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Presupuesto de la Nación 2017: ¿cómo cuadrar cuentas que no cuadran?

Jorge EspitiaEl Presupuesto para el año entrante está lleno de expectativas optimistas y acomodos contables. ¿Cuál es la realidad de las finanzas nacionales? ¿Dónde está la plata para las víctimas? ¿Cómo va a financiarse el posconflcito?

Jorge Enrique Espitia*

 

El Presidente Santos junto al Minhacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Un presupuesto amarrado

El proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) de 2017 asciende a 224,4 billones de pesos, un 6,6 por ciento más que el presupuesto vigente en 2016. El PGN para el año entrante representaría el 24,8 por ciento del PIB.

Como indica el Cuadro 1, del total del PGN 2017:

  • El 61,1 por ciento (37,2 billones) corresponde a gastos de funcionamiento;
  • El 24,2 por ciento (54,3 billones) al pago del servicio de la deuda; y,
  • El 14,7 por ciento (32,9 billones) a inversión.

PRESUPUESTO GENERAL 2017

Dentro de esta composición del gasto resulta importante destacar la inflexibilidad del presupuesto, que es un problema estructural. La inflexibilidad se refleja tanto en el peso de los rubros del servicio de la deuda (24 por ciento), pensiones (17 por ciento) y Sistema General de Participaciones (16 por ciento), como en su contribución al crecimiento del presupuesto- estos tres rubros crecen por encima del PIB (6,6 por ciento) y de la inflación (4,0 por ciento)-.

La principal fuente de financiamiento del presupuesto público deben ser los impuestos.

Las inflexibilidades anteriores se asocian con instituciones y políticas económicas que inciden sobre el proceso presupuestal y que responden a intereses particulares antes que al bienestar general de la ciudadanía. Y a ellas hay que sumar la existencia de impuestos con destinación específica que hacen aún menos flexible el PGN. Por ejemplo el denominado “impuesto de guerra” que cerca de 9.000 contribuyentes aportaron entre 2003 y 2014 para financiar a las Fuerzas Militares y contrarrestar a los grupos armados ilegales; y la “contribución sobre transacciones financieras” (2xmil), “destinada exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero” (Decreto 2331 de 1998).

Y en este punto es preciso recordar que aún existen bienes públicos esenciales que el Estado colombiano no ha querido o no ha logrado proveer, como el derecho constitucional a la nutrición, al saneamiento ambiental, a la salud o a la vivienda.

Los ingresos fiscales

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.
Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.
Foto: Wikimedia Commons

La principal fuente de financiamiento del presupuesto público deben ser los impuestos.

Por eso es importante comparar los valores esperados en 2016 y 2017: 121,5 billones de pesos en 2016 y 127,2 billones en 2017, vale decir un aumento del 4,7 por ciento. Este aumento es inferior al crecimiento esperado del PIB, o sea que la carga tributaria será menor el próximo año.  

Los economistas llamamos “elasticidad” a la relación entre dos tasas de crecimiento. Pues bien, la elasticidad de los impuestos con respecto al PIB entre 2016 y 2017 será del   orden de 0,7 – cuando debería ser igual a 1 si los impuestos aumentaran tanto como el producto-. Es más, como muestra la Gráfica siguiente, esta elasticidad difiere sustancialmente de los valores históricos:

Gráfica 1. Elasticidad de los Ingresos Tributarios de la Nación

Fuente: Minhacienda, Dane y cálculos propios

La observación anterior sugeriría una de dos posibles explicaciones: o el crecimiento económico para 2017 está sobreestimado, o los ingresos tributarios del proyecto de Presupuesto están subestimados.

Presupuesto y Plan Financiero

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las Farc en La Habana.
Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las Farc en La Habana.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Ahora bien, además del PGN deben tenerse en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Financiero de cada año para saber exactamente cuáles pagos están programados de manera efectiva, o cuál será la proporción del presupuesto que sería ejecutada. Para el año 2017, el valor del PGN es exactamente igual al que aparece en el MFMP, lo cual permite inferir que se espera ejecutar el 100 por ciento de lo presupuestado.

Sin embargo al cruzar el Presupuesto con los planes financieros de 2016 y 2017 se observa que el gobierno nacional debe realizar un recorte presupuestal (aplazamientos) para cumplir la meta de déficit propuesta. Y dadas las inflexibilidades del presupuesto, la gran sacrificada es la inversión. Veamos:

-El gasto más inflexible es el de los intereses de la deuda pública, pero en primer lugar los valores para 2016 no cuadran con los que aparecen; en el proyecto de Presupuesto figuran 23.544 mil millones de pesos y en el MFMP figuran 27.074 mil millones, cifra que coincide con el cuadro de fuentes y usos de la deuda pública. En términos más simples: habrá que destinar unos 3.500 millones más al pago de la deuda de lo que está previsto en el Presupuesto.

-Como se sabe, es bastante difícil recortar los gastos de “funcionamiento” y por eso a pesar de la “austeridad inteligente” que anuncia el Ministro Cárdenas, la ejecución de este rubro estaría en un 96 o un 97 por ciento de lo presupuestado.  

            - En estas condiciones el peso del ajuste recaerá sobre la inversión. Los PGN de  2016 y 2017 contemplan valores de 28,9 y 24,3 billones de pesos, respectivamente; pero en el MFMP los valores respectivos son de apenas 16,5 y 10,0 billones, lo cual implica  aplazamientos del 43 por ciento este año y del 59 por ciento pare el año entrante.

Ingresos fiscales y gasto

En 2017 se agravará la diferencia entre los ingresos tributarios y el volumen de gasto.

En 2016 la brecha entre los ingresos tributarios (incluido el impuesto CREE) y el gasto total es de 89 billones y para 2017 de 97 billones, un aumento del 9,1 por ciento.  En el caso del “gasto primario” (o sea sin incluir el servicio de la deuda) esta diferencia aumenta un 2,4 por ciento, al pasar de 41,9 billones en 2016 a 42,9 billones en 2017.

Pese a la disminución del déficit fiscal primario (sin incluir el pago de la deuda) durante los dos últimos años (Gráfica 2), el gobierno no ha logrado consolidar un superávit que tranquilice a las calificadoras de riesgo; por el contario hay consenso sobre la urgen cia de una nueva reforma tributaria.  

Gráfica 2. Déficit fiscal total y primario de la Nación (por ciento del PIB)

Fuente: Minhacienda, Dane y cálculos propios

La creatividad contable

Dadas las inflexibilidades presupuestales, el gobierno nacional hace uso de la “creatividad contable” para presentarles a los diferentes agentes el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

En 2017 se agravará la diferencia entre los ingresos tributarios y el volumen de gasto. 

La reclasificación contable, sin mayores esfuerzos fiscales adicionales, permite dar la apariencia de estar cumpliendo los compromisos adquiridos en el marco de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) y los que se avizoran a partir de los acuerdos de La Habana.

En el primer caso se incluyen los gastos en salud, educación primaria y secundaria  financiados con cargo al Sistema General de Participación, los cuales se incluyeron en la Constitución para proveerle estos bienes esenciales a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de víctimas (Cuadro 2). Esta reclasificación contable le permite al gobierno señalar que ha gastado 55,4 billones de pesos de 2015 durante el período 2012-2017, cuando en realidad el “esfuerzo” ha sido de 26,2 billones es decir, 4,4 billones de pesos en promedio por año.  O señalar que le viene cumpliendo a la población víctima del conflicto armado cuando en realidad se han producido recortes presupuestales importantes o asignaciones que  distraen fondos que podrían haberse destinado a esa población.

En los acuerdos suscritos en La Habana ya pueden verse los indicios de esta “contabilidad creativa”. Sin haberse firmado, el gobierno nacional ya hizo “un análisis de equivalencias” en los rubros del PGN para mostrar cómo ha sido la evolución de su gasto:

“Durante los últimos años, el Gobierno ha llevado a cabo inversiones en proyectos relacionados con el posconflicto, entre los cuales se destacan las inversiones en el sector agropecuario y de desarrollo rural y a la atención a víctimas del conflicto. Para el primero, la inversión aumentó más del doble entre 2011 a 2015, y cerca del 75 por ciento de estos recursos fueron invertidos en proyectos relacionados con el posconflicto: capitalización rural y crédito, distritos de riego, el fondo de fomento agropecuario, programas de generación de ingreso y capacidades productivas, vivienda rural, fondo de comercialización, entre otros.  

Por su parte, la inversión en víctimas alcanzó en 2015 $11,7 billones, más de dos veces lo que se destinó a esa población en 2010, superando sustancialmente lo esperado. Esta inversión ha sido repartida entre asistencia, atención y reparación, entre otros. Los ejemplos mencionados muestran cómo, para dos puntos de los borradores de los acuerdos (Política de Desarrollo Agrario Integral y Víctimas), se han venido realizando inversiones de manera creciente en los últimos años” (MFMP de 2016, página 169).

Este tipo de equivalencias no es nuevo. En el caso de la Ley de víctimas, aprobada en 2011, la contabilidad creativa se ha hecho común desde 2002 hasta 2017: “Entre los años 2002 y 2017 el Estado colombiano ha asignado y ejecutado más de $ 94,2 billones en los programas, proyectos y actividades que buscan asistir, atender y reparar integralmente a la población víctima del conflicto armado” (Anexo al Mensaje Presidencial. Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017, página 253).

En suma, el uso de la contabilidad creativa le resta credibilidad al gobierno nacional frente a la sociedad civil, genera desconfianza entre las partes y reduce la transparencia que deben tener el Presupuesto General y las políticas públicas de Estado.

Pero todo parece indicar que la creatividad se profundiza en época de crisis.

 

La firma de la paz y la historia de Colombia

Medófilo MedinaA veces el fragor de las noticias no deja ver los cambios hondos que está viviendo una sociedad, pero la firma de una paz negociada entre el Estado y la primera fuerza insurgente será el comienzo de una nueva época en la historia de Colombia.   

Medófilo Medina*

El Presidente Santos junto a la Delegación de Paz del Gobierno Nacional.

Adioses que no se dieron

La paz es hoy el centro de la agenda nacional. El interés en ella subirá de punto a medida que se acerque el plebiscito. Y está bien que así sea.

Pero en el curso de los últimos decenios, Colombia ha estado ante unas ocurrencias verdaderamente históricas sin que al parecer la opinión se hubiera percatado de ellas:

Las emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y de la violencia difusa fueron invadiendo  la cultura colombiana. 
  • Desde mediados de la década de 1980 el café dejó de ser la vértebra del sector externo y el factor central de la economía y la sociedad. Esto había sido cierto durante más de cien años. ¿Qué consecuencias trajo el cierre de ese ciclo  prolongado? ¿Fue reemplazado el café por el petróleo,  o por el azúcar, las flores, el banano y la palma? Ciertamente que no.  ¿Fue reemplazado por las  economías subterráneas? Y en este caso ¿a qué costo ético, cultural y político?
  • Con  el bipartidismo liberal–conservador sucedió algo parecido. Solo que en este campo las cuentas no son de cien años sino de doscientos. A mi juicio los dos partidos nacieron en la Convención de Ocaña de 1828, se fraguaron en la Guerra de Los Supremos (1839-1841) y se formalizaron en 1849. Protagonizaron las guerras civiles del siglo XIX y la Violencia de 1945 a 1964. El bipartidismo dejó de existir como sistema con independencia de que sigan existiendo un partido liberal y un partido conservador que viven de sus tajadas burocráticas.

Y aunque no quepa la nostalgia por la desaparición del bipartidismo, resulta inevitable constatar que aún no se ha conformado un sistema moderno y democrático de partidos, y que tras siglas nuevas asoman las orejas del viejo clientelismo y se advierten las manifestaciones de la parapolítica y la prolongación de las patologías que desde mucho antes escoltaban el ejercicio de la política.

En contraste con los fenómenos anteriores, el proceso de paz no corre el riesgo de pasar desapercibido pues, en primer lugar, se trata de un movimiento planificado u originado en decisiones políticas explícitas. Pero existe la posibilidad indeseable de que no se pondere con  suficiente profundidad el significado de la firma del acuerdo, o de que las crispaciones del momento impidan asimilar la densidad histórica que implica la cesación convenida de la guerra entre el Gobierno y una parte decisiva de la insurgencia.

¡Más de 50 años!

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales en 1953.
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales en 1953.
Foto: Wikimedia Commons

Con frecuencia se repite sin pensarlo mucho que lo que ahora se denomina el conflicto interno cumple más de cincuenta años. En verdad cumple bastantes más,  porque ya en 1949 en Sumapaz, Sur del Tolima y Norte del Cauca estaban con las armas en la mano algunos de los  protagonistas de las guerrillas actuales: las autodefensas de entonces habían surgido para defender  ante todo la vida de los campesinos y no apenas sus tierras.

Si el núcleo del conflicto interno ha sido el enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas militares insurgentes orientadas por un programa político  y social, en su transcurso se fue configurando una red de vasos comunicantes con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Dentro de este espacio de entrelazamiento surgieron otras ramas nefastas de la violencia, como el paramilitarismo.

Nacido como fórmula contrainsurgente, el paramilitarismo recibió el apoyo de sectores terratenientes y ganaderos así como el estímulo de brigadas del Ejército Nacional. Cuando pareció decaer, la asociación con los capos del narcotráfico le permitió un nuevo aire y asumir una escala mayor de organización y acción. A esas alturas los paras encontraron la manera de hacer compatibles sus fines contrainsurgentes con su reconfiguración como grupos autónomos dedicados a la acumulación económica.

En el rio revuelto de la violencia avanzó la historia muy conocida de monopolización de tierras, ensanchamiento de ganaderías,  fomento de la silvicultura y la agricultura industriales y con ellos se precipitaron las consecuencias inevitables, en primer lugar  el desplazamiento masivo de la población en diversas regiones. En esa pesca también participaron  empresarios que encontraron maneras de evadir el cumplimiento de demandas laborales de los trabajadores o de impedir la creación de sus sindicatos, o de  destruirlas en algunos casos.

Matrimonios malditos

En el ejercicio desbocado de una guerra sin reglas las guerrillas se fueron distanciando de las exigencias que les planteaba su propia plataforma ideológica y política. Las contravenciones se asumían como inevitables efectos secundarios de una medicina que debía seguirse administrando. A su turno las Fuerzas Armadas cohonestaron el debilitamiento de su misión de representar y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y el sustento de la pacificación normativa sobre la cual se ha afianzado el Estado moderno en diversos países.

El gamonalismo de estirpe decimonónica alimentó las alianzas nefastas que condujeron a la parapolítica y con ellas a nuevas élites regionales que jugaron un papel importante en la escogencia del primer mandatario. Operación que invariablemente se justificaba en nombre de la lucha contra la insurgencia.

Contrarrevolución cultural

Los Senadores del Centro Democrático José Obulio Gaviria, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe.
Los Senadores del Centro Democrático José Obulio Gaviria, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe.
Foto: Centro Democrático

Las emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y de la violencia difusa fueron invadiendo  la cultura colombiana. Ellas inundaban el lenguaje político y circulaban como moneda sana en los medios de comunicación -tanto en los noticieros como en ciertas telenovelas y dramatizados-.  

Aquella frase de escolar impulsivo: “Te rompo la cara marica” pudo presentarse como una muestra de elocuencia espontánea y no como una amenaza o un insulto. Esas ocurrencias no deben verse como piedrecillas de un anecdotario costumbrista que acabaría cubriéndolas bajo velos de simpatía. Forman parte de un fenómeno orgánico que he propuesto estudiar bajo el apelativo de una contrarrevolución cultural.

Entiendo el concepto no como restauración regresiva sino como anticipación preventiva. Antes que presentar una definición menciono algunos de los componentes de esta “contrarrevolución”, que examiné con algún detalle en mi libro El rompecabezas de la paz (Bogotá: La Carreta Editores, 2014):

  • Pautas de pensamiento y acción que se orientan y buscan legitimarse bajo la  conocida divisa de que el fin justifica los medios.
  • El sintagma del pragmatismo amoral.
  • La aceptación social del uso de la violencia en las relaciones entre las personas.
  • El culto al militarismo, bien sea el estatal, el insurgente o el paramilitar.
  • El recrudecimiento del autoritarismo y de las diversas formas de la intolerancia.
  • La exasperación de los sentimientos de revancha y castigo en el discurso público.
  • La expansión en ciertos medios sociales de la estética del Kitsch traqueto.

En virtud de la hegemonía cultural de un tipo de catolicismo funge como epítome de los anteriores componentes lo que K.W Deutsch presenta como la compatibilización inextricable entre valores de muerte y valores legítimos.

En la cultura de cualquier país pueden encontrarse algunos de los elementos anteriores, pero en el caso colombiano lo que inquieta es su presencia simultánea. 

La existencia de esa contracultura que ha echado raíces en tantos sectores sociales explicaría la facilidad con la cual se despliega un sistema de afinidades electivas entre manifestaciones que parecen diferentes. Es el caso de las manifestaciones recientes que fueron promovidas por un improvisado frente homofóbico y los que se muestran dispuestos a votar por el no en el plebiscito por la paz. El entrecruce de consignas y estigmatizaciones no debe dejarse sin estudio. Los ataques contra la ministra de Educación Gina Parody  con el pretexto de la revisión de los manuales de convivencia de los colegios y que contó con el infortunado pero sintomático concurso de sectores de la iglesia católica son parte de las grietas que atraviesan al mundo espiritual de los colombianos.

Desafío de época

He recordado el contexto y factores importantes del la guerra en Colombia y he esbozado elementos de orden cultural para llamar la atención sobre la necesidad de ver el conflicto interno como un sistema con historia.

También la búsqueda de la paz ha trazado su propia historia como algo que ha hecho camino al andar mediante la acción frecuentemente contradictoria de  gobiernos y guerrillas. Hay mucha distancia de por medio entre la Mesa de la Habana y los torpes movimientos iniciales de la paz como fueron la Ley 37 de “amnistía condicional” o la configuración de la primera y efímera comisión de paz, presidida por el expresidente  Lleras Restrepo en 1981 bajo la administración de Turbay Ayala.

Existe la posibilidad indeseable de que no se pondere con  suficiente profundidad el significado de la firma del acuerdo.

He presentado consideraciones sobre la cultura o culturas de los colombianos y colombianas sólo para presentar el orden de magnitud histórica en el que hoy se presenta el proceso de paz. Estamos ante un proyecto nacional con un potencial mega-incluyente que va más allá de los seis puntos de la agenda.  Esto es cierto  aún sin aludir al potencial para resolver el gran tema mal resuelto unas veces, aplazado otras de la articulación nacional del país mediante la incorporación democrática y equitativa de las regiones tan castigadas y a la vez promovidas por el conflicto interno.

Hoy los colombianos y colombianas estamos frente a la paz como una oportunidad de iniciar la construcción de un país distinto del que hemos conformado tanto nosotros como quienes nos antecedieron. Esa posibilidad nace de la centralidad creada por intereses o permitida por inercia del conflicto interno a lo largo de decenios. ¡El desafío es entonces de época!

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Los deportistas colombianos en Río 2016

Andrés Felipe HernándezAlgunos se quedaron sin medallas a pesar de ser favoritos, otros sorprendieron con sus resultados y unos cuantos confirmaron su altísima calidad en el deporte mundial. En conjunto, la de Río fue la mejor participación de Colombia en unos Olímpicos.

Andrés Felipe Hernández*

Banderas olímpica y de Brasil durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2016.

Juegos memorables

La actuación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue sin duda excepcional: esta ha sido la mejor participación de Colombia en unas justas en la historia olímpica. Además, los espectadores nacionales sumaron una audiencia no registrada en el país en otros eventos deportivos de magnitud comparable, como el Mundial de Fútbol o el Tour de Francia.

En otras palabras: los Olímpicos que acaban de concluir fueron el evento deportivo internacional más exitoso y de más alto rating en la historia de Colombia.

Por primera vez nuestros deportistas obtuvieron tres medallas de oro, en competencias que demostraron su tenacidad para lograr los objetivos planteados y para participar con mucho éxito en lo que los griegos denominaban areté, “la lucha por la excelencia”.

Los dramas

La atleta y medallista olímpica Caterin Ibargüen.
La atleta y medallista olímpica Caterin Ibargüen.
Foto: Wikimedia Commons

Pero estos Juegos tuvieron de todo.

Por ejemplo, tuvieron drama: Sergio Luis Henao perdió la oportunidad de ganar la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta por un accidente (no registrado en cámaras) junto a Vincenzo Nibali. En esta oportunidad la gloria se frustró por una caída – un fenómeno bastante común en el mundo deportivo- a pesar de la carrera bien planeada que llevó a cabo el equipo de ciclismo del país, conformado por Rigoberto Urán, dos veces segundo en el Giro de Italia y segundo en ruta en los Olímpicos de Londres 2012; Esteban Chaves, segundo en el Giro de Italia de este año; Miguel Ángel López, campeón del Tour del Porvenir en 2013, y Jarlinson Pantano, quien se destacó en el último Tour de Francia.

Pero el drama no se detuvo ahí. También se vio cuando Fernando Gaviria, campeón mundial de ciclismo de pista en omnium, quedó en el cuarto lugar y no alcanzó el podio en una carrera emocionante. Aunque el ciclista aclaró que había cometido errores y había “decepcionado” a la afición, un cuarto puesto en unas olimpiadas es sin duda un gran logro.

También en pista, Fabián Puerta, en el keirin, perdió la oportunidad de quedar dentro del medallero debido a una actitud reprobable de los jueces, que -en contra de las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- le dieron una segunda oportunidad de arrancar al británico Jason Kenny, quien al final ganó la competencia. Puerta terminó en el quinto puesto.

Sin embargo fue también el ciclismo, en su variación BMX, el que le dio los triunfos más esperados al país con la brillante actuación de Mariana Pajón, quien demostró su enorme calidad sobre la bicicleta: su concentración y desempeño lindaron con la perfección. Pajón tiene ahora, más que nunca, un sitial de honor en el presente y en la historia del deporte nacional.

Las sorpresas y los éxitos

Por su parte, Carlos Ramírez, también en BMX, dio la sorpresa al ganar en foto finish la medalla de bronce.

Pero las sorpresas no acabaron ahí. Nadie esperaba que una de nuestras boxeadoras lograra una medalla de bronce, pero Ingrit Lorena Valencia lo hizo en peso mosca 51 kg. También fue una sorpresa la medalla de plata de Yuberjen Martínez en el boxeo mini mosca (aunque fue un drama también que Ceiber Ávila, de quien se esperaba la medalla de bronce, perdiera su oportunidad frente al ruso Misha Aloian).

Como ya es habitual, las pesas fueron protagonistas para los colombianos que compitieron en Río. Óscar Figueroa logró la primera medalla de oro para el país en una exultante demostración de fuerza, resistencia y aguante, rematando así una carrera olímpica ejemplar que habría comenzado en Pekín 2008 si una lesión no le hubiese impedido participar en el certamen. Figueroa estuvo en Londres 2012 y allí consiguió la medalla de plata. En esta ocasión remató con el primer puesto por el que siempre había luchado. También en pesas, Luis Javier Mosquera obtuvo una inesperada medalla de bronce, por el dopaje de su rival  de Kirguistán, Izzat Artykov.

Caterine Ibargüen merece un capítulo aparte (en este caso un párrafo aparte): había logrado la medalla de plata en Londres 2012, había sido campeona en el Mundial de Atletismo de Moscú 2013, había ganado dos ligas de diamante (2013, 2014) y en 2015, en Pekín, fue campeona del mundo de atletismo. En esta oportunidad cerró con broche de oro con una espléndida sonrisa en su salto triple de 15,03 metros, y remató con un salto espectacular de 15,17 metros que  le aseguró el triunfo.

Política y deporte

El levantador de pesas y medallista olímpico Oscar Albeiro Figueroa.
El levantador de pesas y medallista olímpico Oscar Albeiro Figueroa.
Foto: Wikimedia Commons

Los deportistas que representan al país en competencias internacionales, más allá de que lo hagan en algunos casos para equipos privados, son un elemento de unidad nacional, y tienen más poder de convocatoria del que suelen tener los políticos que nos representan. La política divide y obedece a intereses fragmentarios, mientras que el deporte logra integrar a todas las regiones y a todas las ideologías, creando una conciencia más nítida sobre el sentido de nación. Por eso muchos comentarios de los deportistas pueden tener más eficacia política que las declaraciones de los propios políticos. 

Por ejemplo, poco antes del comienzo de los Juegos, el ciclista Winner Anacona, en respuesta a las felicitaciones del presidente Santos por la actuación de los ciclistas nacionales en el Tour de Francia, escribió que “@JuanManSantos @NairoQuinCo @jarlinsonpantan volveremos porque nos hemos hecho SOLOS en este bonito y duro deporte con la ayuda de pocos”. Esta respuesta sorprendió, ya que el ciclista había hecho parte del Team Colombia Coldeportes, que fue financiado por el Estado, pero reabrió el debate sobre el histórico desprecio de los gobiernos colombianos por el deporte.  

También Caterine Ibargüen denunció que no sería la abanderada del país por intereses de la empresa privada que financiaba al Comité Olímpico Colombiano (COC) y que exigía que el abanderado fuera el gimnasta Jossimar Calvo. El COC dijo que este había sido elegido por votaciones de los aficionados. Pero al final la abanderada fue la judoca Yuri Alvear, quien, después de haber obtenido la medalla de plata en los Juegos de Río, le agradeció a InderValle, al COC y a Coldeportes por el apoyo que había tenido. Ibargüen aseguró que es cierto que ella tenía más apoyo por parte del Estado ahora, pero dijo que aún faltaba mucho apoyo para los demás deportistas.

Tampoco Óscar Figueroa se quedó sin comentar el estado del deporte nacional y después de ganar su medalla de oro dijo que al gobierno nacional le hacía falta invertir más en el deporte.

Un triunfo de todos

En Anacona, Ibargüen y Figueroa se nota un deseo de luchar por el sector al cual  pertenecen y de hacer sentir su voz como ciudadanos activos dentro de una democracia, además de recibir un reconocimiento nacional más allá del triunfo coyuntural.

Pero los triunfos de los deportistas en Río pueden considerarse como triunfos nacionales más allá de lo simbólico, si se tiene en cuenta a todas las personas implicadas en el proceso de los atletas: entrenadores, metodólogos, médicos, fisioterapeutas, sicólogos, familias de los deportistas, institutos municipales, departamentales, empresa privada, ligas y federaciones coordinadas por Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano (COC) –entidades que reciben recursos del Estado-. 

Colombia había invertido en este año 37.239 millones de pesos en la preparación y premiación de sus atletas para los Juegos Olímpicos de Río 2016, lo cual representa un aumento con respecto al presupuesto que se le dedicó al deporte en 2014 y 2015, y que fue de menos de 30.000 millones de pesos.   

Así que se puede decir que todos los colombianos pueden celebrar y disfrutar los triunfos de los mejores representantes del deporte nacional en los torneos internacionales como si fueran propios.

 

* Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte (ASCIENDE). Integrante del blog De ti habla la historia en el diario El Espectador. Ha realizado 162 emisiones, como conductor o coordinador, del programa radial De... Porte Académico, producido por ASCIENDE (UN Radio, 98.5 fm). 

 

Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

El escenario del conflicto armado va cediendo espacio al de amenazas difusas contra la convivencia y la seguridad ciudadanas. Se logre o no la paz, de todas maneras la Policía Nacional debe adaptarse a un contexto no militarizado. 

mariav llorente ministerio seguridad director policía

Director de la policía, general José Roberto León Riaño. Foto: AMERIPOL

 

El Ministerio

El anuncio reciente del presidente Santos en el sentido de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana requiere de un análisis sereno de conveniencia y oportunidad que considere al menos tres aspectos:

  1. el escenario estratégico actual y su proyección futura;
  2. la función del Ministerio de Defensa;
  3. el papel de la Policía Nacional y las alternativas para su reubicación institucional. 

 

Dos escenarios

 


mariav llorente ministerio seguridad exdirector policía

Ex-director de la policía, general Carlos Naranjo. 
Foto: OEA-OAS 
 

Colombia enfrenta hoy dos escenarios estratégicos, de manera simultánea:

· Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente, aun cuando es evidente que estos grupos conservan algún potencial para causar daño en ciertas zonas del país.

Por ahora se vislumbra la posibilidad de que concluyan con éxito las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. En ese caso entraríamos en una fase de postconflicto más nítida que la que ha resultado de la desmovilización de los paramilitares.

· En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. Aquí figura una variada gama de amenazas, empezando por el crimen organizado de las llamadas “BACRIM” y de otras muchas redes que se nutren de mercados ilegales — drogas ilícitas, minería ilegal, contrabando — y que amenazan la vida y las libertades ciudadanas.

Al mismo tiempo existen o se hacen más visibles otros frentes, como el delito callejero, los problemas asociados con el consumo indebido de alcohol, la violencia intrafamiliar, la creciente conflictividad social y la constante sensación de inseguridad de los ciudadanos.

No cabe duda de que este segundo escenario ha venido creciendo en importancia durante los últimos años, mientras declina el de las grandes amenazas contra la seguridad del Estado: hasta hace poco, el entrecruce letal del conflicto armado interno con el narcotráfico.

Es más: aunque no prosperara la negociación en La Habana, es bien factible que este segundo escenario siga cobrando relevancia frente al del conflicto armado interno, dados el deterioro progresivo y la criminalización de las guerrillas.

Así, en el evento infortunado de que fracase el intento de La Habana,  no tendríamos a unos cuantos reincidentes engrosando las redes criminales existentes — como probablemente ocurrirá si las guerrillas firman el acuerdo — sino a toda la organización volcada hacia el crimen ordinario. 

En suma, independientemente del proceso de La Habana, es más que razonable comenzar  el debate sobre la arquitectura institucional más adecuada para atender los desafíos a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público que de un tiempo para acá ocupan la atención de los medios.  

 

Nueva arquitectura institucional

La propuesta del presidente Juan Manuel Santos parte de un supuesto básico, que comparto: el centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa, pues estas amenazas a la seguridad — por su diversidad, su heterogeneidad territorial y su multicausalidad — requieren de un tratamiento que, en general, no encaja bien con los objetivos misionales de este ministerio y mucho menos con la doctrina militar que lo domina.

De ahí que, por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia emitida en el 2011, haya implicado definir y poner a funcionar una instancia novedosa e influyente: la Alta Consejería Presidencial, a cuya cabeza está Francisco Lloreda.

Esta oficina ha sido una institución indispensable, pero transitoria, para formular y adoptar un enfoque de seguridad ciudadana que no tenía cabida dentro del Ministerio de Defensa.

La experiencia de la Consejería ha ser evaluada en el debate sobre la arquitectura institucional más conveniente para atender la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público en la Colombia de hoy y de mañana.

 

¿Dónde quedará mejor la Policía?

 


mariav llorente ministerio seguridad formación policía

Policías en formación.
Foto: Ronald Dueñas 
 

Paso al tema de la Policía Nacional, donde las preguntas iniciales serían: ¿qué hacer con ella? y ¿dónde ubicarla?

Colombia es el único país del continente donde la Policía sigue operando en el marco del sector de la Defensa. Esto se ha mantenido así para preservar la unidad de mando de las fuerzas armadas, como un imperativo para la seguridad del Estado, asediado por grupos insurgentes y terroristas, cuyo potencial de daño aumentó gracias al narcotráfico.  

Sin embargo, bajo las circunstancias actuales y las previsibles, no parece tener mucho sentido este argumento, cuando el imperativo es otro: la protección y el bienestar de los ciudadanos.

Esta tarea supone un repertorio de intervenciones que son ajenas — en su mayoría —  a las funciones de la Defensa.  Esto no quiere decir que la acción coordinada de la Policía con las fuerzas militares deje de ser importante: sigue siendo indispensable, sobre todo de cara a los desafíos que persisten en el ámbito rural.

Lo anterior significa que la Policía Nacional debería ubicarse en un entorno institucional con funciones y doctrinas claras en materia de seguridad ciudadana y convivencia, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades, y establecer alianzas con otras instituciones del orden nacional y con las autoridades político–administrativas del orden  territorial, para cumplir eficazmente con su misión en este nuevo escenario.

La Policía Nacional lo sabe bien. Su Director, el general José Roberto León, viene insistiendo en que la tarea pendiente sigue estando en este camp­o.  De ahí su iniciativa de modernizar el servicio de vigilancia en todo el territorio mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de transferir las reconocidas capacidades de la inteligencia policial a esta tarea con el recién creado Centro Integrado de Inteligencia para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Ahora bien, convencida de que están dadas las condiciones para sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, hay que decir que la escogencia de su nueva ubicación institucional debe hacerse sin apuros y sobre la base de análisis concienzudos.

Antes de lanzarse a crear un nuevo ministerio, convendría analizar otras posibilidades de ubicación, como el Ministerio del Interior. Este tiene asignadas funciones muy afines y, por lo demás, ya tiene la conexión directa con las autoridades político–administrativas, pero requeriría de una reforma profunda que lo dote de las capacidades técnicas necesarias para diseñar, gestionar y evaluar las políticas en esta materia.

Igualmente, valdría la pena buscar referentes internacionales — particularmente en América Latina — en donde hay experiencias de ubicación de la Policía en el sector justicia, en el del interior y en el propio ministerio de seguridad, bajo diversas denominaciones.

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

 

 

 Maria-Victoria-Llorente

María Victoria Llorente*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa.

 

 

 

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