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El secuestro de Salud Hernández: perdió el periodismo

Omar RincónMás allá del escándalo y de sus implicaciones políticas, el secuestro de la periodista española reveló la dudosa calidad de este oficio en Colombia. ¿En qué consisten esos males?  ¿Cuál es el periodismo que en realidad necesitamos?

Omar Rincón*

La periodista española Salud Hernández-Mora.

La historia

El secuestro de la periodista Salud Hernández -que tuvo final feliz pero fue un banquete para los políticos y opinadores fanáticos del odio- exige pensar sobre el periodismo que hacemos en esta Colombia del siglo XXI.

La noticia fue avanzando por etapas: la periodista Salud Hernández ha desaparecido, después retenida y por último secuestrada. El final fue feliz, pues Salud Hernández fue dejada en libertad y justo a tiempo para que viera a su gran ídolo (el Real Madrid) en la final de la Champions. La ironía tremenda: una luchadora contra el drama del secuestro que acaba siendo secuestrada.

El suceso además dejó en evidencia una verdad incómoda: el Estado no controla el territorio, la Colombia profunda vive una realidad distinta de la del gobierno y de la de los de periodistas, expertos y políticos en Bogotá. También dejó una constancia política: el ELN lleva tanto tiempo fuera de política que todo lo que hace atenta contra los deseos de paz de los colombianos.

El debate político está al gusto de los iracundos de Bogotá. Mientras el innombrable dice que la patria se defiende a plomo, el jefe de las FARC dice que “que el secuestro debe terminar”. Ironías del destino.

Y en medio de todo esto, la opinión pública, que cada vez es menos pública y más de fanáticos o ultra-fanáticos, le hace matoneo al que piense siquiera un poco distinto. Por eso hay que cuidar cada adjetivo u opinión matizada que se haga. Ricardo Silva Romero lo describió muy bien: “Cuidado: no diga “secuestro” porque es “facho”, ni “retención” porque es “mamerto”, ni “desaparición” porque es estar del lado del Gobierno”.

En esta semana de opinión y goce morboso, lo que poco hubo es lo que poco hay en Colombia: periodismo. Y este caso trata sobre el periodismo. La persona secuestrada fue una periodista que estaba haciendo su oficio en el terreno (como recomiendan los viejos maestros) y que por hacer su oficio fue secuestrada. El que perdió fue el periodismo. Y cuando pierde el periodismo pierde la democracia. Entonces, vamos al periodismo.

El periodismo

Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.
Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hacer periodismo tiene reglas muy simples. Se trata de contar realidades. Y para contarlas hay que hacer reportería. Y para hacer reportería hay que ir al terreno, hablar con la gente, oler los miedos, sentir las desgracias, oir las voces que cuenten desde y en la realidad.

Luego, todo eso tiene que contarse con una mirada propia, que no es la del “yo opino” sino la del  “yo comprendo y explico”. Y en medio de todo esto debe haber contexto y buen lenguaje. Eso es el periodismo, y eso lo ha venido haciendo bien Salud Hernández: va a las realidades, las siente, habla, cuenta y explica. Y tiene punto de vista, mirada propia.

“Yo siempre he sido imprudente, yo creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente si no lo es, el 70 % de las cosas no las conseguiríamos pero es una imprudencia relativa porque para mí el Catatumbo tampoco es nuevo”, contó la periodista liberada.

El periodismo en Colombia

Aquí aparece el asunto para pensar: si el periodismo es así de simple, ¿por qué en Colombia se hace tan mal periodismo? He aquí algunas razones que devela el caso de Salud Hernández:

  1. Los periodistas ya saben que no se puede ir al país de verdad. Por experiencia propia sabemos que solo se puede hacer reportería desde las seguras cabinas de radio, vía celular o en los restaurantes elegantes de la ciudad. Pero esto habla mal del periodismo que hacemos y del país que tenemos, ya que demuestra debilidad en el oficio y debilidad del Estado para legitimarse en el territorio.
  2. El país de verdad no importa. El periodismo está tan embelesado con su propia imagen, que hoy son más importantes los que opinan sin conocer a fondo que los que hacen reportería y habitan los territorios donde la guerra, la corrupción, el cinismo de los políticos y el abandono Estatal es de no creer.

Para ir al territorio hay que investigar, contactar, estudiar, diversificar las voces. Y eso no se puede hacer en este “nuevo periodismo” del “en vivo”, “en directo”, “último minuto” y “en desarrollo”. Para este tipo de periodismo solo queda la carroña del dolor, el sensacionalismo de la sangre y el odio de frase fácil y respuesta huidiza. Por eso triunfa el matoncito de calle bogotana, el tuit furioso y odiador, y la mentira de fuente con poder.

Tener mirada propia es un problema
  1. Tener mirada propia es un problema. Se supone que Salud Hernández tiene una mirada propia: no le gusta y no comparte lo que hacen las guerrillas, pero tampoco lo que hace la justicia, lo que negocia el gobierno. Eso no es objetividad sino algo mejor: transparencia. Por eso no se escuda detrás del parapeto de la objetividad. Ella dice desde dónde mira, pero como es periodista y no odiadora profesional, le pone datos, historias, contextos y testimonios a su mirada.

Y eso es el buen periodismo: una mirada comprometida con la realidad y la democracia que se fundamenta en fuentes diversas y plurales, datos, documentos, voces, testimonios, historias y realidades. Y todos los periodistas colombianos tienen miradas propias (y algunos tienen también intereses propios).

  1. El buen periodismo está amenazado… y secuestrado. Hacer periodismo de calidad en Colombia es difícil. Tiene muchas amenazas: no se puede ir a la realidad; solo se debe informar con la voz del amo (fuente, dueño del medio, poder de turno). Cuando se denuncia, el implicado agrede al periodista con adjetivos denigrantes pero no responde con datos, documentos o explicaciones. Ante la verdad periodística, se judicializa el oficio y se amedrenta con demandas que ponen al periodista a defenderse por hacer su oficio.

El negocio, que dice que los medios ya no sirven como están, se ha dedicado al sensacionalismo, al deporte y la farándula porque no hay plata para el periodismo de investigación (se prefiere a un anunciante contento que a una sociedad informada).

A los periodistas que investigan se les persigue a través de emails, panfletos, chuzadas y agresiones que muchas veces vienen de las “fuerzas del bien” (políticos, empresarios, anunciantes, gobiernos) pro también vienen de los dueños del mal (corruptos, caciques regionales, mafiosos, guerrilleros, narcos, delincuentes). En este contexto, es muy difícil hacer buen periodismo. El periodismo de calidad está secuestrado.

El periodismo que necesitamos

La periodista Juanita León García.
La periodista Juanita León García.
Foto: Wikimedia Commons

El secuestro y liberación de la periodista Hernández debe llevarnos a repensar el periodismo. Aquí hay algunas reflexiones al respecto.

Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. 
  1. Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. En toda América Latina las mujeres están demostrando que hacen mejor periodismo y con más compromiso que los hombres. En Colombia uno puede decir que los periodistas que han hecho los relatos más diversos, plurales e independientes han sido mujeres: Salud Hernández, María Teresa Ronderos, Juanita León, Marta Ruíz, Margarita Martínez, Yolanda Ruíz, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo, Patricia Nieto, Gina Morelo, Marisol Gómez, Alejandra de Vengoechea, Claudia Morales… y podríamos seguir. El periodismo de calidad tiene mirada y responsabilidad pública de mujeres.
  2. Urge que el periodismo incluya más modos de ser Colombia en sus notas, informes y relatos. Debemos desmovilizar a los odiadores, a los expertos, a los académicos, a los políticos, a los gobernantes; silenciar las balas de los tuiteros del odio, y meter más maneras de ser Colombia en nuestras historias: esas del territorio donde la guerra ha habitado y, sin embargo, han seguido adelante ganándole dignidad a la vida.
  3. Hay que exigir los mínimos periodísticos. Por favor, señor periodista, antes de pasar un tuit o un dato o una fuente (así sea muy importante), haga su oficio: mire si es verdad, contextualice, dé datos, busque otras fuentes. Para divulgar tuits no se necesita ser periodista. Por favor, pregunte y joda y haga que se responda lo que se pregunta. Recuerde que los periodistas no estamos para que nos amen, estamos para que nos tengan respeto por somos autónomos. Si quiere que lo quieran, este no es su oficio.
  4. Se necesita periodismo de matices y grises. Dejemos de hacer periodismo de buenos y malos, de equlibristas: una fuente de aquí y otra de allá. Las realidades son más ambiguas y porosas, exigen que pensemos y le pongamos matices, dudas y procesos. No juguemos al bueno y el malo, apostemos por comprender y contextualizar. Recuerde que las claves éticas del periodismo son: diversidad, pluralidad, independencia y autonomía.
  5. Falta periodismo con conciencia. Juliana Villabona, una de mis estudiantes en la Universidad de los Andes, que no es periodista, nos hace pensar cuando escribe: “El oficio del periodismo observa a la vez que es observado, y una vez deposita su mirada en algo, aquello la devuelve reflejada, refractada y proyectada. El periodista, que es humano, hace espacio para su propia conciencia a la vez que refuerza la de otros. El periodista es el que depura, quien afina, es el curador de la moral, de lo visible, y también de lo invisible”.

A los periodistas nos observan, pero nuestro oficio es esencial para la democracia, por eso no podemos renunciar a hacer periodismo de calidad, a producir periodismo con conciencia.

*Director de la maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. orincon61@hotmail.com

 

¿Por qué sigue atornillado el régimen en Venezuela?

Francesca RamosA pesar de la grave crisis el gobierno de Maduro sigue teniendo una popularidad del 26,7% muy cercana a la de Santos. ¿Cómo lo hizo?  

Francesca Ramos Pismataro*

Venta de víveres básicos en una calle de Caracas, Venezuela

No existe el tal autogolpe

La crisis en Venezuela se profundiza y no se ha dado ningún cambio de rumbo económico por parte del gobierno. Además, con los bajos precios del petróleo no se ve ninguna perspectiva de mejora. Los problemas se han acumulado y esto ha hecho pensar que la situación no aguanta más.

Mientras tanto las acciones de los que ejercen el poder parecen orientadas a impedir que otros puedan oponer resistencia. Lo más reciente fue el presunto “autogolpe” de Nicolás Maduro con el decreto de estado de excepción para poder ejercer un control total.  

Sin embargo no parece correcto  hablar de un “autogolpe” -como lo han hecho casi todos los medios  de comunicación-. A lo largo de los años el chavismo se ha dedicado a transformar las instituciones venezolanas para acumular poder de manera sistemática y  no apenas coyuntural. Y es a este poder arraigado al que piensa acudir en una situación como la actual, de aguda crisis económica, social y presión de la oposición para hacer un referendo revocatorio.

Los cambios institucionales que ha hecho el chavismo le han permitido afianzar un andamiaje al servicio de los designios del Ejecutivo, dentro del cual están cooptados todos los demás poderes públicos - con la única excepción de la Asamblea Nacional-.  

Pero el chavismo siempre cuidó sus maneras: buscó, y hasta cierto punto logró ser identificado como un proyecto revolucionario, pero no dictatorial. Y aunque la Asamblea fue tomada por la oposición, con el control de los otros poderes el Ejecutivo la neutraliza, la minimiza y le quita el poder.

Desde el punto de vista ideológico, la oposición de la Asamblea al proyecto revolucionario le sirve al régimen para mantener la confrontación que lo ha caracterizado. No existe proceso revolucionario sin enemigos poderosos, nacionales o internacionales, y en el caso de Venezuela, el gobierno puede ligar esta oposición con Estados Unidos.

Los militares

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles..
Foto: ICP Colombia

Además, los 17 años de gobierno le han permitido al chavismo tener una cúpula militar politizada. Desde el comienzo de su mandato, Hugo Chávez consideró a los militares como un actor fundamental en su proyecto político y sus acciones siempre fueron consecuentes con esta visión. Los militares han estado involucrados en políticas y programas emblemáticos del gobierno desde el inicio y, por tanto, ya hacen parte del poder político.

El poder de los militares ha aumentado bajo el gobierno de Maduro,  seguramente porque él no es uno de ellos y los necesita para mantenerse en el poder. Aunque durante la presidencia de Chávez, los militares activos o en retiro siempre hicieron presencia en los distintos estamentos del gobierno y del Estado, con Maduro su presencia ha aumentado aún más.

Por ejemplo, el 29 por ciento del gabinete ministerial actual tiene origen militar. Entre ellos hay figuras que ocupan carteras estratégicas como el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Control de la Presidencia, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Alimentación, Producción Agrícola y Tierras, Pesca y Agricultura, Vivienda, Energía Eléctrica, Defensa y Fronteras. Todos estos son despachos relacionados con las soluciones que Venezuela necesita para enfrentar la grave crisis de desabastecimiento, electricidad e inseguridad que afecta a los venezolanos.

Pero además de ocupar espacios de poder político, los militares tienen espacios económicos. Por ejemplo, hace poco, el gobierno les creó una empresa que tiene entre sus actividades la exploración y explotación de recursos petroleros, gasíferos y minerales.

Por eso, los militares que tienen intereses en el gobierno le apuestan al mantenimiento del statu quo mientras esperan que no haya una situación de gran violencia. Unido a todo esto, el control militar se ha hecho efectivo en las calles con la creación y desarrollo de milicias involucradas en la defensa y el orden público.

En este contexto, la expedición del decreto de estado excepción le da tiempo al gobierno para controlar las posibles protestas, manejar el presupuesto sin la participación de la Asamblea y por último - que es lo más importante en este momento-, postergar el referendo revocatorio.

¿Qué puede pasar?

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto: OEA - OAS

La situación que he presentado hasta aquí podría llevar a pensar que el chavismo ha tenido el poder, lo tiene, y no hay modo de que las cosas cambien. Sin embargo esto nunca ha sido cierto para ningún régimen político.

Es claro sí, que el chavismo ha consolidado una base de apoyo popular que envidiaría cualquier mandatario latinoamericano. Por ejemplo la imagen positiva de Juan Manuel Santos en la última encuesta fue del 30 por ciento, mientras el país sigue creciendo y hay todo tipo de libertades. Por su parte, la buena imagen de Maduro está en un 26,7 por ciento, a pesar de los racionamientos, la limitación de libertades, la falta de medicinas y una inflación proyectada del 450 por ciento para este año.

El régimen chavista ha creado una base de apoyo que pocos se imaginan, y donde eventualmente el descrédito actual más que del régimen en sí, es del gobierno de Maduro. Muchos de los que votaron en contra de Maduro siguen siendo aún chavistas.Por eso es tan difícil que caiga el gobierno chavista, por más odioso que le parezca a un grupo grande de venezolanos y más aún al público internacional.

Sin duda el gran talón de Aquiles sigue siendo la situación económica, que está minando el apoyo al presidente. Para resolver esta situación, la oposición plantea dos opciones:  Más presión de los militares. y/oMás presión desde la calle (aunque sin llegar a extremos para no darle al gobierno la excusa para tomar medidas drásticas).

Entre los que apoyan la primera posición está Henrique Capriles, quien hizo declaraciones sobre la necesidad de decisión de los militares (aunque después se retractó). Por otro lado algunos consideran que una crisis institucional sería la única salida y para ello es necesario crear situaciones que obliguen a los militares a tomar partido y, tal vez, implantar un régimen militar de transición. Estas situaciones límite solo pueden alcanzarse mediante protestas o con un golpe por parte de los militares (que no parece plausible por ahora).

No se sabe qué puede suceder, pero los chavistas están apostando a que no se van y que si se requiere un cambio o si progresa el referendo revocatorio, otro de los suyos llegará al poder, posiblemente el vicepresidente, aunque todavía no se sepa quién será pues su designación depende del mismo Maduro.

Cualquiera que sea el resultado, el que venga tendrá que tomar decisiones muy impopulares que podrían lesionar el apoyo popular en el largo plazo, algo que seguramente ningún partido quiere. Pero todavía no se sabe quién hará de fusible político.

 

*Directora del Observatorio de Venezuela, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

¿Qué opciones quedan en Venezuela?

Socorro Ramírez¿Será que vienen sanciones o medidas extraordinarias de la OEA?  ¿Será que la Unasur logra mediar? ¿Podrían llegar acaso la violencia o el golpe de Estado?  Crónica y perspectivas de una crisis que se agrava día por día.   

Socorro Ramírez*

Sede de la OEA en Washington D. C.

Peticiones a la carta

Crece el número de peticiones para que se aplique la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela. A la solicitud formulada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) se han sumado Human Rights Watch, el Congreso de Costa Rica y 28 expresidentes de América Latina y Europa. Paraguay también acaba de pedir a Mercosur que se pronuncie sobre la situación en ese país.

Desde que se aprobó en Lima, en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA. Estos son algunos ejemplos:

  • En 2002, luego del golpe de Estado a Hugo Chávez, la OEA llamó a gobierno y oposición a actuar en concordancia con los mecanismos institucionales, lo que derivó en la convocatoria del referéndum revocatorio de 2004.
  • En 2005, el gobierno de Ecuador apeló a este mecanismo ante la remoción arbitraria que hizo el Congreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales. La OEA propuso entonces buscar un doble consenso: para una solución transitoria y para una salida definitiva, acompañada con seguimiento internacional.
  • En 2009, tras la destitución de Manuel Zelaya y por petición del secretario general, Honduras fue suspendido del Sistema Interamericano, lo que impidió el reconocimiento del gobierno de facto tanto por otros países como por organismos internacionales y agencias de cooperación.
  • En 2012, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la OEA esperó una actuación de Unasur pero, al no tener éxito, acabó por aceptar el procedimiento parlamentario de destitución y por avalar la convocatoria de elecciones.

Hay que recordar que la CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral, sino también producidos por gobiernos elegidos que atentan contra los derechos humanos y las instituciones.

Este último podría ser el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, luego de debatirlo, puede aprobar por mayoría simple (18 votos) distintas gestiones para promover la normalización de la situación. Si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones.

La situación está madura

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto:  Agencia de Noticias ANDES

Los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano se acumulan por el agravamiento de los múltiples problemas del país que se traducen en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y falta de seguridad ciudadana.

La ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático son evidentes en tres situaciones que han tomado forma durante lo corrido de este año:

- El desconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que ha invalidado en forma sistemática las decisiones y funciones de la AN. Nicolás Maduro dijo además el pasado 17 de mayo que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.

- Días antes, el gobierno se había auto concedido nuevos poderes mediante un decreto de “estado de excepción y emergencia económica”. Este fue negado por la mayoría de la AN, pero el TSJ dispuso desde febrero que el rechazo de la AN a declarar estados de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

- A un mes de que la oposición entregara diez veces la cantidad de firmas necesarias para poner en marcha el referendo revocatorio contemplado en la Constitución de 1999, el gobierno usa al Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular o al menos postergar su convocatoria. Si el referendo se hace este año, a mitad de período, Maduro podría perder también las elecciones. Pero si se hace en 2017, no habría elecciones y el presidente sería reemplazado por el vicepresidente.

Además, Maduro ha calificado la petición de referendo como un intento de golpe de Estado. Su vocero para la revisión de las firmas aseguró desde antes de que se iniciara el proceso que estas eran fraudulentas y que examinarán a los firmantes para impedirles el acceso a empleos o servicios del Estado, como se hizo en el revocatorio anterior.

El papel del secretario general

Mientras tanto, Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno.

Su embajador en la OEA dijo que el secretario general no tiene autoridad para hacerlo, que ha montado un show político y que el Artículo 20 solo le permite actuar ante un golpe de Estado. El 5 de mayo, la canciller venezolana pidió una reunión del Consejo Permanente para presentar "la verdad" y denunciar que Luis Almagro "ha conjugado la agenda de la secretaría con factores opositores de Venezuela y de las instrucciones que recibe de Estados Unidos".

Sin embargo, la magnitud y gravedad de las crisis en Venezuela demostradas en el informe del secretario general de la OEA deben llevar a todos los gobiernos a definirse sobre la situación.

Almagro, excanciller del gobierno de José Mújica, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes fluctuaba entre la ausencia o la injerencia indebida. Ha tratado de hacer realidad la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y ha actuado frente a graves problemas hemisféricos como la corrupción o los migrantes.

Ante la crisis venezolana ha presentado argumentos contundentes, algo que no es muy frecuente en la diplomacia. Pero al personalizar la respuesta a los insultos de Maduro -que lo llama “basura”, “traidor”, “agente de la CIA”- el secretario general puede haber perdido eficacia.

¿Por qué no hacen nada?

Sigue siendo difícil conseguir una mayoría simple que emprenda gestiones diplomáticas y menos una mayoría calificada que sancione a Venezuela. Además de los problemas que enfrenta cada gobierno y de la creciente fragmentación de la región, es un hecho que todos prefieren defender una convivencia pacífica entendida como la no intervención de unos en la situación de los otros.

Pero hay razones adicionales para la falta de acción de la región:

  • El gobierno de Maduro ha contado con mayoría en la OEA por los votos de países del ALBA y de Petrocaribe, que tienen afinidades o deudas con el chavismo. Por eso, para cuidar los votos caribeños, Maduro acaba de visitar Jamaica y Trinidad- Tobago.
  • Si Brasil apoya la aplicación de la Carta, el gobierno de Venezuela podría pedir que la suspensión de la presidenta, que ha denunciado como un golpe de Estado, sea llevada también a la OEA.
  • La canciller de Argentina, en campaña para ser la Secretaria General de la ONU, calificó como “momento inadecuado y discusión apresurada” la posible aplicación de la CDI en Venezuela. Pidió que la OEA y Unasur traten de buscar alguna salida.
  • Gobiernos como los de México, Chile o Perú dicen que apelar en este caso al Artículo 20 podría sentar un mal antecedente. Otros temen además enfrentarse con los ataques virulentos del chavismo.
  • El gobierno de Colombia, país que recibe los efectos directos de la situación del vecino, ha dicho que ha hecho gestiones en favor del diálogo gobierno-oposición. Trata, además, de evitar amenazas o repercusiones sobre las negociaciones con las guerrillas.

¿Y si todo empeora?

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela

El gobierno venezolano ha venido cerrando las opciones de salida y hasta el Vaticano se vio obligado a cancelar el viaje de su enviado a Venezuela.

Solo queda una opción que todas las partes aceptan: Unasur. Este organismo examinó la tensión suscitada por el estrecho triunfo electoral de Maduro, envió cancilleres a acompañar el intento de diálogo gobierno-oposición, y acaba de apoyar a los expresidentes que lograron reunir en República Dominicana al gobierno y la oposición. Ojalá este último intento no fracase. Lo ha saludado Estados Unidos y el Secretario de Unasur viajó al Vaticano a pedir apoyo al Papa Francisco.

Hasta ahora los intentos han sido infructuosos porque el gobierno los ha usado solo para ganar tiempo. En realidad ha perdido tiempo en buscar salidas democráticas a las crisis. Como dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se vienen “desatando otros monstruos internos del propio chavismo, que podrían incluso estar más interesados que la oposición en la salida del presidente para preservar al chavismo".

En el futuro cercano, la aplicación de la Carta dependerá de lo que ocurra en Venezuela. La represión a las marchas opositoras y a las protestas de los sectores que padecen las crisis puede aumentar los estallidos sociales y estos pueden llevar a enfrentamientos armados entre milicias bolivarianas y población civil. Además, desesperados sectores chavistas u opositores pueden pedir a los militares que actúen, o estos pueden dar un golpe de Estado en rechazo al revocatorio presidencial o al triunfo opositor en una elección.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar  con un insulso llamado al diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic  en este enlace.  

 

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

Alvaro Pardo desastre Drummond Razon Publica
Alvaro Pardo
Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.  

Álvaro Pardo

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

Alvaro Pardo desastre Drummond Gary

Gary Drummond, un mediano productor de
carbón en Alabama, Estados Unidos, con
alto vuelo en Colombia.
Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.


Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

  • el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
  • También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
  • En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.
Alvaro Pardo desastre Drummond ambiental
El oneroso contrato de Aporte Minero de
La Loma, que vence en el 2019, arrastra
un enorme historial de irregularidades e
​infracciones a las normas ambientales.
Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado --, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com 

 

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Comentarios  

octavio gomez
+6 # octavio gomez 18-02-2013 19:15
Muy buen artículo. Este es el perirodismo que necesitamos
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jose
+3 # jose 22-02-2013 13:50
no podemos permitirlo, no al saqueo de nuestra tierra
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nelson ronderos
+3 # nelson ronderos 22-02-2013 23:44
Loca motora minera que más temprano que tarde descarrilará la ira popular
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wfg inco
0 # wfg inco 03-03-2013 01:54
No dirijan las acusaciones a los que redactan un contrato, mas bien dirijanse a los que los firman y aceptan.
Tampoco miren a los que no se actuan en contra del ambiente etc... sino a los responsible dentro del pais a hacer cumplir las leyes.....
No miren a los culpables en el extranjero... busquenlos dentro del pais que estan mas cerca.
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Gabriel Rodríguez Ar
+3 # No extraerán suficiente carbón para pagar el daño ambiental y de las playas del caribeGabriel Rodríguez Ar 06-01-2014 17:49
Recientemente tuve la oportunidad de observar la contaminación producida por el carbón desde el Cabo de la Vela hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Una faja de unos 40 metros a lo largo de toda la playa del mar ha cambiado de un azul límpido a un verde opaco mugriento. El sedimento es una mezcla de polvo de carbón algas y arena que producen una superficie gelatinosa y desagradable al contacto con la piel. Ya no es saludable bañarse en unas playas que antaño eran una delicia para los visitantes a la Costa Atlántica. Los daños a la industria del turismo apenas empieza. Es una verdadera vergüenza que los negociadores de los contratos con las multinacionales no prevean los daños que causan esta explotaciones. Los contratos con la Drummon no deben renovarse, ya que es casi imposible su cancelación. Las minas del Cerrejón deben cerrarse para siempre. Pasarán cientos de años para que la naturaleza vuelva a renovar el ambiente sano y sin contaminaciones que hoy existen.

He tratado solo el problema causado a las playas. El daño es mayor en la fauna y la agricultura. La protesta, el grito de indignación debe hacer coro en todas las voces de los habitantes de la región, los mas afectados directamente. Todos los colombianos debemos unirnos en una protesta general contra las multinacionales irresponsables y los políticos que les hacen el juego y venden al país.
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santiago
+1 # pactos leoninossantiago 09-01-2014 12:21
es de vieja data, nuestros recursos son entregados en bandeja a las multinacionales , desde las bananeras de la united fruit, el gobierno colombiano, solo les interesa que sus comilitones ganen millones, para eso esta el ejercito y la policía para poner orden
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FERNANDO ORJUELA
+2 # Que mas van a REGALAR, que horror?FERNANDO ORJUELA 09-01-2014 13:09
Esta es la locomotora Minera que cada dia arruina mas al pais y a su ecosistema.
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t: @OscarOneWorld
0 # No no no not: @OscarOneWorld 09-01-2014 20:20
No no no no me la creo; que inmundo negocio este. Solo sabremos que vivimos en un mundo lleno de errores cuando aprendamos que no se pueden comer billetes, ni tarjetas de crédito ni sembrar frutos con balas. La naturaleza y recursos naturales deben ser la prioridad!!!
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Hernán Gómez H
+1 # Y donde esta el procuradorHernán Gómez H 10-01-2014 01:50
Para esta situación ese malvado procurador por qué no se ha pronunciado? Sería que también invitó a los directivos de la Drummond al casorio de la hija y le enviaron una buena cantidad en la lluvia de sobres. O como casi todo buen conservador, lo domina la doble y la triple moral.... pobre patria boba llena de tan parásitos hijos, unos, asesinos, otros, y come jabón el resto....miseri cordia Mesías de Nazareth, misericordia
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gustavo
+1 # tecnicogustavo 13-01-2014 12:44
Soy un trabajador del sector minero con 25 años de servicio,he vivido toda la lucha por la defensa de la diginida de los trabajadores,la s comunidades el medio ambiente y las respuesta del estado ha sido represion y amangualamiento con las transnacionales.
Pero saben que ojala algun dia de verdad tomaramos todos CONCIENCIA de que nuestro pais no se regala y lo defendieramos. Eligiendo lideres politicos con sentido de pertenencia y dolor de patria
SI A LA NACIONALIZACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALEZ
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David
0 # ¿No era esta compañía...David 14-01-2014 23:55
La que pretendía pagar los gastos de abogado de Uribe en Estados Unidos? ¿Por qué esa colaboración?
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Rafael Escalona T.
0 # An´´alisis de la realidad del carbónRafael Escalona T. 15-01-2014 03:04
A esto se refiere el senador Robledo, cuando dice: "Minería sí, pero no así". Este contrato constituye una afrenta a la soberanía política y económica de la nación. Por donde se mire, la multinacional Drummond es la única ganadora, y lo hace con cara o sello.
Produce indignación la especie de confabulación de nuestros gobernantes y las multinacionales que operan en el país, en contra del interés nacional.
Si hoy hay una sanción, ésta obedece ante todo por la acción de denuncia del Polo y sectores democráticos, antes que a una actitud de dignidad e independencia de Juan Manuel Santos, borrego de las más de 2300 transnacionales que hacen presencia en nuestro territorio patrio.
El daño ambiental causado en las inmediaciones de La Loma-cesar, es de unas dimensiones inimaginables e inconmensurable s. Sólo se tiene idea del fenómeno, cuando se hace presencia en la región y nos adentramos por la vía que conduce a la Jagua de Ibirico. El paisaje ha sido totalmente modificado, con montañas donde antes no las había, ríos y quebradas desaparecidos, como desaparecieron también los cultivos de pan coger, y las costumbres sanas de un pueblo trabajador, en faenas agrícolas y pecuarias.
Nos cambiaron el paisaje y las costumbres. Hoy nuestros paisanos y los venidos de otras regiones, que tienen la oportunidad de laborar en la gran minería, tienen corta vida laboral, bien por la forma de vinculación tercerizada o por los efectos de la sílice que causa estragos en la salud de los trabajadores y pueblos confinados.
Ante ésta tragedia que viven quienes la viven, el Polo es la única fuerza política que ha decidido jugársela al lado de los trabajadores y pobladores de la región; tal vez por ello el senador Jorge Robledo, goza de una amplia acogida en el seno de los trabajadores organizados en Sintramienergét ica y Sintracarbón. Simpatía que muy seguramente le será refrendada al Polo Democrático Alternativo, en cabeza de Robledo y otros compañeros que muy dignamente han optado por colocar sus nombres a consideración de los trabajadores para llevar allí su voz discordante contra todas aquellas políticas que vulneran los derechos laborales del sector minero.
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