Dos importantes proyectos hidroeléctricos varados y un denominador común: la incapacidad del Estado para compensar adecuadamente a las familias expulsadas, no por la violencia sino por el progreso. ¿Quiénes son más avivatos: los pobladores o las empresas generadoras de energía?

Hay que sacar la gente

Colombia es rica en recursos hídricos: si se construyeran todos los proyectos potenciales, tendría una capacidad de generación eléctrica superior a 100.000 megavatios, en comparación con la capacidad actual, de apenas unos 10.000 megavatios.

Pero la construcción de hidroeléctricas no está exenta de problemas: hay que desplazar población, abandonar tierras productivas, acabar con bosques y reacomodar vías, entre otros arreglos inevitables. Algunos de estos problemas pueden resolverse, pero el más difícil se relaciona con la población asentada en la zona de los proyectos, que tiene que abandonar su hábitat tradicional y trasladarse a otros sitios.

Dos proyectos —El Quimbo en el departamento del Huila, cuya construcción no se ha iniciado todavía, y Porce IV en el departamento de Antioquia— están al borde de la parálisis y enfrentan serios problemas relacionados con la presencia de comunidades que viven en las respectivas zonas de influencia.

El caso de El Quimbo

En esta zona del Huila se desarrolla actualmente el proyecto El Quimbo, que ha generado la resistencia de pobladores locales.

El proyecto de El Quimbo está localizado en el departamento del Huila y afecta 8.586 hectáreas de los municipios de Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado, Paical y Tesalia. El proyecto viene siendo ejecutado por la empresa EMGESA, con una capacidad de generación de 400 megavatios y a un costo de 800 millones de dólares. La construcción debería terminar en 2014.

Su propiedad la comparten la Empresa de Energía de Bogotá y ENDESA, anteriormente de capital español, pero vendida a ENTEL de Italia en el 2010, una empresa con capital privado y público.

Es el primer proyecto de generación que realiza EMGESA desde que en 1997 los españoles compraron el 49 por ciento de las acciones. Es decir, la empresa se demoró catorce años para decidirse a invertir en Colombia, y mientras tanto repatriaba sus utilidades a la casa matriz.

El 25 de febrero de 2011 el presidente Santos participó en el acto de colocación de la primera piedra para iniciar las obras, y puso a EMGESA como un ejemplo de confianza en Colombia por parte de una empresa extranjera.

Pero el proyecto ha quedado interrumpido por un pleito entre los pobladores, EMGESA y el gobierno nacional. En particular, se ha denunciado un supuesto sesgo a favor de EMGESA por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para defender sus derechos, los pobladores crearon la Asociación de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo (Asoquimbo). Hay 456 familias por reubicar: un total de 1.755 personas. 349 familias están dedicadas a actividades productivas y exigen compensación por las pérdidas que les ocasionará su desplazamiento. El proyecto también da lugar a pérdidas de bosque.

El 15 de mayo de 2009, el Ministerio aprobó la licencia ambiental, pero fue apelada por la empresa. El 11 de agosto de 2009, el Ministerio decidió en segunda instancia apartarse de la licencia original y redujo las compensaciones que debía cumplir EMGESA. Naturalmente, los pobladores no aceptan esta decisión, alegando que se les está perjudicando social y económicamente.

El 5 de enero de 2012, un comunicado a la opinión pública informó que “la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política de Colombia, reitera ante la Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Trabajo, Minas, Interior, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Contraloría General de la Nación y el Senado de la República, las siguientes solicitudes”:

• La expedición de un Acto Administrativo a través del cual se imponga a la empresa EMGESA S.A. E.S.P, medida preventiva de suspensión inmediata de todas las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y de la licencia ambiental como condición necesaria para la protección de los derechos de todas las poblaciones afectadas.

• “La adopción de medidas orientadas a indemnizar la pérdida de ingresos de todas las poblaciones afectadas con las obras del proyecto y, específicamente, de los arrendatarios, partijeros, mayordomos, jornaleros y otras poblaciones que han perdido su empleo o han visto disminuidos dichos ingresos por la compra de los predios donde laboraban y/o por los procesos de negociación adelantados;”
• “por la desaceleración económica del área debido a la disminución de la demanda de bienes y servicios afectando las cadenas económicas de provisión de los mismos por grupos poblacionales como paleros, areneros, transportadores, aserradores, comerciantes, lecheros y, los propietarios, poseedores, ocupantes afectados por la desaceleración económica debido a la declaratoria de utilidad pública, con fundamento en las fuentes proporcionadas por el Ministerio de Seguridad Social sobre el ingreso promedio mensual derivado de la actividad de cada población”

Porce IV es un proyecto de Empresas Públicas de Medellín suspendido por el incremento de la población, eventualmente afectada por la hidroeléctrica.

Porce IV es un proyecto de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), continuación de Porce I, II y III. Tiene también una capacidad de 400 megavatios, programado para entrar en operación en 2015. En 2006, el proyecto fue valorado en 811 millones de dólares.

En junio de 2006 se contabilizaron 2.799 personas por reubicar, lo que implicaba un costo de 56 millones de dólares. Para marzo de 2010, el número de personas había aumentado a 14.500, debido a invasiones sucesivas. Según EPM, el costo de reubicar a esta población es de 600 millones de dólares.

Ante esta situación, EPM decidió suspender el proyecto en diciembre de 2010, tras haber invertido 60.000 millones de pesos.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) decidió entonces multar a EPM con 23.680 millones de pesos, por suspender el proyecto, haciendo efectiva la garantía que firmó la empresa cuando se aprobó la construcción de Porce IV en la subasta que se llevó a cabo. EPM apeló esta decisión, argumentando que existieron razones de fuerza mayor para la suspensión del proyecto.

Pero el pasado 22 de diciembre de 2011, la CREG negó el recurso de reposición de EPM. Como la empresa no acepta la decisión de la CREG, el asunto pasará ahora a la decisión de un juez de la República.

El caso de Porce IV es muy ilustrativo de lo que ocurre en Colombia: pobreza y presencia de avivatos. Resulta muy sospechoso que la población de la zona creciera bruscamente de 2.799 personas a 14.500. Aunque era lógico y previsible: la situación de pobreza aviva la esperanza de lograr un beneficio de una empresa tan poderosa como EPM, que a su vez se ve obligada a terminar abortando el proyecto, para su propio perjuicio y el del país.

El caso de El Quimbo es muy diferente: los pobladores no han aumentado, pero habría indicios de que el Estado se ha aliado con EMGESA en perjuicio de los habitantes de la zona de influencia del proyecto.

El tratamiento dado a ambos proyectos revela un rol disfuncional por parte del Estado: en Porce IV, una empresa pública nacional que al parecer saldrá perjudicada por el Estado, y en El Quimbo, una empresa transnacional favorecida por el Estado en perjuicio de los propios habitantes desplazados por el proyecto.

¿Quién tendrá la razón?

* Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, PH.D en economía de la Universidad de Pensilvania,  ex gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y Afines, consultor internacional, autor de numerosas publicaciones y actual Decano de la Universidad Central.