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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Wiliam_DuicaRecuento a la vez divertido y penetrante de las reacciones, callejeras o eruditas, que produjo la noticia del chamán que contrataron para que no lloviera en ocasiones memorables. Y reflexión inquietante sobre la necesidad de reconocer los límites de nuestra propia cultura.

William Duica

Diluvio de opiniones

No sé si realmente pueda decirse algo nuevo acerca del curioso caso del chamán contratado para detener la lluvia. A estas alturas, estoy seguro, la mayoría de los lectores tiene más información acerca del caso de la que yo mismo he consultado para redactar estas líneas.

Ya todos los detalles han sido ventilados, denunciados, refutados, aclarados y analizados en todos los medios y desde todos los grados de escolaridad. No hay nadie que no se haya pronunciado sobre el caso; desde la más rancia academia hasta el más rudimentario “hombre de la calle”, pasando, claro está, por los periodistas, especie aparte en la que muy raras veces se mezcla lo mejor de los extremos mencionados. Todos han hecho sentir sus voces en los más destemplados tonos.

Pero en medio de tanta algarabía lo relevante se ha decantado: con recursos del erario (Distrital), un intermediario contratista (el Teatro Nacional) contrató a un Chamán (el señor Jorge González) para que detuviera la lluvia el día de la ceremonia de clausura del mundial de futbol sub-20 en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Tipología de las reacciones

El caso ha provocado una florida variedad de reacciones.

-Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia. Así, una señora de esas que pueden dedicar hasta dos horas de su valioso tiempo esperando en el teléfono para salir al aire en una emisora y descargarle al mundo entero todo el peso de la originalidad de su pensamiento, declaró: “La ignorancia es atrevida”.

-También está la reacción topológico-tolerante de quienes, a pesar de reprochar el despilfarro de la Alcaldía de Bogotá, defienden la causa del vilipendiado chamán. No con más originalidad, aducían estos que “hay regiones donde eso funciona muy bien, como en Los Llanos Orientales” y a continuación desplegaban un repertorio de historias increíbles pero que habrían sido vistas con sus propios ojos y ante las cuales uno no podría más que callar sin disentir (ni asentir).

-Luego está la reacción reflexivo-engatusadora de las “explicaciones” de expertos; explicaciones que aún cuando explican no aclaran, pero que uno oye con el ceño fruncido y la barbilla acomodada entre el índice y el pulgar y ante las cuales uno no puede más que… callar sin disentir (ni asentir). “Lo que hay que entender es que en algunos pueblos hay una serie de prácticas y saberes que se validan desde sus tradiciones y esos saberes cohesionan a esas sociedades dándoles elementos de identidad cultural a los individuos. Por lo cual debemos entender estas prácticas como formas alternativas de saber que no pueden ser juzgadas desde nuestros esquemas conceptuales y paradigmas culturales”.

-¿Se imaginan la cara del funcionario de La Contraloría que tenga que oír esto? Porque, claro, La Contraloría tuvo una reacción paranoico-inquisitiva anunciando “una investigación exhaustiva”.

-De otro lado, la señora que contrató al chamán tuvo, obviamente, su propia reacción (cándido-lúdica); ante las increpaciones despiadadas de la prensa ella simplemente atinó a “contestar” con un desparpajo conmovedor: “¡pero no llovió!”.

Así dejó en sus detractores la pesada carga de desarrollar un argumento que muestre qué hay de malo en contratar a un “radiestesista” (que no un chamán) y pagarle sólo si obtiene el resultado contratado, a saber, detener la lluvia. Se queda uno pensando que este tipo de contrato es mucho más cuidadoso de los recursos públicos que el que tienen los funcionarios del IDEAM a quienes se les debe pagar con todo y sus pronósticos equivocados.

-Otra no menos interesante fue la reacción sacro-política, encarnada esta vez en una periodista que, preocupada por los recursos públicos (que considera sagrados), nos llevó al límite de nuestra capacidad de análisis advirtiendo que “uno tiene derecho a creer lo que quiera y eso debe ser respetado, pero los recursos públicos no pueden ser utilizados para contratar chamanes”.

O sea, los “indios” pueden creer lo que les de la gana y los “blancos” que quieran creerles a los indios (como el presidente - o el contratista que le pagó a González para que no lloviera en su posesión), pues allá ellos. Pero la sacralidad de los recursos públicos no puede ser profanada con supercherías. Esta mujer puede que no haya leído a Mircea Eliade, pero tiene una clara intuición del papel que juega el conocimiento de La Verdad en la diferenciación entre Lo Sagrado y Lo Profano.

Y, finalmente, está la reacción tecno-esotérica del mismísimo Jorge González, quien además de “aclarar” que no es un chamán sino un sacerdote, “declara” que su disciplina es la radiestesia, “explica” que lo que él hace es desplazar centros magnéticos, “denuncia” que en esta discusión se lo está tratando como un delincuente cuando él claramente cumplió con lo contratado, “propone” que, si le pagan cincuenta mil dólares, él detiene el invierno en todo el país (con la ayuda de Dios, claro) y generosamente “ofrece” que haría el mismo tipo de trato, es decir, que sólo recibiría la suma si aplaca el invierno o de lo contrario “sólo me pagarían lo correspondiente a transporte y gastos de sostenimiento”.

¿Puede haber un trato más justo? ¿Cuántos padres de la patria tendrían que aprender de este incomprendido “científico”? como no dudó en calificarlo uno de los periodistas del periódico más leído del país.

Por qué es interesante el caso

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En el estado Nemesio Camacho, El Campín, se celebró la final del Mundial de Fútbol Sub 20, ceremonía para la que fue contratado "el chamán".

Parte de lo que hace de éste un caso memorable es que, a través de las reacciones que ha provocado, uno puede vislumbrar un aspecto de la idiosincrasia colombiana; lo que algún sociólogo de orientación francesa llamaría “el imaginario cultural del colombiano”. El “imaginario cultural del colombiano” es el conjunto de valores, símbolos, códigos, paradigmas discursivos, pretensiones, frustraciones, paranoias, recetas gastronómicas, remedios caseros, mañas, artículos “chiviados”, artesanías, agüeros etc., etc. que definen nuestra manera de “ser en el mundo”.

Y es ahí donde sale a relucir el tipo de arribismo que nos impide a casi todos reconocer nuestra naturaleza de zambos y cuarterones. Juzgamos las prácticas chamanísticas desde esa aspiración inalcanzable de ser occidentales, civilizados, lo que el oyente que llama a reportar sintonía llama “gente culta”.

Y no es que yo crea que no somos gente culta. Ese es precisamente el punto de todo esto. El punto es que hay un sentido en el que no es posible ser incultos. Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

Los límites del etnocenrismo

Toda esta tormenta se ha formado en el vaso de agua de una ambigüedad:

“Inculto” es aquel que no ha sido cultivado, que carece de modales. Es en este sentido de los modales y la educación que se agrega que “inculto” es quien “carece de cultura”.

Pero parte de lo que define la humanidad es que somos criados en una cultura, que nuestras conductas sociales están mediadas por patrones culturales. Desde este punto de vista es prácticamente imposible ser inculto, es decir, carecer de cultura.

La ambigüedad del concepto de “in-cultura” lleva a una confusión entre los conceptos de “cultura” y “conocimiento”. Quien confunde estos conceptos pasa rápidamente a considerar al “ignorante” como “inculto” o sin cultura. Y quien califica a alguien de ignorante se considera a sí mismo poseedor de un conocimiento y por ello “culto”. Los conquistadores españoles, por ejemplo, pensaban que los indios americanos no tenían cultura, eran incultos porque no conocían la palabra de Dios, esta ignorancia les impedía comportarse como seres humanos (ellos pensaban que ser humano era igual a ser español).

En principio, entonces, podría haber alguien ignorante y aun así culto. Esta es una posibilidad que desvirtúa las reacciones descalificadoras. La periodista es más sofisticada, ella reconoce que hay otras culturas, lo que ella llama “otras creencias”, pero para ella es claro que hay culturas sabias y culturas ignorantes.

Aquí es donde entra el tema del etnocentrismo. Nuestra cultura es nuestro saber y no tiene sentido cuestionar esta condición. Pero es importante notar que es por ello que tenemos la tendencia a valorar como incultos e ignorantes a quienes no se comportan dentro de nuestros estándares culturales. Ese es un rasgo característico del etnocentrismo. El etnocentrista valora y juzga a los demás a partir de sus propios estándares y considera que a partir de ellos es que se distingue entre el culto y el inculto, entre el sabio y el ignorante. Nosotros consideramos ignorantes a los Kogui y los Kogui nos consideran ignorantes a nosotros, nos llaman “los hermanos menores”, lo que nos caracteriza ante ellos es nuestra minoría de edad, nuestra ignorancia de un saber que ellos han cultivado en La Sierra.

El problema no es que seamos etnocentristas. No tenemos otro punto de partida. El problema es ignorar que lo somos. Al no saber de nuestra propia condición etnocentrista, reproducimos las conductas xenofóbicas, discriminadoras y autoritaristas, basadas en la falsa premisa de que los que son distintos son inferiores (o superiores).

No estoy pretendiendo concluir que “cada cual tiene su propio saber que es respetable” ¡No! En realidad no creo que pueda concluir nada. Más bien quisiera conjurar la tormenta desatada por el caso del chamán invocando unas fuerzas de la naturaleza, de la naturaleza humana. La fuerza del reconocimiento, no sólo del otro, sino del reconocimiento de nuestro etnocentrismo.

Y quisiera invocar es fuerza porque creo que ponerle límites al etnocentrismo puede contribuir a disipar muchas formas de discriminación descalificadora. El hombre que cobró por detener la lluvia, Don Jorge, pudo haber desatado, sin saberlo, una fuerza de la naturaleza con un poder increíble, la fuerza del reconocimiento de nuestros propios límites.

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

 




























 
Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia.










































































































 
Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

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Comentarios  

July
0 # July 23-01-2012 16:06
Pues acá se tocan varios temas de manera seria, con algo de radicalismos pero eso ya no es problema debemos acostumbrarnos a eso. Hay un tema que se toca de manera superficial el papel de los intermediarios en las acciones estatales, es decir el Teatro Nacional. No es el único caso que conozco, pero estos intermediarios reciben cantidades alarmantes de dinero, por una actividad que al hacerla el mismo estado saldría a mitad de precio. Nos estamos quejando de la sub-contratació n del Chamán, legalmente no se puede hacer mayor cosa, pero realmente cuantas sub-contratacio nes existen, Cuál es el margen de ganancia de un intermediario y de quienes realizan realmente las actividades de dichos contratos garantizando los resultados necesarios para seguir contratando.
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José Fernando Flórez
+1 # José Fernando Flórez 23-01-2012 19:36
Es una obviedad que el etnocentrismo, en términos culturales, es inevitable para poder afirmar algo. Pero su artículo no trata el punto esencial del debate. El reparo al mal llamado “chamán” (quien en realidad es un radiestesista) no es sobre el “valor” de su cultura –que es la campesina hasta donde sabemos, no la chamanística-, la cual resulta tan respetable como la de cualquier otro. El reparo es a la radiestesia en tanto pseudociencia reconocida por su inefectividad. Esto significa que la radiestesia no responde a las exigencias de verificación empírica del método científico, es decir, que no funciona y por lo tanto celebrar un contrato estatal para ponerla en práctica constituye una estafa al erario. La discusión crucial aquí no es de índole étnica: frente al radiestesista soy tan exigente como puedo serlo ante una sesión de milagros o interposición de manos católica, o ante un verdadero chamán, sobre todo cuando sus “servicios” son financiados con los impuestos que pagamos los colombianos. Si el radiestesista demostrara que puede impedir la lluvia, yo sería el primero en contratarlo todos los domingos.
Ahora bien, su argumentación tiene un serio problema en torno a lo que usted considera la “imposibilidad de concluir algo” (“En realidad no creo que pueda concluir nada”, escribe). Desde luego que se puede concluir algo y es la ínfima probabilidad de que la radiestesia funcione: incumbe a quien dice poder hacer algo, a fortiori si es extraordinario, probarlo (no a quien lo niega). Recordemos la parábola de la "tetera celestial" de Bertrand Russell: si afirmo que entre la Tierra y Marte hay una tetera china girando alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie sería capaz de desmentir mi aserción, en especial si agrego que la tetera es demasiado pequeña para ser vista por el más poderoso telescopio. Sin embargo, si digo que como mi aserción no puede refutarse con absoluta certeza la razón humana no puede dudar de ella, me convierto en un verdadero charlatán. Es tan posible que el radiestesista pueda impedir la lluvia como que el espagueti intergaláctico haya sido el responsable de la creación del universo. Ahora bien: demuéstrelo.
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Alfonso
0 # Alfonso 24-01-2012 19:51
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalis mo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.
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Max Henriquez
-3 # Max Henriquez 24-01-2012 21:05
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez
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Jafeth Paz
+2 # Jafeth Paz 25-01-2012 00:08
Comparto el contenido del articulo porque descubre el desenfoque en el que se ha debatido el tema. Efectivamente, solo hasta la Constitucion de 1.991 el Estado reconoce y protege la diversidad cultural, pero este reconocimiento formal no se ha traducido en la aceptacion social de la diferencia, por eso el imaginario colectivo reacciona desde los parametros conceptuales del pasado inferiorizando las cosmovisiones no dominantes. Por supuesto que hay aspectos de caracter legal que no fueron abordados, pero en terminos generales presenta una perspectiva interesante.
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William Duica
+3 # William Duica 27-01-2012 01:48
Cito a Max Henriquez:
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez

Estimado Max Henriquez, tiene usted razón, lo mío no es la lluvia. Pero le sugiero que revise su idea de que la ciencia es infalible. Decirle a un científico que la equivocación hace parte de su trabajo no es algo que deba requerir una disculpa.
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William Duica
+1 # William Duica 27-01-2012 03:28
Cito a Alfonso:
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalismo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.

Fíjese, Don Alfonso, que pagar por la promesa de que no llueva, pagar por la promesa de algo sobre lo que (según parece) no se puede tener control, sería un acto irracional. Pero la señora contratista razonó como la mayoría de nosotros, es decir, ofreció pagar no por la promesa, sino por el hecho cumplido. Necesitaba que no lloviera. Alguien viene y dice que puede evitar que llueva. Yo no sé qué pensó ella y no me interesa. Pero imaginemos a alguien que piensa así: yo no sé, ni entiendo y ni siquiera creo en lo que usted hace, pero si no llueve, le pago. Si tengo lo que busco, pago. Así planteada, esa no parece una conducta irracional. Con esa misma actitud esa persona podría ir a donde el psiquiatra, o el neurólogo (para no hablar del psicoanalista). Entonces, ¿por qué pagamos para que no llueva?porque es racional hacerlo, si uno lo necesita y si uno hace el trato de pagar una vez que se haya tenido el resultado. Pero, tratándose de recursos públicos, para usted el punto no es la racionalidad de la acción sino la moralidad. Aquí valdría la pena examinar la relación entre la racionalidad y la moralidad de la acción (de pagar con recursos públicos). Es decir, habría que ver si así como es irracional pagar por la pura promesa, así mismo sería inmoral pagar con recursos públicos por la promesa. Pero igualmente ver si así como no es irracional pagar por el hecho cumplido, así mismo no es inmoral pagar por hecho cumplido. No lo sé; habría que pensarlo, ¿es inmoral usar recursos públicos para pagar a un mentalista que da la ubicación de un desaparecido? Mucha gente ha salido a decir que sí y yo pagaría (poco) por oír sus razones.
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