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El nuevo gabinete, el presidente asediado y la gobernabilidad por reparto

Javier DuqueNo es una coalición de “unidad nacional” en torno a las ideas o al interés nacional sino una amalgama de partidos en torno al presupuesto y a las cuotas  burocráticas. Solo que ahora, en aras de la paz, la oposición quiere ser oposición y estar en el gobierno.

Javier Duque Daza*

Sesión del Senado en el Capitolio Nacional.

Santos asediado

La macro-coalición de la Unidad nacional ha pretendido dar un margen de acción al presidente,  garantizarle la mayoría en el Congreso, sumar apoyos para respaldar la negociación con las FARC y  aguantar los embates del uribismo.

Transcurridos el primer gobierno y casi la mitad del segundo la coalición le ha permitido a Santos avanzar en el proceso de paz, aprobar gran parte de la agenda legislativa y contrarrestar la oposición. Pero Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores, sufre  un desgaste evidente y tiene muy poca aprobación en las  encuestas:

  • Lo asedian los partidos que lo apoyan –el Liberal, el Social de Unidad y Cambio Radical- y una parte del partido Conservador. Todos exigen “representación” y retribución por su apoyo en las elecciones y en el Congreso. Las monedas de cambio son la burocracia y el presupuesto, pero como ambos son limitados, las pujas son encarnizadas y van acompañadas de amenazas y chantajes.
  • Lo asedia la bancada del  Centro Democrático, así sus adjetivos parezcan inauditos o hasta delirantes: canalla, traidor, corrupto, inepto…castro-chavista y aún comunista. El uribismo niega la legitimidad de la justicia, aliada con el gobierno, y  pretende hacer pasar por perseguidos a quienes han cometido delitos o se han aliado con criminales.
  • Lo asedian las FARC con exigencias en el límite de lo que la sociedad está dispuesta a conceder por su desmovilización y reinserción. También lo asedian aplazando el acuerdo final, estirando los tiempos de las negociaciones y pidiendo lo impensable. El ELN actúa igual con sus continuos atentados, mientras amaga con negociaciones.
  • Lo asedian el Procurador y José Félix Lafaurie, que defienden a los “poseedores de buena fe” de las tierras usurpadas con violencia a centenares de miles de campesinos. Se oponen a la ley de restitución de tierras y con ello pretenden bloquear los acuerdos de paz. El Procurador además bombardea constantemente las negociaciones y las decisiones del gobierno.
  • Lo (auto) asedian los desaciertos de sus altos funcionarios, con decisiones erráticas y discutibles que con frecuencia han debido reversar.
  • Lo asedian la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía, la  inflación y el desempleo en aumento, además de la crisis hospitalaria, la quiebra -ficticia o real- de muchas EPS y la desatención a los usuarios.
  • Lo asedian columnistas críticos, y algunos medios proclives a Uribe. Lo asedian los chiflidos de aquí y de allá, que expresan inconformidad, impopularidad y desconfianza por todo tipo de motivos.

Y para defenderse de tantos asedios, Santos se ha empeñado en mantener, e incluso en ensanchar,  su coalición de Unidad Nacional.  

Prebendas en vez de ideas

el expresidente César Gaviria
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Presidencia de la República

Como señala Josep Colomer, hay buenas razones para que un gobierno sin mayorías en el Congreso conforme una coalición amplia y cohesionada: puede lograr consensos legitimadores y populares; permite adoptar reformas que requieren acuerdos super-mayoritarios; evita la parálisis que tiene a padecer un gobierno minoritario; ayuda a prevenir la  polarización…. Pero para lograr de veras lo anterior es necesario que: (1) la coalición se base en documentos públicos donde consten los acuerdos y las reservas del caso, (2) cada partido asuma compromisos específicos, y (3) esos partidos rindan cuentas sobre los resultados de las políticas y de la coalición que formó.

El cumplimiento de estas tres  condiciones a su vez implica que los socios de una macro-coalición sean partidos con cohesión y disciplina internas, con eficaz rendición de cuentas y – sobre todo- con proyectos de sociedad. Pero resulta que en Colombia las cosas no son así.

Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores.

La Unidad Nacional ha logrado mayorías en el Congreso (más del 60 por ciento en el senado y el 73 por ciento en la Cámara) y funciona como una agregación de apoyos para mantener una gobernabilidad por reparto. Más que consensos sociales, se persiguen acuerdos pragmáticos sobre la base de transacciones e intercambios; los partidos básicamente buscan beneficios para sus dirigentes, congresistas, allegados o familiares, y el bien común no entra en sus cuentas ni se refleja en sus actuaciones.

Aunque la coalición evita la parálisis de un presidente sin mayorías en el Congreso, los costos para el gobierno son altos por la voracidad burocrática de sus socios. Además el gobierno tiende a actuar de manera incoherente y errática. La coalición de la Unidad nacional se mantenido hasta ahora, pero es tambaleante y se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.

Repartiendo ministerios

La nueva recomposición del gabinete pretende mantener la gobernabilidad y el respaldo partidista sobre la base del reparto. Solo que ahora a las presiones anteriores se le suma la necesidad de movilizar votos para el eventual plebiscito sobre los acuerdos con las FARC.

Esta es la composición partidista del gabinete que se anunció esta semana: 

Ministros

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

 

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

  • El Partido Liberal quedó inconforme. Aunque mantiene la mayor cuota de ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y TICs, además del ministro-consejero para el posconflicto y del director del Departamento Nacional de Planeación), sus dirigentes le han recordado al gobierno que su partido es el principal socio de la Unidad Nacional (cuenta con el 21 por ciento de congresistas). Por eso Horacio Serpa, co-presidente del partido, declaró que la “relación con el gobierno no pasa por el mejor momento y la unidad nacional hace agua”. Ya había expresado su descontento por los privilegios que recibe Cambio Radical y la campaña electoral anticipada que adelanta Vargas Lleras. Quieren más “representación”, están inconformes por la no inclusión del vicefiscal en la terna para la Fiscalía y sienten que les están tomando ventaja en la carrera por la presidencia.
  • El Partido de la U se muestra satisfecho. Mantuvo cuatro ministerios y sus demás cuotas burocráticas, es el partido del presidente, sus  congresistas tienen mucha presencia  en el proceso de paz (empezando por Roy Barreras) y perciben que se acerca el acuerdo final con las FARC, su gran apuesta política.
  • Cambio Radical se fortalece. Mantuvo dos ministerios además de otros cargos de importancia, cuenta con el candidato con más opciones aparentes de  ocupar la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez) y su jefe Vargas Lleras se perfila como el aspirante  presidencial con más fuerza, que hace campaña de facto desde el gobierno y goza de carta blanca respecto de las inversiones en infraestructura.
  • El conservatismo sigue actuando como partido-remora, pegado de la burocracia, sobreviviendo en las elecciones y apoyando los proyectos de Santos, aunque sin ser parte oficial de la coalición de gobierno. Algunos de sus dirigentes se sienten más cercanos al Centro Democrático, pero los congresistas que mueven la maquinaria no se despegan del gobierno, del cual llevan viviendo décadas sin ser un partido con vocación de poder.

Estos cuatro partidos (además del MIRA, que se les ha sumado en las decisiones clave) han hecho viable el gobierno, han aprobado sus proyectos en el Congreso, han respaldado el proceso de paz -aunque Cambio Radical y el conservatismo con ciertas ambigüedades- y su apoyo es fundamental para el eventual plebiscito. Por eso seguirán recibiendo favores del Ejecutivo, así el precio de ello sea volverse gobierno-dependientes en sus aspiraciones. Esta lógica transaccional ha permitido que sobreviva la coalición santista.

Con ministerios, pero en la oposición

El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
Foto: Presidencia de la República

Las reacciones del Polo Democrático y de Alianza Verde ante el nuevo gabinete reflejan sus divisiones y sus debilidades organizacionales: los dos ministros designados no cuentan con el respaldo oficial de sus partidos, que reclaman su independencia y su carácter de oposición. Partidos sin ministerios, aunque tengan ministros.

La coalición de la Unidad nacional se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.
  • Dentro del Polo hay un sector que apoya a Clara López como ministra, pero la mayoría (encabezada por Jorge Robledo, Alexander López, Carlos Bula - el exministro de Samper- y otros dirigentes) le pidió que no aceptara el nombramiento y la tilda de  “cripto-santista”. Este fue el mismo sector que se abstuvo de votar por Santos en la segunda vuelta y en aras de la paz, para impedir el triunfo  del candidato del Centro Democrático. Consideran que uno no puede ser presidente de un partido de oposición derrotado para pasar a ser ministro del gobierno.

El PDA que se debate entre apoyar el proceso de paz y oponerse al gobierno de Santos, ahora tiene que enfrentar la tensión resultante de que su excandidata y directora funja como ministra de Trabajo. Tal vez vengan la ruptura y el retiro de Clara López, siguiendo los pasos de Navarro y de Petro. Un partido que repite la  historia de la izquierda en Colombia, que se va desvaneciendo a través de los conflictos internos, de las disidencias y las deserciones. La multiplicación de las izquierdas.

  • Por su parte, el sector de Alianza Verde que sigue a Claudia López rechaza el ingreso de su partido al gabinete de un gobierno que considera proclive a la corrupción o a la “mermelada”. Igual que el Polo, este partido se encuentra ante el dilema de tener un ministro sin ser parte del gobierno, aunque apoye las negociaciones de paz. Otro partido sin coherencia y donde siguen primando los liderazgos sobre la organización.

Todo se desvirtúa

En el sistema político colombiano: las coaliciones no producen consensos sino arreglos temporales; los partidos no tienen responsabilidades públicas, solo compromisos personales o de grupo; tampoco saben tramitar sus asuntos internos sin recurrir a la descalificación, a la deserción o a la ambigüedad pragmática; los cambios en los gabinetes son apenas jugadas de recomposición, son pujas y presiones por pedazos del gobierno; el resultado viene a ser la inconsistencia, la descoordinación y el fracaso de las políticas; la sociedad gana poco con recambios de nombres si las políticas no se inspiran de veras  en el interés público.
 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

UNGASS 2016: una percepción (un poco) diferente sobre las drogas

Francisco ThoumiQué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?   

Francisco Thoumi*

Sesión de la ONU en el marco de la UNGASS 2016.

La UNGASS

La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.

La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.

De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.

La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.

Negociaciones complejas

Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Foto: docmonstereyes

Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.

Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.

Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.

En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.

Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.

Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.

Los difíciles acuerdos

Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:

  1. Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
  2. Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
  3. Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
  4. Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.

Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.

Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.

El problema no ha acabado

Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Foto: Policía Nacional de los Colombiano

Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es

  • un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
  • una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.

En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.  

Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.

Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.

Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.

Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.

De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:

  • Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
  • El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
  • Los grandes desplazamientos humanos,
  • Las crisis económicas,
  • La creciente secularización,
  • El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….

Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.

El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.

Lo que viene

Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.

Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.

Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.

Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.

Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.

 

* Cofundador de Razón Pública  y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras

Alejandro ReyesEl comprador de un carro robado tiene que demostrar que actuó de buena fe. Pasa lo mismo con las tierras robadas, pero esto es lo que Ordóñez y Lafaurie pretenden ignorar y hoy utilizan como ariete de una batalla que en efecto es muy oscura.    

Alejandro Reyes Posada*

El Procurador General Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Desplazados y guerrilleros   

En un evento convocado por el procurador Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabana de San Ángel, Magdalena, el pasado 5 de abril, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pronunció estas palabras al referirse a la restitución de tierras:

“Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido duramente retaliado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Doctor Sabogal, respetuosamente se lo digo, si esto a usted se le salió de las manos, por favor renuncie”.

Esta declaración solo puede entenderse desde la economía política si se parte de un postulado idéntico al que movió a los paramilitares a “limpiar” grandes zonas de campesinos mediante masacres y desplazamientos forzados, al acusarlos de ser parte o de colaborar con las guerrillas. Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Ganaderos expropiados

Para reforzar su argumento, Lafaurie menciona las zonas de reserva campesina y el fondo de tierras acordado en La Habana, que tendrían que salir de las fincas de los ganaderos que “honestamente” han seguido batallando desde el campo.

Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Por ejemplo el “honesto ganadero” Rodrigo Tovar Pupo, bajo el alias de Jorge 40, escogió el mismo lugar de Sabanas de San Ángel – separado del actual municipio de Chibolo, que fue elevado a esta categoría por los parapolíticos- para batallar desde el campo por sus intereses. De allí fueron expulsadas muchas familias campesinas que habían recibido títulos de adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y sus tierras fueron compradas a bajísimos precios por el Tuto Castro y su grupo de testaferros, y legalizadas a quienes ahora se pretenden compradores de buena fe.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les hizo el juego a estos ganaderos  al revocar los títulos de quienes no estaban cultivando su parcela por haber sido desplazados y al re-adjudicar las fincas a los candidatos de Jorge 40, según se comprobó en los computadores de Don Antonio, agente financiero del Bloque Norte.

¿Cuál buena fe?

Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tanto Lafaurie como el procurador Ordóñez protestan porque quienes se opongan de buena fe a la restitución de algún predio reciben el mismo trato de los victimarios porque -al ser invertida la carga de la prueba- tienen que demostrar que lo adquirieron de buena fe exenta de culpa.

Al hacer esa exigencia, la Ley de restitución de tierras buscó precisamente diferenciar a los despojadores de los compradores inocentes de tierras que antes habían sido despojadas por otros desde 1991. A estos últimos les dio el beneficio de recibir una compensación en tierra o dinero equivalente al precio comercial vigente de la tierra, que la Unidad de Restitución debe cancelar si el juez o magistrado ordenan la restitución al despojado.

Este es el meollo del debate que desataron Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena y en Santander. Se trata de decidir si las ventas posteriores a personas que no hicieron parte del conflicto armado pueden sanear las transferencias forzosas y, por tanto, si el despojo puede blanquearse con el alegato de la buena fe de los compradores. Así, la pérdida patrimonial de las víctimas se consolida con estas ventas.

En estricto sentido, se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

La Ley de restitución busca recuperar la propiedad de las tierras despojadas y no juzgar a las personas, pues no hace parte del Código Penal. Una vez se identifican la relación jurídica anterior del reclamante con su predio y las circunstancias de violencia que causaron la pérdida patrimonial de la víctima, se invierte la carga de la prueba en contra de los opositores, que deben demostrar mejor derecho a las tierras que los despojados.

Si no lo hacen, lo que sigue es el restablecimiento del derecho vulnerado mediante la decisión del juez de ordenar la restitución. La disputa judicial por la propiedad, en contextos de conflicto armado, no sigue las reglas de los procesos civiles ordinarios, que versan sobre los requisitos formales que deben cumplir los modos legítimos de adquirir el dominio (como la compraventa, la sucesión, la donación o la prescripción), sino las reglas especiales de justicia transicional que buscan la reparación de las víctimas de despojo forzado.

La esencia de la Ley de restitución es negarles a la violencia, a la coacción armada y a la intimidación la virtud de transferir legalmente la propiedad de la tierra y los inmuebles. Si las transferencias fueron ilegales, quien adquiere las tierras con posterioridad al despojo no compra un verdadero derecho de propiedad sino un pleito de tierras susceptible de revertir al dueño inicial. Ocurre lo mismo que en el mercado de carros o celulares robados.

La única discusión posible es definir si el comprador de lo robado tiene o no derecho a recibir una compensación que le impida la pérdida patrimonial. Allí es donde opera el concepto de la buena fe exenta de culpa, que el legislador puso como condición para tener derecho a la compensación, en virtud de las presunciones de legalidad y buena fe que rigen las transacciones comerciales.

Las “falsas víctimas”

La Ley, además, estableció como requisito para las demandas ante los jueces la inscripción previa de las reclamaciones en el registro de tierras despojadas, para que la Unidad de Restitución estudiara si el reclamante tenía un derecho sobre la tierra, si se trata de la misma parcela y si mediaron circunstancias y hechos de violencia que expliquen la pérdida del derecho de propiedad o la posesión.

Se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, explicó a José Félix Lafaurie, en carta pública del 27 de abril, el tema de las falsas víctimas reclamantes de restitución:

“Sobre las “falsas víctimas” a las que se refiere, debo aclararle que el rigor del proceso ha detectado dos tipologías que resultan en la no inclusión de la reclamación: la primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aun así, intentan defraudar el proceso. Para estos últimos, el Estado aplica  las penas más rigurosas del sistema judicial. La Unidad de Restitución de Tierras ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones”.

De las 48.847 reclamaciones tramitadas por la unidad, por estar en áreas micro-focalizadas por razones de seguridad, han sido resueltas 31.604, de las cuales la mitad han sido incluidas en el registro de tierras despojadas y la mitad excluidas por no cumplir las condiciones previstas en la Ley.

Esta cifra demuestra la eficacia de los filtros usados para impedir que oportunistas quieran hacerse a tierras ajenas por la vía de la restitución y el rigor empleado por la Unidad de Restitución al sustanciar las reclamaciones. A su vez, el 95 por ciento de las sentencias de restitución han favorecido a los reclamantes, lo que demuestra la realidad del despojo.

El proyecto de fondo

Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La verdadera intención de Lafaurie y el precandidato Ordóñez al desatar el debate es asumir la representación de las presuntas víctimas de la restitución, reuniendo manifestaciones de campesinos, para apoyar la reforma a la Ley de restitución presentada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, destacado representante político de los clanes costeños dueños de la tierra.

Esa reforma pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba para los opositores y obligar a que la víctima demuestre que tiene un título pleno e intachable. En otras palabras, quieren convertir la restitución en un proceso civil ordinario de propiedad y reducir a la impotencia la Ley de restitución de tierras.

Por último, resta observar que la Ley 1448 (de reparación y víctimas y restitución de tierras) fue aprobada dos años antes de iniciarse el proceso de paz con las FARC y por tanto no hace parte de los acuerdos con la guerrilla. El gobierno, en la mesa de La Habana, repitió ante las FARC la frase del entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien dijo que “las leyes no se negocian, se cumplen”.

 

*Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 8 - 15 minutos)

Alvaro PardoCada día es más notoria la presencia, viscosa como el crudo, de esta compañía de venezolanos, financiados por accionistas canadienses, que no han dudado en diversificar su ambicioso portafolio, comprando incluso medios de comunicación, en sentido literal y figurado, para lavar su imagen y llenarse de dinero.

Álvaro Pardo*

Campañas burdas, intereses gigantescos

La estrategia publicitaria de algunas compañías del sector extractivo para enfrentar las crisis causadas por la inconformidad social y ambiental, o para crear ambientes propicios a sus objetivos empresariales, genera una reacción contraria por su enfoque reactivo y artificial, y por una relación impropia con algunos medios de comunicación.

Este es el caso de la intensa campaña publicitaria de Pacific Rubiales, aunque también compañías mineras, asesoradas por “especialistas” en comunicaciones, como Cerrejón S.A., Mineros S.A., y AngloGold Ashanti, han acudido a prácticas similares cuando las crisis amenazan sus proyectos o la operación, la inversión y su reputación.

Sin entrar a analizar la publicidad como tal y la fatiga que causa su repetición, las preguntas que surgen son: ¿qué hay detrás de cada campaña publicitaria, qué buscan esconder, minimizar o exagerar? Podría decirse que estas preguntas son malintencionadas, pero en verdad corresponden a la naturaleza reactiva de campañas publicitarias, donde no se disimula la intención de vender un negocio aprovechando la desmemoriada opinión pública.

Cerrejón S.A., Mineros S.A., y Anglo Gold Ashanti, han acudido a prácticas similares cuando las crisis amenazan sus proyectos o la operación, la inversión y su reputación.

Del infierno chavista al paraíso uribista

La admiración que se profesa en Colombia por los empresarios venezolanos Ronald Pantin, José Francisco Arata, Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, esconde algunos temas que no son claros para la opinión pública y, en especial, los movimientos de la inversión canadiense que está detrás de ellos.

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Si algo caracteriza a este grupo es su entramado complejo, el cambio de razón social y la formación de nuevas empresas, algunas en paraísos fiscales.
Foto: revistamirelea.com

Pantin y Arata, retirados por Chávez de la nómina de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encontraron en el presidente Uribe un aliado inmejorable y en Colombia el paraíso que su país les negó. Sus nombres, junto a Iocono y De la Campa, aparecen en diferentes momentos de esta historia y en diferentes empresas, porque sí algo caracteriza a este grupo es su entramado complejo, el cambio permanente de su razón social, la formación de nuevas empresas, algunas de ellas establecidas en paraísos fiscales, y la incursión en nuevos sectores.

Presentación en sociedad

La historia de este grupo de empresarios en Colombia comienza con la empresa de carbón CoalCorp y el cambio poco ortodoxo del POT de Cartagena, por parte del Concejo Municipal, para permitir la construcción de un puerto minero en una zona de vocación turística. Esta decisión fue tan arbitraria, que el presidente Uribe tuvo que intervenir y anunció que el puerto se levantaría en otro lugar. ¿Cómo lo hicieron? Vaya uno a saber.

Más adelante, los inversionistas de CoalCorp en Canadá demandaron ante la Corte Superior de Justicia de Ontario a los directivos de la compañía en Colombia (los venezolanos de marras) por enriquecimiento no justificado, transacciones inapropiadas, falta de lealtad y uso personal de recursos corporativos - aunque vale señalar que los venezolanos contrademandaron, y hasta ahí se conoce esta parte de la historia [1].

Sus nombres aparecen luego en la compañía Gran Colombia Gold, fusionada con la también canadiense Medoro Resources, que había comprado los intereses de Mineros Nacionales en Marmato, y que actualmente mantiene una disputa con los mineros tradicionales en el departamento de Caldas (ver artículo de Luisa Fernanda Trujillo publicado en Razón Pública el pasado 10 de junio).

Las múltiples razones sociales utilizadas causan confusión a las autoridades locales y a los mineros: Compañía Minera del Caldas, Minerales Andinos de Occidente y ahora Marmato Gold, tienen a todos en ascuas. Su propósito: comprar los títulos a los pequeños mineros, expulsar mediante amparos administrativos a los informales tradicionales y extraer el oro a cielo abierto.

Alvaro_Pardo_publicidad_mineriaEn Mármato su propósito es comprar los títulos a los pequeños mineros, expulsar mediante amparos administrativos a los informales tradicionales y extraer el oro a cielo abierto.   
Foto: asuntosmineros.blogspot.com

En julio de 2009, por ofrecimiento del presidente Uribe y en presencia del ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, y de su ministra consejera, Claudia Jiménez, los venezolanos se hicieron a los intereses de Frontino Gold Mines, en proceso de liquidación y arrastrando un gran pasivo pensional. Aunque prometieron estabilidad, centenares de trabajadores han sido retirados de la compañía [2].

La excanciller de la época, María Consuelo Araujo, se encargó después de sacar adelante el negocio en su calidad de Chief Executive Officer (CEO) de la Gran Colombia Gold. De hecho, en la actualidad los tres exfuncionarios mencionados aportan su conocimiento del sector público y sus relaciones al sector de la gran minería o a las empresas de los venezolanos.

Además del oro, los venezolanos han incursionado en el carbón. Sus problemas con la minera suiza Glencore son bien conocidos, en torno al carbón de La Francia, mina que después vendieron. Actualmente adelantan proyectos en La Guajira, Cesar, Boyacá y Santander. Este grupo empresarial posee también inversiones en generación de energía, cultivos de caucho y palma de aceite, y oleoductos, pero donde descuella es en la actividad petrolera.

Debe destacarse que su vertiginoso crecimiento se explica no sólo por su visión empresarial y los cuantiosos recursos de inversión que poseen, sino al “dream team” de abogados y tributaristas que lograron se archivaran investigaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades, para que no los declarara como grupo empresarial, y de la DIAN por presunta evasión de impuestos. Salieron bien librados, pero estos temas siguen causando escozor entre especialistas.

Sus nombres aparecen luego en la compañía Gran Colombia Gold, fusionada con la también canadiense Medoro Resources, que había comprado los intereses de Mineros Nacionales en Marmato.

Campo Rubiales, la joya de la corona

Campo Rubiales fue descubierto en 1981 por la empresa Exxon, pero debido a las características del crudo — pesado y difícil de extraer y de transportar — y ante los bajos precios, permaneció sin explotar hasta 2001, cuando el actual dueño de Avianca, Germán Efromovich, quiso incursionar en la industria del petróleo a través de Meta Petroleum.

Alvaro_Pardo_publicidad_quejasAdemás del oro, los venezolanos han incursionado en el carbón. Sus problemas con la minera suiza Glencore son bien conocidos, en torno a la mina La Francia.
Foto: Sintraminergética.

En 2007 llegaron los venezolanos con nuevas tecnologías y pusieron a producir el campo: se convirtieron en la segunda petrolera del país. Pero la velocidad para desarrollar el nuevo campo les trajo muchos dolores de cabeza: primero una reacción de los llaneros cansados del daño social, ambiental y económico de una operación acelerada, y luego las protestas de los trabajadores, especialmente de los contratistas, por las malas condiciones de trabajo y remuneración.

El exceso de velocidad se explica por la necesidad de aprovechar los altos precios del mercado internacional y porque esta “joya de la corona” se les puede esfumar en cuatro años: el contrato de asociación del campo Rubiales vence en el 2016, según confirmó Ecopetrol, socio del proyecto.

Preguntas prudentes

Hay otros temas que simplemente pondré en medio de signos de interrogación:

  • ¿Cuál es la relación de los venezolanos con la empresa Bolívar Gold de Venezuela?
  • ¿Por qué el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, se retiró bruscamente de una reunión con su homólogo colombiano, el pasado 28 de mayo en Cartagena, cuando observó entre la concurrencia a los directivos de Pacific Rubiales?
  • ¿Por qué la DIAN les esculca sus cuentas?
  • ¿Cuál es su relación con la ex reina de belleza María Paola Mejía y con Alfonso “el turco” Hilsaca?
  • ¿Cuál es el conflicto con Ecopetrol en el campo de Quifa?
  • ¿Por qué han convertido los anuncios de nuevas reservas en un instrumento para mover sus acciones en las bolsas de valores?
  • ¿Errores en la información o adulteración de las cifras de producción?
  • ¿Serán conscientes de que muchos colombianos tienen invertidos millonarios recursos en acciones de esta compañía y que un movimiento en falso de esta intrincada organización los puede dejar en la calle?
  • ¿Por qué antes los anuncios de Pacific Rubiales impulsaban la cotización de las acciones y ahora el efecto es neutral e incluso a la baja?
  • ¿Es tan vulnerable la acción que el divorcio de Arata impulsa la acción a la baja?
  • ¿Qué pasó con Alange Energy?
  • ¿Es cierto que Pacific Rubiales considera que la Asociación Colombia de Petróleo (ACP) es un gremio débil frente al gobierno y que luego de conversaciones con la ANDI, este gremio los acogió y creó la Vicepresidencia de Hidrocarburos para presionar más duro al Gobierno?

En fin, las preguntas son muchas y las respuestas escasas. El riesgo que se corre al tratar de responderlas es una demanda, como en el caso del editor de Primera Página, Héctor Mario Rodríguez, hoy acusando penalmente por divulgar supuestas irregularidades en el manejo de información de las empresas del grupo.

¿Por qué tanto alboroto publicitario?

Es claro que Pacific Rubiales buscar alcanzar dos propósitos con su campaña publicitaria:

-Limpiar su nombre, pues los inversionistas en Canadá y los accionistas en Colombia pueden sencillamente retirarles sus afectos y causar cuantiosas pérdidas al grupo;

Alvaro_Pardo_publicidad_camposCampo Rubiales fue descubierto en 1981 por la empresa Exxon, en 2007 llegaron los venezolanos con nuevas tecnologías y lo pusieron a producir.
Foto: edunewscolombia.com

- Mostrarse como el amigo fiel de Colombia, para que la sociedad civil les otorgue la licencia social y el gobierno prorrogue el contrato de Rubiales, cuya terminación en el 2016 podría dejarlos sin la joya de la corona. Como están hoy las cosas, las reservas del campo Rubiales y toda la infraestructura deberán revertir a Ecopetrol en ese año.

Obviamente, el interés de los venezolanos es mantener la operación en el campo y aprovechar la ventaja que les da haber arrancado primero en una región con bajo conocimiento geológico y muchas posibilidades en una región inexplorada. ¿Y es de verdad la joya de la corona? Efectivamente. Por ejemplo, en el artículo “Rumbo al Boom Petrolero” de la revista Semana, en la sección las cifras de Pacific (página 65), se dice que el costo de producción de cada barril de crudo en 2010 fue de 4,87 dólares, lo que les garantiza una utilidad de por los menos 41 dólares por cada barril extraído de Campo Rubiales.

Invertir y lograr un retorno al capital es una actividad legítima, pero desde una perspectiva nacional es demasiado riesgoso apostar el futuro energético del país y millones de pesos de colombianos en acciones de una compañía que tiene temas del pasado, cuyas respuestas deberían ser claras y transparentes, en lugar de acudir a campañas publicitarias artificiosas y disonantes frente a la realidad.

El contrato de asociación del campo Rubiales vence en el 2016, según confirmó Ecopetrol, socio del proyecto. Poreso el exceso de velocidad de la explotación.

Pacific es Colombia, Pacific es para ti

Las imágenes de las protestas de los habitantes de Puerto Gaitán y los centenares de trabajadores de las firmas contratistas de Pacific Rubiales se mantienen aún en la retina de muchas personas.

Las condiciones de trabajo y la paga a los trabajadores – ridículas frente a la remuneración de los directivos de la empresa o a la comisión de éxito de la “Conchi” Araujo (975.000 dólares) — movilizaron al gobierno central y desde luego a la Policía. Los medios de comunicación desplazaron periodistas, y desde Puerto Gaitán transmitieron una de las mayores protestas recientes contra una compañía extranjera.

Sin embargo el tema fue desapareciendo en la medida en que algunos medios iniciaron en diciembre sus campañas sociales y las metas de recaudo se cumplieron gracias a los aportes de esta compañía. Puerto Gaitán se convirtió en un paraíso con su festival de verano (copatrocinado por Pacific Rubiales) y la presentación de afamados artistas internacionales.

Las voces de protesta de los trabajadores se silenciaron, y en su lugar otros aparecieron en las pautas publicitarias, disfrazados con uniformes relucientes, transmitiendo mensajes que suenan artificiales y que lindan con lo ridículo: Aquí, donde antes no había ni una lombriz, Pacific Rubiales…. (ver artículo sobre publicidad engañosa de Ángel Beccassino publicado en Razón Pública el pasado 10 de junio).

Embriagados por los favores de esta generosa petrolera, algunos periodistas perdieron el Norte y la razón de ser de su oficio: en ocasiones fungen como sus relacionistas públicos. El pasado 22 de mayo, una importante cadena radial transmitió la siguiente entrevista al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas:

Director: — Ministro, una pregunta, ¿oficialmente su despacho ha recibido una solicitud de Pacific Rubiales sobre la extensión de su franquicia (sic), en el campo Rubiales... por unas razones técnicas y que según ellos representan perder una cantidad de miles y miles de barriles sí no se les extiende la prorroga?

Ministro:— No, yo no he recibido oficialmente ninguna solicitud de prórroga del contrato de concesión… no hay en este momento un diálogo sobre esta materia”

Es obvio que el afamado director radial estaba poniendo en la agenda del propio Ministerio, con un sesgo evidente, la obligación de prorrogar el contrato petrolero a Pacific Rubiales, so pena de perder miles y miles de barriles de crudo. Gran favor.

Otro efecto de la arremetida publicitaria ha sido acallar las voces críticas del sector. Las nuevas protestas en Puerto Gaitán apenas se reseñan en los medios que mantienen su independencia, el país entero se convirtió en una isla informativa donde se ignora el curso de la minería y el petróleo en otras latitudes.

Ahora Pacific Rubiales no aparece vinculado a los brotes de inconformidad, sino junto a la Selección Colombia, equipos de fútbol profesional, reinados de belleza, patrocinando eventos de responsabilidad social y torneos internacionales de golf; nuevas revistas nacen bajo su amparo, y hasta la vuelta a Colombia en bicicleta arrancó de Puerto Gaitán, paraíso del derroche y de la prosperidad de unos pocos.

Los accionistas de Pacific Rubiales adquirieron a Cablenoticias — directamente o por intermedio de terceros —, hicieron sus vueltas para quedarse con El Tiempo y ahora se rumora que quieren incursionar en otros medios. Y cuando no es posible comprar o pautar, pues no les tiembla la mano para amenazar: para la muestra, ahí está el caso del periodista Héctor Mario Rodríguez.

Ojalá esta empresa dejara de comportarse como los “Beverly ricos” — arribistas, torpes y empeñados en redorar sus falsos blasones — y se dedicaran a invertir en Colombia con verdadera responsabilidad y compromiso social, ambiental y tributario.

 

* Director de Colombia Punto Medio.

 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+7 # Eduardo Sáenz Rovner 05-07-2012 16:15
Todo esto me recuerda a los sirvientes y sirvientas del capital financiero que participaron en la Ley 100.
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Jhair H
+7 # Jhair H 06-07-2012 20:55
Esa Manera de actuar me recuerda a análisis del profesor Eduardo Rovner, sobre como opero la ANDI en los medios de Comunicación más importante en la década de los 40, queriendo estos industriales generar la falsa idea de que "el progreso de la industria beneficiaria al pueblo colombiano en su conjunto", es una continuidad histórica que no hay que perder de vista, hay que seguir develando estas campañas engañosas.
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Ricardo Agudelo
0 # Ricardo Agudelo 24-10-2012 15:52
Y todavía se preguntan por qué fueron expulsados de Pdvsa?
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Ricardo Marín
+1 # Ricardo Marín 25-10-2012 22:24
Muy buen artículo, digno de recomendarse a tantos ingenuos que son más neoliberales que los mismos neoliberales, siendo que viven más pobres que las ratas. Lo único malo del artículo es su ingenuidad al pretender que "Ojalá esta empresa dejara de comportarse como los “Beverly ricos” — arribistas, torpes y empeñados en redorar sus falsos blasones — y se dedicaran a invertir en Colombia con verdadera responsabilidad y compromiso social, ambiental y tributario". PUES ESTOS GORILAS DESALMADOS POR LOS INTERESES DE ULTRACAPITAL NUNCA SERÁN DE FIAR, DADO QUE ESTAS GENTES NACEN SIN ALMA Y NO LES IMPORTA NADA DE NADA SINO SUS RIQUEZAS A COMO DÉ LUGAR. POR ESO ES QUE ODIAN TANTO A CHÁVEZ Y A KIRCHNER Y A EVO MORALES Y A CORREA EN ECUADOR, PORQUE ÉSTOS SI LOS PONEN A VOLAR...
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