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Ya se firmó la paz, ahora ¿cómo se financiará el posconflicto?

Daniel MunévarPese a los cuatro años de negociación, el gobierno no previó, ni reservó, ni buscó los recursos para cumplir lo que estaba acordando. Su proyecto, al revés, es recortar el presupuesto.  Y sin embargo nos dice que vamos hacia una paz estable y duradera.  

Daniel Munévar*

El Presidente Santos llevó al Congreso el texto del Acuerdo Final de los diálogos de paz.

La discusión ausente

Después de cuatro años de negociación, los representantes del gobierno y de las FARC  difundieron este miércoles el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este documento pretende poner punto final a un conflicto de 52 años y ser el punto de partida de una nueva historia para Colombia.

Los retos de esta nueva etapa son enormes, tanto por su variedad como por su complejidad. Pero la atención pública se ha concentrado en temas como la justicia transicional o la participación de los guerrilleros en política, mientras brilla por ausencia una discusión no menos importante: el financiamiento de los acuerdos de paz.

Las obligaciones derivadas del Acuerdo ocupan un lugar secundario

A poco más de un mes del plebiscito para refrendar lo acordado, no se ha dicho de dónde vendrán los recursos para llevar a cabo las numerosas reformas, programas y medidas acordadas, ni la prioridad que tendrán estas partidas  dentro del marco de gasto del Estado colombiano. Y hay razones para preocuparse por la planificación fiscal de los acuerdos de La Habana.

La plata para la paz

Miembros de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria.
Miembros de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. 
Foto: Ministerio de Hacienda

El documento que abre el mayor número de interrogantes sobre esta cuestión es el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016. Este texto, que es la carta de navegación de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, fue publicado hace apenas dos meses (esto es, cuando las autoridades ya estaban en condiciones de prever los nuevos rubros de gasto).

De hecho el Marco incluye un ejercicio de costeo de “la implementación de los acuerdos” Según ese ejercicio, las principales partidas de gasto estarán destinadas a cubrir:

  1. Los costos derivados del fin del conflicto es decir, los de desmovilización, desarme y reintegración de la guerrilla.
  2. Las partidas de inversión, concentradas en los ejes de desarrollo agrario, participación política y erradicación de los cultivos de uso ilícito.  

Del ejercicio incluido en el Marco se pueden resaltar dos elementos:

  • Contrariamente a lo que se sugiere en el título, el texto no contiene ninguna proyección de costos. El “ejercicio” en cuestión se limita a explicar de manera superficial la metodología que el gobierno está utilizando para proyectar las partidas presupuestales asociadas con el Acuerdo, sin dar cifras concretas sobre sus costos proyectados para los próximos años. De esta manera el gobierno desaprovechó una oportunidad excelente para abrir el debate sobre los costos del cumplimiento de los acuerdos en los próximos años.
  • El documento no le da prioridad a las inversiones para la paz. Por el contrario señala que “dada la consolidación fiscal prevista (…) se espera que estas inversiones puedan ser realizadas de manera paulatina dentro de los limites establecidos por la Regla Fiscal”. Esto quiere decir que tanto desde una perspectiva temporal como cuantitativa, las obligaciones derivadas del Acuerdo ocupan un lugar secundario o están subordinadas al cumplimiento de los objetivos fiscales fijados de antemano por la Ley 1473 de 2011.

Aunque es cierto que el financiamiento de los acuerdos debe ser sostenible, dar prioridad al cumplimiento de unas metas fiscales arbitrarias y no tener en cuenta el contexto social y político del país es una muestra preocupante de la miopía del gobierno frente al momento histórico de la paz.

Raspar el barril

Guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Antioquia.
Guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Antioquia.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

Como si el Ministerio de Hacienda no se hubiera enterado de que la aspiración y el compromiso principal del presidente Santos era firmar los acuerdos de paz, su propuesta es reducir el gasto del gobierno nacional del 19 por ciento del PIB en el presente año al 17,9 por ciento en 2026 para poder cumplir las metas de la Regla Fiscal. 

Las consecuencias de esta proyección son claras: las partidas de la paz entrarán a competir peso a peso con los demás componentes del presupuesto nacional, en medio de un proceso de contracción y cuando los principales rubros del gasto se caracterizan por su inflexibilidad. Por ejemplo, para el año 2017, las partidas sobre las cuales el gobierno tiene poco margen de maniobra, como el pago de intereses, salarios y transferencias, representan el 90,6 por ciento del total. De esta manera las únicas partidas que podrían modificarse para abrir espacio a los programas de paz corresponden al presupuesto de inversión, que asciende apenas a un 9, 4 por ciento del total.

Si no hay un cambio drástico en la estrategia fiscal, el gobierno estaría cometiendo el mismo error del padre de familia que, ante problemas económicos, saca a sus hijos del colegio para poder pagar el mercado. Se estaría resolviendo el problema inmediato sin atender las necesidades de largo plazo.

Aunque sea obvia la necesidad de planear con mesura la gestión de los recursos públicos, no es menos evidente que no basta con la simple reorganización marginal del gasto para lograr la “construcción de una paz estable y duradera” que promete el Acuerdo.  

Sin inversión social

Es precisamente en el financiamiento donde se concentran las preocupaciones del gobierno. Tras dos años de espera, se prevé que el Ejecutivo presentará a finales de este año su anunciada “reforma tributaria estructural”.  

Tampoco bastaría con aumentar el gasto público para remediar las secuelas de medio siglo de conflicto

Pero aquí se puede observar de nuevo la falta de visión de largo plazo de la administración Santos. La Comisión de Expertos que convocó este gobierno para estudiar la reforma se propuso como meta la de garantizar un recaudo suficiente para cumplir los objetivos de la Regla Fiscal en el mediano plazo, estabilizando el gasto público en su nivel actual. Además pues de los varios problemas que tiene la propuesta de la Comisión desde el punto de vista de la composición del recaudo, queda la pregunta de por qué los expertos no se ocuparon de pensar o proyectar el financiamiento de la terminación del conflicto y la construcción de la paz.  

Es más: las evaluaciones efectuadas por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) ya habían mostrado que – aun en ausencia de acuerdos con la guerrilla- en Colombia “se requiere aumentar el gasto público como porcentaje del PIB de manera gradual a lo largo del tiempo” para alcanzar las metas de calidad de servicios públicos, infraestructura física y social, y lucha contra la pobreza”.  

Y tampoco bastaría con aumentar el gasto público para remediar las secuelas de medio siglo de conflicto armado. La esperanza que traen los acuerdos es la posibilidad de encaminar la economía hacia un modelo dinámico, incluyente y equitativo que nos traiga “la paz duradera y sostenible”. Esto supone visión de largo plazo y esfuerzo sostenido.

Aunque debemos reconocer que la administración Santos tuvo la visión y la capacidad para llevar a buen puerto las negociaciones de paz, no se puede decir lo mismo sobre los aspectos fiscales del posconflicto. Al fijar metas bajas de recaudo y de gasto, el gobierno puede estar poniendo en riesgo la viabilidad económica de los acuerdos.

Una alternativa ante esta situación podría ser la de crear un presupuesto especial para la paz donde figuren fuentes adicionales de financiamiento y gasto que no se encuentren restringidas por la Regla Fiscal. Si no empezamos a buscar remedios de este tipo, Colombia corre el riesgo de borrar con el codo lo que ha costado tanto trabajo construir en estos últimos cuatro años.

 

* Master en políticas públicas de la U. de Texas en Austin. 

Twitter@danielmunevar

La Iglesia católica frente al Plebiscito

Hermann RodríguezLa jerarquía y el clero han apoyado ciertas ideas, ideologías y partidos políticos a lo largo de la historia colombiana. Pero en esta ocasión la Iglesia está dejando que los católicos voten en conciencia. ¿A qué se debe el cambio de posición? 

Hermann Rodríguez Osorio, S.J.*

El Presidente Santos junto al Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cardenal Marc Ouellet.

¿A favor o en contra?

El próximo 2 de octubre Colombia va a enfrentar una de las encrucijadas más complejas de su historia en el plebiscito donde el constituyente primario aprobará o rechazará el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que el gobierno y las FARC suscribieron el pasado 24 de agosto.

En esta coyuntura histórica, hay quienes piensan que las Iglesias deberían señalar con claridad y vehemencia sus opciones frente a esta votación transcendental para nuestro futuro. Otros ven como un exabrupto el hecho de que los pastores de algunas Iglesias hayan determinado cuál debe ser la dirección del voto de sus fieles.

¿Qué deben hacer o qué han hecho los pastores de la Iglesia católica frente a este asunto? Esta no es una pregunta de poca monta si tenemos en cuenta que cerca del 75 por ciento de la población de Colombia se declara católica. Por lo tanto, una toma de posición oficial de las autoridades de la Iglesia podría inclinar la balanza en una dirección o en la otra.

El 8 de julio de 2016, al terminar la 101ª Asamblea Plenaria de los obispos de Colombia, en el Mensaje Final firmado por el arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal, se dieron algunas orientaciones al respecto, pero que dejan en libertad a los católicos para que voten en conciencia. A la hora de hablar del voto sobre el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, los obispos dejaron abiertas las puertas del sí y las del no:

“Convocamos al pueblo colombiano a participar en la consulta sobre los Acuerdos de La Habana, de manera responsable, con un voto informado y a conciencia, que exprese libremente su opinión, como ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto de lo que la mayoría finalmente determine”.

¿Por qué los obispos de Colombia -que en otros temas suelen ser más concretos en sus orientaciones a la comunidad católica- no toman una posición definitiva sobre el plebiscito? ¿Se trata de una prueba de que dentro del episcopado hay posiciones divergentes en lo que tiene que ver con los acuerdos de La Habana? ¿Esta posición de los obispos es un distanciamiento consciente y explícito de un modelo de Iglesia donde se mezclaban las razones religiosas con las políticas?

Tratádose de un plebiscito que no es partidista sino que consulta al pueblo sobre la aceptación o no de unos acuerdos que se han ido construyendo a lo largo de cuatro años de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, ¿no deberían los obispos tomar una postura a favor de la paz que cierre el espacio a posiciones guerreristas y violentas que van en contra de la moral católica?

Por ejemplo el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, dio unas declaraciones que desataron la ira de quienes van a votar en contra del Acuerdo de paz: “Todo ciudadano honesto dará su voto por el sí” afirmó Monsalve en una entrevista de hace pocos días. Las respuestas y los reclamos no se hicieron esperar y la confrontación pareció polarizarse todavía más.

La Iglesia y la política

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
El Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
Foto: Wikimedia Commons

La historia de Colombia está marcada por una relación a veces muy estrecha entre la Iglesia católica y alguno de los partidos políticos tradicionales. Por ejemplo hacen parte de las causas de la violencia de Colombia las declaraciones de obispos, como el de Santa Rosa de Osos, monseñor Miguel Ángel Builes, quien en 1931 afirmó que el liberalismo era “esencialmente malo”. También se recuerdan las posturas de monseñor Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, y canonizado por Juan Pablo II, que en el año 1901 expresaba su desacuerdo con posiciones tolerantes ante los enemigos de Jesucristo:

“Esos católicos tolerantes, condescendientes, blandos, dulces, amables en extremo con los masones y furiosos enemigos de Jesucristo, guardan todo su mal humor para los que gritan ¡viva la Religión! y la defienden sufriendo continuas penalidades y exponiendo sus vidas. Para ellos estos últimos son exagerados e imprudentes, que todo lo comprometen, con perjuicio de los intereses de la Iglesia”.

Estos compromisos de la Iglesia a favor de un partido y en contra de otros son hoy motivo de crítica severa por parte de la gran mayoría de los obispos. Hoy los líderes de la Iglesia no quieren limitar la libertad de los católicos en las decisones que deben tomar en conciencia, pero piden, eso sí, que se informen suficientemente bien y busquen de modo claro el cese de la violencia que ha marcado las relaciones políticas de Colombia en los últimos 60 años.

La pregunta no es si estamos de acuerdo con la guerra o con la paz. La pregunta del plebiscito, que en pocos días será divulgada, se refiere a la postura frente a los acuerdos de paz que se han firmado en La Habana.

Seguir buscando la paz

Víctimas del conflicto armado marchan por la paz en Quibdó, capital del Chocó.
Víctimas del conflicto armado marchan por la paz en Quibdó, capital del Chocó.
Foto: Unidad para las Víctimas

Dicho lo anterior, van quedando claras dos cosas en medio de esta discusión:

  1. Los católicos no tienen la obligación religiosa de votar por el sí o por el no, como una imposición proveniente de la autoridad legítima de la Iglesia, que representan los obispos. Y esto, más que una limitación, debería ser un motivo de orgullo y beneplácito, porque estamos comenzando a superar una etapa de la Iglesia cuando  los obispos sentían la obligación de señalar a sus hermanos la dirección de sus decisiones en el ámbito político.

En cierto sentido, hay un reclamo de los creyentes para que se les reconozca su mayoría de edad y se respete su obligación de tomar decisiones en el mundo de la política, regidos por los principios cristianos, pero aferrados a su propia conciencia y no al mandato del obispo.

  1. Los argumentos que los obispos de Colombia han querido proponer a los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad están orientados a buscar fundamentalmente el bien común, sin parcializaciones o polarizaciones partidistas, como queda claro en el Mensaje Final de la 101ª asamblea plenaria del mes de julio de 2016, antes citado:

“A este punto, conviene que se tenga presente que la política tiene como tarea el bien común y que la paz social es la mayor conquista de esa tarea; justamente por ello no puede ser politizada ni instrumentalizada, convirtiéndose en causa de polarización”.

La paz social es la mayor conquista de la política y la tendremos que seguir buscando sea cual sea el resultado del plebiscito, como un imperativo ético que trasciende las distintas posiciones religiosas y políticas de los colombianos. Tenemos que aprender a aceptarnos y reconocernos en nuestras diferencias sin estigmatizaciones o descalificaciones que alimentan de alguna manera la violencia que queremos erradicar.

Tal vez esta es la postura más novedosa que la Iglesia ha querido proponer en su pronunciamiento del 25 de agosto de 2016, frente a la firma de los acuerdos en La Habana:

“Entramos en una etapa de debate sobre los acuerdos, por tanto invitamos a los líderes políticos, organizaciones ciudadanas, responsables y animadores de los medios de comunicación y al pueblo colombiano en general a promover una reflexión serena, en clima de diálogo y respeto, animada en todo momento por el compromiso con la construcción de la paz, pensando siempre en el bien del país, por encima de intereses sectoriales o particulares”.

Los expertos en procesos de paz afirman que la única forma de satisfacer el dolor de las víctimas es recociendo la verdad, haciendo justicia, ofreciendo reparación y dando garantías de no repetición. Habría que añadir que todo este ciclo de violencias solo se cerrará cuando los colombianos decidamos perdonarnos los unos a los otros y nos comprometamos con la construcción de un país donde haya respeto y tolerancia por el que piensa distinto. Y este proceso comienza ya.

 

* Licenciado en Filosofía y magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad Javeriana,  Doctor en Teología de la Universidad Comillas de Madrid, director del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios (CIRE) y profesor asociado de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los problemas de la economía colombiana: desequilibrio externo y desigualdad

Mauricio CabreraCómo y por qué el país se abrió a las importaciones pero no aumentó sus exportaciones, cómo y por qué se ha mantenido una de las peores distribuciones  de riqueza e ingresos en América Latina. Dos desafíos de fondo para el posconflicto.    

Mauricio Cabrera Galvis*

Comuna Noroccidental de Medellín.

Grandes desafíos

Los dos mayores desafíos económicos de Colombia son el de  eliminar el cuantioso desequilibrio externo y el de reducir la gran desigualdad en la distribución del ingreso y  la riqueza. El déficit fiscal también es un problema, pero este es producto de la caída de las exportaciones.

En el contexto de América Latina, Colombia tiene el vergonzoso honor de ser el campeón del desequilibrio externo, pues es el país con el mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (CCBP). También es el subcampeón suramericano de la desigualdad.

Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad.

La balanza comercial de Colombia (diferencia entre lo que importa y exporta una país) mostró un saldo negativo de 16.000 millones de dólares el año pasado, equivalente al 5,5 por ciento del PIB. México en cambio tuvo un déficit del 1 por ciento y Brasil un superávit de 0,8 por ciento del PIB. Si a esto se agrega el saldo del comercio de servicios, el de los intereses pagados y recibidos del exterior y los dividendos girados a los inversionistas extranjeros, se entiende el saldo de la CCBP, que el año pasado significó un déficit del 6,2 por ciento del PIB. Otro record regional.

En materia de distribución del ingreso, Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad con un Gini de 0,536, superado tan solo por Brasil.

La apertura hacia adentro

Con la administración de César Gaviria (1990 - 1994) se pasó de un superávit externo a un déficit de 7,3% del PIB
Con la administración de César Gaviria (1990 - 1994) se pasó de un superávit externo a un déficit de 7,3% del PIB
Foto: OEA - OAS

El déficit de comercio exterior es preocupante porque en 2014 este fue de “solo” 6.300 millones de dólares, y porque desde la gran recesión de 1999 Colombia siempre había tenido superávit comercial, con la única excepción del año 2007.

Este desbalance externo se ha explicado por el derrumbe de los precios del petróleo y el carbón. Pero la causa no son solo los ingresos por combustibles, porque en el año también disminuyeron las exportaciones del sector agrícola (-5,6 por ciento) y las de manufacturas (-11 por ciento). Además, la caída de las exportaciones es solo la explicación coyuntural del problema.

La causa estructural son las políticas de apertura hacia adentro que desde comienzos de los años noventa multiplicaron el valor de las importaciones. El modelo de desarrollo colombiano siguió los lineamientos neoliberales de la apertura a ultranza bajo el llamado Consenso de Washington: para crecer hay que exportar más (hasta ahí todo bien), para que aumenten las exportaciones hay que importar más, y para lograrlo hay que bajar aranceles y quitar todas las barreras que impiden la libre entrada de bienes del exterior.

Aunque la economía colombiana empezó a abrirse desde los años ochenta, fue durante el siglo XXI cuando se dio un proceso continuo y sostenido de apertura: en 2000 el comercio exterior representaba el 31,5 por ciento del PIB, y en 2014 llegó al 45,2 por ciento. Pocos países pueden mostrar una apertura tan rápida de sus economías.

Pero lo que hizo Colombia fue una “apertura hacia adentro”: la primera parte de la receta se cumplió con creces y las importaciones casi que duplicaron su participación en el PIB, al pasar de 15,4 a 29,4 por ciento. Este crecimiento ni siquiera se frenó con la devaluación de los dos últimos años.

La apertura hacia adentro

La apertura hacia adentro

Fuente: DANE

Pero el aumento de las exportaciones que seguiría al aumento de las importaciones nunca llegó. Por el contrario, su participación se mantuvo prácticamente constante alrededor del 16 por ciento del PIB en estos 15 años, e inclusive disminuyó durante los dos últimos.

El resultado no ha sido bueno: no solo fracasó la receta de importar más para exportar más, sino que el desequilibrio externo se amplió y el crecimiento se frenó. Aunque esta tendencia fue general en toda la región, la desaceleración económica en Colombia fue más pronunciada, al bajar de 5,1 a 3,8 por ciento entre los dos sub-períodos, así:

Crecimiento y volatilidad del PIB

Además, la desprotección a la producción nacional, agravada con la funesta revaluación del peso produjo un proceso de desindustrialización y estancamiento de la agricultura, sectores que hasta 2013 prácticamente no generaron nuevos empleos y crecieron mucho menos que el resto de la economía: mientras en una década el PIB aumentó 51 por ciento, la producción industrial solo lo hizo en 32 por ciento y la agrícola lo hizo en 14 por ciento.

Ahora que acabó la fiesta de la bonanza petrolera se ha hecho evidente la alta vulnerabilidad externa de Colombia. Hasta el momento no se ha registrado una crisis externa porque a pesar del tamaño de la brecha, esta ha sido financiada con ingresos de capital, pero no hay ninguna garantía de que en el futuro siga habiendo flujos de la misma magnitud (inclusive ya hay signos de que están disminuyendo).

El desafío de la igualdad

El índice de pobreza en Bogotá es del 10%.
El índice de pobreza en Bogotá es del 10%.
Foto: Wikimedia Commons

La apertura hacia adentro de los años noventa aumentó la pobreza rural y amplió la brecha de ingresos con la ciudad. Al mismo tiempo, en las ciudades se amplió la diferencia entre los ingresos de los profesionales y de los trabajadores calificados frente al de los informales, lo cual deterioró la distribución del ingreso y elevó el Gini urbano de 0,49 a 0,57.

El aumento del gasto social impulsado por la Constitución de 1991 contribuyó a disminuir el nivel general de pobreza, hasta que la recesión de 1999 y el grave aumento del desempleo hicieron que la población pobre pasara del 49 por ciento al 57 por ciento, y los indigentes pasaran de 15 a 25 por ciento.

Fracasó la receta de importar más para exportar más.

Al salir de la crisis, con la paulatina reducción del desempleo hasta el 11 por ciento, -que siguió siendo el más alto de Latinoamérica- y el continuo incremento del gasto público social, los indicadores fueron mejorando hasta que al final de la década pasada el porcentaje de pobres estaba en el 40 por ciento y el de indigentes al 15 por ciento. Pero no sucedió lo mismo con la desigualdad, pues después de mejorar un poco, para 2009 el índice Gini había vuelto a 0,57.

Entre 2010 y 2015 hubo avances importantes:

  • 2,8 millones de colombianos consiguieron trabajo y la tasa de desempleo bajó a un dígito (8,3 por ciento);
  • 4 millones de personas salieron de la situación de pobreza,
  • 2,2 millones salieron de la pobreza extrema o indigencia.

Por esto los índices de pobreza e indigencia han disminuido hasta 28,2 y 7,9 por ciento respectivamente. También ha mejorado el acceso a los servicios de salud, que hoy llegan al 92,8 por ciento de los colombianos.

A pesar de estos avances, Colombia sigue muy lejos de los niveles de protección social alcanzados por los países del Cono Sur, y todavía tiene grandes retos en esta materia. Menciono tres de los más importantes:

  1. Disminuir la informalidad en el mercado de trabajo. Un millón de los nuevos empleos creados en el quinquenio fueron informales. Del total de trabajadores colombianos, el 58,7 por ciento están en la informalidad, es decir, no tienen un contrato de trabajo estable y con prestaciones sociales, que corresponda a lo que la Organización Internación del Trabajo denomina “trabajo decente”.
  2. Ampliar la cobertura de las  pensiones. En la actualidad solo el 35 por ciento de los colombianos están afiliados a los sistemas públicos o privados de pensiones, y se estima que solo una de cada cinco personas podrá contar con una pensión en su vejez.
  3. Finalmente, Colombia es un país con enormes diferencias territoriales, entre su capital Bogotá (que clasificaría como ciudad del primer mundo) y regiones como la Costa Pacífica (con niveles de pobreza similares al Subsahara africano). Por ejemplo, mientras en Bogotá la pobreza afecta al 10 por ciento de la población, en los departamentos de la Costa Atlántica esta se extiende al 41 por ciento y en la Costa Pacífica al 50 por ciento de los habitantes.

El mayor desafío que enfrenta Colombia en materia social es disminuir la concentración del ingreso y de la riqueza. El Plan de Desarrollo del actual gobierno tiene como meta bajar el índice Gini del ingreso de 0,54 a 0,52 y para ello fórmula estrategias para reducir las grandes disparidades entre las distintas regiones del país.

Pero el Plan es insuficiente porque limita sus metas a la distribución del ingreso y no menciona para nada el más grave problema de concentración de la riqueza (tierra, propiedad raíz y activos financieros). Dos indicadores muestran la gravedad de esta situación:

  • El Gini de la distribución de propiedad de la tierra rural pasó de 0,87 a 0,86. Hoy 2.313 propietarios (el 0,06 por ciento) son dueños del 53,5 por ciento de la tierra disponible en Colombia.
  • Más escandalosa es la concentración del ahorro financiero: según datos oficiales 8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en bancos, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorro. Como consecuencia, el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes.

Colombia lucha por conquistar la paz y pronto podrá lograr que termine el conflicto armado y se silencien los fusiles, pero para construir una paz duradera debe cumplir el aforismo latino: si quieres la paz cultiva la justicia.

 

* Consultor y analista político del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

Alvaro Pardo desastre Drummond Razon Publica
Alvaro Pardo
Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.  

Álvaro Pardo

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

Alvaro Pardo desastre Drummond Gary

Gary Drummond, un mediano productor de
carbón en Alabama, Estados Unidos, con
alto vuelo en Colombia.
Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.


Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

  • el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
  • También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
  • En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.
Alvaro Pardo desastre Drummond ambiental
El oneroso contrato de Aporte Minero de
La Loma, que vence en el 2019, arrastra
un enorme historial de irregularidades e
​infracciones a las normas ambientales.
Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado --, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com 

 

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Comentarios  

octavio gomez
+6 # octavio gomez 18-02-2013 19:15
Muy buen artículo. Este es el perirodismo que necesitamos
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jose
+3 # jose 22-02-2013 13:50
no podemos permitirlo, no al saqueo de nuestra tierra
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nelson ronderos
+3 # nelson ronderos 22-02-2013 23:44
Loca motora minera que más temprano que tarde descarrilará la ira popular
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wfg inco
0 # wfg inco 03-03-2013 01:54
No dirijan las acusaciones a los que redactan un contrato, mas bien dirijanse a los que los firman y aceptan.
Tampoco miren a los que no se actuan en contra del ambiente etc... sino a los responsible dentro del pais a hacer cumplir las leyes.....
No miren a los culpables en el extranjero... busquenlos dentro del pais que estan mas cerca.
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Gabriel Rodríguez Ar
+3 # No extraerán suficiente carbón para pagar el daño ambiental y de las playas del caribeGabriel Rodríguez Ar 06-01-2014 17:49
Recientemente tuve la oportunidad de observar la contaminación producida por el carbón desde el Cabo de la Vela hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Una faja de unos 40 metros a lo largo de toda la playa del mar ha cambiado de un azul límpido a un verde opaco mugriento. El sedimento es una mezcla de polvo de carbón algas y arena que producen una superficie gelatinosa y desagradable al contacto con la piel. Ya no es saludable bañarse en unas playas que antaño eran una delicia para los visitantes a la Costa Atlántica. Los daños a la industria del turismo apenas empieza. Es una verdadera vergüenza que los negociadores de los contratos con las multinacionales no prevean los daños que causan esta explotaciones. Los contratos con la Drummon no deben renovarse, ya que es casi imposible su cancelación. Las minas del Cerrejón deben cerrarse para siempre. Pasarán cientos de años para que la naturaleza vuelva a renovar el ambiente sano y sin contaminaciones que hoy existen.

He tratado solo el problema causado a las playas. El daño es mayor en la fauna y la agricultura. La protesta, el grito de indignación debe hacer coro en todas las voces de los habitantes de la región, los mas afectados directamente. Todos los colombianos debemos unirnos en una protesta general contra las multinacionales irresponsables y los políticos que les hacen el juego y venden al país.
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santiago
+1 # pactos leoninossantiago 09-01-2014 12:21
es de vieja data, nuestros recursos son entregados en bandeja a las multinacionales , desde las bananeras de la united fruit, el gobierno colombiano, solo les interesa que sus comilitones ganen millones, para eso esta el ejercito y la policía para poner orden
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FERNANDO ORJUELA
+2 # Que mas van a REGALAR, que horror?FERNANDO ORJUELA 09-01-2014 13:09
Esta es la locomotora Minera que cada dia arruina mas al pais y a su ecosistema.
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t: @OscarOneWorld
0 # No no no not: @OscarOneWorld 09-01-2014 20:20
No no no no me la creo; que inmundo negocio este. Solo sabremos que vivimos en un mundo lleno de errores cuando aprendamos que no se pueden comer billetes, ni tarjetas de crédito ni sembrar frutos con balas. La naturaleza y recursos naturales deben ser la prioridad!!!
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Hernán Gómez H
+1 # Y donde esta el procuradorHernán Gómez H 10-01-2014 01:50
Para esta situación ese malvado procurador por qué no se ha pronunciado? Sería que también invitó a los directivos de la Drummond al casorio de la hija y le enviaron una buena cantidad en la lluvia de sobres. O como casi todo buen conservador, lo domina la doble y la triple moral.... pobre patria boba llena de tan parásitos hijos, unos, asesinos, otros, y come jabón el resto....miseri cordia Mesías de Nazareth, misericordia
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gustavo
+1 # tecnicogustavo 13-01-2014 12:44
Soy un trabajador del sector minero con 25 años de servicio,he vivido toda la lucha por la defensa de la diginida de los trabajadores,la s comunidades el medio ambiente y las respuesta del estado ha sido represion y amangualamiento con las transnacionales.
Pero saben que ojala algun dia de verdad tomaramos todos CONCIENCIA de que nuestro pais no se regala y lo defendieramos. Eligiendo lideres politicos con sentido de pertenencia y dolor de patria
SI A LA NACIONALIZACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALEZ
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David
0 # ¿No era esta compañía...David 14-01-2014 23:55
La que pretendía pagar los gastos de abogado de Uribe en Estados Unidos? ¿Por qué esa colaboración?
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Rafael Escalona T.
0 # An´´alisis de la realidad del carbónRafael Escalona T. 15-01-2014 03:04
A esto se refiere el senador Robledo, cuando dice: "Minería sí, pero no así". Este contrato constituye una afrenta a la soberanía política y económica de la nación. Por donde se mire, la multinacional Drummond es la única ganadora, y lo hace con cara o sello.
Produce indignación la especie de confabulación de nuestros gobernantes y las multinacionales que operan en el país, en contra del interés nacional.
Si hoy hay una sanción, ésta obedece ante todo por la acción de denuncia del Polo y sectores democráticos, antes que a una actitud de dignidad e independencia de Juan Manuel Santos, borrego de las más de 2300 transnacionales que hacen presencia en nuestro territorio patrio.
El daño ambiental causado en las inmediaciones de La Loma-cesar, es de unas dimensiones inimaginables e inconmensurable s. Sólo se tiene idea del fenómeno, cuando se hace presencia en la región y nos adentramos por la vía que conduce a la Jagua de Ibirico. El paisaje ha sido totalmente modificado, con montañas donde antes no las había, ríos y quebradas desaparecidos, como desaparecieron también los cultivos de pan coger, y las costumbres sanas de un pueblo trabajador, en faenas agrícolas y pecuarias.
Nos cambiaron el paisaje y las costumbres. Hoy nuestros paisanos y los venidos de otras regiones, que tienen la oportunidad de laborar en la gran minería, tienen corta vida laboral, bien por la forma de vinculación tercerizada o por los efectos de la sílice que causa estragos en la salud de los trabajadores y pueblos confinados.
Ante ésta tragedia que viven quienes la viven, el Polo es la única fuerza política que ha decidido jugársela al lado de los trabajadores y pobladores de la región; tal vez por ello el senador Jorge Robledo, goza de una amplia acogida en el seno de los trabajadores organizados en Sintramienergét ica y Sintracarbón. Simpatía que muy seguramente le será refrendada al Polo Democrático Alternativo, en cabeza de Robledo y otros compañeros que muy dignamente han optado por colocar sus nombres a consideración de los trabajadores para llevar allí su voz discordante contra todas aquellas políticas que vulneran los derechos laborales del sector minero.
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