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Álvaro José Benedetti A.*

Los empresarios y la paz: ¿cómo “jugar” en el posconflicto?

Análisis

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

El escenario del conflicto armado va cediendo espacio al de amenazas difusas contra la convivencia y la seguridad ciudadanas. Se logre o no la paz, de todas maneras la Policía Nacional debe adaptarse a un contexto no militarizado. 

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Director de la policía, general José Roberto León Riaño. Foto: AMERIPOL

 

El Ministerio

El anuncio reciente del presidente Santos en el sentido de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana requiere de un análisis sereno de conveniencia y oportunidad que considere al menos tres aspectos:

  1. el escenario estratégico actual y su proyección futura;
  2. la función del Ministerio de Defensa;
  3. el papel de la Policía Nacional y las alternativas para su reubicación institucional. 

 

Dos escenarios

 


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Ex-director de la policía, general Carlos Naranjo. 
Foto: OEA-OAS 
 

Colombia enfrenta hoy dos escenarios estratégicos, de manera simultánea:

· Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente, aun cuando es evidente que estos grupos conservan algún potencial para causar daño en ciertas zonas del país.

Por ahora se vislumbra la posibilidad de que concluyan con éxito las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. En ese caso entraríamos en una fase de postconflicto más nítida que la que ha resultado de la desmovilización de los paramilitares.

· En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. Aquí figura una variada gama de amenazas, empezando por el crimen organizado de las llamadas “BACRIM” y de otras muchas redes que se nutren de mercados ilegales — drogas ilícitas, minería ilegal, contrabando — y que amenazan la vida y las libertades ciudadanas.

Al mismo tiempo existen o se hacen más visibles otros frentes, como el delito callejero, los problemas asociados con el consumo indebido de alcohol, la violencia intrafamiliar, la creciente conflictividad social y la constante sensación de inseguridad de los ciudadanos.

No cabe duda de que este segundo escenario ha venido creciendo en importancia durante los últimos años, mientras declina el de las grandes amenazas contra la seguridad del Estado: hasta hace poco, el entrecruce letal del conflicto armado interno con el narcotráfico.

Es más: aunque no prosperara la negociación en La Habana, es bien factible que este segundo escenario siga cobrando relevancia frente al del conflicto armado interno, dados el deterioro progresivo y la criminalización de las guerrillas.

Así, en el evento infortunado de que fracase el intento de La Habana,  no tendríamos a unos cuantos reincidentes engrosando las redes criminales existentes — como probablemente ocurrirá si las guerrillas firman el acuerdo — sino a toda la organización volcada hacia el crimen ordinario. 

En suma, independientemente del proceso de La Habana, es más que razonable comenzar  el debate sobre la arquitectura institucional más adecuada para atender los desafíos a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público que de un tiempo para acá ocupan la atención de los medios.  

 

Nueva arquitectura institucional

La propuesta del presidente Juan Manuel Santos parte de un supuesto básico, que comparto: el centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa, pues estas amenazas a la seguridad — por su diversidad, su heterogeneidad territorial y su multicausalidad — requieren de un tratamiento que, en general, no encaja bien con los objetivos misionales de este ministerio y mucho menos con la doctrina militar que lo domina.

De ahí que, por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia emitida en el 2011, haya implicado definir y poner a funcionar una instancia novedosa e influyente: la Alta Consejería Presidencial, a cuya cabeza está Francisco Lloreda.

Esta oficina ha sido una institución indispensable, pero transitoria, para formular y adoptar un enfoque de seguridad ciudadana que no tenía cabida dentro del Ministerio de Defensa.

La experiencia de la Consejería ha ser evaluada en el debate sobre la arquitectura institucional más conveniente para atender la seguridad ciudadana, la convivencia y el orden público en la Colombia de hoy y de mañana.

 

¿Dónde quedará mejor la Policía?

 


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Policías en formación.
Foto: Ronald Dueñas 
 

Paso al tema de la Policía Nacional, donde las preguntas iniciales serían: ¿qué hacer con ella? y ¿dónde ubicarla?

Colombia es el único país del continente donde la Policía sigue operando en el marco del sector de la Defensa. Esto se ha mantenido así para preservar la unidad de mando de las fuerzas armadas, como un imperativo para la seguridad del Estado, asediado por grupos insurgentes y terroristas, cuyo potencial de daño aumentó gracias al narcotráfico.  

Sin embargo, bajo las circunstancias actuales y las previsibles, no parece tener mucho sentido este argumento, cuando el imperativo es otro: la protección y el bienestar de los ciudadanos.

Esta tarea supone un repertorio de intervenciones que son ajenas — en su mayoría —  a las funciones de la Defensa.  Esto no quiere decir que la acción coordinada de la Policía con las fuerzas militares deje de ser importante: sigue siendo indispensable, sobre todo de cara a los desafíos que persisten en el ámbito rural.

Lo anterior significa que la Policía Nacional debería ubicarse en un entorno institucional con funciones y doctrinas claras en materia de seguridad ciudadana y convivencia, que le permita desarrollar plenamente sus capacidades, y establecer alianzas con otras instituciones del orden nacional y con las autoridades político–administrativas del orden  territorial, para cumplir eficazmente con su misión en este nuevo escenario.

La Policía Nacional lo sabe bien. Su Director, el general José Roberto León, viene insistiendo en que la tarea pendiente sigue estando en este camp­o.  De ahí su iniciativa de modernizar el servicio de vigilancia en todo el territorio mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de transferir las reconocidas capacidades de la inteligencia policial a esta tarea con el recién creado Centro Integrado de Inteligencia para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Ahora bien, convencida de que están dadas las condiciones para sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, hay que decir que la escogencia de su nueva ubicación institucional debe hacerse sin apuros y sobre la base de análisis concienzudos.

Antes de lanzarse a crear un nuevo ministerio, convendría analizar otras posibilidades de ubicación, como el Ministerio del Interior. Este tiene asignadas funciones muy afines y, por lo demás, ya tiene la conexión directa con las autoridades político–administrativas, pero requeriría de una reforma profunda que lo dote de las capacidades técnicas necesarias para diseñar, gestionar y evaluar las políticas en esta materia.

Igualmente, valdría la pena buscar referentes internacionales — particularmente en América Latina — en donde hay experiencias de ubicación de la Policía en el sector justicia, en el del interior y en el propio ministerio de seguridad, bajo diversas denominaciones.

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

 

 

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María Victoria Llorente*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno donde se ubica el conflicto armado con las guerrillas, cuya capacidad real de amenazar la seguridad nacional se ha reducido considerablemente.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo escenario se presenta un conjunto difuso de desafíos de distinta jerarquía a la seguridad ciudadana, a la convivencia y al orden público. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El centro de gravedad institucional no puede seguir siendo el Ministerio de Defensa.

 

 

 

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