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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Alejandro_Pino_Millonarios_RazonPublica

Alejandro_Pin0Una historia alarmante de las viejas y estrechas relaciones entre la mafia y el deporte que atrae muchedumbres. Y esos dineros sucios siguen rondando.

Alejandro Pino

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Escobar

Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso.   Foto: diarioadn.co

El bombazo

El 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España), dejó caer una bomba que sacudió el fútbol profesional colombiano: la propuesta que circula dentro de la institución para devolver los títulos conseguidos bajo la administración de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. Si bien Gaitán fue claro al señalar que es una discusión que “está sobre la mesa y le faltan muchas horas de debate”, las reacciones fueron de todo tipo:

-Por un lado los jugadores que dieron las vueltas olímpicas de 1987 y 1988 exigieron respeto (Eduardo Pimentel, hoy máximo accionista del Chicó, exigió incluso la renuncia de Gaitán por ofender la historia del club).

-Por otro lado algunos hinchas del equipo se sintieron acusados y las barras se reunieron para publicar un comunicado oficial donde exigen “desagraviar pública, inmediata y contundentemente a Millonarios, a su hinchada y a quienes pertenecieron al equipo en el período en cuestión”.

-Los dirigentes de otros clubes implicados en el narcotráfico prefirieron ignorar el tema: Estamos tranquilos con nuestros títulos”, manifestó Juan Carlos De La Cuesta, quien señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro, y por el lado del América ni siquiera hubo palabras al respecto.

Lo cierto es que Gaitán destapó un pasado que duele a los personajes del fútbol colombiano, quienes no tienen madurez para afrontar los errores de los 80 y prefieren ignorar que la sombra del narcotráfico aún está presente.

Los comienzos

El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_nacional
Juan Carlos De La Cuesta, dirigente de Atlético Nacional, señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro.

Foto: ecbloguer.com

Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana.

Curiosamente el primer equipo a donde entraron dineros ilícitos no fue uno de los que suenan por estos días, sino el Unión Magdalena. Los hermanos Dávila Armenta, Raúl, Pedro y Eduardo, sospechosos de traficar marihuana durante la bonanza del fin de los 70 –pero contra quienes la justicia colombiana no tiene ningún cargo- compraron este equipo, sumido en una crisis desde su título de 1968, salvándolo de la quiebra y llevándolo a disputar el título de 1979.

Por esos días Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato. A diferencia de su hermano, que fue rechazado en el Deportivo Cali, él no estaba dispuesto a que la elite ignorara quien era el hombre más rico del departamento.

En 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas, y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra.

En Medellín las cosas se presentaron de igual forma pues, mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM, y ambos serían abaleados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Ocampo, también vinculado con el narcotráfico.

La familia Botero Moreno era la propietaria del Atlético Nacional desde 1962. Los Botero eran además dueños de varias casas de cambio y, extrañamente, su capital creció muchísimo durante los 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Así que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia.

Bajo la dirección de Hernán Botero el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Zubeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo la Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981.

El MAS y el Pascual Guerrero

Precisamente en 1981, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, un equipo chico que se creció ese año con el apoyo de Ignacio Aguirre, alias ‘El coronel’, disputaban el campeonato profesional, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Escobar Gaviria, y en ese mismo mes intentó secuestrar a Carlos Lehder, el puente entre los grupos de Cali y Medellín.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_America Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato.
Foto: distintaslatitudes.net

La guerra del Estado contra las guerrillas había hecho que estas buscaran financiación en diferentes fuentes, y la más usada por el M-19 era el secuestro de industriales que pudieran pagar grandes rescates. La irrupción de los “mágicos” los hizo blancos atractivo para la guerrilla: Ochoa y Lehder resultaban grandes presas.

Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro”[1].

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales “secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como “secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es que no figuran en la páginas amarillas”[2].

El lavado de activos

Por esa época Millonarios estaba en una gran crisis deportiva y financiera. Reflejó de lo primero era que desde el título de 1978 el equipo no participaba en ninguna final. A comienzos de 1982, por cada peso que ingresaba al equipo se gastaba 1, 75 en el mantenimiento de la nómina.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_equipo Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión.
Foto: futbolconpelotas.elcolombiano.com

Por eso entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín, con sus respectivas familias, y la silla que alguna vez había ocupado un caballero o como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores.

En el Santa Fe, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés denunció que dineros sucios estaban entrando al equipo y se retiró cuando el dominio pasó a manos del Grupo Inverca de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y, posteriormente, Phanor Arizabaleta, miembro del cartel de Cali.

El Deportivo Pereira pasó a ser propiedad del multimillonario Octavio Piedrahita, a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar; sorprendentemente, en 1982 el equipo quedó de cuarto en el campeonato, pues tenía a Abel Augusto Lobatón, uno de los grandes goleadores peruanos de los 80:

La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares pero se registraban en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.

Esa fue la forma que encontró la justicia colombiana para atacar a los narcotraficantes: sus malos manejos administrativos de los clubes, unas lavadoras gigantes de dinero.

La denuncia y la guerra

El 21 octubre de 1983 el ministro de justicia Lara Bonilla dijo a los medios que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira”[3], y le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar, a la vez que defendía la extradición de los narcotraficantes.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Nacional1 El primer extraditado fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional. En acto de protesta, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional.
Foto: 123people.ca

Era la primera vez que alguien hacía una denuncia pública con nombres propios, y la reacción de los capos no se hizo esperar. La DIMAYOR, que reúne a los clubes profesionales y manda en los campeonatos, sencillamente negó las acusaciones del Ministro: en su consejo directivo se encontraban Juan José Bellini, mano derecha de Miguel Rodríguez en el América, luego presidente de la Federación de Fútbol y detenido en el Proceso 8.000, Eduardo Dávila Armenta (hoy preso), Hernán Botero y Octavio Piedrahita.

La mafia acusó a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras buscando su renuncia, pero el presidente Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó su apoyo.

El 24 de octubre Guillermo Cano escribió un editorial El Espectador donde aludió a “los deslenguados ´benefactores´ que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal, obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone”[4]. Lamentablemente el público aceptó este soborno, porque por entonces el fútbol colombiano exhibía una constelación de estrellas suramericanas. Fue un segundo Dorado, pero esta vez gracias al narcotráfico.

Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión. Los equipos grandes publicaron sus propias revistas, en papel fino y gran calidad en los colores y la diagramación; y los periódicos por su parte publicaban todos los lunes sus separatas deportivas. El cubrimiento televisivo de los goles de cada fecha le robaba más y más espacio a otras noticias, y en día de partidos era común que la mayor parte del noticiero se la llevara el fútbol. Pero a Lara Bonilla no le importó la euforia futbolera.-

A fines de 1983 Escobar fue expulsado del Congreso y la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Rodríguez Gacha desaparece entonces de los registros de accionistas de Millonarios y sus acciones pasan a manos de testaferros.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara. Los narcotraficantes confirmaron el terror que había comenzado con el reclutamiento de sicarios por parte de Escobar, y el adiestramiento de paramilitares, que comenzó con el MAS y prosiguió por obra de Rodríguez Gacha.

El presidente Betancur se vio abocado a ejercer su autoridad. El primer extraditado en la historia fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional, y, en un polémico acto de protesta por esta decisión del gobierno, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año.

Pocos días y algunos asesinados después, los cabecillas del Cartel de Medellín formaron un grupo de “Los extraditables” que, bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., le declaraba la guerra a la extradición. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco tiempo en el palco del Atanasio Girardot apoyando a Nacional: su presidente Hernán Botero Moreno.

¿Hay todavía dineros del narcotráfico?

“En el fútbol colombiano ya no hay narcotráfico”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la DIMAYOR tras las declaraciones de Gaitán.

Sin embargo los hechos no le ayudan a sostener sus declaraciones. El país, acostumbrado a esconder la cabeza para ignorar sus problemas, cree que con la muerte de Rodríguez Gacha, la captura de los Rodríguez Orejuela y la desaparición de los grandes carteles, los dineros sucios desaparecieron de nuestro fútbol. Pero no es así.

Claro, Nacional pasó a manos del Grupo Postobón desde los 90, con lo que su situación legal es intachable, así como la de Millonarios, que tras años bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que extinguió el dominio de las acciones del Mexicano y sus testaferros para usar luego el club como instrumento político y sin mayores resultados deportivos) ahora muestra un nuevo orden administrativo que comandan Gaitán y Noemí Sanín.

América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.

Pero la diversificación del narcotráfico en paramilitarismo llevó a que los capos pasaran de controlar a los grandes equipos a mantenerse en el mundo de fútbol con clubes pequeños y con presencias casi intangibles.

En 2006 fue asesinado Gustavo Upegui, presidente del Envigado que siempre hizo presencia en las asambleas de la DIMAYOR, quien resultó ser una de las cabezas de la Oficina de Envigado, controlada por ‘Don Berna’, a quien se ha vinculado (sin pruebas) con el DIM. Sin embargo, en mayo pasado Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús Valderrama, ex presidentes de este equipo, fueron condenados por lavado de activos.

En 2006 la revista Semana demostró la cercanía de Carlos Mario Jimènez, alias ‘Macaco’, con el Pereira, y desde entonces tres de sus dirigentes han tenido que responder en los estrados por lavado de activos, e incluso Jaime Enrique Acosta Artunduaga pasó por un proceso de extradición.

Santa Fe sufrió su propio infierno, y su ex presidente Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos por obstruir la justicia de ese país. Méndez había sido abogado de César Villegas, ex presidente del equipo asesinado en marzo de 2002 y quien fue parte del Proceso 8.000 como testaferro de Cartel del Cali. Hoy Méndez vuelve a tener una posición de poder en el club y se le vio celebrando el título de julio pasado.

Lo cierto es que la organización del fútbol colombiano aún permite la presencia de estos personajes. Un fútbol pobre recibe bien los dineros que le permitan darle vida a un espectáculo que mueve millones y que no es controlado por el gobierno, que es particularmente permisivo con el fútbol.

Tras las declaraciones de Gaitán sobre la posible devolución de estrellas de Millonarios, el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez contradijo a Jesurún y admitió que “todavía hay problemas corporativos en algunos clubes, que siguen pensando que estamos en el año 85, cuando se podían manejar los clubes como si fueran tiendas de barrio, eso ya se acabó, ahora tienen que todos poner un orden”.

Vélez, sin embargo, mostró la laxitud del gobierno sobre el tema: “Nosotros no queremos forzar esto a punta de garrote, no es nuestra idea, aquí trabajamos de la mano con los clubes, dirigiéndolos en el camino correcto, concertado con ellos y si hay alguna disparidad o si hay una desviación por parte de los clubes, pues sancionaremos, pero estamos trabajando con ellos para encausarlos en el camino adecuado”.

El fútbol, el principal entretenimiento nacional, la mayor fuente de pasiones de Colombia, es un tema espinoso con el que los diferentes gobiernos prefieren no meterse y aceptar la auto-regulación que defiende la FIFA.

Por eso el narcotráfico sigue ahí, aunque muchos lo nieguen o no lo quieran ver.

 

Columnista, blogger y profesor del Externado de Colombia. Actualmente dirige el portal Golcaracol.com, fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.

@PinoCalad


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Narcos: desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular.




























































 
América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.





































 
En Santa Fe  Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos y se le vio celebrando el título de julio pasado.




















 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+7 # Eduardo Sáenz Rovner 01-10-2012 14:10
El narcotráfico no nace de la nada, no fue una imposición extranjera; fue el resultado de una larga historia de criminalidad, conductas y trampas social y políticamente aceptadas. En cuanto al fútbol: Colombia ha tenido dos épocas con equipos profesionales de altísimo nivel. Una la del narcofútbol que todos conocemos. Otra, "El Dorado" de mediados del siglo 20 cuando los equipos colombianos se llevaron a los mejores jugadores de Sudamérica sin pagar los pases o costos de transferencia(p or supuesto Colombia fue considerada una liga pirata y sancionada y expulsada de la FIFA); en otras palabras el fugaz El Dorado con dirigentes "gente bien" (de saco y corbata y no camisa abierta con medallón de oro) fue resultado de la trampa y todos celebraban y celebran. Es más Santa Fé se trajo dos ingleses del Arsenal (y de la selección de su país) con la gente de la embajada colombiana en Londres actuando como intermediarios.

Así como David Musto llamó al consumo de drogas "The American Disease", el narcotráfico y otras conductas criminales son parte de la patología colombiana del crimen. La historia del país no se divide en un antes y un después del narcotráfico. Hay continuidades que propiciaron la consolidación del narcotráfico en Colombia así como de los narcotraficante s colombianos con su peculiat estela de violencia en medio mundo.

Ante esta idealización de la "gente bien" del pasado y el contraste con la traquetocracia, el historiador norteamericano Michael F. Jiménez, profesor en Princeton y Pittsburgh, reseñando en The New Republic el libro de María Jimena Duzán hace unos 20 años, escribió: "En última instancia... los héroes de su historia [del libro de Duzán] son las damas y los caballeros cultos pertenecientes a la clase alta tradicional, quienes, librando una lucha titánica por el futuro del país, enfrentan a narcotraficante s, políticos corruptos, militares deshonestos e incluso guerrilleros de izquierda... En su crónica sobre el heroico enfrentamiento entre hombres y mujeres "de bien" y los narcotraficante s revive la vetusta narrativa de las élites latinoamericana s sobre la defensa de la civilización y la barbarie".

No olvidemos que en los años 70, cuando Fabio Echeverri Correa era el joven presidente de la ANDI, él propuso que las fortunas de los narcos se legalizaran. De esa forma, los narcos tributarían, los empresarios "bien" pagarían impuestos más bajos y el crédito sería más barato. De hecho López y Belisario amnistiaron los narcocapitales; Lehder se jactaba de eso...
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jeanpaulpeople
0 # jeanpaulpeople 22-05-2013 01:30
Y mientras todo esto ocurría, los jóvenes destacados se perdían en las tempestades de arena. De pronto, aparecía uno que otro excelente jugador, de entre los miles de ociosos, calmando la sed de gol de la afición; pero cuando el oasis se perdía de la vista, sólo dejó la huella del narco-dólar como un espejismo en donde se refugiaron, tras los escudos deportivos, mafiosos-políti cos-banqueros- periodistas-ind ustriales-milit ares- policías-abogad os, y... locos, formando una mezcla hedionda... que aún persiste. Las instituciones deportivas tienen un escudo y una imagen propiedad tácita del aficionado, a quien no le importa si las acciones le pertenecen al asesino o al señor; al Cristo o al diablo. - La gente desea en Colombia el deporte organizado, lejos de hábitos sucios, o árbitros mañosos, como sinónimo de paz y progreso. ¡Y hay con qué!
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Manuel
+2 # ¿Y el monopolio Postobón qué?Manuel 05-05-2014 02:22
Me parece un excelente artículo. Pero, más allá de la consciencia de los clubes involucrados con el narcotráfico; el decir que Nacional ahora no tiene nada que ver con la corrupción de fútbol nacional es poco menos que insensato, dado que los paisas que niegan que Nacional ganara la Libertadores gracias a Pablo Escobar son los mismos que aseguran que su equipo gana limpiamente en la liga y la libertadores cada 8 días. ¿Acaso devolvió Nacional todos los dineros logrados de la mano del narcotráfico? ¿O, por lo menos, los títulos? ¿La "gran empresa" que es ahora es producto de qué actividad? ¿Su monopolio económico-depor tivo tiene como pilar fundamental el miedo o el soborno? El decir que ahora son intachables porque legalizaron lo ilegalizable es una metida de pata.
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jairo franco
0 # j francojairo franco 17-03-2015 13:30
el que este libre de culpa q tire la primera piedra los hinchas del Medellín debieran de oscultar la historia del equipo y verán q se pasaban de un narco a otro el poder del equipo y varios fueron asesinados y otros condenados en usa pero es mas fácil mirar al verde y condenarlo porque es exitoso.
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