El cartel con los cien delincuentes “más buscados” de la ciudad es un recurso publicitario de la Policía pero es también un listado arbitrario, un abuso de poder, una incitación a la justicia privada, una confesión de impotencia y una violación de los derechos fundamentales que contradice la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Policía de Bogotá ha causado controversia con la publicación de un cartel con los nombres y fotografías de “los cien delincuentes más buscados” de la ciudad.

Al estilo de los legendarios sheriffs del oeste americano, que fijaban avisos en postes, árboles y cantinas, solicitando la entrega “vivo o muerto” de algún cuatrero o asaltante de diligencias, la institución más poderosa del país requiere públicamente a esos cien ciudadanos, tal vez con la intención de solicitar el apoyo de la ciudadanía (bajo la promesa de una recompensa), o quizá como un golpe publicitario para comenzar el año.

No se trata de un selecto grupo de delincuentes de alta peligrosidad, pues está visto que se incluyeron, además de verdaderas personalidades del hampa,

• ciudadanos cuya inocencia no se ha desvirtuado (tienen orden de captura pero no están condenados);
• infractores comunes y corrientes que lo son por primera vez;
• personas que llevan una vida normal y tienen investigaciones o sentencias por hechos de mínima importancia, e
• incluso a una mujer que asegura haber obtenido su pasado judicial y no adeudar nada a la justicia.

• ¿Por qué cien y no doscientos, cincuenta o veinte? ¿Será que la cifra elegida tiene más “recordación publicitaria”?
• ¿Por qué esos y no otros?
• ¿Cuales criterios de selección permitieron excluir a otros muchos que están condenados por delitos más graves que un robo callejero o el no pago de un millón de pesos en impuestos?
• ¿Cómo se pudo constatar que todas y cada una de esas cienórdenes de captura estén vigentes?
• ¿De qué manera se puede asegurar que en el listado no hay errores, homónimos o fotos incorrectas?

Dicho de otra manera: según la Policía, cualquier persona con orden de captura puede ser rotulada y sometida a un trato tan severo. No importa si se trata de un simple investigado –a quien debe por tanto presumirse inocente–. No importa si la infracción no da para creer que la persona tenga real “peligrosidad social”. No importa incluso que se trate de un desafortunado homónimo, o de alguien a quien le hurtaron los documentos y la identidad.

Con tales aclaraciones por parte de la Policía, tenemos que el escalafón de los cien más buscados y peligrosos, deja de serlo para convertirse en una simple lista de cien requeridos por la justicia, a quienes no se ha podido hallar.

Ni siquiera con crímenes horribles y probados

Hace cinco años tuvimos una experiencia semejante cuando, en virtud de un artículo del Código de Infancia y Adolescencia, el Consejo de Bogotá ordenó publicar en vallas y medios de prensa, los nombres y fotos de quienes habían sido sentenciados por abusos sexuales contra menores de edad. Pero la Corte Constitucional tuteló los derechos de los condenados por ese tipo de delitos y la medida fue derogada en interés de los ex prisioneros y sus familias.

Con este cártel la Policía y la Secretaría de Gobierno presentaron alos delincuentes más buscados de la capital.

Se dijo entonces que realizar esa clase de exposiciones al escarnio público era inconstitucional y contrario a los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues con tales medidas – exageradas, infamantes e inútiles – se daba un trato contrario a la dignidad propia de todo ser humano. Se insistió en que aquellos ciudadanos, pese a estar condenados por delitos tan graves (¡quien lo creyera!) mantienen sus derechos fundamentales. Se anotó además que la medida era desproporcionada, pues a cambio de las afrentas que se hacían a los condenados – impidiendo incluso su resocialización – y la vulneración de los derechos de sus familiares y allegados, no se conseguía ningún beneficio social comprobable, ni siquiera en el campo de la prevención, y que por el contrario, las medidas de esa índole tenían la capacidad de producir miedo, violencia, discriminación y odio.

No olvidemos que se trataba de personas condenadas por delitos realmente horribles, y no de investigados, ladrones comunes o deudores de impuestos. Las vallas y publicaciones cesaron por orden de la Corte Constitucional.

Un verdadero abuso de poder

La aparición en un cartel con los “cien más perversos” como el que vengo comentando es un acto de poder casi imposible de eludir para un ciudadano corriente, inerme ante semejante señalamiento, emanado de una de las instituciones con mayor credibilidad, y lanzado con un despliegue publicitario difícil de igualar.

La exposición del nombre y la foto a los ojos de todo el país como uno de los cien más peligrosos de Bogotá, se convierte en una sanción tan grave, o más, que una sentencia condenatoria, pero frente a la cual no hay posibilidad de apelación, y que de paso acarrea riesgos para la seguridad de los afectados, daños a su buen nombre y perjuicios para quienes les rodean, difíciles de calcular.

La Policía Nacional tiene más recursos que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría juntas, hace presencia en toda la ciudad, puede utilizar las más completas bases de datos, monta retenes y controla terminales y aeropuertos, cuenta con miles de patrulleros y cientos de investigadores, dispone de tecnología de inteligencia moderna, accede sin dificultad a los medios de comunicación, posee una emisora y tiene el respeto de la ciudadanía.

El General Luis Eduardo Martínez está lejos de ser el solitario sheriff que lucha apenas con la ayuda de un par de voluntarios, en contra de los forajidos que amenazan a un escuálido pueblo aislado en medio del desierto. No pareciera necesitar de los avisos de “se busca” que prometen recompensa.

De todo ello surge esa desazón registrada en los medios de comunicación que han abierto sus páginas a quienes se consideran víctimas de un atropello.¿Es necesario ese tipo de mecanismos para ejecutar las capturas, o hay caminos más técnicos y eficaces? ¿Se justifica la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos incluidos en el nefasto escalafón, para obtener alguna ayuda o información que facilite su captura? ¿Vale la pena correr el riesgo de incluir dos o tres inocentes en el espectacular listado? ¿Qué objetivo es tan importante como para sacrificar en su búsqueda, los derechos de los familiares y allegados de los cien elegidos? ¿Se trata apenas de una estrategia para obtener la atención de los medios y no de una ponderada medida para aumentar la seguridad?

Creo yo que con esta actitud, carente de mesura e información jurídica, la Policía reconoce su incapacidad para cumplir las cien órdenes de captura y por lo mismo, igual que hacía el sheriff desesperado, pide ayuda para hacer el trabajo que no ha podido cumplir, y de paso incita la aparición de caza recompensas que harán cualquier cosa – dentro o fuera de la ley – por un puñado de dólares.

El acto es equivocado por su evidente desproporción y por el margen de error que parece contener. Y es desatinado porque - aunque pretenda mejorar la imagen de la Policía- parece demostrar lo contrario; que la institución, a pesar de los enormes recursos que se le han entregado, no es capaz de cumplir con su deber de buscar, encontrar y capturar a los cien delincuentes más importantes y peligrosos de la capital. Pero ante todo el cartel es reprochable por su talante inconstitucional, pues lesiona la dignidad humana de los afectados y los derechos de terceros inocentes.

Y mientras tanto la Policía insiste en ignorar el fallo de la Corte de hace cinco años y en que se mantendrá el cartel porque esas cien personas tienen orden de captura. Sugiero entonces que por lo menos se le cambie el rótulo y el cartel se titule “Los cien no encontrados” para que sea un poco más fiel a la verdad.

*Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Propiedad Intelectual. Especialista en Creación Narrativa. Ha trabajado en la Rama Judicial como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Regional. Condecorado con la Medalla al Mérito por Servicios a la Justicia. Actualmente es abogado independiente.