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El feminicidio está arraigado en la cultura

Maltrato contra las mujeres, está en el arraigo cultural.

Myriam JimenoA pesar de las leyes, las cifras siguen siendo deplorables. Por eso hay que buscar más hondo, en la romantización del amor, en el supuesto de que el agresor es un enfermo, o en la creencia de que razón y emoción son cosas separadas. Una mirada crítica sobre ideas que damos por sentadas.

Myriam Jimeno*

El Estado, el pueblo y los inversionistas en pugna: el caso Marmato y otros similares

Empresas mineras ¿pueden demandar al Estado colombiano?.

Sebastian Salazar¿Quién tiene la razón en el conflicto entre empresas extranjeras y legislación nacional? ¿El Estado está desconociendo sus acuerdos con los inversionistas? ¿O es que las compañías simplemente quieren ganar por punta y punta?

Sebastián Salazar*

 

Escenarios y tensiones electorales del 2018

Esta campaña en particular se librará en las redes sociales y los medios tradicionales tendrán que hacer frente a eso

Enrique HerreraAunque los candidatos no están muy bien definidos, ya se puede decir mucho sobre los espacios, los métodos, los temas y las disyuntivas que enmarcarán la campaña presidencial que se avecina. Y sin embargo…  

 

Enrique Herrera Araújo*

 

Legalización de la droga: Por qué sí - Por qué no 

¿Cómo combatir el narcotráfico sin sacrificar la paz?

Drogas ilícitas

Fernando GuerraEl narcotráfico está vivo y el gobierno está a punto de reiniciar su guerra contra los cocaleros. Por eso urge reconstruir el campo y asumir la bandera de la legalización,                                                     

Fernando Guerra Rincón*

La legalización de las drogas recreativas: una ilusión inviable

Incautación de cocaína.

Francisco ThoumiQuienes defienden la legalización en Colombia olvidan que para que esta tenga los efectos que esperan el mundo tendría que moverse en la misma dirección. Pero esto es un imposible porque todos o casi todos los países de ese mundo son prohibicionistas.  

Francisco E. Thoumi*

Especial

La reconciliación como acontecimiento judicial

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP

Nestor CorreaPorque se trata de un tema de veras prioritario – y en un país donde las leyes han tendido a no cumplirse-  publicamos este texto esperanzador del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Néstor Raúl Correa*

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

alfredo_sarmientoLo que está en juego no es apenas la inflación sino un modelo de sociedad y una estrategia de crecimiento económico.

Alfredo Sarmiento

La discusión sobre el salario mínimo es una ocasión para volver a plantearse algunas preguntas básicas sobre el ordenamiento social. Esta discusión no debe reducirse al enfrentamiento anual entre los trabajadores, que buscan maximizarlo, y los empresarios, que buscan minimizarlo. Es necesario recordar las preguntas y las respuestas básicas que debería tener este diálogo -que no confrontación- entre trabajadores, empresarios y gobierno: ¿Por qué esta regla institucional pública se llama "salario mínimo"?; "Mínimo": ¿por qué?; Mínimo": ¿para qué?

La discusión sobre el criterio utilizado para el ajuste anual pierde su sentido cuando se reduce a mirar el índice de aumento de los precios de la canasta familiar. En un juicioso trabajo publicado en 2007, Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada comparan la legislación y los criterios de ajuste del salario mínimo para 38 países, dentro de los cuales naturalmente está Colombia. Haití es el único país que toma como criterio "el costo de vida y tasa de inflación" solamente - como se hizo esta vez en Colombia-. Para la mayor parte de los demás países analizados, incluyendo a Colombia, el marco normativo exige  "garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia" [1].

Es decir que la respuesta sobre el para qué del salario mínimo tiene que ver con la finalidad de la organización económica de la sociedad colombiana. La producción nacional es un medio necesario para su crecimiento  económico, pero de ninguna manera es su finalidad última. La pregunta sobre quién se beneficia del aumento del  producto o del ingreso nacional no sólo es necesaria para cualquier economía, sino que es vital para una sociedad que, como la colombiana, padece de una gran inequidad y donde la participación política de los más pobres tiene reconocidas deficiencias.

La socorrida afirmación de que el salario mínimo colombiano supera al de países de similar desarrollo debe ser cuidadosamente calificada ante la revaluación del peso colombiano, que sin duda disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, pero no aumenta en la misma proporción la capacidad de compra de los asalariados formales e informales, como ocurrió a lo largo del 2008 - debido al gran aumento en el precio de los alimentos.

Es hora de que los compromisos nacionales e internacionales por erradicar el hambre y la pobreza extrema se concreten en medidas como la de precisar los mínimos para poder lograr esa "vida digna" que nuestra sociedad ha pactado en la Constitución Política. 

Tratar de presentar la búsqueda de los mínimos vitales como un utópico deseo social es algo propio tan sólo de personas  mal informadas o de aquellas que creen que aún transitamos por el mercantilismo del siglo XVII, donde un pago deficiente de la mercancía  trabajo podría reportar una mayor utilidad para los empresarios.

Es al contrario: la esclavitud y el feudalismo- donde los salarios fueron más bajos- crearon riquezas en el corto plazo, no sostenibles y con un muy bajo potencial de acumulación. Lo que reiteradamente muestra la experiencia es que las sociedades más igualitarias y mejor educadas son las que permiten el desarrollo de empresas más prósperas y sostenibles.

Los países más desarrollados no son los que favorecen la acumulación de riqueza de unas cuantas personas. Son los que logran dar acceso universal para que se cree y utilice el conocimiento en la vida diaria. Es decir que entre los elementos de una vida digna debe estar por supuesto la posibilidad de que el trabajador y su familia se alimenten de manera adecuada, pero también la posibilidad de acceder a la educación, a la salud básica y en general al conjunto de libertades que universalmente hemos pactado en la Declaración de los Derechos Humanos y nacionalmente en la Constitución Política.

Permitir que una buena parte de la población quede por fuera de los mínimos vitales no sólo es una injusticia social sino un grave desperdicio económico. Un "desperdicio", porque prescindimos del aporte al desarrollo de un conjunto de personas, que además en el futuro significarán cargas para el erario público porque serán mal nutridos, menos educados y menos productivos.  Y es una  injusticia porque significa quitar la posibilidad de desarrollo como personas y ciudadanos a una parte de la población por haber nacido en la zona rural o porque sus padres tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollar sus posibilidades.

De manera que es miope juzgar el salario mínimo sólo como un costo de producción que debe minimizarse. Y esta supuesta "minimización" tampoco se ha basado en un análisis riguroso sobre el funcionamiento de nuestra economía. En efecto, si le creemos a lo que afirman Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada en la conclusión del estudio citado y al trabajo de Arango y Posada del 2006, las decisiones sobre salario mínimo no se han apoyado suficientemente en estudios sobre los factores que la técnica económica requeriría para una buena fundamentación de las decisiones, ni "se encontró evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el salario real del sector privado y el salario mínimo"[2].

A estas críticas sobre la forma como se discute y fundamenta el salario mínimo se agregan - más aún en el estado actual de la economía-  los análisis del Banco de la República que encuentran la caída en la demanda interna como el factor que más aportó a la disminución del crecimiento económico[3], lo cual hace evidente la inconveniencia de disminuir la capacidad de compra de los consumidores.

Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la evidencia muestra que los bajos ingresos que puede conseguir el jefe de hogar llevan a un aumento de la oferta de los llamados "trabajadores secundarios" es decir, de  los jóvenes que antes estudiaban, las amas de casa y los ancianos, con lo cual se agrava la situación de desempleo[4].

De estas breves consideraciones quedan claros varios elementos críticos para juzgar la forma como se ha determinado el salario mínimo:

1. De acuerdo con la institucionalidad colombiana, el salario mínimo debe tener como referencia la posibilidad de alcanzar los mínimos de una vida digna y no la de minimizar los costos de producción;

2. La experiencia de los países más avanzados demuestra que aumentar el salario mínimo ayuda a mejorar la competitividad, la equidad y las oportunidades de los más pobres - o sea que es un "buen negocio" para el país.  

3. Disminuir la capacidad de compra de los consumidores de menores ingresos, cuya canasta es predominantemente de artículos nacionales, es un ahorro que empobrece y se hace en el momento menos oportuno de la coyuntura económica, que nacional e internacionalmente busca instrumentos para reavivar la demanda por parte de los consumidores.

Colombia debe recordar que su mejor riqueza es la gente y que la equidad social es un negocio que reporta buenos dividendos económicos.

Notas de pie de página


 

[1] Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada "El salario mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países",  Banco de la República. Borradores de Economía. No 436 2007. Los países son: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Japón, Luxemburgo, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Turquía, Uruguay y Venezuela.

[2] Para la primera ver las conclusiones del trabajo de Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada citado en la primera referencia. Para la segunda afirmación ver L. E Arango y C. E. Posada, 2006," Los salarios de los funcionarios públicos en Colombia, 1978-2005" Borradores de Economía, No. 417.

[3]"La caída de la demanda interna fue el factor que más contribuyó a la disminución del crecimiento económico entre el primero y el segundo trimestres. La desaceleración en el consumo de los hogares (de 3,4% a 3,1%), como la disminución en la inversión en obras civiles (de -14,6% a -13,8%, explican la mayor parte de este resultado." Banco de la república reporte sobre inflación septiembre.  Presentado por el equipo técnico a la Junta Directiva, para su reunión del 24 de octubre de 2008.

[4] "Del comportamiento de la Tasa Global de Participación por segmentos de población también se deduce que el aumento de la oferta laboral mencionado se originó, sobre todo, en los trabajadores secundarios del hogar y no en los jefes de hogar. Este fenómeno suele estar relacionando con una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios nominales de los jefes de hogar o con una reducción en sus posibilidades de empleo. La desaceleración de la economía y el aumento de la inflación de los últimos trimestres pueden explicar estas tendencias recientes de la oferta laboral"; Ibidem p.23

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Comentarios  

cesar augusto
0 # cesar augusto 05-01-2011 12:35
Me parece muy acertado su comentario, seria bueno que los pocos ricos de ete pais, analizaran y reflexionaran sobre este tema.
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