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Economía y Sociedad

Refinería de Cartagena: historia de una desidia

Libardo EspitiaEn este largo proceso se habían dado graves descalabros y grandes sobrecostos, pero no hubo investigaciones, ni sanciones, ni responsabilidades. Y mientras tanto el gobierno desangraba a Ecopetrol e ignoraba los daños ambientales.    

Libardo Espitia*

Edificio de Ecopetrol en Bogotá.

Desde 1996

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) nació como una entidad industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y dedicada a las actividades propias del petróleo y sus derivados: exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, así como a la administración de las reservas de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

La refinación del crudo se realizaba en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La Refinería de Cartagena fue construida en 1957 por Intercol, con una capacidad de refinación de 33,2 KPBD (millones de barriles día), y fue adquirida por Ecopetrol en 1974 por 35 millones de dólares, cuando tenía una capacidad de 42 KPBD, que después sería ampliada a 70,7 KPBD.

En 1996, dada la poca oferta nacional y para aumentar la producción de materiales petroquímicos como benzeno, propileno, disolventes asfálticos, alquitrán, butileno y xilenos, el gobierno expidió el documento Conpes 2878, donde se pedía a Ecopetrol que orientara la Refinería de Cartagena hacia la producción de petroquímicos, sin perjuicio de los combustibles (teniendo en cuenta que el 74 por ciento de la demanda nacional de los combustibles refinados los abastecía la Refinería de Barrancabermeja).

Asimismo se llevó a cabo un estudio con horizonte de 20 años donde se planteó la actualización tecnológica de la refinería y se concibió el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena (PMD), ampliando su capacidad de producción de 75 KPBD a 140 KPBD, con una inversión aproximada de 661,6 millones de dólares.

El plan maestro

Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Foto: Aris Gionis

En 2003 el gobierno de Uribe expidió el Decreto 1760 que le quitó a Ecopetrol la administración de las reservas de petróleo y la cambió de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad pública por acciones, cuya dirección y administración estarían a cargo de una asamblea de accionistas, una junta directiva y un presidente.

El PMD fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, aclarando que ese plan se llevaría a cabo con participación privada y con la enajenación de inversiones no estratégicas de Ecopetrol.

El contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

Mediante el documento Conpes 3212 de 2004, el proyecto fue declarado de importancia nacional y se creó un comité integrado por los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, del Departamento Nacional de Planeación y de Ecopetrol, encargado de buscar un inversionista privado que aportara capital de riesgo para la expansión de la refinería. El costo de la ingeniería de detalle fue establecido en 736 millones de dólares (+/o 10 por ciento), y se advirtió expresamente que el contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

El fiasco Glencore

En 2006 se enajenó el 51 por ciento de la participación de Ecopetrol en la Refinería, de lo cual resultó beneficiada la firma suiza Glencore International AG, con una transacción cerrada en 630,7 millones de dólares. Así nació la sociedad anónima por acciones Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR).

En desarrollo del PDM, en 2007 se celebró el contrato de ingeniería, suministros y construcción (“Engineering, Procurement and Construction (EPC)) entre REFICAR y la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I), una firma con sede en Texas, que dijo que terminaría las obras en diciembre de 2012. Con la mayoría accionaria en REFICAR, Glencore tomó la decisión de contratar a CB&I.

En forma paralela, Ecopetrol procedió a capitalizar el 10 por ciento de sus acciones (en cumplimiento de la Ley 1118 de 2006 ) y a construir la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, con una inversión de 1.023 millones de dólares.

En 2009, ante la ineficiencia del socio privado, Ecopetrol recompró las acciones de Glencore por un valor de 549 millones de dólares. Así, Andean Chemical (cuyo propietario es Ecopetrol) quedó como propietario del 50,99 por ciento de las acciones y Ecopetrol S.A. quedó con un 49 por ciento. Es decir, Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena sin deshacer o renegociar las condiciones contractuales con CB&I.

Una obra importante

Según un análisis de la Contraloría General, hasta marzo de 2014, en el momento del cierre de la Unidad de Crudo de la Refinería de Cartagena, Colombia tenía una capacidad de refinación de 335 KPBD, de los cuales el 74,6 por ciento correspondía a la Refinería de Barrancabermeja, un 23,9 por ciento a la de Cartagena, y el restante 1,5 por ciento a las refinerías de Orito y Apiay.

CAPACIDAD INSTALADA DE REFINACION (KPBDC)

Año

Barrancabermeja

Cartagena

Apiay

Orito

Total

2014

250

80

2,5

2,8

335,3

2016

250

165

2,5

2,8

420,3

  

 

 

 

 



Fuente: Contraloría General de la República

Con la ampliación de la Refinería de Cartagena, cuya capacidad pasó de 80 a 165 KBPDC, Colombia llegará a 42 KBPDC en 2016, lo cual implica un aumento del 25,4 por ciento (la Refinería de Cartagena representará el 39,3 por ciento de este total).  Si recordamos que la producción de crudo en Colombia está hoy por encima de los 1.000 KBPDC, esto significa que con la Refinería de Cartagena tendremos capacidad para refinar el 40 por ciento del petróleo que extraemos.

Finalmente con las demoras del PDM, el pasado 10 de noviembre entró en operación la nueva Refinería de Cartagena, con una inversión total de 8.015 millones de dólares y con capacidad de transformar crudo en derivados de buena calidad y con menos contaminantes, al tiempo que le aportará al PIB industrial un 8 por ciento, según cifras del ministro de Hacienda.

Obra limpia y combustible limpio

Pero a pesar de la debacle con Glencore y de los sobrecostos que se han venido dando a lo largo de los años, no se ha adelantado ningún tipo de investigación fiscal, disciplinaria o penal.

Modernizar las refinerías es sinónimo de combustibles eficientes. Pero pese a que desde 1996 hay estudios técnicos que así lo señalaban, los gobiernos de turno tomaron las utilidades de Ecopetrol como dineros de caja menor y le impidieron acometer las modernizaciones necesarias.

Según el documento Conpes 3312 de 2004, la ejecución del proyecto, además de permitirle a la Refinería de Cartagena aumentar el rendimiento de productos blancos (gasolinas, GLP y medios) a niveles competitivos, mejoraría la calidad de los productos refinados reduciendo el contenido de azufre en gasolinas de 1.000 ppm (partículas de azufre por cada millón de partículas de gasolina) hasta 300 ppm para el consumo nacional y 30 ppm para exportar. En el diésel habría una disminución desde 4.500 ppm a 500 ppm para consumo nacional y 30 ppm para exportar. Además, se dejaría de importar diésel y sus derivados para la demanda nacional.

Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena.

Solo a finales de 2012, cuando entró en operación la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, Ecopetrol produjo el primer barril de gasolina limpia o hidrotratada de menos de 300 ppm de azufre y de diésel de menos de 50 ppm, el nivel exigido en la regulación nacional para las ciudades de mayor consumo.

Daños ambientales ignorados

Refinería de Cartagena.
Refinería de Cartagena.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Código Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, la Constitución y la Ley Ambiental establecen el derecho colectivo para que las personas gocen de un ambiente sano, y le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.  

Mediante el Decreto 948 de 1995 el gobierno reglamentó la Protección y Control de la Calidad del Aire.  Aunque este reglamento prohíbe la presencia del plomo en las gasolinas, también redujo el estándar en lo tocante al azufre.

El diésel o ACPM es mucho más contaminante que las gasolinas corriente y extra, pero en Colombia el sector de transporte que utiliza ACPM (como los sistemas masivos) ha aumentado al punto que desde el 2004 se ha sobrepasado la demanda de las gasolinas y la brecha ha crecido año tras año:

Año

Consumo nacional de gasolina corriente motor barril/d

Consumo nacional de ACPM

Barriles/

Día

Volumen exportaciones petróleo miles de barriles día

Volumen exportaciones de derivados miles de barriles día

Volumen de importaciones de hidrocarburos miles de barriles día

1998

117012

60026

519,66

 

30,25

1999

105488

53581

601,22

 

18,20

2000

97278

60494

462,85

79,07

5,43

2001

87192

59915

391,76

87,23

9,77

2002

83619

59943

291,78

81,45

9,35

2003

81984

69661

229,83

88,50

8,71

2004

78449

73606

218,50

101,48

7,06

2005

76946

81823

221,1

91,37

16,25

2006

72020

84832

219,1

94,25

14,16

2007

62639

81295

242,4

52,97

10,66

2008

58822

74202

259,5

52,43

11,43

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Ecopetrol

Por no modernizarnos a tiempo

La modernización tecnológica de las refinerías era pues una tarea necesaria que sin embargo los gobiernos habían eludido. Y cuando al fin se tomó la decisión  se produjeron grandes sobrecostos para las finanzas públicas, que estamos pagando todos los colombianos. Pero los funcionarios públicos que permitieron el detrimento no han sido investigados ni sancionados. Tampoco han  asumido su responsabilidad, comenzando por el ex presidente Uribe, quien en su afán por entregar la Refinería a manos privadas, desatendió las voces que le recomendaban que la misma Ecopetrol asumiera el PDM con recursos propios y utilizando los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP) que la empresa mantenía desde 1995, pero que el gobierno destinó vía plan de desarrollo para otros menesteres.  Inclusive entre las recomendaciones de los Conpes 3312 y 3336 estaba la de que Ecopetrol fuera el operador la Refinería.

No menos grave ha sido el año para la salud de todos que resulta del material que arrojan  al aire los derivados del petróleo, un daño cuyo costo no ha sido ni será cuantificado. Ni mucho menos reparado.

A falta de una oportuna modernización, Ecopetrol ha tenido que importar ACPM para mezclarlo con el producido en las dos refinerías, cuyos costos a precios internacionales se ha venido trasladando al usuario final.

Por último, cabe preguntarse: ¿por qué hoy, con las refinerías funcionando al 100 por ciento, sin tener que importar y con el precio del barril WTI cerca de los 30 dólares no han bajado los precios de los combustibles?  Esto tendría que explicarlo el ministro de Hacienda,  pues es el quien realmente toma mes a mes las decisiones sobre el precio de los  combustibles.

 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

 

Conflicto, Drogas y Paz

Negociaciones de paz: en la recta final

Álvaro VillarragaSe ha logrado casi todo y al mismo tiempo falta lo más difícil. ¿Dónde estamos y que más se necesita para llegar al fin definitivo de las hostilidades? ¿Cómo será el proceso de desarme, desmovilización y reinserción? Un recuento oportuno y ordenado.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El Jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle.

Cerca de la meta

Después de tres años de negociaciones, los delegados del gobierno y de las FARC reunidos en La Habana se aprestan a culminar la discusión de la agenda definida en el acuerdo inicial y a suscribir el acuerdo general, con el cese consiguiente de las hostilidades militares, la dejación de las armas, la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y la convocatoria a la refrendación ciudadana.

Si esto se logra, se conseguiría el acuerdo de paz más importante de las últimas décadas, aunque todavía quedaría faltando un pacto con el ELN para dar por finalizado el conflicto bélico colombiano.

Lo conseguido ha sido difícil, y lo que falta lo será más, pues antes de que llegue el anhelado final del proceso quedan por resolver numerosos pendientes del conjunto de la agenda.

Por fortuna, las conversaciones recuperaron el “círculo virtuoso” que les ha dado su fuerza: des-escalamiento de las acciones militares, avance en acuerdos y recuperación de la credibilidad ciudadana. Gracias a esto las partes avanzan con decisión hacia la firma en la fecha convenida (23 de marzo), sino de todos los acuerdos, al menos de la mayoría de los faltantes.

Innovaciones dentro de la mesa

Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.
Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de
Antioquia.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Importa recordar que en distintos momentos del proceso se han introducido cambios a la metodología que complementaron o enriquecieron lo que se había establecido en la fase exploratoria. Estos cambios han surgido de iniciativas provenientes de la sociedad, de las partes en la mesa o de la comunidad internacional, y esencialmente sirvieron para superar los momentos más críticos o para subsanar los vacíos más notorios. Entre estos cambios o innovaciones se destacan:

  • Los foros convocados por la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional;
  • La creación de subcomisiones técnicas, como las de enfoque de género, fin del conflicto y paramilitarismo;
  • El apoyo de una comisión de asesores jurídicos con participación de invitados de las partes; y
  • La invitación de delegaciones de víctimas.

En el curso de la negociación también se han producido otras medidas, tanto de carácter unilateral como bilaterales que fueron más allá de lo metodológico y trajeron consecuencias favorables en términos políticos, militares y humanitarios:

Las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos.
  • Las cinco declaratorias unilaterales de cese al fuego de las FARC y, en reciprocidad, la declaratoria gubernamental de cese de los bombardeos aéreos;
  • Varios acuerdos humanitarios para la liberación de integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC;
  • El acuerdo especial de desminado con participación de las partes, acompañamiento técnico internacional y con enorme proyección estratégica de descontaminación de territorios;
  • La concesión de indultos a una treintena de guerrilleros;
  • La aceptación del papel de facilitadores de los países acompañantes de la mesa (Cuba y Noruega) y de los países que la apoyan (Venezuela y Chile) en tiempos de crisis;
  • La invitación a la ONU y a UNASUR para asistir en las deliberaciones;
  • Los delegados de organismos intergubernamentales y de países estratégicos con acceso a la mesa de negociación;
  • La invitación a comisiones del Congreso de la República para conversar en la mesa, primero sobre el tema de víctimas y luego para encontrar el mecanismo legal de aplicación de los acuerdos. Este hecho se complementó con la invitación a delegados de partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades de la comunidad internacional.
  • Los actos de reconocimiento de las víctimas de las FARC (Bojayá y otros casos recientemente anunciados).

En este momento se está experimentado con otro cambio del orden, dejando atrás la metodología de ciclos, planteando una concentración casi permanente de la negociación y habilitando el tratamiento paralelo de los temas que faltan en la agenda, de manera que la mesa y sus líderes actúen ahora como instancia de coordinación ejecutiva.

Con este nuevo procedimiento se logró el reciente acuerdo sobre el mecanismo de verificación ofrecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, que incorporará observadores de la CELAC y delegaciones de las partes.

El cese al fuego

El cese al fuego unilateral de las FARC y el cese de los bombardeos aéreos por parte del gobierno dieron lugar, en la práctica, a un alto al fuego no declarado pero realmente existente en los últimos meses. Esta situación se tradujo en cifras extraordinariamente bajas de acciones bélicas, muertes y violaciones de los derechos humanos. Esto por supuesto no niega que se sigan registrando casos de violencia, aunque en cantidades más discretas.

En estas condiciones no tiene sentido emprender operativos militares contra una guerrilla con la que ya se tienen o se perfeccionan acuerdos para finalizar la guerra. También estaría por fuera de cualquier lógica que las FARC rompieran el cese al fuego, cuando este ha influido de manera tan positiva sobre la mesa de negociaciones y después de que probaron las nefastas consecuencias de la ruptura del cese anterior y el rechazo generalizado por sus sabotajes a la infraestructura pública.

Ahora las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos y que, en las actuales circunstancias, pierde sentido intentar alterar las ventajas militares.

Es un hecho que las partes ya tienen borradores de consensos sobre la implementación del cese de hostilidades, aunque estos aún no han sido consolidados en acuerdos ni han sido todavía divulgados. Pero es posible prever algunos de los asuntos principales del compromiso que podrán adoptar las partes para ponerle fin a todo tipo de confrontación armada, acción militar o hechos violentos:

  • El cese de hostilidades llevará al desmonte de los dispositivos estratégicos, tácticos y operativos de la guerra, e implicará la conclusión de los planes de guerra y las campañas operativas.
  • El fin de hostilidades también traerá para el Estado cambios en la concepción, estructura, líneas operativas y dispositivos de inteligencia; la desmilitarización de instancias y ámbitos civiles; y la superación del discurso y las convocatorias de guerra, así como la supresión de la cooperación militar de guerra que brindan Estados Unidos y otros países.
  • Para la guerrilla este momento significará poner punto final a las actividades de carácter militar y de control de territorios, así como a las acciones de control poblacional con pretensiones de gobernanza, tributación y justicia.

Garantías y dejación de armas

Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los
Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Foto: Policía Nacional de Colombia

El cierre de la guerra necesita la construcción de confianza política entre las partes y la mutua credibilidad en el cumplimiento de los términos pactados. También exige ofrecerles a las guerrillas garantías efectivas de acceso a la vida política, legal, institucional y ciudadana.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. En este punto no basta con la explicación oficial sobre la desmovilización de las AUC, cuando se ha reconocido la parcialidad de ese proceso y es evidente que existen rezagos paramilitares activos. Sin duda el paramilitarismo actual es un fenómeno degradado, desarticulado y afectado por disputas internas y por acciones estatales en su contra. Pero se trata de un problema que no ha sido superado y que no se reduce a expresiones armadas sino a factores de poder, alianzas y soportes de diversa índole.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. 

Como no se trata de una derrota militar sino de un acuerdo pactado, el asunto de la desmovilización y desarme guerrillero necesita un marco de distensión militar que conlleve paralelamente el repliegue de los contingentes militares oficiales en guerra contra las FARC, de tal forma que se garantice un ambiente para las concentraciones guerrilleras en diversas zonas y la preparación y realización de acciones de desarme.

Sobre este tema no existe una fórmula internacional rígida, pero la costumbre y experiencias recientes llevaron a formular los Estándares Integrados de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) de la ONU en 2006. Entre ellos se cuentan procedimientos de desmovilización de unidades militares de combate, desarme y fases de reinserción inmediata y reintegración social mediata.

La propia experiencia colombiana es rica y diversa. Por ejemplo en un reciente estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Desmovilización y reintegración paramilitar se hace referencia a 15 experiencias diversas de DDR en Colombia durante las últimas décadas, con contextos, actores y modalidades distintos.

En todo caso, con las FARC ya hay algunos asuntos claros. Con la firma del acuerdo final se procederá, en un plazo de dos meses, a la desmovilización de las unidades guerrilleras y a la dejación de las armas.  En consecuencia son previsibles el progresivo acuartelamiento de las tropas guerrilleras en zonas específicas, la dejación de las armas, su almacenamiento, custodia y destrucción; así como de las municiones, los explosivos y del resto del material de avituallamiento de guerra.

Por un asunto simbólico y de dignidad militar, las armas no se entregan a quienes fueron sus enemigos. Por eso guerrillas como el M19 y el EPL las dejaron ante veedurías internacionales y esta última las puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La agrupación regional Partido Revolucionario de los Trabajadores de Montes de María las arrojó al fondo del mar Caribe y el Movimiento Armado Quintín Lame las dejó ante una veeduría internacional para que fueran destruidas por los pueblos indígenas del Cauca.

Se prevé que, de igual forma, las FARC no solo contarán con la veeduría internacional que ya se definió sino que tal vez tengan un proceso de desmovilización y desarme más complejo, metódico y de aplicación progresiva.

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Economía y Sociedad

El Zika y el abandono de la salud pública

Mario HernándezLa prevención de esta epidemia se ha dejado en manos de cada persona y su tratamiento en manos de las EPS. Estas medidas son insuficientes y vuelven a poner en evidencia que en Colombia no tenemos un sistema de salud pública.

Mario Hernández Álvarez*

Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

La epidemia

El lunes de esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la expansión de la epidemia del virus Zika como “una emergencia de salud pública de importancia internacional”.

La infección no es mortal en sí misma y la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves que no obligan a consultar al doctor. Entonces ¿por qué se declaró la emergencia? La respuesta está en la asociación observada entre el aumento de casos de niños nacidos con microcefalia (una cabeza muy pequeña debido al poco desarrollo del cerebro durante la gestación) y la epidemia de zika, en especial en Brasil. Se habla también de una relación entre esta infección y casos del síndrome de Guillain-Barré, una inflamación de los nervios que produce parálisis progresiva de las piernas hacia la cabeza y que puede ocasionar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.

En todo caso hay mucho de exageración. En Brasil, de los 4.783 casos sospechosos de microcefalia reportados hasta el 30 de enero, se han han estudiado a fondo 3.670. Entre estos, solo 404 han tenido confirmación de ser “microcefalia u otras alteraciones del sistema nervioso central y solo 17 han tenido relación con zika”.

En estas condiciones no se entiende por qué el doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud y Servicios de Salud, afirma que “de acuerdo con las proyecciones que hemos hecho es inminente que surgirán casos de este tipo y al finalizar este año existe la posibilidad de que existan entre 450 y 600 casos de microcefalia”.

Lo que dice la OMS

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la
conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
Foto: Ministerio de Salud

El informe de los expertos de la OMS  concluye que la expansión se debe a la ausencia de defensas de las personas que no habían tenido contacto previo con el virus y a la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de este virus y de otros como el del dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en muchas regiones del mundo.

Por lo tanto, dice la OMS, se necesita “una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas, para intensificar el control de los mosquitos, y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que protejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo”.

En todo caso hay mucho de exageración. 

El informe habla poco de las causas profundas de este tipo de problemas -las llamadas Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV)- y sobre por qué éstas han aumentado durante los últimos años. Sin embargo, el reporte sí muestra el tamaño de los retos que impone la epidemia a los Estados y las sociedades que deben superarla.

Veamos, entonces, cuáles son esas causas profundas y qué tan preparados están el Estado y la sociedad colombianos para afrontar este nuevo embate sanitario.

Las causas

Es obvio que si no hay defensas, un virus se reproduce más fácilmente en el organismo y aparece la enfermedad. Pero el hecho de que el contacto con el virus se produzca a través de la picadura de un mosquito impone otras reflexiones.

Para empezar, la presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. En estas condiciones, están expuestas muchas más personas hoy que hace veinte años. Adicionalmente, el fenómeno de El Niño es cada vez más prolongado e intenso. No en vano, hace diez años se afirmaba que el mosquito no se reproducía en alturas mayores a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad se encontró que el límite ascendió a 2.200 metros, de suerte que casi el 80 por ciento de la población colombiana quedó incluida en el grupo de riesgo.

Está claro que el cambio climático no es natural, sino que está asociado con la forma depredadora de producir y consumir dentro del capitalismo contemporáneo. Si seguimos en esta senda estarán dadas las condiciones para el mantenimiento de las ETV y su control será cada vez más difícil.

Otro agravante de la situación es el predominio del llamado consumismo individual de salud, ligado con el “complejo médico industrial y financiero”, que nos ha llevado a la idea de buscar la “bala mágica” para cada enfermedad y nos hace abandonar cada vez más la prevención y la construcción colectiva de mejores condiciones de vida.

En el ámbito nacional, es claro que no todos se enferman por igual, y que la incidencia del zika y de todas las ETV varía mucho entre subpoblaciones, pues es obvio que estas se concentran en las áreas más pobres o con peores condiciones de vida. En efecto, la presencia de estas enfermedades es mucho mayor donde: 

  • No hay acueducto,
  • Existe una pésima recolección de basuras,
  • Hay malas condiciones de vivienda,
  • Se ve una educación precaria,
  • No hay programas de salud pública, y
  • Existe un mínimo acceso a servicios de salud de calidad y oportunos.

Brasil es tal vez el país donde mejor se ha demostrado la distribución desigual de esta enfermedad, pero es posible identificar esta relación en todos los países afectados en América Latina y el Caribe.

La presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. 

No basta entonces con medidas de autocuidado para afrontar un asunto de tanta complejidad. Se necesita una respuesta coordinada entre el Estado y la sociedad. Lastimosamente, Colombia no está en las mejores condiciones para lograrlo.

El abandono de la salud pública

Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el Zika.
Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el
Zika.
Foto: Sanofi Pasteur

Dos tendencias del sector salud colombiano han debilitado cada vez más la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad frente a problemas como las ETV.

  1. Por una parte se ha dado un proceso de descentralización que acabó con los programas nacionales de control de estas enfermedades, antes manejadas por la Dirección Nacional de Campañas Directas y el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM). Ahora la responsabilidad se le entregó a los municipios y departamentos, que muchas veces no tienen las condiciones técnicas ni financieras para mantener y mejorar estos servicios.
  2. Por otra parte se decidió separar las responsabilidades en el sector salud, de manera que de la atención individual se encargan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de la salud pública los entes territoriales es decir, los municipios y los departamentos. Esta parece una maravillosa combinación entre Estado y mercado. Sin embargo, todos los días se demuestra la inoportuna respuesta de las EPS a las demandas de atención de la población, especialmente de aquella en las áreas que tienen las peores condiciones y donde proliferan el zika y las demás ETV.

¿Podrán las EPS colombianas cumplir algunas de las más importantes indicaciones de la OMS en caso de sospecha de zika esto es, con: 

  • Atención prioritaria de sintomáticos,
  • Verificación oportuna en el laboratorio entre tres y cinco días,
  • Seguimiento de las gestantes infectadas como embarazo de alto riesgo, incluyendo la medición ecográfica periódica del perímetro craneal del feto para tomar la mejor decisión con las familias afectadas,
  • Seguimiento de las potenciales alteraciones neurológicas?

Sinceramente no creo.

Por otra parte las instituciones de salud pública, que están absolutamente desmanteladas técnica y financieramente en los municipios y departamentos, ¿podrán detectar y controlar los criaderos de mosquitos, hacer fumigaciones cuando sea necesario, realizar el seguimiento de espacios públicos, educar a la comunidad y elaborar un programa participativo de prevención domiciliaria? Tampoco lo creo.

En estas condiciones resultan por lo menos insuficientes las “recomendaciones” del Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidas al comportamiento individual, y que no tocan a las limitaciones estructurales del sistema de salud y de la salud pública en el ámbito territorial.

Este no es un asunto de voluntades. La prevención individual puede ayudar, pero sin duda es marginal si no se actúa en contra de las causas profundas de un problema tan complejo. Avanzamos en la dirección equivocada. La epidemia de zika está mostrando las enormes debilidades del sistema de salud colombiano, supuestamente premiado por sus logros en salud pública, como afirma el ministro Alejandro Gaviria. Es hora de cambiar de rumbo.

 

* Médico, especialista en Bioética, magíster y doctor en Historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Alvaro Pardo desastre Drummond Razon Publica
Alvaro Pardo
Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.  

Álvaro Pardo

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

Alvaro Pardo desastre Drummond Gary

Gary Drummond, un mediano productor de
carbón en Alabama, Estados Unidos, con
alto vuelo en Colombia.
Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.


Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

  • el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
  • También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
  • En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.
Alvaro Pardo desastre Drummond ambiental
El oneroso contrato de Aporte Minero de
La Loma, que vence en el 2019, arrastra
un enorme historial de irregularidades e
​infracciones a las normas ambientales.
Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado --, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com 

 

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Comentarios  

octavio gomez
+6 # octavio gomez 18-02-2013 19:15
Muy buen artículo. Este es el perirodismo que necesitamos
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jose
+3 # jose 22-02-2013 13:50
no podemos permitirlo, no al saqueo de nuestra tierra
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nelson ronderos
+3 # nelson ronderos 22-02-2013 23:44
Loca motora minera que más temprano que tarde descarrilará la ira popular
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wfg inco
0 # wfg inco 03-03-2013 01:54
No dirijan las acusaciones a los que redactan un contrato, mas bien dirijanse a los que los firman y aceptan.
Tampoco miren a los que no se actuan en contra del ambiente etc... sino a los responsible dentro del pais a hacer cumplir las leyes.....
No miren a los culpables en el extranjero... busquenlos dentro del pais que estan mas cerca.
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Gabriel Rodríguez Ar
+3 # No extraerán suficiente carbón para pagar el daño ambiental y de las playas del caribeGabriel Rodríguez Ar 06-01-2014 17:49
Recientemente tuve la oportunidad de observar la contaminación producida por el carbón desde el Cabo de la Vela hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Una faja de unos 40 metros a lo largo de toda la playa del mar ha cambiado de un azul límpido a un verde opaco mugriento. El sedimento es una mezcla de polvo de carbón algas y arena que producen una superficie gelatinosa y desagradable al contacto con la piel. Ya no es saludable bañarse en unas playas que antaño eran una delicia para los visitantes a la Costa Atlántica. Los daños a la industria del turismo apenas empieza. Es una verdadera vergüenza que los negociadores de los contratos con las multinacionales no prevean los daños que causan esta explotaciones. Los contratos con la Drummon no deben renovarse, ya que es casi imposible su cancelación. Las minas del Cerrejón deben cerrarse para siempre. Pasarán cientos de años para que la naturaleza vuelva a renovar el ambiente sano y sin contaminaciones que hoy existen.

He tratado solo el problema causado a las playas. El daño es mayor en la fauna y la agricultura. La protesta, el grito de indignación debe hacer coro en todas las voces de los habitantes de la región, los mas afectados directamente. Todos los colombianos debemos unirnos en una protesta general contra las multinacionales irresponsables y los políticos que les hacen el juego y venden al país.
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santiago
+1 # pactos leoninossantiago 09-01-2014 12:21
es de vieja data, nuestros recursos son entregados en bandeja a las multinacionales , desde las bananeras de la united fruit, el gobierno colombiano, solo les interesa que sus comilitones ganen millones, para eso esta el ejercito y la policía para poner orden
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FERNANDO ORJUELA
+2 # Que mas van a REGALAR, que horror?FERNANDO ORJUELA 09-01-2014 13:09
Esta es la locomotora Minera que cada dia arruina mas al pais y a su ecosistema.
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t: @OscarOneWorld
0 # No no no not: @OscarOneWorld 09-01-2014 20:20
No no no no me la creo; que inmundo negocio este. Solo sabremos que vivimos en un mundo lleno de errores cuando aprendamos que no se pueden comer billetes, ni tarjetas de crédito ni sembrar frutos con balas. La naturaleza y recursos naturales deben ser la prioridad!!!
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Hernán Gómez H
+1 # Y donde esta el procuradorHernán Gómez H 10-01-2014 01:50
Para esta situación ese malvado procurador por qué no se ha pronunciado? Sería que también invitó a los directivos de la Drummond al casorio de la hija y le enviaron una buena cantidad en la lluvia de sobres. O como casi todo buen conservador, lo domina la doble y la triple moral.... pobre patria boba llena de tan parásitos hijos, unos, asesinos, otros, y come jabón el resto....miseri cordia Mesías de Nazareth, misericordia
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gustavo
+1 # tecnicogustavo 13-01-2014 12:44
Soy un trabajador del sector minero con 25 años de servicio,he vivido toda la lucha por la defensa de la diginida de los trabajadores,la s comunidades el medio ambiente y las respuesta del estado ha sido represion y amangualamiento con las transnacionales.
Pero saben que ojala algun dia de verdad tomaramos todos CONCIENCIA de que nuestro pais no se regala y lo defendieramos. Eligiendo lideres politicos con sentido de pertenencia y dolor de patria
SI A LA NACIONALIZACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALEZ
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David
0 # ¿No era esta compañía...David 14-01-2014 23:55
La que pretendía pagar los gastos de abogado de Uribe en Estados Unidos? ¿Por qué esa colaboración?
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Rafael Escalona T.
0 # An´´alisis de la realidad del carbónRafael Escalona T. 15-01-2014 03:04
A esto se refiere el senador Robledo, cuando dice: "Minería sí, pero no así". Este contrato constituye una afrenta a la soberanía política y económica de la nación. Por donde se mire, la multinacional Drummond es la única ganadora, y lo hace con cara o sello.
Produce indignación la especie de confabulación de nuestros gobernantes y las multinacionales que operan en el país, en contra del interés nacional.
Si hoy hay una sanción, ésta obedece ante todo por la acción de denuncia del Polo y sectores democráticos, antes que a una actitud de dignidad e independencia de Juan Manuel Santos, borrego de las más de 2300 transnacionales que hacen presencia en nuestro territorio patrio.
El daño ambiental causado en las inmediaciones de La Loma-cesar, es de unas dimensiones inimaginables e inconmensurable s. Sólo se tiene idea del fenómeno, cuando se hace presencia en la región y nos adentramos por la vía que conduce a la Jagua de Ibirico. El paisaje ha sido totalmente modificado, con montañas donde antes no las había, ríos y quebradas desaparecidos, como desaparecieron también los cultivos de pan coger, y las costumbres sanas de un pueblo trabajador, en faenas agrícolas y pecuarias.
Nos cambiaron el paisaje y las costumbres. Hoy nuestros paisanos y los venidos de otras regiones, que tienen la oportunidad de laborar en la gran minería, tienen corta vida laboral, bien por la forma de vinculación tercerizada o por los efectos de la sílice que causa estragos en la salud de los trabajadores y pueblos confinados.
Ante ésta tragedia que viven quienes la viven, el Polo es la única fuerza política que ha decidido jugársela al lado de los trabajadores y pobladores de la región; tal vez por ello el senador Jorge Robledo, goza de una amplia acogida en el seno de los trabajadores organizados en Sintramienergét ica y Sintracarbón. Simpatía que muy seguramente le será refrendada al Polo Democrático Alternativo, en cabeza de Robledo y otros compañeros que muy dignamente han optado por colocar sus nombres a consideración de los trabajadores para llevar allí su voz discordante contra todas aquellas políticas que vulneran los derechos laborales del sector minero.
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