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La elección del fiscal: ¿cálculos políticos o competencia técnica?

Jorge Iván Cuervo¿Quiénes son, a quién o quiénes representan, por qué fueron incluidos en la terna, cómo serían recibidos por la Corte encargada de elegir, y qué podría implicar el nombramiento de cada uno de los tres juristas postulados por el presidente Santos?   

Jorge Iván Cuervo R.*

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Una pantomima política

El presidente Santos definió la terna que debe ser presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación, de donde saldrá el reemplazo de Eduardo Montealegre.

Los postulados son Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, los tres vinculados al gobierno de una forma u otra. Esto indica que Santos ratifica que no se sale del círculo de confianza a la hora de integrar este tipo de ternas o de postular personas para otros cargos. Después de hacer una convocatoria pública en la cual se inscribieron cerca de 114 candidatos, Santos no vio más allá de los nombres que se barajaron desde el principio y, sin que se conocieran los criterios que se utilizaron para la preselección, lo cierto es que ninguno de los candidatos de afuera del gobierno quedó en la terna.

Esta situación deja el sabor de haber sido una pantomima para sacar de la terna al vicefiscal y al hoy fiscal €, José Fernando Perdomo, y desmarcarse del incómodo legado de Montealegre sin tener que enfrentar grandes consecuencias políticas.

Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo.

En este caso llama la atención que más que la búsqueda de la persona idónea para el cargo, la terna se haya convertido en un pulso político entre Vargas Lleras, con su candidato Martínez; el liberalismo, que tímidamente se siente representado por Reyes (aunque hubieran preferido a Perdomo); y Sergio Jaramillo, con Mónica Cifuentes, quien sería una buena carta para alinear al siguiente fiscal con las necesidades del posconflicto.

La inclusión de Néstor Humberto Martínez supuso un triunfo para el vicepresidente y una derrota para la exministra de la Presidencia, la super poderosa María Lorena Gutiérrez. Como se ve, la inclusión de Martínez terminó precipitando una recomposición del gabinete, lo cual da una idea de la importancia que tiene la elección del fiscal general en las actuales circunstancias.

Los candidatos

El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
Foto: Presidencia de la República

En principio, los tres candidatos son idóneos para el cargo.

  • Cifuentes llevaría una ventaja técnica por haber trabajado en la Fiscalía en un cargo directivo en esa entidad, y por liderar el equipo jurídico del gobierno en la negociación de La Habana y contar con el respaldo de Sergio Jaramillo, uno de los hombres que le habla al oído al presidente. Su condición de mujer es un elemento a su favor en un cargo que usualmente ha sido ocupado por hombres. Además, podría ser el fiel de la balanza si en la Corte Suprema se polarizan los apoyos entre Reyes y Martínez.
  • Yesid Reyes es un jurista serio y un penalista de avanzada que como ministro de Justicia demostró que un cargo como el de fiscal general está hecho a su medida. Tiene el respeto de todos los sectores políticos (incluido el uribismo) pues ha demostrado ser una persona ecuánime y centrada, y lideró la posición del gobierno frente al nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, demostró cierta indolencia frente a los problemas de la Rama Judicial, de lo cual seguramente tomaron nota en la Corte Suprema de Justicia. Su condición de víctima, al ser hijo del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía, le da un valor simbólico a su elección.

Haber sido ministro de Santos será un pecado que le sacarán en cara cuando empiece a tomar decisiones que puedan afectar a los contradictores del gobierno. Sin embargo, Reyes es quien da mayores garantías para cumplir el llamado “deber de ingratitud”, es decir, la cualidad que deben tener los servidores públicos de ejercer sus funciones en estricto cumplimiento de su mandato y no pagando favores al postulante o al elector.

  • Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo. Aunque ha ocupado la cartera de Justicia en dos oportunidades y se le reconoce como un gran jurista y asesor de grandes conglomerados económicos, su especialidad no ha sido el derecho penal. Sin embargo, es el candidato con mayor significación política y quien despierta las mayores suspicacias, dada su cercanía al vicepresidente Vargas Lleras, así como por su trayectoria como asesor y abogado de grandes empresarios. Esto último lo podría llevar a tener conflictos de interés en el cargo (uno de los problemas que tuvo Montealegre). Pero en honor a la verdad hay que decir que estos conflictos son comunes para cualquier abogado exitoso en el ejercicio de su profesión.

Martínez conoce el mundo del derecho, fue el artífice y gran defensor de la reforma de “equilibrio de poderes” (lo cual puede ser un factor adverso en la Corte Suprema) y como ministro de Justicia adelantó tareas importantes que lo dejan bien parado como gerente. Y gerencia es lo que le falta a la Fiscalía.

Martínez caería bien en el uribismo, pero despertaría resistencias en sectores políticos y sociales de centro-izquierda que no ven con buenos ojos la llegada al ente de investigación de un abogado con altos intereses económicos, por ejemplo, en el temade tierras, donde uno de sus más importantes clientes está en el negocio. Con él se puede repetir el síndrome Montealegre respecto del caso Saludcoop.

¿Quién ganará?

El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
Foto: Minjusticia

Por su trayectoria, formación y logros, quien más garantías ofrece es Yesid Reyes, quien sería una elección que dejaría a todo el mundo tranquilo, menos, claro está, a Vargas Lleras, quien quiere acumular todo el capital político necesario para asegurar su presidencia en 2018. Pero como el gobierno no controla a la Corte Suprema, una derrota de Martínez no le puede ser atribuida a Santos.

La Corte Suprema de hoy no es la misma que eligió a Montealegre ni a Mario Iguarán, y que fue tan sensible a la polarización política e ideológica que trajeron los gobiernos de Uribe (llegó incluso a devolver una terna, un procedimiento atípico que significó una interinidad en esa entidad por cerca de dos años).

La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente.

La recomposición reciente de la Corte augura un panorama incierto. Sin embargo, el hecho de saberse con anterioridad la postulación de Martínez le habría dado cierta ventaja a este sobre sus competidores, por visibilidad y cabildeo. Además, conociendo sus antecedentes, Martínez también tendría un mayor poder de negociación, ahora que se discute la constitucionalidad de la reforma de “equilibrio de poderes” y que se conoce de la ponencia favorable al gobierno que habría elaborado el magistrado ponente – quien a su vez fue postulado a la Corte por el presidente Santos-.

Tanto Reyes como Martínez han defendido la idea de que el fiscal debe ser elegido directamente por el presidente de la República, como lo es en el sistema estadounidense (de donde se tomó la figura). Pero en Colombia la cantidad de poder que ostenta el jefe del Ejecutivo desaconseja esa medida, a pesar de que sea una contradicción aparente que el responsable del orden público no pueda incidir directamente sobre la política criminal.

¿Cambio de modelo?

La coyuntura amerita que se dé un debate sobre el diseño institucional de la Fiscalía y del procedimiento de elección del fiscal. La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente y el procedimiento de elección no se corresponde con esa condición.

En este momento, es oportuno sopesar los pros y los contras de adoptar el modelo norteamericano y pensar en la posibilidad de intercambiar la fórmula de la elección (la Corte Superna propone la terna y el presidente elige) o trasladar todo el proceso a la Rama Judicial (el Consejo de Estado terna y la Corte Suprema elige), para minimizar el sabor político del procedimiento.

La politización que se ha hecho evidente en este proceso no es un buen síntoma de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar el proceder de un funcionario adscrito a la Rama Judicial. Un vicepresidente en tránsito de candidato preocupado por quién debe ser el fiscal general es una anomalía que no debería existir en nuestro modelo estatal.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

Los cambios que necesita la Ley de Restitución de Tierras

Enrique Herrera Los resultados han sido muy escasos y el debate de estos días es tan simplista como electorero. Pero hay cambios concretos y factibles, como los cinco que aquí se recomiendan, para lograr las metas previstas desde un comienzo.  

Enrique Herrera Araújo*

Familia de desplazados recupera sus tierras en La Palma, Cundinamarca.

Pocos resultados, evasivas y polarización

Según datos de la Fundación Forjando Futuros algo anda muy mal en el proceso de restitución de tierras en Colombia:

  • Después de 5 años solo un 3,4 por ciento de las 87.000 solicitudes de restitución  han sido resueltas por la vía judicial.
  • Los jueces han emitido 1.300 sentencias con más de 25 mil órdenes a 55 entidades;  paradójicamente, la entidad que menos las ha cumplido es el Ministerio de Agricultura.
  • El 76 por ciento de los predios restituidos son de menos de 10 hectáreas y un 20 por ciento está entre 10 y 50 hectáreas. Es decir estamos hablando de pequeños fundos, o donde la disputa se da, generalmente,  entre un pequeño propietario y otro pequeño propietario.
  • Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras, lo que hace pensar que la política de restitución revictimiza al campesino y lo deja desprotegido en el campo, donde no hay Estado.

Ante todo lo anterior, el gobierno nacional ha adoptado la estrategia del avestruz para ignorar la realidad. Pero no le ha ido bien con ese tipo de maniobras, como tampoco le fue bien cuando dijo que el “tal paro agrario no existe”, ni cuando reaccionó tarde, después de que en las manos le explotaran situaciones como el paro de camioneros o el judicial, entre otros.

Cuando es objeto de críticas, el gobierno responde atacando a sus enemigos en lugar de tratar de encontrar el porqué de los pésimos resultados de la Ley 1448 de 2011, planeada para diez años. El fanatismo ideológico se tomó a los detractores y defensores, y lo que hoy se percibe es un diálogo de sordos en trincheras guerreristas. Esto no ayuda para nada. Tanto los defensores como los opositores acérrimos entierran sus cabezas en la arena para desconectarse de la realidad.

Mientras tanto, la campaña electoral que está empezando tomó a esta Ley como protagonista, pero no solo en el debate público en universidades, foros y medios de comunicación, sino en la movilización ciudadana en el terreno: en San Alberto, departamento del Cesar, y en San Ángel, departamento del Magdalena. Este tipo de reacciones son bienvenidas porque reflejan otras verdades, muestran realidades y desnudan deficiencias.

Una Ley mal diseñada

Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En todo caso, los resultados no son buenos. Y cuando se escarba más hondo, se encuentra que son peores. Por ejemplo si el instrumento de medida de efectividad no es el número de sentencias o de reclamaciones y registros, sino el número de reclamantes que han retornado y se han asentado en sus predios, los datos son totalmente desestimulantes, casi catastróficos. Pero es en este punto donde realmente se mide el impacto de la política: en el terreno y en la realidad objetiva de las víctimas a quienes debe cumplírseles.

Por eso es hora de hacer ajustes.

Ya lo había dicho en Razón Pública y lo repito ahora: esta es una Ley de buenos propósitos que está fracasando porque fue elaborada en una burbuja, aislada de la realidad rural, alejada de la violencia territorial, escrita desde las oficinas bogotanas por académicos sin ninguna experiencia en la gestión pública y diseñada bajo la idea errónea de que los problemas de tierras rurales son fáciles de resolver.

Los problemas de la Ley están ahí desde su creación y por lo mismo se requiere de una completa revisión. Por ejemplo esta Ley parte del supuesto de que el desplazado quiere retornar al campo, pero distintos estudios indican que esto no es del todo cierto. Para colmo, el gobierno está llevando a cabo algunas políticas o programas que incentivan el no retorno, como los subsidios en las ciudades.  

“La microfocalización”

Los arreglos son urgentes, y el primero de ellos podría ser eliminar el gota a gota de la llamada “microfocalización”.

La Ley señaló que la restitución se realizará en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la magnitud histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. Por eso ordenó dos pasos previos:

  • La macrofocalización, consistente en que el Consejo de Seguridad Nacional defina un área de mayor extensión (departamentos), para tramitar en ella el estudio de las solicitudes de restitución;
  • La microfocalización es decir, la definición de áreas de menor extensión, por ejemplo, municipios, corregimientos, veredas o inclusive predios donde se determina que es viable adelantar el registro del predio y la restitución.

Las etapas macro y micro definen cuáles son las zonas donde se restituirán los predios.  Por fuera de ellas no hay restitución posible. Pero entre la macro y la microfocalización se ha creado un dique de contención tan grande que para el 31 de marzo de 2015 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 75.122 solicitudes, de las cuales el 63,14 por ciento ha estado represado por falta de microfocalización. Sin este paso, el proceso se estanca.

Por eso la Sentencia T-679 de la Corte Constitucional, del 3 de noviembre de 2015, dijo que la aplicación gradual y progresiva de una política no puede ser excusa para la inactividad del Estado y que la “la petición de la víctima no puede quedar suspendida irrazonablemente en el tiempo, pues esa microfocalización es, de alguna manera, condición indispensable para que la persona acuda ante los jueces a reclamar sus tierras”. 

La microfocalización se ha convertido en un muro que es preciso derribar si se quieren mejorar los resultados de la Ley -y mucho más durante el posconflicto, cuando habrían de aplicarse criterios adicionales de seguridad para preservar la pacificación del respectivo territorio-. De todas maneras, la microfocalización no implica necesariamente que la zona en la que se da sea segura o no presente casos de violencia. Si así fuera, no se hubieran dado tantos asesinatos a reclamantes de tierras en áreas microfocalizadas.

Más ajustes

En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Otro ajuste necesario es garantizar la defensa y los derechos del ocupante actual, que en la cadena de compraventa del predio puede ser el segundo, tercero o quinto. Esta situación está dando pie a la protesta social en los departamentos de Cesar y Magdalena y es probable que en otros lugares del país se den los mismo problemas.   

Una tercera reforma sería que cuando no haya oposición a la restitución, esta se haga por vía administrativa. Lo mismo debe ocurrir cuando se trate de predios abandonados. Inclusive se puede analizar si el proceso mixto que combina una etapa administrativa (que hace la Unidad de Restitución) con una judicial (que realizan los jueces) deja de serlo y se unifica.

Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras.

Un cuarto cambio puede ser que cuando el reclamante no quiera retornar al predio adjudicado por el Gobierno, lo manifieste en la reclamación y el Estado, por vía administrativa, lo compense con un bono condicionado que sirva, por ejemplo, para el pago de crédito de vivienda; con un capital semilla para un proyecto de emprendimiento productivo; o con dinero para estudios universitarios.

No es aceptable que el Estado se gaste más en la burocracia y sostenimiento de las instituciones de restitución que en los predios restituidos. El año anterior se habían gastado  837 mil millones de pesos en el proceso de restitución, mientras que los predios restituidos valían 263 mil millones. Más barato que tramitar el proceso de restitución hubiera sido comprar los predios y adjudicarlos.  

Un quinto arreglo es cambiar el enfoque de tierras, porque ahí no está el problema. La tierra ya no vale por sí misma sino por lo que está encima de ella: el riego, las plantaciones, la infraestructura, etcétera.

El asunto no es restituir las tierras sino que en ellas se desarrollen actividades agrícolas rentables que hagan parte de un modelo de negocio sostenible y agreguen valor para el mercado. En cualquier caso, las cosas no pueden seguir como van.

 

* Abogado, especialista en desarrollo regional y magister artis en gestión pública. Experto en tierras, desarrollo rural y asesor en Posconflicto.

 

twitter1-1@enriqueha

 

¿Por qué es tan importante Caño Cristales?

Andres hurtadoNo se trata solamente de un río, estamos hablando de un ecosistema que conecta cuatro parques naturales de singular importancia. Un conocedor de la zona explica las devastadoras consecuencias que tendría permitir la explotación petrolera en la región.

    Andrés Hurtado García*

Río Caño Cristales en la Sierra de la Macarena.

Memorias de un viajero

Yo no soy investigador ni científico. Soy un viajero que ha visitado asiduamente el Área de Manejo Especial de La Macarena, a la cual  pertenece Caño Cristales. Por lo tanto hablaré de mi conocimiento de la zona a partir de mis recorridos.

El Caño nace en la parte alta de la Sierra, en el sector sur, relativamente cerca del sitio donde muere la Sierra en un paredón a cuyos pies pasa el río Guayabero. El Caño nace en una planicie encharcada, a pocos metros de un murallón que mira hacia el raudal del Guayabero. Allí, las aguas se van juntando y forman el Caño.

Llegué allí a finales de la década de los setenta, lo he explorado en toda su extensión, he llegado tres veces a su nacimiento por sus dos brazos principales, e hice los primeros caminos para algunos lugares del Caño. También caminé la tercera parte de toda la Sierra siguiendo la cuerda de las cumbres.

Seguí yendo al Caño y a la Sierra varias veces por año. En un principio no vivía nadie a orillas del río y no habían llegado a La Macarena los que hoy manejan el turismo. En ese momento existía una trocha que, saliendo del pueblo y atravesando la selva del Parque, llevaba en 5 o 6 días al pueblo de Piñalito.

Prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

Los campesinos utilizaban la trocha (todavía lo hacen) para llevar el ganado hasta Vista Hermosa y embarcarlo en camiones con destino a Villavicencio o Bogotá. La guerrilla amplió esa trocha (que hay llaman “la Transjojoy”) y prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

En una ocasión el Mono Jojoy me mandó apresar en La Macarena. Pero me soltaron al poco tiempo pues uno de sus guardaespaldas le dijo que yo había hecho mucho por el pueblo, el mismo pueblo que ha reconocido mi trabajo y que me dio su máxima condecoración: la “Velosía de oro”.

Yo dije del río que era el más bello del mundo, y lo llamé “el río de los cinco colores”, “el río donde se ahogó el arco iris” y “el río que se escapó del paraíso”. Estas frases, que son mías, se repiten ahora por todas partes.

He presentado a Caño Cristales de manera casi obsesiva en Colombia, Europa, Estados Unidos y otros países, en conferencias, en televisión, en artículos de prensa y en mis dos libros: Colombia secreta  y Caminando Colombia.

Pensar el ecosistema

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
Foto: Minambiente

Estoy de acuerdo con el alcalde y con los habitantes de la Macarena en su protesta por los recientes intentos de permitir la exploración petrolera en la zona, pero les recuerdo que muchos de sus habitantes tienen fincas en “la Transjojoy”, una zona que se ha llenado de casas, potreros y negocios. Además, los guerrilleros que se mueven en la selva de La Macarena han mantenido la siembra de la coca, la tala de los árboles y la conversión de más y más terrenos en potreros. Por último, están las fincas ganaderas que serán la muerte de este paraíso.

Por eso hay que mirar esta zona con más amplitud. No hay que pensar tan solo en Caño Cristales, sino  mirar el “amasijo” (como lo llamo yo) de los cuatro Parques Nacionales Naturales que convergen en la zona: tres en la Cordillera Oriental (Sumapaz, Picachos y Tinigua) y, saltando el Cañón del Duda, el Parque de La Macarena.

Los investigadores del Smithsonian Institute y los científicos de Parques Nacionales, liderados por Jorge “el Mono” Hernández, quien fue considerado el mayor conocedor del neotrópico, han dicho que esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta, por juntarse ecosistemas de cordillera, llano y selva amazónica.

Una exploración petrolera hecha a 2,5 kilómetros del Tinigua, es decir, en la zona de amortiguación de los Parques, perjudicaría notablemente el sistema de los acuíferos. En ese caso, el primero que sufriría es el río Losada, que vierte aguas en el Guayabero y que más abajo de La Macarena recibe a Caño Cristales. Bastante cerca de San José de Guaviare, el río Guayabero se junta con el Ariari y forma el río Guaviare, uno de los más caudalosos del oriente colombiano.

Por este motivo, y no solo por Caño Cristales, la decisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de autorizar a la empresa Hupecol para explorar en el Bloque Serranía defraudó al país y lo puso en pie para defender los recursos naturales, hasta obligar al presidente Santos a ordenar la suspensión de la licencia, que en efecto fue revocada esta semana. Pero la empresa ya anunció acciones legales y no se puede descartar la posibilidad de que prosigan las exploraciones.

Esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta.

En los cuatro Parques Nacionales de los que he hablado se conocen hasta ahora 12.000 especies de plantas, 63 de reptiles, 42 de mamíferos, 420 de aves y más de 200 de peces. Si nos concentramos nada más en las aves, encontramos que Colombia es el país más rico en avifauna en el planeta: de las 10.065 especies de aves del mundo, nuestro país posee 1.889. Pero las 420 especies de aves que habitan esta zona se verían destinadas a la extinción si avanzan las petroleras con su parafernalia de carreteras, construcciones, viviendas, perforaciones y ruido.

No se trata entonces solo de la salvación de Caño Cristales. El Caño forma parte del conjunto de cuatro parques que se verían heridos de muerte. Por eso hay que decir “no” a la explotación petrolera en La Macarena y “sí” a los reclamos de sus habitantes, quienes deben comprometerse, además, a cuidar los bosques y los ríos de la “señora de los Llanos, Sierra de la Macarena”.

Es cierto que Colombia debe explotar su petróleo, que también es nuestra riqueza, pero debe hacerlo con respeto por los ecosistemas y especialmente por el agua, que es la riqueza de hoy y la fortuna de mañana.

Los daños sociales

Sabemos, por lo ocurrido en el Putumayo y en un sector de los Llanos, que las petroleras solo han llenado las arcas de las empresas y las del Estado, pero no han repercutido favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos adyacentes.

Por el contrario, estas explotaciones han traído la descomposición social, representada en cantinas, vicios, prostitución y encarecimiento de la vida. De esta manera, el entorno social de esta gran área se verá perjudicado, incluido el pueblo de La Macarena, si llegan las empresas del petróleo.

Los Llanos, tan golpeados por la siembra incontrolada de palma africana y de otros productos, tendrían con este otro factor de desequilibrio. No solamente los ecosistemas del Llano se han visto seriamente afectados por estos cultivos, sino que la cultura de la región que se ha venido desdibujando en sus tradiciones, folclor, música y modo de vida. Añadirle otra petrolera más al Llano es aumentar los conflictos sociales y multiplicar los problemas.

El presidente Santos pidió cien millones de dólares en la Cumbre del Clima en París y se comprometió a acabar con la deforestación. Pero esta sigue avanzando entre La Macarena y San José de Guaviare, en el Cañón del Duda y, ahora para colmo, pretendemos añadirle una explotación de hidrocarburos.

Preguntas en el aire

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Esta situación me ha dejado varias preguntas inquietantes. Por ejemplo, si ante la decisión de la ANLA los periodistas hubieran hablado solo de los Parques Naturales sin mencionar Caño Cristales, ¿hubiera sido igual la movilización de los colombianos en las redes sociales? También, si esta movilización no se hubiera dado y solo los científicos hubieran protestado por el daño a los Parques Naturales, ¿el gobierno les hubiera hecho caso?

Hay otras cosas que tampoco se entienden: ¿Cómo es posible que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no se entere de una resolución de tan inmensas y fatales consecuencias expedida hace más de un mes? ¿Por qué la Corporación Autónoma de la Macarena (CORMACARENA) no dio a conocer antes el resultado de sus estudios – que ahora cita la ANCLA para justificar su revocatoria-? ¿La ANLA no tiene criterio como para saber que no se puede explorar a las puertas de un conjunto de Parques Nacionales tan importantes?

Por último, hay que decir que es un terrible espectáculo ver al presidente desautorizando al Ministerio y al Ministerio desautorizando a la ANLA. Ante este tipo de situaciones, uno se pregunta si así funciona en todo lo demás el aparato del gobierno.  

Solo falta ahora que la empresa petrolera en efecto demande a Colombia y que de nuestro bolsillo tengan que salir las millonadas de dólares que pedirán astutísimos abogados que conocen las debilidades del Estado colombiano.

 

* Periodista, ecologista y fotógrafo colombiano.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Una estrategia errada y una visión de corto plazo sobre el sector eléctrico. Historia del papel del Estado colombiano en la construcción de la infraestructura eléctrica y balance de veinte años de privatizaciones.

diego otero ven isagen minhacienda cárdenas

Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Foto: Ministerio de Hacienda

Fue una obra del Estado

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la privatización de la empresa estatal de producción y comercialización de energía eléctrica –ISAGEN- fue recibido con beneplácito por quienes defienden, si más, las privatizaciones.

Muchos han salido a justificar esta venta con argumentos equivocados y a partir de informaciones falsas sobre  el sector eléctrico colombiano: resulta que hoy tenemos el mejor modelo del mundo, y que lo que se hizo cuando el manejo estuvo básicamente en manos del Estado fue un desastre. Algunos llegan a decir que la crisis del sector fue entonces tan severa que la privatización fue la única manera de salvarlo. 

Estos planteamientos son muy discutibles. Hay que recordar que el manejo estatal permitió electrificar al país, llevar las redes a todas partes, construir las grandes centrales y proveer a los hogares y a los sectores productivos de energía eléctrica con tarifas bajas.

El sector eléctrico colombiano nació a finales del siglo XIX por la acción de empresarios audaces, pero la falta de capital, la ineficiencia y el mal manejo de las tarifas obligaron a que el Estado tomara en sus manos las tareas de electrificación, para lo cual se crearon empresas municipales como Empresas Públicas de Medellín (EPM), Empresa Municipal de Cali (EMCALI) y Empresa de Energía de Bogotá (EEB), así como algunas empresas departamentales. Posteriormente, en 1968, se crea la empresa nacional ISA para la interconexión eléctrica, y en años subsiguientes fueron construyéndose las grandes plantas de generación.

En manos del Estado fue posible avanzar de sistemas aislados en los municipios a sistemas regionales, mediante las electrificadoras a partir de 1948 y mediante la interconexión con líneas de alto voltaje a partir de 1968. Esto suponía grandes inversiones del gobierno central. De no haber sido así, no habríamos tenido el sistema desarrollado que existía en 1990, cuando comenzaron las privatizaciones bajo el gobierno Gaviria (1990-1994).

La privatización y sus efectos

 


diego otero ven isagen consejo ministros

El consejo de ministros decidió la venta de la participación del estado en Isagen.
Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

Como parte de la reestructuración del sector eléctrico, ISA se dividió en dos empresas: ISA transmisión e ISAGEN para generar energía. La división se justificó con el argumento de que así aumentaría la competitividad, ignorando que Estados Unidos, Francia y otros países desarrollados habían optado por empresas integradas.

Desde 1994 se aceleró el proceso de privatización, con efectos negativos, especialmente en materia de tarifas, que desde entonces han crecido por encima de la inflación anual. Esta ha sido una de las condiciones para atraer al capital privado, fundamentalmente extranjero.

Las tarifas en Colombia son muy altas y los parámetros establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) incluyen rentabilidades elevadas sobre el capital y sobre activos revaluados -incluyendo lo que se llama riesgo país-. Es el modo – se dice- de atraer inversión extranjera. Pero esta actividad resulta tan rentable que ISA invierte en el exterior y en vías en Antioquia, así como la EEB invierte en el extranjero. Les sobra plata y no saben qué hacer con ella.

Las tarifas, en efecto, son muy altas: los pequeños y medianos industriales en Colombia pagan el doble por energía eléctrica que sus contrapartes en Estados Unidos. Y estas tarifas afectan por igual la economía de millones de hogares y la competitividad de las empresas productivas: razón tienen en quejarse los industriales, los comerciantes, los empresarios del turismo y la agroindustria.

Esto no tiene sentido en un país rico en recursos naturales. 

El sector eléctrico es estratégico y no debería haber sido privatizado, salvo en algunos casos excepcionales. Ha primado la ideología para beneficio de intereses privados internacionales y en contra de los intereses nacionales. 

El peso de ISAGEN

La capacidad instalada actual en el sector eléctrico es de 14.368 megavatios, de los cuales ISAGEN aporta 2.212 megavatios: es la tercera empresa generadora, después de EPM e Engenheiros Especializados S/A (EMGESA). 

Estas tres empresas representan el 58,4 por ciento de la capacidad generadora en Colombia. Si se agrega la capacidad de GECELCA en la Costa Atlántica, considerando sus contratos con Termobarranquilla S.A (TEBSA), para un total de 2289 megavatios, las cuatro empresas controlan el 74,3 por ciento de la capacidad generadora. Es decir, el sector eléctrico colombiano tiene un alto grado de concentración -- lo cual a se presta a la manipulación de los precios. 

La capacidad de ISAGEN aumentará al comenzar a operar HIDROSOGAMOSO, con 820 megavatios. Este proyecto se debe a la presión del gobierno departamental de Boyacá, y no se habría realizado si ISAGEN estuviese en manos de inversionistas españoles, italianos, ingleses o estadunidenses. 

Así ocurrió con EMGESA, privatizada y parcialmente adquirida por ENDESA de España en 1997, que hace apenas un año comenzó a construir el proyecto de El Quimbo y que antes había preferido descapitalizarse para a enviar utilidades a su casa matriz.  

No hay buenas razones

 


diego otero ven isagen presidente isagen

Presidente de Isagen Luis Fernando Rico.
Foto: Agencia Prensa Rural 
 

El único argumento del gobierno para vender su participación en ISAGEN es la necesidad de obtener recursos para la construcción de infraestructura vial. Según el Ministro de Hacienda, la venta produciría 4,5 billones de pesos para ese efecto. 

No hay razones técnicas ni económicas para vender la participación del gobierno nacional en ISAGEN. Es una empresa bien manejada, que en 2012 produjo utilidades de más de 220.000 millones de pesos. ISAGEN debe permanecer bajo el control público por varias razones: 

· Porque permite controlar los precios en un sector oligopólico,

· Porque permite atender emergencias, pues es más fácil ordenar a una empresa pública  que instale plantas de urgencia,

· Porque permite invertir en proyectos regionales con un sentido de desarrollo que no tiene la empresa privada.

· Porque el sector privado -especialmente los extranjeros- no invierten en centrales hidroeléctricas. Ellos quieren proyectos de rápida maduración como las turbogases y, si acaso, plantas térmicas de carbón. Les gustan las empresas establecidas que den utilidades rápidamente.

· Porque los bienes y servicios requeridos por esta empresa pueden ser de producción nacional. Este es un problema grave porque la ingeniería nacional está desapareciendo por los TLC y las privatizaciones. 

Muy loable invertir en vías, pero los recursos para estas pueden provenir de otras fuentes, especialmente de cuatro: 

1. Endeudamiento del gobierno, que no es alto en Colombia. La deuda se pagaría con las utilidades de ISAGEN.

2. Reduciendo la corrupción, que puede estimarse al menos en 10 billones de pesos anuales. 

3. Aumentando los impuestos al sector minero que actualmente son bajos. 

4. Avanzando en el proceso de paz, lo cual le podría reportar al Estado un ahorro de 10 billones de pesos anuales. 

Es decir, hay alternativas para conseguir los recursos que busca el Ministerio de Hacienda.

Un mal camino

Pero quizá lo peor de privatizar ISAGEN sería que después vendrían ISA y ECOPETROL, con el mismo argumento de obtener recursos para vías, educación, salud u otros rubros meritorios.

Desde comienzos de la década de 1990 las privatizaciones han sido recurrentes. La más significativa en los últimos años se produjo bajo el gobierno Uribe, cuando se dio la venta de 10 por ciento de las acciones de ECOPETROL. En esto hay continuidad entre Santos y Uribe.

No debemos seguir privatizando las pocas empresas estatales que existen. Es una visión de muy corto plazo que no percibe la importancia de tener activos tan valiosos y rentables para el gobierno y para la sociedad.

 

* Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, PH.D en economía de la Universidad de Pensilvania, ex gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ex presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y Afines, consultor internacional, autor de numerosas publicaciones y actual Rector de la Universidad Uniciencia extensión Bucaramanga.

 

 

 diego prada

Diego Otero Prada*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar que el manejo estatal permitió electrificar al país.

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Desde 1994 se aceleró el proceso de privatización, con efectos negativos, especialmente en materia de tarifas, que desde entonces han crecido por encima de la inflación anual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pero esta actividad resulta tan rentable que ISA  invierte en el exterior y en vías en Antioquia, así como la EEB invierte en el extranjero. Les sobra plata y no saben qué hacer con ella.

 

 

 

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Comentarios  

Eduardo Sáenz Rovner
+8 # Eduardo Sáenz Rovner 12-08-2013 15:56
Desde el gobierno de derechas de César Gaviria (en el cual Santos era ministro) la riqueza pública se ha venido desmantelando entregándola a precio de huevo al capital privado, a expensas del país y los consumidores. Otro desastre del "Colombianos, bienvenidos al futuro" fue la Ley 100 que le entregó la salud y las pensiones a intermediarios -especuladores- financieros a costa del bienestar de los colombianos.

Mientras que en un buen número de países latinoamericano s sus ciudadanos han sacado a los gobiernos neoliberales, los colombianos -engolosinados con la guerra y sus grandes y pequeñas corrupciones- siguen votando masivamente por políticos de derecha que, además de ineptos y corruptos, siguen "feriando" el patrimonio de todos.
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Francisco Castaño
+1 # Francisco Castaño 13-08-2013 22:39
Concuerdo con el artículo del Dr. Otero en su totalidad. Solo le hago dos comentarios: La Central Hidroeléctrica de Sogamoso queda ubicada en el Dpto. de Santander , entre Bucaramanga y Barrancabermeja y no veo a qué se refiere con su nota sobre el Dpto. de Boyacá. Por otra lado la referencia a que ISA invierte en carreteras en Antioquia ya no tiene validez. Las "autopistas de la montaña" son cosa del pasado.
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daniel giraldo quint
0 # daniel giraldo quint 15-08-2013 06:57
Las vias se hacen por consecion y la pagan los usuarios a los consecionarios y al sector privado es el que debe financiar su construcción con fuducia
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