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El plebiscito que viene

Hernando_GomezEl fallo de la Corte fue impecable y según las encuestan ganaría el “sí”. Pero la campaña será polarizada y todavía falta la pregunta del millón: ¿votaremos antes o después de que la desmovilización de las FARC sea un hecho irreversible?

 Hernando Gómez Buendía*

 

 

Celebraciones por el acuerdo del cese al fuego en el centro de Bogotá.

El fallo

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

La diferencia es de fondo: el referendo reforma la Constitución o aprueba una ley, y debe contener tantas preguntas como reformas específicas se quieran; el plebiscito le dice “sí” o “no” al presidente cuando quiere tomar una decisión que él mismo considera de especial trascendencia.

La confusión fue creada por el propio gobierno, que presentó un proyecto de ley sobre el Plebiscito pero le colgó un artículo que lo volvía un mega-referendo porque el “sí”  daría validez constitucional y legal a todas las reformas que resulten del Acuerdo de La Habana.  

A juzgar por el comunicado  del 18 de julio,  la Corte falló en derecho y ajustó la Ley a lo que dice la Constitución sobre el plebiscito: “Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”.

Este enfoque ortodoxo condujo a cinco precisiones principales:

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

1. Sí al plebiscito. Firmar la paz es una decisión política del presidente que él puede (o no) someter a plebiscito porque el asunto es de trascendencia nacional y no implica invadir facultades de otras Ramas del poder.

2. Sí al umbral. La Constitución del 91 delegó en una ley estatutaria la reglamentación del plebiscito, y la 134 de 1994 había establecido como umbral de participación  “la mayoría del censo electoral” (o sea que hoy habrían sido necesarios más de 16 millones de votos por el “sí” o por el “no”). La nueva ley fijó un umbral de aprobación del 13 por ciento del censo electoral (4,2 millones de votos por el “sí”), y la Corte estimó que esta cota es “representativa”. Se trata de un criterio respetable  de los magistrados, aunque queda el “pero” de que la rebaja del umbral hubiera sido una jugada del gobierno para facilitar la ratificación del Acuerdo.

3. No a la obligatoriedad jurídica.  La Corte en cambio  frustró el intento del mega-referendo,  de modo que el plebiscito en realidad no “ratifica” nada distinto de la firma de Santos, y que las leyes o reformas constitucionales que resulten del Acuerdo con las FARC serán libremente decididas por la instancia competente.

4. Pregunta sin maquillaje. Para reducir el riesgo de una respuesta inducida, la Corte precisó que el plebiscito no se refiere a la paz sino al Acuerdo de la Habana. El fallo sin embargo no estipula una fórmula precisa, y aquí queda un espacio lingüístico y semántico  que el gobierno o el Congreso podrían aprovechar en su momento. 

5. Pedagogía pero no propaganda. Por esta única vez, la mayoría de los funcionarios  públicos podrán hacer campaña por el “sí” o el “no” (aunque con “más de 127 restricciones”); y la campaña no podrá promover partidos o candidatos, sino apenas ideas. Esto es buscar el gobierno pedagógico y es un esfuerzo (poético y patético) para que la democracia participativa sea también deliberativa.

Ganará el sí

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: young shanahan

Para que el pueblo ratifique el acuerdo se necesita (i) un mínimo de 4.286.770 votos por el “si”, y (ii) que haya más votos por el “sí” que por el “no”. Sobre estas bases, las últimas encuestas sugieren que va a ganar el “sí” cómodamente. Proyectando al volumen del censo electoral (32.975.154 votantes), se obtendrían los siguientes resultados:

                                               Tasa de votación        Total votos      Por el sí          Por el no

                                                                                          (en millones)

Encuestas más recientes        

Ipsos (marzo)                                     63%                20,8                 6,9                  5,2

Cifras &Conceptos (marzo)               67%                22,1                 13,5                 6,4      

Gallup (abril)                                      52%                17,1                 9,1                  6,3

Cifras & Conceptos (mayo)               59%                19,5                 11,1                 6,4

Ipsos (junio)                                       64%                21,1                 7,6                  5,3      

Gallup (junio)                                     54%                17,8                 12,5                 3,0

Cifras y Conceptos (junio)                 65%                21,4                 16,7                 4,1

Fuente: encuestas mencionadas y cálculos del autor

De esta manera – y en el peor de los casos- el “sí” tendría casi dos millones de votos más que el “no” y estaría 2,3 millones por encima del umbral. Este margen de seguridad sin duda fue el argumento principal y la baza de último momento para auto-convencer a Santos y, sobre todo, convencer al mando de las FARC para correr un riesgo innecesario y de tan graves consecuencias potenciales (al punto que en pasada edición de Razón Publica yo hubiera sugerido la existencia de un acuerdo secreto entre la Corte, el gobierno y las FARC para evitar la consulta con el pueblo).

Pero el riesgo persiste

-En cuanto a la abstención porque votar es mucho más difícil que expresar la intención de votar, o sea que las encuestas tienden a exagerar las tasas de participación electoral.

Entre 1978 y 2014 en elecciones nacionales (presidente o Congreso) la participación ha fluctuado entre 33 y 55 por ciento (con un 40-45 por ciento como valor típico), un rango muy por encima del 52-67 por ciento que las encuestas estiman para el plebiscito. Y a esto habría que sumarle dos factores:

  • Sin estar de por medio el interés personal de los políticos no se van a mover sus maquinarias, y el plebiscito sería más bien comparable a la Constituyente del 91 (cuando votó apenas el 24 por ciento de la gente) o al referendo de Uribe (cuando solo una de las 15 preguntas logró el umbral del 25 por ciento).
  • Sin obstar lo que dicen las encuestas, hay un cierto “cansancio de la paz” en la opinión -y especialmente en la ciudades-. Esto sería el fruto de por lo menos tres razones poderosas:     

-Las  conversaciones han tomado demasiado tiempo.

-Las negociaciones dejaron de ocuparse de la gente (tierra, drogas…) para    ocuparse de los  guerrilleros (justicia transicional, seguridad en zonas de concentración,…).

-El beneficio principal del Acuerdo (disminución de la violencia) se logró antes de firmarse el Acuerdo.

Aún si no alcanzaran para frustrar el “si”, las consideraciones anteriores son sin embargo suficientes para entender la de otro modo inexplicable vacilación del Centro Democrático  entre apostarle al “no” o a la abstención.

            -En cuanto al voto por el “sí” o el “no” porque las dos campañas están apenas comenzando. Aunque la ventaja porcentual del “sí” es muy considerable (más de 20 puntos en todos los sondeos), la opinión ha tenido sus altas y sus bajas, y por ejemplo en julio del año pasado habría ganado el “no” en un plebiscito.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. Las encuestas colombianas, para peor, no permiten el tipo de “análisis factorial” que arrojaría alguna luz sobre el asunto. Pero en este caso y a título de hipótesis, diría yo que las creencias van a tener un peso significativo y versarán sobre cuatro ejes principales de lectura del (tan extenso y complejo) “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Estos ejes serían los siguientes:

Lecturas para el sí                              Lecturas para el no

“El Acuerdo me afecta”                    “El Acuerdo me afecta”

“Voto por la paz”                              “Voto contra la impunidad”

“Voto por Santos”                             “Voto por Uribe”

“Voto por reformas necesarias”       “Voto contra el castro-chavismo”

Las campañas organizadas de lado y lado –y sobre todo los medios de comunicación-  acentuarán una u otra lectura, y cada quien votará según perciba y valore en su momento esos varios referentes. Un comentario apenas sobre cada eje:

  1. La abstención será mayor entre la gente que no cree en la importancia del Acuerdo. La movilización y la participación de los extremos serán mayores que las del centro.
  2. Los mismos encuestados que están mayoritariamente a favor de “la paz”, están abrumadoramente en contra de “la impunidad para las FARC” y “su llegada al Congreso”: ¿cuál de estas dos lecturas acabará por imponerse?
  3. Santos es muy impopular y Uribe es muy popular. Pero Santos tiene el gobierno y los medios de comunicación, mientras que Uribe no logró las mayorías para el Centro Democrático (¿será que Uribe tiene más pasado que presente?).     
  4. La izquierda espera que haya cambios sociales y apertura política, la derecha dice que vendrá el castro-chavismo; pero todos sabemos que en el fondo no habrá mucho de lo uno o de lo otro, y por eso para mí este no es el primero sino el cuarto de los ejes en disputa.

La pregunta del millón

Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Foto: United Nations Photo

Aunque no existen palabras neutrales, pienso yo que una lectura “imparcial” del acuerdo entre el gobierno y las FARC diría que esta guerrilla acepta desmovilizarse a cambio de unas reformas moderadas en el campo, de una justicia mucho menos punitiva para los exguerrilleros y de las garantías para hacer política. Los resultados tangibles e inmediatos  que podemos esperar serían, por una parte, la disminución de la violencia política, y por la otra el no castigo o el castigo reducido de los exguerrilleros.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. 

Bajo estas circunstancias el votante “medio” y el votante “racional” (los que imaginan los textos académicos) harían el cálculo entre la desmovilización (el beneficio) y el “no castigo” (costo). Y para no perderme en abstracciones, plantearé la cuestión así a la bruta: ¿qué necesidad tienen los colombianos de pagar el costo (no castigo) si ya tienen seguro el beneficio (la desmovilización)?

Por eso aquel votante “racional” -y tal vez muchos votantes reales- se inclinarán por el “no” en tanto perciban que la desmovilización de las FARC ya se produjo o no tiene reversa. Este dato esencial no está aclarado y depende, entre otras cosas, de:

  • Si el Acuerdo se aplica a partir de la fecha de su firma o de la del Plebiscito (hay realidades, bases jurídicas y textos de La Habana para afirmar lo uno o lo otro).
  • El cronograma pactado para la desmovilización (concentración en zonas transitorias, entrega gradual de armas…) y el previsto en la Ley de Plebiscito (cruzar estos cronogramas es un trabajo de relojero que bien merece otro artículo).
  • La evaluación que debe hacerse sobre el estado militar de las FARC y sobre el grado de reversibilidad de las medidas que ha venido adoptando o que adopte con anterioridad al plebiscito (cese al fuego, no secuestros, no reclutamientos, no instrucción militar, entrega gradual de armas…)
  • La seriedad del compromiso de las FARC con la declaración inicial de su vocero: “no volveremos a la guerra si los colombianos votan en contra del plebiscito”.

No exagero al decir que desde los puntos de vista ético y estratégico, esta frase es la más importante de cuantas se han pronunciado o escrito en la mesa de La Habana.

Queda por ver su efecto sobre la decisión de los votantes.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

¿Menos sueldo para los congresistas o mayor vigilancia ciudadana?

Marcela EscandónAunque sea muy popular, la propuesta recurrente de bajarles el salario a los políticos es compleja y discutible. En cambio hay varias cosas que podemos hacer las personas del común para elevar la calidad de nuestros legisladores.

Marcela Escandón Vega*

 

El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe.

Contra los altos sueldos

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso.

Aunque parece un  asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas.

Pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas. 

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

  • En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios  elevados para unas personas cuyo trabajo no sé sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.
  • En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto que muchos se encuentren en la cárcel o  disfrutando cínicamente de la impunidad.
  • En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con  facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como “mermelada”).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A favor de los salarios elevados

Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Pero también existen argumentos para justificar los salarios elevados.

  • En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.
  • Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de  los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.
  • En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿Cómo se reajustan los salarios de los congresistas?

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto:  Congreso de la República de Colombia

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo.

El gobierno nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste  sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralos y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como ponente).

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar - el proyecto de Uribe. En especial si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

El Congreso es la institución básica para la deliberación democrática.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los  congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:

  • Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.
  • Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle “directamente” a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe, lo segundo es control social inteligente.
  • Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.
  • Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso recursos económicos. Sin embargo, es necesario e incluso es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno le hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.

* Historiadora y politóloga, gestora de la prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas del ICFES y docente de cátedra de ciencia política en la Universidad del Rosario.

La coca sigue viva y lo seguirá en el posconflicto

Sergio UribeEn busca de la paz con la guerrilla, el gobierno decidió cerrar los ojos frente a la coca  y por eso las siembras vienen en aumento. La solución va  más  allá de un acuerdo con las FARC: hay que construir sociedad en las regiones apartadas de Colombia.

Sergio Uribe*

 

Mata de coca.

Estrategia de avestruz

El pasado 8 de julio la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó las cifras sobre superficie de coca en Colombia en 2015, según las cuales el área cultivada aumentó considerablemente. El gobierno admitió que el crecimiento del área se ha mantenido pese a las acciones contra las FARC, las bacrim, el ELN, el ELP y otras organizaciones criminales dedicadas al cultivo de la coca, a su transformación y a la comercialización de cocaína.

Y sin embargo en la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas. Desde que en 2011 el presidente entendió que el momento era propicio para sentarse a la mesa con las FARC, su gobierno archivó las principales estrategias de lucha contra las drogas, la violencia y la delincuencia.

En la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas.

Aunque políticamente sea posible negociar la paz, al caracterizar como narco-guerrilleros a los alzados en armas esta negociación se vuelve moralmente inaceptable. Negociar con la “narco-guerrilla” equivale a admitir que el Estado se da por vencido: es como haber negociado pública y oficialmente con Pablo Escobar.

El abandono implícito de la erradicación y de la lucha contra los cultivadores desde  2012 solo puede interpretarse como expresión de una estrategia clara: la del avestruz.

Para darle legitimidad al proceso de La Habana, el gobierno decidió bajar el ritmo de la erradicación y no seguir haciendo evidente el papel de algunos frentes guerrilleros en el cultivo, transformación y comercio de la coca. Y al limitar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas en algunas regiones trató de no lidiar con las FARC como un  gran   narcotraficante o como una organización criminal común.

Verdad  que durante los últimos meses hemos vivido una paz relativa pues los ceses al fuego han evitado derramar más sangre. Pero entretanto han seguido aumentado los narco-cultivos.

La situación real

Mata de coca.
Mata de coca.
Foto: Agencia Prensa Rural

Quienes conocemos el problema de las drogas tendemos a creer que en Colombia en realidad se está posponiendo la guerra.

La ilusión del dinero fácil es el mayor atractivo de los cultivos de uso ilícito, y no hace falta ser economista para entender las motivaciones de los campesinos en estas zonas. En las zonas cultivadoras está claro que:

  1. Quienes viven allí son colombianos que no quieren ser sometidos al rigor del orden social de cualquier país moderno. Buscan huir de su pasado o están convencidos de poder construir un futuro mejor lejos del control del Estado.
  2. La economía colombiana de los últimos 50 años ha sido excluyente porque la producción se concentró en menos del 40 por ciento del territorio donde vive el 80 por ciento de la población.
  3. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los sembrados de coca están en manos de unas 300.000 personas (74.000 familias), que representan al 0,65 por ciento de la población colombiana que vive en ese 60 por ciento del territorio excluido del desarrollo.

Supongamos que en estas regiones cada familia tiene poco más de una hectárea de coca: 1,29 hectáreas por familia para ser exactos, y que produce 1.478 kilos de hoja por cosecha, con cuatro cosechas año. Si cada kilo se vende a 3.000 pesos, el  ingreso bruto son 17,9 millones de pesos por familia al año (sin contar lo que obtienen por trabajo fuera de su parcela). Es decir: estamos hablando de poco más de dos salarios mínimos al mes. Con este panorama es muy difícil que el desarrollo alternativo pueda estimular productos que reemplacen estos ingresos.

  1. Como sostienen muchos analistas, Colombia es “un país de regiones¨ y por eso el Estado central en realidad no llega – o llega mal- a esas regiones apartadas.  

En contraste y por ejemplo en la región del rio Satipo en Perú hay un proyecto llamado Desarrollo Alternativo, que  se apartó de las creencias convencionales y se dedicó a construir comunidad. Después de cuatro años de trabajo con una comunidad asentada sobre unas 4 mil hectáreas se logró que los cultivos aumentaran apenas en 19 hectáreas40.000 hectáreas mucho menos que el amento en las regiones vecinas. Sobra decir que el proyecto tiene sus opositores, principalmente políticos, porque quienes miden el éxito por el volumen de hectáreas erradicadas no entienden que construir sociedad es la mejor manera de salir de la ilegalidad.

Nuestros dirigentes también deberían entender la debilidad del Estado colombiano y optar por estrategias de largo plazo. Los cultivos de coca no se van a acabar en 2018 cuando Juan Manuel Santos entregue el poder. Por eso hay que formular políticas de Estado. La estrategia beligerante de Uribe puede haber ofendido a muchos pero funcionó pues se dio una gran reducción neta de los cultivos. Sin embargo, su política pecó porque no construyó sociedad.

A finales de la década de 1980 la sociedad colombiana optó por enfrentar el narcotráfico cuando los carteles, con Pablo Escobar a la cabeza, intentaron tomarse primero la política y después el Estado. Veinticinco años después hemos avanzado como sociedad pero la violencia y el narcotráfico siguen enquistados entre nosotros.

Coca y paz

Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Foto: Policía Nacional de Colombia

Es probable que la paz traiga la legalización de las actividades agrícolas de un segmento de la población comprometida con las FARC. Pero otro segmento obedece a los intereses económicos de los cultivos y no se entregará. El mayor perdedor en esta ecuación será el campesinado asentado en sus zonas de influencia.

La paz que queremos los colombianos que vivimos en las ciudades no se va a materializar en muchos territorios y buena parte de ese 0,65 por ciento de la población seguirá  condenada a seguir en la ilegalidad.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. Según las estadísticas que nos entregó el SIMCI, el 36 por ciento de las 96.500 hectáreas contabilizadas en 2015 se encuentran en cinco municipios donde las FARC no son predominantes sino que  compiten con las bacrim, el ELN y el EPL.

No es descabellado afirmar que la mayor parte de los hombres (si no los frentes enteros) asentados en estos municipios (Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Valle del Guamuez y El Tambo) tomarán el mismo camino del Frente Primero de las FARC en el Guaviare: no se  unirán a la paz.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. 

En el estudio de la UNDOC se dice que las 96.500 hectáreas de coca identificadas son capaces de poner en el mercado 646 toneladas de cocaína. Esta cifra es relevante porque se trata de 646 de cocaína con 100 por ciento de pureza,  o de unas 810 toneladas al 75 por ciento, que es la calidad media en el mercado mayorista. Según el mismo SIMCI cada hectárea de coca produce unos 8,39 kilos de cocaína tipo exportación al año, que se venden por unos 39,8 millones de pesos. El costo de la materia prima (la hoja) representa el 50 por ciento de los gastos y, por información de otras fuentes, se puede afirmar que la transformación de estos 8,39 kilos en base y eventualmente en cocaína puede costar entre 5 y 6 millones de pesos.

Lo anterior quiere decir que los grupos que controlan la comercialización de la coca en los cinco municipios mencionados obtienen una ganancia de unos 16,5 millones de pesos por kilo al año. De las 34.000 hectáreas de coca ubicadas en los cinco municipios mencionados se pueden extraer 286 toneladas de cocaína al año, que dejan utilidades por unos 4,7 billones de pesos.

En estos lugares, ¿dónde están los incentivos al desarrollo alternativo? ¿Qué cultivo puede competir con la coca? ¿Cómo se va a hacer para que los guerrilleros y sus comandantes se desmovilicen? ¿Será que la solución para los cultivos de coca en Tumaco seguirá siendo arriesgar las vidas de los erradicadores para proteger los bosques y los derechos de las negritudes mientras unos pocos se siguen enriqueciendo?

La coca sigue al asecho en Colombia. La solución pasa por múltiples escenarios y el más complejo es el de construcción de sociedad, porque esta tardará varias generaciones en consolidarse.


* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. 

twitter1-1@suribe52

Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

El escenario del conflicto armado va cediendo espacio al de amenazas difusas contra la convivencia y la seguridad ciudadanas. Se logre o no la paz, de todas maneras la Policía Nacional debe adaptarse a un contexto no militarizado. 

mariav llorente ministerio seguridad director policía

Director de la policía, general José Roberto León Riaño. Foto: AMERIPOL

 

El Ministerio

El anuncio reciente del presidente Santos en el sentido de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana requiere de un análisis sereno de conveniencia y oportunidad que considere al menos tres aspectos:

  1. el escenario estratégico actual y su proyección futura;
  2. la función del Ministerio de Defensa;
  3. el papel de la Policía Nacional y las alternativas para su reubicación institucional. 

 

Dos escenarios

 


mariav llorente ministerio seguridad exdirector policía

Ex-director de la policía, general Carlos Naranjo. 
Foto: OEA-OAS 
 

Colombia enfrenta hoy dos escenarios estratégicos, de manera simultánea:

· Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente, aun cuando es evidente que estos grupos conservan algún potencial para causar daño en ciertas zonas del país.

Por ahora se vislumbra la posibilidad de que concluyan con éxito las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. En ese caso entraríamos en una fase de postconflicto más nítida que la que ha resultado de la desmovilización de los paramilitares.

· En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. Aquí figura una variada gama de amenazas, empezando por el crimen organizado de las llamadas “BACRIM” y de otras muchas redes que se nutren de mercados ilegales — drogas ilícitas, minería ilegal, contrabando — y que amenazan la vida y las libertades ciudadanas.

Al mismo tiempo existen o se hacen más visibles otros frentes, como el delito callejero, los problemas asociados con el consumo indebido de alcohol, la violencia intrafamiliar, la creciente conflictividad social y la constante sensación de inseguridad de los ciudadanos.

No cabe duda de que este segundo escenario ha venido creciendo en importancia durante los últimos años, mientras declina el de las grandes amenazas contra la seguridad del Estado: hasta hace poco, el entrecruce letal del conflicto armado interno con el narcotráfico.

Es más: aunque no prosperara la negociación en La Habana, es bien factible que este segundo escenario siga cobrando relevancia frente al del conflicto armado interno, dados el deterioro progresivo y la criminalización de las guerrillas.

Así, en el evento infortunado de que fracase el intento de La Habana,  no tendríamos a unos cuantos reincidentes engrosando las redes criminales existentes — como probablemente ocurrirá si las guerrillas firman el acuerdo — sino a toda la organización volcada hacia el crimen ordinario. 

En suma, independientemente del proceso de La Habana, es más que razonable comenzar  el debate sobre la arquitectura institucional más adecuada para atender los desafíos a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público que de un tiempo para acá ocupan la atención de los medios.  

 

Nueva arquitectura institucional

La propuesta del presidente Juan Manuel Santos parte de un supuesto básico, que comparto: el centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa, pues estas amenazas a la seguridad — por su diversidad, su heterogeneidad territorial y su multicausalidad — requieren de un tratamiento que, en general, no encaja bien con los objetivos misionales de este ministerio y mucho menos con la doctrina militar que lo domina.

De ahí que, por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia emitida en el 2011, haya implicado definir y poner a funcionar una instancia novedosa e influyente: la Alta Consejería Presidencial, a cuya cabeza está Francisco Lloreda.

Esta oficina ha sido una institución indispensable, pero transitoria, para formular y adoptar un enfoque de seguridad ciudadana que no tenía cabida dentro del Ministerio de Defensa.

La experiencia de la Consejería ha ser evaluada en el debate sobre la arquitectura institucional más conveniente para atender la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público en la Colombia de hoy y de mañana.

 

¿Dónde quedará mejor la Policía?

 


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Policías en formación.
Foto: Ronald Dueñas 
 

Paso al tema de la Policía Nacional, donde las preguntas iniciales serían: ¿qué hacer con ella? y ¿dónde ubicarla?

Colombia es el único país del continente donde la Policía sigue operando en el marco del sector de la Defensa. Esto se ha mantenido así para preservar la unidad de mando de las fuerzas armadas, como un imperativo para la seguridad del Estado, asediado por grupos insurgentes y terroristas, cuyo potencial de daño aumentó gracias al narcotráfico.  

Sin embargo, bajo las circunstancias actuales y las previsibles, no parece tener mucho sentido este argumento, cuando el imperativo es otro: la protección y el bienestar de los ciudadanos.

Esta tarea supone un repertorio de intervenciones que son ajenas — en su mayoría —  a las funciones de la Defensa.  Esto no quiere decir que la acción coordinada de la Policía con las fuerzas militares deje de ser importante: sigue siendo indispensable, sobre todo de cara a los desafíos que persisten en el ámbito rural.

Lo anterior significa que la Policía Nacional debería ubicarse en un entorno institucional con funciones y doctrinas claras en materia de seguridad ciudadana y convivencia, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades, y establecer alianzas con otras instituciones del orden nacional y con las autoridades político–administrativas del orden  territorial, para cumplir eficazmente con su misión en este nuevo escenario.

La Policía Nacional lo sabe bien. Su Director, el general José Roberto León, viene insistiendo en que la tarea pendiente sigue estando en este camp­o.  De ahí su iniciativa de modernizar el servicio de vigilancia en todo el territorio mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de transferir las reconocidas capacidades de la inteligencia policial a esta tarea con el recién creado Centro Integrado de Inteligencia para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Ahora bien, convencida de que están dadas las condiciones para sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, hay que decir que la escogencia de su nueva ubicación institucional debe hacerse sin apuros y sobre la base de análisis concienzudos.

Antes de lanzarse a crear un nuevo ministerio, convendría analizar otras posibilidades de ubicación, como el Ministerio del Interior. Este tiene asignadas funciones muy afines y, por lo demás, ya tiene la conexión directa con las autoridades político–administrativas, pero requeriría de una reforma profunda que lo dote de las capacidades técnicas necesarias para diseñar, gestionar y evaluar las políticas en esta materia.

Igualmente, valdría la pena buscar referentes internacionales — particularmente en América Latina — en donde hay experiencias de ubicación de la Policía en el sector justicia, en el del interior y en el propio ministerio de seguridad, bajo diversas denominaciones.

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

 

 

 Maria-Victoria-Llorente

María Victoria Llorente*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa.

 

 

 

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