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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Alejandro_Pino_Millonarios_RazonPublica

Alejandro_Pin0Una historia alarmante de las viejas y estrechas relaciones entre la mafia y el deporte que atrae muchedumbres. Y esos dineros sucios siguen rondando.

Alejandro Pino

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Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso.   Foto: diarioadn.co

El bombazo

El 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España), dejó caer una bomba que sacudió el fútbol profesional colombiano: la propuesta que circula dentro de la institución para devolver los títulos conseguidos bajo la administración de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. Si bien Gaitán fue claro al señalar que es una discusión que “está sobre la mesa y le faltan muchas horas de debate”, las reacciones fueron de todo tipo:

-Por un lado los jugadores que dieron las vueltas olímpicas de 1987 y 1988 exigieron respeto (Eduardo Pimentel, hoy máximo accionista del Chicó, exigió incluso la renuncia de Gaitán por ofender la historia del club).

-Por otro lado algunos hinchas del equipo se sintieron acusados y las barras se reunieron para publicar un comunicado oficial donde exigen “desagraviar pública, inmediata y contundentemente a Millonarios, a su hinchada y a quienes pertenecieron al equipo en el período en cuestión”.

-Los dirigentes de otros clubes implicados en el narcotráfico prefirieron ignorar el tema: Estamos tranquilos con nuestros títulos”, manifestó Juan Carlos De La Cuesta, quien señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro, y por el lado del América ni siquiera hubo palabras al respecto.

Lo cierto es que Gaitán destapó un pasado que duele a los personajes del fútbol colombiano, quienes no tienen madurez para afrontar los errores de los 80 y prefieren ignorar que la sombra del narcotráfico aún está presente.

Los comienzos

El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana.

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Juan Carlos De La Cuesta, dirigente de Atlético Nacional, señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro.

Foto: ecbloguer.com

Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana.

Curiosamente el primer equipo a donde entraron dineros ilícitos no fue uno de los que suenan por estos días, sino el Unión Magdalena. Los hermanos Dávila Armenta, Raúl, Pedro y Eduardo, sospechosos de traficar marihuana durante la bonanza del fin de los 70 –pero contra quienes la justicia colombiana no tiene ningún cargo- compraron este equipo, sumido en una crisis desde su título de 1968, salvándolo de la quiebra y llevándolo a disputar el título de 1979.

Por esos días Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato. A diferencia de su hermano, que fue rechazado en el Deportivo Cali, él no estaba dispuesto a que la elite ignorara quien era el hombre más rico del departamento.

En 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas, y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra.

En Medellín las cosas se presentaron de igual forma pues, mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM, y ambos serían abaleados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Ocampo, también vinculado con el narcotráfico.

La familia Botero Moreno era la propietaria del Atlético Nacional desde 1962. Los Botero eran además dueños de varias casas de cambio y, extrañamente, su capital creció muchísimo durante los 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Así que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia.

Bajo la dirección de Hernán Botero el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Zubeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo la Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981.

El MAS y el Pascual Guerrero

Precisamente en 1981, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, un equipo chico que se creció ese año con el apoyo de Ignacio Aguirre, alias ‘El coronel’, disputaban el campeonato profesional, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Escobar Gaviria, y en ese mismo mes intentó secuestrar a Carlos Lehder, el puente entre los grupos de Cali y Medellín.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_America Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato.
Foto: distintaslatitudes.net

La guerra del Estado contra las guerrillas había hecho que estas buscaran financiación en diferentes fuentes, y la más usada por el M-19 era el secuestro de industriales que pudieran pagar grandes rescates. La irrupción de los “mágicos” los hizo blancos atractivo para la guerrilla: Ochoa y Lehder resultaban grandes presas.

Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro”[1].

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales “secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como “secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es que no figuran en la páginas amarillas”[2].

El lavado de activos

Por esa época Millonarios estaba en una gran crisis deportiva y financiera. Reflejó de lo primero era que desde el título de 1978 el equipo no participaba en ninguna final. A comienzos de 1982, por cada peso que ingresaba al equipo se gastaba 1, 75 en el mantenimiento de la nómina.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_equipo Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión.
Foto: futbolconpelotas.elcolombiano.com

Por eso entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín, con sus respectivas familias, y la silla que alguna vez había ocupado un caballero o como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores.

En el Santa Fe, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés denunció que dineros sucios estaban entrando al equipo y se retiró cuando el dominio pasó a manos del Grupo Inverca de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y, posteriormente, Phanor Arizabaleta, miembro del cartel de Cali.

El Deportivo Pereira pasó a ser propiedad del multimillonario Octavio Piedrahita, a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar; sorprendentemente, en 1982 el equipo quedó de cuarto en el campeonato, pues tenía a Abel Augusto Lobatón, uno de los grandes goleadores peruanos de los 80:

La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares pero se registraban en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.

Esa fue la forma que encontró la justicia colombiana para atacar a los narcotraficantes: sus malos manejos administrativos de los clubes, unas lavadoras gigantes de dinero.

La denuncia y la guerra

El 21 octubre de 1983 el ministro de justicia Lara Bonilla dijo a los medios que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira”[3], y le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar, a la vez que defendía la extradición de los narcotraficantes.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Nacional1 El primer extraditado fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional. En acto de protesta, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional.
Foto: 123people.ca

Era la primera vez que alguien hacía una denuncia pública con nombres propios, y la reacción de los capos no se hizo esperar. La DIMAYOR, que reúne a los clubes profesionales y manda en los campeonatos, sencillamente negó las acusaciones del Ministro: en su consejo directivo se encontraban Juan José Bellini, mano derecha de Miguel Rodríguez en el América, luego presidente de la Federación de Fútbol y detenido en el Proceso 8.000, Eduardo Dávila Armenta (hoy preso), Hernán Botero y Octavio Piedrahita.

La mafia acusó a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras buscando su renuncia, pero el presidente Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó su apoyo.

El 24 de octubre Guillermo Cano escribió un editorial El Espectador donde aludió a “los deslenguados ´benefactores´ que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal, obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone”[4]. Lamentablemente el público aceptó este soborno, porque por entonces el fútbol colombiano exhibía una constelación de estrellas suramericanas. Fue un segundo Dorado, pero esta vez gracias al narcotráfico.

Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión. Los equipos grandes publicaron sus propias revistas, en papel fino y gran calidad en los colores y la diagramación; y los periódicos por su parte publicaban todos los lunes sus separatas deportivas. El cubrimiento televisivo de los goles de cada fecha le robaba más y más espacio a otras noticias, y en día de partidos era común que la mayor parte del noticiero se la llevara el fútbol. Pero a Lara Bonilla no le importó la euforia futbolera.-

A fines de 1983 Escobar fue expulsado del Congreso y la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Rodríguez Gacha desaparece entonces de los registros de accionistas de Millonarios y sus acciones pasan a manos de testaferros.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara. Los narcotraficantes confirmaron el terror que había comenzado con el reclutamiento de sicarios por parte de Escobar, y el adiestramiento de paramilitares, que comenzó con el MAS y prosiguió por obra de Rodríguez Gacha.

El presidente Betancur se vio abocado a ejercer su autoridad. El primer extraditado en la historia fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional, y, en un polémico acto de protesta por esta decisión del gobierno, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año.

Pocos días y algunos asesinados después, los cabecillas del Cartel de Medellín formaron un grupo de “Los extraditables” que, bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., le declaraba la guerra a la extradición. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco tiempo en el palco del Atanasio Girardot apoyando a Nacional: su presidente Hernán Botero Moreno.

¿Hay todavía dineros del narcotráfico?

“En el fútbol colombiano ya no hay narcotráfico”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la DIMAYOR tras las declaraciones de Gaitán.

Sin embargo los hechos no le ayudan a sostener sus declaraciones. El país, acostumbrado a esconder la cabeza para ignorar sus problemas, cree que con la muerte de Rodríguez Gacha, la captura de los Rodríguez Orejuela y la desaparición de los grandes carteles, los dineros sucios desaparecieron de nuestro fútbol. Pero no es así.

Claro, Nacional pasó a manos del Grupo Postobón desde los 90, con lo que su situación legal es intachable, así como la de Millonarios, que tras años bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que extinguió el dominio de las acciones del Mexicano y sus testaferros para usar luego el club como instrumento político y sin mayores resultados deportivos) ahora muestra un nuevo orden administrativo que comandan Gaitán y Noemí Sanín.

América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.

Pero la diversificación del narcotráfico en paramilitarismo llevó a que los capos pasaran de controlar a los grandes equipos a mantenerse en el mundo de fútbol con clubes pequeños y con presencias casi intangibles.

En 2006 fue asesinado Gustavo Upegui, presidente del Envigado que siempre hizo presencia en las asambleas de la DIMAYOR, quien resultó ser una de las cabezas de la Oficina de Envigado, controlada por ‘Don Berna’, a quien se ha vinculado (sin pruebas) con el DIM. Sin embargo, en mayo pasado Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús Valderrama, ex presidentes de este equipo, fueron condenados por lavado de activos.

En 2006 la revista Semana demostró la cercanía de Carlos Mario Jimènez, alias ‘Macaco’, con el Pereira, y desde entonces tres de sus dirigentes han tenido que responder en los estrados por lavado de activos, e incluso Jaime Enrique Acosta Artunduaga pasó por un proceso de extradición.

Santa Fe sufrió su propio infierno, y su ex presidente Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos por obstruir la justicia de ese país. Méndez había sido abogado de César Villegas, ex presidente del equipo asesinado en marzo de 2002 y quien fue parte del Proceso 8.000 como testaferro de Cartel del Cali. Hoy Méndez vuelve a tener una posición de poder en el club y se le vio celebrando el título de julio pasado.

Lo cierto es que la organización del fútbol colombiano aún permite la presencia de estos personajes. Un fútbol pobre recibe bien los dineros que le permitan darle vida a un espectáculo que mueve millones y que no es controlado por el gobierno, que es particularmente permisivo con el fútbol.

Tras las declaraciones de Gaitán sobre la posible devolución de estrellas de Millonarios, el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez contradijo a Jesurún y admitió que “todavía hay problemas corporativos en algunos clubes, que siguen pensando que estamos en el año 85, cuando se podían manejar los clubes como si fueran tiendas de barrio, eso ya se acabó, ahora tienen que todos poner un orden”.

Vélez, sin embargo, mostró la laxitud del gobierno sobre el tema: “Nosotros no queremos forzar esto a punta de garrote, no es nuestra idea, aquí trabajamos de la mano con los clubes, dirigiéndolos en el camino correcto, concertado con ellos y si hay alguna disparidad o si hay una desviación por parte de los clubes, pues sancionaremos, pero estamos trabajando con ellos para encausarlos en el camino adecuado”.

El fútbol, el principal entretenimiento nacional, la mayor fuente de pasiones de Colombia, es un tema espinoso con el que los diferentes gobiernos prefieren no meterse y aceptar la auto-regulación que defiende la FIFA.

Por eso el narcotráfico sigue ahí, aunque muchos lo nieguen o no lo quieran ver.

 

Columnista, blogger y profesor del Externado de Colombia. Actualmente dirige el portal Golcaracol.com, fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.

@PinoCalad


Alejandro_Pino_Millonarios_Anyelik

 




















































 
Narcos: desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular.




























































 
América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.





































 
En Santa Fe  Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos y se le vio celebrando el título de julio pasado.




















 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+8 # Eduardo Sáenz Rovner 01-10-2012 14:10
El narcotráfico no nace de la nada, no fue una imposición extranjera; fue el resultado de una larga historia de criminalidad, conductas y trampas social y políticamente aceptadas. En cuanto al fútbol: Colombia ha tenido dos épocas con equipos profesionales de altísimo nivel. Una la del narcofútbol que todos conocemos. Otra, "El Dorado" de mediados del siglo 20 cuando los equipos colombianos se llevaron a los mejores jugadores de Sudamérica sin pagar los pases o costos de transferencia(p or supuesto Colombia fue considerada una liga pirata y sancionada y expulsada de la FIFA); en otras palabras el fugaz El Dorado con dirigentes "gente bien" (de saco y corbata y no camisa abierta con medallón de oro) fue resultado de la trampa y todos celebraban y celebran. Es más Santa Fé se trajo dos ingleses del Arsenal (y de la selección de su país) con la gente de la embajada colombiana en Londres actuando como intermediarios.

Así como David Musto llamó al consumo de drogas "The American Disease", el narcotráfico y otras conductas criminales son parte de la patología colombiana del crimen. La historia del país no se divide en un antes y un después del narcotráfico. Hay continuidades que propiciaron la consolidación del narcotráfico en Colombia así como de los narcotraficante s colombianos con su peculiat estela de violencia en medio mundo.

Ante esta idealización de la "gente bien" del pasado y el contraste con la traquetocracia, el historiador norteamericano Michael F. Jiménez, profesor en Princeton y Pittsburgh, reseñando en The New Republic el libro de María Jimena Duzán hace unos 20 años, escribió: "En última instancia... los héroes de su historia [del libro de Duzán] son las damas y los caballeros cultos pertenecientes a la clase alta tradicional, quienes, librando una lucha titánica por el futuro del país, enfrentan a narcotraficante s, políticos corruptos, militares deshonestos e incluso guerrilleros de izquierda... En su crónica sobre el heroico enfrentamiento entre hombres y mujeres "de bien" y los narcotraficante s revive la vetusta narrativa de las élites latinoamericana s sobre la defensa de la civilización y la barbarie".

No olvidemos que en los años 70, cuando Fabio Echeverri Correa era el joven presidente de la ANDI, él propuso que las fortunas de los narcos se legalizaran. De esa forma, los narcos tributarían, los empresarios "bien" pagarían impuestos más bajos y el crédito sería más barato. De hecho López y Belisario amnistiaron los narcocapitales; Lehder se jactaba de eso...
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jeanpaulpeople
0 # jeanpaulpeople 22-05-2013 01:30
Y mientras todo esto ocurría, los jóvenes destacados se perdían en las tempestades de arena. De pronto, aparecía uno que otro excelente jugador, de entre los miles de ociosos, calmando la sed de gol de la afición; pero cuando el oasis se perdía de la vista, sólo dejó la huella del narco-dólar como un espejismo en donde se refugiaron, tras los escudos deportivos, mafiosos-políti cos-banqueros- periodistas-ind ustriales-milit ares- policías-abogad os, y... locos, formando una mezcla hedionda... que aún persiste. Las instituciones deportivas tienen un escudo y una imagen propiedad tácita del aficionado, a quien no le importa si las acciones le pertenecen al asesino o al señor; al Cristo o al diablo. - La gente desea en Colombia el deporte organizado, lejos de hábitos sucios, o árbitros mañosos, como sinónimo de paz y progreso. ¡Y hay con qué!
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Manuel
+2 # ¿Y el monopolio Postobón qué?Manuel 05-05-2014 02:22
Me parece un excelente artículo. Pero, más allá de la consciencia de los clubes involucrados con el narcotráfico; el decir que Nacional ahora no tiene nada que ver con la corrupción de fútbol nacional es poco menos que insensato, dado que los paisas que niegan que Nacional ganara la Libertadores gracias a Pablo Escobar son los mismos que aseguran que su equipo gana limpiamente en la liga y la libertadores cada 8 días. ¿Acaso devolvió Nacional todos los dineros logrados de la mano del narcotráfico? ¿O, por lo menos, los títulos? ¿La "gran empresa" que es ahora es producto de qué actividad? ¿Su monopolio económico-depor tivo tiene como pilar fundamental el miedo o el soborno? El decir que ahora son intachables porque legalizaron lo ilegalizable es una metida de pata.
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jairo franco
0 # j francojairo franco 17-03-2015 13:30
el que este libre de culpa q tire la primera piedra los hinchas del Medellín debieran de oscultar la historia del equipo y verán q se pasaban de un narco a otro el poder del equipo y varios fueron asesinados y otros condenados en usa pero es mas fácil mirar al verde y condenarlo porque es exitoso.
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