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El nuevo gabinete, el presidente asediado y la gobernabilidad por reparto

Javier DuqueNo es una coalición de “unidad nacional” en torno a las ideas o al interés nacional sino una amalgama de partidos en torno al presupuesto y a las cuotas  burocráticas. Solo que ahora, en aras de la paz, la oposición quiere ser oposición y estar en el gobierno.

Javier Duque Daza*

Sesión del Senado en el Capitolio Nacional.

Santos asediado

La macro-coalición de la Unidad nacional ha pretendido dar un margen de acción al presidente,  garantizarle la mayoría en el Congreso, sumar apoyos para respaldar la negociación con las FARC y  aguantar los embates del uribismo.

Transcurridos el primer gobierno y casi la mitad del segundo la coalición le ha permitido a Santos avanzar en el proceso de paz, aprobar gran parte de la agenda legislativa y contrarrestar la oposición. Pero Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores, sufre  un desgaste evidente y tiene muy poca aprobación en las  encuestas:

  • Lo asedian los partidos que lo apoyan –el Liberal, el Social de Unidad y Cambio Radical- y una parte del partido Conservador. Todos exigen “representación” y retribución por su apoyo en las elecciones y en el Congreso. Las monedas de cambio son la burocracia y el presupuesto, pero como ambos son limitados, las pujas son encarnizadas y van acompañadas de amenazas y chantajes.
  • Lo asedia la bancada del  Centro Democrático, así sus adjetivos parezcan inauditos o hasta delirantes: canalla, traidor, corrupto, inepto…castro-chavista y aún comunista. El uribismo niega la legitimidad de la justicia, aliada con el gobierno, y  pretende hacer pasar por perseguidos a quienes han cometido delitos o se han aliado con criminales.
  • Lo asedian las FARC con exigencias en el límite de lo que la sociedad está dispuesta a conceder por su desmovilización y reinserción. También lo asedian aplazando el acuerdo final, estirando los tiempos de las negociaciones y pidiendo lo impensable. El ELN actúa igual con sus continuos atentados, mientras amaga con negociaciones.
  • Lo asedian el Procurador y José Félix Lafaurie, que defienden a los “poseedores de buena fe” de las tierras usurpadas con violencia a centenares de miles de campesinos. Se oponen a la ley de restitución de tierras y con ello pretenden bloquear los acuerdos de paz. El Procurador además bombardea constantemente las negociaciones y las decisiones del gobierno.
  • Lo (auto) asedian los desaciertos de sus altos funcionarios, con decisiones erráticas y discutibles que con frecuencia han debido reversar.
  • Lo asedian la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía, la  inflación y el desempleo en aumento, además de la crisis hospitalaria, la quiebra -ficticia o real- de muchas EPS y la desatención a los usuarios.
  • Lo asedian columnistas críticos, y algunos medios proclives a Uribe. Lo asedian los chiflidos de aquí y de allá, que expresan inconformidad, impopularidad y desconfianza por todo tipo de motivos.

Y para defenderse de tantos asedios, Santos se ha empeñado en mantener, e incluso en ensanchar,  su coalición de Unidad Nacional.  

Prebendas en vez de ideas

el expresidente César Gaviria
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Presidencia de la República

Como señala Josep Colomer, hay buenas razones para que un gobierno sin mayorías en el Congreso conforme una coalición amplia y cohesionada: puede lograr consensos legitimadores y populares; permite adoptar reformas que requieren acuerdos super-mayoritarios; evita la parálisis que tiene a padecer un gobierno minoritario; ayuda a prevenir la  polarización…. Pero para lograr de veras lo anterior es necesario que: (1) la coalición se base en documentos públicos donde consten los acuerdos y las reservas del caso, (2) cada partido asuma compromisos específicos, y (3) esos partidos rindan cuentas sobre los resultados de las políticas y de la coalición que formó.

El cumplimiento de estas tres  condiciones a su vez implica que los socios de una macro-coalición sean partidos con cohesión y disciplina internas, con eficaz rendición de cuentas y – sobre todo- con proyectos de sociedad. Pero resulta que en Colombia las cosas no son así.

Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores.

La Unidad Nacional ha logrado mayorías en el Congreso (más del 60 por ciento en el senado y el 73 por ciento en la Cámara) y funciona como una agregación de apoyos para mantener una gobernabilidad por reparto. Más que consensos sociales, se persiguen acuerdos pragmáticos sobre la base de transacciones e intercambios; los partidos básicamente buscan beneficios para sus dirigentes, congresistas, allegados o familiares, y el bien común no entra en sus cuentas ni se refleja en sus actuaciones.

Aunque la coalición evita la parálisis de un presidente sin mayorías en el Congreso, los costos para el gobierno son altos por la voracidad burocrática de sus socios. Además el gobierno tiende a actuar de manera incoherente y errática. La coalición de la Unidad nacional se mantenido hasta ahora, pero es tambaleante y se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.

Repartiendo ministerios

La nueva recomposición del gabinete pretende mantener la gobernabilidad y el respaldo partidista sobre la base del reparto. Solo que ahora a las presiones anteriores se le suma la necesidad de movilizar votos para el eventual plebiscito sobre los acuerdos con las FARC.

Esta es la composición partidista del gabinete que se anunció esta semana: 

Ministros

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

 

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

  • El Partido Liberal quedó inconforme. Aunque mantiene la mayor cuota de ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y TICs, además del ministro-consejero para el posconflicto y del director del Departamento Nacional de Planeación), sus dirigentes le han recordado al gobierno que su partido es el principal socio de la Unidad Nacional (cuenta con el 21 por ciento de congresistas). Por eso Horacio Serpa, co-presidente del partido, declaró que la “relación con el gobierno no pasa por el mejor momento y la unidad nacional hace agua”. Ya había expresado su descontento por los privilegios que recibe Cambio Radical y la campaña electoral anticipada que adelanta Vargas Lleras. Quieren más “representación”, están inconformes por la no inclusión del vicefiscal en la terna para la Fiscalía y sienten que les están tomando ventaja en la carrera por la presidencia.
  • El Partido de la U se muestra satisfecho. Mantuvo cuatro ministerios y sus demás cuotas burocráticas, es el partido del presidente, sus  congresistas tienen mucha presencia  en el proceso de paz (empezando por Roy Barreras) y perciben que se acerca el acuerdo final con las FARC, su gran apuesta política.
  • Cambio Radical se fortalece. Mantuvo dos ministerios además de otros cargos de importancia, cuenta con el candidato con más opciones aparentes de  ocupar la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez) y su jefe Vargas Lleras se perfila como el aspirante  presidencial con más fuerza, que hace campaña de facto desde el gobierno y goza de carta blanca respecto de las inversiones en infraestructura.
  • El conservatismo sigue actuando como partido-remora, pegado de la burocracia, sobreviviendo en las elecciones y apoyando los proyectos de Santos, aunque sin ser parte oficial de la coalición de gobierno. Algunos de sus dirigentes se sienten más cercanos al Centro Democrático, pero los congresistas que mueven la maquinaria no se despegan del gobierno, del cual llevan viviendo décadas sin ser un partido con vocación de poder.

Estos cuatro partidos (además del MIRA, que se les ha sumado en las decisiones clave) han hecho viable el gobierno, han aprobado sus proyectos en el Congreso, han respaldado el proceso de paz -aunque Cambio Radical y el conservatismo con ciertas ambigüedades- y su apoyo es fundamental para el eventual plebiscito. Por eso seguirán recibiendo favores del Ejecutivo, así el precio de ello sea volverse gobierno-dependientes en sus aspiraciones. Esta lógica transaccional ha permitido que sobreviva la coalición santista.

Con ministerios, pero en la oposición

El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
Foto: Presidencia de la República

Las reacciones del Polo Democrático y de Alianza Verde ante el nuevo gabinete reflejan sus divisiones y sus debilidades organizacionales: los dos ministros designados no cuentan con el respaldo oficial de sus partidos, que reclaman su independencia y su carácter de oposición. Partidos sin ministerios, aunque tengan ministros.

La coalición de la Unidad nacional se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.
  • Dentro del Polo hay un sector que apoya a Clara López como ministra, pero la mayoría (encabezada por Jorge Robledo, Alexander López, Carlos Bula - el exministro de Samper- y otros dirigentes) le pidió que no aceptara el nombramiento y la tilda de  “cripto-santista”. Este fue el mismo sector que se abstuvo de votar por Santos en la segunda vuelta y en aras de la paz, para impedir el triunfo  del candidato del Centro Democrático. Consideran que uno no puede ser presidente de un partido de oposición derrotado para pasar a ser ministro del gobierno.

El PDA que se debate entre apoyar el proceso de paz y oponerse al gobierno de Santos, ahora tiene que enfrentar la tensión resultante de que su excandidata y directora funja como ministra de Trabajo. Tal vez vengan la ruptura y el retiro de Clara López, siguiendo los pasos de Navarro y de Petro. Un partido que repite la  historia de la izquierda en Colombia, que se va desvaneciendo a través de los conflictos internos, de las disidencias y las deserciones. La multiplicación de las izquierdas.

  • Por su parte, el sector de Alianza Verde que sigue a Claudia López rechaza el ingreso de su partido al gabinete de un gobierno que considera proclive a la corrupción o a la “mermelada”. Igual que el Polo, este partido se encuentra ante el dilema de tener un ministro sin ser parte del gobierno, aunque apoye las negociaciones de paz. Otro partido sin coherencia y donde siguen primando los liderazgos sobre la organización.

Todo se desvirtúa

En el sistema político colombiano: las coaliciones no producen consensos sino arreglos temporales; los partidos no tienen responsabilidades públicas, solo compromisos personales o de grupo; tampoco saben tramitar sus asuntos internos sin recurrir a la descalificación, a la deserción o a la ambigüedad pragmática; los cambios en los gabinetes son apenas jugadas de recomposición, son pujas y presiones por pedazos del gobierno; el resultado viene a ser la inconsistencia, la descoordinación y el fracaso de las políticas; la sociedad gana poco con recambios de nombres si las políticas no se inspiran de veras  en el interés público.
 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

UNGASS 2016: una percepción (un poco) diferente sobre las drogas

Francisco ThoumiQué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?   

Francisco Thoumi*

Sesión de la ONU en el marco de la UNGASS 2016.

La UNGASS

La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.

La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.

De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.

La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.

Negociaciones complejas

Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Foto: docmonstereyes

Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.

Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.

Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.

En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.

Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.

Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.

Los difíciles acuerdos

Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:

  1. Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
  2. Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
  3. Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
  4. Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.

Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.

Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.

El problema no ha acabado

Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Foto: Policía Nacional de los Colombiano

Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es

  • un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
  • una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.

En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.  

Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.

Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.

Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.

Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.

De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:

  • Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
  • El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
  • Los grandes desplazamientos humanos,
  • Las crisis económicas,
  • La creciente secularización,
  • El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….

Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.

El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.

Lo que viene

Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.

Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.

Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.

Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.

Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.

 

* Cofundador de Razón Pública  y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras

Alejandro ReyesEl comprador de un carro robado tiene que demostrar que actuó de buena fe. Pasa lo mismo con las tierras robadas, pero esto es lo que Ordóñez y Lafaurie pretenden ignorar y hoy utilizan como ariete de una batalla que en efecto es muy oscura.    

Alejandro Reyes Posada*

El Procurador General Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Desplazados y guerrilleros   

En un evento convocado por el procurador Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabana de San Ángel, Magdalena, el pasado 5 de abril, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pronunció estas palabras al referirse a la restitución de tierras:

“Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido duramente retaliado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Doctor Sabogal, respetuosamente se lo digo, si esto a usted se le salió de las manos, por favor renuncie”.

Esta declaración solo puede entenderse desde la economía política si se parte de un postulado idéntico al que movió a los paramilitares a “limpiar” grandes zonas de campesinos mediante masacres y desplazamientos forzados, al acusarlos de ser parte o de colaborar con las guerrillas. Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Ganaderos expropiados

Para reforzar su argumento, Lafaurie menciona las zonas de reserva campesina y el fondo de tierras acordado en La Habana, que tendrían que salir de las fincas de los ganaderos que “honestamente” han seguido batallando desde el campo.

Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Por ejemplo el “honesto ganadero” Rodrigo Tovar Pupo, bajo el alias de Jorge 40, escogió el mismo lugar de Sabanas de San Ángel – separado del actual municipio de Chibolo, que fue elevado a esta categoría por los parapolíticos- para batallar desde el campo por sus intereses. De allí fueron expulsadas muchas familias campesinas que habían recibido títulos de adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y sus tierras fueron compradas a bajísimos precios por el Tuto Castro y su grupo de testaferros, y legalizadas a quienes ahora se pretenden compradores de buena fe.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les hizo el juego a estos ganaderos  al revocar los títulos de quienes no estaban cultivando su parcela por haber sido desplazados y al re-adjudicar las fincas a los candidatos de Jorge 40, según se comprobó en los computadores de Don Antonio, agente financiero del Bloque Norte.

¿Cuál buena fe?

Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tanto Lafaurie como el procurador Ordóñez protestan porque quienes se opongan de buena fe a la restitución de algún predio reciben el mismo trato de los victimarios porque -al ser invertida la carga de la prueba- tienen que demostrar que lo adquirieron de buena fe exenta de culpa.

Al hacer esa exigencia, la Ley de restitución de tierras buscó precisamente diferenciar a los despojadores de los compradores inocentes de tierras que antes habían sido despojadas por otros desde 1991. A estos últimos les dio el beneficio de recibir una compensación en tierra o dinero equivalente al precio comercial vigente de la tierra, que la Unidad de Restitución debe cancelar si el juez o magistrado ordenan la restitución al despojado.

Este es el meollo del debate que desataron Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena y en Santander. Se trata de decidir si las ventas posteriores a personas que no hicieron parte del conflicto armado pueden sanear las transferencias forzosas y, por tanto, si el despojo puede blanquearse con el alegato de la buena fe de los compradores. Así, la pérdida patrimonial de las víctimas se consolida con estas ventas.

En estricto sentido, se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

La Ley de restitución busca recuperar la propiedad de las tierras despojadas y no juzgar a las personas, pues no hace parte del Código Penal. Una vez se identifican la relación jurídica anterior del reclamante con su predio y las circunstancias de violencia que causaron la pérdida patrimonial de la víctima, se invierte la carga de la prueba en contra de los opositores, que deben demostrar mejor derecho a las tierras que los despojados.

Si no lo hacen, lo que sigue es el restablecimiento del derecho vulnerado mediante la decisión del juez de ordenar la restitución. La disputa judicial por la propiedad, en contextos de conflicto armado, no sigue las reglas de los procesos civiles ordinarios, que versan sobre los requisitos formales que deben cumplir los modos legítimos de adquirir el dominio (como la compraventa, la sucesión, la donación o la prescripción), sino las reglas especiales de justicia transicional que buscan la reparación de las víctimas de despojo forzado.

La esencia de la Ley de restitución es negarles a la violencia, a la coacción armada y a la intimidación la virtud de transferir legalmente la propiedad de la tierra y los inmuebles. Si las transferencias fueron ilegales, quien adquiere las tierras con posterioridad al despojo no compra un verdadero derecho de propiedad sino un pleito de tierras susceptible de revertir al dueño inicial. Ocurre lo mismo que en el mercado de carros o celulares robados.

La única discusión posible es definir si el comprador de lo robado tiene o no derecho a recibir una compensación que le impida la pérdida patrimonial. Allí es donde opera el concepto de la buena fe exenta de culpa, que el legislador puso como condición para tener derecho a la compensación, en virtud de las presunciones de legalidad y buena fe que rigen las transacciones comerciales.

Las “falsas víctimas”

La Ley, además, estableció como requisito para las demandas ante los jueces la inscripción previa de las reclamaciones en el registro de tierras despojadas, para que la Unidad de Restitución estudiara si el reclamante tenía un derecho sobre la tierra, si se trata de la misma parcela y si mediaron circunstancias y hechos de violencia que expliquen la pérdida del derecho de propiedad o la posesión.

Se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, explicó a José Félix Lafaurie, en carta pública del 27 de abril, el tema de las falsas víctimas reclamantes de restitución:

“Sobre las “falsas víctimas” a las que se refiere, debo aclararle que el rigor del proceso ha detectado dos tipologías que resultan en la no inclusión de la reclamación: la primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aun así, intentan defraudar el proceso. Para estos últimos, el Estado aplica  las penas más rigurosas del sistema judicial. La Unidad de Restitución de Tierras ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones”.

De las 48.847 reclamaciones tramitadas por la unidad, por estar en áreas micro-focalizadas por razones de seguridad, han sido resueltas 31.604, de las cuales la mitad han sido incluidas en el registro de tierras despojadas y la mitad excluidas por no cumplir las condiciones previstas en la Ley.

Esta cifra demuestra la eficacia de los filtros usados para impedir que oportunistas quieran hacerse a tierras ajenas por la vía de la restitución y el rigor empleado por la Unidad de Restitución al sustanciar las reclamaciones. A su vez, el 95 por ciento de las sentencias de restitución han favorecido a los reclamantes, lo que demuestra la realidad del despojo.

El proyecto de fondo

Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La verdadera intención de Lafaurie y el precandidato Ordóñez al desatar el debate es asumir la representación de las presuntas víctimas de la restitución, reuniendo manifestaciones de campesinos, para apoyar la reforma a la Ley de restitución presentada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, destacado representante político de los clanes costeños dueños de la tierra.

Esa reforma pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba para los opositores y obligar a que la víctima demuestre que tiene un título pleno e intachable. En otras palabras, quieren convertir la restitución en un proceso civil ordinario de propiedad y reducir a la impotencia la Ley de restitución de tierras.

Por último, resta observar que la Ley 1448 (de reparación y víctimas y restitución de tierras) fue aprobada dos años antes de iniciarse el proceso de paz con las FARC y por tanto no hace parte de los acuerdos con la guerrilla. El gobierno, en la mesa de La Habana, repitió ante las FARC la frase del entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien dijo que “las leyes no se negocian, se cumplen”.

 

*Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

Alejandro_Pino_Millonarios_RazonPublica

Alejandro_Pin0Una historia alarmante de las viejas y estrechas relaciones entre la mafia y el deporte que atrae muchedumbres. Y esos dineros sucios siguen rondando.

Alejandro Pino

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Escobar

Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso.   Foto: diarioadn.co

El bombazo

El 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España), dejó caer una bomba que sacudió el fútbol profesional colombiano: la propuesta que circula dentro de la institución para devolver los títulos conseguidos bajo la administración de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. Si bien Gaitán fue claro al señalar que es una discusión que “está sobre la mesa y le faltan muchas horas de debate”, las reacciones fueron de todo tipo:

-Por un lado los jugadores que dieron las vueltas olímpicas de 1987 y 1988 exigieron respeto (Eduardo Pimentel, hoy máximo accionista del Chicó, exigió incluso la renuncia de Gaitán por ofender la historia del club).

-Por otro lado algunos hinchas del equipo se sintieron acusados y las barras se reunieron para publicar un comunicado oficial donde exigen “desagraviar pública, inmediata y contundentemente a Millonarios, a su hinchada y a quienes pertenecieron al equipo en el período en cuestión”.

-Los dirigentes de otros clubes implicados en el narcotráfico prefirieron ignorar el tema: Estamos tranquilos con nuestros títulos”, manifestó Juan Carlos De La Cuesta, quien señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro, y por el lado del América ni siquiera hubo palabras al respecto.

Lo cierto es que Gaitán destapó un pasado que duele a los personajes del fútbol colombiano, quienes no tienen madurez para afrontar los errores de los 80 y prefieren ignorar que la sombra del narcotráfico aún está presente.

Los comienzos

El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_nacional
Juan Carlos De La Cuesta, dirigente de Atlético Nacional, señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro.

Foto: ecbloguer.com

Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana.

Curiosamente el primer equipo a donde entraron dineros ilícitos no fue uno de los que suenan por estos días, sino el Unión Magdalena. Los hermanos Dávila Armenta, Raúl, Pedro y Eduardo, sospechosos de traficar marihuana durante la bonanza del fin de los 70 –pero contra quienes la justicia colombiana no tiene ningún cargo- compraron este equipo, sumido en una crisis desde su título de 1968, salvándolo de la quiebra y llevándolo a disputar el título de 1979.

Por esos días Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato. A diferencia de su hermano, que fue rechazado en el Deportivo Cali, él no estaba dispuesto a que la elite ignorara quien era el hombre más rico del departamento.

En 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas, y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra.

En Medellín las cosas se presentaron de igual forma pues, mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM, y ambos serían abaleados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Ocampo, también vinculado con el narcotráfico.

La familia Botero Moreno era la propietaria del Atlético Nacional desde 1962. Los Botero eran además dueños de varias casas de cambio y, extrañamente, su capital creció muchísimo durante los 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Así que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia.

Bajo la dirección de Hernán Botero el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Zubeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo la Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981.

El MAS y el Pascual Guerrero

Precisamente en 1981, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, un equipo chico que se creció ese año con el apoyo de Ignacio Aguirre, alias ‘El coronel’, disputaban el campeonato profesional, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Escobar Gaviria, y en ese mismo mes intentó secuestrar a Carlos Lehder, el puente entre los grupos de Cali y Medellín.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_America Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato.
Foto: distintaslatitudes.net

La guerra del Estado contra las guerrillas había hecho que estas buscaran financiación en diferentes fuentes, y la más usada por el M-19 era el secuestro de industriales que pudieran pagar grandes rescates. La irrupción de los “mágicos” los hizo blancos atractivo para la guerrilla: Ochoa y Lehder resultaban grandes presas.

Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro”[1].

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales “secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como “secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es que no figuran en la páginas amarillas”[2].

El lavado de activos

Por esa época Millonarios estaba en una gran crisis deportiva y financiera. Reflejó de lo primero era que desde el título de 1978 el equipo no participaba en ninguna final. A comienzos de 1982, por cada peso que ingresaba al equipo se gastaba 1, 75 en el mantenimiento de la nómina.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_equipo Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión.
Foto: futbolconpelotas.elcolombiano.com

Por eso entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín, con sus respectivas familias, y la silla que alguna vez había ocupado un caballero o como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores.

En el Santa Fe, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés denunció que dineros sucios estaban entrando al equipo y se retiró cuando el dominio pasó a manos del Grupo Inverca de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y, posteriormente, Phanor Arizabaleta, miembro del cartel de Cali.

El Deportivo Pereira pasó a ser propiedad del multimillonario Octavio Piedrahita, a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar; sorprendentemente, en 1982 el equipo quedó de cuarto en el campeonato, pues tenía a Abel Augusto Lobatón, uno de los grandes goleadores peruanos de los 80:

La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares pero se registraban en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.

Esa fue la forma que encontró la justicia colombiana para atacar a los narcotraficantes: sus malos manejos administrativos de los clubes, unas lavadoras gigantes de dinero.

La denuncia y la guerra

El 21 octubre de 1983 el ministro de justicia Lara Bonilla dijo a los medios que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira”[3], y le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar, a la vez que defendía la extradición de los narcotraficantes.

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Nacional1 El primer extraditado fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional. En acto de protesta, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional.
Foto: 123people.ca

Era la primera vez que alguien hacía una denuncia pública con nombres propios, y la reacción de los capos no se hizo esperar. La DIMAYOR, que reúne a los clubes profesionales y manda en los campeonatos, sencillamente negó las acusaciones del Ministro: en su consejo directivo se encontraban Juan José Bellini, mano derecha de Miguel Rodríguez en el América, luego presidente de la Federación de Fútbol y detenido en el Proceso 8.000, Eduardo Dávila Armenta (hoy preso), Hernán Botero y Octavio Piedrahita.

La mafia acusó a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras buscando su renuncia, pero el presidente Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó su apoyo.

El 24 de octubre Guillermo Cano escribió un editorial El Espectador donde aludió a “los deslenguados ´benefactores´ que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal, obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone”[4]. Lamentablemente el público aceptó este soborno, porque por entonces el fútbol colombiano exhibía una constelación de estrellas suramericanas. Fue un segundo Dorado, pero esta vez gracias al narcotráfico.

Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión. Los equipos grandes publicaron sus propias revistas, en papel fino y gran calidad en los colores y la diagramación; y los periódicos por su parte publicaban todos los lunes sus separatas deportivas. El cubrimiento televisivo de los goles de cada fecha le robaba más y más espacio a otras noticias, y en día de partidos era común que la mayor parte del noticiero se la llevara el fútbol. Pero a Lara Bonilla no le importó la euforia futbolera.-

A fines de 1983 Escobar fue expulsado del Congreso y la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Rodríguez Gacha desaparece entonces de los registros de accionistas de Millonarios y sus acciones pasan a manos de testaferros.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara. Los narcotraficantes confirmaron el terror que había comenzado con el reclutamiento de sicarios por parte de Escobar, y el adiestramiento de paramilitares, que comenzó con el MAS y prosiguió por obra de Rodríguez Gacha.

El presidente Betancur se vio abocado a ejercer su autoridad. El primer extraditado en la historia fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional, y, en un polémico acto de protesta por esta decisión del gobierno, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año.

Pocos días y algunos asesinados después, los cabecillas del Cartel de Medellín formaron un grupo de “Los extraditables” que, bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., le declaraba la guerra a la extradición. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco tiempo en el palco del Atanasio Girardot apoyando a Nacional: su presidente Hernán Botero Moreno.

¿Hay todavía dineros del narcotráfico?

“En el fútbol colombiano ya no hay narcotráfico”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la DIMAYOR tras las declaraciones de Gaitán.

Sin embargo los hechos no le ayudan a sostener sus declaraciones. El país, acostumbrado a esconder la cabeza para ignorar sus problemas, cree que con la muerte de Rodríguez Gacha, la captura de los Rodríguez Orejuela y la desaparición de los grandes carteles, los dineros sucios desaparecieron de nuestro fútbol. Pero no es así.

Claro, Nacional pasó a manos del Grupo Postobón desde los 90, con lo que su situación legal es intachable, así como la de Millonarios, que tras años bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que extinguió el dominio de las acciones del Mexicano y sus testaferros para usar luego el club como instrumento político y sin mayores resultados deportivos) ahora muestra un nuevo orden administrativo que comandan Gaitán y Noemí Sanín.

América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.

Pero la diversificación del narcotráfico en paramilitarismo llevó a que los capos pasaran de controlar a los grandes equipos a mantenerse en el mundo de fútbol con clubes pequeños y con presencias casi intangibles.

En 2006 fue asesinado Gustavo Upegui, presidente del Envigado que siempre hizo presencia en las asambleas de la DIMAYOR, quien resultó ser una de las cabezas de la Oficina de Envigado, controlada por ‘Don Berna’, a quien se ha vinculado (sin pruebas) con el DIM. Sin embargo, en mayo pasado Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús Valderrama, ex presidentes de este equipo, fueron condenados por lavado de activos.

En 2006 la revista Semana demostró la cercanía de Carlos Mario Jimènez, alias ‘Macaco’, con el Pereira, y desde entonces tres de sus dirigentes han tenido que responder en los estrados por lavado de activos, e incluso Jaime Enrique Acosta Artunduaga pasó por un proceso de extradición.

Santa Fe sufrió su propio infierno, y su ex presidente Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos por obstruir la justicia de ese país. Méndez había sido abogado de César Villegas, ex presidente del equipo asesinado en marzo de 2002 y quien fue parte del Proceso 8.000 como testaferro de Cartel del Cali. Hoy Méndez vuelve a tener una posición de poder en el club y se le vio celebrando el título de julio pasado.

Lo cierto es que la organización del fútbol colombiano aún permite la presencia de estos personajes. Un fútbol pobre recibe bien los dineros que le permitan darle vida a un espectáculo que mueve millones y que no es controlado por el gobierno, que es particularmente permisivo con el fútbol.

Tras las declaraciones de Gaitán sobre la posible devolución de estrellas de Millonarios, el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez contradijo a Jesurún y admitió que “todavía hay problemas corporativos en algunos clubes, que siguen pensando que estamos en el año 85, cuando se podían manejar los clubes como si fueran tiendas de barrio, eso ya se acabó, ahora tienen que todos poner un orden”.

Vélez, sin embargo, mostró la laxitud del gobierno sobre el tema: “Nosotros no queremos forzar esto a punta de garrote, no es nuestra idea, aquí trabajamos de la mano con los clubes, dirigiéndolos en el camino correcto, concertado con ellos y si hay alguna disparidad o si hay una desviación por parte de los clubes, pues sancionaremos, pero estamos trabajando con ellos para encausarlos en el camino adecuado”.

El fútbol, el principal entretenimiento nacional, la mayor fuente de pasiones de Colombia, es un tema espinoso con el que los diferentes gobiernos prefieren no meterse y aceptar la auto-regulación que defiende la FIFA.

Por eso el narcotráfico sigue ahí, aunque muchos lo nieguen o no lo quieran ver.

 

Columnista, blogger y profesor del Externado de Colombia. Actualmente dirige el portal Golcaracol.com, fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.

@PinoCalad


Alejandro_Pino_Millonarios_Anyelik

 




















































 
Narcos: desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular.




























































 
América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.





































 
En Santa Fe  Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos y se le vio celebrando el título de julio pasado.




















 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+7 # Eduardo Sáenz Rovner 01-10-2012 14:10
El narcotráfico no nace de la nada, no fue una imposición extranjera; fue el resultado de una larga historia de criminalidad, conductas y trampas social y políticamente aceptadas. En cuanto al fútbol: Colombia ha tenido dos épocas con equipos profesionales de altísimo nivel. Una la del narcofútbol que todos conocemos. Otra, "El Dorado" de mediados del siglo 20 cuando los equipos colombianos se llevaron a los mejores jugadores de Sudamérica sin pagar los pases o costos de transferencia(p or supuesto Colombia fue considerada una liga pirata y sancionada y expulsada de la FIFA); en otras palabras el fugaz El Dorado con dirigentes "gente bien" (de saco y corbata y no camisa abierta con medallón de oro) fue resultado de la trampa y todos celebraban y celebran. Es más Santa Fé se trajo dos ingleses del Arsenal (y de la selección de su país) con la gente de la embajada colombiana en Londres actuando como intermediarios.

Así como David Musto llamó al consumo de drogas "The American Disease", el narcotráfico y otras conductas criminales son parte de la patología colombiana del crimen. La historia del país no se divide en un antes y un después del narcotráfico. Hay continuidades que propiciaron la consolidación del narcotráfico en Colombia así como de los narcotraficante s colombianos con su peculiat estela de violencia en medio mundo.

Ante esta idealización de la "gente bien" del pasado y el contraste con la traquetocracia, el historiador norteamericano Michael F. Jiménez, profesor en Princeton y Pittsburgh, reseñando en The New Republic el libro de María Jimena Duzán hace unos 20 años, escribió: "En última instancia... los héroes de su historia [del libro de Duzán] son las damas y los caballeros cultos pertenecientes a la clase alta tradicional, quienes, librando una lucha titánica por el futuro del país, enfrentan a narcotraficante s, políticos corruptos, militares deshonestos e incluso guerrilleros de izquierda... En su crónica sobre el heroico enfrentamiento entre hombres y mujeres "de bien" y los narcotraficante s revive la vetusta narrativa de las élites latinoamericana s sobre la defensa de la civilización y la barbarie".

No olvidemos que en los años 70, cuando Fabio Echeverri Correa era el joven presidente de la ANDI, él propuso que las fortunas de los narcos se legalizaran. De esa forma, los narcos tributarían, los empresarios "bien" pagarían impuestos más bajos y el crédito sería más barato. De hecho López y Belisario amnistiaron los narcocapitales; Lehder se jactaba de eso...
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jeanpaulpeople
0 # jeanpaulpeople 22-05-2013 01:30
Y mientras todo esto ocurría, los jóvenes destacados se perdían en las tempestades de arena. De pronto, aparecía uno que otro excelente jugador, de entre los miles de ociosos, calmando la sed de gol de la afición; pero cuando el oasis se perdía de la vista, sólo dejó la huella del narco-dólar como un espejismo en donde se refugiaron, tras los escudos deportivos, mafiosos-políti cos-banqueros- periodistas-ind ustriales-milit ares- policías-abogad os, y... locos, formando una mezcla hedionda... que aún persiste. Las instituciones deportivas tienen un escudo y una imagen propiedad tácita del aficionado, a quien no le importa si las acciones le pertenecen al asesino o al señor; al Cristo o al diablo. - La gente desea en Colombia el deporte organizado, lejos de hábitos sucios, o árbitros mañosos, como sinónimo de paz y progreso. ¡Y hay con qué!
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Manuel
+2 # ¿Y el monopolio Postobón qué?Manuel 05-05-2014 02:22
Me parece un excelente artículo. Pero, más allá de la consciencia de los clubes involucrados con el narcotráfico; el decir que Nacional ahora no tiene nada que ver con la corrupción de fútbol nacional es poco menos que insensato, dado que los paisas que niegan que Nacional ganara la Libertadores gracias a Pablo Escobar son los mismos que aseguran que su equipo gana limpiamente en la liga y la libertadores cada 8 días. ¿Acaso devolvió Nacional todos los dineros logrados de la mano del narcotráfico? ¿O, por lo menos, los títulos? ¿La "gran empresa" que es ahora es producto de qué actividad? ¿Su monopolio económico-depor tivo tiene como pilar fundamental el miedo o el soborno? El decir que ahora son intachables porque legalizaron lo ilegalizable es una metida de pata.
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jairo franco
0 # j francojairo franco 17-03-2015 13:30
el que este libre de culpa q tire la primera piedra los hinchas del Medellín debieran de oscultar la historia del equipo y verán q se pasaban de un narco a otro el poder del equipo y varios fueron asesinados y otros condenados en usa pero es mas fácil mirar al verde y condenarlo porque es exitoso.
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