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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

alfredo_sarmientoLo que está en juego no es apenas la inflación sino un modelo de sociedad y una estrategia de crecimiento económico.

Alfredo Sarmiento

 

La discusión sobre el salario mínimo es una ocasión para volver a plantearse algunas preguntas básicas sobre el ordenamiento social. Esta discusión no debe reducirse al enfrentamiento anual entre los trabajadores, que buscan maximizarlo, y los empresarios, que buscan minimizarlo. Es necesario recordar las preguntas y las respuestas básicas que debería tener este diálogo -que no confrontación- entre trabajadores, empresarios y gobierno: ¿Por qué esta regla institucional pública se llama "salario mínimo"?; "Mínimo": ¿por qué?; Mínimo": ¿para qué?

La discusión sobre el criterio utilizado para el ajuste anual pierde su sentido cuando se reduce a mirar el índice de aumento de los precios de la canasta familiar. En un juicioso trabajo publicado en 2007, Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada comparan la legislación y los criterios de ajuste del salario mínimo para 38 países, dentro de los cuales naturalmente está Colombia. Haití es el único país que toma como criterio "el costo de vida y tasa de inflación" solamente - como se hizo esta vez en Colombia-. Para la mayor parte de los demás países analizados, incluyendo a Colombia, el marco normativo exige  "garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia" [1].

Es decir que la respuesta sobre el para qué del salario mínimo tiene que ver con la finalidad de la organización económica de la sociedad colombiana. La producción nacional es un medio necesario para su crecimiento  económico, pero de ninguna manera es su finalidad última. La pregunta sobre quién se beneficia del aumento del  producto o del ingreso nacional no sólo es necesaria para cualquier economía, sino que es vital para una sociedad que, como la colombiana, padece de una gran inequidad y donde la participación política de los más pobres tiene reconocidas deficiencias.

La socorrida afirmación de que el salario mínimo colombiano supera al de países de similar desarrollo debe ser cuidadosamente calificada ante la revaluación del peso colombiano, que sin duda disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, pero no aumenta en la misma proporción la capacidad de compra de los asalariados formales e informales, como ocurrió a lo largo del 2008 - debido al gran aumento en el precio de los alimentos.

Es hora de que los compromisos nacionales e internacionales por erradicar el hambre y la pobreza extrema se concreten en medidas como la de precisar los mínimos para poder lograr esa "vida digna" que nuestra sociedad ha pactado en la Constitución Política. 

Tratar de presentar la búsqueda de los mínimos vitales como un utópico deseo social es algo propio tan sólo de personas  mal informadas o de aquellas que creen que aún transitamos por el mercantilismo del siglo XVII, donde un pago deficiente de la mercancía  trabajo podría reportar una mayor utilidad para los empresarios.

Es al contrario: la esclavitud y el feudalismo- donde los salarios fueron más bajos- crearon riquezas en el corto plazo, no sostenibles y con un muy bajo potencial de acumulación. Lo que reiteradamente muestra la experiencia es que las sociedades más igualitarias y mejor educadas son las que permiten el desarrollo de empresas más prósperas y sostenibles.

Los países más desarrollados no son los que favorecen la acumulación de riqueza de unas cuantas personas. Son los que logran dar acceso universal para que se cree y utilice el conocimiento en la vida diaria. Es decir que entre los elementos de una vida digna debe estar por supuesto la posibilidad de que el trabajador y su familia se alimenten de manera adecuada, pero también la posibilidad de acceder a la educación, a la salud básica y en general al conjunto de libertades que universalmente hemos pactado en la Declaración de los Derechos Humanos y nacionalmente en la Constitución Política.

Permitir que una buena parte de la población quede por fuera de los mínimos vitales no sólo es una injusticia social sino un grave desperdicio económico. Un "desperdicio", porque prescindimos del aporte al desarrollo de un conjunto de personas, que además en el futuro significarán cargas para el erario público porque serán mal nutridos, menos educados y menos productivos.  Y es una  injusticia porque significa quitar la posibilidad de desarrollo como personas y ciudadanos a una parte de la población por haber nacido en la zona rural o porque sus padres tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollar sus posibilidades.

De manera que es miope juzgar el salario mínimo sólo como un costo de producción que debe minimizarse. Y esta supuesta "minimización" tampoco se ha basado en un análisis riguroso sobre el funcionamiento de nuestra economía. En efecto, si le creemos a lo que afirman Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada en la conclusión del estudio citado y al trabajo de Arango y Posada del 2006, las decisiones sobre salario mínimo no se han apoyado suficientemente en estudios sobre los factores que la técnica económica requeriría para una buena fundamentación de las decisiones, ni "se encontró evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el salario real del sector privado y el salario mínimo"[2].

A estas críticas sobre la forma como se discute y fundamenta el salario mínimo se agregan - más aún en el estado actual de la economía-  los análisis del Banco de la República que encuentran la caída en la demanda interna como el factor que más aportó a la disminución del crecimiento económico[3], lo cual hace evidente la inconveniencia de disminuir la capacidad de compra de los consumidores.

Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la evidencia muestra que los bajos ingresos que puede conseguir el jefe de hogar llevan a un aumento de la oferta de los llamados "trabajadores secundarios" es decir, de  los jóvenes que antes estudiaban, las amas de casa y los ancianos, con lo cual se agrava la situación de desempleo[4].

De estas breves consideraciones quedan claros varios elementos críticos para juzgar la forma como se ha determinado el salario mínimo:

1. De acuerdo con la institucionalidad colombiana, el salario mínimo debe tener como referencia la posibilidad de alcanzar los mínimos de una vida digna y no la de minimizar los costos de producción;

2. La experiencia de los países más avanzados demuestra que aumentar el salario mínimo ayuda a mejorar la competitividad, la equidad y las oportunidades de los más pobres - o sea que es un "buen negocio" para el país.  

3. Disminuir la capacidad de compra de los consumidores de menores ingresos, cuya canasta es predominantemente de artículos nacionales, es un ahorro que empobrece y se hace en el momento menos oportuno de la coyuntura económica, que nacional e internacionalmente busca instrumentos para reavivar la demanda por parte de los consumidores.

Colombia debe recordar que su mejor riqueza es la gente y que la equidad social es un negocio que reporta buenos dividendos económicos.

Notas de pie de página


 

[1] Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada "El salario mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países",  Banco de la República. Borradores de Economía. No 436 2007. Los países son: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Japón, Luxemburgo, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Turquía, Uruguay y Venezuela.

[2] Para la primera ver las conclusiones del trabajo de Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada citado en la primera referencia. Para la segunda afirmación ver L. E Arango y C. E. Posada, 2006," Los salarios de los funcionarios públicos en Colombia, 1978-2005" Borradores de Economía, No. 417.

[3]"La caída de la demanda interna fue el factor que más contribuyó a la disminución del crecimiento económico entre el primero y el segundo trimestres. La desaceleración en el consumo de los hogares (de 3,4% a 3,1%), como la disminución en la inversión en obras civiles (de -14,6% a -13,8%, explican la mayor parte de este resultado." Banco de la república reporte sobre inflación septiembre.  Presentado por el equipo técnico a la Junta Directiva, para su reunión del 24 de octubre de 2008.

[4] "Del comportamiento de la Tasa Global de Participación por segmentos de población también se deduce que el aumento de la oferta laboral mencionado se originó, sobre todo, en los trabajadores secundarios del hogar y no en los jefes de hogar. Este fenómeno suele estar relacionando con una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios nominales de los jefes de hogar o con una reducción en sus posibilidades de empleo. La desaceleración de la economía y el aumento de la inflación de los últimos trimestres pueden explicar estas tendencias recientes de la oferta laboral"; Ibidem p.23

 

 

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Comentarios  

cesar augusto
0 # cesar augusto 05-01-2011 17:35
Me parece muy acertado su comentario, seria bueno que los pocos ricos de ete pais, analizaran y reflexionaran sobre este tema.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
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