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Ya se firmó la paz, ahora ¿cómo se financiará el posconflicto?

Daniel MunévarPese a los cuatro años de negociación, el gobierno no previó, ni reservó, ni buscó los recursos para cumplir lo que estaba acordando. Su proyecto, al revés, es recortar el presupuesto.  Y sin embargo nos dice que vamos hacia una paz estable y duradera.  

Daniel Munévar*

El Presidente Santos llevó al Congreso el texto del Acuerdo Final de los diálogos de paz.

La discusión ausente

Después de cuatro años de negociación, los representantes del gobierno y de las FARC  difundieron este miércoles el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este documento pretende poner punto final a un conflicto de 52 años y ser el punto de partida de una nueva historia para Colombia.

Los retos de esta nueva etapa son enormes, tanto por su variedad como por su complejidad. Pero la atención pública se ha concentrado en temas como la justicia transicional o la participación de los guerrilleros en política, mientras brilla por ausencia una discusión no menos importante: el financiamiento de los acuerdos de paz.

Las obligaciones derivadas del Acuerdo ocupan un lugar secundario

A poco más de un mes del plebiscito para refrendar lo acordado, no se ha dicho de dónde vendrán los recursos para llevar a cabo las numerosas reformas, programas y medidas acordadas, ni la prioridad que tendrán estas partidas  dentro del marco de gasto del Estado colombiano. Y hay razones para preocuparse por la planificación fiscal de los acuerdos de La Habana.

La plata para la paz

Miembros de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria.
Miembros de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. 
Foto: Ministerio de Hacienda

El documento que abre el mayor número de interrogantes sobre esta cuestión es el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016. Este texto, que es la carta de navegación de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, fue publicado hace apenas dos meses (esto es, cuando las autoridades ya estaban en condiciones de prever los nuevos rubros de gasto).

De hecho el Marco incluye un ejercicio de costeo de “la implementación de los acuerdos” Según ese ejercicio, las principales partidas de gasto estarán destinadas a cubrir:

  1. Los costos derivados del fin del conflicto es decir, los de desmovilización, desarme y reintegración de la guerrilla.
  2. Las partidas de inversión, concentradas en los ejes de desarrollo agrario, participación política y erradicación de los cultivos de uso ilícito.  

Del ejercicio incluido en el Marco se pueden resaltar dos elementos:

  • Contrariamente a lo que se sugiere en el título, el texto no contiene ninguna proyección de costos. El “ejercicio” en cuestión se limita a explicar de manera superficial la metodología que el gobierno está utilizando para proyectar las partidas presupuestales asociadas con el Acuerdo, sin dar cifras concretas sobre sus costos proyectados para los próximos años. De esta manera el gobierno desaprovechó una oportunidad excelente para abrir el debate sobre los costos del cumplimiento de los acuerdos en los próximos años.
  • El documento no le da prioridad a las inversiones para la paz. Por el contrario señala que “dada la consolidación fiscal prevista (…) se espera que estas inversiones puedan ser realizadas de manera paulatina dentro de los limites establecidos por la Regla Fiscal”. Esto quiere decir que tanto desde una perspectiva temporal como cuantitativa, las obligaciones derivadas del Acuerdo ocupan un lugar secundario o están subordinadas al cumplimiento de los objetivos fiscales fijados de antemano por la Ley 1473 de 2011.

Aunque es cierto que el financiamiento de los acuerdos debe ser sostenible, dar prioridad al cumplimiento de unas metas fiscales arbitrarias y no tener en cuenta el contexto social y político del país es una muestra preocupante de la miopía del gobierno frente al momento histórico de la paz.

Raspar el barril

Guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Antioquia.
Guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Antioquia.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

Como si el Ministerio de Hacienda no se hubiera enterado de que la aspiración y el compromiso principal del presidente Santos era firmar los acuerdos de paz, su propuesta es reducir el gasto del gobierno nacional del 19 por ciento del PIB en el presente año al 17,9 por ciento en 2026 para poder cumplir las metas de la Regla Fiscal. 

Las consecuencias de esta proyección son claras: las partidas de la paz entrarán a competir peso a peso con los demás componentes del presupuesto nacional, en medio de un proceso de contracción y cuando los principales rubros del gasto se caracterizan por su inflexibilidad. Por ejemplo, para el año 2017, las partidas sobre las cuales el gobierno tiene poco margen de maniobra, como el pago de intereses, salarios y transferencias, representan el 90,6 por ciento del total. De esta manera las únicas partidas que podrían modificarse para abrir espacio a los programas de paz corresponden al presupuesto de inversión, que asciende apenas a un 9, 4 por ciento del total.

Si no hay un cambio drástico en la estrategia fiscal, el gobierno estaría cometiendo el mismo error del padre de familia que, ante problemas económicos, saca a sus hijos del colegio para poder pagar el mercado. Se estaría resolviendo el problema inmediato sin atender las necesidades de largo plazo.

Aunque sea obvia la necesidad de planear con mesura la gestión de los recursos públicos, no es menos evidente que no basta con la simple reorganización marginal del gasto para lograr la “construcción de una paz estable y duradera” que promete el Acuerdo.  

Sin inversión social

Es precisamente en el financiamiento donde se concentran las preocupaciones del gobierno. Tras dos años de espera, se prevé que el Ejecutivo presentará a finales de este año su anunciada “reforma tributaria estructural”.  

Tampoco bastaría con aumentar el gasto público para remediar las secuelas de medio siglo de conflicto

Pero aquí se puede observar de nuevo la falta de visión de largo plazo de la administración Santos. La Comisión de Expertos que convocó este gobierno para estudiar la reforma se propuso como meta la de garantizar un recaudo suficiente para cumplir los objetivos de la Regla Fiscal en el mediano plazo, estabilizando el gasto público en su nivel actual. Además pues de los varios problemas que tiene la propuesta de la Comisión desde el punto de vista de la composición del recaudo, queda la pregunta de por qué los expertos no se ocuparon de pensar o proyectar el financiamiento de la terminación del conflicto y la construcción de la paz.  

Es más: las evaluaciones efectuadas por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) ya habían mostrado que – aun en ausencia de acuerdos con la guerrilla- en Colombia “se requiere aumentar el gasto público como porcentaje del PIB de manera gradual a lo largo del tiempo” para alcanzar las metas de calidad de servicios públicos, infraestructura física y social, y lucha contra la pobreza”.  

Y tampoco bastaría con aumentar el gasto público para remediar las secuelas de medio siglo de conflicto armado. La esperanza que traen los acuerdos es la posibilidad de encaminar la economía hacia un modelo dinámico, incluyente y equitativo que nos traiga “la paz duradera y sostenible”. Esto supone visión de largo plazo y esfuerzo sostenido.

Aunque debemos reconocer que la administración Santos tuvo la visión y la capacidad para llevar a buen puerto las negociaciones de paz, no se puede decir lo mismo sobre los aspectos fiscales del posconflicto. Al fijar metas bajas de recaudo y de gasto, el gobierno puede estar poniendo en riesgo la viabilidad económica de los acuerdos.

Una alternativa ante esta situación podría ser la de crear un presupuesto especial para la paz donde figuren fuentes adicionales de financiamiento y gasto que no se encuentren restringidas por la Regla Fiscal. Si no empezamos a buscar remedios de este tipo, Colombia corre el riesgo de borrar con el codo lo que ha costado tanto trabajo construir en estos últimos cuatro años.

 

* Master en políticas públicas de la U. de Texas en Austin. 

Twitter@danielmunevar

La Iglesia católica frente al Plebiscito

Hermann RodríguezLa jerarquía y el clero han apoyado ciertas ideas, ideologías y partidos políticos a lo largo de la historia colombiana. Pero en esta ocasión la Iglesia está dejando que los católicos voten en conciencia. ¿A qué se debe el cambio de posición? 

Hermann Rodríguez Osorio, S.J.*

El Presidente Santos junto al Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cardenal Marc Ouellet.

¿A favor o en contra?

El próximo 2 de octubre Colombia va a enfrentar una de las encrucijadas más complejas de su historia en el plebiscito donde el constituyente primario aprobará o rechazará el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que el gobierno y las FARC suscribieron el pasado 24 de agosto.

En esta coyuntura histórica, hay quienes piensan que las Iglesias deberían señalar con claridad y vehemencia sus opciones frente a esta votación transcendental para nuestro futuro. Otros ven como un exabrupto el hecho de que los pastores de algunas Iglesias hayan determinado cuál debe ser la dirección del voto de sus fieles.

¿Qué deben hacer o qué han hecho los pastores de la Iglesia católica frente a este asunto? Esta no es una pregunta de poca monta si tenemos en cuenta que cerca del 75 por ciento de la población de Colombia se declara católica. Por lo tanto, una toma de posición oficial de las autoridades de la Iglesia podría inclinar la balanza en una dirección o en la otra.

El 8 de julio de 2016, al terminar la 101ª Asamblea Plenaria de los obispos de Colombia, en el Mensaje Final firmado por el arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal, se dieron algunas orientaciones al respecto, pero que dejan en libertad a los católicos para que voten en conciencia. A la hora de hablar del voto sobre el Acuerdo entre el gobierno y las FARC, los obispos dejaron abiertas las puertas del sí y las del no:

“Convocamos al pueblo colombiano a participar en la consulta sobre los Acuerdos de La Habana, de manera responsable, con un voto informado y a conciencia, que exprese libremente su opinión, como ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto de lo que la mayoría finalmente determine”.

¿Por qué los obispos de Colombia -que en otros temas suelen ser más concretos en sus orientaciones a la comunidad católica- no toman una posición definitiva sobre el plebiscito? ¿Se trata de una prueba de que dentro del episcopado hay posiciones divergentes en lo que tiene que ver con los acuerdos de La Habana? ¿Esta posición de los obispos es un distanciamiento consciente y explícito de un modelo de Iglesia donde se mezclaban las razones religiosas con las políticas?

Tratádose de un plebiscito que no es partidista sino que consulta al pueblo sobre la aceptación o no de unos acuerdos que se han ido construyendo a lo largo de cuatro años de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, ¿no deberían los obispos tomar una postura a favor de la paz que cierre el espacio a posiciones guerreristas y violentas que van en contra de la moral católica?

Por ejemplo el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, dio unas declaraciones que desataron la ira de quienes van a votar en contra del Acuerdo de paz: “Todo ciudadano honesto dará su voto por el sí” afirmó Monsalve en una entrevista de hace pocos días. Las respuestas y los reclamos no se hicieron esperar y la confrontación pareció polarizarse todavía más.

La Iglesia y la política

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
El Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía.
Foto: Wikimedia Commons

La historia de Colombia está marcada por una relación a veces muy estrecha entre la Iglesia católica y alguno de los partidos políticos tradicionales. Por ejemplo hacen parte de las causas de la violencia de Colombia las declaraciones de obispos, como el de Santa Rosa de Osos, monseñor Miguel Ángel Builes, quien en 1931 afirmó que el liberalismo era “esencialmente malo”. También se recuerdan las posturas de monseñor Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, y canonizado por Juan Pablo II, que en el año 1901 expresaba su desacuerdo con posiciones tolerantes ante los enemigos de Jesucristo:

“Esos católicos tolerantes, condescendientes, blandos, dulces, amables en extremo con los masones y furiosos enemigos de Jesucristo, guardan todo su mal humor para los que gritan ¡viva la Religión! y la defienden sufriendo continuas penalidades y exponiendo sus vidas. Para ellos estos últimos son exagerados e imprudentes, que todo lo comprometen, con perjuicio de los intereses de la Iglesia”.

Estos compromisos de la Iglesia a favor de un partido y en contra de otros son hoy motivo de crítica severa por parte de la gran mayoría de los obispos. Hoy los líderes de la Iglesia no quieren limitar la libertad de los católicos en las decisones que deben tomar en conciencia, pero piden, eso sí, que se informen suficientemente bien y busquen de modo claro el cese de la violencia que ha marcado las relaciones políticas de Colombia en los últimos 60 años.

La pregunta no es si estamos de acuerdo con la guerra o con la paz. La pregunta del plebiscito, que en pocos días será divulgada, se refiere a la postura frente a los acuerdos de paz que se han firmado en La Habana.

Seguir buscando la paz

Víctimas del conflicto armado marchan por la paz en Quibdó, capital del Chocó.
Víctimas del conflicto armado marchan por la paz en Quibdó, capital del Chocó.
Foto: Unidad para las Víctimas

Dicho lo anterior, van quedando claras dos cosas en medio de esta discusión:

  1. Los católicos no tienen la obligación religiosa de votar por el sí o por el no, como una imposición proveniente de la autoridad legítima de la Iglesia, que representan los obispos. Y esto, más que una limitación, debería ser un motivo de orgullo y beneplácito, porque estamos comenzando a superar una etapa de la Iglesia cuando  los obispos sentían la obligación de señalar a sus hermanos la dirección de sus decisiones en el ámbito político.

En cierto sentido, hay un reclamo de los creyentes para que se les reconozca su mayoría de edad y se respete su obligación de tomar decisiones en el mundo de la política, regidos por los principios cristianos, pero aferrados a su propia conciencia y no al mandato del obispo.

  1. Los argumentos que los obispos de Colombia han querido proponer a los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad están orientados a buscar fundamentalmente el bien común, sin parcializaciones o polarizaciones partidistas, como queda claro en el Mensaje Final de la 101ª asamblea plenaria del mes de julio de 2016, antes citado:

“A este punto, conviene que se tenga presente que la política tiene como tarea el bien común y que la paz social es la mayor conquista de esa tarea; justamente por ello no puede ser politizada ni instrumentalizada, convirtiéndose en causa de polarización”.

La paz social es la mayor conquista de la política y la tendremos que seguir buscando sea cual sea el resultado del plebiscito, como un imperativo ético que trasciende las distintas posiciones religiosas y políticas de los colombianos. Tenemos que aprender a aceptarnos y reconocernos en nuestras diferencias sin estigmatizaciones o descalificaciones que alimentan de alguna manera la violencia que queremos erradicar.

Tal vez esta es la postura más novedosa que la Iglesia ha querido proponer en su pronunciamiento del 25 de agosto de 2016, frente a la firma de los acuerdos en La Habana:

“Entramos en una etapa de debate sobre los acuerdos, por tanto invitamos a los líderes políticos, organizaciones ciudadanas, responsables y animadores de los medios de comunicación y al pueblo colombiano en general a promover una reflexión serena, en clima de diálogo y respeto, animada en todo momento por el compromiso con la construcción de la paz, pensando siempre en el bien del país, por encima de intereses sectoriales o particulares”.

Los expertos en procesos de paz afirman que la única forma de satisfacer el dolor de las víctimas es recociendo la verdad, haciendo justicia, ofreciendo reparación y dando garantías de no repetición. Habría que añadir que todo este ciclo de violencias solo se cerrará cuando los colombianos decidamos perdonarnos los unos a los otros y nos comprometamos con la construcción de un país donde haya respeto y tolerancia por el que piensa distinto. Y este proceso comienza ya.

 

* Licenciado en Filosofía y magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad Javeriana,  Doctor en Teología de la Universidad Comillas de Madrid, director del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios (CIRE) y profesor asociado de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Los problemas de la economía colombiana: desequilibrio externo y desigualdad

Mauricio CabreraCómo y por qué el país se abrió a las importaciones pero no aumentó sus exportaciones, cómo y por qué se ha mantenido una de las peores distribuciones  de riqueza e ingresos en América Latina. Dos desafíos de fondo para el posconflicto.    

Mauricio Cabrera Galvis*

Comuna Noroccidental de Medellín.

Grandes desafíos

Los dos mayores desafíos económicos de Colombia son el de  eliminar el cuantioso desequilibrio externo y el de reducir la gran desigualdad en la distribución del ingreso y  la riqueza. El déficit fiscal también es un problema, pero este es producto de la caída de las exportaciones.

En el contexto de América Latina, Colombia tiene el vergonzoso honor de ser el campeón del desequilibrio externo, pues es el país con el mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (CCBP). También es el subcampeón suramericano de la desigualdad.

Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad.

La balanza comercial de Colombia (diferencia entre lo que importa y exporta una país) mostró un saldo negativo de 16.000 millones de dólares el año pasado, equivalente al 5,5 por ciento del PIB. México en cambio tuvo un déficit del 1 por ciento y Brasil un superávit de 0,8 por ciento del PIB. Si a esto se agrega el saldo del comercio de servicios, el de los intereses pagados y recibidos del exterior y los dividendos girados a los inversionistas extranjeros, se entiende el saldo de la CCBP, que el año pasado significó un déficit del 6,2 por ciento del PIB. Otro record regional.

En materia de distribución del ingreso, Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad con un Gini de 0,536, superado tan solo por Brasil.

La apertura hacia adentro

Con la administración de César Gaviria (1990 - 1994) se pasó de un superávit externo a un déficit de 7,3% del PIB
Con la administración de César Gaviria (1990 - 1994) se pasó de un superávit externo a un déficit de 7,3% del PIB
Foto: OEA - OAS

El déficit de comercio exterior es preocupante porque en 2014 este fue de “solo” 6.300 millones de dólares, y porque desde la gran recesión de 1999 Colombia siempre había tenido superávit comercial, con la única excepción del año 2007.

Este desbalance externo se ha explicado por el derrumbe de los precios del petróleo y el carbón. Pero la causa no son solo los ingresos por combustibles, porque en el año también disminuyeron las exportaciones del sector agrícola (-5,6 por ciento) y las de manufacturas (-11 por ciento). Además, la caída de las exportaciones es solo la explicación coyuntural del problema.

La causa estructural son las políticas de apertura hacia adentro que desde comienzos de los años noventa multiplicaron el valor de las importaciones. El modelo de desarrollo colombiano siguió los lineamientos neoliberales de la apertura a ultranza bajo el llamado Consenso de Washington: para crecer hay que exportar más (hasta ahí todo bien), para que aumenten las exportaciones hay que importar más, y para lograrlo hay que bajar aranceles y quitar todas las barreras que impiden la libre entrada de bienes del exterior.

Aunque la economía colombiana empezó a abrirse desde los años ochenta, fue durante el siglo XXI cuando se dio un proceso continuo y sostenido de apertura: en 2000 el comercio exterior representaba el 31,5 por ciento del PIB, y en 2014 llegó al 45,2 por ciento. Pocos países pueden mostrar una apertura tan rápida de sus economías.

Pero lo que hizo Colombia fue una “apertura hacia adentro”: la primera parte de la receta se cumplió con creces y las importaciones casi que duplicaron su participación en el PIB, al pasar de 15,4 a 29,4 por ciento. Este crecimiento ni siquiera se frenó con la devaluación de los dos últimos años.

La apertura hacia adentro

La apertura hacia adentro

Fuente: DANE

Pero el aumento de las exportaciones que seguiría al aumento de las importaciones nunca llegó. Por el contrario, su participación se mantuvo prácticamente constante alrededor del 16 por ciento del PIB en estos 15 años, e inclusive disminuyó durante los dos últimos.

El resultado no ha sido bueno: no solo fracasó la receta de importar más para exportar más, sino que el desequilibrio externo se amplió y el crecimiento se frenó. Aunque esta tendencia fue general en toda la región, la desaceleración económica en Colombia fue más pronunciada, al bajar de 5,1 a 3,8 por ciento entre los dos sub-períodos, así:

Crecimiento y volatilidad del PIB

Además, la desprotección a la producción nacional, agravada con la funesta revaluación del peso produjo un proceso de desindustrialización y estancamiento de la agricultura, sectores que hasta 2013 prácticamente no generaron nuevos empleos y crecieron mucho menos que el resto de la economía: mientras en una década el PIB aumentó 51 por ciento, la producción industrial solo lo hizo en 32 por ciento y la agrícola lo hizo en 14 por ciento.

Ahora que acabó la fiesta de la bonanza petrolera se ha hecho evidente la alta vulnerabilidad externa de Colombia. Hasta el momento no se ha registrado una crisis externa porque a pesar del tamaño de la brecha, esta ha sido financiada con ingresos de capital, pero no hay ninguna garantía de que en el futuro siga habiendo flujos de la misma magnitud (inclusive ya hay signos de que están disminuyendo).

El desafío de la igualdad

El índice de pobreza en Bogotá es del 10%.
El índice de pobreza en Bogotá es del 10%.
Foto: Wikimedia Commons

La apertura hacia adentro de los años noventa aumentó la pobreza rural y amplió la brecha de ingresos con la ciudad. Al mismo tiempo, en las ciudades se amplió la diferencia entre los ingresos de los profesionales y de los trabajadores calificados frente al de los informales, lo cual deterioró la distribución del ingreso y elevó el Gini urbano de 0,49 a 0,57.

El aumento del gasto social impulsado por la Constitución de 1991 contribuyó a disminuir el nivel general de pobreza, hasta que la recesión de 1999 y el grave aumento del desempleo hicieron que la población pobre pasara del 49 por ciento al 57 por ciento, y los indigentes pasaran de 15 a 25 por ciento.

Fracasó la receta de importar más para exportar más.

Al salir de la crisis, con la paulatina reducción del desempleo hasta el 11 por ciento, -que siguió siendo el más alto de Latinoamérica- y el continuo incremento del gasto público social, los indicadores fueron mejorando hasta que al final de la década pasada el porcentaje de pobres estaba en el 40 por ciento y el de indigentes al 15 por ciento. Pero no sucedió lo mismo con la desigualdad, pues después de mejorar un poco, para 2009 el índice Gini había vuelto a 0,57.

Entre 2010 y 2015 hubo avances importantes:

  • 2,8 millones de colombianos consiguieron trabajo y la tasa de desempleo bajó a un dígito (8,3 por ciento);
  • 4 millones de personas salieron de la situación de pobreza,
  • 2,2 millones salieron de la pobreza extrema o indigencia.

Por esto los índices de pobreza e indigencia han disminuido hasta 28,2 y 7,9 por ciento respectivamente. También ha mejorado el acceso a los servicios de salud, que hoy llegan al 92,8 por ciento de los colombianos.

A pesar de estos avances, Colombia sigue muy lejos de los niveles de protección social alcanzados por los países del Cono Sur, y todavía tiene grandes retos en esta materia. Menciono tres de los más importantes:

  1. Disminuir la informalidad en el mercado de trabajo. Un millón de los nuevos empleos creados en el quinquenio fueron informales. Del total de trabajadores colombianos, el 58,7 por ciento están en la informalidad, es decir, no tienen un contrato de trabajo estable y con prestaciones sociales, que corresponda a lo que la Organización Internación del Trabajo denomina “trabajo decente”.
  2. Ampliar la cobertura de las  pensiones. En la actualidad solo el 35 por ciento de los colombianos están afiliados a los sistemas públicos o privados de pensiones, y se estima que solo una de cada cinco personas podrá contar con una pensión en su vejez.
  3. Finalmente, Colombia es un país con enormes diferencias territoriales, entre su capital Bogotá (que clasificaría como ciudad del primer mundo) y regiones como la Costa Pacífica (con niveles de pobreza similares al Subsahara africano). Por ejemplo, mientras en Bogotá la pobreza afecta al 10 por ciento de la población, en los departamentos de la Costa Atlántica esta se extiende al 41 por ciento y en la Costa Pacífica al 50 por ciento de los habitantes.

El mayor desafío que enfrenta Colombia en materia social es disminuir la concentración del ingreso y de la riqueza. El Plan de Desarrollo del actual gobierno tiene como meta bajar el índice Gini del ingreso de 0,54 a 0,52 y para ello fórmula estrategias para reducir las grandes disparidades entre las distintas regiones del país.

Pero el Plan es insuficiente porque limita sus metas a la distribución del ingreso y no menciona para nada el más grave problema de concentración de la riqueza (tierra, propiedad raíz y activos financieros). Dos indicadores muestran la gravedad de esta situación:

  • El Gini de la distribución de propiedad de la tierra rural pasó de 0,87 a 0,86. Hoy 2.313 propietarios (el 0,06 por ciento) son dueños del 53,5 por ciento de la tierra disponible en Colombia.
  • Más escandalosa es la concentración del ahorro financiero: según datos oficiales 8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en bancos, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorro. Como consecuencia, el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes.

Colombia lucha por conquistar la paz y pronto podrá lograr que termine el conflicto armado y se silencien los fusiles, pero para construir una paz duradera debe cumplir el aforismo latino: si quieres la paz cultiva la justicia.

 

* Consultor y analista político del Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP.

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

mjtorres lbernal naracción medios fabio-andres

Laura Bernal Bermudez RazonPublicaMaria Jose Torres RazonPublicaEn los delitos debidos a los conductores ebrios, los grandes medios de comunicación presionan a la justicia de manera indebida -y paradójica-. Un debate de actualidad por la frecuencia de este tipo de delitos y por las reacciones que despiertan[1].

Laura Bernal Bermúdez* - María José Torres Hernández**

El caso

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad.

El pasado 12 de julio Fabio Andrés Salamanca manejaba en estado de embriaguez y ocasionó un accidente de tránsito que produjo la muerte de Diana Bastidas y Ana Torres, así como lesiones graves a Holman Cangrejo, conductor del taxi en el que se transportaban.

Este accidente produjo diversas reacciones de los medios de comunicación,  de la opinión pública y de las instituciones del Estado.

El seguimiento periodístico del caso es un ejemplo de la compleja interacción entre los medios de comunicación y el proceso penal:

· De un lado el caso ilustra la incidencia de los medios sobre la comprensión del fenómeno criminal por parte del juez y de la sociedad en general.

· Del otro lado el caso pone de presente las paradojas de la política criminal del  Estado colombiano.  

Los medios y los juicios paralelos

 


mjtorres lbernal naracción medios accidente Salamanca

Fabio Andrés Salamanca, fue dejado en libertad por la juez de control de garantías.
Foto: diariodelhuila.com 

 

La información periodística sobre este tipo de delitos ocasiona una serie de problemas, dos de los cuales son más preocupantes:

· La proliferación de juicios paralelos sin garantías legales y sobre la base de una concepción de lo justo que no necesariamente coincide con lo legal.

· La canalización de sentimientos de venganza y de reproches morales hacia el “mal” desempeño del sistema penal.

El cubrimiento periodístico del caso Salamanca permite apreciar la forma cómo los medios narran un proceso penal en desarrollo. Este proceso apenas empieza y las últimas noticias informaron que no se dictó medida de aseguramiento contra Salamanca, pues la juez de control de garantías consideró que no se cumplían los requisitos de ley para decretarla. 

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad, de ser ineficiente y de proteger al responsable de dos muertes y una grave lesión personal.

Por otro lado, abogados penalistas como Yesid Reyes Alvarado señalan que la decisión se ajusta a la ley y que en esta etapa del proceso no es posible hablar de impunidad.

Los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez.

En este caso, los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez. Partiendo de una presunción de culpabilidad, una periodista llegó a calificar a Salamanca como “un peligro para la sociedad” (Paloma Valencia, Blu Radio, 30 de julio de 2013). Así se crean expectativas en la ‘opinión pública’ sobre el sentido del fallo y sobre la pena que deberá imponerse.

Desencuentro entre lo legal y lo justo

Lo anterior muestra cómo la concepción de lo justo no siempre corresponde al sentido de la ley. Se aboga por la privación de la libertad como regla general, mientras que el derecho penal concibe esta medida como un último recurso. 

La juez que negó la medida de aseguramiento se refirió claramente a este problema al afirmar en El Colombiano: “Lo que no puedo hacer como juez de Control de Garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una  comunidad enardecida”. 

Noticia de moda

Aunque por regla general los delitos se producen de manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo, los medios tienen una cierta tendencia a “ponerlos de moda”. 

 


mjtorres lbernal naracción medios policía transito

Foto: ©Archivo AFP 
 

Es así como además del caso Salamanca, durante las últimas semanas los medios colombianos han destacado las noticias sobre casos similares (como el de Jonathan Cabrera) y han presentado estadísticas impactantes.  Según  El Tiempo en Colombia cada día muere una persona en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez. Y, por efecto de esta ola mediática, un proyecto de ley que había sido archivado en dos ocasiones, ahora parece tener la oportunidad de ser aprobado.

Por otra parte es frecuente que los medios relaten el ‘crimen’ de tal forma que en vez de  una sociedad bien informada, ayudan al contagio de la ira basada en el instinto de venganza. En el caso Salamanca la juez acabó por ser víctima de amenazas.

La respuesta del Estado

Por regla general, el Estado tiende a proteger la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación en los procesos penales y sólo por vía de excepción permite algunas limitaciones. En efecto: 

· La actitud del legislador se basa en el principio de publicidad. La ley reconoce el papel de los medios de comunicación en los procesos penales, pero señala que en algunas circunstancias puede ser limitado – como cuando esté en juego el derecho a un juicio imparcial y justo-.

· La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión debe ser objeto de protección reforzada, por ser uno de los pilares del Estado democrático, participativo y pluralista. Por ello, si bien admite límites a la libertad de prensa -basados en principios como la veracidad, la imparcialidad y la dignidad humana- ha dado prioridad a la libertad de expresión al sostener que este derecho prevalece  sobre cualquier otro (salvo los derechos de los niños).

Pero la Corte también ha observado que el poder de los medios de comunicación es indiscutible y que de éste puede derivarse tal estado de indefensión para un individuo, que la única herramienta de protección a su alcance es la acción de tutela. 

Lo que está en juego

Con razón la Corte ha señalado que la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación hace parte de los pilares de una democracia. Sin embargo, nadie puede negar que para un sistema democrático también son importantes

· la imparcialidad del juez,

· la seguridad jurídica,

· la presunción de inocencia y

· el debido proceso.

Desde esa perspectiva, las instituciones deben preguntarse si están protegiendo estos cuatro principios al permitir que los medios informen sobre procesos penales en curso, en ocasiones llevando a cabo juicios paralelos  sin mayores garantías.   

Si bien los medios protegen nuestros derechos al controlar las actuaciones del poder público, debemos reconocer que su participación en los procesos penales presenta un grave riesgo para los derechos de los imputados. 

Hay una paradoja en las instituciones colombianas: por proteger la democracia, la pluralidad y la participación, dan prioridad a la libertad de prensa, pero al hacerlo acaban por desconocer principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que también hacen parte vital del sistema democrático. 

Así, las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y por el legislador para proteger la democracia, podrían afectarla sustancialmente. 

¿La información prima sobre las garantías?

No se trata sólo de un debate académico, sino de la definición misma de nuestra democracia. Por nuestra parte, quisimos resaltar algunos elementos básicos y paradojas en este debate:

· La incidencia de los medios sobre la gran distancia entre la ley y aquello que “la opinión” entiende como justo

· La tendencia de las instituciones colombianas a proteger la labor periodística, incluso por encima de las garantías de cualquier persona involucrada en un proceso penal.

Y hay otra paradoja interesante. Mientras la ley y las instituciones tienen a proteger a los medios de comunicación, los medios no cesan en su ataque a la legitimidad del sistema penal, amenazando los derechos del imputado o aún comprometiendo las posibilidades de una investigación y juzgamiento ponderados por parte de la justicia.

 

* Abogada de la Universidad Javeriana,  Master of Science in Human Rights, London School of Economics, admitida a Doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford (2013-2016), miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional y Derecho Global “Francisco Suárez, S.J.” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

*** Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el desarrollo del Externado de Colombia, asesora en prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados ilegales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

[1] Este texto se basa en nuestro artículo académico ‘Los Medios de Comunicación y su Participación en la Construcción y Narración del Fenómeno Criminal en Colombia Vniversitas No 125. Para consultar todas las fuentes y cuadros analíticos de la jurisprudencia rcomendamos revisar directamente este artículo.

 

 

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Comentarios  

Julian Lopez
+2 # Julian Lopez 12-08-2013 10:07
Seria muy bueno invitar a los medios de comunicacion a que se autoregulen
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Juan
+1 # Juan 13-08-2013 00:26
Lo cierto es que en un país decente, una persona implicada en un accidente como este no seria excarcelada en décadas. Ahora bien, creo que es completamente razonable lo que se afirma sobre los medios de comunicación y la independencia de la justicia; pero hay que recordar que si bien existe la chiva informativa y el elemento manipulador de los medios, hay que recordar que muchas veces, sin las denuncias de los medios de comunicación existiría mucha mas impunidad de la que hoy reina en Colombia.
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William Vargas
0 # ConsejoWilliam Vargas 27-04-2015 19:51
No has entendido el texto, te recomiendo lo leas con calma y analices la situación en contexto, tienes una concepción errada de impunidad, si observas los países "decentes" como tu les llamas, en ninguno de ellos se encarcela a las personas por accidentes de tránsito.
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LuisE
+1 # LuisE 13-08-2013 00:32
Interesante artículo, aunque lo noto sesgado en cierto punto pues no menciona el principal problema que ha llevado al Derecho Penal a ser esclavizado: La corrupción.

En un estado eficiente y transparente el derecho penal tendría su dosis suficiente, y la sociedad confiaría en la justicia, incluso si al señor Salamanca lo hubieran dejado libre. Pero estamos en uno de los países más corruptos del mundo, y eso no lo menciona el artículo como causa de la 'enardecida turba' que busca sed de justicia por sus propias manos.
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cmatiz
+1 # cmatiz 13-08-2013 16:51
El análisis desatiende algunos aspectos importantes de los hechos: el conductor tenía grado 3 de embriaguez y conducía a más de 120 kms por hora, de ahí el resultado final de su conducta irresponsable (dos muertes y un lisiado por causa de la magnitud del choque). La juez sustentó su decisión en que el personaje no reviste peligro para la sociedad, muy a pesar de que su desprecio por la vida ajena es una realidad de a puño. Los medios suelen ser apasionados y en ocasiones abusan de su gran poder, pero en un caso de estos canalizan el pensamiento de muchos que creen que la decisión es abiertamente injusta.
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Juan Camilo Guerrero
+1 # Juan Camilo Guerrero 13-08-2013 17:33
Interesante artículo. Un ejemplo de cuando se actúa en derecho y la percepción del público es que estamos en presencia de injusticia.

Lo positivo de este trágico evento es que sirvió para sensibilizar a muchos sobre los efectos del alcohol y manejar. Esperemos no se repita.
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
De una parte, es cierto que el desempeño de los medios alrededor de casos penales emblemáticos es bastante deficiente, y que a veces el afán justiciero es solo una faceta del amarillismo, no del interés por el bienestar público. La relación con los lectores (televidentes, radioescuchas) basado en lo escandaloso, con frecuencia distorsiona el debate y puede llevar a presiones indebidas sobre el sistema judicial. Aún así, esa tendencia podría moderarse con un mayor profesionalismo y un mejor entrenamiento de parte y parte (periodistas y operadores judiciales). Dicho esto, es necesario reconocer el derecho que tienen opinadores profesionales y público en general de expresar opiniones y proponer alternativas ante una situación que consideran injusta o un sistema penal que perciben laxo...(continú a)
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
...(continuació n) Eso también es fundamental en el sistema democrático, aunque dichas posturas puedan considerarse mal fundamentadas o poco conducentes. Las tendencias de los delitos no admiten fácilmente una "regla general" (por ejemplo, Juan Carlos Ruiz sugiere en este mismo portal que las estadísticas sobre crimen están lejos de ser sólidas) y no es aceptable en un debate desestimar puntos de vista simplemente etiquetándolos, por ejemplo, como "populismo punitivo". Lo que hay en juego en los linchamientos mediáticos (ayer Salamanca o similares, hoy Pretelt) va mucho más allá del aspecto mercantilizado de la información o de las reacciones emocionales de quienes la consumen. Un buen aporte sería reaccionar de manera menos defensiva y disponerse a entender mejor la real amplitud del malestar social que así se manifiesta.
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William Vargas
0 # FelicitacionesWilliam Vargas 27-04-2015 19:59
Excelente artículo, acertado y objetivo.
Es importante que las personas comprendan este tipo de fenómenos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas, para de esta forma precisar que esta fallando y cuales son las medidas apropiadas para resolverlo las cuales deben siempre estar ajustadas a la justicia y la ley.
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