Suscríbase

El plebiscito que viene

Hernando_GomezEl fallo de la Corte fue impecable y según las encuestan ganaría el “sí”. Pero la campaña será polarizada y todavía falta la pregunta del millón: ¿votaremos antes o después de que la desmovilización de las FARC sea un hecho irreversible?

 Hernando Gómez Buendía*

 

 

Celebraciones por el acuerdo del cese al fuego en el centro de Bogotá.

El fallo

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

La diferencia es de fondo: el referendo reforma la Constitución o aprueba una ley, y debe contener tantas preguntas como reformas específicas se quieran; el plebiscito le dice “sí” o “no” al presidente cuando quiere tomar una decisión que él mismo considera de especial trascendencia.

La confusión fue creada por el propio gobierno, que presentó un proyecto de ley sobre el Plebiscito pero le colgó un artículo que lo volvía un mega-referendo porque el “sí”  daría validez constitucional y legal a todas las reformas que resulten del Acuerdo de La Habana.  

A juzgar por el comunicado  del 18 de julio,  la Corte falló en derecho y ajustó la Ley a lo que dice la Constitución sobre el plebiscito: “Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”.

Este enfoque ortodoxo condujo a cinco precisiones principales:

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

1. Sí al plebiscito. Firmar la paz es una decisión política del presidente que él puede (o no) someter a plebiscito porque el asunto es de trascendencia nacional y no implica invadir facultades de otras Ramas del poder.

2. Sí al umbral. La Constitución del 91 delegó en una ley estatutaria la reglamentación del plebiscito, y la 134 de 1994 había establecido como umbral de participación  “la mayoría del censo electoral” (o sea que hoy habrían sido necesarios más de 16 millones de votos por el “sí” o por el “no”). La nueva ley fijó un umbral de aprobación del 13 por ciento del censo electoral (4,2 millones de votos por el “sí”), y la Corte estimó que esta cota es “representativa”. Se trata de un criterio respetable  de los magistrados, aunque queda el “pero” de que la rebaja del umbral hubiera sido una jugada del gobierno para facilitar la ratificación del Acuerdo.

3. No a la obligatoriedad jurídica.  La Corte en cambio  frustró el intento del mega-referendo,  de modo que el plebiscito en realidad no “ratifica” nada distinto de la firma de Santos, y que las leyes o reformas constitucionales que resulten del Acuerdo con las FARC serán libremente decididas por la instancia competente.

4. Pregunta sin maquillaje. Para reducir el riesgo de una respuesta inducida, la Corte precisó que el plebiscito no se refiere a la paz sino al Acuerdo de la Habana. El fallo sin embargo no estipula una fórmula precisa, y aquí queda un espacio lingüístico y semántico  que el gobierno o el Congreso podrían aprovechar en su momento. 

5. Pedagogía pero no propaganda. Por esta única vez, la mayoría de los funcionarios  públicos podrán hacer campaña por el “sí” o el “no” (aunque con “más de 127 restricciones”); y la campaña no podrá promover partidos o candidatos, sino apenas ideas. Esto es buscar el gobierno pedagógico y es un esfuerzo (poético y patético) para que la democracia participativa sea también deliberativa.

Ganará el sí

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: young shanahan

Para que el pueblo ratifique el acuerdo se necesita (i) un mínimo de 4.286.770 votos por el “si”, y (ii) que haya más votos por el “sí” que por el “no”. Sobre estas bases, las últimas encuestas sugieren que va a ganar el “sí” cómodamente. Proyectando al volumen del censo electoral (32.975.154 votantes), se obtendrían los siguientes resultados:

                                               Tasa de votación        Total votos      Por el sí          Por el no

                                                                                          (en millones)

Encuestas más recientes        

Ipsos (marzo)                                     63%                20,8                 6,9                  5,2

Cifras &Conceptos (marzo)               67%                22,1                 13,5                 6,4      

Gallup (abril)                                      52%                17,1                 9,1                  6,3

Cifras & Conceptos (mayo)               59%                19,5                 11,1                 6,4

Ipsos (junio)                                       64%                21,1                 7,6                  5,3      

Gallup (junio)                                     54%                17,8                 12,5                 3,0

Cifras y Conceptos (junio)                 65%                21,4                 16,7                 4,1

Fuente: encuestas mencionadas y cálculos del autor

De esta manera – y en el peor de los casos- el “sí” tendría casi dos millones de votos más que el “no” y estaría 2,3 millones por encima del umbral. Este margen de seguridad sin duda fue el argumento principal y la baza de último momento para auto-convencer a Santos y, sobre todo, convencer al mando de las FARC para correr un riesgo innecesario y de tan graves consecuencias potenciales (al punto que en pasada edición de Razón Publica yo hubiera sugerido la existencia de un acuerdo secreto entre la Corte, el gobierno y las FARC para evitar la consulta con el pueblo).

Pero el riesgo persiste

-En cuanto a la abstención porque votar es mucho más difícil que expresar la intención de votar, o sea que las encuestas tienden a exagerar las tasas de participación electoral.

Entre 1978 y 2014 en elecciones nacionales (presidente o Congreso) la participación ha fluctuado entre 33 y 55 por ciento (con un 40-45 por ciento como valor típico), un rango muy por encima del 52-67 por ciento que las encuestas estiman para el plebiscito. Y a esto habría que sumarle dos factores:

  • Sin estar de por medio el interés personal de los políticos no se van a mover sus maquinarias, y el plebiscito sería más bien comparable a la Constituyente del 91 (cuando votó apenas el 24 por ciento de la gente) o al referendo de Uribe (cuando solo una de las 15 preguntas logró el umbral del 25 por ciento).
  • Sin obstar lo que dicen las encuestas, hay un cierto “cansancio de la paz” en la opinión -y especialmente en la ciudades-. Esto sería el fruto de por lo menos tres razones poderosas:     

-Las  conversaciones han tomado demasiado tiempo.

-Las negociaciones dejaron de ocuparse de la gente (tierra, drogas…) para    ocuparse de los  guerrilleros (justicia transicional, seguridad en zonas de concentración,…).

-El beneficio principal del Acuerdo (disminución de la violencia) se logró antes de firmarse el Acuerdo.

Aún si no alcanzaran para frustrar el “si”, las consideraciones anteriores son sin embargo suficientes para entender la de otro modo inexplicable vacilación del Centro Democrático  entre apostarle al “no” o a la abstención.

            -En cuanto al voto por el “sí” o el “no” porque las dos campañas están apenas comenzando. Aunque la ventaja porcentual del “sí” es muy considerable (más de 20 puntos en todos los sondeos), la opinión ha tenido sus altas y sus bajas, y por ejemplo en julio del año pasado habría ganado el “no” en un plebiscito.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. Las encuestas colombianas, para peor, no permiten el tipo de “análisis factorial” que arrojaría alguna luz sobre el asunto. Pero en este caso y a título de hipótesis, diría yo que las creencias van a tener un peso significativo y versarán sobre cuatro ejes principales de lectura del (tan extenso y complejo) “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Estos ejes serían los siguientes:

Lecturas para el sí                              Lecturas para el no

“El Acuerdo me afecta”                    “El Acuerdo me afecta”

“Voto por la paz”                              “Voto contra la impunidad”

“Voto por Santos”                             “Voto por Uribe”

“Voto por reformas necesarias”       “Voto contra el castro-chavismo”

Las campañas organizadas de lado y lado –y sobre todo los medios de comunicación-  acentuarán una u otra lectura, y cada quien votará según perciba y valore en su momento esos varios referentes. Un comentario apenas sobre cada eje:

  1. La abstención será mayor entre la gente que no cree en la importancia del Acuerdo. La movilización y la participación de los extremos serán mayores que las del centro.
  2. Los mismos encuestados que están mayoritariamente a favor de “la paz”, están abrumadoramente en contra de “la impunidad para las FARC” y “su llegada al Congreso”: ¿cuál de estas dos lecturas acabará por imponerse?
  3. Santos es muy impopular y Uribe es muy popular. Pero Santos tiene el gobierno y los medios de comunicación, mientras que Uribe no logró las mayorías para el Centro Democrático (¿será que Uribe tiene más pasado que presente?).     
  4. La izquierda espera que haya cambios sociales y apertura política, la derecha dice que vendrá el castro-chavismo; pero todos sabemos que en el fondo no habrá mucho de lo uno o de lo otro, y por eso para mí este no es el primero sino el cuarto de los ejes en disputa.

La pregunta del millón

Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Foto: United Nations Photo

Aunque no existen palabras neutrales, pienso yo que una lectura “imparcial” del acuerdo entre el gobierno y las FARC diría que esta guerrilla acepta desmovilizarse a cambio de unas reformas moderadas en el campo, de una justicia mucho menos punitiva para los exguerrilleros y de las garantías para hacer política. Los resultados tangibles e inmediatos  que podemos esperar serían, por una parte, la disminución de la violencia política, y por la otra el no castigo o el castigo reducido de los exguerrilleros.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. 

Bajo estas circunstancias el votante “medio” y el votante “racional” (los que imaginan los textos académicos) harían el cálculo entre la desmovilización (el beneficio) y el “no castigo” (costo). Y para no perderme en abstracciones, plantearé la cuestión así a la bruta: ¿qué necesidad tienen los colombianos de pagar el costo (no castigo) si ya tienen seguro el beneficio (la desmovilización)?

Por eso aquel votante “racional” -y tal vez muchos votantes reales- se inclinarán por el “no” en tanto perciban que la desmovilización de las FARC ya se produjo o no tiene reversa. Este dato esencial no está aclarado y depende, entre otras cosas, de:

  • Si el Acuerdo se aplica a partir de la fecha de su firma o de la del Plebiscito (hay realidades, bases jurídicas y textos de La Habana para afirmar lo uno o lo otro).
  • El cronograma pactado para la desmovilización (concentración en zonas transitorias, entrega gradual de armas…) y el previsto en la Ley de Plebiscito (cruzar estos cronogramas es un trabajo de relojero que bien merece otro artículo).
  • La evaluación que debe hacerse sobre el estado militar de las FARC y sobre el grado de reversibilidad de las medidas que ha venido adoptando o que adopte con anterioridad al plebiscito (cese al fuego, no secuestros, no reclutamientos, no instrucción militar, entrega gradual de armas…)
  • La seriedad del compromiso de las FARC con la declaración inicial de su vocero: “no volveremos a la guerra si los colombianos votan en contra del plebiscito”.

No exagero al decir que desde los puntos de vista ético y estratégico, esta frase es la más importante de cuantas se han pronunciado o escrito en la mesa de La Habana.

Queda por ver su efecto sobre la decisión de los votantes.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

¿Menos sueldo para los congresistas o mayor vigilancia ciudadana?

Marcela EscandónAunque sea muy popular, la propuesta recurrente de bajarles el salario a los políticos es compleja y discutible. En cambio hay varias cosas que podemos hacer las personas del común para elevar la calidad de nuestros legisladores.

Marcela Escandón Vega*

 

El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe.

Contra los altos sueldos

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso.

Aunque parece un  asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas.

Pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas. 

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

  • En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios  elevados para unas personas cuyo trabajo no sé sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.
  • En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto que muchos se encuentren en la cárcel o  disfrutando cínicamente de la impunidad.
  • En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con  facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como “mermelada”).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A favor de los salarios elevados

Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Pero también existen argumentos para justificar los salarios elevados.

  • En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.
  • Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de  los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.
  • En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿Cómo se reajustan los salarios de los congresistas?

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto:  Congreso de la República de Colombia

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo.

El gobierno nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste  sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralos y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como ponente).

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar - el proyecto de Uribe. En especial si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

El Congreso es la institución básica para la deliberación democrática.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los  congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:

  • Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.
  • Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle “directamente” a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe, lo segundo es control social inteligente.
  • Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.
  • Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso recursos económicos. Sin embargo, es necesario e incluso es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno le hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.

* Historiadora y politóloga, gestora de la prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas del ICFES y docente de cátedra de ciencia política en la Universidad del Rosario.

La coca sigue viva y lo seguirá en el posconflicto

Sergio UribeEn busca de la paz con la guerrilla, el gobierno decidió cerrar los ojos frente a la coca  y por eso las siembras vienen en aumento. La solución va  más  allá de un acuerdo con las FARC: hay que construir sociedad en las regiones apartadas de Colombia.

Sergio Uribe*

 

Mata de coca.

Estrategia de avestruz

El pasado 8 de julio la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó las cifras sobre superficie de coca en Colombia en 2015, según las cuales el área cultivada aumentó considerablemente. El gobierno admitió que el crecimiento del área se ha mantenido pese a las acciones contra las FARC, las bacrim, el ELN, el ELP y otras organizaciones criminales dedicadas al cultivo de la coca, a su transformación y a la comercialización de cocaína.

Y sin embargo en la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas. Desde que en 2011 el presidente entendió que el momento era propicio para sentarse a la mesa con las FARC, su gobierno archivó las principales estrategias de lucha contra las drogas, la violencia y la delincuencia.

En la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas.

Aunque políticamente sea posible negociar la paz, al caracterizar como narco-guerrilleros a los alzados en armas esta negociación se vuelve moralmente inaceptable. Negociar con la “narco-guerrilla” equivale a admitir que el Estado se da por vencido: es como haber negociado pública y oficialmente con Pablo Escobar.

El abandono implícito de la erradicación y de la lucha contra los cultivadores desde  2012 solo puede interpretarse como expresión de una estrategia clara: la del avestruz.

Para darle legitimidad al proceso de La Habana, el gobierno decidió bajar el ritmo de la erradicación y no seguir haciendo evidente el papel de algunos frentes guerrilleros en el cultivo, transformación y comercio de la coca. Y al limitar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas en algunas regiones trató de no lidiar con las FARC como un  gran   narcotraficante o como una organización criminal común.

Verdad  que durante los últimos meses hemos vivido una paz relativa pues los ceses al fuego han evitado derramar más sangre. Pero entretanto han seguido aumentado los narco-cultivos.

La situación real

Mata de coca.
Mata de coca.
Foto: Agencia Prensa Rural

Quienes conocemos el problema de las drogas tendemos a creer que en Colombia en realidad se está posponiendo la guerra.

La ilusión del dinero fácil es el mayor atractivo de los cultivos de uso ilícito, y no hace falta ser economista para entender las motivaciones de los campesinos en estas zonas. En las zonas cultivadoras está claro que:

  1. Quienes viven allí son colombianos que no quieren ser sometidos al rigor del orden social de cualquier país moderno. Buscan huir de su pasado o están convencidos de poder construir un futuro mejor lejos del control del Estado.
  2. La economía colombiana de los últimos 50 años ha sido excluyente porque la producción se concentró en menos del 40 por ciento del territorio donde vive el 80 por ciento de la población.
  3. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los sembrados de coca están en manos de unas 300.000 personas (74.000 familias), que representan al 0,65 por ciento de la población colombiana que vive en ese 60 por ciento del territorio excluido del desarrollo.

Supongamos que en estas regiones cada familia tiene poco más de una hectárea de coca: 1,29 hectáreas por familia para ser exactos, y que produce 1.478 kilos de hoja por cosecha, con cuatro cosechas año. Si cada kilo se vende a 3.000 pesos, el  ingreso bruto son 17,9 millones de pesos por familia al año (sin contar lo que obtienen por trabajo fuera de su parcela). Es decir: estamos hablando de poco más de dos salarios mínimos al mes. Con este panorama es muy difícil que el desarrollo alternativo pueda estimular productos que reemplacen estos ingresos.

  1. Como sostienen muchos analistas, Colombia es “un país de regiones¨ y por eso el Estado central en realidad no llega – o llega mal- a esas regiones apartadas.  

En contraste y por ejemplo en la región del rio Satipo en Perú hay un proyecto llamado Desarrollo Alternativo, que  se apartó de las creencias convencionales y se dedicó a construir comunidad. Después de cuatro años de trabajo con una comunidad asentada sobre unas 4 mil hectáreas se logró que los cultivos aumentaran apenas en 19 hectáreas40.000 hectáreas mucho menos que el amento en las regiones vecinas. Sobra decir que el proyecto tiene sus opositores, principalmente políticos, porque quienes miden el éxito por el volumen de hectáreas erradicadas no entienden que construir sociedad es la mejor manera de salir de la ilegalidad.

Nuestros dirigentes también deberían entender la debilidad del Estado colombiano y optar por estrategias de largo plazo. Los cultivos de coca no se van a acabar en 2018 cuando Juan Manuel Santos entregue el poder. Por eso hay que formular políticas de Estado. La estrategia beligerante de Uribe puede haber ofendido a muchos pero funcionó pues se dio una gran reducción neta de los cultivos. Sin embargo, su política pecó porque no construyó sociedad.

A finales de la década de 1980 la sociedad colombiana optó por enfrentar el narcotráfico cuando los carteles, con Pablo Escobar a la cabeza, intentaron tomarse primero la política y después el Estado. Veinticinco años después hemos avanzado como sociedad pero la violencia y el narcotráfico siguen enquistados entre nosotros.

Coca y paz

Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Foto: Policía Nacional de Colombia

Es probable que la paz traiga la legalización de las actividades agrícolas de un segmento de la población comprometida con las FARC. Pero otro segmento obedece a los intereses económicos de los cultivos y no se entregará. El mayor perdedor en esta ecuación será el campesinado asentado en sus zonas de influencia.

La paz que queremos los colombianos que vivimos en las ciudades no se va a materializar en muchos territorios y buena parte de ese 0,65 por ciento de la población seguirá  condenada a seguir en la ilegalidad.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. Según las estadísticas que nos entregó el SIMCI, el 36 por ciento de las 96.500 hectáreas contabilizadas en 2015 se encuentran en cinco municipios donde las FARC no son predominantes sino que  compiten con las bacrim, el ELN y el EPL.

No es descabellado afirmar que la mayor parte de los hombres (si no los frentes enteros) asentados en estos municipios (Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Valle del Guamuez y El Tambo) tomarán el mismo camino del Frente Primero de las FARC en el Guaviare: no se  unirán a la paz.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. 

En el estudio de la UNDOC se dice que las 96.500 hectáreas de coca identificadas son capaces de poner en el mercado 646 toneladas de cocaína. Esta cifra es relevante porque se trata de 646 de cocaína con 100 por ciento de pureza,  o de unas 810 toneladas al 75 por ciento, que es la calidad media en el mercado mayorista. Según el mismo SIMCI cada hectárea de coca produce unos 8,39 kilos de cocaína tipo exportación al año, que se venden por unos 39,8 millones de pesos. El costo de la materia prima (la hoja) representa el 50 por ciento de los gastos y, por información de otras fuentes, se puede afirmar que la transformación de estos 8,39 kilos en base y eventualmente en cocaína puede costar entre 5 y 6 millones de pesos.

Lo anterior quiere decir que los grupos que controlan la comercialización de la coca en los cinco municipios mencionados obtienen una ganancia de unos 16,5 millones de pesos por kilo al año. De las 34.000 hectáreas de coca ubicadas en los cinco municipios mencionados se pueden extraer 286 toneladas de cocaína al año, que dejan utilidades por unos 4,7 billones de pesos.

En estos lugares, ¿dónde están los incentivos al desarrollo alternativo? ¿Qué cultivo puede competir con la coca? ¿Cómo se va a hacer para que los guerrilleros y sus comandantes se desmovilicen? ¿Será que la solución para los cultivos de coca en Tumaco seguirá siendo arriesgar las vidas de los erradicadores para proteger los bosques y los derechos de las negritudes mientras unos pocos se siguen enriqueciendo?

La coca sigue al asecho en Colombia. La solución pasa por múltiples escenarios y el más complejo es el de construcción de sociedad, porque esta tardará varias generaciones en consolidarse.


* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. 

twitter1-1@suribe52

Análisis

(Tiempo estimado: 7 - 14 minutos)

Libardo-EspitiaLa Red de Veedurías señala el riesgo de la fusión entre UNE y TIGO, consecuencia de una cadena de equivocaciones de la administración local en Medellín. Una denuncia de interés ciudadano. 

Libardo Espitia*

 Decisiones equivocadas

En días pasados, las directivas de UNE–EPM Telecomunicaciones S.A. dieron a conocer la intención de fusionarse con la multinacional Millicom[1], compañía dueña del 50 por ciento más una de las acciones de Colombia Móvil (TIGO).

 

Libardo Espitia Une Tigo FajardoLa estrategia adoptada por el político y matemático Sergio Fajardo ha sido bien distinta a la de Slim: se trata de comprometer recursos públicos en aventuras de alto riesgo.  
Foto: El Espectador.com 

Esa intención se tradujo en una iniciativa presentada la semana pasada ante el Concejo de Medellín, y es producto de una cadena de decisiones impulsadas por el fajardismo, desde la escisión de UNE.

Las decisiones en cuestión han sido criticadas por la Red de Veedurías de Colombia, que ha alertado a la Contraloría General de Medellín, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, así como a los medios de comunicación, sobre el riesgo de desangre de los recursos públicos de la capital antioqueña y sobre la impunidad que ha rodeado la situación.

Estas decisiones “paisas” contrastan con la “berraquera” de los antioqueños para hacer negocios en todo el país, y con el fuerte sentido de pertenencia respecto de sus empresas públicas emblemáticas. 

Antecedentes de la fusión

En 2005, por iniciativa de la administración de Sergio Fajardo, se expidió el Acuerdo Nº 45, que autorizó la constitución de una empresa de servicios públicos por acciones, con capital 100 por ciento público, descentralizada del orden municipal, mediante la transferencia  del patrimonio que integraba la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Telecomunicaciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y se ordenó en compensación el aporte de unas acciones a EE.PP.M. E.S.P.

La empresa tendría por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información  y  las  comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias relacionadas o conexas con ellos.

En junio de 2006 se dieron tres eventos que marcarían el rumbo de UNE–EPM Telecomunicaciones bajo la administración Fajardo:

  • EPM perdió el 25 por ciento de su participación  en Colombia Móvil (TIGO - antes OLA), como efecto de una capitalización de la multinacional sueca Millicom constituida en el paraíso fiscal de Luxemburgo.  La participación de la empresa paisa se redujo al 25 por ciento sobre el 50 por ciento que tenía inicialmente.  Resulta extraño que la capitalización se hubiese perfeccionado a espaldas del Concejo, pero que una vez hecha pública la operación, éste no se hubiera pronunciado al respecto, puesto que se estaba contrariando lo estipulado en el Acuerdo 45 de 2005 que dio vida jurídica a UNE.

De hecho, el artículo 2° establece que la nueva empresa tendría personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, pero que sus estatutos precisarían que no podría transformarse en otro tipo de sociedad, modificar su composición accionaria ni ceder a terceros la administración o la gestión de sus negocios, sin la autorización expresa del Concejo municipal. 

  • El segundo evento fue la venta, en condiciones desfavorables para la ciudad, del 50 por ciento del paquete accionario de Orbitel a los grupos  Sarmiento Angulo y Santo Domingo, operación promovida por el alcalde y a la vez presidente de la Junta Directiva de EPM, Sergio Fajardo, y el gerente general Juan Felipe Gaviria (ver detalles en mi artículo Rendición de cuentas en Antioquia: Fajardo, EPM y Orbitel, publicado en Razón Pública el 3 de septiembre de 2012).

La operación fue aprobada en junio de 2006 por una cuantía de 85 millones de dólares, teniendo como soporte un Plan de Negocios de banda ancha bajo tecnología WIMAX a un horizonte de siete años (2007 – 2013) y que hasta ahora ha sido un fracaso.

La tecnología WIMAX no tenía ni ha tenido experiencias exitosas en el país, pero aún así la Administración se empeñó en la costosa adquisición; en la sesión estuvieron presentes Federico Restrepo Posada, como director del Departamento Administrativo de Planeación y Horacio Vélez De Bedout en su calidad de Secretario de Hacienda, quien posteriormente pasaría a la Dirección General de UNE.

La operación fue aprobada por la Junta Directiva sobre la base de la valoración efectuada por la banca de inversión Inverlink, representada en ese momento por el señor Bruce Mac Master Rojas, quien usó  como base el flujo de caja proyectado en el Plan de Negocios y su cumplimiento a lo largo del período.

Así se desprende del Acta Nº 1457 del 5 de junio de 2006, donde se autorizó el pago de 80 millones de dólares, quedando pendientes los otros 5 millones hasta cuando se completara el enlace número 50.000.

Según las proyecciones de Inverlink, para 2013 Orbitel habría alcanzado una participación del 45 por ciento en el mercado de banda ancha inalámbrica. El 50 por ciento de los enlaces de datos en el mercado masivo y el 100 por ciento en el mercado corporativo contarían con solución de VoiP (voz por internet).

Para el alcalde, el precio de compra fue razonable dados el concepto de la banca de inversión, el gran potencial de WIMAX y el valor agregado que se le daría a la compañía.

Cabe indicar que para la junta Directiva no todos los elementos estaban tan claros el día de la negociación, porque en la siguiente sesión dos de sus miembros solicitaron explicaciones adicionales en torno de la tecnología WIMAX.

  • El tercer hecho ocurrió en 2010 bajo la administración del alcalde Salazar, y consistió  en la compra por 80 mil millones de pesos de la licencia de 4G para prestar servicios de telefonía móvil.

Esta operación resultó sencillamente inverosímil para expertos en el sector de las comunicaciones, quienes saben perfectamente bien que esta tecnología aún no está disponible en el país y los equipos tampoco. Fue una inversión de alto riesgo por la incertidumbre tecnológica, realizada con recursos públicos, al igual que la compra de Orbitel, como se verá a continuación

Orbitel hunde a UNE

En agosto de 2007, UNE absorbió a Orbitel S.A ESP, y con ello el mencionado Plan de Negocios vino a ser parte de un nuevo plan que incluía los planes de otras adquisiciones en el país, como EDATEL, EPM BOGOTA, Empresa de Teléfonos de Pereira, EMTELCO y Colombia Móvil.  Posteriormente se procedería a liquidar Orbitel y se crearían las empresas Orbitel Servicios Internacionales, Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas, y Cinco Telecom Corporation.

Según el Plan de Negocios original de Orbitel, al cierre de la vigencia 2012 debían existir  553.929 enlaces,  pero solo se habían vendido 12.390, lo cual confirma el incumplimiento de las metas que habían justificado el negocio y el daño patrimonial ocasionado a las Empresas Públicas de Medellín.

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y de la misma Contraloría General de Medellín, en efecto, al cierre de 2011 UNE tenía una modesta participación del 4,26 por ciento en el mercado móvil en Colombia, con la tecnología 4G adquirida en  2010 y mediante el arriendo de la infraestructura que le ha facilitado TIGO, cifras que obviamente  no concuerdan con el Plan de Negocios original de Orbitel.

Libardo Espitia Une Tigo participacion

Fuente: MINTIC y Contraloría General de Medellín.

 

Impunidad en el caso Orbitel

La estrategia aplicada sistemáticamente por el multimillonario mexicano Carlos Slim ha sido la de comprar a muy bajo precio empresas en problemas financieros, pero cuyo mercado no tenga incertidumbres a mediano plazo.  Esta estrategia le ha funcionado muy bien: Slim es hoy el hombre más rico del mundo.

 

Libardo Espitia Une Tigo Medellin En la foto de la derecha (de Izquierda a derecha): Juan David Palacio Cardona, Secretario General del Concejo de Medellín; Alba Quintero Zapata, Secretaria General de la Alcaldía de Medellín; Javier Ignacio Hurtado Hurtado, Gerente de Emvarias; Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente de EPM; Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, Presidente del Concejo de Medellín; Marc Eichmann Perret, Presidente de UNE y Iván Darío Sánchez Hoyos, Secretario Privado de la Alcaldía de Medellín, durante la radicación de los dos proyectos de acuerdo en el Concejo de Medellín relacionados  con las empresas UNE y Emvarias. 
Foto: Carlos Vidal, medellin.gov.co

Mientras tanto, la estrategia adoptada por el político y matemático Sergio Fajardo ha sido bien distinta a la de Slim: se trata de comprometer recursos públicos en aventuras de alto riesgo.  En el caso de UNE, la estrategia de Fajardo la tiene al borde de la fusión con la multinacional Millicom.

En el negocio de Orbitel, los ganadores fueron los grandes grupos económicos,  el  perdedor fue el erario de la capital antioqueña.  El 13 de agosto pasado, la Red de Veedurías con el acompañamiento de la Auditoría General de la República solicitó al Contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez abrir un proceso de responsabilidad fiscal en contra de todos los miembros de la Junta Directiva de EPM que autorizaron la negociación en el 2006 por el hecho evidente del incumplimiento del Plan de Negocios con lo cual se probaba el daño patrimonial ocasionado al erario público y porque la misma Gerencia de Tecnologías de Telecomunicaciones de UNE informara el pasado 14 de diciembre que suspendía la instalación, promoción y venta de servicios sobre la infraestructura WIMAX en todo el país.

La Contraloría sin embargo se fue por la tangente, al practicar una auditoria a UNE (cuyo informe, de diciembre de 2012, fue suscrito por el Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal Telecomunicaciones Juan Carlos Rendón López), no menciona siquiera el Plan de Negocios de WIMAX, sino el nuevo plan que ya presupone integración con las demás inversiones de la empresa.

Como era lógico, la Contraloría no halló méritos para abrir el proceso de responsabilidad fiscal que le fue solicitado, pues su “riguroso” análisis concluyó que la situación financiera de UNE no merecía “salvedades”, y que tanto la gestión como los resultados eran favorables, pues la empresa obtuvo una calificación de 82,92 por ciento, en el límite inferior del rango establecido.

Como es bien sabido, Fajardo fue sucedido por Alonso Salazar, de su mismo grupo político, como alcalde de Medellín. Salazar designó a Horacio Vélez De Bedout como gerente general de UNE, mientras que Juan Felipe Gaviria pasó a integrar la Junta Directiva como miembro “independiente”. El doctor Gaviria fue ratificado por el alcalde Aníbal Gaviria en enero de 2012.

El procurador Alejandro Ordóñez — quien ha mostrado ser eficiente en otras ocasiones — en este caso no accedió a abrir la investigación disciplinaria argumentando el hecho de la  prescripción, que en realidad no procedía porque estaba vigente el Plan de Negocios original.

Y por su parte los grandes medios escritos y radiales — hoy en manos de los grupos económicos mencionados — evitan abordar el tema y contribuyen a la impunidad. Tras concluir su administración, Fajardo incluso prestó sus servicios profesionales a la cadena Caracol.

El Concejo de la ciudad tampoco ha cumplido con su deber de control político y no ha contribuido a salvaguardar los recursos públicos del pueblo antioqueño. 

Perdiendo el control

La administración de UNE justifica la iniciativa ante el Concejo (Proyecto de Acuerdo Nº 106 de 2013) en el sentido de que las inversiones que UNE–EPM Telecomunicaciones planea realizar por más de 1,3 billones de pesos — unos 720 millones de dólares entre 2013 y 2015 — exigen la integración con un aliado que disponga de solidez financiera, que aporte valor a la operación, capacidades de desarrollo y comercialización, y a la vez mitigue el riesgo de inversión para el Grupo EPM y, por ende, para el municipio de Medellín.

La autorización permitirá al Grupo Empresarial EPM y a las demás empresas descentralizadas del orden municipal que actúan como socias en UNE–EPM Telecomunicaciones S.A. acometer la transformación de la compañía, que pasaría de ser una filial de una empresa industrial y comercial del Estado — bajo el régimen de asociación consagrado en el artículo 94 de la ley 489 de 1998 — a ser una sociedad mixta, donde el control operativo pasaría obviamente a manos de la multinacional Millicom.

Este proyecto es la consecuencia final de las decisiones equivocadas tomadas por Fajardo y sus alfiles al frente de la empresa paisa.

Director de Servicios Públicos de la Red de Veedurías de Colombia, ingeniero industrial con estudios de posgrado en Gestión y Auditorías Ambientales. 

 

 





























 
Estas decisiones “paisas” contrastan con la “berraquera” de los antioqueños para hacer negocios en todo el país, y con el fuerte sentido de pertenencia respecto de sus empresas públicas emblemáticas. 















































 
 Al cierre de la vigencia 2012 debían existir  553.929 enlaces,  pero solo se habían vendido 12.390, lo cual confirma el incumplimiento de las metas que habían justificado el negocio y el daño patrimonial ocasionado a las Empresas Públicas de Medellín.
























































 
 El Concejo de la ciudad tampoco ha cumplido con su deber de control político y no ha contribuido a salvaguardar los recursos públicos del pueblo antioqueño.




 

Escribir un comentario

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia)con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Que incorporen contenido racista, sexista, homofóbico o discriminatorio por razón de nacionalidad,sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad.
4. Que hagan directa o indirectamente apología del terrorismo o de la violencia.
5. Que apoyen diferentes formas de violación de derechos humanos.
6. Que incluyan contenidos o enlaces que puedan ser considerados como publicidad disfrazada, spam o pornografía.
7. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

Carlos Julio Medina
+1 # Carlos Julio Medina 12-03-2013 16:10
Libardo, es asombroso como una empresa creada desde el seno de EPM y con los recursos públicos representados por EPM, después de unos pocos meses, termina usando recursos legales pero ilegítimos, apoderándose de quien les dio vida, a expensas de su ruina. Desde todo punto de vista es un cóctel perverso, estamos frente a la perfección de empresas parásitas como las creadas por Slim y otras como la españoleta telefónica, pero no solo estas, chupan la sangre de sus víctimas pero también la de sus trabajadores.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Marco Jesús Sotomayo
+1 # Marco Jesús Sotomayo 26-03-2013 17:02
Enhorabuena, un análisis exhaustivo y bien explicado, quizás un poco denso.

Desde España, Orbitel se ve como una de las grandes operadoras del país (www.es.orbitel.com) y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, viendo sus webs y comunicación.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Publicast

PublicastEl programa donde hablan los analistas de Razonpublica.

Ir a Archivo

 

Videocolumnas

Fabián

Bogotá

Ver más videocolumnas

Caleidoscopio

Iván Orozco

Por Equipo Caleidoscopio  

Ver Archivo

Arte y Cultura

Pokémon GO, más allá de las críticas

Fans de la franquicia Pokemon durante Comi-Con.

Diana ReyesAunque la realidad aumentada no es una tecnología nueva, los creadores de este juego han sabido aprovecharla para atraer a una gran cantidad de seguidores que alguna vez soñaron con ser los superhéroes. 

Diana Reyes*

Sazón Pública

01 / 03

FB: caricaturas del Yeyo Tw: @Yeyonet

Santos va en el tren de la paz y Uribe corre a alcanzarlo

02 / 03

Santos va en el tren de la paz y Uribe corre a alcanzarlo

03 / 03

Santos va en el tren de la paz y Uribe corre a alcanzarlo

Por  twitter1-1​@Yeyonet

Este mes           Archivo

 

Lectura Pública

La lucha por la tierra de los indígenas: de la Colonia hasta hoy

El antropólogo colombo-ucraniano Juan Friede Alter.

Juan Pablo ContoLa independencia de Colombia no fue de todos contra los españoles: muchos indígenas lucharon contra los criollos y contra la Republica en defensa de su tierra. Este conflicto no está resuelto aún, pero comprender su historia servirá para lograrlo.

Juan Pablo Conto*

 

Recomendado

¿Y quién vigila a la Policía?

Efectivos de la Policía Nacional junto al General Palomino.

Francisco LealUna larga historia de violencias y de reformas ha hecho que la Policía sea un híbrido y que tenga demasiada autonomía. Aunque hoy podría ser mayor la reticencia de los militares, es el momento de los remedios de fondo.        

Francisco Leal Buitrago*

Mirada Pública - título

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social
Fotos de Felipe Chica Jiménez @felipechica6

01 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

02 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

03 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

04 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

05 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

06 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

07 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

08 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

09 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

10 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

11 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

12 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

13 / 13

Sustitución de cultivos: un reto de justicia social

Cultivos

Fotos: Felipe Chica Jiménez @felipechica6

Nos escriben

  • No nos convencerá de lo contrario

    Apreciado Jorge Iván: No creo que Néstor Humberto Martínez nos convenza de lo contrario. Hace un año dijo que no aspiraba a la Fiscalía y ahí está de fiscal. Cuantos cosas más no ha dicho, y ha sucedido lo contrario. Así que tendremos cuatro años más de una Fiscalía sin cumplir con la misión constitucional que le impuso el constituyente del 91. Es una pena, y ya veremos como Martínez nos decepciona.  Por Luis Fernando García en el artículo de Jorge Iván CuervoNéstor Humberto Martínez: el fiscal del poder.

RP en los medios