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El nuevo gabinete, el presidente asediado y la gobernabilidad por reparto

Javier DuqueNo es una coalición de “unidad nacional” en torno a las ideas o al interés nacional sino una amalgama de partidos en torno al presupuesto y a las cuotas  burocráticas. Solo que ahora, en aras de la paz, la oposición quiere ser oposición y estar en el gobierno.

Javier Duque Daza*

Sesión del Senado en el Capitolio Nacional.

Santos asediado

La macro-coalición de la Unidad nacional ha pretendido dar un margen de acción al presidente,  garantizarle la mayoría en el Congreso, sumar apoyos para respaldar la negociación con las FARC y  aguantar los embates del uribismo.

Transcurridos el primer gobierno y casi la mitad del segundo la coalición le ha permitido a Santos avanzar en el proceso de paz, aprobar gran parte de la agenda legislativa y contrarrestar la oposición. Pero Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores, sufre  un desgaste evidente y tiene muy poca aprobación en las  encuestas:

  • Lo asedian los partidos que lo apoyan –el Liberal, el Social de Unidad y Cambio Radical- y una parte del partido Conservador. Todos exigen “representación” y retribución por su apoyo en las elecciones y en el Congreso. Las monedas de cambio son la burocracia y el presupuesto, pero como ambos son limitados, las pujas son encarnizadas y van acompañadas de amenazas y chantajes.
  • Lo asedia la bancada del  Centro Democrático, así sus adjetivos parezcan inauditos o hasta delirantes: canalla, traidor, corrupto, inepto…castro-chavista y aún comunista. El uribismo niega la legitimidad de la justicia, aliada con el gobierno, y  pretende hacer pasar por perseguidos a quienes han cometido delitos o se han aliado con criminales.
  • Lo asedian las FARC con exigencias en el límite de lo que la sociedad está dispuesta a conceder por su desmovilización y reinserción. También lo asedian aplazando el acuerdo final, estirando los tiempos de las negociaciones y pidiendo lo impensable. El ELN actúa igual con sus continuos atentados, mientras amaga con negociaciones.
  • Lo asedian el Procurador y José Félix Lafaurie, que defienden a los “poseedores de buena fe” de las tierras usurpadas con violencia a centenares de miles de campesinos. Se oponen a la ley de restitución de tierras y con ello pretenden bloquear los acuerdos de paz. El Procurador además bombardea constantemente las negociaciones y las decisiones del gobierno.
  • Lo (auto) asedian los desaciertos de sus altos funcionarios, con decisiones erráticas y discutibles que con frecuencia han debido reversar.
  • Lo asedian la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía, la  inflación y el desempleo en aumento, además de la crisis hospitalaria, la quiebra -ficticia o real- de muchas EPS y la desatención a los usuarios.
  • Lo asedian columnistas críticos, y algunos medios proclives a Uribe. Lo asedian los chiflidos de aquí y de allá, que expresan inconformidad, impopularidad y desconfianza por todo tipo de motivos.

Y para defenderse de tantos asedios, Santos se ha empeñado en mantener, e incluso en ensanchar,  su coalición de Unidad Nacional.  

Prebendas en vez de ideas

el expresidente César Gaviria
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Presidencia de la República

Como señala Josep Colomer, hay buenas razones para que un gobierno sin mayorías en el Congreso conforme una coalición amplia y cohesionada: puede lograr consensos legitimadores y populares; permite adoptar reformas que requieren acuerdos super-mayoritarios; evita la parálisis que tiene a padecer un gobierno minoritario; ayuda a prevenir la  polarización…. Pero para lograr de veras lo anterior es necesario que: (1) la coalición se base en documentos públicos donde consten los acuerdos y las reservas del caso, (2) cada partido asuma compromisos específicos, y (3) esos partidos rindan cuentas sobre los resultados de las políticas y de la coalición que formó.

El cumplimiento de estas tres  condiciones a su vez implica que los socios de una macro-coalición sean partidos con cohesión y disciplina internas, con eficaz rendición de cuentas y – sobre todo- con proyectos de sociedad. Pero resulta que en Colombia las cosas no son así.

Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores.

La Unidad Nacional ha logrado mayorías en el Congreso (más del 60 por ciento en el senado y el 73 por ciento en la Cámara) y funciona como una agregación de apoyos para mantener una gobernabilidad por reparto. Más que consensos sociales, se persiguen acuerdos pragmáticos sobre la base de transacciones e intercambios; los partidos básicamente buscan beneficios para sus dirigentes, congresistas, allegados o familiares, y el bien común no entra en sus cuentas ni se refleja en sus actuaciones.

Aunque la coalición evita la parálisis de un presidente sin mayorías en el Congreso, los costos para el gobierno son altos por la voracidad burocrática de sus socios. Además el gobierno tiende a actuar de manera incoherente y errática. La coalición de la Unidad nacional se mantenido hasta ahora, pero es tambaleante y se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.

Repartiendo ministerios

La nueva recomposición del gabinete pretende mantener la gobernabilidad y el respaldo partidista sobre la base del reparto. Solo que ahora a las presiones anteriores se le suma la necesidad de movilizar votos para el eventual plebiscito sobre los acuerdos con las FARC.

Esta es la composición partidista del gabinete que se anunció esta semana: 

Ministros

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

 

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

  • El Partido Liberal quedó inconforme. Aunque mantiene la mayor cuota de ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y TICs, además del ministro-consejero para el posconflicto y del director del Departamento Nacional de Planeación), sus dirigentes le han recordado al gobierno que su partido es el principal socio de la Unidad Nacional (cuenta con el 21 por ciento de congresistas). Por eso Horacio Serpa, co-presidente del partido, declaró que la “relación con el gobierno no pasa por el mejor momento y la unidad nacional hace agua”. Ya había expresado su descontento por los privilegios que recibe Cambio Radical y la campaña electoral anticipada que adelanta Vargas Lleras. Quieren más “representación”, están inconformes por la no inclusión del vicefiscal en la terna para la Fiscalía y sienten que les están tomando ventaja en la carrera por la presidencia.
  • El Partido de la U se muestra satisfecho. Mantuvo cuatro ministerios y sus demás cuotas burocráticas, es el partido del presidente, sus  congresistas tienen mucha presencia  en el proceso de paz (empezando por Roy Barreras) y perciben que se acerca el acuerdo final con las FARC, su gran apuesta política.
  • Cambio Radical se fortalece. Mantuvo dos ministerios además de otros cargos de importancia, cuenta con el candidato con más opciones aparentes de  ocupar la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez) y su jefe Vargas Lleras se perfila como el aspirante  presidencial con más fuerza, que hace campaña de facto desde el gobierno y goza de carta blanca respecto de las inversiones en infraestructura.
  • El conservatismo sigue actuando como partido-remora, pegado de la burocracia, sobreviviendo en las elecciones y apoyando los proyectos de Santos, aunque sin ser parte oficial de la coalición de gobierno. Algunos de sus dirigentes se sienten más cercanos al Centro Democrático, pero los congresistas que mueven la maquinaria no se despegan del gobierno, del cual llevan viviendo décadas sin ser un partido con vocación de poder.

Estos cuatro partidos (además del MIRA, que se les ha sumado en las decisiones clave) han hecho viable el gobierno, han aprobado sus proyectos en el Congreso, han respaldado el proceso de paz -aunque Cambio Radical y el conservatismo con ciertas ambigüedades- y su apoyo es fundamental para el eventual plebiscito. Por eso seguirán recibiendo favores del Ejecutivo, así el precio de ello sea volverse gobierno-dependientes en sus aspiraciones. Esta lógica transaccional ha permitido que sobreviva la coalición santista.

Con ministerios, pero en la oposición

El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
Foto: Presidencia de la República

Las reacciones del Polo Democrático y de Alianza Verde ante el nuevo gabinete reflejan sus divisiones y sus debilidades organizacionales: los dos ministros designados no cuentan con el respaldo oficial de sus partidos, que reclaman su independencia y su carácter de oposición. Partidos sin ministerios, aunque tengan ministros.

La coalición de la Unidad nacional se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.
  • Dentro del Polo hay un sector que apoya a Clara López como ministra, pero la mayoría (encabezada por Jorge Robledo, Alexander López, Carlos Bula - el exministro de Samper- y otros dirigentes) le pidió que no aceptara el nombramiento y la tilda de  “cripto-santista”. Este fue el mismo sector que se abstuvo de votar por Santos en la segunda vuelta y en aras de la paz, para impedir el triunfo  del candidato del Centro Democrático. Consideran que uno no puede ser presidente de un partido de oposición derrotado para pasar a ser ministro del gobierno.

El PDA que se debate entre apoyar el proceso de paz y oponerse al gobierno de Santos, ahora tiene que enfrentar la tensión resultante de que su excandidata y directora funja como ministra de Trabajo. Tal vez vengan la ruptura y el retiro de Clara López, siguiendo los pasos de Navarro y de Petro. Un partido que repite la  historia de la izquierda en Colombia, que se va desvaneciendo a través de los conflictos internos, de las disidencias y las deserciones. La multiplicación de las izquierdas.

  • Por su parte, el sector de Alianza Verde que sigue a Claudia López rechaza el ingreso de su partido al gabinete de un gobierno que considera proclive a la corrupción o a la “mermelada”. Igual que el Polo, este partido se encuentra ante el dilema de tener un ministro sin ser parte del gobierno, aunque apoye las negociaciones de paz. Otro partido sin coherencia y donde siguen primando los liderazgos sobre la organización.

Todo se desvirtúa

En el sistema político colombiano: las coaliciones no producen consensos sino arreglos temporales; los partidos no tienen responsabilidades públicas, solo compromisos personales o de grupo; tampoco saben tramitar sus asuntos internos sin recurrir a la descalificación, a la deserción o a la ambigüedad pragmática; los cambios en los gabinetes son apenas jugadas de recomposición, son pujas y presiones por pedazos del gobierno; el resultado viene a ser la inconsistencia, la descoordinación y el fracaso de las políticas; la sociedad gana poco con recambios de nombres si las políticas no se inspiran de veras  en el interés público.
 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

UNGASS 2016: una percepción (un poco) diferente sobre las drogas

Francisco ThoumiQué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?   

Francisco Thoumi*

Sesión de la ONU en el marco de la UNGASS 2016.

La UNGASS

La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.

La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.

De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.

La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.

Negociaciones complejas

Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Foto: docmonstereyes

Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.

Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.

Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.

En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.

Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.

Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.

Los difíciles acuerdos

Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:

  1. Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
  2. Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
  3. Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
  4. Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.

Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.

Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.

El problema no ha acabado

Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Foto: Policía Nacional de los Colombiano

Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es

  • un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
  • una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.

En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.  

Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.

Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.

Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.

Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.

De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:

  • Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
  • El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
  • Los grandes desplazamientos humanos,
  • Las crisis económicas,
  • La creciente secularización,
  • El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….

Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.

El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.

Lo que viene

Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.

Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.

Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.

Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.

Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.

 

* Cofundador de Razón Pública  y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras

Alejandro ReyesEl comprador de un carro robado tiene que demostrar que actuó de buena fe. Pasa lo mismo con las tierras robadas, pero esto es lo que Ordóñez y Lafaurie pretenden ignorar y hoy utilizan como ariete de una batalla que en efecto es muy oscura.    

Alejandro Reyes Posada*

El Procurador General Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Desplazados y guerrilleros   

En un evento convocado por el procurador Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabana de San Ángel, Magdalena, el pasado 5 de abril, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pronunció estas palabras al referirse a la restitución de tierras:

“Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido duramente retaliado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Doctor Sabogal, respetuosamente se lo digo, si esto a usted se le salió de las manos, por favor renuncie”.

Esta declaración solo puede entenderse desde la economía política si se parte de un postulado idéntico al que movió a los paramilitares a “limpiar” grandes zonas de campesinos mediante masacres y desplazamientos forzados, al acusarlos de ser parte o de colaborar con las guerrillas. Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Ganaderos expropiados

Para reforzar su argumento, Lafaurie menciona las zonas de reserva campesina y el fondo de tierras acordado en La Habana, que tendrían que salir de las fincas de los ganaderos que “honestamente” han seguido batallando desde el campo.

Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Por ejemplo el “honesto ganadero” Rodrigo Tovar Pupo, bajo el alias de Jorge 40, escogió el mismo lugar de Sabanas de San Ángel – separado del actual municipio de Chibolo, que fue elevado a esta categoría por los parapolíticos- para batallar desde el campo por sus intereses. De allí fueron expulsadas muchas familias campesinas que habían recibido títulos de adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y sus tierras fueron compradas a bajísimos precios por el Tuto Castro y su grupo de testaferros, y legalizadas a quienes ahora se pretenden compradores de buena fe.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les hizo el juego a estos ganaderos  al revocar los títulos de quienes no estaban cultivando su parcela por haber sido desplazados y al re-adjudicar las fincas a los candidatos de Jorge 40, según se comprobó en los computadores de Don Antonio, agente financiero del Bloque Norte.

¿Cuál buena fe?

Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tanto Lafaurie como el procurador Ordóñez protestan porque quienes se opongan de buena fe a la restitución de algún predio reciben el mismo trato de los victimarios porque -al ser invertida la carga de la prueba- tienen que demostrar que lo adquirieron de buena fe exenta de culpa.

Al hacer esa exigencia, la Ley de restitución de tierras buscó precisamente diferenciar a los despojadores de los compradores inocentes de tierras que antes habían sido despojadas por otros desde 1991. A estos últimos les dio el beneficio de recibir una compensación en tierra o dinero equivalente al precio comercial vigente de la tierra, que la Unidad de Restitución debe cancelar si el juez o magistrado ordenan la restitución al despojado.

Este es el meollo del debate que desataron Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena y en Santander. Se trata de decidir si las ventas posteriores a personas que no hicieron parte del conflicto armado pueden sanear las transferencias forzosas y, por tanto, si el despojo puede blanquearse con el alegato de la buena fe de los compradores. Así, la pérdida patrimonial de las víctimas se consolida con estas ventas.

En estricto sentido, se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

La Ley de restitución busca recuperar la propiedad de las tierras despojadas y no juzgar a las personas, pues no hace parte del Código Penal. Una vez se identifican la relación jurídica anterior del reclamante con su predio y las circunstancias de violencia que causaron la pérdida patrimonial de la víctima, se invierte la carga de la prueba en contra de los opositores, que deben demostrar mejor derecho a las tierras que los despojados.

Si no lo hacen, lo que sigue es el restablecimiento del derecho vulnerado mediante la decisión del juez de ordenar la restitución. La disputa judicial por la propiedad, en contextos de conflicto armado, no sigue las reglas de los procesos civiles ordinarios, que versan sobre los requisitos formales que deben cumplir los modos legítimos de adquirir el dominio (como la compraventa, la sucesión, la donación o la prescripción), sino las reglas especiales de justicia transicional que buscan la reparación de las víctimas de despojo forzado.

La esencia de la Ley de restitución es negarles a la violencia, a la coacción armada y a la intimidación la virtud de transferir legalmente la propiedad de la tierra y los inmuebles. Si las transferencias fueron ilegales, quien adquiere las tierras con posterioridad al despojo no compra un verdadero derecho de propiedad sino un pleito de tierras susceptible de revertir al dueño inicial. Ocurre lo mismo que en el mercado de carros o celulares robados.

La única discusión posible es definir si el comprador de lo robado tiene o no derecho a recibir una compensación que le impida la pérdida patrimonial. Allí es donde opera el concepto de la buena fe exenta de culpa, que el legislador puso como condición para tener derecho a la compensación, en virtud de las presunciones de legalidad y buena fe que rigen las transacciones comerciales.

Las “falsas víctimas”

La Ley, además, estableció como requisito para las demandas ante los jueces la inscripción previa de las reclamaciones en el registro de tierras despojadas, para que la Unidad de Restitución estudiara si el reclamante tenía un derecho sobre la tierra, si se trata de la misma parcela y si mediaron circunstancias y hechos de violencia que expliquen la pérdida del derecho de propiedad o la posesión.

Se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, explicó a José Félix Lafaurie, en carta pública del 27 de abril, el tema de las falsas víctimas reclamantes de restitución:

“Sobre las “falsas víctimas” a las que se refiere, debo aclararle que el rigor del proceso ha detectado dos tipologías que resultan en la no inclusión de la reclamación: la primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aun así, intentan defraudar el proceso. Para estos últimos, el Estado aplica  las penas más rigurosas del sistema judicial. La Unidad de Restitución de Tierras ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones”.

De las 48.847 reclamaciones tramitadas por la unidad, por estar en áreas micro-focalizadas por razones de seguridad, han sido resueltas 31.604, de las cuales la mitad han sido incluidas en el registro de tierras despojadas y la mitad excluidas por no cumplir las condiciones previstas en la Ley.

Esta cifra demuestra la eficacia de los filtros usados para impedir que oportunistas quieran hacerse a tierras ajenas por la vía de la restitución y el rigor empleado por la Unidad de Restitución al sustanciar las reclamaciones. A su vez, el 95 por ciento de las sentencias de restitución han favorecido a los reclamantes, lo que demuestra la realidad del despojo.

El proyecto de fondo

Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La verdadera intención de Lafaurie y el precandidato Ordóñez al desatar el debate es asumir la representación de las presuntas víctimas de la restitución, reuniendo manifestaciones de campesinos, para apoyar la reforma a la Ley de restitución presentada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, destacado representante político de los clanes costeños dueños de la tierra.

Esa reforma pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba para los opositores y obligar a que la víctima demuestre que tiene un título pleno e intachable. En otras palabras, quieren convertir la restitución en un proceso civil ordinario de propiedad y reducir a la impotencia la Ley de restitución de tierras.

Por último, resta observar que la Ley 1448 (de reparación y víctimas y restitución de tierras) fue aprobada dos años antes de iniciarse el proceso de paz con las FARC y por tanto no hace parte de los acuerdos con la guerrilla. El gobierno, en la mesa de La Habana, repitió ante las FARC la frase del entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien dijo que “las leyes no se negocian, se cumplen”.

 

*Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Wiliam_DuicaRecuento a la vez divertido y penetrante de las reacciones, callejeras o eruditas, que produjo la noticia del chamán que contrataron para que no lloviera en ocasiones memorables. Y reflexión inquietante sobre la necesidad de reconocer los límites de nuestra propia cultura.

William Duica

Diluvio de opiniones

No sé si realmente pueda decirse algo nuevo acerca del curioso caso del chamán contratado para detener la lluvia. A estas alturas, estoy seguro, la mayoría de los lectores tiene más información acerca del caso de la que yo mismo he consultado para redactar estas líneas.

Ya todos los detalles han sido ventilados, denunciados, refutados, aclarados y analizados en todos los medios y desde todos los grados de escolaridad. No hay nadie que no se haya pronunciado sobre el caso; desde la más rancia academia hasta el más rudimentario “hombre de la calle”, pasando, claro está, por los periodistas, especie aparte en la que muy raras veces se mezcla lo mejor de los extremos mencionados. Todos han hecho sentir sus voces en los más destemplados tonos.

Pero en medio de tanta algarabía lo relevante se ha decantado: con recursos del erario (Distrital), un intermediario contratista (el Teatro Nacional) contrató a un Chamán (el señor Jorge González) para que detuviera la lluvia el día de la ceremonia de clausura del mundial de futbol sub-20 en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Tipología de las reacciones

El caso ha provocado una florida variedad de reacciones.

-Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia. Así, una señora de esas que pueden dedicar hasta dos horas de su valioso tiempo esperando en el teléfono para salir al aire en una emisora y descargarle al mundo entero todo el peso de la originalidad de su pensamiento, declaró: “La ignorancia es atrevida”.

-También está la reacción topológico-tolerante de quienes, a pesar de reprochar el despilfarro de la Alcaldía de Bogotá, defienden la causa del vilipendiado chamán. No con más originalidad, aducían estos que “hay regiones donde eso funciona muy bien, como en Los Llanos Orientales” y a continuación desplegaban un repertorio de historias increíbles pero que habrían sido vistas con sus propios ojos y ante las cuales uno no podría más que callar sin disentir (ni asentir).

-Luego está la reacción reflexivo-engatusadora de las “explicaciones” de expertos; explicaciones que aún cuando explican no aclaran, pero que uno oye con el ceño fruncido y la barbilla acomodada entre el índice y el pulgar y ante las cuales uno no puede más que… callar sin disentir (ni asentir). “Lo que hay que entender es que en algunos pueblos hay una serie de prácticas y saberes que se validan desde sus tradiciones y esos saberes cohesionan a esas sociedades dándoles elementos de identidad cultural a los individuos. Por lo cual debemos entender estas prácticas como formas alternativas de saber que no pueden ser juzgadas desde nuestros esquemas conceptuales y paradigmas culturales”.

-¿Se imaginan la cara del funcionario de La Contraloría que tenga que oír esto? Porque, claro, La Contraloría tuvo una reacción paranoico-inquisitiva anunciando “una investigación exhaustiva”.

-De otro lado, la señora que contrató al chamán tuvo, obviamente, su propia reacción (cándido-lúdica); ante las increpaciones despiadadas de la prensa ella simplemente atinó a “contestar” con un desparpajo conmovedor: “¡pero no llovió!”.

Así dejó en sus detractores la pesada carga de desarrollar un argumento que muestre qué hay de malo en contratar a un “radiestesista” (que no un chamán) y pagarle sólo si obtiene el resultado contratado, a saber, detener la lluvia. Se queda uno pensando que este tipo de contrato es mucho más cuidadoso de los recursos públicos que el que tienen los funcionarios del IDEAM a quienes se les debe pagar con todo y sus pronósticos equivocados.

-Otra no menos interesante fue la reacción sacro-política, encarnada esta vez en una periodista que, preocupada por los recursos públicos (que considera sagrados), nos llevó al límite de nuestra capacidad de análisis advirtiendo que “uno tiene derecho a creer lo que quiera y eso debe ser respetado, pero los recursos públicos no pueden ser utilizados para contratar chamanes”.

O sea, los “indios” pueden creer lo que les de la gana y los “blancos” que quieran creerles a los indios (como el presidente - o el contratista que le pagó a González para que no lloviera en su posesión), pues allá ellos. Pero la sacralidad de los recursos públicos no puede ser profanada con supercherías. Esta mujer puede que no haya leído a Mircea Eliade, pero tiene una clara intuición del papel que juega el conocimiento de La Verdad en la diferenciación entre Lo Sagrado y Lo Profano.

Y, finalmente, está la reacción tecno-esotérica del mismísimo Jorge González, quien además de “aclarar” que no es un chamán sino un sacerdote, “declara” que su disciplina es la radiestesia, “explica” que lo que él hace es desplazar centros magnéticos, “denuncia” que en esta discusión se lo está tratando como un delincuente cuando él claramente cumplió con lo contratado, “propone” que, si le pagan cincuenta mil dólares, él detiene el invierno en todo el país (con la ayuda de Dios, claro) y generosamente “ofrece” que haría el mismo tipo de trato, es decir, que sólo recibiría la suma si aplaca el invierno o de lo contrario “sólo me pagarían lo correspondiente a transporte y gastos de sostenimiento”.

¿Puede haber un trato más justo? ¿Cuántos padres de la patria tendrían que aprender de este incomprendido “científico”? como no dudó en calificarlo uno de los periodistas del periódico más leído del país.

Por qué es interesante el caso

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En el estado Nemesio Camacho, El Campín, se celebró la final del Mundial de Fútbol Sub 20, ceremonía para la que fue contratado "el chamán".

Parte de lo que hace de éste un caso memorable es que, a través de las reacciones que ha provocado, uno puede vislumbrar un aspecto de la idiosincrasia colombiana; lo que algún sociólogo de orientación francesa llamaría “el imaginario cultural del colombiano”. El “imaginario cultural del colombiano” es el conjunto de valores, símbolos, códigos, paradigmas discursivos, pretensiones, frustraciones, paranoias, recetas gastronómicas, remedios caseros, mañas, artículos “chiviados”, artesanías, agüeros etc., etc. que definen nuestra manera de “ser en el mundo”.

Y es ahí donde sale a relucir el tipo de arribismo que nos impide a casi todos reconocer nuestra naturaleza de zambos y cuarterones. Juzgamos las prácticas chamanísticas desde esa aspiración inalcanzable de ser occidentales, civilizados, lo que el oyente que llama a reportar sintonía llama “gente culta”.

Y no es que yo crea que no somos gente culta. Ese es precisamente el punto de todo esto. El punto es que hay un sentido en el que no es posible ser incultos. Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

Los límites del etnocenrismo

Toda esta tormenta se ha formado en el vaso de agua de una ambigüedad:

“Inculto” es aquel que no ha sido cultivado, que carece de modales. Es en este sentido de los modales y la educación que se agrega que “inculto” es quien “carece de cultura”.

Pero parte de lo que define la humanidad es que somos criados en una cultura, que nuestras conductas sociales están mediadas por patrones culturales. Desde este punto de vista es prácticamente imposible ser inculto, es decir, carecer de cultura.

La ambigüedad del concepto de “in-cultura” lleva a una confusión entre los conceptos de “cultura” y “conocimiento”. Quien confunde estos conceptos pasa rápidamente a considerar al “ignorante” como “inculto” o sin cultura. Y quien califica a alguien de ignorante se considera a sí mismo poseedor de un conocimiento y por ello “culto”. Los conquistadores españoles, por ejemplo, pensaban que los indios americanos no tenían cultura, eran incultos porque no conocían la palabra de Dios, esta ignorancia les impedía comportarse como seres humanos (ellos pensaban que ser humano era igual a ser español).

En principio, entonces, podría haber alguien ignorante y aun así culto. Esta es una posibilidad que desvirtúa las reacciones descalificadoras. La periodista es más sofisticada, ella reconoce que hay otras culturas, lo que ella llama “otras creencias”, pero para ella es claro que hay culturas sabias y culturas ignorantes.

Aquí es donde entra el tema del etnocentrismo. Nuestra cultura es nuestro saber y no tiene sentido cuestionar esta condición. Pero es importante notar que es por ello que tenemos la tendencia a valorar como incultos e ignorantes a quienes no se comportan dentro de nuestros estándares culturales. Ese es un rasgo característico del etnocentrismo. El etnocentrista valora y juzga a los demás a partir de sus propios estándares y considera que a partir de ellos es que se distingue entre el culto y el inculto, entre el sabio y el ignorante. Nosotros consideramos ignorantes a los Kogui y los Kogui nos consideran ignorantes a nosotros, nos llaman “los hermanos menores”, lo que nos caracteriza ante ellos es nuestra minoría de edad, nuestra ignorancia de un saber que ellos han cultivado en La Sierra.

El problema no es que seamos etnocentristas. No tenemos otro punto de partida. El problema es ignorar que lo somos. Al no saber de nuestra propia condición etnocentrista, reproducimos las conductas xenofóbicas, discriminadoras y autoritaristas, basadas en la falsa premisa de que los que son distintos son inferiores (o superiores).

No estoy pretendiendo concluir que “cada cual tiene su propio saber que es respetable” ¡No! En realidad no creo que pueda concluir nada. Más bien quisiera conjurar la tormenta desatada por el caso del chamán invocando unas fuerzas de la naturaleza, de la naturaleza humana. La fuerza del reconocimiento, no sólo del otro, sino del reconocimiento de nuestro etnocentrismo.

Y quisiera invocar es fuerza porque creo que ponerle límites al etnocentrismo puede contribuir a disipar muchas formas de discriminación descalificadora. El hombre que cobró por detener la lluvia, Don Jorge, pudo haber desatado, sin saberlo, una fuerza de la naturaleza con un poder increíble, la fuerza del reconocimiento de nuestros propios límites.

*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía. Investigador en el grupo Relativismo y Racionalidad.

 




























 
Primero está la reacción descalificadora, la más básica, a mi juicio, que considera que contratar a un chamán constituye en sí mismo un acto de ignorancia.










































































































 
Lo que parece haber atormentado a toda la “opinión pública” es que (con dineros públicos) unas personas cultas y civilizadas hayan contratado un personaje ignorante e inculto.

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Comentarios  

July
0 # July 23-01-2012 16:06
Pues acá se tocan varios temas de manera seria, con algo de radicalismos pero eso ya no es problema debemos acostumbrarnos a eso. Hay un tema que se toca de manera superficial el papel de los intermediarios en las acciones estatales, es decir el Teatro Nacional. No es el único caso que conozco, pero estos intermediarios reciben cantidades alarmantes de dinero, por una actividad que al hacerla el mismo estado saldría a mitad de precio. Nos estamos quejando de la sub-contratació n del Chamán, legalmente no se puede hacer mayor cosa, pero realmente cuantas sub-contratacio nes existen, Cuál es el margen de ganancia de un intermediario y de quienes realizan realmente las actividades de dichos contratos garantizando los resultados necesarios para seguir contratando.
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José Fernando Flórez
+1 # José Fernando Flórez 23-01-2012 19:36
Es una obviedad que el etnocentrismo, en términos culturales, es inevitable para poder afirmar algo. Pero su artículo no trata el punto esencial del debate. El reparo al mal llamado “chamán” (quien en realidad es un radiestesista) no es sobre el “valor” de su cultura –que es la campesina hasta donde sabemos, no la chamanística-, la cual resulta tan respetable como la de cualquier otro. El reparo es a la radiestesia en tanto pseudociencia reconocida por su inefectividad. Esto significa que la radiestesia no responde a las exigencias de verificación empírica del método científico, es decir, que no funciona y por lo tanto celebrar un contrato estatal para ponerla en práctica constituye una estafa al erario. La discusión crucial aquí no es de índole étnica: frente al radiestesista soy tan exigente como puedo serlo ante una sesión de milagros o interposición de manos católica, o ante un verdadero chamán, sobre todo cuando sus “servicios” son financiados con los impuestos que pagamos los colombianos. Si el radiestesista demostrara que puede impedir la lluvia, yo sería el primero en contratarlo todos los domingos.
Ahora bien, su argumentación tiene un serio problema en torno a lo que usted considera la “imposibilidad de concluir algo” (“En realidad no creo que pueda concluir nada”, escribe). Desde luego que se puede concluir algo y es la ínfima probabilidad de que la radiestesia funcione: incumbe a quien dice poder hacer algo, a fortiori si es extraordinario, probarlo (no a quien lo niega). Recordemos la parábola de la "tetera celestial" de Bertrand Russell: si afirmo que entre la Tierra y Marte hay una tetera china girando alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie sería capaz de desmentir mi aserción, en especial si agrego que la tetera es demasiado pequeña para ser vista por el más poderoso telescopio. Sin embargo, si digo que como mi aserción no puede refutarse con absoluta certeza la razón humana no puede dudar de ella, me convierto en un verdadero charlatán. Es tan posible que el radiestesista pueda impedir la lluvia como que el espagueti intergaláctico haya sido el responsable de la creación del universo. Ahora bien: demuéstrelo.
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Alfonso
0 # Alfonso 24-01-2012 19:51
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalis mo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.
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Max Henriquez
-3 # Max Henriquez 24-01-2012 21:05
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez
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Jafeth Paz
+2 # Jafeth Paz 25-01-2012 00:08
Comparto el contenido del articulo porque descubre el desenfoque en el que se ha debatido el tema. Efectivamente, solo hasta la Constitucion de 1.991 el Estado reconoce y protege la diversidad cultural, pero este reconocimiento formal no se ha traducido en la aceptacion social de la diferencia, por eso el imaginario colectivo reacciona desde los parametros conceptuales del pasado inferiorizando las cosmovisiones no dominantes. Por supuesto que hay aspectos de caracter legal que no fueron abordados, pero en terminos generales presenta una perspectiva interesante.
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William Duica
+3 # William Duica 27-01-2012 01:48
Cito a Max Henriquez:
Apreciado William Duica, que pariente debe ser de Carlos Duica, exfuncionario del IDEAM. Bueno su articulo hasta que se refirio al IDEAM. Equivocada afirmacion de que se les debe pagar con sus pronosticos equivocados. Que lastima, pense que este si seria un buen comentario sobre el tema. Primero que todo respete el trabajo de tan esforzados funcionarios que si saben del tema de la lluvia, Mucho mas que Usted, con todo rspeto. Le ruego se disculpe con mis colegas que pronostican y que lo hacen bien. NO me refiero al Director de IDEAM que si es un funcionario que sale a hablar sabiendo poco del tema y que no deja que la gente sabia del Instituto se pronuncie. Don William, para ser un buen comentarista hay que ser ante todo una persona bien informada.
Cordialmente
Max Henriquez

Estimado Max Henriquez, tiene usted razón, lo mío no es la lluvia. Pero le sugiero que revise su idea de que la ciencia es infalible. Decirle a un científico que la equivocación hace parte de su trabajo no es algo que deba requerir una disculpa.
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William Duica
+1 # William Duica 27-01-2012 03:28
Cito a Alfonso:
El problema es que el señor Duica ha sido incapaz de identificar el problema. El debate tal como lo plantea el autor es una cuestión de multiculturalismo (puesto de esa forma aquellos que desprecien la ayuda del chaman parecen ser unos monstruos), sin embargo, el problema no es nuestro etnocentrismo o el grado de cientificidad de lo que sea que haga el señor chaman. El problema central, tal como yo lo veo, es que se esta incurriendo en un gasto que definitivamente no puede (o mejor dicho: no debe) serlo. Lo que quiero decir es que discutimos este asunto con base en la efectividad o no de los métodos del señor Chaman. Pero el punto es: ¿por qué pagamos para que no llueva?, si usted puede responder mi pregunta entonces le sugiero que aliste bastante dinero, en efecto, por su misma línea tendrá que pagar cada día que deje de haber un terremoto, un diluvio o quizá una erupción volcánica. Ahora bien, si usted no puede responder la pregunta que he hecho le aseguro que estamos en las mismas.

Fíjese, Don Alfonso, que pagar por la promesa de que no llueva, pagar por la promesa de algo sobre lo que (según parece) no se puede tener control, sería un acto irracional. Pero la señora contratista razonó como la mayoría de nosotros, es decir, ofreció pagar no por la promesa, sino por el hecho cumplido. Necesitaba que no lloviera. Alguien viene y dice que puede evitar que llueva. Yo no sé qué pensó ella y no me interesa. Pero imaginemos a alguien que piensa así: yo no sé, ni entiendo y ni siquiera creo en lo que usted hace, pero si no llueve, le pago. Si tengo lo que busco, pago. Así planteada, esa no parece una conducta irracional. Con esa misma actitud esa persona podría ir a donde el psiquiatra, o el neurólogo (para no hablar del psicoanalista). Entonces, ¿por qué pagamos para que no llueva?porque es racional hacerlo, si uno lo necesita y si uno hace el trato de pagar una vez que se haya tenido el resultado. Pero, tratándose de recursos públicos, para usted el punto no es la racionalidad de la acción sino la moralidad. Aquí valdría la pena examinar la relación entre la racionalidad y la moralidad de la acción (de pagar con recursos públicos). Es decir, habría que ver si así como es irracional pagar por la pura promesa, así mismo sería inmoral pagar con recursos públicos por la promesa. Pero igualmente ver si así como no es irracional pagar por el hecho cumplido, así mismo no es inmoral pagar por hecho cumplido. No lo sé; habría que pensarlo, ¿es inmoral usar recursos públicos para pagar a un mentalista que da la ubicación de un desaparecido? Mucha gente ha salido a decir que sí y yo pagaría (poco) por oír sus razones.
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