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El nuevo gabinete, el presidente asediado y la gobernabilidad por reparto

Javier DuqueNo es una coalición de “unidad nacional” en torno a las ideas o al interés nacional sino una amalgama de partidos en torno al presupuesto y a las cuotas  burocráticas. Solo que ahora, en aras de la paz, la oposición quiere ser oposición y estar en el gobierno.

Javier Duque Daza*

Sesión del Senado en el Capitolio Nacional.

Santos asediado

La macro-coalición de la Unidad nacional ha pretendido dar un margen de acción al presidente,  garantizarle la mayoría en el Congreso, sumar apoyos para respaldar la negociación con las FARC y  aguantar los embates del uribismo.

Transcurridos el primer gobierno y casi la mitad del segundo la coalición le ha permitido a Santos avanzar en el proceso de paz, aprobar gran parte de la agenda legislativa y contrarrestar la oposición. Pero Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores, sufre  un desgaste evidente y tiene muy poca aprobación en las  encuestas:

  • Lo asedian los partidos que lo apoyan –el Liberal, el Social de Unidad y Cambio Radical- y una parte del partido Conservador. Todos exigen “representación” y retribución por su apoyo en las elecciones y en el Congreso. Las monedas de cambio son la burocracia y el presupuesto, pero como ambos son limitados, las pujas son encarnizadas y van acompañadas de amenazas y chantajes.
  • Lo asedia la bancada del  Centro Democrático, así sus adjetivos parezcan inauditos o hasta delirantes: canalla, traidor, corrupto, inepto…castro-chavista y aún comunista. El uribismo niega la legitimidad de la justicia, aliada con el gobierno, y  pretende hacer pasar por perseguidos a quienes han cometido delitos o se han aliado con criminales.
  • Lo asedian las FARC con exigencias en el límite de lo que la sociedad está dispuesta a conceder por su desmovilización y reinserción. También lo asedian aplazando el acuerdo final, estirando los tiempos de las negociaciones y pidiendo lo impensable. El ELN actúa igual con sus continuos atentados, mientras amaga con negociaciones.
  • Lo asedian el Procurador y José Félix Lafaurie, que defienden a los “poseedores de buena fe” de las tierras usurpadas con violencia a centenares de miles de campesinos. Se oponen a la ley de restitución de tierras y con ello pretenden bloquear los acuerdos de paz. El Procurador además bombardea constantemente las negociaciones y las decisiones del gobierno.
  • Lo (auto) asedian los desaciertos de sus altos funcionarios, con decisiones erráticas y discutibles que con frecuencia han debido reversar.
  • Lo asedian la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía, la  inflación y el desempleo en aumento, además de la crisis hospitalaria, la quiebra -ficticia o real- de muchas EPS y la desatención a los usuarios.
  • Lo asedian columnistas críticos, y algunos medios proclives a Uribe. Lo asedian los chiflidos de aquí y de allá, que expresan inconformidad, impopularidad y desconfianza por todo tipo de motivos.

Y para defenderse de tantos asedios, Santos se ha empeñado en mantener, e incluso en ensanchar,  su coalición de Unidad Nacional.  

Prebendas en vez de ideas

el expresidente César Gaviria
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Presidencia de la República

Como señala Josep Colomer, hay buenas razones para que un gobierno sin mayorías en el Congreso conforme una coalición amplia y cohesionada: puede lograr consensos legitimadores y populares; permite adoptar reformas que requieren acuerdos super-mayoritarios; evita la parálisis que tiene a padecer un gobierno minoritario; ayuda a prevenir la  polarización…. Pero para lograr de veras lo anterior es necesario que: (1) la coalición se base en documentos públicos donde consten los acuerdos y las reservas del caso, (2) cada partido asuma compromisos específicos, y (3) esos partidos rindan cuentas sobre los resultados de las políticas y de la coalición que formó.

El cumplimiento de estas tres  condiciones a su vez implica que los socios de una macro-coalición sean partidos con cohesión y disciplina internas, con eficaz rendición de cuentas y – sobre todo- con proyectos de sociedad. Pero resulta que en Colombia las cosas no son así.

Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores.

La Unidad Nacional ha logrado mayorías en el Congreso (más del 60 por ciento en el senado y el 73 por ciento en la Cámara) y funciona como una agregación de apoyos para mantener una gobernabilidad por reparto. Más que consensos sociales, se persiguen acuerdos pragmáticos sobre la base de transacciones e intercambios; los partidos básicamente buscan beneficios para sus dirigentes, congresistas, allegados o familiares, y el bien común no entra en sus cuentas ni se refleja en sus actuaciones.

Aunque la coalición evita la parálisis de un presidente sin mayorías en el Congreso, los costos para el gobierno son altos por la voracidad burocrática de sus socios. Además el gobierno tiende a actuar de manera incoherente y errática. La coalición de la Unidad nacional se mantenido hasta ahora, pero es tambaleante y se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.

Repartiendo ministerios

La nueva recomposición del gabinete pretende mantener la gobernabilidad y el respaldo partidista sobre la base del reparto. Solo que ahora a las presiones anteriores se le suma la necesidad de movilizar votos para el eventual plebiscito sobre los acuerdos con las FARC.

Esta es la composición partidista del gabinete que se anunció esta semana: 

Ministros

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

 

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

  • El Partido Liberal quedó inconforme. Aunque mantiene la mayor cuota de ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y TICs, además del ministro-consejero para el posconflicto y del director del Departamento Nacional de Planeación), sus dirigentes le han recordado al gobierno que su partido es el principal socio de la Unidad Nacional (cuenta con el 21 por ciento de congresistas). Por eso Horacio Serpa, co-presidente del partido, declaró que la “relación con el gobierno no pasa por el mejor momento y la unidad nacional hace agua”. Ya había expresado su descontento por los privilegios que recibe Cambio Radical y la campaña electoral anticipada que adelanta Vargas Lleras. Quieren más “representación”, están inconformes por la no inclusión del vicefiscal en la terna para la Fiscalía y sienten que les están tomando ventaja en la carrera por la presidencia.
  • El Partido de la U se muestra satisfecho. Mantuvo cuatro ministerios y sus demás cuotas burocráticas, es el partido del presidente, sus  congresistas tienen mucha presencia  en el proceso de paz (empezando por Roy Barreras) y perciben que se acerca el acuerdo final con las FARC, su gran apuesta política.
  • Cambio Radical se fortalece. Mantuvo dos ministerios además de otros cargos de importancia, cuenta con el candidato con más opciones aparentes de  ocupar la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez) y su jefe Vargas Lleras se perfila como el aspirante  presidencial con más fuerza, que hace campaña de facto desde el gobierno y goza de carta blanca respecto de las inversiones en infraestructura.
  • El conservatismo sigue actuando como partido-remora, pegado de la burocracia, sobreviviendo en las elecciones y apoyando los proyectos de Santos, aunque sin ser parte oficial de la coalición de gobierno. Algunos de sus dirigentes se sienten más cercanos al Centro Democrático, pero los congresistas que mueven la maquinaria no se despegan del gobierno, del cual llevan viviendo décadas sin ser un partido con vocación de poder.

Estos cuatro partidos (además del MIRA, que se les ha sumado en las decisiones clave) han hecho viable el gobierno, han aprobado sus proyectos en el Congreso, han respaldado el proceso de paz -aunque Cambio Radical y el conservatismo con ciertas ambigüedades- y su apoyo es fundamental para el eventual plebiscito. Por eso seguirán recibiendo favores del Ejecutivo, así el precio de ello sea volverse gobierno-dependientes en sus aspiraciones. Esta lógica transaccional ha permitido que sobreviva la coalición santista.

Con ministerios, pero en la oposición

El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
Foto: Presidencia de la República

Las reacciones del Polo Democrático y de Alianza Verde ante el nuevo gabinete reflejan sus divisiones y sus debilidades organizacionales: los dos ministros designados no cuentan con el respaldo oficial de sus partidos, que reclaman su independencia y su carácter de oposición. Partidos sin ministerios, aunque tengan ministros.

La coalición de la Unidad nacional se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.
  • Dentro del Polo hay un sector que apoya a Clara López como ministra, pero la mayoría (encabezada por Jorge Robledo, Alexander López, Carlos Bula - el exministro de Samper- y otros dirigentes) le pidió que no aceptara el nombramiento y la tilda de  “cripto-santista”. Este fue el mismo sector que se abstuvo de votar por Santos en la segunda vuelta y en aras de la paz, para impedir el triunfo  del candidato del Centro Democrático. Consideran que uno no puede ser presidente de un partido de oposición derrotado para pasar a ser ministro del gobierno.

El PDA que se debate entre apoyar el proceso de paz y oponerse al gobierno de Santos, ahora tiene que enfrentar la tensión resultante de que su excandidata y directora funja como ministra de Trabajo. Tal vez vengan la ruptura y el retiro de Clara López, siguiendo los pasos de Navarro y de Petro. Un partido que repite la  historia de la izquierda en Colombia, que se va desvaneciendo a través de los conflictos internos, de las disidencias y las deserciones. La multiplicación de las izquierdas.

  • Por su parte, el sector de Alianza Verde que sigue a Claudia López rechaza el ingreso de su partido al gabinete de un gobierno que considera proclive a la corrupción o a la “mermelada”. Igual que el Polo, este partido se encuentra ante el dilema de tener un ministro sin ser parte del gobierno, aunque apoye las negociaciones de paz. Otro partido sin coherencia y donde siguen primando los liderazgos sobre la organización.

Todo se desvirtúa

En el sistema político colombiano: las coaliciones no producen consensos sino arreglos temporales; los partidos no tienen responsabilidades públicas, solo compromisos personales o de grupo; tampoco saben tramitar sus asuntos internos sin recurrir a la descalificación, a la deserción o a la ambigüedad pragmática; los cambios en los gabinetes son apenas jugadas de recomposición, son pujas y presiones por pedazos del gobierno; el resultado viene a ser la inconsistencia, la descoordinación y el fracaso de las políticas; la sociedad gana poco con recambios de nombres si las políticas no se inspiran de veras  en el interés público.
 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

UNGASS 2016: una percepción (un poco) diferente sobre las drogas

Francisco ThoumiQué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?   

Francisco Thoumi*

Sesión de la ONU en el marco de la UNGASS 2016.

La UNGASS

La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.

La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.

De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.

La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.

Negociaciones complejas

Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Foto: docmonstereyes

Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.

Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.

Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.

En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.

Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.

Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.

Los difíciles acuerdos

Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:

  1. Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
  2. Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
  3. Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
  4. Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.

Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.

Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.

El problema no ha acabado

Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Foto: Policía Nacional de los Colombiano

Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es

  • un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
  • una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.

En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.  

Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.

Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.

Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.

Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.

De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:

  • Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
  • El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
  • Los grandes desplazamientos humanos,
  • Las crisis económicas,
  • La creciente secularización,
  • El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….

Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.

El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.

Lo que viene

Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.

Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.

Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.

Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.

Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.

 

* Cofundador de Razón Pública  y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras

Alejandro ReyesEl comprador de un carro robado tiene que demostrar que actuó de buena fe. Pasa lo mismo con las tierras robadas, pero esto es lo que Ordóñez y Lafaurie pretenden ignorar y hoy utilizan como ariete de una batalla que en efecto es muy oscura.    

Alejandro Reyes Posada*

El Procurador General Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Desplazados y guerrilleros   

En un evento convocado por el procurador Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabana de San Ángel, Magdalena, el pasado 5 de abril, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pronunció estas palabras al referirse a la restitución de tierras:

“Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido duramente retaliado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Doctor Sabogal, respetuosamente se lo digo, si esto a usted se le salió de las manos, por favor renuncie”.

Esta declaración solo puede entenderse desde la economía política si se parte de un postulado idéntico al que movió a los paramilitares a “limpiar” grandes zonas de campesinos mediante masacres y desplazamientos forzados, al acusarlos de ser parte o de colaborar con las guerrillas. Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Ganaderos expropiados

Para reforzar su argumento, Lafaurie menciona las zonas de reserva campesina y el fondo de tierras acordado en La Habana, que tendrían que salir de las fincas de los ganaderos que “honestamente” han seguido batallando desde el campo.

Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Por ejemplo el “honesto ganadero” Rodrigo Tovar Pupo, bajo el alias de Jorge 40, escogió el mismo lugar de Sabanas de San Ángel – separado del actual municipio de Chibolo, que fue elevado a esta categoría por los parapolíticos- para batallar desde el campo por sus intereses. De allí fueron expulsadas muchas familias campesinas que habían recibido títulos de adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y sus tierras fueron compradas a bajísimos precios por el Tuto Castro y su grupo de testaferros, y legalizadas a quienes ahora se pretenden compradores de buena fe.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les hizo el juego a estos ganaderos  al revocar los títulos de quienes no estaban cultivando su parcela por haber sido desplazados y al re-adjudicar las fincas a los candidatos de Jorge 40, según se comprobó en los computadores de Don Antonio, agente financiero del Bloque Norte.

¿Cuál buena fe?

Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tanto Lafaurie como el procurador Ordóñez protestan porque quienes se opongan de buena fe a la restitución de algún predio reciben el mismo trato de los victimarios porque -al ser invertida la carga de la prueba- tienen que demostrar que lo adquirieron de buena fe exenta de culpa.

Al hacer esa exigencia, la Ley de restitución de tierras buscó precisamente diferenciar a los despojadores de los compradores inocentes de tierras que antes habían sido despojadas por otros desde 1991. A estos últimos les dio el beneficio de recibir una compensación en tierra o dinero equivalente al precio comercial vigente de la tierra, que la Unidad de Restitución debe cancelar si el juez o magistrado ordenan la restitución al despojado.

Este es el meollo del debate que desataron Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena y en Santander. Se trata de decidir si las ventas posteriores a personas que no hicieron parte del conflicto armado pueden sanear las transferencias forzosas y, por tanto, si el despojo puede blanquearse con el alegato de la buena fe de los compradores. Así, la pérdida patrimonial de las víctimas se consolida con estas ventas.

En estricto sentido, se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

La Ley de restitución busca recuperar la propiedad de las tierras despojadas y no juzgar a las personas, pues no hace parte del Código Penal. Una vez se identifican la relación jurídica anterior del reclamante con su predio y las circunstancias de violencia que causaron la pérdida patrimonial de la víctima, se invierte la carga de la prueba en contra de los opositores, que deben demostrar mejor derecho a las tierras que los despojados.

Si no lo hacen, lo que sigue es el restablecimiento del derecho vulnerado mediante la decisión del juez de ordenar la restitución. La disputa judicial por la propiedad, en contextos de conflicto armado, no sigue las reglas de los procesos civiles ordinarios, que versan sobre los requisitos formales que deben cumplir los modos legítimos de adquirir el dominio (como la compraventa, la sucesión, la donación o la prescripción), sino las reglas especiales de justicia transicional que buscan la reparación de las víctimas de despojo forzado.

La esencia de la Ley de restitución es negarles a la violencia, a la coacción armada y a la intimidación la virtud de transferir legalmente la propiedad de la tierra y los inmuebles. Si las transferencias fueron ilegales, quien adquiere las tierras con posterioridad al despojo no compra un verdadero derecho de propiedad sino un pleito de tierras susceptible de revertir al dueño inicial. Ocurre lo mismo que en el mercado de carros o celulares robados.

La única discusión posible es definir si el comprador de lo robado tiene o no derecho a recibir una compensación que le impida la pérdida patrimonial. Allí es donde opera el concepto de la buena fe exenta de culpa, que el legislador puso como condición para tener derecho a la compensación, en virtud de las presunciones de legalidad y buena fe que rigen las transacciones comerciales.

Las “falsas víctimas”

La Ley, además, estableció como requisito para las demandas ante los jueces la inscripción previa de las reclamaciones en el registro de tierras despojadas, para que la Unidad de Restitución estudiara si el reclamante tenía un derecho sobre la tierra, si se trata de la misma parcela y si mediaron circunstancias y hechos de violencia que expliquen la pérdida del derecho de propiedad o la posesión.

Se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, explicó a José Félix Lafaurie, en carta pública del 27 de abril, el tema de las falsas víctimas reclamantes de restitución:

“Sobre las “falsas víctimas” a las que se refiere, debo aclararle que el rigor del proceso ha detectado dos tipologías que resultan en la no inclusión de la reclamación: la primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aun así, intentan defraudar el proceso. Para estos últimos, el Estado aplica  las penas más rigurosas del sistema judicial. La Unidad de Restitución de Tierras ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones”.

De las 48.847 reclamaciones tramitadas por la unidad, por estar en áreas micro-focalizadas por razones de seguridad, han sido resueltas 31.604, de las cuales la mitad han sido incluidas en el registro de tierras despojadas y la mitad excluidas por no cumplir las condiciones previstas en la Ley.

Esta cifra demuestra la eficacia de los filtros usados para impedir que oportunistas quieran hacerse a tierras ajenas por la vía de la restitución y el rigor empleado por la Unidad de Restitución al sustanciar las reclamaciones. A su vez, el 95 por ciento de las sentencias de restitución han favorecido a los reclamantes, lo que demuestra la realidad del despojo.

El proyecto de fondo

Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La verdadera intención de Lafaurie y el precandidato Ordóñez al desatar el debate es asumir la representación de las presuntas víctimas de la restitución, reuniendo manifestaciones de campesinos, para apoyar la reforma a la Ley de restitución presentada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, destacado representante político de los clanes costeños dueños de la tierra.

Esa reforma pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba para los opositores y obligar a que la víctima demuestre que tiene un título pleno e intachable. En otras palabras, quieren convertir la restitución en un proceso civil ordinario de propiedad y reducir a la impotencia la Ley de restitución de tierras.

Por último, resta observar que la Ley 1448 (de reparación y víctimas y restitución de tierras) fue aprobada dos años antes de iniciarse el proceso de paz con las FARC y por tanto no hace parte de los acuerdos con la guerrilla. El gobierno, en la mesa de La Habana, repitió ante las FARC la frase del entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien dijo que “las leyes no se negocian, se cumplen”.

 

*Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

Alvaro Pardo desastre Drummond Razon Publica
Alvaro Pardo
Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.  

Álvaro Pardo

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

Alvaro Pardo desastre Drummond Gary

Gary Drummond, un mediano productor de
carbón en Alabama, Estados Unidos, con
alto vuelo en Colombia.
Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.


Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

  • el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
  • También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
  • En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.
Alvaro Pardo desastre Drummond ambiental
El oneroso contrato de Aporte Minero de
La Loma, que vence en el 2019, arrastra
un enorme historial de irregularidades e
​infracciones a las normas ambientales.
Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado --, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com 

 

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Comentarios  

octavio gomez
+6 # octavio gomez 18-02-2013 19:15
Muy buen artículo. Este es el perirodismo que necesitamos
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jose
+3 # jose 22-02-2013 13:50
no podemos permitirlo, no al saqueo de nuestra tierra
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nelson ronderos
+3 # nelson ronderos 22-02-2013 23:44
Loca motora minera que más temprano que tarde descarrilará la ira popular
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wfg inco
0 # wfg inco 03-03-2013 01:54
No dirijan las acusaciones a los que redactan un contrato, mas bien dirijanse a los que los firman y aceptan.
Tampoco miren a los que no se actuan en contra del ambiente etc... sino a los responsible dentro del pais a hacer cumplir las leyes.....
No miren a los culpables en el extranjero... busquenlos dentro del pais que estan mas cerca.
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Gabriel Rodríguez Ar
+3 # No extraerán suficiente carbón para pagar el daño ambiental y de las playas del caribeGabriel Rodríguez Ar 06-01-2014 17:49
Recientemente tuve la oportunidad de observar la contaminación producida por el carbón desde el Cabo de la Vela hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Una faja de unos 40 metros a lo largo de toda la playa del mar ha cambiado de un azul límpido a un verde opaco mugriento. El sedimento es una mezcla de polvo de carbón algas y arena que producen una superficie gelatinosa y desagradable al contacto con la piel. Ya no es saludable bañarse en unas playas que antaño eran una delicia para los visitantes a la Costa Atlántica. Los daños a la industria del turismo apenas empieza. Es una verdadera vergüenza que los negociadores de los contratos con las multinacionales no prevean los daños que causan esta explotaciones. Los contratos con la Drummon no deben renovarse, ya que es casi imposible su cancelación. Las minas del Cerrejón deben cerrarse para siempre. Pasarán cientos de años para que la naturaleza vuelva a renovar el ambiente sano y sin contaminaciones que hoy existen.

He tratado solo el problema causado a las playas. El daño es mayor en la fauna y la agricultura. La protesta, el grito de indignación debe hacer coro en todas las voces de los habitantes de la región, los mas afectados directamente. Todos los colombianos debemos unirnos en una protesta general contra las multinacionales irresponsables y los políticos que les hacen el juego y venden al país.
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santiago
+1 # pactos leoninossantiago 09-01-2014 12:21
es de vieja data, nuestros recursos son entregados en bandeja a las multinacionales , desde las bananeras de la united fruit, el gobierno colombiano, solo les interesa que sus comilitones ganen millones, para eso esta el ejercito y la policía para poner orden
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FERNANDO ORJUELA
+2 # Que mas van a REGALAR, que horror?FERNANDO ORJUELA 09-01-2014 13:09
Esta es la locomotora Minera que cada dia arruina mas al pais y a su ecosistema.
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t: @OscarOneWorld
0 # No no no not: @OscarOneWorld 09-01-2014 20:20
No no no no me la creo; que inmundo negocio este. Solo sabremos que vivimos en un mundo lleno de errores cuando aprendamos que no se pueden comer billetes, ni tarjetas de crédito ni sembrar frutos con balas. La naturaleza y recursos naturales deben ser la prioridad!!!
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Hernán Gómez H
+1 # Y donde esta el procuradorHernán Gómez H 10-01-2014 01:50
Para esta situación ese malvado procurador por qué no se ha pronunciado? Sería que también invitó a los directivos de la Drummond al casorio de la hija y le enviaron una buena cantidad en la lluvia de sobres. O como casi todo buen conservador, lo domina la doble y la triple moral.... pobre patria boba llena de tan parásitos hijos, unos, asesinos, otros, y come jabón el resto....miseri cordia Mesías de Nazareth, misericordia
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gustavo
+1 # tecnicogustavo 13-01-2014 12:44
Soy un trabajador del sector minero con 25 años de servicio,he vivido toda la lucha por la defensa de la diginida de los trabajadores,la s comunidades el medio ambiente y las respuesta del estado ha sido represion y amangualamiento con las transnacionales.
Pero saben que ojala algun dia de verdad tomaramos todos CONCIENCIA de que nuestro pais no se regala y lo defendieramos. Eligiendo lideres politicos con sentido de pertenencia y dolor de patria
SI A LA NACIONALIZACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALEZ
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David
0 # ¿No era esta compañía...David 14-01-2014 23:55
La que pretendía pagar los gastos de abogado de Uribe en Estados Unidos? ¿Por qué esa colaboración?
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Rafael Escalona T.
0 # An´´alisis de la realidad del carbónRafael Escalona T. 15-01-2014 03:04
A esto se refiere el senador Robledo, cuando dice: "Minería sí, pero no así". Este contrato constituye una afrenta a la soberanía política y económica de la nación. Por donde se mire, la multinacional Drummond es la única ganadora, y lo hace con cara o sello.
Produce indignación la especie de confabulación de nuestros gobernantes y las multinacionales que operan en el país, en contra del interés nacional.
Si hoy hay una sanción, ésta obedece ante todo por la acción de denuncia del Polo y sectores democráticos, antes que a una actitud de dignidad e independencia de Juan Manuel Santos, borrego de las más de 2300 transnacionales que hacen presencia en nuestro territorio patrio.
El daño ambiental causado en las inmediaciones de La Loma-cesar, es de unas dimensiones inimaginables e inconmensurable s. Sólo se tiene idea del fenómeno, cuando se hace presencia en la región y nos adentramos por la vía que conduce a la Jagua de Ibirico. El paisaje ha sido totalmente modificado, con montañas donde antes no las había, ríos y quebradas desaparecidos, como desaparecieron también los cultivos de pan coger, y las costumbres sanas de un pueblo trabajador, en faenas agrícolas y pecuarias.
Nos cambiaron el paisaje y las costumbres. Hoy nuestros paisanos y los venidos de otras regiones, que tienen la oportunidad de laborar en la gran minería, tienen corta vida laboral, bien por la forma de vinculación tercerizada o por los efectos de la sílice que causa estragos en la salud de los trabajadores y pueblos confinados.
Ante ésta tragedia que viven quienes la viven, el Polo es la única fuerza política que ha decidido jugársela al lado de los trabajadores y pobladores de la región; tal vez por ello el senador Jorge Robledo, goza de una amplia acogida en el seno de los trabajadores organizados en Sintramienergét ica y Sintracarbón. Simpatía que muy seguramente le será refrendada al Polo Democrático Alternativo, en cabeza de Robledo y otros compañeros que muy dignamente han optado por colocar sus nombres a consideración de los trabajadores para llevar allí su voz discordante contra todas aquellas políticas que vulneran los derechos laborales del sector minero.
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