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Internacional

Venezuela y Colombia: a des-escalar y a cooperar

Socorro RamírezUn recuento completo y contextualizado sobre la historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes, motivaciones y efectos de las medidas de Maduro. 

Socorro Ramírez*

 

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.

Cierre y estado de excepción

Para justificar el cierre de la frontera, primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito, reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de catástrofe, convulsión, amenazas económicas).

De cinco municipios afectados por esas medida, en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la abstención.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales. La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.

Las cosas son aún peores en la frontera donde –para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas, ambientales y de seguridad de ambos lados.

Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Foto: Ministerio de Defensa

Militarización vs diplomacia

El plan de seguridad No. 25 -Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta, separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna

Mientras avanza la militarización de la zona, se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.

El problema humanitario

La Invasión y otras barriadas similares se han ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o moto-  lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de identidad.

No todos los colombianos expulsados o que han huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:

  • la de quienes nunca intentaron resolver su migración irregular;
  • la de los que hicieron los trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron aprobados;
  • la de quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como “auditadas-rechazadas”;
  • la de quienes recibieron cédula de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
  • la de quienes tienen sus papeles en regla;
  • y la de varios que habían obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.

Capturados en redadas mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200 entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez. Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país”.

A los deportados se les suman los miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.

Todos esos sectores excluidos esperan lograr algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.

Además, entre los afectados están miles de venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio; pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal. También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los subsidios.

Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.

Una frontera sin alternativas económicas legales

El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
Foto: Presidencia de la República

El cierre de ahora de una parte de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado, con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a residir al otro lado.

Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio no ha aprovechado los periodos de cooperación:

  • Durante los años noventa vio pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el desarrollo en la zona.
  • Después vino el desacople traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa tensión destruyó además iniciativas  locales para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
  • Tras restablecer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de inclusión social.
  • Ambos lados de las fronteras quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más 700, evasión fiscal, defraudación aduanera.

Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia

La precaria y distorsionada presencia del Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares. Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).

Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza

Otros procesos agravan la inseguridad y la violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales (milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el “Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse con sectores venezolanos.

El acercamiento entre los gobiernos no revivió las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”, y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y  lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad. En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.

Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la militarización y el cierre de pasos fronterizos.

Alertas internacionales

La ONU apoya la atención humanitaria en la frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.

Los embajadores ante la OEA examinan la situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3 de septiembre a los cancilleres.

La Unión Europea, la Internacional Socialista, Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los colombianos deportados.

Ojalá todas esta intervenciones ayuden a des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.

 

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.

 

Política y Gobierno

El acuerdo de La Habana: ¿“constitutivo” o “instrumental”?

Javier Ciurlizza¿Será el punto final del conflicto, o el primer paso en “la construcción de la paz”?, ¿cómo, entonces, “refrendar” el acuerdo?, ¿cómo aplicar la justicia especial?  Análisis informado sobre las complejidades y las fórmulas que hoy están sobre el tapete.    

Javier Ciurlizza*

La delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.

Tres etapas

La expectativa sobre la etapa final del proceso de La Habana y sobre la forma como el acuerdo será aprobado y llevado a cabo, debería enmarcarse dentro de una pregunta más general: ¿qué significado tendrá el acuerdo de paz dentro del proceso de paz?

Esta pregunta intentó ser respondida al comienzo de las negociaciones, cuando el gobierno anunció un proceso de tres etapas:

  1. La primera concluyó con el “acuerdo general” que estableció la agenda y metodología para las conversaciones.
  2. La segunda acabaría cuando las partes firmen los acuerdos sobre los cinco puntos de la agenda.
  3. La tercera, y final, empieza “el día después de mañana” y consistiría en la ejecución de lo acordado.

Las dificultades para definir claramente cada una de esas etapas aumentan a medida que avanza el proceso. Fue relativamente fácil entender que con la agenda y la metodología se cerraba el capítulo de las conversaciones preliminares. Es también entendible que el acuerdo que resume los diálogos cerrará otro capítulo, aun cuando no sabemos aún cuáles serán sus detalles.

Dos lecturas

El tema de la función del acuerdo final dentro de un proceso de paz que se presume más amplio, ha sido estudiado de manera exhaustiva por Jean Arnault, quien representará a la Organización de Naciones Unidas en este proceso y -si es que pasamos a la tercera etapa- participará en la vigilancia de su ejecución.

En un ensayo publicado en 2001, que recoge su experiencia como jefe de la Misión de  Naciones Unidas en Guatemala, Arnault señalaba que los acuerdos de paz pueden ser entendidos de dos maneras o más precisamente que, según los analistas –y los protagonistas-, esos acuerdos tienen dos funciones, a menudo contrapuestas.

  • Para algunos, los pactos que ponen fin a los conflictos tienen carácter “constitutivo”. Quienes suscriben el acuerdo pretenden cerrar de manera definitiva los debates sobre la paz y dedicarse exclusivamente al cumplimiento de lo acordado. Esta perspectiva se habría planteado con fuerza en los países de América Central que negociaron la salida política de  sus conflictos armados, como Guatemala y El Salvador.
  • Para otros  analistas o protagonistas, los acuerdos de paz son “instrumentales”. Es decir, forman parte de un conjunto de mecanismos y procedimientos (ambos derivados de actos políticos) destinados a “construir la paz”. Podríamos también decir que en esta perspectiva “procedimental” no hay etapas definidas sino pasos secuenciales que se organizan para cumplir las metas acordadas durante la negociación. Este sería el caso, según Arnault, de la mayor parte de los procesos de paz en África.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Constitutivo o instrumental?

Los argumentos para otorgar a los acuerdos de paz un carácter constitutivo tienen que ver principalmente con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del acuerdo y con la protección legal de quienes los pactan. Se trata de “poner un candado” al acuerdo, de tal manera que nadie – ni siquiera una ley o un acto político de un gobierno futuro – pueda revertir lo acordado.

Parecería que los negociadores en La Habana están buscando asignarle al acuerdo de paz ese carácter constitutivo. Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”

La seguridad jurídica frente a procesos penales que no sean pactados, o regulados por el acuerdo, es una preocupación legítima. El problema consiste en que hay factores que no pueden ser controlados por los negociadores, y que harían que el acuerdo de La Habana resulte ser más instrumental que constitutivo.

Esos factores tienen que ver con tres aspectos concurrentes, a saber:

  1. El carácter democrático del Estado colombiano, que naturalmente debe someter todas sus decisiones públicas al escrutinio de instituciones políticas para darles validez.
  2. La función judicial, según la cual no es posible predeterminar los procesos penales en una mesa de negociación, porque ellos están sujetos a las decisiones de fiscales y jueces,
  3. La comunidad internacional y en particular el derecho internacional, que han regulado al menos parcialmente lo que las  partes pueden acordar al término de un conflicto interno.

Las circunstancias anteriores incidieron sobre el curso de la llamada Ley de Justicia y Paz. Un instrumento legal que inicialmente buscaba la “favorabilidad” de aquellos que se desmovilizaban y atender - a título complementario- los derechos de las víctimas, se convirtió en una herramienta de protección y garantía estos derechos y –apenas de modo complementario- en un mecanismo de desmovilización y reinserción, a tal  punto que se crearon instancias muy distintas para lo uno y lo otro: las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, por un lado; la Alta Consejería para la Reintegración, por el otro.

Los negociadores de La Habana son conscientes de este hecho. El alto comisionado Sergio Jaramillo ha insistido en que la paz en Colombia no puede reducirse a una acomodación bilateral de intereses y en que se necesitan “cambios profundos”. Esta visión sobre la función “estructural” o “reformadora” del acuerdo le imprime un tono aún más “instrumental”.

El problema de la refrendación

Las tensiones entre quienes entienden el acuerdo como la decisión final que clausura una etapa y se empeñan en blindarlo, y aquellos otros que se concentran en su desarrollo ulterior, se ha hecho evidente de manera indirecta en la discusión sobre cuáles son los instrumentos legales para aprobar lo acordado.

No necesariamente se trata de perspectivas irreconciliables. A veces las mismas personas asumen posiciones distintas según las circunstancias.

La primera tentación es pensar que solo una norma constitucional puede asegurar debidamente el acuerdo e impedir que terceros puedan revisarlo (por ejemplo, el gobierno que viene en 2018). Claramente las FARC le apostaban (o le apuestan) a una constituyente no solo porque querían discutir temas por fuera de la agenda, sino porque tenían la impresión de que la única vía digna y posible para ellos era la elevación al rango constitucional de los acuerdos.

Pero el tema resulta especialmente complejo. Las alternativas presentadas hasta ahora: un “congresito” o comisión especial; una reforma constitucional por artículos; o leyes estatutarias, no responden a la pregunta sobre la materia y sustancia que pasaría por esos procedimientos legislativos. ¿Todo el acuerdo?, ¿o solo algunas de sus disposiciones?

La justicia especial

Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Foto: Agencia Colombiana para la Reintegración

Los negociadores estarían pensando en fortalecer dos de los cinco temas acordados, justicia transicional y participación política, mediante un vaso comunicante entre ambos, que tiene que ver con la habilidad o inhabilidad de líderes de la guerrilla para conducir a las FARC hacia un movimiento político legal.

Asimismo, y en relación con este tema, se trataría de garantizar que los juicios a los máximos responsables (presumiblemente a través de tribunales especiales) sigan reglas distintas de las ordinarias, en particular en cuanto a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, lo cual permitiría acomodar mejor las sanciones reducidas y las penas alternativas.

Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia. 

Si esta es la idea del mecanismo de aprobación, es inteligente. Reduce la incertidumbre jurídica –aunque no la elimina– y facilita el tránsito de las FARC hacia la competencia política democrática. Esto crearía incentivos para que las guerrillas aceleren su propio desarme, y proporcionaría un calendario más o menos fijo de hechos políticos, que presumiblemente podrían cumplirse antes de las próximas elecciones.

Un futuro incierto

Pero esa opción también enfrenta dificultades. Una tiene que ver con el mecanismo de refrendación ofrecido por el gobierno y que se sigue prometiendo. No son claras las razones para anunciar de modo precipitado que todo lo acordado en La Habana sería materia de un referéndum, plebiscito o consulta popular. En realidad, no era formalmente necesario hacerlo si es que se pensaba en un mecanismo constitucional de aprobación. Pero ahora resultaría políticamente muy costoso reemplazar la consulta directa por mecanismos legislativos o por una elección específica.

Mirando la experiencia de otros países, especialmente la guatemalteca, los caminos no son sencillos. Allá, la reforma constitucional que institucionalizaba los acuerdos de paz de 1996, fue derrotada estrepitosamente en una consulta popular; no porque el pueblo de Guatemala no quisiera la paz, sino porque el gobierno que organizó la consulta era crecientemente impopular.

Estos son, en todo caso, los caminos abiertos al proceso de aprobación del acuerdo de paz.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”, pero la realidad política y la de los territorios más afectados por el conflicto probablemente empujen a considerar al proceso de paz como algo que va mucho más allá de un documento y el pacto solo como “instrumental” a ese proceso.
 

* Director del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y profesor en Justicia Transicional del Externado de Colombia, ex director para las Américas y Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
twitter1-1@Javierciurlizza

 

Economía y Sociedad

La economía colombiana: se recoge lo que se sembró

Isidro Hernandez

Una mirada serena y experta sobre la coyuntura que vivimos a raíz de la destorcida petrolera. Qué pasó, cuáles riesgos nos rondan, que está haciendo el gobierno, y qué tanto podrían lograr las herramientas monetarias, cambiarias y fiscales.

Isidro Hernández*

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.

El sector improductivo

La caída del precio internacional del petróleo y sus consecuencias sobre la tasa de cambio hicieron evidente que la estrategia de desarrollo económico de Colombia está montada sobre pies de arcilla. 

Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

Entre 2006 y 2014, un período de vacas gordas, el valor agregado creció a una tasa de 4,6 por ciento promedio anual, jalonada por los servicios, la minería y la construcción. Un solo sector (los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) aportó el 25,5 por ciento de ese crecimiento (Gráfica 1). 

Semejante resultado no causaría preocupación si hubiera ido acompañado por la expansión de actividades con enlaces productivos que crean riqueza real y dan solidez al crecimiento de largo plazo, como la industria manufacturera, los servicios de alto valor agregado y la agricultura.

Pero algunos comentaristas y centros de pensamiento que influyen sobre la dirigencia política y empresarial vendieron la idea de que la política de comercio internacional bastaba para inducir la eficiencia y alcanzar el crecimiento. Durante los pasados 25 años, esta concepción llevó a rechazar cualquier tipo de estrategias sectoriales verticales para la industria, los servicios de alto valor agregado y la agricultura. 

Por enésima vez el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar.

Los resultados están a la vista. Por enésima vez en la historia de Colombia, el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar de manera inmediata para atender las necesidades de consumo interno. Por eso el ajuste macroeconómico se hace a través de los precios es decir, acelerando la inflación; un tipo de ajuste que, desde luego, dejará efectos redistributivos perversos.

 

Gráfica 1. Participación en el crecimiento del valor agregado 2006-2014

Los flujos de capital

Otro elemento importante de la estrategia seguida durante las últimas décadas fue el incentivo a los ingresos de capital. Los gobiernos y sus defensores sostuvieron que la afluencia de inversión extranjera directa, impulsada por la política de la confianza inversionista, y los excesos de liquidez internacional producirían un mayor crecimiento económico.

Pero este argumento descuidó los costos. Y para entender la coyuntura actual es pertinente recordar dos de estos costos:

  1. Los recursos dirigidos al sector minero-energético y a comprar activos que no implican formación de capital -o sea distintos de maquinaria, equipo e infraestructura nueva- no significaron transferencia de tecnología ni alzas en productividad. Por el contrario agravaron una economía rentista y un flujo de divisas que, al estallar la crisis internacional y cuando el dólar se depreciaba frente al euro, coadyuvó a la revaluación del peso y estimuló las importaciones que desplazaron buena parte de la producción interna. Así entre 2006 y 2014, el peso se apreció un 3,9 por ciento en términos reales y las importaciones crecieron un 11,6 por ciento al año.
  2. El otro costo es el desequilibrio externo. A partir de 2005 el deterioro de la cuenta corriente se aceleró, no tanto por la mayor importación de bienes y servicios (como dicen algunos analistas), sino por el aumento en el envío de las ganancias obtenidas por la inversión extranjera directa.

En efecto: la balanza de bienes y servicios (exportaciones vs. importaciones) tuvo un déficit de 1.934 millones de dólares en 2006, mientras que el déficit en la renta factorial ascendió a 5.691 millones de dólares. El déficit en la cuenta corriente (2.911 millones de dólares) no fue mayor gracias a las transferencias corrientes, en especial a las remesas de los colombianos en el exterior.

Cinco años después, en 2011 - cuando las salidas por pagos factoriales alcanzaron su máximo nivel- el déficit en cuenta corriente se había multiplicado por 3, los pagos factoriales por 2,7 y, en cambio, la balanza comercial arrojaba un superávit, pese al aumento  nominal del 32 por ciento en las importaciones (el más alto en lo corrido del siglo).

Y para agravar las cosas, a parir del 2014 el déficit comercial  se sumó a la presión resultante del envío  de ganancias, que ya no alcanzaron a cubrir las transferencias de los colombianos  en el extranjero (Gráfica 2).

Gráfica 2. Resultado en cuenta corriente.  Millones de dólares.

  

Qué se está haciendo, qué se puede hacer

La situación actual del aparato productivo, las cuentas externas del país y las normas vigentes condicionan la actuación de las autoridades económicas.

El frente monetario muestra señales de prudencia: en su última reunión, la Junta del Banco de la República envió el mensaje de que prefiere el crecimiento sobre la inflación. Esta es una lectura adecuada del entorno macroeconómico, pues la actual aceleración de la inflación no proviene del aumento en la demanda agregada sino de un choque cambiario acompañado por la incapacidad de producción interna de bienes de la canasta familiar para amortiguarlo. En estas condiciones un alza de la tasa de interés de intervención no llevaría a controlar el fenómeno sino a deteriorar el crecimiento económico.

El ajuste vendrá de otra manera: los ritmos de depreciación se desacelerarán y la sustitución de bienes por parte de los consumidores, junto con el aumento en la oferta de alimentos en respuesta al mejor clima, frenarán el alza en el nivel de precios.

La prioridad no debe ser el retorno a la llamada “meta media” de inflación (3 por ciento anual) mediante el uso de instrumentos monetarios, sino mantenerla cerca del “techo” (4 por ciento) con políticas sectoriales que son responsabilidad del gobierno nacional. Una de ellas, aunque para nada suficiente, ya fue anunciada por el ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI: la reducción arancelaria para bienes intermedios.

La cuestión cambiaria también se maneja con sensatez. Cuando existe la apertura de la cuenta de capital, la autoridad tiene que escoger entre controlar la oferta monetaria o la tasa de cambio – no puede hacerlos ambos-. El punto está en cuál nivel de la tasa de cambio debe inducir la intervención del banco central, y con cuáles medidas debe acompañarse esa intervención para que la contracción resultante en la oferta monetaria no implique demasiado sacrificio del crecimiento económico y del empleo.

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la Junta Directiva del Banco. Bajo el escenario de extremo pesimismo, su nivel actual permitiría cubrir los egresos de la cuenta corriente durante medio año.

Pero la situación real será determinada por como reaccionen las exportaciones de sectores  distintos del minero-energético, las remesas de colombianos en el exterior y las empresas extranjeras que operan en el país. 

Lo que sigue

Distrito financiero de Hong Kong.
Distrito financiero de Hong Kong.
Foto: Mirza Asad Baig

-Un aspecto que no puede soslayarse es el riesgo cambiario que asumió el sector privado al tomar una deuda que en abril alcanzó los 42.436 millones de dólares, de los cuales al sector privado no financiero le corresponde el 70,3 por ciento.

Aquí surge una duda. La deuda de corto plazo es el 32 por ciento del total. Si la tasa de cambio se ancla en 3.500 pesos sin que las empresas endeudadas aumenten el volumen de ventas por la contracción de demanda que ya empieza a observarse, su situación financiera se puede deteriorar rápidamente.

Dadas las garantías ¿el gobierno estaría dispuesto a socializar las posibles quiebras derivadas de decisiones privadas? ¿O el banco central ejecutará una política que permita la reconversión de deuda privada externa por interna?

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la junta directiva del Banco.

-En el frente fiscal, 2014 cerró con un déficit de 2,4 por ciento sobre el PIB, una cifra excelente en el contexto mundial. Pero el problema no es la estabilidad fiscal que generó dividendos en los mercados financieros internacionales, sino la capacidad del gobierno para re-acelerar el crecimiento.

Si la característica básica del entorno es una desaceleración de la demanda agregada en medio de unas expectativas de contracción de la demanda mundial de materias primas por el menor crecimiento de China, se esperaría que el gobierno contrarrestara la tendencia mediante una política fiscal expansiva (y puesto que, como dije, no es mucho el margen para las políticas monetaria y cambiaria).

Sin embargo, el gobierno pone como centro de su la sostenibilidad y el cumplimiento de la regla fiscal. Por eso ajustó el presupuesto de 2015 con una disminución de los gastos de funcionamiento para neutralizar la caída de los precios del petróleo, y el presupuesto para 2016 sigue la misma línea.

La inversión en infraestructura vial, los proyectos de las 4G, acompañada por los programas de vivienda y del PIPE II son los instrumentos para enfrentar la desaceleración. La apuesta fiscal es parca frente al ambiente macro pues la reducción del gasto frena la demanda de corto plazo y los impactos multiplicadores de los proyectos de obra civil son pocos y concentrados. El efecto neto puede ser muy negativo para la coyuntura actual.

El sector empresarial y las autoridades económicas nos llevaron a una estructura económica que no puede responder a los choques externos, a las exigencias de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y al equilibrio en cuenta corriente. Esta situación no deja mucha libertad para actuar en un contexto mundial con tendencias recesivas y perjudiciales para la economía nacional.

La situación exige prudencia en materia monetaria y cambiaria, acompañada de una política fiscal activa que, desafortunadamente, quedó restringida por la decisión gubernamental de cumplir a rajatabla el marco legal de la sostenibilidad fiscal.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Alejandro_Pino_Millonarios_RazonPublica

Alejandro_Pin0Una historia alarmante de las viejas y estrechas relaciones entre la mafia y el deporte que atrae muchedumbres. Y esos dineros sucios siguen rondando.

Alejandro Pino

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Escobar

Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso.   Foto: diarioadn.co

El bombazo

El 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España), dejó caer una bomba que sacudió el fútbol profesional colombiano: la propuesta que circula dentro de la institución para devolver los títulos conseguidos bajo la administración de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. Si bien Gaitán fue claro al señalar que es una discusión que “está sobre la mesa y le faltan muchas horas de debate”, las reacciones fueron de todo tipo:

-Por un lado los jugadores que dieron las vueltas olímpicas de 1987 y 1988 exigieron respeto (Eduardo Pimentel, hoy máximo accionista del Chicó, exigió incluso la renuncia de Gaitán por ofender la historia del club).

-Por otro lado algunos hinchas del equipo se sintieron acusados y las barras se reunieron para publicar un comunicado oficial donde exigen “desagraviar pública, inmediata y contundentemente a Millonarios, a su hinchada y a quienes pertenecieron al equipo en el período en cuestión”.

-Los dirigentes de otros clubes implicados en el narcotráfico prefirieron ignorar el tema: Estamos tranquilos con nuestros títulos”, manifestó Juan Carlos De La Cuesta, quien señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro, y por el lado del América ni siquiera hubo palabras al respecto.

Lo cierto es que Gaitán destapó un pasado que duele a los personajes del fútbol colombiano, quienes no tienen madurez para afrontar los errores de los 80 y prefieren ignorar que la sombra del narcotráfico aún está presente.

Los comienzos

El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_nacional
Juan Carlos De La Cuesta, dirigente de Atlético Nacional, señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro.

Foto: ecbloguer.com

Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana.

Curiosamente el primer equipo a donde entraron dineros ilícitos no fue uno de los que suenan por estos días, sino el Unión Magdalena. Los hermanos Dávila Armenta, Raúl, Pedro y Eduardo, sospechosos de traficar marihuana durante la bonanza del fin de los 70 –pero contra quienes la justicia colombiana no tiene ningún cargo- compraron este equipo, sumido en una crisis desde su título de 1968, salvándolo de la quiebra y llevándolo a disputar el título de 1979.

Por esos días Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato. A diferencia de su hermano, que fue rechazado en el Deportivo Cali, él no estaba dispuesto a que la elite ignorara quien era el hombre más rico del departamento.

En 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas, y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra.

En Medellín las cosas se presentaron de igual forma pues, mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM, y ambos serían abaleados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Ocampo, también vinculado con el narcotráfico.

La familia Botero Moreno era la propietaria del Atlético Nacional desde 1962. Los Botero eran además dueños de varias casas de cambio y, extrañamente, su capital creció muchísimo durante los 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Así que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia.

Bajo la dirección de Hernán Botero el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Zubeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo la Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981.

El MAS y el Pascual Guerrero

Precisamente en 1981, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, un equipo chico que se creció ese año con el apoyo de Ignacio Aguirre, alias ‘El coronel’, disputaban el campeonato profesional, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Escobar Gaviria, y en ese mismo mes intentó secuestrar a Carlos Lehder, el puente entre los grupos de Cali y Medellín.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_America Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato.
Foto: distintaslatitudes.net

La guerra del Estado contra las guerrillas había hecho que estas buscaran financiación en diferentes fuentes, y la más usada por el M-19 era el secuestro de industriales que pudieran pagar grandes rescates. La irrupción de los “mágicos” los hizo blancos atractivo para la guerrilla: Ochoa y Lehder resultaban grandes presas.

Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro”[1].

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales “secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como “secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es que no figuran en la páginas amarillas”[2].

El lavado de activos

Por esa época Millonarios estaba en una gran crisis deportiva y financiera. Reflejó de lo primero era que desde el título de 1978 el equipo no participaba en ninguna final. A comienzos de 1982, por cada peso que ingresaba al equipo se gastaba 1, 75 en el mantenimiento de la nómina.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_equipo Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión.
Foto: futbolconpelotas.elcolombiano.com

Por eso entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín, con sus respectivas familias, y la silla que alguna vez había ocupado un caballero o como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores.

En el Santa Fe, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés denunció que dineros sucios estaban entrando al equipo y se retiró cuando el dominio pasó a manos del Grupo Inverca de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y, posteriormente, Phanor Arizabaleta, miembro del cartel de Cali.

El Deportivo Pereira pasó a ser propiedad del multimillonario Octavio Piedrahita, a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar; sorprendentemente, en 1982 el equipo quedó de cuarto en el campeonato, pues tenía a Abel Augusto Lobatón, uno de los grandes goleadores peruanos de los 80:

La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares pero se registraban en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.

Esa fue la forma que encontró la justicia colombiana para atacar a los narcotraficantes: sus malos manejos administrativos de los clubes, unas lavadoras gigantes de dinero.

La denuncia y la guerra

El 21 octubre de 1983 el ministro de justicia Lara Bonilla dijo a los medios que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira”[3], y le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar, a la vez que defendía la extradición de los narcotraficantes.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Nacional1 El primer extraditado fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional. En acto de protesta, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional.
Foto: 123people.ca

Era la primera vez que alguien hacía una denuncia pública con nombres propios, y la reacción de los capos no se hizo esperar. La DIMAYOR, que reúne a los clubes profesionales y manda en los campeonatos, sencillamente negó las acusaciones del Ministro: en su consejo directivo se encontraban Juan José Bellini, mano derecha de Miguel Rodríguez en el América, luego presidente de la Federación de Fútbol y detenido en el Proceso 8.000, Eduardo Dávila Armenta (hoy preso), Hernán Botero y Octavio Piedrahita.

La mafia acusó a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras buscando su renuncia, pero el presidente Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó su apoyo.

El 24 de octubre Guillermo Cano escribió un editorial El Espectador donde aludió a “los deslenguados ´benefactores´ que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal, obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone”[4]. Lamentablemente el público aceptó este soborno, porque por entonces el fútbol colombiano exhibía una constelación de estrellas suramericanas. Fue un segundo Dorado, pero esta vez gracias al narcotráfico.

Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión. Los equipos grandes publicaron sus propias revistas, en papel fino y gran calidad en los colores y la diagramación; y los periódicos por su parte publicaban todos los lunes sus separatas deportivas. El cubrimiento televisivo de los goles de cada fecha le robaba más y más espacio a otras noticias, y en día de partidos era común que la mayor parte del noticiero se la llevara el fútbol. Pero a Lara Bonilla no le importó la euforia futbolera.-

A fines de 1983 Escobar fue expulsado del Congreso y la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Rodríguez Gacha desaparece entonces de los registros de accionistas de Millonarios y sus acciones pasan a manos de testaferros.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara. Los narcotraficantes confirmaron el terror que había comenzado con el reclutamiento de sicarios por parte de Escobar, y el adiestramiento de paramilitares, que comenzó con el MAS y prosiguió por obra de Rodríguez Gacha.

El presidente Betancur se vio abocado a ejercer su autoridad. El primer extraditado en la historia fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional, y, en un polémico acto de protesta por esta decisión del gobierno, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año.

Pocos días y algunos asesinados después, los cabecillas del Cartel de Medellín formaron un grupo de “Los extraditables” que, bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., le declaraba la guerra a la extradición. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco tiempo en el palco del Atanasio Girardot apoyando a Nacional: su presidente Hernán Botero Moreno.

¿Hay todavía dineros del narcotráfico?

“En el fútbol colombiano ya no hay narcotráfico”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la DIMAYOR tras las declaraciones de Gaitán.

Sin embargo los hechos no le ayudan a sostener sus declaraciones. El país, acostumbrado a esconder la cabeza para ignorar sus problemas, cree que con la muerte de Rodríguez Gacha, la captura de los Rodríguez Orejuela y la desaparición de los grandes carteles, los dineros sucios desaparecieron de nuestro fútbol. Pero no es así.

Claro, Nacional pasó a manos del Grupo Postobón desde los 90, con lo que su situación legal es intachable, así como la de Millonarios, que tras años bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que extinguió el dominio de las acciones del Mexicano y sus testaferros para usar luego el club como instrumento político y sin mayores resultados deportivos) ahora muestra un nuevo orden administrativo que comandan Gaitán y Noemí Sanín.

América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.

Pero la diversificación del narcotráfico en paramilitarismo llevó a que los capos pasaran de controlar a los grandes equipos a mantenerse en el mundo de fútbol con clubes pequeños y con presencias casi intangibles.

En 2006 fue asesinado Gustavo Upegui, presidente del Envigado que siempre hizo presencia en las asambleas de la DIMAYOR, quien resultó ser una de las cabezas de la Oficina de Envigado, controlada por ‘Don Berna’, a quien se ha vinculado (sin pruebas) con el DIM. Sin embargo, en mayo pasado Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús Valderrama, ex presidentes de este equipo, fueron condenados por lavado de activos.

En 2006 la revista Semana demostró la cercanía de Carlos Mario Jimènez, alias ‘Macaco’, con el Pereira, y desde entonces tres de sus dirigentes han tenido que responder en los estrados por lavado de activos, e incluso Jaime Enrique Acosta Artunduaga pasó por un proceso de extradición.

Santa Fe sufrió su propio infierno, y su ex presidente Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos por obstruir la justicia de ese país. Méndez había sido abogado de César Villegas, ex presidente del equipo asesinado en marzo de 2002 y quien fue parte del Proceso 8.000 como testaferro de Cartel del Cali. Hoy Méndez vuelve a tener una posición de poder en el club y se le vio celebrando el título de julio pasado.

Lo cierto es que la organización del fútbol colombiano aún permite la presencia de estos personajes. Un fútbol pobre recibe bien los dineros que le permitan darle vida a un espectáculo que mueve millones y que no es controlado por el gobierno, que es particularmente permisivo con el fútbol.

Tras las declaraciones de Gaitán sobre la posible devolución de estrellas de Millonarios, el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez contradijo a Jesurún y admitió que “todavía hay problemas corporativos en algunos clubes, que siguen pensando que estamos en el año 85, cuando se podían manejar los clubes como si fueran tiendas de barrio, eso ya se acabó, ahora tienen que todos poner un orden”.

Vélez, sin embargo, mostró la laxitud del gobierno sobre el tema: “Nosotros no queremos forzar esto a punta de garrote, no es nuestra idea, aquí trabajamos de la mano con los clubes, dirigiéndolos en el camino correcto, concertado con ellos y si hay alguna disparidad o si hay una desviación por parte de los clubes, pues sancionaremos, pero estamos trabajando con ellos para encausarlos en el camino adecuado”.

El fútbol, el principal entretenimiento nacional, la mayor fuente de pasiones de Colombia, es un tema espinoso con el que los diferentes gobiernos prefieren no meterse y aceptar la auto-regulación que defiende la FIFA.

Por eso el narcotráfico sigue ahí, aunque muchos lo nieguen o no lo quieran ver.

 

Columnista, blogger y profesor del Externado de Colombia. Actualmente dirige el portal Golcaracol.com, fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.

@PinoCalad


Alejandro_Pino_Millonarios_Anyelik

 




















































 
Narcos: desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular.




























































 
América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.





































 
En Santa Fe  Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos y se le vio celebrando el título de julio pasado.




















 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+7 # Eduardo Sáenz Rovner 01-10-2012 14:10
El narcotráfico no nace de la nada, no fue una imposición extranjera; fue el resultado de una larga historia de criminalidad, conductas y trampas social y políticamente aceptadas. En cuanto al fútbol: Colombia ha tenido dos épocas con equipos profesionales de altísimo nivel. Una la del narcofútbol que todos conocemos. Otra, "El Dorado" de mediados del siglo 20 cuando los equipos colombianos se llevaron a los mejores jugadores de Sudamérica sin pagar los pases o costos de transferencia(p or supuesto Colombia fue considerada una liga pirata y sancionada y expulsada de la FIFA); en otras palabras el fugaz El Dorado con dirigentes "gente bien" (de saco y corbata y no camisa abierta con medallón de oro) fue resultado de la trampa y todos celebraban y celebran. Es más Santa Fé se trajo dos ingleses del Arsenal (y de la selección de su país) con la gente de la embajada colombiana en Londres actuando como intermediarios.

Así como David Musto llamó al consumo de drogas "The American Disease", el narcotráfico y otras conductas criminales son parte de la patología colombiana del crimen. La historia del país no se divide en un antes y un después del narcotráfico. Hay continuidades que propiciaron la consolidación del narcotráfico en Colombia así como de los narcotraficante s colombianos con su peculiat estela de violencia en medio mundo.

Ante esta idealización de la "gente bien" del pasado y el contraste con la traquetocracia, el historiador norteamericano Michael F. Jiménez, profesor en Princeton y Pittsburgh, reseñando en The New Republic el libro de María Jimena Duzán hace unos 20 años, escribió: "En última instancia... los héroes de su historia [del libro de Duzán] son las damas y los caballeros cultos pertenecientes a la clase alta tradicional, quienes, librando una lucha titánica por el futuro del país, enfrentan a narcotraficante s, políticos corruptos, militares deshonestos e incluso guerrilleros de izquierda... En su crónica sobre el heroico enfrentamiento entre hombres y mujeres "de bien" y los narcotraficante s revive la vetusta narrativa de las élites latinoamericana s sobre la defensa de la civilización y la barbarie".

No olvidemos que en los años 70, cuando Fabio Echeverri Correa era el joven presidente de la ANDI, él propuso que las fortunas de los narcos se legalizaran. De esa forma, los narcos tributarían, los empresarios "bien" pagarían impuestos más bajos y el crédito sería más barato. De hecho López y Belisario amnistiaron los narcocapitales; Lehder se jactaba de eso...
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jeanpaulpeople
0 # jeanpaulpeople 22-05-2013 01:30
Y mientras todo esto ocurría, los jóvenes destacados se perdían en las tempestades de arena. De pronto, aparecía uno que otro excelente jugador, de entre los miles de ociosos, calmando la sed de gol de la afición; pero cuando el oasis se perdía de la vista, sólo dejó la huella del narco-dólar como un espejismo en donde se refugiaron, tras los escudos deportivos, mafiosos-políti cos-banqueros- periodistas-ind ustriales-milit ares- policías-abogad os, y... locos, formando una mezcla hedionda... que aún persiste. Las instituciones deportivas tienen un escudo y una imagen propiedad tácita del aficionado, a quien no le importa si las acciones le pertenecen al asesino o al señor; al Cristo o al diablo. - La gente desea en Colombia el deporte organizado, lejos de hábitos sucios, o árbitros mañosos, como sinónimo de paz y progreso. ¡Y hay con qué!
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Manuel
+2 # ¿Y el monopolio Postobón qué?Manuel 05-05-2014 02:22
Me parece un excelente artículo. Pero, más allá de la consciencia de los clubes involucrados con el narcotráfico; el decir que Nacional ahora no tiene nada que ver con la corrupción de fútbol nacional es poco menos que insensato, dado que los paisas que niegan que Nacional ganara la Libertadores gracias a Pablo Escobar son los mismos que aseguran que su equipo gana limpiamente en la liga y la libertadores cada 8 días. ¿Acaso devolvió Nacional todos los dineros logrados de la mano del narcotráfico? ¿O, por lo menos, los títulos? ¿La "gran empresa" que es ahora es producto de qué actividad? ¿Su monopolio económico-depor tivo tiene como pilar fundamental el miedo o el soborno? El decir que ahora son intachables porque legalizaron lo ilegalizable es una metida de pata.
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jairo franco
0 # j francojairo franco 17-03-2015 13:30
el que este libre de culpa q tire la primera piedra los hinchas del Medellín debieran de oscultar la historia del equipo y verán q se pasaban de un narco a otro el poder del equipo y varios fueron asesinados y otros condenados en usa pero es mas fácil mirar al verde y condenarlo porque es exitoso.
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