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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

mjtorres lbernal naracción medios fabio-andres

Laura Bernal Bermudez RazonPublicaMaria Jose Torres RazonPublicaEn los delitos debidos a los conductores ebrios, los grandes medios de comunicación presionan a la justicia de manera indebida -y paradójica-. Un debate de actualidad por la frecuencia de este tipo de delitos y por las reacciones que despiertan[1].

Laura Bernal Bermúdez* - María José Torres Hernández**

El caso

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad.

El pasado 12 de julio Fabio Andrés Salamanca manejaba en estado de embriaguez y ocasionó un accidente de tránsito que produjo la muerte de Diana Bastidas y Ana Torres, así como lesiones graves a Holman Cangrejo, conductor del taxi en el que se transportaban.

Este accidente produjo diversas reacciones de los medios de comunicación,  de la opinión pública y de las instituciones del Estado.

El seguimiento periodístico del caso es un ejemplo de la compleja interacción entre los medios de comunicación y el proceso penal:

· De un lado el caso ilustra la incidencia de los medios sobre la comprensión del fenómeno criminal por parte del juez y de la sociedad en general.

· Del otro lado el caso pone de presente las paradojas de la política criminal del  Estado colombiano.  

Los medios y los juicios paralelos

 


mjtorres lbernal naracción medios accidente Salamanca

Fabio Andrés Salamanca, fue dejado en libertad por la juez de control de garantías.
Foto: diariodelhuila.com 

 

La información periodística sobre este tipo de delitos ocasiona una serie de problemas, dos de los cuales son más preocupantes:

· La proliferación de juicios paralelos sin garantías legales y sobre la base de una concepción de lo justo que no necesariamente coincide con lo legal.

· La canalización de sentimientos de venganza y de reproches morales hacia el “mal” desempeño del sistema penal.

El cubrimiento periodístico del caso Salamanca permite apreciar la forma cómo los medios narran un proceso penal en desarrollo. Este proceso apenas empieza y las últimas noticias informaron que no se dictó medida de aseguramiento contra Salamanca, pues la juez de control de garantías consideró que no se cumplían los requisitos de ley para decretarla. 

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad, de ser ineficiente y de proteger al responsable de dos muertes y una grave lesión personal.

Por otro lado, abogados penalistas como Yesid Reyes Alvarado señalan que la decisión se ajusta a la ley y que en esta etapa del proceso no es posible hablar de impunidad.

Los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez.

En este caso, los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez. Partiendo de una presunción de culpabilidad, una periodista llegó a calificar a Salamanca como “un peligro para la sociedad” (Paloma Valencia, Blu Radio, 30 de julio de 2013). Así se crean expectativas en la ‘opinión pública’ sobre el sentido del fallo y sobre la pena que deberá imponerse.

Desencuentro entre lo legal y lo justo

Lo anterior muestra cómo la concepción de lo justo no siempre corresponde al sentido de la ley. Se aboga por la privación de la libertad como regla general, mientras que el derecho penal concibe esta medida como un último recurso. 

La juez que negó la medida de aseguramiento se refirió claramente a este problema al afirmar en El Colombiano: “Lo que no puedo hacer como juez de Control de Garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una  comunidad enardecida”. 

Noticia de moda

Aunque por regla general los delitos se producen de manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo, los medios tienen una cierta tendencia a “ponerlos de moda”. 

 


mjtorres lbernal naracción medios policía transito

Foto: ©Archivo AFP 
 

Es así como además del caso Salamanca, durante las últimas semanas los medios colombianos han destacado las noticias sobre casos similares (como el de Jonathan Cabrera) y han presentado estadísticas impactantes.  Según  El Tiempo en Colombia cada día muere una persona en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez. Y, por efecto de esta ola mediática, un proyecto de ley que había sido archivado en dos ocasiones, ahora parece tener la oportunidad de ser aprobado.

Por otra parte es frecuente que los medios relaten el ‘crimen’ de tal forma que en vez de  una sociedad bien informada, ayudan al contagio de la ira basada en el instinto de venganza. En el caso Salamanca la juez acabó por ser víctima de amenazas.

La respuesta del Estado

Por regla general, el Estado tiende a proteger la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación en los procesos penales y sólo por vía de excepción permite algunas limitaciones. En efecto: 

· La actitud del legislador se basa en el principio de publicidad. La ley reconoce el papel de los medios de comunicación en los procesos penales, pero señala que en algunas circunstancias puede ser limitado – como cuando esté en juego el derecho a un juicio imparcial y justo-.

· La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión debe ser objeto de protección reforzada, por ser uno de los pilares del Estado democrático, participativo y pluralista. Por ello, si bien admite límites a la libertad de prensa -basados en principios como la veracidad, la imparcialidad y la dignidad humana- ha dado prioridad a la libertad de expresión al sostener que este derecho prevalece  sobre cualquier otro (salvo los derechos de los niños).

Pero la Corte también ha observado que el poder de los medios de comunicación es indiscutible y que de éste puede derivarse tal estado de indefensión para un individuo, que la única herramienta de protección a su alcance es la acción de tutela. 

Lo que está en juego

Con razón la Corte ha señalado que la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación hace parte de los pilares de una democracia. Sin embargo, nadie puede negar que para un sistema democrático también son importantes

· la imparcialidad del juez,

· la seguridad jurídica,

· la presunción de inocencia y

· el debido proceso.

Desde esa perspectiva, las instituciones deben preguntarse si están protegiendo estos cuatro principios al permitir que los medios informen sobre procesos penales en curso, en ocasiones llevando a cabo juicios paralelos  sin mayores garantías.   

Si bien los medios protegen nuestros derechos al controlar las actuaciones del poder público, debemos reconocer que su participación en los procesos penales presenta un grave riesgo para los derechos de los imputados. 

Hay una paradoja en las instituciones colombianas: por proteger la democracia, la pluralidad y la participación, dan prioridad a la libertad de prensa, pero al hacerlo acaban por desconocer principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que también hacen parte vital del sistema democrático. 

Así, las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y por el legislador para proteger la democracia, podrían afectarla sustancialmente. 

¿La información prima sobre las garantías?

No se trata sólo de un debate académico, sino de la definición misma de nuestra democracia. Por nuestra parte, quisimos resaltar algunos elementos básicos y paradojas en este debate:

· La incidencia de los medios sobre la gran distancia entre la ley y aquello que “la opinión” entiende como justo

· La tendencia de las instituciones colombianas a proteger la labor periodística, incluso por encima de las garantías de cualquier persona involucrada en un proceso penal.

Y hay otra paradoja interesante. Mientras la ley y las instituciones tienen a proteger a los medios de comunicación, los medios no cesan en su ataque a la legitimidad del sistema penal, amenazando los derechos del imputado o aún comprometiendo las posibilidades de una investigación y juzgamiento ponderados por parte de la justicia.

 

* Abogada de la Universidad Javeriana,  Master of Science in Human Rights, London School of Economics, admitida a Doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford (2013-2016), miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional y Derecho Global “Francisco Suárez, S.J.” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

*** Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el desarrollo del Externado de Colombia, asesora en prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados ilegales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

[1] Este texto se basa en nuestro artículo académico ‘Los Medios de Comunicación y su Participación en la Construcción y Narración del Fenómeno Criminal en Colombia Vniversitas No 125. Para consultar todas las fuentes y cuadros analíticos de la jurisprudencia rcomendamos revisar directamente este artículo.

 

 

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Comentarios  

Julian Lopez
+2 # Julian Lopez 12-08-2013 10:07
Seria muy bueno invitar a los medios de comunicacion a que se autoregulen
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Juan
+1 # Juan 13-08-2013 00:26
Lo cierto es que en un país decente, una persona implicada en un accidente como este no seria excarcelada en décadas. Ahora bien, creo que es completamente razonable lo que se afirma sobre los medios de comunicación y la independencia de la justicia; pero hay que recordar que si bien existe la chiva informativa y el elemento manipulador de los medios, hay que recordar que muchas veces, sin las denuncias de los medios de comunicación existiría mucha mas impunidad de la que hoy reina en Colombia.
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William Vargas
0 # ConsejoWilliam Vargas 27-04-2015 19:51
No has entendido el texto, te recomiendo lo leas con calma y analices la situación en contexto, tienes una concepción errada de impunidad, si observas los países "decentes" como tu les llamas, en ninguno de ellos se encarcela a las personas por accidentes de tránsito.
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LuisE
+1 # LuisE 13-08-2013 00:32
Interesante artículo, aunque lo noto sesgado en cierto punto pues no menciona el principal problema que ha llevado al Derecho Penal a ser esclavizado: La corrupción.

En un estado eficiente y transparente el derecho penal tendría su dosis suficiente, y la sociedad confiaría en la justicia, incluso si al señor Salamanca lo hubieran dejado libre. Pero estamos en uno de los países más corruptos del mundo, y eso no lo menciona el artículo como causa de la 'enardecida turba' que busca sed de justicia por sus propias manos.
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cmatiz
+1 # cmatiz 13-08-2013 16:51
El análisis desatiende algunos aspectos importantes de los hechos: el conductor tenía grado 3 de embriaguez y conducía a más de 120 kms por hora, de ahí el resultado final de su conducta irresponsable (dos muertes y un lisiado por causa de la magnitud del choque). La juez sustentó su decisión en que el personaje no reviste peligro para la sociedad, muy a pesar de que su desprecio por la vida ajena es una realidad de a puño. Los medios suelen ser apasionados y en ocasiones abusan de su gran poder, pero en un caso de estos canalizan el pensamiento de muchos que creen que la decisión es abiertamente injusta.
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Juan Camilo Guerrero
+1 # Juan Camilo Guerrero 13-08-2013 17:33
Interesante artículo. Un ejemplo de cuando se actúa en derecho y la percepción del público es que estamos en presencia de injusticia.

Lo positivo de este trágico evento es que sirvió para sensibilizar a muchos sobre los efectos del alcohol y manejar. Esperemos no se repita.
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
De una parte, es cierto que el desempeño de los medios alrededor de casos penales emblemáticos es bastante deficiente, y que a veces el afán justiciero es solo una faceta del amarillismo, no del interés por el bienestar público. La relación con los lectores (televidentes, radioescuchas) basado en lo escandaloso, con frecuencia distorsiona el debate y puede llevar a presiones indebidas sobre el sistema judicial. Aún así, esa tendencia podría moderarse con un mayor profesionalismo y un mejor entrenamiento de parte y parte (periodistas y operadores judiciales). Dicho esto, es necesario reconocer el derecho que tienen opinadores profesionales y público en general de expresar opiniones y proponer alternativas ante una situación que consideran injusta o un sistema penal que perciben laxo...(continú a)
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
...(continuació n) Eso también es fundamental en el sistema democrático, aunque dichas posturas puedan considerarse mal fundamentadas o poco conducentes. Las tendencias de los delitos no admiten fácilmente una "regla general" (por ejemplo, Juan Carlos Ruiz sugiere en este mismo portal que las estadísticas sobre crimen están lejos de ser sólidas) y no es aceptable en un debate desestimar puntos de vista simplemente etiquetándolos, por ejemplo, como "populismo punitivo". Lo que hay en juego en los linchamientos mediáticos (ayer Salamanca o similares, hoy Pretelt) va mucho más allá del aspecto mercantilizado de la información o de las reacciones emocionales de quienes la consumen. Un buen aporte sería reaccionar de manera menos defensiva y disponerse a entender mejor la real amplitud del malestar social que así se manifiesta.
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William Vargas
0 # FelicitacionesWilliam Vargas 27-04-2015 19:59
Excelente artículo, acertado y objetivo.
Es importante que las personas comprendan este tipo de fenómenos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas, para de esta forma precisar que esta fallando y cuales son las medidas apropiadas para resolverlo las cuales deben siempre estar ajustadas a la justicia y la ley.
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