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Néstor Humberto Martínez: el fiscal del poder

Jorge Iván CuervoEl nuevo fiscal empieza su labor rodeado de sospechas y controversias por la manera como fue elegido y por su trayectoria como abogado de clientes poderosos. ¿Podrá convencer a la ciudadanía de que es el fiscal imparcial y serio que el país necesita?

Jorge Iván Cuervo R.*

 

El nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Estaba cantado

La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación era un hecho cantado, no solo por sus antecedentes profesionales y políticos sino por la conformación de la terna que presentó el gobierno.

En efecto, el presidente integró la terna con personas de su entorno: su ministro de Justicia (Yesid Reyes), la asesora del gobierno en temas de justicia transicional en La Habana (Mónica Cifuentes) y su exministro de la Presidencia y artífice de la fallida reforma a la justicia incluida en el proyecto de equilibrio de poderes (Martínez). Es decir, Santos no quería sorpresas. Pero Yesid Reyes no tenía el perfil (ni el hígado) para hacer el cabildeo necesario ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a Mónica Cifuentes no le bastó con mostrar su trayectoria técnica. Era evidente que Martínez tenía amplia ventaja. No solo su nombre ya se ventilaba desde hace un año como posible candidato a fiscal, sino que contaba con el apoyo de la coalición política que lidera el todopoderoso vicepresidente Vargas Lleras, quien quiere un fiscal cercano y afín a sus aspiraciones presidenciales.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político que trasciende las necesidades de la justicia y de la Fiscalía. El nuevo fiscal es un abogado exitoso que ha sido un funcionario público eficaz, pero esencialmente es un cabildante del poder. El cabildeo (o lobby) es una actividad legítima, pero en Colombia debería estar regulada para tener claros hasta dónde van sus límites, como sucede en Estados Unidos.

El problema radica en que Martínez no se ha limitado a ser un cabildante, pues en varias ocasiones ha cruzado la puerta para ejercer cargos públicos, en ejercicio de los cuales ha podido acceder a información privilegiada y a contactos sociales que después le facilitaron su labor como abogado particular. Martínez va y viene de gobierno en gobierno, sin lealtades políticas, dejando complicidades aquí, conflictos de intereses allá y debilitando la frontera entre lo público y lo privado.

Consumado el hecho, tenemos que empezar a crear un discurso que justifique esta como una buena elección. Para ello podríamos decir que Martínez es un funcionario competente, que seguramente logrará la reingeniería que la Fiscalía necesita para el posconflicto. Pero no. Esta fue una mala elección, cuya responsabilidad recae sobre el presidente Santos y los magistrados de la Corte Suprema que también juegan al cálculo político.

La elección estaba cantada y nos hubieran podido evitar el desgaste de la inscripción abierta de candidatos, las tres rondas de votación, toda una parafernalia innecesaria: pura pompa para hacer legítimo un acto de dudosa seriedad.

Los primeros anuncios

El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
Foto: Vicepresidencia

Martínez hizo varios anuncios importantes después de ser elegido.

-Dijo que haría públicos todos sus impedimentos y conflictos de interés, y que dejaría a la Corte Suprema de Justicia la elección de un fiscal ad hoc que no fuera subalterno suyo, porque eso no es garantía de imparcialidad (como se pudo ver en el caso de Saludcoop, cuando el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo decidió no molestar a los antiguos clientes de su jefe). Sería muy bueno que el nuevo fiscal presentara un documento donde deje claros todos los posibles conflictos de interés que tiene y que este quede en custodia de una organización como Transparencia por Colombia. También sería deseable que entregara su declaración de renta, a lo cual se negó después de que esta misma organización se lo solicitara.

-También ha dicho que creará varias vicefiscalías especializadas que orienten de manera estratégica la acción de esta entidad, que todavía le debe a la ciudadanía resultados más satisfactorios en la lucha contra el crimen.

-Después de sus desafortunadas declaraciones sobre la descriminalización de la violencia intrafamiliar, por ser un delito sin importancia “que atosiga” a la justicia, Martínez recogió sus palabras y entendió que este tipo de medidas deben debatirse en el contexto de la política criminal. Por eso sería muy importante que el nuevo fiscal se comprometiera a que todos los temas relacionados con nuevos delitos o despenalización de otros se discutan en el Consejo Superior de Política Criminal, y no se volviera un aventurero entusiasta que reacciona a coyunturas frente a los micrófonos.

Los parámetros

Lo más negativo de la era Montealegre fue haber metido a la Fiscalía en el debate político. Martínez también es proclive al debate, pero ahora que todos los reflectores estarán sobre él ojalá se abstenga de hacer política y se concentre en cumplir sus funciones, que no son otras que investigar e imputar los delitos correspondientes ante los jueces.

Es importante que Martínez tome nota de las altas tasas de impunidad y diseñe un plan de choque, especialmente en lo que respecta a aquellos delitos que afectan de manera permanente al ciudadano.

También es importante que su nuevo director entienda que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y no del poder Ejecutivo, lo que significa que no le debe lealtad al presidente que lo nombró ni al vicepresidente que lo respaldó políticamente.  

Martínez debe entender que no puede erigirse como conciencia jurídica de la Nación, como pretendió hacerlo Eduardo Montealegre en su megalomanía, y que no tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz, sino simplemente cumplir su función de mejorar la investigación criminal en Colombia. Incluso en lo simbólico, Martínez debería evitar salir mucho en fotos con el gobierno.

Sin embargo, las tentaciones de las mieles del poder de cara a una eventual carrera presidencial están a la orden del día. ¿Podrá controlarse?

Los desafíos

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Foto:  Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Son muchos los desafíos que le esperan a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Aquí señalo cinco que son impostergables:

  1. Preparar toda la información necesaria para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pactado entre el gobierno y las FARC. La Jurisdicción Especial Para la Paz no puede empezar de cero y es obvio que no podrá ocuparse de todos los delitos cometidos en el período establecido por el acuerdo. Para que esta tenga éxito se necesita establecer prioridades e identificar casos emblemáticos. Por eso la labor de organización y de apoyo de la Fiscalía es fundamental.
  2. Se necesitan resultados concretos en casos sonados de corrupción, como el “carrusel de la contratación”, Interbolsa, la Federación Colombiana de Fútbol, y otros casos de alcance regional que no se han movido por las presiones de los políticos locales. A propósito, va a ser interesante conocer cómo enfrentará Martínez las denuncias  de corrupción o de crimen de políticos de Cambio Radical, el partido de su jefe político y de cuyo comité de ética hizo parte en algún momento.
  3. La Fiscalía tiene que trabajar de la mano con los alcaldes y la Policía Nacional. Es una queja recurrente en las ciudades que las políticas de seguridad ciudadana diseñadas por las Secretarías de Gobierno no tienen el apoyo de los fiscales y que la Policía captura –muchas veces en flagrancia– al posible delincuente y la Fiscalía no perfila bien los cargos por falta de una investigación adecuada, lo cual hace que los jueces de control de garantías se vean en la necesidad de dejarlos libres. Y el costo político de la mala gestión de la Fiscalía acaba siendo asumido por los alcaldes.
  4. La Fiscalía debe diseñar un plan para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia que surjan o se intensifiquen tras la desmovilización de las FARC: la minería ilegal, el narcotráfico y los nuevos grupos armados ilegales que surjan del reciclaje y la trasferencia de armas. Es fundamental que el clima de seguridad no se deteriore durante el post-acuerdo y en esta tarea la Fiscalía cumplirá un papel fundamental.
  5. Ya que habló de violencia intrafamiliar, el nuevo fiscal debe tomar el toro por los cuernos y liderar el debate sobre cuál debe ser el tratamiento para este flagelo. Las cifras de violencia en los hogares colombianos son alarmantes y ameritan un tratamiento que debe ir más allá de la prisión para el agresor. Este debate debe darse en el Consejo Superior de Política Criminal, pero también con las organizaciones de mujeres y de víctimas de la violencia. Es importante que el nuevo fiscal no eluda esta controversia y muestre sus cartas en la discusión.

No tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz.

Eduardo Montealegre dejó la Fiscalía en una grave crisis de credibilidad. En lugar de fortalecer las Fiscalías regionales y el Cuerpo Técnico de Investigación, optó por aumentar la planta de contratistas sin otra razón aparente que pagar favores a amigos cercanos. Martínez tiene que desmontar este aparato administrativo ineficiente, acabar de consolidar la carrera administrativa en la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación y dejar una Fiscalía moderna y confiable, usando toda su inteligencia y experiencia para el servicio del Estado y no para la defensa de sus futuros clientes o de aspiraciones políticas propias o de sus jefes políticos.

Con Montealegre todos nos equivocamos. La elección de Martínez también es un error desde el principio, pero con una buena gestión y resultados concretos puede lograr convencernos de lo contrario.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

¿Qué tan graves son las disidencias en las FARC?

Carlo NasiNo cabe duda de que algunas unidades o “frentes” de la guerrilla van a negarse a deponer las armas. ¿Pero qué tantos serán los disidentes y qué tan justificados son los temores que han expresado los críticos del proceso de La Habana?

Carlo Nasi*

 

Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Farc.

Las FARC: una guerrilla cohesionada

El anuncio reciente del Frente Primero de las FARC en el sentido de que no abandonarán las armas ha despertado una ola de especulaciones, estimuladas además por un comunicado del Procurador Ordoñez donde afirma que tampoco se va a desmovilizar el Frente Séptimo, “con unos 300 integrantes, entre guerrilleros y milicianos”.

Algunas de las especulaciones en cuestión son malintencionadas y buscan alimentar el miedo y la desconfianza en el proceso de paz, otras son la expresión de preocupaciones más genuinas, aunque no siempre justificadas. ¿Qué se puede decir entonces acerca de la  disidencia confirmada de las FARC?

Para empezar, se trata de un evento atípico. En casi cuatro años del proceso de paz ningún frente se atrevió a discutir públicamente el acto de negociar, la legitimidad de los voceros de las FARC en La Habana, o el contenido de los acuerdos. Esto demuestra el acatamiento del mando guerrillero por parte de sus tropas.

A la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna.

El hecho de que durante estos años no se produjeran actos de desobediencia o sabotaje a las negociaciones da cuenta de la sólida organización de las FARC. Si el descontento con la negociación hubiese calado hondo, incluso en unos pocos frentes guerrilleros, el cese unilateral al fuego indefinido que declaró esta guerrilla en diciembre de 2014 no hubiese aguantado una semana.

Disidencias inevitables

Guerrilleros de las Farc.
Guerrilleros de las Farc.
Foto: Facebook Delegación de Paz Farc

Pero la cohesión demostrada por las FARC no debe confundirse con la ausencia de debates internos frente al proceso de paz. Seguramente los hubo desde el comienzo. La demora en las negociaciones, que tanto exasperó a los colombianos, no solamente se explica por los desacuerdos y bloqueos típicos de toda negociación de paz: dentro de la propia guerrilla probablemente se dio un proceso gradual y complejo de construcción de consenso a favor de la paz negociada.

También los viajes a La Habana de varios mandos altos y medios de la guerrilla (distintos del equipo negociador) que registró la prensa quizás tuvieron el propósito de persuadir a algunos comandantes claves de dejar atrás la resistencia y subirse al tren de la salida pacífica al conflicto.

En síntesis, a la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna, en la que se trataba de persuadir a los guerrilleros radicales e indecisos sobre la inconveniencia de proseguir la lucha armada (luego de que los propios jefes de la guerrilla la habían justificado por más de cincuenta años) y sobre la importancia de aprovechar esta oportunidad histórica de firmar un acuerdo de paz definitivo.

El éxito de toda negociación de paz depende en buena medida del resultado de esas negociaciones internas. Si no hubieran introducido realismo en las expectativas de los guerrilleros y un entendimiento nuevo sobre la situación del país, los jefes de las FARC habrían sido criticados, acusados de traicionar los ideales de la guerrilla y a sus propios “mártires”, y habrían podido acabar aislados y sin respaldo, incapaces de firmar un acuerdo de paz.  

No obstante, la recta final de los procesos de paz, cuando la firma del acuerdo definitivo y el desarme están a la vista, es un momento crítico que se presta para las disidencias. En este  momento los integrantes de las guerrillas pueden hacer un balance general de los logros de las negociaciones frente a las aspiraciones iniciales, a la vez que cristalizan los temores de todo lo que implica hacer un tránsito a la vida civil.

Por supuesto, ninguna paz pactada deja a todo el mundo contento, porque toda negociación implica ceder. Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. Para esta guerrilla también debió quedar muy claro que lo que se ha negociado en La Habana incluye reformas importantes, pero dista mucho de ser una “revolución por contrato”. De ahí que sean esperables las inconformidades y disidencias.   

Las consecuencias

¿Qué se desprende de la reciente disidencia del Frente Primero y qué implicaciones tiene?

En primer lugar, no fue todo el Frente Primero el que se declaró en disidencia, sino apenas un sector del mismo. Con una celeridad inusitada, los jefes de las FARC controlaron el daño al expulsar a los disidentes y nombrar a una persona de su confianza como nuevo jefe del Frente Primero.

Los dirigentes de las FARC también notificaron a los expulsados que no podrían seguir utilizando el nombre y los recursos de la organización para seguir en la guerra, lo cual constituye una maniobra hábil: aislaron y deslegitimaron a los renegados, a la vez que retuvieron como parte de las FARC a un sector importante del Frente Primero. Quién sabe si esta estrategia se pueda replicar exitosamente con otras disidencias- comenzando por la rebeldía aparente del Frente Séptimo.

En segundo lugar, lo del Frente Primero no parece ser tan grave: es dudoso que sea el principio de una “cascada de disidencias”. Hasta el momento, el principal (y casi único) líder de las FARC que de manera pública se ha declarado en disidencia es Iván Mordiscos, totalmente desconocido por la opinión pública y una figura secundaria dentro de las FARC.

Eso da cuenta de dónde están los inconformes. De hecho, en vez de obtener respaldo, Iván Mordiscos ha sido repudiado por otros comandantes guerrilleros de mayor importancia y trayectoria, de modo que es de esperar que las disidencias no adquirirán dimensiones importantes.

No todo por la plata

Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Con el episodio del Frente Primero empezaron a circular especulaciones sobre otros frentes que seguirían en la ilegalidad y sobre el porcentaje de guerrilleros que no se acogería a la paz. Además del comunicado del Procurador sobre el Frente Séptimo, en los medios se aventuraron hipótesis de que los frentes 16, 44 y 57 tampoco se desmovilizarían por estar profundamente involucrados en el narcotráfico y las economías ilegales.

Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. 

Estas especulaciones no me parecen fundadas porque no solamente esos frentes, sino las FARC en su conjunto han dependido de las rentas ilegales. Puede que un sector de las FARC, con guerrilleros de todos los frentes, decida mantenerse en guerra por cuenta de los negocios ilegales, pero es incorrecto deducir mecánicamente las futuras disidencias a partir de la ubicación geográfica de los frentes y de la “economía política” de las regiones donde operan.

Nada impide que cualquier guerrillero de cualquier frente decida seguir en las mismas para aprovechar las rentas ilegales no solo del narcotráfico, sino de la minería ilegal, la extorsión o similares.

Por otra parte el proceso de paz será la forma de comprobar algunas hipótesis sobre la relación entre las FARC y el narcotráfico. En algunos sectores de la opinión pública ha circulado desde hace tiempo la versión de que las FARC simplemente se ha convertido en “el más grande y lucrativo cartel del narcotráfico del país” y que, dadas las jugosas rentas que recibe, nunca va a renunciar al negocio. La guerrilla siempre ha negado esa versión, reivindicando su ideología revolucionaria. ¿Cuál de las dos versiones corresponde a la realidad? ¡Por fin lo sabremos!

La firma de la paz implica para las FARC disociarse completamente del narcotráfico. La guerrilla no solamente deberá cortar todo vínculo con la producción y tráfico de drogas, sino ayudar al gobierno a identificar cultivos y pistas ilegales en lo que han sido sus zonas de influencia. Y una vez desarmada, la guerrilla no podrá vender ningún servicio de protección a los narcos y a los cultivadores de coca, ni lucrarse del negocio, so pena de acabar en la cárcel.   

Celebro que el proceso de paz nos permita por fin salir de dudas. Si las FARC firman la paz y cumplen con lo pactado en materia de tráfico de drogas, probarán con hechos que los dineros del narcotráfico eran tan solo un medio para su proyecto revolucionario y no un fin en sí mismo. Callarán a los escépticos y a todos quienes han considerado el discurso del grupo rebelde como una farsa para encubrir sus verdaderos intereses.

Si, por lo contrario, siguen en la guerra o si las disidencias adquieren proporciones mayores, las FARC darán la razón al procurador y a sectores guerreristas del Centro Democrático, que han atacado la negociación con el argumento de que nunca se llegaría a nada con una guerrilla narcotraficante, interesada solamente en el enriquecimiento ilícito.

La hora de la verdad

Que no quepa la menor duda: en cualquier caso habrá disidencias en las FARC. Sospecho que serán pequeñas, pero seguro las habrá. Y no todas por la codicia y el narcotráfico.

Habrá disidencias ideológicas de personas aferradas a la utopía comunista, e incapaces de entender (o aceptar) que demasiados supuestos “redentores revolucionarios” han llevado a sus propios países al infierno. El radicalismo ideológico sigue siendo uno de los mayores males contemporáneos, y uno que jalona a mucha gente poco (o semi) educada, como se observa tanto en el populismo autoritario de Venezuela o en el ISIS de hoy, como en los anarquistas, comunistas y fascistas de ayer.

En todo caso, a casi todas las disidencias guerrilleras que han aparecido durante los procesos de paz las han derrotado en pocos años. Las que han sobrevivido lo han hecho como grupúsculos de poca monta, criminalizados, sin un proyecto político creíble ni base social (el Real IRA en Irlanda, por ejemplo).

Ojalá que los potenciales disidentes de las FARC tomen nota de la experiencia histórica y desistan de la tentación de seguir en la guerra, por el bien de ellos mismos y del país.   

 

 * Profesor asociado del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

 

¿Las empresas privadas serán juzgadas en el posconflicto?

Juan David VelascoLos delitos de financiación o apoyo a grupos armados serán investigados por la justicia transicional durante el posconflicto. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso y qué implicaciones puede tener para la empresa y el empresariado colombianos?

Juan David Velasco*

Sede de Chiquita Brands International en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Caso especial en el mundo

Una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá señaló a la empresa Postobón como presunta financiadora de grupos paramilitares y propuso que esta compañía sea juzgada como persona jurídica y utilice sus bienes para reparar a las víctimas. Esta decisión abrió el debate sobre los alcances y los límites de la justicia transicional en relación con las empresas que presuntamente participaron de manera directa en el conflicto armado.

El numeral 32 del punto 5 del preacuerdo sobre justicia transicional entre el gobierno y las FARC señala que “serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”. Así que firmarse el acuerdo final, esta sería la primera vez en la historia de Colombia que quienes auspiciaron grupos armados irregulares asuman algún tipo de responsabilidad ante un tribunal especial de justicia, en el marco de una justicia transicional.

Vale la pena recordar que la Ley 975 de 2005 y sus reformas en la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 3011 de 2013 no otorgan facultad a las Salas de Justicia y Paz para juzgar a  personas diferentes de  los desmovilizados de los paramilitares y las guerrillas. Esto quiere decir que estas Salas no tienen la facultad de procesar a los civiles que auspiciaron el conflicto armado, y solo pueden compulsar copias a la Fiscalía para que investigue y, si es el caso, impute cargos ante la justicia ordinaria.

Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales.

Muy bien podría ser considerable el número de empresarios o empresas que habrían incurrido en los delitos de financiamiento o auspicio de los grupos armados ilegales en Colombia. A modo de ilustración y porque puede resultar de interés para los lectores, al final de este artículo se anexa una relación discriminada de las empresas o empresarios que han sido mencionados en los procesos de Justicia y Paz.  

Bajo estas circunstancias, de materializarse la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales en el marco de la justicia transicional. A escala internacional, hasta el momento solo se han proferido condenas por parte de:  

  • Los Tribunales de Núremberg, contra trece directivos de la empresa farmacéutica IG Forben por complicidad en los crímenes cometidos por el Ejército nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial;  
  • En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde Alfred Musema (director de una fábrica de té), Felicen Kabuga (presidente de una cadena radial y televisiva), Hassan Ngeze (propietario mayoritario de un periódico) y Ferdinand Nahimana (director editorial de un periódico) fueron condenados por los delitos de incitación pública y conspiración para cometer el genocidio de la etnia Tutsi.

Preguntas pendientes

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
Foto: Wikimedia Commons

Aunque se ha conocido un poco sobre la arquitectura de la nueva JEP, hay todavía un número considerable de temas complejos que no se han resuelto y que vale la pena destacar en el debate público de cara a la refrendación del acuerdo de paz. Estos son algunos de los dilemas:

  1. ¿Cómo juzgar a los empresarios que tienen la doble condición de víctimas y victimarios? Iván Orozco Abad ha acuñado el concepto de “víctimas políticamente complejas” para ubicar a los civiles que tienen responsabilidad en los hechos que condujeron a su propia victimización. Un caso ilustrativo lo encontramos en algunos empresarios que financiaron a los grupos paramilitares.

Dentro de los procesos de Justicia y Paz se han conocido situaciones de ciertos ganaderos afectados por el secuestro guerrillero que optaron por financiar grupos de autodefensa y acordaron entregar una cuota anual de 8.000 pesos por cada hectárea vigilada o pusieron a su disposición fincas para que pernoctaran los patrulleros.

Sin embargo, cuando se expandió la organización paramilitar, los cabecillas aumentaron la tarifa (a 12.000 pesos por cada hectárea custodiada) y empezaron a exigir otras contribuciones. Entonces, muchos de sus antiguos colaboradores se opusieron y por ello fueron asesinados o desplazados. En estos casos, ¿los ganaderos se deberían considerar víctimas con derecho a la reparación o victimarios que merecen una condena?

  1. ¿Cómo saber si los aportes financieros fueron resultado de una coacción? La línea que demarca la voluntariedad u obligatoriedad en la entrega de dineros a grupos armados ilegales es muy difusa pues rara vez se tiene acceso a documentos firmados o a correos electrónicos que muestren si las transacciones fueron voluntarias o fueron el producto de una coacción.

La situación se torna más compleja cuando la interacción entre el extorsionador y el extorsionado se vuelve rutinaria, de modo que con el paso del tiempo la preservación de la vida no es la principal motivación del empresario para pagar la extorsión sino la protección de su patrimonio y su entorno de operación.

Grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada.

Por ejemplo, en Justicia y Paz se ha mostrado que muchas de las empresas que pagaron periódicamente las extorsiones exigidas por los paramilitares recibieron seguridad física en sus fincas o negocios comerciales como “contraprestación”, lo cual condujo a que grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada (ladrones y drogadictos).

En ese sentido, los empresarios que fueron extorsionados pero que a la larga se beneficiaron de las condiciones que creó el grupo armado ilegal, ¿se pueden considerar cómplices de los delitos que perpetraron las Autodefensas?

  1. ¿Deben responder penalmente los propietarios de las empresas que se beneficiaron indirectamente de las acciones criminales de los grupos paramilitares o guerrilleros? Muchas empresas han sido acusadas de beneficiarse al adquirir y desarrollar proyectos productivos en predios que fueron abandonados forzosamente por colonos, o que fueron vendidos debido a las amenazas de muerte realizadas por un grupo armado ilegal. Por eso queda el interrogante de si los accionistas de una empresa que no prueba la buena fe exenta de culpa en la compra de predios abandonados o despojados, ¿deberá asumir una responsabilidad penal y no simplemente civil?
  2. ¿Qué hacer con las empresas que en el pasado financiaron grupos terroristas, pero que en la actualidad fueron compradas por otras compañías? Varias de las empresas que han sido mencionadas en Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los paramilitares han cambiado su estructura patrimonial y accionaria. El dilema consiste en si los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad de reparar a las víctimas o si solo deben asumir los costos de imagen y reputación que vendrán cuando se divulgue en instancias judiciales que la empresa que adquirieron pudo haber patrocinado el terrorismo. Situaciones como estas son más frecuentes de lo que se cree y algunas empresas que han sido investigadas o acusadas de algún tipo de vínculo con un grupo armado han cambiado de propietarios en los últimos años; entre ellas
  3. Chiquita Brands, que se fusionó con la empresa irlandesa Fyffes;
  4. Kaltex (textilera mexicana) que adquirió el 60 por ciento de las acciones de Coltejer;
  5. Almacenes Éxito que compró a Cadenalco;
  6. Los fondos de pensiones Protección, Porvenir, Citi-Colfondos y Skandia, la comisionista de bolsa Correval e inversiones internacionales que adquirieron Termotasajero;
  7. Cemex México que compró cementos Diamante;
  8. Mayagüez S.A. que asumió el control del 85,5 por ciento de las acciones del Ingenio San Carlos.

Se necesita claridad

Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La ley que reglamentará el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz deberá dejar claros estos aspectos para saber hasta qué punto las empresas que financiaron o colaboraron logísticamente con los grupos armados ilegales deben responder, ya sea con sanciones penales para sus directivos o propietarios o con medidas de indemnización para las víctimas.

Sin embargo, precisar cuándo se trata de una “participación determinante” y especificar quiénes y por qué deben responder penalmente será una labor compleja que requerirá de un profundo debate que no solo vincule a los académicos, fiscales, magistrados y expertos internacionales, sino también a los directamente implicados: los empresarios.

Si no se resuelven estos asuntos se abrirá el camino para que los magistrados que sean elegidos en la JEP actúen con mucha discrecionalidad, lo que pondría en vilo la seguridad jurídica de las empresas.

 

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana e investigador del grupo Estado, conflictos y paz. El autor agradece la colaboración de Vanessa Clavijo Barbosa y Óscar Cortés.

Anexo. Empresas y empresarios que han sido mencionados en Justicia y Paz

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

alfredo_sarmientoLo que está en juego no es apenas la inflación sino un modelo de sociedad y una estrategia de crecimiento económico.

Alfredo Sarmiento

 

La discusión sobre el salario mínimo es una ocasión para volver a plantearse algunas preguntas básicas sobre el ordenamiento social. Esta discusión no debe reducirse al enfrentamiento anual entre los trabajadores, que buscan maximizarlo, y los empresarios, que buscan minimizarlo. Es necesario recordar las preguntas y las respuestas básicas que debería tener este diálogo -que no confrontación- entre trabajadores, empresarios y gobierno: ¿Por qué esta regla institucional pública se llama "salario mínimo"?; "Mínimo": ¿por qué?; Mínimo": ¿para qué?

La discusión sobre el criterio utilizado para el ajuste anual pierde su sentido cuando se reduce a mirar el índice de aumento de los precios de la canasta familiar. En un juicioso trabajo publicado en 2007, Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada comparan la legislación y los criterios de ajuste del salario mínimo para 38 países, dentro de los cuales naturalmente está Colombia. Haití es el único país que toma como criterio "el costo de vida y tasa de inflación" solamente - como se hizo esta vez en Colombia-. Para la mayor parte de los demás países analizados, incluyendo a Colombia, el marco normativo exige  "garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia" [1].

Es decir que la respuesta sobre el para qué del salario mínimo tiene que ver con la finalidad de la organización económica de la sociedad colombiana. La producción nacional es un medio necesario para su crecimiento  económico, pero de ninguna manera es su finalidad última. La pregunta sobre quién se beneficia del aumento del  producto o del ingreso nacional no sólo es necesaria para cualquier economía, sino que es vital para una sociedad que, como la colombiana, padece de una gran inequidad y donde la participación política de los más pobres tiene reconocidas deficiencias.

La socorrida afirmación de que el salario mínimo colombiano supera al de países de similar desarrollo debe ser cuidadosamente calificada ante la revaluación del peso colombiano, que sin duda disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, pero no aumenta en la misma proporción la capacidad de compra de los asalariados formales e informales, como ocurrió a lo largo del 2008 - debido al gran aumento en el precio de los alimentos.

Es hora de que los compromisos nacionales e internacionales por erradicar el hambre y la pobreza extrema se concreten en medidas como la de precisar los mínimos para poder lograr esa "vida digna" que nuestra sociedad ha pactado en la Constitución Política. 

Tratar de presentar la búsqueda de los mínimos vitales como un utópico deseo social es algo propio tan sólo de personas  mal informadas o de aquellas que creen que aún transitamos por el mercantilismo del siglo XVII, donde un pago deficiente de la mercancía  trabajo podría reportar una mayor utilidad para los empresarios.

Es al contrario: la esclavitud y el feudalismo- donde los salarios fueron más bajos- crearon riquezas en el corto plazo, no sostenibles y con un muy bajo potencial de acumulación. Lo que reiteradamente muestra la experiencia es que las sociedades más igualitarias y mejor educadas son las que permiten el desarrollo de empresas más prósperas y sostenibles.

Los países más desarrollados no son los que favorecen la acumulación de riqueza de unas cuantas personas. Son los que logran dar acceso universal para que se cree y utilice el conocimiento en la vida diaria. Es decir que entre los elementos de una vida digna debe estar por supuesto la posibilidad de que el trabajador y su familia se alimenten de manera adecuada, pero también la posibilidad de acceder a la educación, a la salud básica y en general al conjunto de libertades que universalmente hemos pactado en la Declaración de los Derechos Humanos y nacionalmente en la Constitución Política.

Permitir que una buena parte de la población quede por fuera de los mínimos vitales no sólo es una injusticia social sino un grave desperdicio económico. Un "desperdicio", porque prescindimos del aporte al desarrollo de un conjunto de personas, que además en el futuro significarán cargas para el erario público porque serán mal nutridos, menos educados y menos productivos.  Y es una  injusticia porque significa quitar la posibilidad de desarrollo como personas y ciudadanos a una parte de la población por haber nacido en la zona rural o porque sus padres tampoco tuvieron la oportunidad de desarrollar sus posibilidades.

De manera que es miope juzgar el salario mínimo sólo como un costo de producción que debe minimizarse. Y esta supuesta "minimización" tampoco se ha basado en un análisis riguroso sobre el funcionamiento de nuestra economía. En efecto, si le creemos a lo que afirman Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada en la conclusión del estudio citado y al trabajo de Arango y Posada del 2006, las decisiones sobre salario mínimo no se han apoyado suficientemente en estudios sobre los factores que la técnica económica requeriría para una buena fundamentación de las decisiones, ni "se encontró evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el salario real del sector privado y el salario mínimo"[2].

A estas críticas sobre la forma como se discute y fundamenta el salario mínimo se agregan - más aún en el estado actual de la economía-  los análisis del Banco de la República que encuentran la caída en la demanda interna como el factor que más aportó a la disminución del crecimiento económico[3], lo cual hace evidente la inconveniencia de disminuir la capacidad de compra de los consumidores.

Además, desde el punto de vista del mercado de trabajo, la evidencia muestra que los bajos ingresos que puede conseguir el jefe de hogar llevan a un aumento de la oferta de los llamados "trabajadores secundarios" es decir, de  los jóvenes que antes estudiaban, las amas de casa y los ancianos, con lo cual se agrava la situación de desempleo[4].

De estas breves consideraciones quedan claros varios elementos críticos para juzgar la forma como se ha determinado el salario mínimo:

1. De acuerdo con la institucionalidad colombiana, el salario mínimo debe tener como referencia la posibilidad de alcanzar los mínimos de una vida digna y no la de minimizar los costos de producción;

2. La experiencia de los países más avanzados demuestra que aumentar el salario mínimo ayuda a mejorar la competitividad, la equidad y las oportunidades de los más pobres - o sea que es un "buen negocio" para el país.  

3. Disminuir la capacidad de compra de los consumidores de menores ingresos, cuya canasta es predominantemente de artículos nacionales, es un ahorro que empobrece y se hace en el momento menos oportuno de la coyuntura económica, que nacional e internacionalmente busca instrumentos para reavivar la demanda por parte de los consumidores.

Colombia debe recordar que su mejor riqueza es la gente y que la equidad social es un negocio que reporta buenos dividendos económicos.

Notas de pie de página


 

[1] Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada "El salario mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países",  Banco de la República. Borradores de Economía. No 436 2007. Los países son: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Grecia, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Japón, Luxemburgo, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Turquía, Uruguay y Venezuela.

[2] Para la primera ver las conclusiones del trabajo de Luis Eduardo Arango, Paula Herrera y Carlos Esteban Posada citado en la primera referencia. Para la segunda afirmación ver L. E Arango y C. E. Posada, 2006," Los salarios de los funcionarios públicos en Colombia, 1978-2005" Borradores de Economía, No. 417.

[3]"La caída de la demanda interna fue el factor que más contribuyó a la disminución del crecimiento económico entre el primero y el segundo trimestres. La desaceleración en el consumo de los hogares (de 3,4% a 3,1%), como la disminución en la inversión en obras civiles (de -14,6% a -13,8%, explican la mayor parte de este resultado." Banco de la república reporte sobre inflación septiembre.  Presentado por el equipo técnico a la Junta Directiva, para su reunión del 24 de octubre de 2008.

[4] "Del comportamiento de la Tasa Global de Participación por segmentos de población también se deduce que el aumento de la oferta laboral mencionado se originó, sobre todo, en los trabajadores secundarios del hogar y no en los jefes de hogar. Este fenómeno suele estar relacionando con una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios nominales de los jefes de hogar o con una reducción en sus posibilidades de empleo. La desaceleración de la economía y el aumento de la inflación de los últimos trimestres pueden explicar estas tendencias recientes de la oferta laboral"; Ibidem p.23

 

 

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Comentarios  

cesar augusto
0 # cesar augusto 05-01-2011 17:35
Me parece muy acertado su comentario, seria bueno que los pocos ricos de ete pais, analizaran y reflexionaran sobre este tema.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
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