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Internacional

Venezuela y Colombia: a des-escalar y a cooperar

Socorro RamírezUn recuento completo y contextualizado sobre la historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes, motivaciones y efectos de las medidas de Maduro. 

Socorro Ramírez*

 

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.

Cierre y estado de excepción

Para justificar el cierre de la frontera, primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito, reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de catástrofe, convulsión, amenazas económicas).

De cinco municipios afectados por esas medida, en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la abstención.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales. La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.

Las cosas son aún peores en la frontera donde –para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas, ambientales y de seguridad de ambos lados.

Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Foto: Ministerio de Defensa

Militarización vs diplomacia

El plan de seguridad No. 25 -Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta, separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna

Mientras avanza la militarización de la zona, se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.

El problema humanitario

La Invasión y otras barriadas similares se han ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o moto-  lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de identidad.

No todos los colombianos expulsados o que han huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:

  • la de quienes nunca intentaron resolver su migración irregular;
  • la de los que hicieron los trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron aprobados;
  • la de quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como “auditadas-rechazadas”;
  • la de quienes recibieron cédula de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
  • la de quienes tienen sus papeles en regla;
  • y la de varios que habían obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.

Capturados en redadas mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200 entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez. Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país”.

A los deportados se les suman los miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.

Todos esos sectores excluidos esperan lograr algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.

Además, entre los afectados están miles de venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio; pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal. También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los subsidios.

Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.

Una frontera sin alternativas económicas legales

El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
Foto: Presidencia de la República

El cierre de ahora de una parte de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado, con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a residir al otro lado.

Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio no ha aprovechado los periodos de cooperación:

  • Durante los años noventa vio pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el desarrollo en la zona.
  • Después vino el desacople traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa tensión destruyó además iniciativas  locales para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
  • Tras restablecer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de inclusión social.
  • Ambos lados de las fronteras quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más 700, evasión fiscal, defraudación aduanera.

Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia

La precaria y distorsionada presencia del Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares. Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).

Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza

Otros procesos agravan la inseguridad y la violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales (milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el “Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse con sectores venezolanos.

El acercamiento entre los gobiernos no revivió las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”, y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y  lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad. En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.

Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la militarización y el cierre de pasos fronterizos.

Alertas internacionales

La ONU apoya la atención humanitaria en la frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.

Los embajadores ante la OEA examinan la situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3 de septiembre a los cancilleres.

La Unión Europea, la Internacional Socialista, Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los colombianos deportados.

Ojalá todas esta intervenciones ayuden a des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.

 

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.

 

Política y Gobierno

El acuerdo de La Habana: ¿“constitutivo” o “instrumental”?

Javier Ciurlizza¿Será el punto final del conflicto, o el primer paso en “la construcción de la paz”?, ¿cómo, entonces, “refrendar” el acuerdo?, ¿cómo aplicar la justicia especial?  Análisis informado sobre las complejidades y las fórmulas que hoy están sobre el tapete.    

Javier Ciurlizza*

La delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.

Tres etapas

La expectativa sobre la etapa final del proceso de La Habana y sobre la forma como el acuerdo será aprobado y llevado a cabo, debería enmarcarse dentro de una pregunta más general: ¿qué significado tendrá el acuerdo de paz dentro del proceso de paz?

Esta pregunta intentó ser respondida al comienzo de las negociaciones, cuando el gobierno anunció un proceso de tres etapas:

  1. La primera concluyó con el “acuerdo general” que estableció la agenda y metodología para las conversaciones.
  2. La segunda acabaría cuando las partes firmen los acuerdos sobre los cinco puntos de la agenda.
  3. La tercera, y final, empieza “el día después de mañana” y consistiría en la ejecución de lo acordado.

Las dificultades para definir claramente cada una de esas etapas aumentan a medida que avanza el proceso. Fue relativamente fácil entender que con la agenda y la metodología se cerraba el capítulo de las conversaciones preliminares. Es también entendible que el acuerdo que resume los diálogos cerrará otro capítulo, aun cuando no sabemos aún cuáles serán sus detalles.

Dos lecturas

El tema de la función del acuerdo final dentro de un proceso de paz que se presume más amplio, ha sido estudiado de manera exhaustiva por Jean Arnault, quien representará a la Organización de Naciones Unidas en este proceso y -si es que pasamos a la tercera etapa- participará en la vigilancia de su ejecución.

En un ensayo publicado en 2001, que recoge su experiencia como jefe de la Misión de  Naciones Unidas en Guatemala, Arnault señalaba que los acuerdos de paz pueden ser entendidos de dos maneras o más precisamente que, según los analistas –y los protagonistas-, esos acuerdos tienen dos funciones, a menudo contrapuestas.

  • Para algunos, los pactos que ponen fin a los conflictos tienen carácter “constitutivo”. Quienes suscriben el acuerdo pretenden cerrar de manera definitiva los debates sobre la paz y dedicarse exclusivamente al cumplimiento de lo acordado. Esta perspectiva se habría planteado con fuerza en los países de América Central que negociaron la salida política de  sus conflictos armados, como Guatemala y El Salvador.
  • Para otros  analistas o protagonistas, los acuerdos de paz son “instrumentales”. Es decir, forman parte de un conjunto de mecanismos y procedimientos (ambos derivados de actos políticos) destinados a “construir la paz”. Podríamos también decir que en esta perspectiva “procedimental” no hay etapas definidas sino pasos secuenciales que se organizan para cumplir las metas acordadas durante la negociación. Este sería el caso, según Arnault, de la mayor parte de los procesos de paz en África.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Constitutivo o instrumental?

Los argumentos para otorgar a los acuerdos de paz un carácter constitutivo tienen que ver principalmente con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del acuerdo y con la protección legal de quienes los pactan. Se trata de “poner un candado” al acuerdo, de tal manera que nadie – ni siquiera una ley o un acto político de un gobierno futuro – pueda revertir lo acordado.

Parecería que los negociadores en La Habana están buscando asignarle al acuerdo de paz ese carácter constitutivo. Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”

La seguridad jurídica frente a procesos penales que no sean pactados, o regulados por el acuerdo, es una preocupación legítima. El problema consiste en que hay factores que no pueden ser controlados por los negociadores, y que harían que el acuerdo de La Habana resulte ser más instrumental que constitutivo.

Esos factores tienen que ver con tres aspectos concurrentes, a saber:

  1. El carácter democrático del Estado colombiano, que naturalmente debe someter todas sus decisiones públicas al escrutinio de instituciones políticas para darles validez.
  2. La función judicial, según la cual no es posible predeterminar los procesos penales en una mesa de negociación, porque ellos están sujetos a las decisiones de fiscales y jueces,
  3. La comunidad internacional y en particular el derecho internacional, que han regulado al menos parcialmente lo que las  partes pueden acordar al término de un conflicto interno.

Las circunstancias anteriores incidieron sobre el curso de la llamada Ley de Justicia y Paz. Un instrumento legal que inicialmente buscaba la “favorabilidad” de aquellos que se desmovilizaban y atender - a título complementario- los derechos de las víctimas, se convirtió en una herramienta de protección y garantía estos derechos y –apenas de modo complementario- en un mecanismo de desmovilización y reinserción, a tal  punto que se crearon instancias muy distintas para lo uno y lo otro: las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, por un lado; la Alta Consejería para la Reintegración, por el otro.

Los negociadores de La Habana son conscientes de este hecho. El alto comisionado Sergio Jaramillo ha insistido en que la paz en Colombia no puede reducirse a una acomodación bilateral de intereses y en que se necesitan “cambios profundos”. Esta visión sobre la función “estructural” o “reformadora” del acuerdo le imprime un tono aún más “instrumental”.

El problema de la refrendación

Las tensiones entre quienes entienden el acuerdo como la decisión final que clausura una etapa y se empeñan en blindarlo, y aquellos otros que se concentran en su desarrollo ulterior, se ha hecho evidente de manera indirecta en la discusión sobre cuáles son los instrumentos legales para aprobar lo acordado.

No necesariamente se trata de perspectivas irreconciliables. A veces las mismas personas asumen posiciones distintas según las circunstancias.

La primera tentación es pensar que solo una norma constitucional puede asegurar debidamente el acuerdo e impedir que terceros puedan revisarlo (por ejemplo, el gobierno que viene en 2018). Claramente las FARC le apostaban (o le apuestan) a una constituyente no solo porque querían discutir temas por fuera de la agenda, sino porque tenían la impresión de que la única vía digna y posible para ellos era la elevación al rango constitucional de los acuerdos.

Pero el tema resulta especialmente complejo. Las alternativas presentadas hasta ahora: un “congresito” o comisión especial; una reforma constitucional por artículos; o leyes estatutarias, no responden a la pregunta sobre la materia y sustancia que pasaría por esos procedimientos legislativos. ¿Todo el acuerdo?, ¿o solo algunas de sus disposiciones?

La justicia especial

Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Foto: Agencia Colombiana para la Reintegración

Los negociadores estarían pensando en fortalecer dos de los cinco temas acordados, justicia transicional y participación política, mediante un vaso comunicante entre ambos, que tiene que ver con la habilidad o inhabilidad de líderes de la guerrilla para conducir a las FARC hacia un movimiento político legal.

Asimismo, y en relación con este tema, se trataría de garantizar que los juicios a los máximos responsables (presumiblemente a través de tribunales especiales) sigan reglas distintas de las ordinarias, en particular en cuanto a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, lo cual permitiría acomodar mejor las sanciones reducidas y las penas alternativas.

Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia. 

Si esta es la idea del mecanismo de aprobación, es inteligente. Reduce la incertidumbre jurídica –aunque no la elimina– y facilita el tránsito de las FARC hacia la competencia política democrática. Esto crearía incentivos para que las guerrillas aceleren su propio desarme, y proporcionaría un calendario más o menos fijo de hechos políticos, que presumiblemente podrían cumplirse antes de las próximas elecciones.

Un futuro incierto

Pero esa opción también enfrenta dificultades. Una tiene que ver con el mecanismo de refrendación ofrecido por el gobierno y que se sigue prometiendo. No son claras las razones para anunciar de modo precipitado que todo lo acordado en La Habana sería materia de un referéndum, plebiscito o consulta popular. En realidad, no era formalmente necesario hacerlo si es que se pensaba en un mecanismo constitucional de aprobación. Pero ahora resultaría políticamente muy costoso reemplazar la consulta directa por mecanismos legislativos o por una elección específica.

Mirando la experiencia de otros países, especialmente la guatemalteca, los caminos no son sencillos. Allá, la reforma constitucional que institucionalizaba los acuerdos de paz de 1996, fue derrotada estrepitosamente en una consulta popular; no porque el pueblo de Guatemala no quisiera la paz, sino porque el gobierno que organizó la consulta era crecientemente impopular.

Estos son, en todo caso, los caminos abiertos al proceso de aprobación del acuerdo de paz.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”, pero la realidad política y la de los territorios más afectados por el conflicto probablemente empujen a considerar al proceso de paz como algo que va mucho más allá de un documento y el pacto solo como “instrumental” a ese proceso.
 

* Director del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y profesor en Justicia Transicional del Externado de Colombia, ex director para las Américas y Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
twitter1-1@Javierciurlizza

 

Economía y Sociedad

La economía colombiana: se recoge lo que se sembró

Isidro Hernandez

Una mirada serena y experta sobre la coyuntura que vivimos a raíz de la destorcida petrolera. Qué pasó, cuáles riesgos nos rondan, que está haciendo el gobierno, y qué tanto podrían lograr las herramientas monetarias, cambiarias y fiscales.

Isidro Hernández*

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.

El sector improductivo

La caída del precio internacional del petróleo y sus consecuencias sobre la tasa de cambio hicieron evidente que la estrategia de desarrollo económico de Colombia está montada sobre pies de arcilla. 

Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

Entre 2006 y 2014, un período de vacas gordas, el valor agregado creció a una tasa de 4,6 por ciento promedio anual, jalonada por los servicios, la minería y la construcción. Un solo sector (los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) aportó el 25,5 por ciento de ese crecimiento (Gráfica 1). 

Semejante resultado no causaría preocupación si hubiera ido acompañado por la expansión de actividades con enlaces productivos que crean riqueza real y dan solidez al crecimiento de largo plazo, como la industria manufacturera, los servicios de alto valor agregado y la agricultura.

Pero algunos comentaristas y centros de pensamiento que influyen sobre la dirigencia política y empresarial vendieron la idea de que la política de comercio internacional bastaba para inducir la eficiencia y alcanzar el crecimiento. Durante los pasados 25 años, esta concepción llevó a rechazar cualquier tipo de estrategias sectoriales verticales para la industria, los servicios de alto valor agregado y la agricultura. 

Por enésima vez el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar.

Los resultados están a la vista. Por enésima vez en la historia de Colombia, el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar de manera inmediata para atender las necesidades de consumo interno. Por eso el ajuste macroeconómico se hace a través de los precios es decir, acelerando la inflación; un tipo de ajuste que, desde luego, dejará efectos redistributivos perversos.

 

Gráfica 1. Participación en el crecimiento del valor agregado 2006-2014

Los flujos de capital

Otro elemento importante de la estrategia seguida durante las últimas décadas fue el incentivo a los ingresos de capital. Los gobiernos y sus defensores sostuvieron que la afluencia de inversión extranjera directa, impulsada por la política de la confianza inversionista, y los excesos de liquidez internacional producirían un mayor crecimiento económico.

Pero este argumento descuidó los costos. Y para entender la coyuntura actual es pertinente recordar dos de estos costos:

  1. Los recursos dirigidos al sector minero-energético y a comprar activos que no implican formación de capital -o sea distintos de maquinaria, equipo e infraestructura nueva- no significaron transferencia de tecnología ni alzas en productividad. Por el contrario agravaron una economía rentista y un flujo de divisas que, al estallar la crisis internacional y cuando el dólar se depreciaba frente al euro, coadyuvó a la revaluación del peso y estimuló las importaciones que desplazaron buena parte de la producción interna. Así entre 2006 y 2014, el peso se apreció un 3,9 por ciento en términos reales y las importaciones crecieron un 11,6 por ciento al año.
  2. El otro costo es el desequilibrio externo. A partir de 2005 el deterioro de la cuenta corriente se aceleró, no tanto por la mayor importación de bienes y servicios (como dicen algunos analistas), sino por el aumento en el envío de las ganancias obtenidas por la inversión extranjera directa.

En efecto: la balanza de bienes y servicios (exportaciones vs. importaciones) tuvo un déficit de 1.934 millones de dólares en 2006, mientras que el déficit en la renta factorial ascendió a 5.691 millones de dólares. El déficit en la cuenta corriente (2.911 millones de dólares) no fue mayor gracias a las transferencias corrientes, en especial a las remesas de los colombianos en el exterior.

Cinco años después, en 2011 - cuando las salidas por pagos factoriales alcanzaron su máximo nivel- el déficit en cuenta corriente se había multiplicado por 3, los pagos factoriales por 2,7 y, en cambio, la balanza comercial arrojaba un superávit, pese al aumento  nominal del 32 por ciento en las importaciones (el más alto en lo corrido del siglo).

Y para agravar las cosas, a parir del 2014 el déficit comercial  se sumó a la presión resultante del envío  de ganancias, que ya no alcanzaron a cubrir las transferencias de los colombianos  en el extranjero (Gráfica 2).

Gráfica 2. Resultado en cuenta corriente.  Millones de dólares.

  

Qué se está haciendo, qué se puede hacer

La situación actual del aparato productivo, las cuentas externas del país y las normas vigentes condicionan la actuación de las autoridades económicas.

El frente monetario muestra señales de prudencia: en su última reunión, la Junta del Banco de la República envió el mensaje de que prefiere el crecimiento sobre la inflación. Esta es una lectura adecuada del entorno macroeconómico, pues la actual aceleración de la inflación no proviene del aumento en la demanda agregada sino de un choque cambiario acompañado por la incapacidad de producción interna de bienes de la canasta familiar para amortiguarlo. En estas condiciones un alza de la tasa de interés de intervención no llevaría a controlar el fenómeno sino a deteriorar el crecimiento económico.

El ajuste vendrá de otra manera: los ritmos de depreciación se desacelerarán y la sustitución de bienes por parte de los consumidores, junto con el aumento en la oferta de alimentos en respuesta al mejor clima, frenarán el alza en el nivel de precios.

La prioridad no debe ser el retorno a la llamada “meta media” de inflación (3 por ciento anual) mediante el uso de instrumentos monetarios, sino mantenerla cerca del “techo” (4 por ciento) con políticas sectoriales que son responsabilidad del gobierno nacional. Una de ellas, aunque para nada suficiente, ya fue anunciada por el ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI: la reducción arancelaria para bienes intermedios.

La cuestión cambiaria también se maneja con sensatez. Cuando existe la apertura de la cuenta de capital, la autoridad tiene que escoger entre controlar la oferta monetaria o la tasa de cambio – no puede hacerlos ambos-. El punto está en cuál nivel de la tasa de cambio debe inducir la intervención del banco central, y con cuáles medidas debe acompañarse esa intervención para que la contracción resultante en la oferta monetaria no implique demasiado sacrificio del crecimiento económico y del empleo.

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la Junta Directiva del Banco. Bajo el escenario de extremo pesimismo, su nivel actual permitiría cubrir los egresos de la cuenta corriente durante medio año.

Pero la situación real será determinada por como reaccionen las exportaciones de sectores  distintos del minero-energético, las remesas de colombianos en el exterior y las empresas extranjeras que operan en el país. 

Lo que sigue

Distrito financiero de Hong Kong.
Distrito financiero de Hong Kong.
Foto: Mirza Asad Baig

-Un aspecto que no puede soslayarse es el riesgo cambiario que asumió el sector privado al tomar una deuda que en abril alcanzó los 42.436 millones de dólares, de los cuales al sector privado no financiero le corresponde el 70,3 por ciento.

Aquí surge una duda. La deuda de corto plazo es el 32 por ciento del total. Si la tasa de cambio se ancla en 3.500 pesos sin que las empresas endeudadas aumenten el volumen de ventas por la contracción de demanda que ya empieza a observarse, su situación financiera se puede deteriorar rápidamente.

Dadas las garantías ¿el gobierno estaría dispuesto a socializar las posibles quiebras derivadas de decisiones privadas? ¿O el banco central ejecutará una política que permita la reconversión de deuda privada externa por interna?

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la junta directiva del Banco.

-En el frente fiscal, 2014 cerró con un déficit de 2,4 por ciento sobre el PIB, una cifra excelente en el contexto mundial. Pero el problema no es la estabilidad fiscal que generó dividendos en los mercados financieros internacionales, sino la capacidad del gobierno para re-acelerar el crecimiento.

Si la característica básica del entorno es una desaceleración de la demanda agregada en medio de unas expectativas de contracción de la demanda mundial de materias primas por el menor crecimiento de China, se esperaría que el gobierno contrarrestara la tendencia mediante una política fiscal expansiva (y puesto que, como dije, no es mucho el margen para las políticas monetaria y cambiaria).

Sin embargo, el gobierno pone como centro de su la sostenibilidad y el cumplimiento de la regla fiscal. Por eso ajustó el presupuesto de 2015 con una disminución de los gastos de funcionamiento para neutralizar la caída de los precios del petróleo, y el presupuesto para 2016 sigue la misma línea.

La inversión en infraestructura vial, los proyectos de las 4G, acompañada por los programas de vivienda y del PIPE II son los instrumentos para enfrentar la desaceleración. La apuesta fiscal es parca frente al ambiente macro pues la reducción del gasto frena la demanda de corto plazo y los impactos multiplicadores de los proyectos de obra civil son pocos y concentrados. El efecto neto puede ser muy negativo para la coyuntura actual.

El sector empresarial y las autoridades económicas nos llevaron a una estructura económica que no puede responder a los choques externos, a las exigencias de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y al equilibrio en cuenta corriente. Esta situación no deja mucha libertad para actuar en un contexto mundial con tendencias recesivas y perjudiciales para la economía nacional.

La situación exige prudencia en materia monetaria y cambiaria, acompañada de una política fiscal activa que, desafortunadamente, quedó restringida por la decisión gubernamental de cumplir a rajatabla el marco legal de la sostenibilidad fiscal.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Yolanda-PuyanaAnte los millones de niños y niñas abandonados o mal atendidos en Colombia, la adopción deseada es una bendición, tanto para la pareja como para el infante. Y si embargo los prejuicios homofóbicos prefieren negar ese derecho. El debate se reabre.

Yolanda Puyana Villamizar *

Entre la tradición y el racionalismo secular

Durante las últimas semanas han vuelto a agitarse las banderas contra la formación de familias de personas del mismo sexo. Estas uniones han sido calificadas como “antinaturales” y “dañinas para el bienestar de la sociedad” por la iglesia Católica, por el inefable Procurador –típico patriarca tradicionalista– y por otros dirigentes, con el respaldo de diversos sectores que se resisten a ver cómo cambia la sociedad y seguirán argumentando sobre la necesidad de recuperar la familia nuclear en Colombia.

¿Hasta cuándo quienes forman este tipo de grupos familiares deben seguir aguantando exclusiones y discriminaciones?

Los grupos familiares colombianos siguen cambiando a pesar de todo y los siguientes fenómenos son indicativos de la tendencia hacia una mayor secularización de la sociedad:

  • cada vez es más baja la tasa de fecundidad en las grandes ciudades;
  • el uso de anticonceptivos se ha generalizado;
  • aumenta la capacidad de las madres o de los padres para decidir sobre cuándo y en qué circunstancias desean un hijo o una hija;
  • aumentan los hogares monoparentales en cabeza de mujeres.

El derecho también evoluciona

La Constitución de 1991 promulgó una concepción sobre familia que sin duda excluye el derecho de las parejas homosexuales a conformarlas. Pero en ese momento también se dio un cambio fundamental: la separación entre las iglesias y el Estado y, por ende, un marco constitucional para que la ética personal rija la vida cotidiana de los grupos familiares.

Yolanda_Puyana_Galapa
Según la última encuesta de Profamilia de 2010,
los hogares con jefes mujeres ascendieron al 34
por ciento en el país. 
Foto: Alcaldía de Galapa.

Durante veintiún años de vigencia de la Constitución, la Corte ha ido construyendo una interpretación flexible frente a los cambios de los grupos familiares y ha ido fijando una jurisprudencia clara ante las demandas de la población LGTBI, reconociendo que una pareja del mismo sexo —que cohabite en forma estable y comparta un proyecto de vida— puede constituirse ante la ley en una familia, lo que significa otorgarles el mismo respeto y la misma dignidad de las familias conformadas por parejas heterosexuales.

La Corte delegó al Congreso la legislación al respecto, suponiendo que si en dos años este no se pronuncia, tales familias tendrían los mismos deberes y derechos que las demás.

Un aspecto crucial de la legislación es regular el derecho de estas familias a adoptar. Hasta la fecha la Corte no se ha pronunciado, y esta misma semana se anunció el aplazamiento de la esperada sentencia sobre la acción de tutela que interpusieron dos colombianas casadas bajo leyes alemanas contra el Defensor Segundo de Familia de Rionegro (Antioquia) por negarles la posibilidad de adoptar.

Sí deben adoptar

Asumo la responsabilidad de usar mi imaginación para creer que los legisladores han “naturalizado” la paternidad y la maternidad: aún debe prevalecer la creencia de que los homosexuales y las lesbianas son enfermos y que van a trasmitir sus trastornos a la descendencia. Me pregunto ¿hasta cuándo quienes forman este tipo de grupos familiares deben seguir aguantando exclusiones y discriminaciones? Varias reflexiones me llevan a asumir una posición favorable al derecho que tiene la población LGTBI en Colombia a adoptar:

  • en primer lugar, porque entiendo que la paternidad y la maternidad son construcciones sociales, cambiantes e históricas;
  • en segundo término, porque las investigaciones científicas indican que tanto parejas del mismo sexo, como heterosexuales, son aptas para adoptar;
  • finalmente, porque considero que la situación de la niñez colombiana es tan difícil per se, que su cuidado y apoyo a partir del deseo, debería ser responsabilidad de todos y todas.

La familia, construcción social

Desde la Colonia, en Colombia tenemos documentación suficiente para mostrar cómo los padres han abandonado con frecuencia a su prole y ha sido común que las madres deban hacerse cargo de sus hijas e hijas [1].

Según la última encuesta de Profamilia de 2010, los hogares con jefes mujeres ascendieron al 34 por ciento en el país.

Yolanda_Puyana_adopcion
14 países han aprobado la adopción por
parte de parejas del mismo sexo: Argentina,
Canadá, España, Israel y Uruguay entre otros.
Foto: cradle.org

En varias regiones –y en particular en la Pacífica y Caribe– ha sido común que las abuelas sean las madres de crianza y constituyan el centro del hogar, mientras que las jóvenes realizan actividades generadoras de ingreso [2].

Ante las nuevas condiciones de trabajo, muchas madres han tenido que migrar al exterior y reconforman familias en situación de transnacionalidad [3].

En general, las funciones paternas y maternas no han estado exclusivamente a cargo de quienes biológicamente han procreado, sino que cumplen un papel en la socialización. También lo hacen las redes parentales y sociales que ejercen estas tareas, incluyendo las interacciones afectivas y amorosas.

No obstante, la idealización de la familia nuclear patriarcal ha impedido reconocer esta realidad, fundamentando el ejercicio de la paternidad y de la maternidad en los lazos de consanguinidad exclusivamente.

 La homofobia sí hace daño

Hasta la fecha, 14 países han aprobado la adopción por parte de parejas del mismo sexo: Argentina, Canadá, España, Israel y Uruguay entre otros.

Se han adelantado investigaciones partiendo de hipótesis construidas sobre la idea de que las parejas del mismo sexo podrían tener características desfavorables para la adopción. Estas investigaciones han coincidido sistemáticamente en conclusiones similares a las de la Asociación Psicológica Canadiense, que cito a continuación: “Las creencias de que los adultos gays y lesbianas no son buenos padres, o que el desarrollo psicológico de los niños de padres gays o lesbianas está comprometido, no tiene bases en la ciencia. Nuestra posición se basa en una revisión que representa aproximadamente 50 estudios empíricos” [4].

La Corte delegó al Congreso la legislación al respecto, suponiendo que si en dos años este no se pronuncia, tales familias tendrían los mismos derechos que las demás. 

El juicio se sustenta en que tanto parejas del mismo sexo como heterosexuales, mostraron capacidades similares para desarrollar la crianza y el cuidado y cumplieron con una cualidad central para la adopción de niños o niñas: el deseo de ser padres y madres.

En el caso de Colombia, estos estudios apenas se inician: tras revisar el estado del arte [5], por ejemplo cita una investigación realizada en España según la cual los problemas de la crianza no se deben a la conformación sino a los conflictos dentro de la familia. Dice el texto: “La orientación sexual de los progenitores, en sí mismos, no parecen ser una variable relevante a la hora de determinar el modo en que se construye el desarrollo y ajuste psicológico de hijos e hijas”.

Lo que en cambio sí hace daño es la violencia contra las familias homoparentales, fruto de nuestra intolerancia e incapacidad de soportar la diversidad.

Toda adopción deseada es una lotería

En la última encuesta de Profamilia (2010) aparece un dato alarmante acerca de la desprotección de la infancia en Colombia: el 4 por ciento de los niños son huérfanos y el 7 por ciento viven con cuidadores que no son sus padres o madres biológicos.

Este último porcentaje crece en lugares dominados por las culturas Pacífica o Caribe, y que además se encuentran en regiones afectadas por el conflicto armado: 15 por ciento en el Chocó, 14 por ciento aproximadamente en Córdoba y Sucre. Al mismo tiempo, numerosos estudios han mostrado cómo la pobreza se concentra en niños y niñas, en particular, si estos han sido afectados por el conflicto armado.

Yolanda_Puyana_huerfanos
El 4 por ciento de los niños son huérfanos
y el 7 por ciento viven con cuidadores que
no son sus padres o madres biológicos.  
Foto: FAC.

Los estudios para evaluar la protección de menores por parte del ICBF indican que la mejor alternativa es sencillamente tener un hogar: padres y madres de crianza. El matoneo es intenso entre quienes cohabitan en instituciones y con frecuencia esos niños crecen hostiles y resentidos contra un sociedad que los abandonó.

Colombia sigue siendo una sociedad familista. Muchos de los niños que habitan en estos centros de protección se angustian, se sienten frustrados y sin salida cuando no encuentran quien los adopte y esperan ansiosamente que ese sueño se realice.

Mi experiencia como terapeuta en centros de protección de la Secretaria de Integración Social en Bogotá con niñas y niños declarados en abandono por un juez también me ha llevado a pensar que la mejor opción es la adopción, eso sí, con mecanismos legales y éticos bien definidos, a partir de una predisposición positiva de padres y madres para cumplir plenamente con esta función y habiendo recibido una orientación adecuada.

Me pregunto: ¿por qué prejuicios sin fundamento científico niegan el derecho a las parejas del mismo sexo a gozar de la paternidad y de la maternidad y a unos niños o niñas el derecho a desarrollarse en condiciones más favorables que las ofrecidas por las instituciones oficiales?

 

* Profesora especial de la Escuela de Estudios de Género en la Universidad Nacional de Colombia e investigadora de Género y Familia. 

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número sin dar click. 

 

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Comentarios  

Sentido Contrario
+1 # Sentido Contrario 07-05-2012 12:50
A este nivel deberían estar las respuestas que se hacen en contra de la adopción por parte de padres del mismo sexo; sin embargo, se siguen citando "estudios" que no existen, pasajes de la biblia y "leyes" que dictan cierta naturalidad en las relaciones heterosexuales sin profundizar en los aspectos sociales y constitucionale s de esta discusión.
sentidocontrarioorg.wordpress. com
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jpt12
+10 # jpt12 07-05-2012 14:02
No hay nada más rico y enriquecedor que leer una opinión con argumentos.
Seria interesante profundizar en el punto de vista de la iglesia.
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boferes
-11 # boferes 07-05-2012 22:07
No estoy encontra de los homosexuales y tienen derecho hacer su vida y casarse si quieren..pero a la hora de pensar en una adopción es claro que cientificamente esta demostrado que el ser humano requiere en su niñez una figura materna y otra paterna bien definidas. Ese derecho no se le puede negar a un menor por ensima de conveniencias sexuales en los mayores.
Como reaccionara un menor cuando empiece a crecer y se brlen de el en el colegio, por la condición de sus padres, ó como se sentira a penas vea que sus padres no son como los demas...recuerd en que son menores y esas cosas los marcan de por vida...señores. ...esto no es una charla...y nadie tiene derecho a pasar sobre la vida afectiva, sexual y emocional de un menor a menos QUE EL SOLO...LO ESCOJA...
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Andrés Medina
+2 # RESPETO.Andrés Medina 04-02-2015 17:47
Es simple, enseñar desde la cuna del hogar al niño o niña al respeto, a tolerar y a que todas las familias no son igual, porque hay quienes tienen diferentes estilos de vida.
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israel pedreros
0 # adopcion gayisrael pedreros 16-02-2015 20:53
amigo la discusion no es de tipo sexual, es de caracter humano,Entonces la sociologia les diria a ustedes que los delicuentes, asesinos, ect son parte del ejemplo de familias heteroxesuales??
Y si ese niño si se da cuenta que su padre tiene dos mujeres, es un borracho, drogadicto???
La discusion es de amor no de perfiles
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Valentina Novoa
0 # No estoy de acuerdo.Valentina Novoa 18-02-2015 02:29
Nosotros mismos somos los que creamos que los niños piensen de esa manera, ¿Acaso un niño se burla de otro por ser heterosexual?, todos somos personas solo debemos hacer que las personas y niños tomen conciencia y se den cuenta de que la homosexualidad es algo normal.. Tomemos el ejemplo de las personas que son homosexuales hoy en día y sus familias son heterosexuales, la preferencia sexual de la familia no influye en las decisiones de los hijos, además ya hay muchos niños que ven la homosexualidad algo normal y lo aceptan.
Solo falta que tengamos más cultura y tolerancia a los demás.
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Adrián
+1 # Adrián 12-05-2012 17:28
Cito a boferes:
No estoy encontra de los homosexuales y tienen derecho hacer su vida y casarse si quieren..pero a la hora de pensar en una adopción es claro que cientificamente esta demostrado que el ser humano requiere en su niñez una figura materna y otra paterna bien definidas. Ese derecho no se le puede negar a un menor por ensima de conveniencias sexuales en los mayores.
Como reaccionara un menor cuando empiece a crecer y se brlen de el en el colegio, por la condición de sus padres, ó como se sentira a penas vea que sus padres no son como los demas...recuerden que son menores y esas cosas los marcan de por vida...señores....esto no es una charla...y nadie tiene derecho a pasar sobre la vida afectiva, sexual y emocional de un menor a menos QUE EL SOLO...LO ESCOJA...


Recomendaciones para evitar comentarios como este:
1. Siempre es bueno leer primero el artículo antes de comentar.
2. También es bueno revisar la gramática al momento de comentar.
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JohanGB
+10 # JohanGB 23-05-2012 20:05
Muy interesante el artículo. Es claro que la familia es una figura meramente social y tradicional, así que no tiene nada que ver con "el orden natural" expuesto por los opositores de las familias homosexuales. La separación entre la legislación y la religión debe ser manifiesta en estas temáticas, como se menciona en el artículo, todos los estudios demuestran que no hay inferencia en la calidad de la crianza de los niños y la orientación sexual de sus padres. Nuestra sociedad debe aprender a aceptar las diferencias y dejar de ver a los homosexuales como enfermos que transmiten su "enfermedad" a los que los rodean.
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Noah
-7 # Noah 25-11-2012 05:02
Yo espero que esto sea una broma. A quién le cabe en la cabeza que la paternidad es una construcción social? es ridículo. La paternidad/mate rnidad es fruto de millones de años de evolución en la que la naturaleza encontró un modelo óptimo de reproducción: la sexual entre dos sexos. Nadie estaría escribiendo en esta página si no hubieran sido procreados por un hombre y una mujer.
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ana arroyo
+2 # ADOPCION ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXOana arroyo 15-05-2014 22:09
Estoy de acuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, ya que la paternidad no es sinónimo de reproducción, sino de quien tenga la capacidad para brindar el cariño, amor, educación, calidad de vida y formación entre otros, de los niños que están a la espera de alguien quien les brinde todo para su feliz desarrollo como niños y su posterior madurez. Debemos tener en cuenta que nuestra legislación se quedó corta, señores el derecho es cambiante y evoluciona todos los días, no podemos quedarnos ni cerrarnos en lo que una vez dijo nuestra constitución que definió a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y que a demás se constituye por un vinculo natural o jurídico por la decisión entre un hombre y una mujer..., noooo; porq las parejas del mismo sexo no pueden conformarla también?, el hecho de que no puedan reproducir no significa que no puedan constituir familia, ni adoptar, ahora yo les pongo un ejemplo, donde está la figura paterna y/o materna cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes se separan; donde están las figuras M y P cuando los hijos los cría la abuela, la tía etc. Si ya sabemos que los estudios nos indican que no hay inferencia en la sexualidad del niño que crece dentro de una pareja del mismo sexo y así mismo sabemos que hay niños que crecen dentro de una pareja heterosexual y resulta este siendo gay, entonces porque no pueden estas parejas adoptarlos. Para que nuestro país sea un país desarrollado debemos dejar muchos conservatismo atrás, debemos desprendernos de lo que ya no sirve, de la vaquita del litro de leche todos los días, tenemos que seguir evolucionando, ASÍ como lo es el DERECHO POR SU NATURALEZA, asi como una vez fue fornicar, no se aceptaba y además la ley no le reconocía derechos a las parejas heterosexuales que convivieran en unión libre ey ya eso es pasado, ahora tienen las mismas garantías que las parejas casadas, entonces cual es la diferencia...
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Betty
+1 # La autoridad en disputaBetty 01-09-2014 20:53
Doctora Puyana estoy totalmente de acuerdo con lo que usted afirma en su bien estructurado artículo, la discusión no es de géneros,como ya lo había expresado Judit Butler en su texto "El Género en disputa". El concepto de familia es una construcción social, fundamentada en la sociedad binaria (hombre -mujer). Es una mentira decir que los niños con familias homosexuales crecen traumatizados y desarrollan lo que los más conservadores de los atavismos sociales llaman disfunciones. Lo que hay que reconocer al interior de cualquier tipo de familia son las figuras de autoridad, no las de género binario, para que funcionen adecuadamente. Albert Einstein decía que "es más fácil descomponer un átomo que acabar con un prejuicio".
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Ekaterina
-1 # Traumas a la CrianzaEkaterina 26-10-2014 22:10
No estoy de acuerdo, ¿no fue hace poco que se destapo la noticia de una pareja de homosexuales que abusaron por años a su hijo adoptivo?, si, se lo que me dirán "no puedes juzgar a todos", sin embargo voy mas allá, todos sabemos que gran parte de los homosexuales eligieron esa conducta de vida a raíz de un trauma, o sea, violación o soledad y rechazo ya sea de ambos padres, no entiendo ¿como pueden darle la libertad a personas que adopten hijos, sabiendo que su condición de vida es reconstruida a base de un trauma?. Lo que si se debería hacer es, ayudar a cuanto homosexual y lesbiana que a raíz de diferentes circunstancias cambiaron sus gustos sexuales y llevarlos al origen, a lo que eran en un principio, a que sanen y vuelvan a ser lo que realmente son, no lo que las heridas transformaron sino lo que la sanidad puede restaurar. Los medios se llenan de derechos para los homosexuales pero muy pocos hablan de la restauración y sanidad de estos, y que es real y verdad.
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israel pedreros
0 # adopcion gayisrael pedreros 16-02-2015 20:48
Lamento que las desciones humanas y juridicas en Colombia deban pasar por la pena y la inciencia de ciertos poderes, que a diferencia de paises donde se aplica una verdadera independencia juridica,
La discusion no se debe acomodor a los hipocritas, ni obnivular con mensajes de fe o no, por que estos son actos de amor inherentes al ser humano.
Ojala se debatieran un dia en forma seria sobre esos derechos fundamentales de los niños que son todos los dias vulnerados en la s familias que muchos consideran normales, soltemos la biblia, el decreto, la norma, es mejor un corazon y unas manos actuando que una boca profetizando y agrediendo. Cuando se invite a una movilizacion en contra de esto, de los violadores con sotana, de los padres heterosexuales abusadores de niñas, ahi estare
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Melina
0 # No a la adopción de parejas gayMelina 18-02-2015 23:35
No estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Apelan a la igualdad y a los derechos, ¿Cuál igualdad? ¿Cuáles derechos? Los que tienen derecho son los niños y las niñas y a ellos no se les puede negar la posibilidad de vivir en una familia tradicional, hombre y mujer, algo que de antemano no lo convertirá en objeto de señalamiento por parte de sus pares... pues sabemos de la crueldad del ser humano y no tenemos derecho a exponerlos al estigma de la sociedad. No es un asunto de homofobia por mi parte, pero la sociedad colombiana no está lo suficientemente educada para afrontar con respeto y madurez una situación como la que se menciona. Estamos decidiendo por los niños, ellos son los que poseen los derechos, las parejas homosexuales no están en condiciones de reclamar un derecho que se han inventado, con todo respeto.
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israel
0 # prejuicios homofobicosisrael 25-03-2015 02:56
Los discursos de quienes niegan bajo cualquier cortina de humo razonable el derecho de adopcion, se apegan al discurso del derecho del niño, entonces deberiamos legislar _con el supuesto de que solo las parejas heterosexuales tienen el derecho amnifiesto_ a considerar los abusos, el abandono, el maltrato de todo tipo a que son sometidos miles de niños en colombia, para juzgar los maltratadores de esos niños--- vamos recapacitemos y no nos obnivulemos anttefalsas morales un discurrso homofobico que solo constriñe el derecho de un niño abandonado y maltratado a recibir un trato digno y amor, por fuera del discurso de genero, seamos un pueblo que dignifique no que condene.
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