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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Wiliam_DuicaRecuento a la vez divertido y penetrante de las reacciones, callejeras o eruditas, que produjo la noticia del chamán que contrataron para que no lloviera en ocasiones memorables. Y reflexión inquietante sobre la necesidad de reconocer los límites de nuestra propia cultura.

William Duica

Diluvio de opiniones

No sé si realmente pueda decirse algo nuevo acerca del curioso caso del chamán contratado para detener la lluvia. A estas alturas, estoy seguro, la mayoría de los lectores tiene más información acerca del caso de la que yo mismo he consultado para redactar estas líneas.

Ya todos los detalles han sido ventilados, denunciados, refutados, aclarados y analizados en todos los medios y desde todos los grados de escolaridad. No hay nadie que no se haya pronunciado sobre el caso; desde la más rancia academia hasta el más rudimentario “hombre de la calle”, pasando, claro está, por los periodistas, especie aparte en la que muy raras veces se mezcla lo mejor de los extremos mencionados. Todos han hecho sentir sus voces en los más destemplados tonos.

Pero en medio de tanta algarabía lo relevante se ha decantado: con recursos del erario (Distrital), un intermediario contratista (el Teatro Nacional) contrató a un Chamán (el señor Jorge González) para que detuviera la lluvia el día de la ceremonia de clausura del mundial de futbol sub-20 en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Tipología de las reacciones

El caso ha provocado una florida variedad de reacciones.

-Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia. Así, una señora de esas que pueden dedicar hasta dos horas de su valioso tiempo esperando en el teléfono para salir al aire en una emisora y descargarle al mundo entero todo el peso de la originalidad de su pensamiento, declaró: “La ignorancia es atrevida”.

-También está la reacción topológico-tolerante de quienes, a pesar de reprochar el despilfarro de la Alcaldía de Bogotá, defienden la causa del vilipendiado chamán. No con más originalidad, aducían estos que “hay regiones donde eso funciona muy bien, como en Los Llanos Orientales” y a continuación desplegaban un repertorio de historias increíbles pero que habrían sido vistas con sus propios ojos y ante las cuales uno no podría más que callar sin disentir (ni asentir).

-Luego está la reacción reflexivo-engatusadora de las “explicaciones” de expertos; explicaciones que aún cuando explican no aclaran, pero que uno oye con el ceño fruncido y la barbilla acomodada entre el índice y el pulgar y ante las cuales uno no puede más que… callar sin disentir (ni asentir). “Lo que hay que entender es que en algunos pueblos hay una serie de prácticas y saberes que se validan desde sus tradiciones y esos saberes cohesionan a esas sociedades dándoles elementos de identidad cultural a los individuos. Por lo cual debemos entender estas prácticas como formas alternativas de saber que no pueden ser juzgadas desde nuestros esquemas conceptuales y paradigmas culturales”.

-¿Se imaginan la cara del funcionario de La Contraloría que tenga que oír esto? Porque, claro, La Contraloría tuvo una reacción paranoico-inquisitiva anunciando “una investigación exhaustiva”.

-De otro lado, la señora que contrató al chamán tuvo, obviamente, su propia reacción (cándido-lúdica); ante las increpaciones despiadadas de la prensa ella simplemente atinó a “contestar” con un desparpajo conmovedor: “¡pero no llovió!”.

Así dejó en sus detractores la pesada carga de desarrollar un argumento que muestre qué hay de malo en contratar a un “radiestesista” (que no un chamán) y pagarle sólo si obtiene el resultado contratado, a saber, detener la lluvia. Se queda uno pensando que este tipo de contrato es mucho más cuidadoso de los recursos públicos que el que tienen los funcionarios del IDEAM a quienes se les debe pagar con todo y sus pronósticos equivocados.

-Otra no menos interesante fue la reacción sacro-política, encarnada esta vez en una periodista que, preocupada por los recursos públicos (que considera sagrados), nos llevó al límite de nuestra capacidad de análisis advirtiendo que “uno tiene derecho a creer lo que quiera y eso debe ser respetado, pero los recursos públicos no pueden ser utilizados para contratar chamanes”.

O sea, los “indios” pueden creer lo que les de la gana y los “blancos” que quieran creerles a los indios (como el presidente - o el contratista que le pagó a González para que no lloviera en su posesión), pues allá ellos. Pero la sacralidad de los recursos públicos no puede ser profanada con supercherías. Esta mujer puede que no haya leído a Mircea Eliade, pero tiene una clara intuición del papel que juega el conocimiento de La Verdad en la diferenciación entre Lo Sagrado y Lo Profano.

Y, finalmente, está la reacción tecno-esotérica del mismísimo Jorge González, quien además de “aclarar” que no es un chamán sino un sacerdote, “declara” que su disciplina es la radiestesia, “explica” que lo que él hace es desplazar centros magnéticos, “denuncia” que en esta discusión se lo está tratando como un delincuente cuando él claramente cumplió con lo contratado, “propone” que, si le pagan cincuenta mil dólares, él detiene el invierno en todo el país (con la ayuda de Dios, claro) y generosamente “ofrece” que haría el mismo tipo de trato, es decir, que sólo recibiría la suma si aplaca el invierno o de lo contrario “sólo me pagarían lo correspondiente a transporte y gastos de sostenimiento”.

¿Puede haber un trato más justo? ¿Cuántos padres de la patria tendrían que aprender de este incomprendido “científico”? como no dudó en calificarlo uno de los periodistas del periódico más leído del país.

Por qué es interesante el caso

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En el estado Nemesio Camacho, El Campín, se celebró la final del Mundial de Fútbol Sub 20, ceremonía para la que fue contratado "el chamán".

Parte de lo que hace de éste un caso memorable es que, a través de las reacciones que ha provocado, uno puede vislumbrar un aspecto de la idiosincrasia colombiana; lo que algún sociólogo de orientación francesa llamaría “el imaginario cultural del colombiano”. El “imaginario cultural del colombiano” es el conjunto de valores, símbolos, códigos, paradigmas discursivos, pretensiones, frustraciones, paranoias, recetas gastronómicas, remedios caseros, mañas, artículos “chiviados”, artesanías, agüeros etc., etc. que definen nuestra manera de “ser en el mundo”.

Y es ahí donde sale a relucir el tipo de arribismo que nos impide a casi todos reconocer nuestra naturaleza de zambos y cuarterones. Juzgamos las prácticas chamanísticas desde esa aspiración inalcanzable de ser occidentales, civilizados, lo que el oyente que llama a reportar sintonía llama “gente culta”.

Y no es que yo crea que no somos gente culta. Ese es precisamente el punto de todo esto. El punto es que hay un sentido en el que no es posible ser incultos. Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

Los límites del etnocenrismo

Toda esta tormenta se ha formado en el vaso de agua de una ambigüedad:

“Inculto” es aquel que no ha sido cultivado, que carece de modales. Es en este sentido de los modales y la educación que se agrega que “inculto” es quien “carece de cultura”.

Pero parte de lo que define la humanidad es que somos criados en una cultura, que nuestras conductas sociales están mediadas por patrones culturales. Desde este punto de vista es prácticamente imposible ser inculto, es decir, carecer de cultura.

La ambigüedad del concepto de “in-cultura” lleva a una confusión entre los conceptos de “cultura” y “conocimiento”. Quien confunde estos conceptos pasa rápidamente a considerar al “ignorante” como “inculto” o sin cultura. Y quien califica a alguien de ignorante se considera a sí mismo poseedor de un conocimiento y por ello “culto”. Los conquistadores españoles, por ejemplo, pensaban que los indios americanos no tenían cultura, eran incultos porque no conocían la palabra de Dios, esta ignorancia les impedía comportarse como seres humanos (ellos pensaban que ser humano era igual a ser español).

En principio, entonces, podría haber alguien ignorante y aun así culto. Esta es una posibilidad que desvirtúa las reacciones descalificadoras. La periodista es más sofisticada, ella reconoce que hay otras culturas, lo que ella llama “otras creencias”, pero para ella es claro que hay culturas sabias y culturas ignorantes.

Aquí es donde entra el tema del etnocentrismo. Nuestra cultura es nuestro saber y no tiene sentido cuestionar esta condición. Pero es importante notar que es por ello que tenemos la tendencia a valorar como incultos e ignorantes a quienes no se comportan dentro de nuestros estándares culturales. Ese es un rasgo característico del etnocentrismo. El etnocentrista valora y juzga a los demás a partir de sus propios estándares y considera que a partir de ellos es que se distingue entre el culto y el inculto, entre el sabio y el ignorante. Nosotros consideramos ignorantes a los Kogui y los Kogui nos consideran ignorantes a nosotros, nos llaman “los hermanos menores”, lo que nos caracteriza ante ellos es nuestra minoría de edad, nuestra ignorancia de un saber que ellos han cultivado en La Sierra.

El problema no es que seamos etnocentristas. No tenemos otro punto de partida. El problema es ignorar que lo somos. Al no saber de nuestra propia condición etnocentrista, reproducimos las conductas xenofóbicas, discriminadoras y autoritaristas, basadas en la falsa premisa de que los que son distintos son inferiores (o superiores).

No estoy pretendiendo concluir que “cada cual tiene su propio saber que es respetable” ¡No! En realidad no creo que pueda concluir nada. Más bien quisiera conjurar la tormenta desatada por el caso del chamán invocando unas fuerzas de la naturaleza, de la naturaleza humana. La fuerza del reconocimiento, no sólo del otro, sino del reconocimiento de nuestro etnocentrismo.

Y quisiera invocar es fuerza porque creo que ponerle límites al etnocentrismo puede contribuir a disipar muchas formas de discriminación descalificadora. El hombre que cobró por detener la lluvia, Don Jorge, pudo haber desatado, sin saberlo, una fuerza de la naturaleza con un poder increíble, la fuerza del reconocimiento de nuestros propios límites.

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

 




























 
Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia.










































































































 
Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

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Comentarios  

July
0 # July 23-01-2012 16:06
Pues acá se tocan varios temas de manera seria, con algo de radicalismos pero eso ya no es problema debemos acostumbrarnos a eso. Hay un tema que se toca de manera superficial el papel de los intermediarios en las acciones estatales, es decir el Teatro Nacional. No es el único caso que conozco, pero estos intermediarios reciben cantidades alarmantes de dinero, por una actividad que al hacerla el mismo estado saldría a mitad de precio. Nos estamos quejando de la sub-contratació n del Chamán, legalmente no se puede hacer mayor cosa, pero realmente cuantas sub-contratacio nes existen, Cuál es el margen de ganancia de un intermediario y de quienes realizan realmente las actividades de dichos contratos garantizando los resultados necesarios para seguir contratando.
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José Fernando Flórez
+1 # José Fernando Flórez 23-01-2012 19:36
Es una obviedad que el etnocentrismo, en términos culturales, es inevitable para poder afirmar algo. Pero su artículo no trata el punto esencial del debate. El reparo al mal llamado “chamán” (quien en realidad es un radiestesista) no es sobre el “valor” de su cultura –que es la campesina hasta donde sabemos, no la chamanística-, la cual resulta tan respetable como la de cualquier otro. El reparo es a la radiestesia en tanto pseudociencia reconocida por su inefectividad. Esto significa que la radiestesia no responde a las exigencias de verificación empírica del método científico, es decir, que no funciona y por lo tanto celebrar un contrato estatal para ponerla en práctica constituye una estafa al erario. La discusión crucial aquí no es de índole étnica: frente al radiestesista soy tan exigente como puedo serlo ante una sesión de milagros o interposición de manos católica, o ante un verdadero chamán, sobre todo cuando sus “servicios” son financiados con los impuestos que pagamos los colombianos. Si el radiestesista demostrara que puede impedir la lluvia, yo sería el primero en contratarlo todos los domingos.
Ahora bien, su argumentación tiene un serio problema en torno a lo que usted considera la “imposibilidad de concluir algo” (“En realidad no creo que pueda concluir nada”, escribe). Desde luego que se puede concluir algo y es la ínfima probabilidad de que la radiestesia funcione: incumbe a quien dice poder hacer algo, a fortiori si es extraordinario, probarlo (no a quien lo niega). Recordemos la parábola de la "tetera celestial" de Bertrand Russell: si afirmo que entre la Tierra y Marte hay una tetera china girando alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie sería capaz de desmentir mi aserción, en especial si agrego que la tetera es demasiado pequeña para ser vista por el más poderoso telescopio. Sin embargo, si digo que como mi aserción no puede refutarse con absoluta certeza la razón humana no puede dudar de ella, me convierto en un verdadero charlatán. Es tan posible que el radiestesista pueda impedir la lluvia como que el espagueti intergaláctico haya sido el responsable de la creación del universo. Ahora bien: demuéstrelo.
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Alfonso
0 # Alfonso 24-01-2012 19:51
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalis mo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.
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Max Henriquez
-3 # Max Henriquez 24-01-2012 21:05
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez
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Jafeth Paz
+2 # Jafeth Paz 25-01-2012 00:08
Comparto el contenido del articulo porque descubre el desenfoque en el que se ha debatido el tema. Efectivamente, solo hasta la Constitucion de 1.991 el Estado reconoce y protege la diversidad cultural, pero este reconocimiento formal no se ha traducido en la aceptacion social de la diferencia, por eso el imaginario colectivo reacciona desde los parametros conceptuales del pasado inferiorizando las cosmovisiones no dominantes. Por supuesto que hay aspectos de caracter legal que no fueron abordados, pero en terminos generales presenta una perspectiva interesante.
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William Duica
+3 # William Duica 27-01-2012 01:48
Cito a Max Henriquez:
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez

Estimado Max Henriquez, tiene usted razón, lo mío no es la lluvia. Pero le sugiero que revise su idea de que la ciencia es infalible. Decirle a un científico que la equivocación hace parte de su trabajo no es algo que deba requerir una disculpa.
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William Duica
+1 # William Duica 27-01-2012 03:28
Cito a Alfonso:
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalismo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.

Fíjese, Don Alfonso, que pagar por la promesa de que no llueva, pagar por la promesa de algo sobre lo que (según parece) no se puede tener control, sería un acto irracional. Pero la señora contratista razonó como la mayoría de nosotros, es decir, ofreció pagar no por la promesa, sino por el hecho cumplido. Necesitaba que no lloviera. Alguien viene y dice que puede evitar que llueva. Yo no sé qué pensó ella y no me interesa. Pero imaginemos a alguien que piensa así: yo no sé, ni entiendo y ni siquiera creo en lo que usted hace, pero si no llueve, le pago. Si tengo lo que busco, pago. Así planteada, esa no parece una conducta irracional. Con esa misma actitud esa persona podría ir a donde el psiquiatra, o el neurólogo (para no hablar del psicoanalista). Entonces, ¿por qué pagamos para que no llueva?porque es racional hacerlo, si uno lo necesita y si uno hace el trato de pagar una vez que se haya tenido el resultado. Pero, tratándose de recursos públicos, para usted el punto no es la racionalidad de la acción sino la moralidad. Aquí valdría la pena examinar la relación entre la racionalidad y la moralidad de la acción (de pagar con recursos públicos). Es decir, habría que ver si así como es irracional pagar por la pura promesa, así mismo sería inmoral pagar con recursos públicos por la promesa. Pero igualmente ver si así como no es irracional pagar por el hecho cumplido, así mismo no es inmoral pagar por hecho cumplido. No lo sé; habría que pensarlo, ¿es inmoral usar recursos públicos para pagar a un mentalista que da la ubicación de un desaparecido? Mucha gente ha salido a decir que sí y yo pagaría (poco) por oír sus razones.
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