, el nuevo fiscal debe tomar el toro por los cuernos y liderar el debate sobre cuál debe ser el tratamiento para este flagelo. Las cifras de violencia en los hogares colombianos son alarmantes y ameritan un tratamiento que debe ir más allá de la prisión para el agresor. Este debate debe darse en el Consejo Superior de Política Criminal, pero también con las organizaciones de mujeres y de víctimas de la violencia. Es importante que el nuevo fiscal no eluda esta controversia y muestre sus cartas en la discusión.

No tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz.

Eduardo Montealegre dejó la Fiscalía en una grave crisis de credibilidad. En lugar de fortalecer las Fiscalías regionales y el Cuerpo Técnico de Investigación, optó por aumentar la planta de contratistas sin otra razón aparente que pagar favores a amigos cercanos. Martínez tiene que desmontar este aparato administrativo ineficiente, acabar de consolidar la carrera administrativa en la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación y dejar una Fiscalía moderna y confiable, usando toda su inteligencia y experiencia para el servicio del Estado y no para la defensa de sus futuros clientes o de aspiraciones políticas propias o de sus jefes políticos.

Con Montealegre todos nos equivocamos. La elección de Martínez también es un error desde el principio, pero con una buena gestión y resultados concretos puede lograr convencernos de lo contrario.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

¿Qué tan graves son las disidencias en las FARC?

Carlo NasiNo cabe duda de que algunas unidades o “frentes” de la guerrilla van a negarse a deponer las armas. ¿Pero qué tantos serán los disidentes y qué tan justificados son los temores que han expresado los críticos del proceso de La Habana?

Carlo Nasi*

 

Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Farc.

Las FARC: una guerrilla cohesionada

El anuncio reciente del Frente Primero de las FARC en el sentido de que no abandonarán las armas ha despertado una ola de especulaciones, estimuladas además por un comunicado del Procurador Ordoñez donde afirma que tampoco se va a desmovilizar el Frente Séptimo, “con unos 300 integrantes, entre guerrilleros y milicianos”.

Algunas de las especulaciones en cuestión son malintencionadas y buscan alimentar el miedo y la desconfianza en el proceso de paz, otras son la expresión de preocupaciones más genuinas, aunque no siempre justificadas. ¿Qué se puede decir entonces acerca de la  disidencia confirmada de las FARC?

Para empezar, se trata de un evento atípico. En casi cuatro años del proceso de paz ningún frente se atrevió a discutir públicamente el acto de negociar, la legitimidad de los voceros de las FARC en La Habana, o el contenido de los acuerdos. Esto demuestra el acatamiento del mando guerrillero por parte de sus tropas.

A la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna.

El hecho de que durante estos años no se produjeran actos de desobediencia o sabotaje a las negociaciones da cuenta de la sólida organización de las FARC. Si el descontento con la negociación hubiese calado hondo, incluso en unos pocos frentes guerrilleros, el cese unilateral al fuego indefinido que declaró esta guerrilla en diciembre de 2014 no hubiese aguantado una semana.

Disidencias inevitables

Guerrilleros de las Farc.
Guerrilleros de las Farc.
Foto: Facebook Delegación de Paz Farc

Pero la cohesión demostrada por las FARC no debe confundirse con la ausencia de debates internos frente al proceso de paz. Seguramente los hubo desde el comienzo. La demora en las negociaciones, que tanto exasperó a los colombianos, no solamente se explica por los desacuerdos y bloqueos típicos de toda negociación de paz: dentro de la propia guerrilla probablemente se dio un proceso gradual y complejo de construcción de consenso a favor de la paz negociada.

También los viajes a La Habana de varios mandos altos y medios de la guerrilla (distintos del equipo negociador) que registró la prensa quizás tuvieron el propósito de persuadir a algunos comandantes claves de dejar atrás la resistencia y subirse al tren de la salida pacífica al conflicto.

En síntesis, a la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna, en la que se trataba de persuadir a los guerrilleros radicales e indecisos sobre la inconveniencia de proseguir la lucha armada (luego de que los propios jefes de la guerrilla la habían justificado por más de cincuenta años) y sobre la importancia de aprovechar esta oportunidad histórica de firmar un acuerdo de paz definitivo.

El éxito de toda negociación de paz depende en buena medida del resultado de esas negociaciones internas. Si no hubieran introducido realismo en las expectativas de los guerrilleros y un entendimiento nuevo sobre la situación del país, los jefes de las FARC habrían sido criticados, acusados de traicionar los ideales de la guerrilla y a sus propios “mártires”, y habrían podido acabar aislados y sin respaldo, incapaces de firmar un acuerdo de paz.  

No obstante, la recta final de los procesos de paz, cuando la firma del acuerdo definitivo y el desarme están a la vista, es un momento crítico que se presta para las disidencias. En este  momento los integrantes de las guerrillas pueden hacer un balance general de los logros de las negociaciones frente a las aspiraciones iniciales, a la vez que cristalizan los temores de todo lo que implica hacer un tránsito a la vida civil.

Por supuesto, ninguna paz pactada deja a todo el mundo contento, porque toda negociación implica ceder. Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. Para esta guerrilla también debió quedar muy claro que lo que se ha negociado en La Habana incluye reformas importantes, pero dista mucho de ser una “revolución por contrato”. De ahí que sean esperables las inconformidades y disidencias.   

Las consecuencias

¿Qué se desprende de la reciente disidencia del Frente Primero y qué implicaciones tiene?

En primer lugar, no fue todo el Frente Primero el que se declaró en disidencia, sino apenas un sector del mismo. Con una celeridad inusitada, los jefes de las FARC controlaron el daño al expulsar a los disidentes y nombrar a una persona de su confianza como nuevo jefe del Frente Primero.

Los dirigentes de las FARC también notificaron a los expulsados que no podrían seguir utilizando el nombre y los recursos de la organización para seguir en la guerra, lo cual constituye una maniobra hábil: aislaron y deslegitimaron a los renegados, a la vez que retuvieron como parte de las FARC a un sector importante del Frente Primero. Quién sabe si esta estrategia se pueda replicar exitosamente con otras disidencias- comenzando por la rebeldía aparente del Frente Séptimo.

En segundo lugar, lo del Frente Primero no parece ser tan grave: es dudoso que sea el principio de una “cascada de disidencias”. Hasta el momento, el principal (y casi único) líder de las FARC que de manera pública se ha declarado en disidencia es Iván Mordiscos, totalmente desconocido por la opinión pública y una figura secundaria dentro de las FARC.

Eso da cuenta de dónde están los inconformes. De hecho, en vez de obtener respaldo, Iván Mordiscos ha sido repudiado por otros comandantes guerrilleros de mayor importancia y trayectoria, de modo que es de esperar que las disidencias no adquirirán dimensiones importantes.

No todo por la plata

Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Con el episodio del Frente Primero empezaron a circular especulaciones sobre otros frentes que seguirían en la ilegalidad y sobre el porcentaje de guerrilleros que no se acogería a la paz. Además del comunicado del Procurador sobre el Frente Séptimo, en los medios se aventuraron hipótesis de que los frentes 16, 44 y 57 tampoco se desmovilizarían por estar profundamente involucrados en el narcotráfico y las economías ilegales.

Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. 

Estas especulaciones no me parecen fundadas porque no solamente esos frentes, sino las FARC en su conjunto han dependido de las rentas ilegales. Puede que un sector de las FARC, con guerrilleros de todos los frentes, decida mantenerse en guerra por cuenta de los negocios ilegales, pero es incorrecto deducir mecánicamente las futuras disidencias a partir de la ubicación geográfica de los frentes y de la “economía política” de las regiones donde operan.

Nada impide que cualquier guerrillero de cualquier frente decida seguir en las mismas para aprovechar las rentas ilegales no solo del narcotráfico, sino de la minería ilegal, la extorsión o similares.

Por otra parte el proceso de paz será la forma de comprobar algunas hipótesis sobre la relación entre las FARC y el narcotráfico. En algunos sectores de la opinión pública ha circulado desde hace tiempo la versión de que las FARC simplemente se ha convertido en “el más grande y lucrativo cartel del narcotráfico del país” y que, dadas las jugosas rentas que recibe, nunca va a renunciar al negocio. La guerrilla siempre ha negado esa versión, reivindicando su ideología revolucionaria. ¿Cuál de las dos versiones corresponde a la realidad? ¡Por fin lo sabremos!

La firma de la paz implica para las FARC disociarse completamente del narcotráfico. La guerrilla no solamente deberá cortar todo vínculo con la producción y tráfico de drogas, sino ayudar al gobierno a identificar cultivos y pistas ilegales en lo que han sido sus zonas de influencia. Y una vez desarmada, la guerrilla no podrá vender ningún servicio de protección a los narcos y a los cultivadores de coca, ni lucrarse del negocio, so pena de acabar en la cárcel.   

Celebro que el proceso de paz nos permita por fin salir de dudas. Si las FARC firman la paz y cumplen con lo pactado en materia de tráfico de drogas, probarán con hechos que los dineros del narcotráfico eran tan solo un medio para su proyecto revolucionario y no un fin en sí mismo. Callarán a los escépticos y a todos quienes han considerado el discurso del grupo rebelde como una farsa para encubrir sus verdaderos intereses.

Si, por lo contrario, siguen en la guerra o si las disidencias adquieren proporciones mayores, las FARC darán la razón al procurador y a sectores guerreristas del Centro Democrático, que han atacado la negociación con el argumento de que nunca se llegaría a nada con una guerrilla narcotraficante, interesada solamente en el enriquecimiento ilícito.

La hora de la verdad

Que no quepa la menor duda: en cualquier caso habrá disidencias en las FARC. Sospecho que serán pequeñas, pero seguro las habrá. Y no todas por la codicia y el narcotráfico.

Habrá disidencias ideológicas de personas aferradas a la utopía comunista, e incapaces de entender (o aceptar) que demasiados supuestos “redentores revolucionarios” han llevado a sus propios países al infierno. El radicalismo ideológico sigue siendo uno de los mayores males contemporáneos, y uno que jalona a mucha gente poco (o semi) educada, como se observa tanto en el populismo autoritario de Venezuela o en el ISIS de hoy, como en los anarquistas, comunistas y fascistas de ayer.

En todo caso, a casi todas las disidencias guerrilleras que han aparecido durante los procesos de paz las han derrotado en pocos años. Las que han sobrevivido lo han hecho como grupúsculos de poca monta, criminalizados, sin un proyecto político creíble ni base social (el Real IRA en Irlanda, por ejemplo).

Ojalá que los potenciales disidentes de las FARC tomen nota de la experiencia histórica y desistan de la tentación de seguir en la guerra, por el bien de ellos mismos y del país.   

 

 * Profesor asociado del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

 

¿Las empresas privadas serán juzgadas en el posconflicto?

Juan David VelascoLos delitos de financiación o apoyo a grupos armados serán investigados por la justicia transicional durante el posconflicto. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso y qué implicaciones puede tener para la empresa y el empresariado colombianos?

Juan David Velasco*

Sede de Chiquita Brands International en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Caso especial en el mundo

Una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá señaló a la empresa Postobón como presunta financiadora de grupos paramilitares y propuso que esta compañía sea juzgada como persona jurídica y utilice sus bienes para reparar a las víctimas. Esta decisión abrió el debate sobre los alcances y los límites de la justicia transicional en relación con las empresas que presuntamente participaron de manera directa en el conflicto armado.

El numeral 32 del punto 5 del preacuerdo sobre justicia transicional entre el gobierno y las FARC señala que “serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”. Así que firmarse el acuerdo final, esta sería la primera vez en la historia de Colombia que quienes auspiciaron grupos armados irregulares asuman algún tipo de responsabilidad ante un tribunal especial de justicia, en el marco de una justicia transicional.

Vale la pena recordar que la Ley 975 de 2005 y sus reformas en la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 3011 de 2013 no otorgan facultad a las Salas de Justicia y Paz para juzgar a  personas diferentes de  los desmovilizados de los paramilitares y las guerrillas. Esto quiere decir que estas Salas no tienen la facultad de procesar a los civiles que auspiciaron el conflicto armado, y solo pueden compulsar copias a la Fiscalía para que investigue y, si es el caso, impute cargos ante la justicia ordinaria.

Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales.

Muy bien podría ser considerable el número de empresarios o empresas que habrían incurrido en los delitos de financiamiento o auspicio de los grupos armados ilegales en Colombia. A modo de ilustración y porque puede resultar de interés para los lectores, al final de este artículo se anexa una relación discriminada de las empresas o empresarios que han sido mencionados en los procesos de Justicia y Paz.  

Bajo estas circunstancias, de materializarse la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales en el marco de la justicia transicional. A escala internacional, hasta el momento solo se han proferido condenas por parte de:  

  • Los Tribunales de Núremberg, contra trece directivos de la empresa farmacéutica IG Forben por complicidad en los crímenes cometidos por el Ejército nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial;  
  • En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde Alfred Musema (director de una fábrica de té), Felicen Kabuga (presidente de una cadena radial y televisiva), Hassan Ngeze (propietario mayoritario de un periódico) y Ferdinand Nahimana (director editorial de un periódico) fueron condenados por los delitos de incitación pública y conspiración para cometer el genocidio de la etnia Tutsi.

Preguntas pendientes

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
Foto: Wikimedia Commons

Aunque se ha conocido un poco sobre la arquitectura de la nueva JEP, hay todavía un número considerable de temas complejos que no se han resuelto y que vale la pena destacar en el debate público de cara a la refrendación del acuerdo de paz. Estos son algunos de los dilemas:

  1. ¿Cómo juzgar a los empresarios que tienen la doble condición de víctimas y victimarios? Iván Orozco Abad ha acuñado el concepto de “víctimas políticamente complejas” para ubicar a los civiles que tienen responsabilidad en los hechos que condujeron a su propia victimización. Un caso ilustrativo lo encontramos en algunos empresarios que financiaron a los grupos paramilitares.

Dentro de los procesos de Justicia y Paz se han conocido situaciones de ciertos ganaderos afectados por el secuestro guerrillero que optaron por financiar grupos de autodefensa y acordaron entregar una cuota anual de 8.000 pesos por cada hectárea vigilada o pusieron a su disposición fincas para que pernoctaran los patrulleros.

Sin embargo, cuando se expandió la organización paramilitar, los cabecillas aumentaron la tarifa (a 12.000 pesos por cada hectárea custodiada) y empezaron a exigir otras contribuciones. Entonces, muchos de sus antiguos colaboradores se opusieron y por ello fueron asesinados o desplazados. En estos casos, ¿los ganaderos se deberían considerar víctimas con derecho a la reparación o victimarios que merecen una condena?

  1. ¿Cómo saber si los aportes financieros fueron resultado de una coacción? La línea que demarca la voluntariedad u obligatoriedad en la entrega de dineros a grupos armados ilegales es muy difusa pues rara vez se tiene acceso a documentos firmados o a correos electrónicos que muestren si las transacciones fueron voluntarias o fueron el producto de una coacción.

La situación se torna más compleja cuando la interacción entre el extorsionador y el extorsionado se vuelve rutinaria, de modo que con el paso del tiempo la preservación de la vida no es la principal motivación del empresario para pagar la extorsión sino la protección de su patrimonio y su entorno de operación.

Grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada.

Por ejemplo, en Justicia y Paz se ha mostrado que muchas de las empresas que pagaron periódicamente las extorsiones exigidas por los paramilitares recibieron seguridad física en sus fincas o negocios comerciales como “contraprestación”, lo cual condujo a que grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada (ladrones y drogadictos).

En ese sentido, los empresarios que fueron extorsionados pero que a la larga se beneficiaron de las condiciones que creó el grupo armado ilegal, ¿se pueden considerar cómplices de los delitos que perpetraron las Autodefensas?

  1. ¿Deben responder penalmente los propietarios de las empresas que se beneficiaron indirectamente de las acciones criminales de los grupos paramilitares o guerrilleros? Muchas empresas han sido acusadas de beneficiarse al adquirir y desarrollar proyectos productivos en predios que fueron abandonados forzosamente por colonos, o que fueron vendidos debido a las amenazas de muerte realizadas por un grupo armado ilegal. Por eso queda el interrogante de si los accionistas de una empresa que no prueba la buena fe exenta de culpa en la compra de predios abandonados o despojados, ¿deberá asumir una responsabilidad penal y no simplemente civil?
  2. ¿Qué hacer con las empresas que en el pasado financiaron grupos terroristas, pero que en la actualidad fueron compradas por otras compañías? Varias de las empresas que han sido mencionadas en Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los paramilitares han cambiado su estructura patrimonial y accionaria. El dilema consiste en si los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad de reparar a las víctimas o si solo deben asumir los costos de imagen y reputación que vendrán cuando se divulgue en instancias judiciales que la empresa que adquirieron pudo haber patrocinado el terrorismo. Situaciones como estas son más frecuentes de lo que se cree y algunas empresas que han sido investigadas o acusadas de algún tipo de vínculo con un grupo armado han cambiado de propietarios en los últimos años; entre ellas
  3. Chiquita Brands, que se fusionó con la empresa irlandesa Fyffes;
  4. Kaltex (textilera mexicana) que adquirió el 60 por ciento de las acciones de Coltejer;
  5. Almacenes Éxito que compró a Cadenalco;
  6. Los fondos de pensiones Protección, Porvenir, Citi-Colfondos y Skandia, la comisionista de bolsa Correval e inversiones internacionales que adquirieron Termotasajero;
  7. Cemex México que compró cementos Diamante;
  8. Mayagüez S.A. que asumió el control del 85,5 por ciento de las acciones del Ingenio San Carlos.

Se necesita claridad

Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La ley que reglamentará el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz deberá dejar claros estos aspectos para saber hasta qué punto las empresas que financiaron o colaboraron logísticamente con los grupos armados ilegales deben responder, ya sea con sanciones penales para sus directivos o propietarios o con medidas de indemnización para las víctimas.

Sin embargo, precisar cuándo se trata de una “participación determinante” y especificar quiénes y por qué deben responder penalmente será una labor compleja que requerirá de un profundo debate que no solo vincule a los académicos, fiscales, magistrados y expertos internacionales, sino también a los directamente implicados: los empresarios.

Si no se resuelven estos asuntos se abrirá el camino para que los magistrados que sean elegidos en la JEP actúen con mucha discrecionalidad, lo que pondría en vilo la seguridad jurídica de las empresas.

 

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana e investigador del grupo Estado, conflictos y paz. El autor agradece la colaboración de Vanessa Clavijo Barbosa y Óscar Cortés.

Anexo. Empresas y empresarios que han sido mencionados en Justicia y Paz

 

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Wiliam_DuicaRecuento a la vez divertido y penetrante de las reacciones, callejeras o eruditas, que produjo la noticia del chamán que contrataron para que no lloviera en ocasiones memorables. Y reflexión inquietante sobre la necesidad de reconocer los límites de nuestra propia cultura.

William Duica

Diluvio de opiniones

No sé si realmente pueda decirse algo nuevo acerca del curioso caso del chamán contratado para detener la lluvia. A estas alturas, estoy seguro, la mayoría de los lectores tiene más información acerca del caso de la que yo mismo he consultado para redactar estas líneas.

Ya todos los detalles han sido ventilados, denunciados, refutados, aclarados y analizados en todos los medios y desde todos los grados de escolaridad. No hay nadie que no se haya pronunciado sobre el caso; desde la más rancia academia hasta el más rudimentario “hombre de la calle”, pasando, claro está, por los periodistas, especie aparte en la que muy raras veces se mezcla lo mejor de los extremos mencionados. Todos han hecho sentir sus voces en los más destemplados tonos.

Pero en medio de tanta algarabía lo relevante se ha decantado: con recursos del erario (Distrital), un intermediario contratista (el Teatro Nacional) contrató a un Chamán (el señor Jorge González) para que detuviera la lluvia el día de la ceremonia de clausura del mundial de futbol sub-20 en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Tipología de las reacciones

El caso ha provocado una florida variedad de reacciones.

-Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia. Así, una señora de esas que pueden dedicar hasta dos horas de su valioso tiempo esperando en el teléfono para salir al aire en una emisora y descargarle al mundo entero todo el peso de la originalidad de su pensamiento, declaró: “La ignorancia es atrevida”.

-También está la reacción topológico-tolerante de quienes, a pesar de reprochar el despilfarro de la Alcaldía de Bogotá, defienden la causa del vilipendiado chamán. No con más originalidad, aducían estos que “hay regiones donde eso funciona muy bien, como en Los Llanos Orientales” y a continuación desplegaban un repertorio de historias increíbles pero que habrían sido vistas con sus propios ojos y ante las cuales uno no podría más que callar sin disentir (ni asentir).

-Luego está la reacción reflexivo-engatusadora de las “explicaciones” de expertos; explicaciones que aún cuando explican no aclaran, pero que uno oye con el ceño fruncido y la barbilla acomodada entre el índice y el pulgar y ante las cuales uno no puede más que… callar sin disentir (ni asentir). “Lo que hay que entender es que en algunos pueblos hay una serie de prácticas y saberes que se validan desde sus tradiciones y esos saberes cohesionan a esas sociedades dándoles elementos de identidad cultural a los individuos. Por lo cual debemos entender estas prácticas como formas alternativas de saber que no pueden ser juzgadas desde nuestros esquemas conceptuales y paradigmas culturales”.

-¿Se imaginan la cara del funcionario de La Contraloría que tenga que oír esto? Porque, claro, La Contraloría tuvo una reacción paranoico-inquisitiva anunciando “una investigación exhaustiva”.

-De otro lado, la señora que contrató al chamán tuvo, obviamente, su propia reacción (cándido-lúdica); ante las increpaciones despiadadas de la prensa ella simplemente atinó a “contestar” con un desparpajo conmovedor: “¡pero no llovió!”.

Así dejó en sus detractores la pesada carga de desarrollar un argumento que muestre qué hay de malo en contratar a un “radiestesista” (que no un chamán) y pagarle sólo si obtiene el resultado contratado, a saber, detener la lluvia. Se queda uno pensando que este tipo de contrato es mucho más cuidadoso de los recursos públicos que el que tienen los funcionarios del IDEAM a quienes se les debe pagar con todo y sus pronósticos equivocados.

-Otra no menos interesante fue la reacción sacro-política, encarnada esta vez en una periodista que, preocupada por los recursos públicos (que considera sagrados), nos llevó al límite de nuestra capacidad de análisis advirtiendo que “uno tiene derecho a creer lo que quiera y eso debe ser respetado, pero los recursos públicos no pueden ser utilizados para contratar chamanes”.

O sea, los “indios” pueden creer lo que les de la gana y los “blancos” que quieran creerles a los indios (como el presidente - o el contratista que le pagó a González para que no lloviera en su posesión), pues allá ellos. Pero la sacralidad de los recursos públicos no puede ser profanada con supercherías. Esta mujer puede que no haya leído a Mircea Eliade, pero tiene una clara intuición del papel que juega el conocimiento de La Verdad en la diferenciación entre Lo Sagrado y Lo Profano.

Y, finalmente, está la reacción tecno-esotérica del mismísimo Jorge González, quien además de “aclarar” que no es un chamán sino un sacerdote, “declara” que su disciplina es la radiestesia, “explica” que lo que él hace es desplazar centros magnéticos, “denuncia” que en esta discusión se lo está tratando como un delincuente cuando él claramente cumplió con lo contratado, “propone” que, si le pagan cincuenta mil dólares, él detiene el invierno en todo el país (con la ayuda de Dios, claro) y generosamente “ofrece” que haría el mismo tipo de trato, es decir, que sólo recibiría la suma si aplaca el invierno o de lo contrario “sólo me pagarían lo correspondiente a transporte y gastos de sostenimiento”.

¿Puede haber un trato más justo? ¿Cuántos padres de la patria tendrían que aprender de este incomprendido “científico”? como no dudó en calificarlo uno de los periodistas del periódico más leído del país.

Por qué es interesante el caso

01-imagen-duica-01
En el estado Nemesio Camacho, El Campín, se celebró la final del Mundial de Fútbol Sub 20, ceremonía para la que fue contratado "el chamán".

Parte de lo que hace de éste un caso memorable es que, a través de las reacciones que ha provocado, uno puede vislumbrar un aspecto de la idiosincrasia colombiana; lo que algún sociólogo de orientación francesa llamaría “el imaginario cultural del colombiano”. El “imaginario cultural del colombiano” es el conjunto de valores, símbolos, códigos, paradigmas discursivos, pretensiones, frustraciones, paranoias, recetas gastronómicas, remedios caseros, mañas, artículos “chiviados”, artesanías, agüeros etc., etc. que definen nuestra manera de “ser en el mundo”.

Y es ahí donde sale a relucir el tipo de arribismo que nos impide a casi todos reconocer nuestra naturaleza de zambos y cuarterones. Juzgamos las prácticas chamanísticas desde esa aspiración inalcanzable de ser occidentales, civilizados, lo que el oyente que llama a reportar sintonía llama “gente culta”.

Y no es que yo crea que no somos gente culta. Ese es precisamente el punto de todo esto. El punto es que hay un sentido en el que no es posible ser incultos. Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

Los límites del etnocenrismo

Toda esta tormenta se ha formado en el vaso de agua de una ambigüedad:

“Inculto” es aquel que no ha sido cultivado, que carece de modales. Es en este sentido de los modales y la educación que se agrega que “inculto” es quien “carece de cultura”.

Pero parte de lo que define la humanidad es que somos criados en una cultura, que nuestras conductas sociales están mediadas por patrones culturales. Desde este punto de vista es prácticamente imposible ser inculto, es decir, carecer de cultura.

La ambigüedad del concepto de “in-cultura” lleva a una confusión entre los conceptos de “cultura” y “conocimiento”. Quien confunde estos conceptos pasa rápidamente a considerar al “ignorante” como “inculto” o sin cultura. Y quien califica a alguien de ignorante se considera a sí mismo poseedor de un conocimiento y por ello “culto”. Los conquistadores españoles, por ejemplo, pensaban que los indios americanos no tenían cultura, eran incultos porque no conocían la palabra de Dios, esta ignorancia les impedía comportarse como seres humanos (ellos pensaban que ser humano era igual a ser español).

En principio, entonces, podría haber alguien ignorante y aun así culto. Esta es una posibilidad que desvirtúa las reacciones descalificadoras. La periodista es más sofisticada, ella reconoce que hay otras culturas, lo que ella llama “otras creencias”, pero para ella es claro que hay culturas sabias y culturas ignorantes.

Aquí es donde entra el tema del etnocentrismo. Nuestra cultura es nuestro saber y no tiene sentido cuestionar esta condición. Pero es importante notar que es por ello que tenemos la tendencia a valorar como incultos e ignorantes a quienes no se comportan dentro de nuestros estándares culturales. Ese es un rasgo característico del etnocentrismo. El etnocentrista valora y juzga a los demás a partir de sus propios estándares y considera que a partir de ellos es que se distingue entre el culto y el inculto, entre el sabio y el ignorante. Nosotros consideramos ignorantes a los Kogui y los Kogui nos consideran ignorantes a nosotros, nos llaman “los hermanos menores”, lo que nos caracteriza ante ellos es nuestra minoría de edad, nuestra ignorancia de un saber que ellos han cultivado en La Sierra.

El problema no es que seamos etnocentristas. No tenemos otro punto de partida. El problema es ignorar que lo somos. Al no saber de nuestra propia condición etnocentrista, reproducimos las conductas xenofóbicas, discriminadoras y autoritaristas, basadas en la falsa premisa de que los que son distintos son inferiores (o superiores).

No estoy pretendiendo concluir que “cada cual tiene su propio saber que es respetable” ¡No! En realidad no creo que pueda concluir nada. Más bien quisiera conjurar la tormenta desatada por el caso del chamán invocando unas fuerzas de la naturaleza, de la naturaleza humana. La fuerza del reconocimiento, no sólo del otro, sino del reconocimiento de nuestro etnocentrismo.

Y quisiera invocar es fuerza porque creo que ponerle límites al etnocentrismo puede contribuir a disipar muchas formas de discriminación descalificadora. El hombre que cobró por detener la lluvia, Don Jorge, pudo haber desatado, sin saberlo, una fuerza de la naturaleza con un poder increíble, la fuerza del reconocimiento de nuestros propios límites.

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

 




























 
Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia.










































































































 
Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

Escribir un comentario

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia)con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Que incorporen contenido racista, sexista, homofóbico o discriminatorio por razón de nacionalidad,sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad.
4. Que hagan directa o indirectamente apología del terrorismo o de la violencia.
5. Que apoyen diferentes formas de violación de derechos humanos.
6. Que incluyan contenidos o enlaces que puedan ser considerados como publicidad disfrazada, spam o pornografía.
7. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

July
0 # July 23-01-2012 16:06
Pues acá se tocan varios temas de manera seria, con algo de radicalismos pero eso ya no es problema debemos acostumbrarnos a eso. Hay un tema que se toca de manera superficial el papel de los intermediarios en las acciones estatales, es decir el Teatro Nacional. No es el único caso que conozco, pero estos intermediarios reciben cantidades alarmantes de dinero, por una actividad que al hacerla el mismo estado saldría a mitad de precio. Nos estamos quejando de la sub-contratació n del Chamán, legalmente no se puede hacer mayor cosa, pero realmente cuantas sub-contratacio nes existen, Cuál es el margen de ganancia de un intermediario y de quienes realizan realmente las actividades de dichos contratos garantizando los resultados necesarios para seguir contratando.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
José Fernando Flórez
+1 # José Fernando Flórez 23-01-2012 19:36
Es una obviedad que el etnocentrismo, en términos culturales, es inevitable para poder afirmar algo. Pero su artículo no trata el punto esencial del debate. El reparo al mal llamado “chamán” (quien en realidad es un radiestesista) no es sobre el “valor” de su cultura –que es la campesina hasta donde sabemos, no la chamanística-, la cual resulta tan respetable como la de cualquier otro. El reparo es a la radiestesia en tanto pseudociencia reconocida por su inefectividad. Esto significa que la radiestesia no responde a las exigencias de verificación empírica del método científico, es decir, que no funciona y por lo tanto celebrar un contrato estatal para ponerla en práctica constituye una estafa al erario. La discusión crucial aquí no es de índole étnica: frente al radiestesista soy tan exigente como puedo serlo ante una sesión de milagros o interposición de manos católica, o ante un verdadero chamán, sobre todo cuando sus “servicios” son financiados con los impuestos que pagamos los colombianos. Si el radiestesista demostrara que puede impedir la lluvia, yo sería el primero en contratarlo todos los domingos.
Ahora bien, su argumentación tiene un serio problema en torno a lo que usted considera la “imposibilidad de concluir algo” (“En realidad no creo que pueda concluir nada”, escribe). Desde luego que se puede concluir algo y es la ínfima probabilidad de que la radiestesia funcione: incumbe a quien dice poder hacer algo, a fortiori si es extraordinario, probarlo (no a quien lo niega). Recordemos la parábola de la "tetera celestial" de Bertrand Russell: si afirmo que entre la Tierra y Marte hay una tetera china girando alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie sería capaz de desmentir mi aserción, en especial si agrego que la tetera es demasiado pequeña para ser vista por el más poderoso telescopio. Sin embargo, si digo que como mi aserción no puede refutarse con absoluta certeza la razón humana no puede dudar de ella, me convierto en un verdadero charlatán. Es tan posible que el radiestesista pueda impedir la lluvia como que el espagueti intergaláctico haya sido el responsable de la creación del universo. Ahora bien: demuéstrelo.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Alfonso
0 # Alfonso 24-01-2012 19:51
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalis mo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Max Henriquez
-3 # Max Henriquez 24-01-2012 21:05
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Jafeth Paz
+2 # Jafeth Paz 25-01-2012 00:08
Comparto el contenido del articulo porque descubre el desenfoque en el que se ha debatido el tema. Efectivamente, solo hasta la Constitucion de 1.991 el Estado reconoce y protege la diversidad cultural, pero este reconocimiento formal no se ha traducido en la aceptacion social de la diferencia, por eso el imaginario colectivo reacciona desde los parametros conceptuales del pasado inferiorizando las cosmovisiones no dominantes. Por supuesto que hay aspectos de caracter legal que no fueron abordados, pero en terminos generales presenta una perspectiva interesante.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
William Duica
+3 # William Duica 27-01-2012 01:48
Cito a Max Henriquez:
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez

Estimado Max Henriquez, tiene usted razón, lo mío no es la lluvia. Pero le sugiero que revise su idea de que la ciencia es infalible. Decirle a un científico que la equivocación hace parte de su trabajo no es algo que deba requerir una disculpa.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
William Duica
+1 # William Duica 27-01-2012 03:28
Cito a Alfonso:
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalismo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.

Fíjese, Don Alfonso, que pagar por la promesa de que no llueva, pagar por la promesa de algo sobre lo que (según parece) no se puede tener control, sería un acto irracional. Pero la señora contratista razonó como la mayoría de nosotros, es decir, ofreció pagar no por la promesa, sino por el hecho cumplido. Necesitaba que no lloviera. Alguien viene y dice que puede evitar que llueva. Yo no sé qué pensó ella y no me interesa. Pero imaginemos a alguien que piensa así: yo no sé, ni entiendo y ni siquiera creo en lo que usted hace, pero si no llueve, le pago. Si tengo lo que busco, pago. Así planteada, esa no parece una conducta irracional. Con esa misma actitud esa persona podría ir a donde el psiquiatra, o el neurólogo (para no hablar del psicoanalista). Entonces, ¿por qué pagamos para que no llueva?porque es racional hacerlo, si uno lo necesita y si uno hace el trato de pagar una vez que se haya tenido el resultado. Pero, tratándose de recursos públicos, para usted el punto no es la racionalidad de la acción sino la moralidad. Aquí valdría la pena examinar la relación entre la racionalidad y la moralidad de la acción (de pagar con recursos públicos). Es decir, habría que ver si así como es irracional pagar por la pura promesa, así mismo sería inmoral pagar con recursos públicos por la promesa. Pero igualmente ver si así como no es irracional pagar por el hecho cumplido, así mismo no es inmoral pagar por hecho cumplido. No lo sé; habría que pensarlo, ¿es inmoral usar recursos públicos para pagar a un mentalista que da la ubicación de un desaparecido? Mucha gente ha salido a decir que sí y yo pagaría (poco) por oír sus razones.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Publicast

PublicastEl programa donde hablan los analistas de Razonpublica.

Ir a Archivo

 

Videocolumnas

Andrea

Gabriel

  • ¿Crisis en Turquía?

    Para el internacionalista Gabriel Clavijo los incidentes en Turquía son producto de una serie de...

Ver más videocolumnas

Caleidoscopio

Piedad Bonett

  • Caleidoscopio. Bogotá humana: un modelo para armar

    En una entrevista reciente, la revista Semana le preguntó al alcalde Petro si su gobierno sería “el primer gobierno de izquierda en la capital”. Petro reconoció que las dos administraciones del Polo habían hecho “cosas valiosas e innovadoras (…)...

Por Equipo Caleidoscopio  

Ver Archivo

Sazón Pública

01 / 03

FB: caricaturas del Yeyo Tw: @Yeyonet

Encontré un pokemon. Mijo respete al doctor Óscar Iván

02 / 03

Encontré un pokemon. Mijo respete al doctor Óscar Iván

03 / 03

Encontré un pokemon. Mijo respete al doctor Óscar Iván

Arte y Cultura

Rodrigo D. no futuro: 25 años después

El director de cine antioqueño Víctor Gaviria.

Jair VillanoVíctor Gaviria logró llevar al cine el horror y la belleza de la mezcla de juventud y pobreza en las comunas de Medellín. ¿Cómo logró crear esta obra clásica que un cuarto de siglo después sigue siendo recordada como un hito del cine colombiano? 

 Jaír Villano*

Por  twitter1-1​@Yeyonet

Este mes           Archivo

 

Lectura Pública

Otra forma de contar la historia de las regiones

Municipio de florencia, capital del departamento de Caquetá.

Javier E. ReveloLa academia tiene mucho que decir sobre el conflicto armado en las regiones apartadas de Colombia, pero sabe poco acerca de la vida en esos territorios. Sin estudiar esta historia no habrá luces para avanzar en la construcción de paz.

Javier Revelo Rebolledo*

 

Recomendado

Movilizaciones y protestas sociales: más allá del paro nacional

Ana Restrepo paro agrario bloqueo

Ana Maria Restrepo Razonpublica

El paro convocado esta semana no se debe a “la oposición” ni se debe a la guerrilla: la ola de protestas obedece sobre todo a problemas derivados del modelo económico vigente y a la falta de respuestas del Estado.

Ana María Restrepo*

Mirada Pública - título

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social
Fotos de Felipe Chica Jiménez @felipechica6

01 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

02 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

03 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

04 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

05 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

06 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

07 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

08 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

09 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

10 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

11 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

12 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

13 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

Nos escriben

RP en los medios

  • Un plebiscito político y partidista Viernes, 22 Julio 2016

    Hernando Gómez Buendía El fallo de la Corte desmontó el referendo disfrazado que intentaba montar Santos, y lo redujo a lo que Santos decía que estaba proponiendo: un plebiscito. ElEspectador