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Néstor Humberto Martínez: el fiscal del poder

Jorge Iván CuervoEl nuevo fiscal empieza su labor rodeado de sospechas y controversias por la manera como fue elegido y por su trayectoria como abogado de clientes poderosos. ¿Podrá convencer a la ciudadanía de que es el fiscal imparcial y serio que el país necesita?

Jorge Iván Cuervo R.*

 

El nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Estaba cantado

La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación era un hecho cantado, no solo por sus antecedentes profesionales y políticos sino por la conformación de la terna que presentó el gobierno.

En efecto, el presidente integró la terna con personas de su entorno: su ministro de Justicia (Yesid Reyes), la asesora del gobierno en temas de justicia transicional en La Habana (Mónica Cifuentes) y su exministro de la Presidencia y artífice de la fallida reforma a la justicia incluida en el proyecto de equilibrio de poderes (Martínez). Es decir, Santos no quería sorpresas. Pero Yesid Reyes no tenía el perfil (ni el hígado) para hacer el cabildeo necesario ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a Mónica Cifuentes no le bastó con mostrar su trayectoria técnica. Era evidente que Martínez tenía amplia ventaja. No solo su nombre ya se ventilaba desde hace un año como posible candidato a fiscal, sino que contaba con el apoyo de la coalición política que lidera el todopoderoso vicepresidente Vargas Lleras, quien quiere un fiscal cercano y afín a sus aspiraciones presidenciales.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político.

El nombramiento de Martínez fue una operación de cálculo político que trasciende las necesidades de la justicia y de la Fiscalía. El nuevo fiscal es un abogado exitoso que ha sido un funcionario público eficaz, pero esencialmente es un cabildante del poder. El cabildeo (o lobby) es una actividad legítima, pero en Colombia debería estar regulada para tener claros hasta dónde van sus límites, como sucede en Estados Unidos.

El problema radica en que Martínez no se ha limitado a ser un cabildante, pues en varias ocasiones ha cruzado la puerta para ejercer cargos públicos, en ejercicio de los cuales ha podido acceder a información privilegiada y a contactos sociales que después le facilitaron su labor como abogado particular. Martínez va y viene de gobierno en gobierno, sin lealtades políticas, dejando complicidades aquí, conflictos de intereses allá y debilitando la frontera entre lo público y lo privado.

Consumado el hecho, tenemos que empezar a crear un discurso que justifique esta como una buena elección. Para ello podríamos decir que Martínez es un funcionario competente, que seguramente logrará la reingeniería que la Fiscalía necesita para el posconflicto. Pero no. Esta fue una mala elección, cuya responsabilidad recae sobre el presidente Santos y los magistrados de la Corte Suprema que también juegan al cálculo político.

La elección estaba cantada y nos hubieran podido evitar el desgaste de la inscripción abierta de candidatos, las tres rondas de votación, toda una parafernalia innecesaria: pura pompa para hacer legítimo un acto de dudosa seriedad.

Los primeros anuncios

El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
El Vicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.
Foto: Vicepresidencia

Martínez hizo varios anuncios importantes después de ser elegido.

-Dijo que haría públicos todos sus impedimentos y conflictos de interés, y que dejaría a la Corte Suprema de Justicia la elección de un fiscal ad hoc que no fuera subalterno suyo, porque eso no es garantía de imparcialidad (como se pudo ver en el caso de Saludcoop, cuando el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo decidió no molestar a los antiguos clientes de su jefe). Sería muy bueno que el nuevo fiscal presentara un documento donde deje claros todos los posibles conflictos de interés que tiene y que este quede en custodia de una organización como Transparencia por Colombia. También sería deseable que entregara su declaración de renta, a lo cual se negó después de que esta misma organización se lo solicitara.

-También ha dicho que creará varias vicefiscalías especializadas que orienten de manera estratégica la acción de esta entidad, que todavía le debe a la ciudadanía resultados más satisfactorios en la lucha contra el crimen.

-Después de sus desafortunadas declaraciones sobre la descriminalización de la violencia intrafamiliar, por ser un delito sin importancia “que atosiga” a la justicia, Martínez recogió sus palabras y entendió que este tipo de medidas deben debatirse en el contexto de la política criminal. Por eso sería muy importante que el nuevo fiscal se comprometiera a que todos los temas relacionados con nuevos delitos o despenalización de otros se discutan en el Consejo Superior de Política Criminal, y no se volviera un aventurero entusiasta que reacciona a coyunturas frente a los micrófonos.

Los parámetros

Lo más negativo de la era Montealegre fue haber metido a la Fiscalía en el debate político. Martínez también es proclive al debate, pero ahora que todos los reflectores estarán sobre él ojalá se abstenga de hacer política y se concentre en cumplir sus funciones, que no son otras que investigar e imputar los delitos correspondientes ante los jueces.

Es importante que Martínez tome nota de las altas tasas de impunidad y diseñe un plan de choque, especialmente en lo que respecta a aquellos delitos que afectan de manera permanente al ciudadano.

También es importante que su nuevo director entienda que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial y no del poder Ejecutivo, lo que significa que no le debe lealtad al presidente que lo nombró ni al vicepresidente que lo respaldó políticamente.  

Martínez debe entender que no puede erigirse como conciencia jurídica de la Nación, como pretendió hacerlo Eduardo Montealegre en su megalomanía, y que no tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz, sino simplemente cumplir su función de mejorar la investigación criminal en Colombia. Incluso en lo simbólico, Martínez debería evitar salir mucho en fotos con el gobierno.

Sin embargo, las tentaciones de las mieles del poder de cara a una eventual carrera presidencial están a la orden del día. ¿Podrá controlarse?

Los desafíos

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
Foto:  Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Son muchos los desafíos que le esperan a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Aquí señalo cinco que son impostergables:

  1. Preparar toda la información necesaria para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pactado entre el gobierno y las FARC. La Jurisdicción Especial Para la Paz no puede empezar de cero y es obvio que no podrá ocuparse de todos los delitos cometidos en el período establecido por el acuerdo. Para que esta tenga éxito se necesita establecer prioridades e identificar casos emblemáticos. Por eso la labor de organización y de apoyo de la Fiscalía es fundamental.
  2. Se necesitan resultados concretos en casos sonados de corrupción, como el “carrusel de la contratación”, Interbolsa, la Federación Colombiana de Fútbol, y otros casos de alcance regional que no se han movido por las presiones de los políticos locales. A propósito, va a ser interesante conocer cómo enfrentará Martínez las denuncias  de corrupción o de crimen de políticos de Cambio Radical, el partido de su jefe político y de cuyo comité de ética hizo parte en algún momento.
  3. La Fiscalía tiene que trabajar de la mano con los alcaldes y la Policía Nacional. Es una queja recurrente en las ciudades que las políticas de seguridad ciudadana diseñadas por las Secretarías de Gobierno no tienen el apoyo de los fiscales y que la Policía captura –muchas veces en flagrancia– al posible delincuente y la Fiscalía no perfila bien los cargos por falta de una investigación adecuada, lo cual hace que los jueces de control de garantías se vean en la necesidad de dejarlos libres. Y el costo político de la mala gestión de la Fiscalía acaba siendo asumido por los alcaldes.
  4. La Fiscalía debe diseñar un plan para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia que surjan o se intensifiquen tras la desmovilización de las FARC: la minería ilegal, el narcotráfico y los nuevos grupos armados ilegales que surjan del reciclaje y la trasferencia de armas. Es fundamental que el clima de seguridad no se deteriore durante el post-acuerdo y en esta tarea la Fiscalía cumplirá un papel fundamental.
  5. Ya que habló de violencia intrafamiliar, el nuevo fiscal debe tomar el toro por los cuernos y liderar el debate sobre cuál debe ser el tratamiento para este flagelo. Las cifras de violencia en los hogares colombianos son alarmantes y ameritan un tratamiento que debe ir más allá de la prisión para el agresor. Este debate debe darse en el Consejo Superior de Política Criminal, pero también con las organizaciones de mujeres y de víctimas de la violencia. Es importante que el nuevo fiscal no eluda esta controversia y muestre sus cartas en la discusión.

No tiene que estar ni a favor ni en contra de la paz.

Eduardo Montealegre dejó la Fiscalía en una grave crisis de credibilidad. En lugar de fortalecer las Fiscalías regionales y el Cuerpo Técnico de Investigación, optó por aumentar la planta de contratistas sin otra razón aparente que pagar favores a amigos cercanos. Martínez tiene que desmontar este aparato administrativo ineficiente, acabar de consolidar la carrera administrativa en la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación y dejar una Fiscalía moderna y confiable, usando toda su inteligencia y experiencia para el servicio del Estado y no para la defensa de sus futuros clientes o de aspiraciones políticas propias o de sus jefes políticos.

Con Montealegre todos nos equivocamos. La elección de Martínez también es un error desde el principio, pero con una buena gestión y resultados concretos puede lograr convencernos de lo contrario.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

¿Qué tan graves son las disidencias en las FARC?

Carlo NasiNo cabe duda de que algunas unidades o “frentes” de la guerrilla van a negarse a deponer las armas. ¿Pero qué tantos serán los disidentes y qué tan justificados son los temores que han expresado los críticos del proceso de La Habana?

Carlo Nasi*

 

Delegaciones de paz del Gobierno Nacional y de las Farc.

Las FARC: una guerrilla cohesionada

El anuncio reciente del Frente Primero de las FARC en el sentido de que no abandonarán las armas ha despertado una ola de especulaciones, estimuladas además por un comunicado del Procurador Ordoñez donde afirma que tampoco se va a desmovilizar el Frente Séptimo, “con unos 300 integrantes, entre guerrilleros y milicianos”.

Algunas de las especulaciones en cuestión son malintencionadas y buscan alimentar el miedo y la desconfianza en el proceso de paz, otras son la expresión de preocupaciones más genuinas, aunque no siempre justificadas. ¿Qué se puede decir entonces acerca de la  disidencia confirmada de las FARC?

Para empezar, se trata de un evento atípico. En casi cuatro años del proceso de paz ningún frente se atrevió a discutir públicamente el acto de negociar, la legitimidad de los voceros de las FARC en La Habana, o el contenido de los acuerdos. Esto demuestra el acatamiento del mando guerrillero por parte de sus tropas.

A la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna.

El hecho de que durante estos años no se produjeran actos de desobediencia o sabotaje a las negociaciones da cuenta de la sólida organización de las FARC. Si el descontento con la negociación hubiese calado hondo, incluso en unos pocos frentes guerrilleros, el cese unilateral al fuego indefinido que declaró esta guerrilla en diciembre de 2014 no hubiese aguantado una semana.

Disidencias inevitables

Guerrilleros de las Farc.
Guerrilleros de las Farc.
Foto: Facebook Delegación de Paz Farc

Pero la cohesión demostrada por las FARC no debe confundirse con la ausencia de debates internos frente al proceso de paz. Seguramente los hubo desde el comienzo. La demora en las negociaciones, que tanto exasperó a los colombianos, no solamente se explica por los desacuerdos y bloqueos típicos de toda negociación de paz: dentro de la propia guerrilla probablemente se dio un proceso gradual y complejo de construcción de consenso a favor de la paz negociada.

También los viajes a La Habana de varios mandos altos y medios de la guerrilla (distintos del equipo negociador) que registró la prensa quizás tuvieron el propósito de persuadir a algunos comandantes claves de dejar atrás la resistencia y subirse al tren de la salida pacífica al conflicto.

En síntesis, a la par de las negociaciones de La Habana, las FARC tuvieron su propia negociación interna, en la que se trataba de persuadir a los guerrilleros radicales e indecisos sobre la inconveniencia de proseguir la lucha armada (luego de que los propios jefes de la guerrilla la habían justificado por más de cincuenta años) y sobre la importancia de aprovechar esta oportunidad histórica de firmar un acuerdo de paz definitivo.

El éxito de toda negociación de paz depende en buena medida del resultado de esas negociaciones internas. Si no hubieran introducido realismo en las expectativas de los guerrilleros y un entendimiento nuevo sobre la situación del país, los jefes de las FARC habrían sido criticados, acusados de traicionar los ideales de la guerrilla y a sus propios “mártires”, y habrían podido acabar aislados y sin respaldo, incapaces de firmar un acuerdo de paz.  

No obstante, la recta final de los procesos de paz, cuando la firma del acuerdo definitivo y el desarme están a la vista, es un momento crítico que se presta para las disidencias. En este  momento los integrantes de las guerrillas pueden hacer un balance general de los logros de las negociaciones frente a las aspiraciones iniciales, a la vez que cristalizan los temores de todo lo que implica hacer un tránsito a la vida civil.

Por supuesto, ninguna paz pactada deja a todo el mundo contento, porque toda negociación implica ceder. Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. Para esta guerrilla también debió quedar muy claro que lo que se ha negociado en La Habana incluye reformas importantes, pero dista mucho de ser una “revolución por contrato”. De ahí que sean esperables las inconformidades y disidencias.   

Las consecuencias

¿Qué se desprende de la reciente disidencia del Frente Primero y qué implicaciones tiene?

En primer lugar, no fue todo el Frente Primero el que se declaró en disidencia, sino apenas un sector del mismo. Con una celeridad inusitada, los jefes de las FARC controlaron el daño al expulsar a los disidentes y nombrar a una persona de su confianza como nuevo jefe del Frente Primero.

Los dirigentes de las FARC también notificaron a los expulsados que no podrían seguir utilizando el nombre y los recursos de la organización para seguir en la guerra, lo cual constituye una maniobra hábil: aislaron y deslegitimaron a los renegados, a la vez que retuvieron como parte de las FARC a un sector importante del Frente Primero. Quién sabe si esta estrategia se pueda replicar exitosamente con otras disidencias- comenzando por la rebeldía aparente del Frente Séptimo.

En segundo lugar, lo del Frente Primero no parece ser tan grave: es dudoso que sea el principio de una “cascada de disidencias”. Hasta el momento, el principal (y casi único) líder de las FARC que de manera pública se ha declarado en disidencia es Iván Mordiscos, totalmente desconocido por la opinión pública y una figura secundaria dentro de las FARC.

Eso da cuenta de dónde están los inconformes. De hecho, en vez de obtener respaldo, Iván Mordiscos ha sido repudiado por otros comandantes guerrilleros de mayor importancia y trayectoria, de modo que es de esperar que las disidencias no adquirirán dimensiones importantes.

No todo por la plata

Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Timoleón Jiménez junto a Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Con el episodio del Frente Primero empezaron a circular especulaciones sobre otros frentes que seguirían en la ilegalidad y sobre el porcentaje de guerrilleros que no se acogería a la paz. Además del comunicado del Procurador sobre el Frente Séptimo, en los medios se aventuraron hipótesis de que los frentes 16, 44 y 57 tampoco se desmovilizarían por estar profundamente involucrados en el narcotráfico y las economías ilegales.

Aceptar una negociación de paz implica para las FARC renunciar a la idea de una revolución. 

Estas especulaciones no me parecen fundadas porque no solamente esos frentes, sino las FARC en su conjunto han dependido de las rentas ilegales. Puede que un sector de las FARC, con guerrilleros de todos los frentes, decida mantenerse en guerra por cuenta de los negocios ilegales, pero es incorrecto deducir mecánicamente las futuras disidencias a partir de la ubicación geográfica de los frentes y de la “economía política” de las regiones donde operan.

Nada impide que cualquier guerrillero de cualquier frente decida seguir en las mismas para aprovechar las rentas ilegales no solo del narcotráfico, sino de la minería ilegal, la extorsión o similares.

Por otra parte el proceso de paz será la forma de comprobar algunas hipótesis sobre la relación entre las FARC y el narcotráfico. En algunos sectores de la opinión pública ha circulado desde hace tiempo la versión de que las FARC simplemente se ha convertido en “el más grande y lucrativo cartel del narcotráfico del país” y que, dadas las jugosas rentas que recibe, nunca va a renunciar al negocio. La guerrilla siempre ha negado esa versión, reivindicando su ideología revolucionaria. ¿Cuál de las dos versiones corresponde a la realidad? ¡Por fin lo sabremos!

La firma de la paz implica para las FARC disociarse completamente del narcotráfico. La guerrilla no solamente deberá cortar todo vínculo con la producción y tráfico de drogas, sino ayudar al gobierno a identificar cultivos y pistas ilegales en lo que han sido sus zonas de influencia. Y una vez desarmada, la guerrilla no podrá vender ningún servicio de protección a los narcos y a los cultivadores de coca, ni lucrarse del negocio, so pena de acabar en la cárcel.   

Celebro que el proceso de paz nos permita por fin salir de dudas. Si las FARC firman la paz y cumplen con lo pactado en materia de tráfico de drogas, probarán con hechos que los dineros del narcotráfico eran tan solo un medio para su proyecto revolucionario y no un fin en sí mismo. Callarán a los escépticos y a todos quienes han considerado el discurso del grupo rebelde como una farsa para encubrir sus verdaderos intereses.

Si, por lo contrario, siguen en la guerra o si las disidencias adquieren proporciones mayores, las FARC darán la razón al procurador y a sectores guerreristas del Centro Democrático, que han atacado la negociación con el argumento de que nunca se llegaría a nada con una guerrilla narcotraficante, interesada solamente en el enriquecimiento ilícito.

La hora de la verdad

Que no quepa la menor duda: en cualquier caso habrá disidencias en las FARC. Sospecho que serán pequeñas, pero seguro las habrá. Y no todas por la codicia y el narcotráfico.

Habrá disidencias ideológicas de personas aferradas a la utopía comunista, e incapaces de entender (o aceptar) que demasiados supuestos “redentores revolucionarios” han llevado a sus propios países al infierno. El radicalismo ideológico sigue siendo uno de los mayores males contemporáneos, y uno que jalona a mucha gente poco (o semi) educada, como se observa tanto en el populismo autoritario de Venezuela o en el ISIS de hoy, como en los anarquistas, comunistas y fascistas de ayer.

En todo caso, a casi todas las disidencias guerrilleras que han aparecido durante los procesos de paz las han derrotado en pocos años. Las que han sobrevivido lo han hecho como grupúsculos de poca monta, criminalizados, sin un proyecto político creíble ni base social (el Real IRA en Irlanda, por ejemplo).

Ojalá que los potenciales disidentes de las FARC tomen nota de la experiencia histórica y desistan de la tentación de seguir en la guerra, por el bien de ellos mismos y del país.   

 

 * Profesor asociado del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.

 

¿Las empresas privadas serán juzgadas en el posconflicto?

Juan David VelascoLos delitos de financiación o apoyo a grupos armados serán investigados por la justicia transicional durante el posconflicto. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso y qué implicaciones puede tener para la empresa y el empresariado colombianos?

Juan David Velasco*

Sede de Chiquita Brands International en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Caso especial en el mundo

Una decisión reciente del Tribunal Superior de Bogotá señaló a la empresa Postobón como presunta financiadora de grupos paramilitares y propuso que esta compañía sea juzgada como persona jurídica y utilice sus bienes para reparar a las víctimas. Esta decisión abrió el debate sobre los alcances y los límites de la justicia transicional en relación con las empresas que presuntamente participaron de manera directa en el conflicto armado.

El numeral 32 del punto 5 del preacuerdo sobre justicia transicional entre el gobierno y las FARC señala que “serán de competencia de la jurisdicción especial para la paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”. Así que firmarse el acuerdo final, esta sería la primera vez en la historia de Colombia que quienes auspiciaron grupos armados irregulares asuman algún tipo de responsabilidad ante un tribunal especial de justicia, en el marco de una justicia transicional.

Vale la pena recordar que la Ley 975 de 2005 y sus reformas en la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 3011 de 2013 no otorgan facultad a las Salas de Justicia y Paz para juzgar a  personas diferentes de  los desmovilizados de los paramilitares y las guerrillas. Esto quiere decir que estas Salas no tienen la facultad de procesar a los civiles que auspiciaron el conflicto armado, y solo pueden compulsar copias a la Fiscalía para que investigue y, si es el caso, impute cargos ante la justicia ordinaria.

Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales.

Muy bien podría ser considerable el número de empresarios o empresas que habrían incurrido en los delitos de financiamiento o auspicio de los grupos armados ilegales en Colombia. A modo de ilustración y porque puede resultar de interés para los lectores, al final de este artículo se anexa una relación discriminada de las empresas o empresarios que han sido mencionados en los procesos de Justicia y Paz.  

Bajo estas circunstancias, de materializarse la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Colombia podría llegar a ser un caso emblemático en el juzgamiento de dirigentes empresariales en el marco de la justicia transicional. A escala internacional, hasta el momento solo se han proferido condenas por parte de:  

  • Los Tribunales de Núremberg, contra trece directivos de la empresa farmacéutica IG Forben por complicidad en los crímenes cometidos por el Ejército nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial;  
  • En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde Alfred Musema (director de una fábrica de té), Felicen Kabuga (presidente de una cadena radial y televisiva), Hassan Ngeze (propietario mayoritario de un periódico) y Ferdinand Nahimana (director editorial de un periódico) fueron condenados por los delitos de incitación pública y conspiración para cometer el genocidio de la etnia Tutsi.

Preguntas pendientes

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda condenó a varios empresarios por su papel en el genocidio de la etnia tutsi.
Foto: Wikimedia Commons

Aunque se ha conocido un poco sobre la arquitectura de la nueva JEP, hay todavía un número considerable de temas complejos que no se han resuelto y que vale la pena destacar en el debate público de cara a la refrendación del acuerdo de paz. Estos son algunos de los dilemas:

  1. ¿Cómo juzgar a los empresarios que tienen la doble condición de víctimas y victimarios? Iván Orozco Abad ha acuñado el concepto de “víctimas políticamente complejas” para ubicar a los civiles que tienen responsabilidad en los hechos que condujeron a su propia victimización. Un caso ilustrativo lo encontramos en algunos empresarios que financiaron a los grupos paramilitares.

Dentro de los procesos de Justicia y Paz se han conocido situaciones de ciertos ganaderos afectados por el secuestro guerrillero que optaron por financiar grupos de autodefensa y acordaron entregar una cuota anual de 8.000 pesos por cada hectárea vigilada o pusieron a su disposición fincas para que pernoctaran los patrulleros.

Sin embargo, cuando se expandió la organización paramilitar, los cabecillas aumentaron la tarifa (a 12.000 pesos por cada hectárea custodiada) y empezaron a exigir otras contribuciones. Entonces, muchos de sus antiguos colaboradores se opusieron y por ello fueron asesinados o desplazados. En estos casos, ¿los ganaderos se deberían considerar víctimas con derecho a la reparación o victimarios que merecen una condena?

  1. ¿Cómo saber si los aportes financieros fueron resultado de una coacción? La línea que demarca la voluntariedad u obligatoriedad en la entrega de dineros a grupos armados ilegales es muy difusa pues rara vez se tiene acceso a documentos firmados o a correos electrónicos que muestren si las transacciones fueron voluntarias o fueron el producto de una coacción.

La situación se torna más compleja cuando la interacción entre el extorsionador y el extorsionado se vuelve rutinaria, de modo que con el paso del tiempo la preservación de la vida no es la principal motivación del empresario para pagar la extorsión sino la protección de su patrimonio y su entorno de operación.

Grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada.

Por ejemplo, en Justicia y Paz se ha mostrado que muchas de las empresas que pagaron periódicamente las extorsiones exigidas por los paramilitares recibieron seguridad física en sus fincas o negocios comerciales como “contraprestación”, lo cual condujo a que grupos paramilitares asesinaran a muchas personas señaladas de atentar contra la propiedad privada (ladrones y drogadictos).

En ese sentido, los empresarios que fueron extorsionados pero que a la larga se beneficiaron de las condiciones que creó el grupo armado ilegal, ¿se pueden considerar cómplices de los delitos que perpetraron las Autodefensas?

  1. ¿Deben responder penalmente los propietarios de las empresas que se beneficiaron indirectamente de las acciones criminales de los grupos paramilitares o guerrilleros? Muchas empresas han sido acusadas de beneficiarse al adquirir y desarrollar proyectos productivos en predios que fueron abandonados forzosamente por colonos, o que fueron vendidos debido a las amenazas de muerte realizadas por un grupo armado ilegal. Por eso queda el interrogante de si los accionistas de una empresa que no prueba la buena fe exenta de culpa en la compra de predios abandonados o despojados, ¿deberá asumir una responsabilidad penal y no simplemente civil?
  2. ¿Qué hacer con las empresas que en el pasado financiaron grupos terroristas, pero que en la actualidad fueron compradas por otras compañías? Varias de las empresas que han sido mencionadas en Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los paramilitares han cambiado su estructura patrimonial y accionaria. El dilema consiste en si los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad de reparar a las víctimas o si solo deben asumir los costos de imagen y reputación que vendrán cuando se divulgue en instancias judiciales que la empresa que adquirieron pudo haber patrocinado el terrorismo. Situaciones como estas son más frecuentes de lo que se cree y algunas empresas que han sido investigadas o acusadas de algún tipo de vínculo con un grupo armado han cambiado de propietarios en los últimos años; entre ellas
  3. Chiquita Brands, que se fusionó con la empresa irlandesa Fyffes;
  4. Kaltex (textilera mexicana) que adquirió el 60 por ciento de las acciones de Coltejer;
  5. Almacenes Éxito que compró a Cadenalco;
  6. Los fondos de pensiones Protección, Porvenir, Citi-Colfondos y Skandia, la comisionista de bolsa Correval e inversiones internacionales que adquirieron Termotasajero;
  7. Cemex México que compró cementos Diamante;
  8. Mayagüez S.A. que asumió el control del 85,5 por ciento de las acciones del Ingenio San Carlos.

Se necesita claridad

Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Tribunales de Bogotá y Cundinamarca.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La ley que reglamentará el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz deberá dejar claros estos aspectos para saber hasta qué punto las empresas que financiaron o colaboraron logísticamente con los grupos armados ilegales deben responder, ya sea con sanciones penales para sus directivos o propietarios o con medidas de indemnización para las víctimas.

Sin embargo, precisar cuándo se trata de una “participación determinante” y especificar quiénes y por qué deben responder penalmente será una labor compleja que requerirá de un profundo debate que no solo vincule a los académicos, fiscales, magistrados y expertos internacionales, sino también a los directamente implicados: los empresarios.

Si no se resuelven estos asuntos se abrirá el camino para que los magistrados que sean elegidos en la JEP actúen con mucha discrecionalidad, lo que pondría en vilo la seguridad jurídica de las empresas.

 

* Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana e investigador del grupo Estado, conflictos y paz. El autor agradece la colaboración de Vanessa Clavijo Barbosa y Óscar Cortés.

Anexo. Empresas y empresarios que han sido mencionados en Justicia y Paz

 

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

mjtorres lbernal naracción medios fabio-andres

Laura Bernal Bermudez RazonPublicaMaria Jose Torres RazonPublicaEn los delitos debidos a los conductores ebrios, los grandes medios de comunicación presionan a la justicia de manera indebida -y paradójica-. Un debate de actualidad por la frecuencia de este tipo de delitos y por las reacciones que despiertan[1].

Laura Bernal Bermúdez* - María José Torres Hernández**

El caso

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad.

El pasado 12 de julio Fabio Andrés Salamanca manejaba en estado de embriaguez y ocasionó un accidente de tránsito que produjo la muerte de Diana Bastidas y Ana Torres, así como lesiones graves a Holman Cangrejo, conductor del taxi en el que se transportaban.

Este accidente produjo diversas reacciones de los medios de comunicación,  de la opinión pública y de las instituciones del Estado.

El seguimiento periodístico del caso es un ejemplo de la compleja interacción entre los medios de comunicación y el proceso penal:

· De un lado el caso ilustra la incidencia de los medios sobre la comprensión del fenómeno criminal por parte del juez y de la sociedad en general.

· Del otro lado el caso pone de presente las paradojas de la política criminal del  Estado colombiano.  

Los medios y los juicios paralelos

 


mjtorres lbernal naracción medios accidente Salamanca

Fabio Andrés Salamanca, fue dejado en libertad por la juez de control de garantías.
Foto: diariodelhuila.com 

 

La información periodística sobre este tipo de delitos ocasiona una serie de problemas, dos de los cuales son más preocupantes:

· La proliferación de juicios paralelos sin garantías legales y sobre la base de una concepción de lo justo que no necesariamente coincide con lo legal.

· La canalización de sentimientos de venganza y de reproches morales hacia el “mal” desempeño del sistema penal.

El cubrimiento periodístico del caso Salamanca permite apreciar la forma cómo los medios narran un proceso penal en desarrollo. Este proceso apenas empieza y las últimas noticias informaron que no se dictó medida de aseguramiento contra Salamanca, pues la juez de control de garantías consideró que no se cumplían los requisitos de ley para decretarla. 

A partir de ese momento buena parte de los medios con mayor audiencia han acusado a la administración de justicia de permitir la impunidad, de ser ineficiente y de proteger al responsable de dos muertes y una grave lesión personal.

Por otro lado, abogados penalistas como Yesid Reyes Alvarado señalan que la decisión se ajusta a la ley y que en esta etapa del proceso no es posible hablar de impunidad.

Los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez.

En este caso, los medios parecen pues estar adelantando un juicio paralelo y sin garantías legales para el investigado, emitiendo una condena anticipada y ejerciendo presiones sobre el juez. Partiendo de una presunción de culpabilidad, una periodista llegó a calificar a Salamanca como “un peligro para la sociedad” (Paloma Valencia, Blu Radio, 30 de julio de 2013). Así se crean expectativas en la ‘opinión pública’ sobre el sentido del fallo y sobre la pena que deberá imponerse.

Desencuentro entre lo legal y lo justo

Lo anterior muestra cómo la concepción de lo justo no siempre corresponde al sentido de la ley. Se aboga por la privación de la libertad como regla general, mientras que el derecho penal concibe esta medida como un último recurso. 

La juez que negó la medida de aseguramiento se refirió claramente a este problema al afirmar en El Colombiano: “Lo que no puedo hacer como juez de Control de Garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una  comunidad enardecida”. 

Noticia de moda

Aunque por regla general los delitos se producen de manera más o menos uniforme a lo largo del tiempo, los medios tienen una cierta tendencia a “ponerlos de moda”. 

 


mjtorres lbernal naracción medios policía transito

Foto: ©Archivo AFP 
 

Es así como además del caso Salamanca, durante las últimas semanas los medios colombianos han destacado las noticias sobre casos similares (como el de Jonathan Cabrera) y han presentado estadísticas impactantes.  Según  El Tiempo en Colombia cada día muere una persona en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de embriaguez. Y, por efecto de esta ola mediática, un proyecto de ley que había sido archivado en dos ocasiones, ahora parece tener la oportunidad de ser aprobado.

Por otra parte es frecuente que los medios relaten el ‘crimen’ de tal forma que en vez de  una sociedad bien informada, ayudan al contagio de la ira basada en el instinto de venganza. En el caso Salamanca la juez acabó por ser víctima de amenazas.

La respuesta del Estado

Por regla general, el Estado tiende a proteger la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación en los procesos penales y sólo por vía de excepción permite algunas limitaciones. En efecto: 

· La actitud del legislador se basa en el principio de publicidad. La ley reconoce el papel de los medios de comunicación en los procesos penales, pero señala que en algunas circunstancias puede ser limitado – como cuando esté en juego el derecho a un juicio imparcial y justo-.

· La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión debe ser objeto de protección reforzada, por ser uno de los pilares del Estado democrático, participativo y pluralista. Por ello, si bien admite límites a la libertad de prensa -basados en principios como la veracidad, la imparcialidad y la dignidad humana- ha dado prioridad a la libertad de expresión al sostener que este derecho prevalece  sobre cualquier otro (salvo los derechos de los niños).

Pero la Corte también ha observado que el poder de los medios de comunicación es indiscutible y que de éste puede derivarse tal estado de indefensión para un individuo, que la única herramienta de protección a su alcance es la acción de tutela. 

Lo que está en juego

Con razón la Corte ha señalado que la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación hace parte de los pilares de una democracia. Sin embargo, nadie puede negar que para un sistema democrático también son importantes

· la imparcialidad del juez,

· la seguridad jurídica,

· la presunción de inocencia y

· el debido proceso.

Desde esa perspectiva, las instituciones deben preguntarse si están protegiendo estos cuatro principios al permitir que los medios informen sobre procesos penales en curso, en ocasiones llevando a cabo juicios paralelos  sin mayores garantías.   

Si bien los medios protegen nuestros derechos al controlar las actuaciones del poder público, debemos reconocer que su participación en los procesos penales presenta un grave riesgo para los derechos de los imputados. 

Hay una paradoja en las instituciones colombianas: por proteger la democracia, la pluralidad y la participación, dan prioridad a la libertad de prensa, pero al hacerlo acaban por desconocer principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia que también hacen parte vital del sistema democrático. 

Así, las medidas adoptadas por la Corte Constitucional y por el legislador para proteger la democracia, podrían afectarla sustancialmente. 

¿La información prima sobre las garantías?

No se trata sólo de un debate académico, sino de la definición misma de nuestra democracia. Por nuestra parte, quisimos resaltar algunos elementos básicos y paradojas en este debate:

· La incidencia de los medios sobre la gran distancia entre la ley y aquello que “la opinión” entiende como justo

· La tendencia de las instituciones colombianas a proteger la labor periodística, incluso por encima de las garantías de cualquier persona involucrada en un proceso penal.

Y hay otra paradoja interesante. Mientras la ley y las instituciones tienen a proteger a los medios de comunicación, los medios no cesan en su ataque a la legitimidad del sistema penal, amenazando los derechos del imputado o aún comprometiendo las posibilidades de una investigación y juzgamiento ponderados por parte de la justicia.

 

* Abogada de la Universidad Javeriana,  Master of Science in Human Rights, London School of Economics, admitida a Doctorado en Sociología en la Universidad de Oxford (2013-2016), miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional y Derecho Global “Francisco Suárez, S.J.” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

*** Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el desarrollo del Externado de Colombia, asesora en prevención de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados ilegales. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

[1] Este texto se basa en nuestro artículo académico ‘Los Medios de Comunicación y su Participación en la Construcción y Narración del Fenómeno Criminal en Colombia Vniversitas No 125. Para consultar todas las fuentes y cuadros analíticos de la jurisprudencia rcomendamos revisar directamente este artículo.

 

 

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Comentarios  

Julian Lopez
+2 # Julian Lopez 12-08-2013 10:07
Seria muy bueno invitar a los medios de comunicacion a que se autoregulen
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Juan
+1 # Juan 13-08-2013 00:26
Lo cierto es que en un país decente, una persona implicada en un accidente como este no seria excarcelada en décadas. Ahora bien, creo que es completamente razonable lo que se afirma sobre los medios de comunicación y la independencia de la justicia; pero hay que recordar que si bien existe la chiva informativa y el elemento manipulador de los medios, hay que recordar que muchas veces, sin las denuncias de los medios de comunicación existiría mucha mas impunidad de la que hoy reina en Colombia.
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William Vargas
0 # ConsejoWilliam Vargas 27-04-2015 19:51
No has entendido el texto, te recomiendo lo leas con calma y analices la situación en contexto, tienes una concepción errada de impunidad, si observas los países "decentes" como tu les llamas, en ninguno de ellos se encarcela a las personas por accidentes de tránsito.
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LuisE
+1 # LuisE 13-08-2013 00:32
Interesante artículo, aunque lo noto sesgado en cierto punto pues no menciona el principal problema que ha llevado al Derecho Penal a ser esclavizado: La corrupción.

En un estado eficiente y transparente el derecho penal tendría su dosis suficiente, y la sociedad confiaría en la justicia, incluso si al señor Salamanca lo hubieran dejado libre. Pero estamos en uno de los países más corruptos del mundo, y eso no lo menciona el artículo como causa de la 'enardecida turba' que busca sed de justicia por sus propias manos.
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cmatiz
+1 # cmatiz 13-08-2013 16:51
El análisis desatiende algunos aspectos importantes de los hechos: el conductor tenía grado 3 de embriaguez y conducía a más de 120 kms por hora, de ahí el resultado final de su conducta irresponsable (dos muertes y un lisiado por causa de la magnitud del choque). La juez sustentó su decisión en que el personaje no reviste peligro para la sociedad, muy a pesar de que su desprecio por la vida ajena es una realidad de a puño. Los medios suelen ser apasionados y en ocasiones abusan de su gran poder, pero en un caso de estos canalizan el pensamiento de muchos que creen que la decisión es abiertamente injusta.
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Juan Camilo Guerrero
+1 # Juan Camilo Guerrero 13-08-2013 17:33
Interesante artículo. Un ejemplo de cuando se actúa en derecho y la percepción del público es que estamos en presencia de injusticia.

Lo positivo de este trágico evento es que sirvió para sensibilizar a muchos sobre los efectos del alcohol y manejar. Esperemos no se repita.
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
De una parte, es cierto que el desempeño de los medios alrededor de casos penales emblemáticos es bastante deficiente, y que a veces el afán justiciero es solo una faceta del amarillismo, no del interés por el bienestar público. La relación con los lectores (televidentes, radioescuchas) basado en lo escandaloso, con frecuencia distorsiona el debate y puede llevar a presiones indebidas sobre el sistema judicial. Aún así, esa tendencia podría moderarse con un mayor profesionalismo y un mejor entrenamiento de parte y parte (periodistas y operadores judiciales). Dicho esto, es necesario reconocer el derecho que tienen opinadores profesionales y público en general de expresar opiniones y proponer alternativas ante una situación que consideran injusta o un sistema penal que perciben laxo...(continú a)
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Ismael Florito
0 # ¿Mezcla de problemas diferentes?Ismael Florito 15-04-2015 05:12
...(continuació n) Eso también es fundamental en el sistema democrático, aunque dichas posturas puedan considerarse mal fundamentadas o poco conducentes. Las tendencias de los delitos no admiten fácilmente una "regla general" (por ejemplo, Juan Carlos Ruiz sugiere en este mismo portal que las estadísticas sobre crimen están lejos de ser sólidas) y no es aceptable en un debate desestimar puntos de vista simplemente etiquetándolos, por ejemplo, como "populismo punitivo". Lo que hay en juego en los linchamientos mediáticos (ayer Salamanca o similares, hoy Pretelt) va mucho más allá del aspecto mercantilizado de la información o de las reacciones emocionales de quienes la consumen. Un buen aporte sería reaccionar de manera menos defensiva y disponerse a entender mejor la real amplitud del malestar social que así se manifiesta.
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William Vargas
0 # FelicitacionesWilliam Vargas 27-04-2015 19:59
Excelente artículo, acertado y objetivo.
Es importante que las personas comprendan este tipo de fenómenos y sus implicaciones sociales, culturales y políticas, para de esta forma precisar que esta fallando y cuales son las medidas apropiadas para resolverlo las cuales deben siempre estar ajustadas a la justicia y la ley.
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