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Política y Gobierno

Congresito o comisión legislativa: ¿la improvisación para la paz?

José Gregorio HernándezLa lectura sucinta e implacable de un experto muestra cómo el mecanismo que propone el gobierno para desarrollar el acuerdo con las FARC no agiliza el proceso sino que lo demora, viola la Constitución y tiene serias dificultades.

José Gregorio Hernández Galindo*

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

La improvisación

Si el proceso de paz con las FARC se encuentra, como dice el gobierno, en la etapa final y se aproximan los acuerdos, no se entiende por qué se anuncian de manera improvisada diferentes proyectos o fórmulas para la refrendación de lo pactado en La Habana.

Este es el caso del anuncio presidencial sobre la conformación de un “congresito” o de una comisión legislativa especial cuyas decisiones, al final, también serían llevadas a  consideración del Congreso.

Al parecer, según lo acordado por los partidos de la coalición de gobierno, se presentará un proyecto de acto legislativo para crear este organismo transitorio que se encargaría de desarrollar los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla.

La improvisada exposición sobre el “congresito” que hizo el presidente de la República provocó reacciones en contra, tanto en la oposición como en los sectores políticos que apoyan el proceso de paz.

Por otra parte se ha dicho que la comisión legislativa no se crearía con el propósito de sustituir al Congreso. Sin embargo, a decir verdad, no ha habido claridad sobre el objeto que tendría ese organismo ni sobre el procedimiento de selección de sus integrantes, entre los cuales estarían voceros o representantes de la organización guerrillera designados “a dedo” por el Ejecutivo.

Habrá que esperar el texto final del proyecto para entrar a debatir el fondo de este asunto, que no es de poca monta, ya que se trata, ni más ni menos, del desarrollo y cumplimiento de lo que se pacte en La Habana.

¿Cómo aprobar las reformas?

En una democracia el ideal sería que cuanto se convenga por las partes en un proceso de paz sea ratificado por el pueblo, lo cual le otorgaría legitimidad y validez a lo pactado.

Por otro lado, como es perfectamente previsible en todo proceso de esta naturaleza, de los acuerdos puede surgir la necesidad de hacer reformas constitucionales o legales. La Constitución de 1991 contempla las vías para que esto se haga:

Como ni el “congresito” ni la comisión legislativa especial están previstos en la Constitución vigente, su introducción requeriría una reforma 
  • Si se tratara de reformas de la legislación, la Constitución ha señalado al Congreso de la República, titular de la cláusula general de competencia para que, elegido como lo ha sido por el pueblo, ejerza la función a su nombre y en su representación y formalice cuanto se requiera en materia de leyes como culminación de los diálogos.
  • Si se tratara de reformas constitucionales, los mecanismos al respecto están previstos. En efecto, mientras la Constitución de 1886 señalaba exclusivamente al Congreso como el competente para su reforma, la de 1991 consagra tres vías para su enmienda:

1) Por el Congreso, mediante acto legislativo que debe ser aprobado en el curso de dos períodos ordinarios y consecutivos de sesiones;

2) Por una asamblea constituyente, convocada por el pueblo en los términos y con los requisitos previstos en el artículo 376 de la Constitución, y cuyos miembros deben ser elegidos popularmente;

3) Por el pueblo, mediante referendo convocado por ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 378 de la Constitución.

Ahora bien, como ni el “congresito” ni la comisión legislativa especial están previstos en la Constitución vigente, su introducción requeriría una reforma constitucional tramitada por medio de cualquiera de los tres mecanismos mencionados.

Aquí surge el primer contrasentido en la exposición que han hecho el presidente y sus voceros en materia de paz: quieren agilizar la refrendación de los acuerdos -a los que todavía no se ha llegado- pero proponen crear un nuevo cuerpo legislativo cuyo trámite de aprobación demorará al menos dos períodos ordinarios y consecutivos de sesiones. Es decir, solamente después de un año comenzaría a actuar ese organismo.

Contra la Constitución

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República de Colombia

¿Qué tendrá a cargo esta comisión legislativa especial o este “congresito”? Todo depende del texto que se presente al Congreso y que finalmente se apruebe. Si se trata de un ente al que le será señalada una función legislativa, como el nombre lo indica, es natural que vaya a legislar.

Pero, ¿desplazará al Congreso? ¿Cuál sería la razón para ello? ¿Lo que la comisión apruebe habrá de ser ratificado por el Congreso? Y si esto es así, ¿por qué gastar un año en la creación de un organismo que no tendrá facultad decisoria? ¿Para qué se habría creado?

Además, no hay que olvidar el problema de la conformación de la comisión. ¿Sus miembros serán elegidos popularmente? ¿Serán escogidos por el presidente y las FARC? ¿Podrán hacer parte de ella los miembros de la guerrilla?

¿Por qué, tratándose de una materia de tanta trascendencia para el país, se prefiere “lanzar globos” para medir las reacciones en vez de preparar con seriedad y calma una propuesta sólida?

Es válido hacerse estas preguntas porque el acto de reforma iría muy seguramente al control de la Corte Constitucional, y esta podría concluir que se estaría sustituyendo la esencia de la Constitución y declararlo inexequible, lo que daría al traste con el proceso de paz.

Además, hay un obstáculo de fondo y sobre el cual no se ha pronunciado el gobierno, como si no lo hubiera visto, o como si quisiera esconder la cabeza a la manera de los avestruces. Se trata de la subsistencia del artículo 122 de la Constitución, cuyo texto actual proviene del año 2009, y que no fue modificado ni derogado por el Marco Jurídico para la Paz. Esa norma establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Ese obstáculo no puede ser removido constitucionalmente por una comisión legislativa ni por un “congresito”. Entonces, ¿se tramitaría un proyecto de acto legislativo para que los guerrilleros que están en cualquiera de esos casos pudieran ser elegidos o nombrados? ¿Cuándo se tramitaría, antes o después de la creación de la comisión legislativa?

Todas estas son las inquietudes que genera la improvisación del Ejecutivo en el campo jurídico, pese a que, tengo entendido, cuenta con muy buenos asesores.

El jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la Calle.
El jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Más preguntas

Ante esta situación surgen muchas otras preguntas:

  • ¿por qué, tratándose de una materia de tanta trascendencia para el país, se prefiere “lanzar globos” para medir las reacciones en vez de preparar con seriedad y calma una propuesta sólida?
  • ¿Está bien que se improvisen tantas cosas? ¿O será que estamos ante un proceso premeditado, orientado a “quemar” propuestas para concluir finalmente, como lo quieren las FARC y el Centro Democrático, en la convocatoria de una asamblea constituyente?
  • ¿Se quiere sacar adelante los acuerdos y su refrendación por mecanismos no constitucionales?
  • ¿Sería esto un golpe de Estado a la Constitución de 1991?

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

@josegreghg

 

Política y Gobierno

El censo agropecuario: ¿sorpresas o confirmaciones?

Absalón MachadoRecuento de los grandes resultados del censo agropecuario, de lo que significan acerca del estado –y de los cambios- en los usos del suelo, la tenencia de la tierra, la tecnología y el nivel de vida de la población rural. Información crucial para el posconflicto.     

Absalón Machado C.*

Cultivo de maracuyá en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

Los resultados

El tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA) es resultado de una decisión inaplazable donde se impusieron la razón, el buen juicio y la administración eficiente de los recursos.

Pero comienzo por examinar los hechos. Aún falta mucha información sobre el censo que llevó a cabo el DANE y cuyos resultados preliminares dio a conocer este 11 de agosto. Y sin embargo estos primeros datos permiten aproximarse al estado de

  • Los usos del suelo
  • La tenencia de la tierra,
  • El acceso a bienes y servicios básicos para la producción agropecuaria, y
  • Las condiciones de vida de los habitantes rurales de las áreas dispersas de Colombia.

Usos del suelo

Los datos más destacables son:

  • El 40,6 por ciento del territorio tiene uso agropecuario, del cual el 19,1 por ciento está en agricultura y el 80,5 por ciento en pastos.
  • En cultivos hay 7.185.905 hectáreas, una cifra superior a los 5,5 millones que tenía  registrado el Ministerio de Agricultura. Muy probablemente esto no significa un aumento del área cultivada sino un serio sub-registro en las estadísticas oficiales, resultado de su metodología de consenso para determinar las cifras.
  • Se confirma la gran extensión de la ganadería, faltando por conocer sus características en cuanto a la intensidad de uso del suelo.
  • En cultivos llama la atención el auge de los permanentes y la caída en los transitorios. Los primeros cubren el 74,8 por ciento del área cultivada y los segundos solo el 16,0 por ciento, mientras que el 9,2 por ciento son cultivos asociados.
  • La crisis agrícola y los procesos de apertura al comercio internacional han afectado especialmente a los pequeños y medianos productores, quienes no tienen la opción s de trasladarse a cultivos permanentes donde están las mayores ventajas competitivas.  
Cabezas de ganado en la región de la Orinoquía.
Cabezas de ganado en la región de la Orinoquía.
Foto: CIAT

Tenencia de la tierra

El CNA confirma la gran fragmentación de la pequeña propiedad y la consolidación de las grandes “unidades productivas agropecuarias” (UPAS).  El 96 por ciento de las UPAS tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 59,1 del área total, mientras que las mayores de 500 hectáreas son el 0,4 por ciento de las UPAS y ocupan el 41,1 del área.

Falta por conocer la conversión de estos datos en unidades prediales (un predio puede tener varias UPAS de distintos tamaños) y una desagregación mejor de las escalas de tamaño, así como la calidad de las tierras, su disponibilidad de agua y su ubicación respecto de los mercados, para tener una idea más próxima sobre la estructura de la tenencia de la tierra y su grado de concentración.

La gran fragmentación de la pequeña propiedad y la consolidación de las grandes “unidades productivas agropecuarias”

Un ejercicio muy elemental con los datos publicados muestra como la estructura de tenencia es multimodal, pues si las UPAS pequeñas se establecen entre 0 y 50 hectáreas, las medianas entre 50 y 500 y las grandes en mayores de 500, resultaría que las UPAS pequeñas ocupan el 24,7 por ciento del área, las medianas el 34,2 por ciento y las grandes el 41,1 por ciento (esta aproximación tendría que refinarse,  utilizando la medida de la UAF). Aquí vale notar cómo:

  • Las grandes UPAS ocupan el mayor porcentaje del área pero no lo bastante como para concluir que estemos ante un binomio latifundio-minifundio como el observado en el censo de 1960.
  • La mediana propiedad es importante pero está tan concentrada como la grande, puesto que cubre solo el 5,3 por ciento de los propietarios.
  • Entre la mediana y la grande ocuparían las 3/4 partes del área dispersa. 
  • Casi las ¾ partes de las UPAS están en manos de propietarios y solo el 9,8 por ciento en arriendo. Es claro el descenso de la aparcería y el aumento del arriendo, lo cual es típico del desarrollo capitalista en el campo.
  • Por lo demás, estos datos no son muy diferentes de los que muestra el Atlas de la Propiedad Rural del Instituto Geográfico Agustín  Codazzi (IGAC) para el año 2012,  referidos a predios y no a UPAS..

Tecnología y desarrollo

Solo el 16,7 por ciento de los productores informaron tener maquinaria y el 16,9 por ciento infraestructura productiva.

Estas cifras son alarmantes pero no sorprendentes porque confirman el abandono del campo y la falta de políticas que estimulen el desarrollo tecnológico y el uso de maquinaria, además de los riesgos para la inversión que implica la violencia.

En esas condiciones, y con el hecho de que apenas el 9,6 por ciento de las UPAS recibió asistencia técnica y el 89 por ciento no solicito crédito, se confirma el gran atraso tecnológico de la mayoría del sector.

De ese atraso se exceptúan buena parte de los grandes cultivos empresariales que han contado con recursos a través de los Fondos Parafiscales,  y que han sabido canalizarlos hacia la asistencia técnica y el desarrollo tecnológico, aunque no ha en todos los casos. 

En este punto existe un reto monumental de política, pues habría que destinar suficientes recursos para modernizar el aparato productivo y ponerlo en condiciones de competir en los mercados internacionales. Tenemos un retraso enorme y las políticas adoptadas, especialmente desde los años ochenta, se olvidaron de ese asunto.

Un buen ejemplo se encuentra en la infraestructura de riego: tan solo el 0,1 por ciento de las UPAS tiene acceso al agua proveniente de distritos de riego. Si bien en un 95 por ciento de las UPAS la agricultura dispone de agua, la actividad está sujeta a las variaciones del clima, como en el siglo pasado, sin posibilidad de controlar el acceso a ese recurso básico.

Pobreza rural

Secadero de tabaco en San Gil, Santander.
Secadero de tabaco en San Gil, Santander.
Foto: Carlos Espejo

El 93,7 por ciento de los  trabajadores pertenecen a los hogares en las UPAS con menos de 50 hectáreas. Esta cifra confirma la gran importancia de la agricultura familiar, y el hecho de que el 66,6 por ciento de ellos esté en UPAS menores de cinco hectáreas, confirma que la pobreza de las familias rurales sigue siendo muy grande.

En efecto, la pobreza multidimensional es del 44,7 por ciento en el área dispersa rural, más del doble de la existente en las áreas urbanas. Este dato confirma que se han seguido ampliando las brechas de ingreso y condiciones de vida entre lo rural y lo urbano.

La situación de la agricultura familiar se agrava enormemente con el envejecimiento de la población rural que muestra el CNA, la migración de los jóvenes y el aumento de la jefatura de hogar por parte de mujeres en condiciones de gran precariedad. Si bien han mejorado aspectos importantes de las viviendas rurales y la cobertura de educación y salud, todavía el 20 por ciento de la población entre 5 y 16 años no asiste a ningún centro educativo. 

Ya era hora

Hay que felicitar al DANE y a sus directivos por asumir el compromiso de ofrecernos una información que reclamaban todos los sectores, y que tiene por lo menos 35 años de atraso (el último censo debió ser realizado en 1980).

El CNA es un instrumento fundamental para la política. Y sus resultados aparecen en un momento crucial para que el Estado revise con rigor las estrategias dirigidas al sector rural y a su crisis realmente “estructural”.

Esa crisis no es una novedad. Había sido señalada de manera insistente por estudios de vieja data, y más recientemente por los de la Misión Rural y el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2013, así como por los diagnósticos que sirvieron como base para el Acuerdo Agrario de la Habana.

Solo el 16,7 por ciento de los productores informaron tener maquinaria y el 16,9 por ciento infraestructura productiva. 

El informe preliminar presentado por el DANE muestra los indicadores de una situación crítica que viene así a confirmar, con datos más precisos, lo que se venía diciendo, y ante lo cual los distintos gobiernos y dirigentes públicos y privados habían puesto oídos sordos. Los datos quizás sorprendan a quienes no les importa la suerte del sector rural y la han aprovechado para hacer demagogia desde el gobierno, desde la política o desde el sector privado, mediante promesas y programas improvisados y cortoplacistas.

Hoy sin embargo existe una gran expectativa por un posible posconflicto, que sería una oportunidad excepcional para que el Estado y la sociedad por fin decidan pagar la deuda con el sector rural mediante políticas y programas de largo plazo que eliminen las condiciones causantes de la pobreza, la exclusión, la concentración de recursos y de ingresos, la destrucción del medio ambiente y la violencia que cada día amplían más las brecha entre lo urbano y lo rural.

¿Será que el censo ayudará a que por fin se reconozca y se valore el papel estratégico del sector rural en el desarrollo de Colombia y en la consolidación de la paz? ¡Soñar no cuesta nada!

 

* Consultor, especialista en desarrollo rural.

 

Conflicto, Drogas y Paz

Las armas de las FARC: ¿dejar de usarlas, o entregarlas?

observatorio pazEs el paso final y decisivo de un proceso de paz, pero no es claro cómo darlo. Un repaso autorizado de la experiencia internacional muestra los escenarios posibles  para transitar con seguridad a un eventual posconflicto en Colombia. 

Observatorio de Paz y Conflicto (OPC) de la Universidad Nacional de Colombia.

Guerrilleros de las Farc.

Desarme, desmovilización y reinserción

El desarme y el tránsito a la vida civil de excombatientes han sido elementos centrales en todos los procesos de paz del mundo, pues contribuyen a la estabilidad de un país y, en especial, a la seguridad durante el posconflicto.

Estas acciones han estado asociadas estrechamente con el momento final de un conflicto armado. Por eso Naciones Unidas, un organismo con mucha experiencia en estos temas, construyó el concepto ‘Desarme, desmovilización y reintegración’ (DDR), y formuló un conjunto de normas que se han consolidado como los estándares internacionales en la materia.

Naciones Unidas plantea el desarme como el paso inicial en un proceso de largo alcance que denomina la “construcción de la paz”. Por esa razón sus recomendaciones tienen en cuenta la necesidad de reformas el sistema de seguridad y defensa y de fortalecer el Estado de Derecho, así como de una legislación que considere el tema de los menores de edad y las cuestiones de género, entre otros asuntos.

Cualquier falla durante ese primer paso repercute directamente sobre el desarrollo posterior de los acuerdos.

Armas y combatientes

La naturaleza irregular de conflictos armados internos como el colombiano obliga a los países a adoptar medidas efectivas durante el posconflicto para evitar la circulación o permanencia de las armas en manos de la población civil. En este aspecto son especialmente preocupantes las armas cortas y ligeras, pues son las más comunes.

Los procesos de desarme incluyen un momento cuando los integrantes de la organización dejan las armas, el cual en algunos casos tiene lugar de manera simultánea con la desmovilización. En este momento se presenta la disolución formal de la organización  armada y el licenciamiento oficial de sus miembros.

En el momento de la firma de un acuerdo de paz la desconfianza es un factor decisivo y ha llevado a que en algunos casos las organizaciones armadas mantengan remanentes bélicos como medida de seguridad

La cuestión de los integrantes resulta siempre compleja porque exige identificar quiénes hacen parte de la organización, contarlos e individualizarlos. Además de los combatientes, en distintas experiencias de desmovilización se han incluido a sus familiares, a sus bases de apoyo y a sus colaboradores.

En este punto se hace necesario precisar el total de entregas de armas largas, cortas y de apoyo; el material de guerra y de intendencia; los equipos y material de comunicaciones; así como los artefactos explosivos improvisados. Esto implica su ubicación, recolección, registro y destrucción.

El número de armas registradas y el de integrantes de la organización armada permiten precisar la relación hombre-arma, la cual contribuye a estimar el alcance y efectividad del desarme. En este tipo de procesos, el promedio de entrega es de un arma por cada dos combatientes.

Usualmente estas armas son destruidas. En unas ocasiones, como en Nepal, han sido almacenadas. En otras, como en los procesos de paz con las guerrillas en la década de los noventa en Colombia, fueron fundidas, arrojadas al mar o transformadas en elementos simbólicos ubicados en lugares públicos.

Es importante también definir quién puede ser el depositario de las armas: la contraparte negociadora, es decir, el Estado, o un custodio externo. En un momento preliminar suele haber un registro interno bajo el control de los comandantes de la organización, para luego dar paso al desarme formal. Es decir, primero ocurre un proceso privado y, luego, un proceso público.

En el momento de la firma de un acuerdo de paz la desconfianza es un factor decisivo y ha llevado a que en algunos casos las organizaciones armadas mantengan remanentes bélicos como medida de seguridad ante el posible incumplimiento de lo acordado o ante una reactivación del conflicto. En estos casos, buscando ocultar estos remanentes, las organizaciones presentan armas en desuso o en mal estado en el momento de la entrega oficial.

Cuando esto se da, tiene lugar un segundo momento del proceso de desarme donde la organización se desprende de ese remanente después de decidir que el proceso ha llegado a un punto de consolidación.

Sin embargo las instituciones oficiales y los verificadores del proceso de paz usualmente no han tomado en cuenta esta situación, por lo cual no se han diseñado estrategias para abordarla de modo adecuado. Ante la falta de espacios formales que atiendan este segundo momento, las armas quedan en circulación y van a otros conflictos, tal como ocurrió en la década de los noventa cuando llegaron armas de El Salvador a Colombia.

El Presidente Santos confirma desmovilización de 11 guerrilleros de las FARC el pasado mes de mayo.
El Presidente Santos confirma desmovilización de 11 guerrilleros de las FARC el
pasado mes de mayo.
Foto: Presidencia de la República

Retos de un nuevo proceso

En La Habana, las FARC han declarado su disposición a “dejar de usar las armas”. Sin embargo se niegan a entregarlas. Además, como la transformación de su estructura político-militar en una organización política conlleva la supervivencia de su colectivo, rechazan una posible desmovilización y la individuación de sus integrantes. Esto plantea el reto de formular conceptos alternativos al proceso de “desarme, desmovilización y reintegración”.

La forma como se ha abordado la dejación de armas en los procesos de paz con actores ilegales en Colombia suele adquirir casi inevitablemente una connotación de sometimiento a la contraparte enemiga. Y cuando solo una de las partes implicadas en el conflicto se ve obligada al desarme, se introduce un cierto desequilibrio, una disparidad, porque ambas partes se han dispuesto para la guerra y han participado activamente en ella.

Si se trata propiamente de un proceso de paz que implica a las dos partes, el desafío es lograr que “dejar las armas” tenga el carácter de un acto de dignidad y de valor, un acto de compromiso, un camino para buscar nuevas formas simbólicas de formalizar el desistimiento de la guerra y el inicio de una transformación orientada hacia la paz.

Ante la disposición de las FARC a “dejar de usar” las armas, mas no a entregarlas, queda el reto de definir su destino, ubicación y custodia, así como las garantías que puedan ofrecerse para que los excombatientes desistan de su uso. Si se trata de su supervivencia como grupo para integrarse a la construcción de la paz, será necesario crear mecanismos que lo faciliten y acompañen.

Procesos asociados

Durante la fase de consolidacion de un proceso de paz, la seguridad a cargo del Estado tiene un papel fundamental porque permite brindar las garantías de no repeticion. En este escenario son esenciales la seguridad

  • de los ex combatientes que han ingresado al proceso, incluyendo a sus mandos;
  • de las comunidades que habitan las anteriores zonas de operación, y
  • de otros actores que fueron objetivo de los grupos armados durante el conflicto, como sindicalistas y líderes sociales.

En este momento se reconstruye la confianza en el Estado de la sociedad en su conjunto, y también es importante considerar medidas de seguridad para los demovilizados que hicieron su salida en procesos anteriores -ya sea de guerrillas o de autodefensas- por si perviven enemistades y ánimos de retaliación hacia ellos.

Las FARC han declarado su disposición a “dejar de usar las armas”. Sin embargo se niegan a entregarlas.

Otra de las amenazas al proceso de dejación de armas son los actores armados -articulados usualmente con otras redes de la ilegalidad- que permanecen vigentes o surgen tras la firma de un acuerdo de paz. En este caso este grupo incluiría posibles disidencias de las FARC o excombatientes de esa guerrilla que retomen las armas.

La reincidencia en cuestión consistiría en el tránsito de combatientes y de armas hacia otras organizaciones, o en las acciones violentas contra quienes participan en el proceso de paz, como ha ocurrido en experiencias anteriores en Colombia.

Como las organizaciones de delincuencia común que actúan en las zonas de operación de las guerrillas son, en ocasiones, utilizadas (y al mismo tiempo, en cierta medida, contenidas por estas) un programa dirigido a las bandas delictivas ordinarias  podría contribuir a un mayor control de las armas y a la seguridad de dichas zonas. Infortunadamente, los procesos de paz previamente desarrollados en Colombia no han tenido en cuenta a estos actores centrales durante el posconflicto.

Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Politica sin armas

En un escenario de fin de conflicto, las partes han de transformar la concepción del contrario y comprender que este ya no es un enemigo. En esta nueva etapa los actores enfrentados habrán de construir nuevas formas de relacionarse entre sí.

Se hace primordial una nueva comprensión del conflicto social y político para evitar su trámite a través de la violencia. La necesidad de integrar las posiciones en conflicto es el momento para que el Estado democrático en posguerra incorpore las diferencias, de modo que puedan tramitarse a través de la política y no en el campo de las armas.

Como dice Carlos Beristain, “tras la finalización de un conflicto armado […], los conflictos del pasado no han desaparecido. Sencillamente, han tomado una nueva forma”. Por esto será necesario disponer de nuevos recursos para darles trámite.

@pazyconflictoUN

Análisis

(Tiempo estimado: 8 - 15 minutos)

Alvaro PardoCada día es más notoria la presencia, viscosa como el crudo, de esta compañía de venezolanos, financiados por accionistas canadienses, que no han dudado en diversificar su ambicioso portafolio, comprando incluso medios de comunicación, en sentido literal y figurado, para lavar su imagen y llenarse de dinero.

Álvaro Pardo*

Campañas burdas, intereses gigantescos

La estrategia publicitaria de algunas compañías del sector extractivo para enfrentar las crisis causadas por la inconformidad social y ambiental, o para crear ambientes propicios a sus objetivos empresariales, genera una reacción contraria por su enfoque reactivo y artificial, y por una relación impropia con algunos medios de comunicación.

Este es el caso de la intensa campaña publicitaria de Pacific Rubiales, aunque también compañías mineras, asesoradas por “especialistas” en comunicaciones, como Cerrejón S.A., Mineros S.A., y AngloGold Ashanti, han acudido a prácticas similares cuando las crisis amenazan sus proyectos o la operación, la inversión y su reputación.

Sin entrar a analizar la publicidad como tal y la fatiga que causa su repetición, las preguntas que surgen son: ¿qué hay detrás de cada campaña publicitaria, qué buscan esconder, minimizar o exagerar? Podría decirse que estas preguntas son malintencionadas, pero en verdad corresponden a la naturaleza reactiva de campañas publicitarias, donde no se disimula la intención de vender un negocio aprovechando la desmemoriada opinión pública.

Cerrejón S.A., Mineros S.A., y Anglo Gold Ashanti, han acudido a prácticas similares cuando las crisis amenazan sus proyectos o la operación, la inversión y su reputación.

Del infierno chavista al paraíso uribista

La admiración que se profesa en Colombia por los empresarios venezolanos Ronald Pantin, José Francisco Arata, Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, esconde algunos temas que no son claros para la opinión pública y, en especial, los movimientos de la inversión canadiense que está detrás de ellos.

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Si algo caracteriza a este grupo es su entramado complejo, el cambio de razón social y la formación de nuevas empresas, algunas en paraísos fiscales.
Foto: revistamirelea.com

Pantin y Arata, retirados por Chávez de la nómina de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), encontraron en el presidente Uribe un aliado inmejorable y en Colombia el paraíso que su país les negó. Sus nombres, junto a Iocono y De la Campa, aparecen en diferentes momentos de esta historia y en diferentes empresas, porque sí algo caracteriza a este grupo es su entramado complejo, el cambio permanente de su razón social, la formación de nuevas empresas, algunas de ellas establecidas en paraísos fiscales, y la incursión en nuevos sectores.

Presentación en sociedad

La historia de este grupo de empresarios en Colombia comienza con la empresa de carbón CoalCorp y el cambio poco ortodoxo del POT de Cartagena, por parte del Concejo Municipal, para permitir la construcción de un puerto minero en una zona de vocación turística. Esta decisión fue tan arbitraria, que el presidente Uribe tuvo que intervenir y anunció que el puerto se levantaría en otro lugar. ¿Cómo lo hicieron? Vaya uno a saber.

Más adelante, los inversionistas de CoalCorp en Canadá demandaron ante la Corte Superior de Justicia de Ontario a los directivos de la compañía en Colombia (los venezolanos de marras) por enriquecimiento no justificado, transacciones inapropiadas, falta de lealtad y uso personal de recursos corporativos - aunque vale señalar que los venezolanos contrademandaron, y hasta ahí se conoce esta parte de la historia [1].

Sus nombres aparecen luego en la compañía Gran Colombia Gold, fusionada con la también canadiense Medoro Resources, que había comprado los intereses de Mineros Nacionales en Marmato, y que actualmente mantiene una disputa con los mineros tradicionales en el departamento de Caldas (ver artículo de Luisa Fernanda Trujillo publicado en Razón Pública el pasado 10 de junio).

Las múltiples razones sociales utilizadas causan confusión a las autoridades locales y a los mineros: Compañía Minera del Caldas, Minerales Andinos de Occidente y ahora Marmato Gold, tienen a todos en ascuas. Su propósito: comprar los títulos a los pequeños mineros, expulsar mediante amparos administrativos a los informales tradicionales y extraer el oro a cielo abierto.

Alvaro_Pardo_publicidad_mineriaEn Mármato su propósito es comprar los títulos a los pequeños mineros, expulsar mediante amparos administrativos a los informales tradicionales y extraer el oro a cielo abierto.   
Foto: asuntosmineros.blogspot.com

En julio de 2009, por ofrecimiento del presidente Uribe y en presencia del ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, y de su ministra consejera, Claudia Jiménez, los venezolanos se hicieron a los intereses de Frontino Gold Mines, en proceso de liquidación y arrastrando un gran pasivo pensional. Aunque prometieron estabilidad, centenares de trabajadores han sido retirados de la compañía [2].

La excanciller de la época, María Consuelo Araujo, se encargó después de sacar adelante el negocio en su calidad de Chief Executive Officer (CEO) de la Gran Colombia Gold. De hecho, en la actualidad los tres exfuncionarios mencionados aportan su conocimiento del sector público y sus relaciones al sector de la gran minería o a las empresas de los venezolanos.

Además del oro, los venezolanos han incursionado en el carbón. Sus problemas con la minera suiza Glencore son bien conocidos, en torno al carbón de La Francia, mina que después vendieron. Actualmente adelantan proyectos en La Guajira, Cesar, Boyacá y Santander. Este grupo empresarial posee también inversiones en generación de energía, cultivos de caucho y palma de aceite, y oleoductos, pero donde descuella es en la actividad petrolera.

Debe destacarse que su vertiginoso crecimiento se explica no sólo por su visión empresarial y los cuantiosos recursos de inversión que poseen, sino al “dream team” de abogados y tributaristas que lograron se archivaran investigaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades, para que no los declarara como grupo empresarial, y de la DIAN por presunta evasión de impuestos. Salieron bien librados, pero estos temas siguen causando escozor entre especialistas.

Sus nombres aparecen luego en la compañía Gran Colombia Gold, fusionada con la también canadiense Medoro Resources, que había comprado los intereses de Mineros Nacionales en Marmato.

Campo Rubiales, la joya de la corona

Campo Rubiales fue descubierto en 1981 por la empresa Exxon, pero debido a las características del crudo — pesado y difícil de extraer y de transportar — y ante los bajos precios, permaneció sin explotar hasta 2001, cuando el actual dueño de Avianca, Germán Efromovich, quiso incursionar en la industria del petróleo a través de Meta Petroleum.

Alvaro_Pardo_publicidad_quejasAdemás del oro, los venezolanos han incursionado en el carbón. Sus problemas con la minera suiza Glencore son bien conocidos, en torno a la mina La Francia.
Foto: Sintraminergética.

En 2007 llegaron los venezolanos con nuevas tecnologías y pusieron a producir el campo: se convirtieron en la segunda petrolera del país. Pero la velocidad para desarrollar el nuevo campo les trajo muchos dolores de cabeza: primero una reacción de los llaneros cansados del daño social, ambiental y económico de una operación acelerada, y luego las protestas de los trabajadores, especialmente de los contratistas, por las malas condiciones de trabajo y remuneración.

El exceso de velocidad se explica por la necesidad de aprovechar los altos precios del mercado internacional y porque esta “joya de la corona” se les puede esfumar en cuatro años: el contrato de asociación del campo Rubiales vence en el 2016, según confirmó Ecopetrol, socio del proyecto.

Preguntas prudentes

Hay otros temas que simplemente pondré en medio de signos de interrogación:

  • ¿Cuál es la relación de los venezolanos con la empresa Bolívar Gold de Venezuela?
  • ¿Por qué el ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, se retiró bruscamente de una reunión con su homólogo colombiano, el pasado 28 de mayo en Cartagena, cuando observó entre la concurrencia a los directivos de Pacific Rubiales?
  • ¿Por qué la DIAN les esculca sus cuentas?
  • ¿Cuál es su relación con la ex reina de belleza María Paola Mejía y con Alfonso “el turco” Hilsaca?
  • ¿Cuál es el conflicto con Ecopetrol en el campo de Quifa?
  • ¿Por qué han convertido los anuncios de nuevas reservas en un instrumento para mover sus acciones en las bolsas de valores?
  • ¿Errores en la información o adulteración de las cifras de producción?
  • ¿Serán conscientes de que muchos colombianos tienen invertidos millonarios recursos en acciones de esta compañía y que un movimiento en falso de esta intrincada organización los puede dejar en la calle?
  • ¿Por qué antes los anuncios de Pacific Rubiales impulsaban la cotización de las acciones y ahora el efecto es neutral e incluso a la baja?
  • ¿Es tan vulnerable la acción que el divorcio de Arata impulsa la acción a la baja?
  • ¿Qué pasó con Alange Energy?
  • ¿Es cierto que Pacific Rubiales considera que la Asociación Colombia de Petróleo (ACP) es un gremio débil frente al gobierno y que luego de conversaciones con la ANDI, este gremio los acogió y creó la Vicepresidencia de Hidrocarburos para presionar más duro al Gobierno?

En fin, las preguntas son muchas y las respuestas escasas. El riesgo que se corre al tratar de responderlas es una demanda, como en el caso del editor de Primera Página, Héctor Mario Rodríguez, hoy acusando penalmente por divulgar supuestas irregularidades en el manejo de información de las empresas del grupo.

¿Por qué tanto alboroto publicitario?

Es claro que Pacific Rubiales buscar alcanzar dos propósitos con su campaña publicitaria:

-Limpiar su nombre, pues los inversionistas en Canadá y los accionistas en Colombia pueden sencillamente retirarles sus afectos y causar cuantiosas pérdidas al grupo;

Alvaro_Pardo_publicidad_camposCampo Rubiales fue descubierto en 1981 por la empresa Exxon, en 2007 llegaron los venezolanos con nuevas tecnologías y lo pusieron a producir.
Foto: edunewscolombia.com

- Mostrarse como el amigo fiel de Colombia, para que la sociedad civil les otorgue la licencia social y el gobierno prorrogue el contrato de Rubiales, cuya terminación en el 2016 podría dejarlos sin la joya de la corona. Como están hoy las cosas, las reservas del campo Rubiales y toda la infraestructura deberán revertir a Ecopetrol en ese año.

Obviamente, el interés de los venezolanos es mantener la operación en el campo y aprovechar la ventaja que les da haber arrancado primero en una región con bajo conocimiento geológico y muchas posibilidades en una región inexplorada. ¿Y es de verdad la joya de la corona? Efectivamente. Por ejemplo, en el artículo “Rumbo al Boom Petrolero” de la revista Semana, en la sección las cifras de Pacific (página 65), se dice que el costo de producción de cada barril de crudo en 2010 fue de 4,87 dólares, lo que les garantiza una utilidad de por los menos 41 dólares por cada barril extraído de Campo Rubiales.

Invertir y lograr un retorno al capital es una actividad legítima, pero desde una perspectiva nacional es demasiado riesgoso apostar el futuro energético del país y millones de pesos de colombianos en acciones de una compañía que tiene temas del pasado, cuyas respuestas deberían ser claras y transparentes, en lugar de acudir a campañas publicitarias artificiosas y disonantes frente a la realidad.

El contrato de asociación del campo Rubiales vence en el 2016, según confirmó Ecopetrol, socio del proyecto. Poreso el exceso de velocidad de la explotación.

Pacific es Colombia, Pacific es para ti

Las imágenes de las protestas de los habitantes de Puerto Gaitán y los centenares de trabajadores de las firmas contratistas de Pacific Rubiales se mantienen aún en la retina de muchas personas.

Las condiciones de trabajo y la paga a los trabajadores – ridículas frente a la remuneración de los directivos de la empresa o a la comisión de éxito de la “Conchi” Araujo (975.000 dólares) — movilizaron al gobierno central y desde luego a la Policía. Los medios de comunicación desplazaron periodistas, y desde Puerto Gaitán transmitieron una de las mayores protestas recientes contra una compañía extranjera.

Sin embargo el tema fue desapareciendo en la medida en que algunos medios iniciaron en diciembre sus campañas sociales y las metas de recaudo se cumplieron gracias a los aportes de esta compañía. Puerto Gaitán se convirtió en un paraíso con su festival de verano (copatrocinado por Pacific Rubiales) y la presentación de afamados artistas internacionales.

Las voces de protesta de los trabajadores se silenciaron, y en su lugar otros aparecieron en las pautas publicitarias, disfrazados con uniformes relucientes, transmitiendo mensajes que suenan artificiales y que lindan con lo ridículo: Aquí, donde antes no había ni una lombriz, Pacific Rubiales…. (ver artículo sobre publicidad engañosa de Ángel Beccassino publicado en Razón Pública el pasado 10 de junio).

Embriagados por los favores de esta generosa petrolera, algunos periodistas perdieron el Norte y la razón de ser de su oficio: en ocasiones fungen como sus relacionistas públicos. El pasado 22 de mayo, una importante cadena radial transmitió la siguiente entrevista al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas:

Director: — Ministro, una pregunta, ¿oficialmente su despacho ha recibido una solicitud de Pacific Rubiales sobre la extensión de su franquicia (sic), en el campo Rubiales... por unas razones técnicas y que según ellos representan perder una cantidad de miles y miles de barriles sí no se les extiende la prorroga?

Ministro:— No, yo no he recibido oficialmente ninguna solicitud de prórroga del contrato de concesión… no hay en este momento un diálogo sobre esta materia”

Es obvio que el afamado director radial estaba poniendo en la agenda del propio Ministerio, con un sesgo evidente, la obligación de prorrogar el contrato petrolero a Pacific Rubiales, so pena de perder miles y miles de barriles de crudo. Gran favor.

Otro efecto de la arremetida publicitaria ha sido acallar las voces críticas del sector. Las nuevas protestas en Puerto Gaitán apenas se reseñan en los medios que mantienen su independencia, el país entero se convirtió en una isla informativa donde se ignora el curso de la minería y el petróleo en otras latitudes.

Ahora Pacific Rubiales no aparece vinculado a los brotes de inconformidad, sino junto a la Selección Colombia, equipos de fútbol profesional, reinados de belleza, patrocinando eventos de responsabilidad social y torneos internacionales de golf; nuevas revistas nacen bajo su amparo, y hasta la vuelta a Colombia en bicicleta arrancó de Puerto Gaitán, paraíso del derroche y de la prosperidad de unos pocos.

Los accionistas de Pacific Rubiales adquirieron a Cablenoticias — directamente o por intermedio de terceros —, hicieron sus vueltas para quedarse con El Tiempo y ahora se rumora que quieren incursionar en otros medios. Y cuando no es posible comprar o pautar, pues no les tiembla la mano para amenazar: para la muestra, ahí está el caso del periodista Héctor Mario Rodríguez.

Ojalá esta empresa dejara de comportarse como los “Beverly ricos” — arribistas, torpes y empeñados en redorar sus falsos blasones — y se dedicaran a invertir en Colombia con verdadera responsabilidad y compromiso social, ambiental y tributario.

 

* Director de Colombia Punto Medio.

 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+7 # Eduardo Sáenz Rovner 05-07-2012 16:15
Todo esto me recuerda a los sirvientes y sirvientas del capital financiero que participaron en la Ley 100.
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Jhair H
+7 # Jhair H 06-07-2012 20:55
Esa Manera de actuar me recuerda a análisis del profesor Eduardo Rovner, sobre como opero la ANDI en los medios de Comunicación más importante en la década de los 40, queriendo estos industriales generar la falsa idea de que "el progreso de la industria beneficiaria al pueblo colombiano en su conjunto", es una continuidad histórica que no hay que perder de vista, hay que seguir develando estas campañas engañosas.
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Ricardo Agudelo
0 # Ricardo Agudelo 24-10-2012 15:52
Y todavía se preguntan por qué fueron expulsados de Pdvsa?
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Ricardo Marín
+1 # Ricardo Marín 25-10-2012 22:24
Muy buen artículo, digno de recomendarse a tantos ingenuos que son más neoliberales que los mismos neoliberales, siendo que viven más pobres que las ratas. Lo único malo del artículo es su ingenuidad al pretender que "Ojalá esta empresa dejara de comportarse como los “Beverly ricos” — arribistas, torpes y empeñados en redorar sus falsos blasones — y se dedicaran a invertir en Colombia con verdadera responsabilidad y compromiso social, ambiental y tributario". PUES ESTOS GORILAS DESALMADOS POR LOS INTERESES DE ULTRACAPITAL NUNCA SERÁN DE FIAR, DADO QUE ESTAS GENTES NACEN SIN ALMA Y NO LES IMPORTA NADA DE NADA SINO SUS RIQUEZAS A COMO DÉ LUGAR. POR ESO ES QUE ODIAN TANTO A CHÁVEZ Y A KIRCHNER Y A EVO MORALES Y A CORREA EN ECUADOR, PORQUE ÉSTOS SI LOS PONEN A VOLAR...
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