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Economía y Sociedad

Refinería de Cartagena: historia de una desidia

Libardo EspitiaEn este largo proceso se habían dado graves descalabros y grandes sobrecostos, pero no hubo investigaciones, ni sanciones, ni responsabilidades. Y mientras tanto el gobierno desangraba a Ecopetrol e ignoraba los daños ambientales.    

Libardo Espitia*

Edificio de Ecopetrol en Bogotá.

Desde 1996

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) nació como una entidad industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y dedicada a las actividades propias del petróleo y sus derivados: exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, así como a la administración de las reservas de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

La refinación del crudo se realizaba en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La Refinería de Cartagena fue construida en 1957 por Intercol, con una capacidad de refinación de 33,2 KPBD (millones de barriles día), y fue adquirida por Ecopetrol en 1974 por 35 millones de dólares, cuando tenía una capacidad de 42 KPBD, que después sería ampliada a 70,7 KPBD.

En 1996, dada la poca oferta nacional y para aumentar la producción de materiales petroquímicos como benzeno, propileno, disolventes asfálticos, alquitrán, butileno y xilenos, el gobierno expidió el documento Conpes 2878, donde se pedía a Ecopetrol que orientara la Refinería de Cartagena hacia la producción de petroquímicos, sin perjuicio de los combustibles (teniendo en cuenta que el 74 por ciento de la demanda nacional de los combustibles refinados los abastecía la Refinería de Barrancabermeja).

Asimismo se llevó a cabo un estudio con horizonte de 20 años donde se planteó la actualización tecnológica de la refinería y se concibió el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena (PMD), ampliando su capacidad de producción de 75 KPBD a 140 KPBD, con una inversión aproximada de 661,6 millones de dólares.

El plan maestro

Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Foto: Aris Gionis

En 2003 el gobierno de Uribe expidió el Decreto 1760 que le quitó a Ecopetrol la administración de las reservas de petróleo y la cambió de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad pública por acciones, cuya dirección y administración estarían a cargo de una asamblea de accionistas, una junta directiva y un presidente.

El PMD fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, aclarando que ese plan se llevaría a cabo con participación privada y con la enajenación de inversiones no estratégicas de Ecopetrol.

El contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

Mediante el documento Conpes 3212 de 2004, el proyecto fue declarado de importancia nacional y se creó un comité integrado por los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, del Departamento Nacional de Planeación y de Ecopetrol, encargado de buscar un inversionista privado que aportara capital de riesgo para la expansión de la refinería. El costo de la ingeniería de detalle fue establecido en 736 millones de dólares (+/o 10 por ciento), y se advirtió expresamente que el contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

El fiasco Glencore

En 2006 se enajenó el 51 por ciento de la participación de Ecopetrol en la Refinería, de lo cual resultó beneficiada la firma suiza Glencore International AG, con una transacción cerrada en 630,7 millones de dólares. Así nació la sociedad anónima por acciones Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR).

En desarrollo del PDM, en 2007 se celebró el contrato de ingeniería, suministros y construcción (“Engineering, Procurement and Construction (EPC)) entre REFICAR y la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I), una firma con sede en Texas, que dijo que terminaría las obras en diciembre de 2012. Con la mayoría accionaria en REFICAR, Glencore tomó la decisión de contratar a CB&I.

En forma paralela, Ecopetrol procedió a capitalizar el 10 por ciento de sus acciones (en cumplimiento de la Ley 1118 de 2006 ) y a construir la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, con una inversión de 1.023 millones de dólares.

En 2009, ante la ineficiencia del socio privado, Ecopetrol recompró las acciones de Glencore por un valor de 549 millones de dólares. Así, Andean Chemical (cuyo propietario es Ecopetrol) quedó como propietario del 50,99 por ciento de las acciones y Ecopetrol S.A. quedó con un 49 por ciento. Es decir, Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena sin deshacer o renegociar las condiciones contractuales con CB&I.

Una obra importante

Según un análisis de la Contraloría General, hasta marzo de 2014, en el momento del cierre de la Unidad de Crudo de la Refinería de Cartagena, Colombia tenía una capacidad de refinación de 335 KPBD, de los cuales el 74,6 por ciento correspondía a la Refinería de Barrancabermeja, un 23,9 por ciento a la de Cartagena, y el restante 1,5 por ciento a las refinerías de Orito y Apiay.

CAPACIDAD INSTALADA DE REFINACION (KPBDC)

Año

Barrancabermeja

Cartagena

Apiay

Orito

Total

2014

250

80

2,5

2,8

335,3

2016

250

165

2,5

2,8

420,3

  

 

 

 

 



Fuente: Contraloría General de la República

Con la ampliación de la Refinería de Cartagena, cuya capacidad pasó de 80 a 165 KBPDC, Colombia llegará a 42 KBPDC en 2016, lo cual implica un aumento del 25,4 por ciento (la Refinería de Cartagena representará el 39,3 por ciento de este total).  Si recordamos que la producción de crudo en Colombia está hoy por encima de los 1.000 KBPDC, esto significa que con la Refinería de Cartagena tendremos capacidad para refinar el 40 por ciento del petróleo que extraemos.

Finalmente con las demoras del PDM, el pasado 10 de noviembre entró en operación la nueva Refinería de Cartagena, con una inversión total de 8.015 millones de dólares y con capacidad de transformar crudo en derivados de buena calidad y con menos contaminantes, al tiempo que le aportará al PIB industrial un 8 por ciento, según cifras del ministro de Hacienda.

Obra limpia y combustible limpio

Pero a pesar de la debacle con Glencore y de los sobrecostos que se han venido dando a lo largo de los años, no se ha adelantado ningún tipo de investigación fiscal, disciplinaria o penal.

Modernizar las refinerías es sinónimo de combustibles eficientes. Pero pese a que desde 1996 hay estudios técnicos que así lo señalaban, los gobiernos de turno tomaron las utilidades de Ecopetrol como dineros de caja menor y le impidieron acometer las modernizaciones necesarias.

Según el documento Conpes 3312 de 2004, la ejecución del proyecto, además de permitirle a la Refinería de Cartagena aumentar el rendimiento de productos blancos (gasolinas, GLP y medios) a niveles competitivos, mejoraría la calidad de los productos refinados reduciendo el contenido de azufre en gasolinas de 1.000 ppm (partículas de azufre por cada millón de partículas de gasolina) hasta 300 ppm para el consumo nacional y 30 ppm para exportar. En el diésel habría una disminución desde 4.500 ppm a 500 ppm para consumo nacional y 30 ppm para exportar. Además, se dejaría de importar diésel y sus derivados para la demanda nacional.

Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena.

Solo a finales de 2012, cuando entró en operación la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, Ecopetrol produjo el primer barril de gasolina limpia o hidrotratada de menos de 300 ppm de azufre y de diésel de menos de 50 ppm, el nivel exigido en la regulación nacional para las ciudades de mayor consumo.

Daños ambientales ignorados

Refinería de Cartagena.
Refinería de Cartagena.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Código Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, la Constitución y la Ley Ambiental establecen el derecho colectivo para que las personas gocen de un ambiente sano, y le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.  

Mediante el Decreto 948 de 1995 el gobierno reglamentó la Protección y Control de la Calidad del Aire.  Aunque este reglamento prohíbe la presencia del plomo en las gasolinas, también redujo el estándar en lo tocante al azufre.

El diésel o ACPM es mucho más contaminante que las gasolinas corriente y extra, pero en Colombia el sector de transporte que utiliza ACPM (como los sistemas masivos) ha aumentado al punto que desde el 2004 se ha sobrepasado la demanda de las gasolinas y la brecha ha crecido año tras año:

Año

Consumo nacional de gasolina corriente motor barril/d

Consumo nacional de ACPM

Barriles/

Día

Volumen exportaciones petróleo miles de barriles día

Volumen exportaciones de derivados miles de barriles día

Volumen de importaciones de hidrocarburos miles de barriles día

1998

117012

60026

519,66

 

30,25

1999

105488

53581

601,22

 

18,20

2000

97278

60494

462,85

79,07

5,43

2001

87192

59915

391,76

87,23

9,77

2002

83619

59943

291,78

81,45

9,35

2003

81984

69661

229,83

88,50

8,71

2004

78449

73606

218,50

101,48

7,06

2005

76946

81823

221,1

91,37

16,25

2006

72020

84832

219,1

94,25

14,16

2007

62639

81295

242,4

52,97

10,66

2008

58822

74202

259,5

52,43

11,43

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Ecopetrol

Por no modernizarnos a tiempo

La modernización tecnológica de las refinerías era pues una tarea necesaria que sin embargo los gobiernos habían eludido. Y cuando al fin se tomó la decisión  se produjeron grandes sobrecostos para las finanzas públicas, que estamos pagando todos los colombianos. Pero los funcionarios públicos que permitieron el detrimento no han sido investigados ni sancionados. Tampoco han  asumido su responsabilidad, comenzando por el ex presidente Uribe, quien en su afán por entregar la Refinería a manos privadas, desatendió las voces que le recomendaban que la misma Ecopetrol asumiera el PDM con recursos propios y utilizando los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP) que la empresa mantenía desde 1995, pero que el gobierno destinó vía plan de desarrollo para otros menesteres.  Inclusive entre las recomendaciones de los Conpes 3312 y 3336 estaba la de que Ecopetrol fuera el operador la Refinería.

No menos grave ha sido el año para la salud de todos que resulta del material que arrojan  al aire los derivados del petróleo, un daño cuyo costo no ha sido ni será cuantificado. Ni mucho menos reparado.

A falta de una oportuna modernización, Ecopetrol ha tenido que importar ACPM para mezclarlo con el producido en las dos refinerías, cuyos costos a precios internacionales se ha venido trasladando al usuario final.

Por último, cabe preguntarse: ¿por qué hoy, con las refinerías funcionando al 100 por ciento, sin tener que importar y con el precio del barril WTI cerca de los 30 dólares no han bajado los precios de los combustibles?  Esto tendría que explicarlo el ministro de Hacienda,  pues es el quien realmente toma mes a mes las decisiones sobre el precio de los  combustibles.

 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

 

Conflicto, Drogas y Paz

Negociaciones de paz: en la recta final

Álvaro VillarragaSe ha logrado casi todo y al mismo tiempo falta lo más difícil. ¿Dónde estamos y que más se necesita para llegar al fin definitivo de las hostilidades? ¿Cómo será el proceso de desarme, desmovilización y reinserción? Un recuento oportuno y ordenado.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El Jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle.

Cerca de la meta

Después de tres años de negociaciones, los delegados del gobierno y de las FARC reunidos en La Habana se aprestan a culminar la discusión de la agenda definida en el acuerdo inicial y a suscribir el acuerdo general, con el cese consiguiente de las hostilidades militares, la dejación de las armas, la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y la convocatoria a la refrendación ciudadana.

Si esto se logra, se conseguiría el acuerdo de paz más importante de las últimas décadas, aunque todavía quedaría faltando un pacto con el ELN para dar por finalizado el conflicto bélico colombiano.

Lo conseguido ha sido difícil, y lo que falta lo será más, pues antes de que llegue el anhelado final del proceso quedan por resolver numerosos pendientes del conjunto de la agenda.

Por fortuna, las conversaciones recuperaron el “círculo virtuoso” que les ha dado su fuerza: des-escalamiento de las acciones militares, avance en acuerdos y recuperación de la credibilidad ciudadana. Gracias a esto las partes avanzan con decisión hacia la firma en la fecha convenida (23 de marzo), sino de todos los acuerdos, al menos de la mayoría de los faltantes.

Innovaciones dentro de la mesa

Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.
Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de
Antioquia.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Importa recordar que en distintos momentos del proceso se han introducido cambios a la metodología que complementaron o enriquecieron lo que se había establecido en la fase exploratoria. Estos cambios han surgido de iniciativas provenientes de la sociedad, de las partes en la mesa o de la comunidad internacional, y esencialmente sirvieron para superar los momentos más críticos o para subsanar los vacíos más notorios. Entre estos cambios o innovaciones se destacan:

  • Los foros convocados por la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional;
  • La creación de subcomisiones técnicas, como las de enfoque de género, fin del conflicto y paramilitarismo;
  • El apoyo de una comisión de asesores jurídicos con participación de invitados de las partes; y
  • La invitación de delegaciones de víctimas.

En el curso de la negociación también se han producido otras medidas, tanto de carácter unilateral como bilaterales que fueron más allá de lo metodológico y trajeron consecuencias favorables en términos políticos, militares y humanitarios:

Las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos.
  • Las cinco declaratorias unilaterales de cese al fuego de las FARC y, en reciprocidad, la declaratoria gubernamental de cese de los bombardeos aéreos;
  • Varios acuerdos humanitarios para la liberación de integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC;
  • El acuerdo especial de desminado con participación de las partes, acompañamiento técnico internacional y con enorme proyección estratégica de descontaminación de territorios;
  • La concesión de indultos a una treintena de guerrilleros;
  • La aceptación del papel de facilitadores de los países acompañantes de la mesa (Cuba y Noruega) y de los países que la apoyan (Venezuela y Chile) en tiempos de crisis;
  • La invitación a la ONU y a UNASUR para asistir en las deliberaciones;
  • Los delegados de organismos intergubernamentales y de países estratégicos con acceso a la mesa de negociación;
  • La invitación a comisiones del Congreso de la República para conversar en la mesa, primero sobre el tema de víctimas y luego para encontrar el mecanismo legal de aplicación de los acuerdos. Este hecho se complementó con la invitación a delegados de partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades de la comunidad internacional.
  • Los actos de reconocimiento de las víctimas de las FARC (Bojayá y otros casos recientemente anunciados).

En este momento se está experimentado con otro cambio del orden, dejando atrás la metodología de ciclos, planteando una concentración casi permanente de la negociación y habilitando el tratamiento paralelo de los temas que faltan en la agenda, de manera que la mesa y sus líderes actúen ahora como instancia de coordinación ejecutiva.

Con este nuevo procedimiento se logró el reciente acuerdo sobre el mecanismo de verificación ofrecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, que incorporará observadores de la CELAC y delegaciones de las partes.

El cese al fuego

El cese al fuego unilateral de las FARC y el cese de los bombardeos aéreos por parte del gobierno dieron lugar, en la práctica, a un alto al fuego no declarado pero realmente existente en los últimos meses. Esta situación se tradujo en cifras extraordinariamente bajas de acciones bélicas, muertes y violaciones de los derechos humanos. Esto por supuesto no niega que se sigan registrando casos de violencia, aunque en cantidades más discretas.

En estas condiciones no tiene sentido emprender operativos militares contra una guerrilla con la que ya se tienen o se perfeccionan acuerdos para finalizar la guerra. También estaría por fuera de cualquier lógica que las FARC rompieran el cese al fuego, cuando este ha influido de manera tan positiva sobre la mesa de negociaciones y después de que probaron las nefastas consecuencias de la ruptura del cese anterior y el rechazo generalizado por sus sabotajes a la infraestructura pública.

Ahora las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos y que, en las actuales circunstancias, pierde sentido intentar alterar las ventajas militares.

Es un hecho que las partes ya tienen borradores de consensos sobre la implementación del cese de hostilidades, aunque estos aún no han sido consolidados en acuerdos ni han sido todavía divulgados. Pero es posible prever algunos de los asuntos principales del compromiso que podrán adoptar las partes para ponerle fin a todo tipo de confrontación armada, acción militar o hechos violentos:

  • El cese de hostilidades llevará al desmonte de los dispositivos estratégicos, tácticos y operativos de la guerra, e implicará la conclusión de los planes de guerra y las campañas operativas.
  • El fin de hostilidades también traerá para el Estado cambios en la concepción, estructura, líneas operativas y dispositivos de inteligencia; la desmilitarización de instancias y ámbitos civiles; y la superación del discurso y las convocatorias de guerra, así como la supresión de la cooperación militar de guerra que brindan Estados Unidos y otros países.
  • Para la guerrilla este momento significará poner punto final a las actividades de carácter militar y de control de territorios, así como a las acciones de control poblacional con pretensiones de gobernanza, tributación y justicia.

Garantías y dejación de armas

Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los
Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Foto: Policía Nacional de Colombia

El cierre de la guerra necesita la construcción de confianza política entre las partes y la mutua credibilidad en el cumplimiento de los términos pactados. También exige ofrecerles a las guerrillas garantías efectivas de acceso a la vida política, legal, institucional y ciudadana.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. En este punto no basta con la explicación oficial sobre la desmovilización de las AUC, cuando se ha reconocido la parcialidad de ese proceso y es evidente que existen rezagos paramilitares activos. Sin duda el paramilitarismo actual es un fenómeno degradado, desarticulado y afectado por disputas internas y por acciones estatales en su contra. Pero se trata de un problema que no ha sido superado y que no se reduce a expresiones armadas sino a factores de poder, alianzas y soportes de diversa índole.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. 

Como no se trata de una derrota militar sino de un acuerdo pactado, el asunto de la desmovilización y desarme guerrillero necesita un marco de distensión militar que conlleve paralelamente el repliegue de los contingentes militares oficiales en guerra contra las FARC, de tal forma que se garantice un ambiente para las concentraciones guerrilleras en diversas zonas y la preparación y realización de acciones de desarme.

Sobre este tema no existe una fórmula internacional rígida, pero la costumbre y experiencias recientes llevaron a formular los Estándares Integrados de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) de la ONU en 2006. Entre ellos se cuentan procedimientos de desmovilización de unidades militares de combate, desarme y fases de reinserción inmediata y reintegración social mediata.

La propia experiencia colombiana es rica y diversa. Por ejemplo en un reciente estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Desmovilización y reintegración paramilitar se hace referencia a 15 experiencias diversas de DDR en Colombia durante las últimas décadas, con contextos, actores y modalidades distintos.

En todo caso, con las FARC ya hay algunos asuntos claros. Con la firma del acuerdo final se procederá, en un plazo de dos meses, a la desmovilización de las unidades guerrilleras y a la dejación de las armas.  En consecuencia son previsibles el progresivo acuartelamiento de las tropas guerrilleras en zonas específicas, la dejación de las armas, su almacenamiento, custodia y destrucción; así como de las municiones, los explosivos y del resto del material de avituallamiento de guerra.

Por un asunto simbólico y de dignidad militar, las armas no se entregan a quienes fueron sus enemigos. Por eso guerrillas como el M19 y el EPL las dejaron ante veedurías internacionales y esta última las puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La agrupación regional Partido Revolucionario de los Trabajadores de Montes de María las arrojó al fondo del mar Caribe y el Movimiento Armado Quintín Lame las dejó ante una veeduría internacional para que fueran destruidas por los pueblos indígenas del Cauca.

Se prevé que, de igual forma, las FARC no solo contarán con la veeduría internacional que ya se definió sino que tal vez tengan un proceso de desmovilización y desarme más complejo, metódico y de aplicación progresiva.

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Economía y Sociedad

El Zika y el abandono de la salud pública

Mario HernándezLa prevención de esta epidemia se ha dejado en manos de cada persona y su tratamiento en manos de las EPS. Estas medidas son insuficientes y vuelven a poner en evidencia que en Colombia no tenemos un sistema de salud pública.

Mario Hernández Álvarez*

Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

La epidemia

El lunes de esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la expansión de la epidemia del virus Zika como “una emergencia de salud pública de importancia internacional”.

La infección no es mortal en sí misma y la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves que no obligan a consultar al doctor. Entonces ¿por qué se declaró la emergencia? La respuesta está en la asociación observada entre el aumento de casos de niños nacidos con microcefalia (una cabeza muy pequeña debido al poco desarrollo del cerebro durante la gestación) y la epidemia de zika, en especial en Brasil. Se habla también de una relación entre esta infección y casos del síndrome de Guillain-Barré, una inflamación de los nervios que produce parálisis progresiva de las piernas hacia la cabeza y que puede ocasionar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.

En todo caso hay mucho de exageración. En Brasil, de los 4.783 casos sospechosos de microcefalia reportados hasta el 30 de enero, se han han estudiado a fondo 3.670. Entre estos, solo 404 han tenido confirmación de ser “microcefalia u otras alteraciones del sistema nervioso central y solo 17 han tenido relación con zika”.

En estas condiciones no se entiende por qué el doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud y Servicios de Salud, afirma que “de acuerdo con las proyecciones que hemos hecho es inminente que surgirán casos de este tipo y al finalizar este año existe la posibilidad de que existan entre 450 y 600 casos de microcefalia”.

Lo que dice la OMS

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la
conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
Foto: Ministerio de Salud

El informe de los expertos de la OMS  concluye que la expansión se debe a la ausencia de defensas de las personas que no habían tenido contacto previo con el virus y a la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de este virus y de otros como el del dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en muchas regiones del mundo.

Por lo tanto, dice la OMS, se necesita “una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas, para intensificar el control de los mosquitos, y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que protejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo”.

En todo caso hay mucho de exageración. 

El informe habla poco de las causas profundas de este tipo de problemas -las llamadas Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV)- y sobre por qué éstas han aumentado durante los últimos años. Sin embargo, el reporte sí muestra el tamaño de los retos que impone la epidemia a los Estados y las sociedades que deben superarla.

Veamos, entonces, cuáles son esas causas profundas y qué tan preparados están el Estado y la sociedad colombianos para afrontar este nuevo embate sanitario.

Las causas

Es obvio que si no hay defensas, un virus se reproduce más fácilmente en el organismo y aparece la enfermedad. Pero el hecho de que el contacto con el virus se produzca a través de la picadura de un mosquito impone otras reflexiones.

Para empezar, la presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. En estas condiciones, están expuestas muchas más personas hoy que hace veinte años. Adicionalmente, el fenómeno de El Niño es cada vez más prolongado e intenso. No en vano, hace diez años se afirmaba que el mosquito no se reproducía en alturas mayores a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad se encontró que el límite ascendió a 2.200 metros, de suerte que casi el 80 por ciento de la población colombiana quedó incluida en el grupo de riesgo.

Está claro que el cambio climático no es natural, sino que está asociado con la forma depredadora de producir y consumir dentro del capitalismo contemporáneo. Si seguimos en esta senda estarán dadas las condiciones para el mantenimiento de las ETV y su control será cada vez más difícil.

Otro agravante de la situación es el predominio del llamado consumismo individual de salud, ligado con el “complejo médico industrial y financiero”, que nos ha llevado a la idea de buscar la “bala mágica” para cada enfermedad y nos hace abandonar cada vez más la prevención y la construcción colectiva de mejores condiciones de vida.

En el ámbito nacional, es claro que no todos se enferman por igual, y que la incidencia del zika y de todas las ETV varía mucho entre subpoblaciones, pues es obvio que estas se concentran en las áreas más pobres o con peores condiciones de vida. En efecto, la presencia de estas enfermedades es mucho mayor donde: 

  • No hay acueducto,
  • Existe una pésima recolección de basuras,
  • Hay malas condiciones de vivienda,
  • Se ve una educación precaria,
  • No hay programas de salud pública, y
  • Existe un mínimo acceso a servicios de salud de calidad y oportunos.

Brasil es tal vez el país donde mejor se ha demostrado la distribución desigual de esta enfermedad, pero es posible identificar esta relación en todos los países afectados en América Latina y el Caribe.

La presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. 

No basta entonces con medidas de autocuidado para afrontar un asunto de tanta complejidad. Se necesita una respuesta coordinada entre el Estado y la sociedad. Lastimosamente, Colombia no está en las mejores condiciones para lograrlo.

El abandono de la salud pública

Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el Zika.
Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el
Zika.
Foto: Sanofi Pasteur

Dos tendencias del sector salud colombiano han debilitado cada vez más la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad frente a problemas como las ETV.

  1. Por una parte se ha dado un proceso de descentralización que acabó con los programas nacionales de control de estas enfermedades, antes manejadas por la Dirección Nacional de Campañas Directas y el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM). Ahora la responsabilidad se le entregó a los municipios y departamentos, que muchas veces no tienen las condiciones técnicas ni financieras para mantener y mejorar estos servicios.
  2. Por otra parte se decidió separar las responsabilidades en el sector salud, de manera que de la atención individual se encargan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de la salud pública los entes territoriales es decir, los municipios y los departamentos. Esta parece una maravillosa combinación entre Estado y mercado. Sin embargo, todos los días se demuestra la inoportuna respuesta de las EPS a las demandas de atención de la población, especialmente de aquella en las áreas que tienen las peores condiciones y donde proliferan el zika y las demás ETV.

¿Podrán las EPS colombianas cumplir algunas de las más importantes indicaciones de la OMS en caso de sospecha de zika esto es, con: 

  • Atención prioritaria de sintomáticos,
  • Verificación oportuna en el laboratorio entre tres y cinco días,
  • Seguimiento de las gestantes infectadas como embarazo de alto riesgo, incluyendo la medición ecográfica periódica del perímetro craneal del feto para tomar la mejor decisión con las familias afectadas,
  • Seguimiento de las potenciales alteraciones neurológicas?

Sinceramente no creo.

Por otra parte las instituciones de salud pública, que están absolutamente desmanteladas técnica y financieramente en los municipios y departamentos, ¿podrán detectar y controlar los criaderos de mosquitos, hacer fumigaciones cuando sea necesario, realizar el seguimiento de espacios públicos, educar a la comunidad y elaborar un programa participativo de prevención domiciliaria? Tampoco lo creo.

En estas condiciones resultan por lo menos insuficientes las “recomendaciones” del Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidas al comportamiento individual, y que no tocan a las limitaciones estructurales del sistema de salud y de la salud pública en el ámbito territorial.

Este no es un asunto de voluntades. La prevención individual puede ayudar, pero sin duda es marginal si no se actúa en contra de las causas profundas de un problema tan complejo. Avanzamos en la dirección equivocada. La epidemia de zika está mostrando las enormes debilidades del sistema de salud colombiano, supuestamente premiado por sus logros en salud pública, como afirma el ministro Alejandro Gaviria. Es hora de cambiar de rumbo.

 

* Médico, especialista en Bioética, magíster y doctor en Historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.

 

mjtorres lbernal naracción medios fabio-andres

Laura Bernal Bermudez RazonPublicaMaria Jose Torres RazonPublicaEn los delitos debidos a los conductores ebrios, los grandes medios de comunicación presionan a la justicia de manera indebida -y paradójica-. Un debate de actualidad por la frecuencia de este tipo de delitos y por las reacciones que despiertan[1].

Laura Bernal Bermúdez* - María José Torres Hernández**

El caso

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad.

El pasado 12 de julio Fabio Andrés Salamanca manejaba en estado de embriaguez y ocasionó un accidente de tránsito que produjo la muerte de Diana Bastidas y Ana Torres, así como lesiones graves a Holman Cangrejo, conductor del taxi en el que se transportaban.

Este accidente produjo diversas reacciones de los medios de comunicación,  de la opinión pública y de las instituciones del Estado.

El seguimiento periodístico del caso es un ejemplo de la compleja interacción entre los medios de comunicación y el proceso penal:

· De un lado el caso ilustra la incidencia de los medios sobre la comprensión del fenómeno criminal por parte del juez y de la sociedad en general.

· Del otro lado el caso pone de presente las paradojas de la política criminal del  Estado colombiano.  

Los medios y los juicios paralelos

 


mjtorres lbernal naracción medios accidente Salamanca

Fabio Andrés Salamanca, fue dejado en libertad por la juez de control de garantías.
Foto: diariodelhuila.com 

 

La información periodística sobre este tipo de delitos ocasiona una serie de problemas, dos de los cuales son más preocupantes:

· La proliferación de juicios paralelos sin garantías legales y sobre la base de una concepción de lo justo que no necesariamente coincide con lo legal.

· La canalización de sentimientos de venganza y de reproches morales hacia el “mal” desempeño del sistema penal.

El cubrimiento periodístico del caso Salamanca permite apreciar la forma cómo los medios narran un proceso penal en desarrollo. Este proceso apenas empieza y las últimas noticias informaron que no se dictó medida de aseguramiento contra Salamanca, pues la juez de control de garantías consideró que no se cumplían los requisitos de ley para decretarla. 

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad, de ser ineficiente y de proteger al responsable de dos muertes y una grave lesión personal.

Por otro lado, abogados penalistas como Yesid Reyes Alvarado señalan que la decisión se ajusta a la ley y que en esta etapa del proceso no es posible hablar de impunidad.

Los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez.

En este caso, los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez. Partiendo de una presunción de culpabilidad, una periodista llegó a calificar a Salamanca como “un peligro para la sociedad” (Paloma Valencia, Blu Radio, 30 de julio de 2013). Así se crean expectativas en la ‘opinión pública’ sobre el sentido del fallo y sobre la pena que deberá imponerse.

Desencuentro entre lo legal y lo justo

Lo anterior muestra cómo la concepción de lo justo no siempre corresponde al sentido de la ley. Se aboga por la privación de la libertad como regla general, mientras que el derecho penal concibe esta medida como un último recurso. 

La juez que negó la medida de aseguramiento se refirió claramente a este problema al afirmar en El Colombiano: “Lo que no puedo hacer como juez de Control de Garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una  comunidad enardecida”. 

Noticia de moda

Aunque por regla general los delitos se producen de manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo, los medios tienen una cierta tendencia a “ponerlos de moda”. 

 


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Foto: ©Archivo AFP 
 

Es así como además del caso Salamanca, durante las últimas semanas los medios colombianos han destacado las noticias sobre casos similares (como el de Jonathan Cabrera) y han presentado estadísticas impactantes.  Según  El Tiempo en Colombia cada día muere una persona en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez. Y, por efecto de esta ola mediática, un proyecto de ley que había sido archivado en dos ocasiones, ahora parece tener la oportunidad de ser aprobado.

Por otra parte es frecuente que los medios relaten el ‘crimen’ de tal forma que en vez de  una sociedad bien informada, ayudan al contagio de la ira basada en el instinto de venganza. En el caso Salamanca la juez acabó por ser víctima de amenazas.

La respuesta del Estado

Por regla general, el Estado tiende a proteger la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación en los procesos penales y sólo por vía de excepción permite algunas limitaciones. En efecto: 

· La actitud del legislador se basa en el principio de publicidad. La ley reconoce el papel de los medios de comunicación en los procesos penales, pero señala que en algunas circunstancias puede ser limitado – como cuando esté en juego el derecho a un juicio imparcial y justo-.

· La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión debe ser objeto de protección reforzada, por ser uno de los pilares del Estado democrático, participativo y pluralista. Por ello, si bien admite límites a la libertad de prensa -basados en principios como la veracidad, la imparcialidad y la dignidad humana- ha dado prioridad a la libertad de expresión al sostener que este derecho prevalece  sobre cualquier otro (salvo los derechos de los niños).

Pero la Corte también ha observado que el poder de los medios de comunicación es indiscutible y que de éste puede derivarse tal estado de indefensión para un individuo, que la única herramienta de protección a su alcance es la acción de tutela. 

Lo que está en juego

Con razón la Corte ha señalado que la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación hace parte de los pilares de una democracia. Sin embargo, nadie puede negar que para un sistema democrático también son importantes

· la imparcialidad del juez,

· la seguridad jurídica,

· la presunción de inocencia y

· el debido proceso.

Desde esa perspectiva, las instituciones deben preguntarse si están protegiendo estos cuatro principios al permitir que los medios informen sobre procesos penales en curso, en ocasiones llevando a cabo juicios paralelos  sin mayores garantías.   

Si bien los medios protegen nuestros derechos al controlar las actuaciones del poder público, debemos reconocer que su participación en los procesos penales presenta un grave riesgo para los derechos de los imputados. 

Hay una paradoja en las instituciones colombianas: por proteger la democracia, la pluralidad y la participación, dan prioridad a la libertad de prensa, pero al hacerlo acaban por desconocer principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que también hacen parte vital del sistema democrático. 

Así, las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y por el legislador para proteger la democracia, podrían afectarla sustancialmente. 

¿La información prima sobre las garantías?

No se trata sólo de un debate académico, sino de la definición misma de nuestra democracia. Por nuestra parte, quisimos resaltar algunos elementos básicos y paradojas en este debate:

· La incidencia de los medios sobre la gran distancia entre la ley y aquello que “la opinión” entiende como justo

· La tendencia de las instituciones colombianas a proteger la labor periodística, incluso por encima de las garantías de cualquier persona involucrada en un proceso penal.

Y hay otra paradoja interesante. Mientras la ley y las instituciones tienen a proteger a los medios de comunicación, los medios no cesan en su ataque a la legitimidad del sistema penal, amenazando los derechos del imputado o aún comprometiendo las posibilidades de una investigación y juzgamiento ponderados por parte de la justicia.

 

* Abogada de la Universidad Javeriana,  Master of Science in Human Rights, London School of Economics, admitida a Doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford (2013-2016), miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional y Derecho Global “Francisco Suárez, S.J.” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

*** Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el desarrollo del Externado de Colombia, asesora en prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados ilegales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

[1] Este texto se basa en nuestro artículo académico ‘Los Medios de Comunicación y su Participación en la Construcción y Narración del Fenómeno Criminal en Colombia Vniversitas No 125. Para consultar todas las fuentes y cuadros analíticos de la jurisprudencia rcomendamos revisar directamente este artículo.

 

 

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Comentarios  

Julian Lopez
+2 # Julian Lopez 12-08-2013 10:07
Seria muy bueno invitar a los medios de comunicacion a que se autoregulen
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Juan
+1 # Juan 13-08-2013 00:26
Lo cierto es que en un país decente, una persona implicada en un accidente como este no seria excarcelada en décadas. Ahora bien, creo que es completamente razonable lo que se afirma sobre los medios de comunicación y la independencia de la justicia; pero hay que recordar que si bien existe la chiva informativa y el elemento manipulador de los medios, hay que recordar que muchas veces, sin las denuncias de los medios de comunicación existiría mucha mas impunidad de la que hoy reina en Colombia.
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William Vargas
0 # ConsejoWilliam Vargas 27-04-2015 19:51
No has entendido el texto, te recomiendo lo leas con calma y analices la situación en contexto, tienes una concepción errada de impunidad, si observas los países "decentes" como tu les llamas, en ninguno de ellos se encarcela a las personas por accidentes de tránsito.
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LuisE
+1 # LuisE 13-08-2013 00:32
Interesante artículo, aunque lo noto sesgado en cierto punto pues no menciona el principal problema que ha llevado al Derecho Penal a ser esclavizado: La corrupción.

En un estado eficiente y transparente el derecho penal tendría su dosis suficiente, y la sociedad confiaría en la justicia, incluso si al señor Salamanca lo hubieran dejado libre. Pero estamos en uno de los países más corruptos del mundo, y eso no lo menciona el artículo como causa de la 'enardecida turba' que busca sed de justicia por sus propias manos.
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cmatiz
+1 # cmatiz 13-08-2013 16:51
El análisis desatiende algunos aspectos importantes de los hechos: el conductor tenía grado 3 de embriaguez y conducía a más de 120 kms por hora, de ahí el resultado final de su conducta irresponsable (dos muertes y un lisiado por causa de la magnitud del choque). La juez sustentó su decisión en que el personaje no reviste peligro para la sociedad, muy a pesar de que su desprecio por la vida ajena es una realidad de a puño. Los medios suelen ser apasionados y en ocasiones abusan de su gran poder, pero en un caso de estos canalizan el pensamiento de muchos que creen que la decisión es abiertamente injusta.
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Juan Camilo Guerrero
+1 # Juan Camilo Guerrero 13-08-2013 17:33
Interesante artículo. Un ejemplo de cuando se actúa en derecho y la percepción del público es que estamos en presencia de injusticia.

Lo positivo de este trágico evento es que sirvió para sensibilizar a muchos sobre los efectos del alcohol y manejar. Esperemos no se repita.
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
De una parte, es cierto que el desempeño de los medios alrededor de casos penales emblemáticos es bastante deficiente, y que a veces el afán justiciero es solo una faceta del amarillismo, no del interés por el bienestar público. La relación con los lectores (televidentes, radioescuchas) basado en lo escandaloso, con frecuencia distorsiona el debate y puede llevar a presiones indebidas sobre el sistema judicial. Aún así, esa tendencia podría moderarse con un mayor profesionalismo y un mejor entrenamiento de parte y parte (periodistas y operadores judiciales). Dicho esto, es necesario reconocer el derecho que tienen opinadores profesionales y público en general de expresar opiniones y proponer alternativas ante una situación que consideran injusta o un sistema penal que perciben laxo...(continú a)
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
...(continuació n) Eso también es fundamental en el sistema democrático, aunque dichas posturas puedan considerarse mal fundamentadas o poco conducentes. Las tendencias de los delitos no admiten fácilmente una "regla general" (por ejemplo, Juan Carlos Ruiz sugiere en este mismo portal que las estadísticas sobre crimen están lejos de ser sólidas) y no es aceptable en un debate desestimar puntos de vista simplemente etiquetándolos, por ejemplo, como "populismo punitivo". Lo que hay en juego en los linchamientos mediáticos (ayer Salamanca o similares, hoy Pretelt) va mucho más allá del aspecto mercantilizado de la información o de las reacciones emocionales de quienes la consumen. Un buen aporte sería reaccionar de manera menos defensiva y disponerse a entender mejor la real amplitud del malestar social que así se manifiesta.
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William Vargas
0 # FelicitacionesWilliam Vargas 27-04-2015 19:59
Excelente artículo, acertado y objetivo.
Es importante que las personas comprendan este tipo de fenómenos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas, para de esta forma precisar que esta fallando y cuales son las medidas apropiadas para resolverlo las cuales deben siempre estar ajustadas a la justicia y la ley.
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