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La elección del fiscal: ¿cálculos políticos o competencia técnica?

Jorge Iván Cuervo¿Quiénes son, a quién o quiénes representan, por qué fueron incluidos en la terna, cómo serían recibidos por la Corte encargada de elegir, y qué podría implicar el nombramiento de cada uno de los tres juristas postulados por el presidente Santos?   

Jorge Iván Cuervo R.*

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Una pantomima política

El presidente Santos definió la terna que debe ser presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación, de donde saldrá el reemplazo de Eduardo Montealegre.

Los postulados son Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, los tres vinculados al gobierno de una forma u otra. Esto indica que Santos ratifica que no se sale del círculo de confianza a la hora de integrar este tipo de ternas o de postular personas para otros cargos. Después de hacer una convocatoria pública en la cual se inscribieron cerca de 114 candidatos, Santos no vio más allá de los nombres que se barajaron desde el principio y, sin que se conocieran los criterios que se utilizaron para la preselección, lo cierto es que ninguno de los candidatos de afuera del gobierno quedó en la terna.

Esta situación deja el sabor de haber sido una pantomima para sacar de la terna al vicefiscal y al hoy fiscal €, José Fernando Perdomo, y desmarcarse del incómodo legado de Montealegre sin tener que enfrentar grandes consecuencias políticas.

Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo.

En este caso llama la atención que más que la búsqueda de la persona idónea para el cargo, la terna se haya convertido en un pulso político entre Vargas Lleras, con su candidato Martínez; el liberalismo, que tímidamente se siente representado por Reyes (aunque hubieran preferido a Perdomo); y Sergio Jaramillo, con Mónica Cifuentes, quien sería una buena carta para alinear al siguiente fiscal con las necesidades del posconflicto.

La inclusión de Néstor Humberto Martínez supuso un triunfo para el vicepresidente y una derrota para la exministra de la Presidencia, la super poderosa María Lorena Gutiérrez. Como se ve, la inclusión de Martínez terminó precipitando una recomposición del gabinete, lo cual da una idea de la importancia que tiene la elección del fiscal general en las actuales circunstancias.

Los candidatos

El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
Foto: Presidencia de la República

En principio, los tres candidatos son idóneos para el cargo.

  • Cifuentes llevaría una ventaja técnica por haber trabajado en la Fiscalía en un cargo directivo en esa entidad, y por liderar el equipo jurídico del gobierno en la negociación de La Habana y contar con el respaldo de Sergio Jaramillo, uno de los hombres que le habla al oído al presidente. Su condición de mujer es un elemento a su favor en un cargo que usualmente ha sido ocupado por hombres. Además, podría ser el fiel de la balanza si en la Corte Suprema se polarizan los apoyos entre Reyes y Martínez.
  • Yesid Reyes es un jurista serio y un penalista de avanzada que como ministro de Justicia demostró que un cargo como el de fiscal general está hecho a su medida. Tiene el respeto de todos los sectores políticos (incluido el uribismo) pues ha demostrado ser una persona ecuánime y centrada, y lideró la posición del gobierno frente al nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, demostró cierta indolencia frente a los problemas de la Rama Judicial, de lo cual seguramente tomaron nota en la Corte Suprema de Justicia. Su condición de víctima, al ser hijo del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía, le da un valor simbólico a su elección.

Haber sido ministro de Santos será un pecado que le sacarán en cara cuando empiece a tomar decisiones que puedan afectar a los contradictores del gobierno. Sin embargo, Reyes es quien da mayores garantías para cumplir el llamado “deber de ingratitud”, es decir, la cualidad que deben tener los servidores públicos de ejercer sus funciones en estricto cumplimiento de su mandato y no pagando favores al postulante o al elector.

  • Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo. Aunque ha ocupado la cartera de Justicia en dos oportunidades y se le reconoce como un gran jurista y asesor de grandes conglomerados económicos, su especialidad no ha sido el derecho penal. Sin embargo, es el candidato con mayor significación política y quien despierta las mayores suspicacias, dada su cercanía al vicepresidente Vargas Lleras, así como por su trayectoria como asesor y abogado de grandes empresarios. Esto último lo podría llevar a tener conflictos de interés en el cargo (uno de los problemas que tuvo Montealegre). Pero en honor a la verdad hay que decir que estos conflictos son comunes para cualquier abogado exitoso en el ejercicio de su profesión.

Martínez conoce el mundo del derecho, fue el artífice y gran defensor de la reforma de “equilibrio de poderes” (lo cual puede ser un factor adverso en la Corte Suprema) y como ministro de Justicia adelantó tareas importantes que lo dejan bien parado como gerente. Y gerencia es lo que le falta a la Fiscalía.

Martínez caería bien en el uribismo, pero despertaría resistencias en sectores políticos y sociales de centro-izquierda que no ven con buenos ojos la llegada al ente de investigación de un abogado con altos intereses económicos, por ejemplo, en el temade tierras, donde uno de sus más importantes clientes está en el negocio. Con él se puede repetir el síndrome Montealegre respecto del caso Saludcoop.

¿Quién ganará?

El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
Foto: Minjusticia

Por su trayectoria, formación y logros, quien más garantías ofrece es Yesid Reyes, quien sería una elección que dejaría a todo el mundo tranquilo, menos, claro está, a Vargas Lleras, quien quiere acumular todo el capital político necesario para asegurar su presidencia en 2018. Pero como el gobierno no controla a la Corte Suprema, una derrota de Martínez no le puede ser atribuida a Santos.

La Corte Suprema de hoy no es la misma que eligió a Montealegre ni a Mario Iguarán, y que fue tan sensible a la polarización política e ideológica que trajeron los gobiernos de Uribe (llegó incluso a devolver una terna, un procedimiento atípico que significó una interinidad en esa entidad por cerca de dos años).

La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente.

La recomposición reciente de la Corte augura un panorama incierto. Sin embargo, el hecho de saberse con anterioridad la postulación de Martínez le habría dado cierta ventaja a este sobre sus competidores, por visibilidad y cabildeo. Además, conociendo sus antecedentes, Martínez también tendría un mayor poder de negociación, ahora que se discute la constitucionalidad de la reforma de “equilibrio de poderes” y que se conoce de la ponencia favorable al gobierno que habría elaborado el magistrado ponente – quien a su vez fue postulado a la Corte por el presidente Santos-.

Tanto Reyes como Martínez han defendido la idea de que el fiscal debe ser elegido directamente por el presidente de la República, como lo es en el sistema estadounidense (de donde se tomó la figura). Pero en Colombia la cantidad de poder que ostenta el jefe del Ejecutivo desaconseja esa medida, a pesar de que sea una contradicción aparente que el responsable del orden público no pueda incidir directamente sobre la política criminal.

¿Cambio de modelo?

La coyuntura amerita que se dé un debate sobre el diseño institucional de la Fiscalía y del procedimiento de elección del fiscal. La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente y el procedimiento de elección no se corresponde con esa condición.

En este momento, es oportuno sopesar los pros y los contras de adoptar el modelo norteamericano y pensar en la posibilidad de intercambiar la fórmula de la elección (la Corte Superna propone la terna y el presidente elige) o trasladar todo el proceso a la Rama Judicial (el Consejo de Estado terna y la Corte Suprema elige), para minimizar el sabor político del procedimiento.

La politización que se ha hecho evidente en este proceso no es un buen síntoma de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar el proceder de un funcionario adscrito a la Rama Judicial. Un vicepresidente en tránsito de candidato preocupado por quién debe ser el fiscal general es una anomalía que no debería existir en nuestro modelo estatal.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

Los cambios que necesita la Ley de Restitución de Tierras

Enrique Herrera Los resultados han sido muy escasos y el debate de estos días es tan simplista como electorero. Pero hay cambios concretos y factibles, como los cinco que aquí se recomiendan, para lograr las metas previstas desde un comienzo.  

Enrique Herrera Araújo*

Familia de desplazados recupera sus tierras en La Palma, Cundinamarca.

Pocos resultados, evasivas y polarización

Según datos de la Fundación Forjando Futuros algo anda muy mal en el proceso de restitución de tierras en Colombia:

  • Después de 5 años solo un 3,4 por ciento de las 87.000 solicitudes de restitución  han sido resueltas por la vía judicial.
  • Los jueces han emitido 1.300 sentencias con más de 25 mil órdenes a 55 entidades;  paradójicamente, la entidad que menos las ha cumplido es el Ministerio de Agricultura.
  • El 76 por ciento de los predios restituidos son de menos de 10 hectáreas y un 20 por ciento está entre 10 y 50 hectáreas. Es decir estamos hablando de pequeños fundos, o donde la disputa se da, generalmente,  entre un pequeño propietario y otro pequeño propietario.
  • Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras, lo que hace pensar que la política de restitución revictimiza al campesino y lo deja desprotegido en el campo, donde no hay Estado.

Ante todo lo anterior, el gobierno nacional ha adoptado la estrategia del avestruz para ignorar la realidad. Pero no le ha ido bien con ese tipo de maniobras, como tampoco le fue bien cuando dijo que el “tal paro agrario no existe”, ni cuando reaccionó tarde, después de que en las manos le explotaran situaciones como el paro de camioneros o el judicial, entre otros.

Cuando es objeto de críticas, el gobierno responde atacando a sus enemigos en lugar de tratar de encontrar el porqué de los pésimos resultados de la Ley 1448 de 2011, planeada para diez años. El fanatismo ideológico se tomó a los detractores y defensores, y lo que hoy se percibe es un diálogo de sordos en trincheras guerreristas. Esto no ayuda para nada. Tanto los defensores como los opositores acérrimos entierran sus cabezas en la arena para desconectarse de la realidad.

Mientras tanto, la campaña electoral que está empezando tomó a esta Ley como protagonista, pero no solo en el debate público en universidades, foros y medios de comunicación, sino en la movilización ciudadana en el terreno: en San Alberto, departamento del Cesar, y en San Ángel, departamento del Magdalena. Este tipo de reacciones son bienvenidas porque reflejan otras verdades, muestran realidades y desnudan deficiencias.

Una Ley mal diseñada

Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En todo caso, los resultados no son buenos. Y cuando se escarba más hondo, se encuentra que son peores. Por ejemplo si el instrumento de medida de efectividad no es el número de sentencias o de reclamaciones y registros, sino el número de reclamantes que han retornado y se han asentado en sus predios, los datos son totalmente desestimulantes, casi catastróficos. Pero es en este punto donde realmente se mide el impacto de la política: en el terreno y en la realidad objetiva de las víctimas a quienes debe cumplírseles.

Por eso es hora de hacer ajustes.

Ya lo había dicho en Razón Pública y lo repito ahora: esta es una Ley de buenos propósitos que está fracasando porque fue elaborada en una burbuja, aislada de la realidad rural, alejada de la violencia territorial, escrita desde las oficinas bogotanas por académicos sin ninguna experiencia en la gestión pública y diseñada bajo la idea errónea de que los problemas de tierras rurales son fáciles de resolver.

Los problemas de la Ley están ahí desde su creación y por lo mismo se requiere de una completa revisión. Por ejemplo esta Ley parte del supuesto de que el desplazado quiere retornar al campo, pero distintos estudios indican que esto no es del todo cierto. Para colmo, el gobierno está llevando a cabo algunas políticas o programas que incentivan el no retorno, como los subsidios en las ciudades.  

“La microfocalización”

Los arreglos son urgentes, y el primero de ellos podría ser eliminar el gota a gota de la llamada “microfocalización”.

La Ley señaló que la restitución se realizará en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la magnitud histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. Por eso ordenó dos pasos previos:

  • La macrofocalización, consistente en que el Consejo de Seguridad Nacional defina un área de mayor extensión (departamentos), para tramitar en ella el estudio de las solicitudes de restitución;
  • La microfocalización es decir, la definición de áreas de menor extensión, por ejemplo, municipios, corregimientos, veredas o inclusive predios donde se determina que es viable adelantar el registro del predio y la restitución.

Las etapas macro y micro definen cuáles son las zonas donde se restituirán los predios.  Por fuera de ellas no hay restitución posible. Pero entre la macro y la microfocalización se ha creado un dique de contención tan grande que para el 31 de marzo de 2015 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 75.122 solicitudes, de las cuales el 63,14 por ciento ha estado represado por falta de microfocalización. Sin este paso, el proceso se estanca.

Por eso la Sentencia T-679 de la Corte Constitucional, del 3 de noviembre de 2015, dijo que la aplicación gradual y progresiva de una política no puede ser excusa para la inactividad del Estado y que la “la petición de la víctima no puede quedar suspendida irrazonablemente en el tiempo, pues esa microfocalización es, de alguna manera, condición indispensable para que la persona acuda ante los jueces a reclamar sus tierras”. 

La microfocalización se ha convertido en un muro que es preciso derribar si se quieren mejorar los resultados de la Ley -y mucho más durante el posconflicto, cuando habrían de aplicarse criterios adicionales de seguridad para preservar la pacificación del respectivo territorio-. De todas maneras, la microfocalización no implica necesariamente que la zona en la que se da sea segura o no presente casos de violencia. Si así fuera, no se hubieran dado tantos asesinatos a reclamantes de tierras en áreas microfocalizadas.

Más ajustes

En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Otro ajuste necesario es garantizar la defensa y los derechos del ocupante actual, que en la cadena de compraventa del predio puede ser el segundo, tercero o quinto. Esta situación está dando pie a la protesta social en los departamentos de Cesar y Magdalena y es probable que en otros lugares del país se den los mismo problemas.   

Una tercera reforma sería que cuando no haya oposición a la restitución, esta se haga por vía administrativa. Lo mismo debe ocurrir cuando se trate de predios abandonados. Inclusive se puede analizar si el proceso mixto que combina una etapa administrativa (que hace la Unidad de Restitución) con una judicial (que realizan los jueces) deja de serlo y se unifica.

Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras.

Un cuarto cambio puede ser que cuando el reclamante no quiera retornar al predio adjudicado por el Gobierno, lo manifieste en la reclamación y el Estado, por vía administrativa, lo compense con un bono condicionado que sirva, por ejemplo, para el pago de crédito de vivienda; con un capital semilla para un proyecto de emprendimiento productivo; o con dinero para estudios universitarios.

No es aceptable que el Estado se gaste más en la burocracia y sostenimiento de las instituciones de restitución que en los predios restituidos. El año anterior se habían gastado  837 mil millones de pesos en el proceso de restitución, mientras que los predios restituidos valían 263 mil millones. Más barato que tramitar el proceso de restitución hubiera sido comprar los predios y adjudicarlos.  

Un quinto arreglo es cambiar el enfoque de tierras, porque ahí no está el problema. La tierra ya no vale por sí misma sino por lo que está encima de ella: el riego, las plantaciones, la infraestructura, etcétera.

El asunto no es restituir las tierras sino que en ellas se desarrollen actividades agrícolas rentables que hagan parte de un modelo de negocio sostenible y agreguen valor para el mercado. En cualquier caso, las cosas no pueden seguir como van.

 

* Abogado, especialista en desarrollo regional y magister artis en gestión pública. Experto en tierras, desarrollo rural y asesor en Posconflicto.

 

twitter1-1@enriqueha

 

¿Por qué es tan importante Caño Cristales?

Andres hurtadoNo se trata solamente de un río, estamos hablando de un ecosistema que conecta cuatro parques naturales de singular importancia. Un conocedor de la zona explica las devastadoras consecuencias que tendría permitir la explotación petrolera en la región.

    Andrés Hurtado García*

Río Caño Cristales en la Sierra de la Macarena.

Memorias de un viajero

Yo no soy investigador ni científico. Soy un viajero que ha visitado asiduamente el Área de Manejo Especial de La Macarena, a la cual  pertenece Caño Cristales. Por lo tanto hablaré de mi conocimiento de la zona a partir de mis recorridos.

El Caño nace en la parte alta de la Sierra, en el sector sur, relativamente cerca del sitio donde muere la Sierra en un paredón a cuyos pies pasa el río Guayabero. El Caño nace en una planicie encharcada, a pocos metros de un murallón que mira hacia el raudal del Guayabero. Allí, las aguas se van juntando y forman el Caño.

Llegué allí a finales de la década de los setenta, lo he explorado en toda su extensión, he llegado tres veces a su nacimiento por sus dos brazos principales, e hice los primeros caminos para algunos lugares del Caño. También caminé la tercera parte de toda la Sierra siguiendo la cuerda de las cumbres.

Seguí yendo al Caño y a la Sierra varias veces por año. En un principio no vivía nadie a orillas del río y no habían llegado a La Macarena los que hoy manejan el turismo. En ese momento existía una trocha que, saliendo del pueblo y atravesando la selva del Parque, llevaba en 5 o 6 días al pueblo de Piñalito.

Prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

Los campesinos utilizaban la trocha (todavía lo hacen) para llevar el ganado hasta Vista Hermosa y embarcarlo en camiones con destino a Villavicencio o Bogotá. La guerrilla amplió esa trocha (que hay llaman “la Transjojoy”) y prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

En una ocasión el Mono Jojoy me mandó apresar en La Macarena. Pero me soltaron al poco tiempo pues uno de sus guardaespaldas le dijo que yo había hecho mucho por el pueblo, el mismo pueblo que ha reconocido mi trabajo y que me dio su máxima condecoración: la “Velosía de oro”.

Yo dije del río que era el más bello del mundo, y lo llamé “el río de los cinco colores”, “el río donde se ahogó el arco iris” y “el río que se escapó del paraíso”. Estas frases, que son mías, se repiten ahora por todas partes.

He presentado a Caño Cristales de manera casi obsesiva en Colombia, Europa, Estados Unidos y otros países, en conferencias, en televisión, en artículos de prensa y en mis dos libros: Colombia secreta  y Caminando Colombia.

Pensar el ecosistema

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
Foto: Minambiente

Estoy de acuerdo con el alcalde y con los habitantes de la Macarena en su protesta por los recientes intentos de permitir la exploración petrolera en la zona, pero les recuerdo que muchos de sus habitantes tienen fincas en “la Transjojoy”, una zona que se ha llenado de casas, potreros y negocios. Además, los guerrilleros que se mueven en la selva de La Macarena han mantenido la siembra de la coca, la tala de los árboles y la conversión de más y más terrenos en potreros. Por último, están las fincas ganaderas que serán la muerte de este paraíso.

Por eso hay que mirar esta zona con más amplitud. No hay que pensar tan solo en Caño Cristales, sino  mirar el “amasijo” (como lo llamo yo) de los cuatro Parques Nacionales Naturales que convergen en la zona: tres en la Cordillera Oriental (Sumapaz, Picachos y Tinigua) y, saltando el Cañón del Duda, el Parque de La Macarena.

Los investigadores del Smithsonian Institute y los científicos de Parques Nacionales, liderados por Jorge “el Mono” Hernández, quien fue considerado el mayor conocedor del neotrópico, han dicho que esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta, por juntarse ecosistemas de cordillera, llano y selva amazónica.

Una exploración petrolera hecha a 2,5 kilómetros del Tinigua, es decir, en la zona de amortiguación de los Parques, perjudicaría notablemente el sistema de los acuíferos. En ese caso, el primero que sufriría es el río Losada, que vierte aguas en el Guayabero y que más abajo de La Macarena recibe a Caño Cristales. Bastante cerca de San José de Guaviare, el río Guayabero se junta con el Ariari y forma el río Guaviare, uno de los más caudalosos del oriente colombiano.

Por este motivo, y no solo por Caño Cristales, la decisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de autorizar a la empresa Hupecol para explorar en el Bloque Serranía defraudó al país y lo puso en pie para defender los recursos naturales, hasta obligar al presidente Santos a ordenar la suspensión de la licencia, que en efecto fue revocada esta semana. Pero la empresa ya anunció acciones legales y no se puede descartar la posibilidad de que prosigan las exploraciones.

Esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta.

En los cuatro Parques Nacionales de los que he hablado se conocen hasta ahora 12.000 especies de plantas, 63 de reptiles, 42 de mamíferos, 420 de aves y más de 200 de peces. Si nos concentramos nada más en las aves, encontramos que Colombia es el país más rico en avifauna en el planeta: de las 10.065 especies de aves del mundo, nuestro país posee 1.889. Pero las 420 especies de aves que habitan esta zona se verían destinadas a la extinción si avanzan las petroleras con su parafernalia de carreteras, construcciones, viviendas, perforaciones y ruido.

No se trata entonces solo de la salvación de Caño Cristales. El Caño forma parte del conjunto de cuatro parques que se verían heridos de muerte. Por eso hay que decir “no” a la explotación petrolera en La Macarena y “sí” a los reclamos de sus habitantes, quienes deben comprometerse, además, a cuidar los bosques y los ríos de la “señora de los Llanos, Sierra de la Macarena”.

Es cierto que Colombia debe explotar su petróleo, que también es nuestra riqueza, pero debe hacerlo con respeto por los ecosistemas y especialmente por el agua, que es la riqueza de hoy y la fortuna de mañana.

Los daños sociales

Sabemos, por lo ocurrido en el Putumayo y en un sector de los Llanos, que las petroleras solo han llenado las arcas de las empresas y las del Estado, pero no han repercutido favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos adyacentes.

Por el contrario, estas explotaciones han traído la descomposición social, representada en cantinas, vicios, prostitución y encarecimiento de la vida. De esta manera, el entorno social de esta gran área se verá perjudicado, incluido el pueblo de La Macarena, si llegan las empresas del petróleo.

Los Llanos, tan golpeados por la siembra incontrolada de palma africana y de otros productos, tendrían con este otro factor de desequilibrio. No solamente los ecosistemas del Llano se han visto seriamente afectados por estos cultivos, sino que la cultura de la región que se ha venido desdibujando en sus tradiciones, folclor, música y modo de vida. Añadirle otra petrolera más al Llano es aumentar los conflictos sociales y multiplicar los problemas.

El presidente Santos pidió cien millones de dólares en la Cumbre del Clima en París y se comprometió a acabar con la deforestación. Pero esta sigue avanzando entre La Macarena y San José de Guaviare, en el Cañón del Duda y, ahora para colmo, pretendemos añadirle una explotación de hidrocarburos.

Preguntas en el aire

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Esta situación me ha dejado varias preguntas inquietantes. Por ejemplo, si ante la decisión de la ANLA los periodistas hubieran hablado solo de los Parques Naturales sin mencionar Caño Cristales, ¿hubiera sido igual la movilización de los colombianos en las redes sociales? También, si esta movilización no se hubiera dado y solo los científicos hubieran protestado por el daño a los Parques Naturales, ¿el gobierno les hubiera hecho caso?

Hay otras cosas que tampoco se entienden: ¿Cómo es posible que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no se entere de una resolución de tan inmensas y fatales consecuencias expedida hace más de un mes? ¿Por qué la Corporación Autónoma de la Macarena (CORMACARENA) no dio a conocer antes el resultado de sus estudios – que ahora cita la ANCLA para justificar su revocatoria-? ¿La ANLA no tiene criterio como para saber que no se puede explorar a las puertas de un conjunto de Parques Nacionales tan importantes?

Por último, hay que decir que es un terrible espectáculo ver al presidente desautorizando al Ministerio y al Ministerio desautorizando a la ANLA. Ante este tipo de situaciones, uno se pregunta si así funciona en todo lo demás el aparato del gobierno.  

Solo falta ahora que la empresa petrolera en efecto demande a Colombia y que de nuestro bolsillo tengan que salir las millonadas de dólares que pedirán astutísimos abogados que conocen las debilidades del Estado colombiano.

 

* Periodista, ecologista y fotógrafo colombiano.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

mjtorres lbernal naracción medios fabio-andres

Laura Bernal Bermudez RazonPublicaMaria Jose Torres RazonPublicaEn los delitos debidos a los conductores ebrios, los grandes medios de comunicación presionan a la justicia de manera indebida -y paradójica-. Un debate de actualidad por la frecuencia de este tipo de delitos y por las reacciones que despiertan[1].

Laura Bernal Bermúdez* - María José Torres Hernández**

El caso

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad.

El pasado 12 de julio Fabio Andrés Salamanca manejaba en estado de embriaguez y ocasionó un accidente de tránsito que produjo la muerte de Diana Bastidas y Ana Torres, así como lesiones graves a Holman Cangrejo, conductor del taxi en el que se transportaban.

Este accidente produjo diversas reacciones de los medios de comunicación,  de la opinión pública y de las instituciones del Estado.

El seguimiento periodístico del caso es un ejemplo de la compleja interacción entre los medios de comunicación y el proceso penal:

· De un lado el caso ilustra la incidencia de los medios sobre la comprensión del fenómeno criminal por parte del juez y de la sociedad en general.

· Del otro lado el caso pone de presente las paradojas de la política criminal del  Estado colombiano.  

Los medios y los juicios paralelos

 


mjtorres lbernal naracción medios accidente Salamanca

Fabio Andrés Salamanca, fue dejado en libertad por la juez de control de garantías.
Foto: diariodelhuila.com 

 

La información periodística sobre este tipo de delitos ocasiona una serie de problemas, dos de los cuales son más preocupantes:

· La proliferación de juicios paralelos sin garantías legales y sobre la base de una concepción de lo justo que no necesariamente coincide con lo legal.

· La canalización de sentimientos de venganza y de reproches morales hacia el “mal” desempeño del sistema penal.

El cubrimiento periodístico del caso Salamanca permite apreciar la forma cómo los medios narran un proceso penal en desarrollo. Este proceso apenas empieza y las últimas noticias informaron que no se dictó medida de aseguramiento contra Salamanca, pues la juez de control de garantías consideró que no se cumplían los requisitos de ley para decretarla. 

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad, de ser ineficiente y de proteger al responsable de dos muertes y una grave lesión personal.

Por otro lado, abogados penalistas como Yesid Reyes Alvarado señalan que la decisión se ajusta a la ley y que en esta etapa del proceso no es posible hablar de impunidad.

Los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez.

En este caso, los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez. Partiendo de una presunción de culpabilidad, una periodista llegó a calificar a Salamanca como “un peligro para la sociedad” (Paloma Valencia, Blu Radio, 30 de julio de 2013). Así se crean expectativas en la ‘opinión pública’ sobre el sentido del fallo y sobre la pena que deberá imponerse.

Desencuentro entre lo legal y lo justo

Lo anterior muestra cómo la concepción de lo justo no siempre corresponde al sentido de la ley. Se aboga por la privación de la libertad como regla general, mientras que el derecho penal concibe esta medida como un último recurso. 

La juez que negó la medida de aseguramiento se refirió claramente a este problema al afirmar en El Colombiano: “Lo que no puedo hacer como juez de Control de Garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una  comunidad enardecida”. 

Noticia de moda

Aunque por regla general los delitos se producen de manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo, los medios tienen una cierta tendencia a “ponerlos de moda”. 

 


mjtorres lbernal naracción medios policía transito

Foto: ©Archivo AFP 
 

Es así como además del caso Salamanca, durante las últimas semanas los medios colombianos han destacado las noticias sobre casos similares (como el de Jonathan Cabrera) y han presentado estadísticas impactantes.  Según  El Tiempo en Colombia cada día muere una persona en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez. Y, por efecto de esta ola mediática, un proyecto de ley que había sido archivado en dos ocasiones, ahora parece tener la oportunidad de ser aprobado.

Por otra parte es frecuente que los medios relaten el ‘crimen’ de tal forma que en vez de  una sociedad bien informada, ayudan al contagio de la ira basada en el instinto de venganza. En el caso Salamanca la juez acabó por ser víctima de amenazas.

La respuesta del Estado

Por regla general, el Estado tiende a proteger la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación en los procesos penales y sólo por vía de excepción permite algunas limitaciones. En efecto: 

· La actitud del legislador se basa en el principio de publicidad. La ley reconoce el papel de los medios de comunicación en los procesos penales, pero señala que en algunas circunstancias puede ser limitado – como cuando esté en juego el derecho a un juicio imparcial y justo-.

· La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión debe ser objeto de protección reforzada, por ser uno de los pilares del Estado democrático, participativo y pluralista. Por ello, si bien admite límites a la libertad de prensa -basados en principios como la veracidad, la imparcialidad y la dignidad humana- ha dado prioridad a la libertad de expresión al sostener que este derecho prevalece  sobre cualquier otro (salvo los derechos de los niños).

Pero la Corte también ha observado que el poder de los medios de comunicación es indiscutible y que de éste puede derivarse tal estado de indefensión para un individuo, que la única herramienta de protección a su alcance es la acción de tutela. 

Lo que está en juego

Con razón la Corte ha señalado que la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación hace parte de los pilares de una democracia. Sin embargo, nadie puede negar que para un sistema democrático también son importantes

· la imparcialidad del juez,

· la seguridad jurídica,

· la presunción de inocencia y

· el debido proceso.

Desde esa perspectiva, las instituciones deben preguntarse si están protegiendo estos cuatro principios al permitir que los medios informen sobre procesos penales en curso, en ocasiones llevando a cabo juicios paralelos  sin mayores garantías.   

Si bien los medios protegen nuestros derechos al controlar las actuaciones del poder público, debemos reconocer que su participación en los procesos penales presenta un grave riesgo para los derechos de los imputados. 

Hay una paradoja en las instituciones colombianas: por proteger la democracia, la pluralidad y la participación, dan prioridad a la libertad de prensa, pero al hacerlo acaban por desconocer principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que también hacen parte vital del sistema democrático. 

Así, las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y por el legislador para proteger la democracia, podrían afectarla sustancialmente. 

¿La información prima sobre las garantías?

No se trata sólo de un debate académico, sino de la definición misma de nuestra democracia. Por nuestra parte, quisimos resaltar algunos elementos básicos y paradojas en este debate:

· La incidencia de los medios sobre la gran distancia entre la ley y aquello que “la opinión” entiende como justo

· La tendencia de las instituciones colombianas a proteger la labor periodística, incluso por encima de las garantías de cualquier persona involucrada en un proceso penal.

Y hay otra paradoja interesante. Mientras la ley y las instituciones tienen a proteger a los medios de comunicación, los medios no cesan en su ataque a la legitimidad del sistema penal, amenazando los derechos del imputado o aún comprometiendo las posibilidades de una investigación y juzgamiento ponderados por parte de la justicia.

 

* Abogada de la Universidad Javeriana,  Master of Science in Human Rights, London School of Economics, admitida a Doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford (2013-2016), miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional y Derecho Global “Francisco Suárez, S.J.” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

*** Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el desarrollo del Externado de Colombia, asesora en prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados ilegales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

[1] Este texto se basa en nuestro artículo académico ‘Los Medios de Comunicación y su Participación en la Construcción y Narración del Fenómeno Criminal en Colombia Vniversitas No 125. Para consultar todas las fuentes y cuadros analíticos de la jurisprudencia rcomendamos revisar directamente este artículo.

 

 

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Comentarios  

Julian Lopez
+2 # Julian Lopez 12-08-2013 10:07
Seria muy bueno invitar a los medios de comunicacion a que se autoregulen
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Juan
+1 # Juan 13-08-2013 00:26
Lo cierto es que en un país decente, una persona implicada en un accidente como este no seria excarcelada en décadas. Ahora bien, creo que es completamente razonable lo que se afirma sobre los medios de comunicación y la independencia de la justicia; pero hay que recordar que si bien existe la chiva informativa y el elemento manipulador de los medios, hay que recordar que muchas veces, sin las denuncias de los medios de comunicación existiría mucha mas impunidad de la que hoy reina en Colombia.
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William Vargas
0 # ConsejoWilliam Vargas 27-04-2015 19:51
No has entendido el texto, te recomiendo lo leas con calma y analices la situación en contexto, tienes una concepción errada de impunidad, si observas los países "decentes" como tu les llamas, en ninguno de ellos se encarcela a las personas por accidentes de tránsito.
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LuisE
+1 # LuisE 13-08-2013 00:32
Interesante artículo, aunque lo noto sesgado en cierto punto pues no menciona el principal problema que ha llevado al Derecho Penal a ser esclavizado: La corrupción.

En un estado eficiente y transparente el derecho penal tendría su dosis suficiente, y la sociedad confiaría en la justicia, incluso si al señor Salamanca lo hubieran dejado libre. Pero estamos en uno de los países más corruptos del mundo, y eso no lo menciona el artículo como causa de la 'enardecida turba' que busca sed de justicia por sus propias manos.
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cmatiz
+1 # cmatiz 13-08-2013 16:51
El análisis desatiende algunos aspectos importantes de los hechos: el conductor tenía grado 3 de embriaguez y conducía a más de 120 kms por hora, de ahí el resultado final de su conducta irresponsable (dos muertes y un lisiado por causa de la magnitud del choque). La juez sustentó su decisión en que el personaje no reviste peligro para la sociedad, muy a pesar de que su desprecio por la vida ajena es una realidad de a puño. Los medios suelen ser apasionados y en ocasiones abusan de su gran poder, pero en un caso de estos canalizan el pensamiento de muchos que creen que la decisión es abiertamente injusta.
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Juan Camilo Guerrero
+1 # Juan Camilo Guerrero 13-08-2013 17:33
Interesante artículo. Un ejemplo de cuando se actúa en derecho y la percepción del público es que estamos en presencia de injusticia.

Lo positivo de este trágico evento es que sirvió para sensibilizar a muchos sobre los efectos del alcohol y manejar. Esperemos no se repita.
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
De una parte, es cierto que el desempeño de los medios alrededor de casos penales emblemáticos es bastante deficiente, y que a veces el afán justiciero es solo una faceta del amarillismo, no del interés por el bienestar público. La relación con los lectores (televidentes, radioescuchas) basado en lo escandaloso, con frecuencia distorsiona el debate y puede llevar a presiones indebidas sobre el sistema judicial. Aún así, esa tendencia podría moderarse con un mayor profesionalismo y un mejor entrenamiento de parte y parte (periodistas y operadores judiciales). Dicho esto, es necesario reconocer el derecho que tienen opinadores profesionales y público en general de expresar opiniones y proponer alternativas ante una situación que consideran injusta o un sistema penal que perciben laxo...(continú a)
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
...(continuació n) Eso también es fundamental en el sistema democrático, aunque dichas posturas puedan considerarse mal fundamentadas o poco conducentes. Las tendencias de los delitos no admiten fácilmente una "regla general" (por ejemplo, Juan Carlos Ruiz sugiere en este mismo portal que las estadísticas sobre crimen están lejos de ser sólidas) y no es aceptable en un debate desestimar puntos de vista simplemente etiquetándolos, por ejemplo, como "populismo punitivo". Lo que hay en juego en los linchamientos mediáticos (ayer Salamanca o similares, hoy Pretelt) va mucho más allá del aspecto mercantilizado de la información o de las reacciones emocionales de quienes la consumen. Un buen aporte sería reaccionar de manera menos defensiva y disponerse a entender mejor la real amplitud del malestar social que así se manifiesta.
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William Vargas
0 # FelicitacionesWilliam Vargas 27-04-2015 19:59
Excelente artículo, acertado y objetivo.
Es importante que las personas comprendan este tipo de fenómenos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas, para de esta forma precisar que esta fallando y cuales son las medidas apropiadas para resolverlo las cuales deben siempre estar ajustadas a la justicia y la ley.
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