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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 8 - 16 minutos)

​En vez de cantar victoria hay que advertir que los niveles de violencia y sus aumentos o disminuciones relativas varían mucho entre regiones, departamentos o municipios. Una mirada detenida a estas diferencias, muestra más bien que la violencia en Colombia es cambiante.

María Victoria Llorente* - Rodolfo Escobedo**

Sin campo para el optimismo

Resulta prematuro afirmar que se haya dado una reducción importante de los homicidios, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos la primera semana de enero. Por el contrario, con el paso de los meses, cuando se consoliden las cifras, como ha sido usual en los últimos años, se irá haciendo más claro que aunque la tasa no aumentó  considerablemente respecto del 2012, tampoco se redujo.

De hecho, el ritmo de descenso se frenó hace rato. Esto, cuando Colombia triplica un nivel que se considera epidémico en América Latina, no da campo para tanto optimismo.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro. 

Más aún, muchos municipios en donde hay descensos, incluso grandes, mantienen niveles altos de violencia letal, que superan el promedio nacional. También se producen aumentos  en municipios donde los homicidios han sido persistentemente  altos.

Por lo demás, el análisis de lo que ocurrió en 2013 presenta un panorama complejo. La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

La convergencia entre bandas criminales y guerrillas –no las disputas entre ellas porque con frecuencia están aliadas– explica los niveles más altos (Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueños, Chocó, suroccidente del Cauca, Putumayo).

Sin embargo, la presencia de subversión no es una condición obligada para que los niveles sean muy elevados y un ejemplo es lo que sucede en el noroccidente del Valle. También hay que decir que en ocasiones esto se da solamente cuando su presencia es muy marcada, como lo evidencia algunos municipios de Meta, Guaviare y Caquetá.

Un análisis hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado por Catalina Rocha, Boris Ramirez, Juan Felipe García y Elizabeth Reyes, buscó identificar en dónde disminuyó y en dónde aumentó el homicidio.

Esto se hizo de dos maneras. Primero se identificó entre los 50 municipios más poblados del país, en cuáles aumentó y en cuáles disminuyó. Y después, usando los cálculos de tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se hizo el mismo ejercicio en el conjunto nacional, independientemente del tamaño de la población. Esto fue lo que encontramos.


María Camacho
Las disputas de poder entre bandas criminales tiene
como consecuencia el aumento de violencia en las
ciudades del valle.

Lo que muestran las cifras en cada región

Para comenzar, se escogieron los cincuenta municipios más poblados del país, que con 8.543 homicidios en 2013, representaron el 56 por ciento del total nacional. A pesar de que se produjo una disminución del 3,6 por ciento en comparación con el 2012, el panorama no es alentador.

Entre los cincuenta municipios hay 16 –un tercio– cuya tasa se situó por encima del promedio nacional de 32 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch), en el lapso 2011 a 2013. Entre estos, las tasas de homicidios se incrementaron en seis municipios y disminuyeron en diez.

En su mayoría, son municipios en donde las tasas no habían sido muy altas comparadas con el promedio colombiano de los últimos años, a pesar de que superan ampliamente el nivel epidémico latinoamericano: Barrancabermeja, Soacha, Florencia y Pereira. Es más significativa el alza en Cali, donde las tasas persistentemente han sido muy altas, y también en Buenaventura. Ambas ciudades han estado atravesadas de tiempo atrás por las dinámicas del crimen organizado.

En efecto, Cali subió solamente un 6,8 por ciento, pero sus tasas son muy altas para una ciudad de más de dos millones de habitantes, pues fueron de 79 y 84 hpch respectivamente en 2012 y 2013. En Buenaventura, donde en el pasado eran muy altas y habían venido bajando, volvieron a subir un 50,3 por ciento, pasando de 32,4 a 48,6 hpch.

Tasas de homicidios en 2012 y 2013 en las 16 ciudades más afectadas en 2013Tasa de homicidios

Estas ciudades del Valle se encuentran en una dinámica de disputas entre dos facciones de “Los Rastrojos” –agrupación que se fragmentó desde principios de 2012–, y “Los Urabeños”, que buscan aprovechar los espacios que quedaron vacíos. Así se explica el aumento de las disputas en Cali, que se dan con mayor fuerza en sectores específicos de comunas del distrito de barrios de Aguablanca.

Paradójicamente, los golpes de las autoridades han fragmentado en exceso estas estructuras y las peleas se dan por la sucesión del mando o por mantener rentas ilegales en espacios específicos de la ciudad. En el caso de Buenaventura, “Los Urabeños” se apropiaron de la organización criminal denominada “La Empresa”, que anteriormente estaba al servicio de “Los Rastrojos”.

En contraste está Cartago, donde hubo una disminución de 3,2 por ciento. Sus tasas pasaron de 86,9 a 84,1, ambas muy elevadas. En Tuluá y Palmira, donde se produjeron reducciones del 27 por ciento y el 32 por ciento, las tasas siguen siendo también altas, pues pasaron de 97 a 70 hpch en el primero y de 91,7 a 61,9 hpch en el segundo.

En Cartago se aliaron dos bandas, “Los Motato” y “Cordillera”, que quedaron al mando de “Los Urabeños” para enfrentar a “Los Rastrojos”. En Tuluá, “Los Rastrojos” están divididos y las peleas entre facciones incrementaron en forma desmedida los niveles. Y aunque en la actualidad estarían debilitadas por las capturas, no se puede descartar una reconfiguración. En Palmira hay articulaciones entre redes de crimen organizado con asiento en Cali y Buenaventura.

En el caso de Pereira –inscrita en las dinámicas del norte del Valle y el eje cafetero–, la tasa de homicidios volvió a subir después de varios años consecutivos en que se redujo. Esto ocurrió porque la organización “Cordillera” se apropió de los principales expendios de droga de la ciudad. De 66,2 hpch en 2009 se pasó a 35,7 en 2012 y en 2013 subió a 38,9, casi cuatro veces el nivel que se considera epidémico.

La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

De las ciudades donde el homicidio disminuyó hay que destacar Medellín e Itaguí, donde la reducción fue del 26 por ciento y el 29 por ciento respectivamente, entre 2012 y 2013. En el caso de Medellín existe un debate en torno a si la disminución se debe a la intervención de las autoridades o es producto de un pacto entre las cinco facciones en que quedó dividido el sector que manejaba alias “Sebastián” y “Los Urabeños”. Ambas posiciones son correctas, aunque hay que advertir que la disminución ya se evidenciaba con fuerza desde 2011 y 2012, cuando Medellín pasó de 63,3 a 51,7 hpch.

En buena parte, este panorama se explica porque entre 2009 y 2010 las disputas ocurrieron en el nororiente, noroccidente, centro oriente, centro occidente y centro de la ciudad, pero una vez el sector de “Sebastián” resolvió a su favor las peleas en los dos primeros sectores (no menos de ocho comunas), estas solo persistieron en tres (la comuna 8 –oriente-, 16 y 13 -occidente-).

Así las cosas, en la medida que las disputas disminuyen, los homicidios también. Sin embargo, persisten las pequeñas extorsiones, el expendio de droga se ha reacomodado, y las bandas y los combos invierten en economías legales e ilegales.

En Santa Marta y Maicao también hay disminuciones, pero las tasas se mantienen por encima del promedio nacional. Durante 2012, en la capital del Magdalena, además de las disputas entre agrupaciones al servicio de “Rastrojos” y “Urabeños”, se produjo la escisión de “Los Giraldo”, que hacían parte de estos últimos, lo que subió los niveles de homicidios. En Maicao suben y bajan las disputas entre “Urabeños” y “Rastrojos” en un escenario donde tienen mucho peso las redes de contrabando.

Hay un conjunto de municipios donde las tasas subieron porcentualmente pero en donde los niveles no son tan altos. En Barrancabermeja, por ejemplo, el aumento fue del 80 por ciento, pero las tasas fueron de 29,1 y 49,2 hpch, entre 2012 y 2013.

Las cifras nacionales

Un segundo camino para analizar este tema es apreciar los cambios en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes a nivel municipal para todo el país. Y aquí, de nuevo, lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

 

Se identificaron 348 municipios que en 2013 superaron el promedio nacional de homicidios de 32 hpch. Esto sin duda es una cifra elevada pues se aproxima al tercio del país. De estos, 131 (cerca del 10 por ciento de los municipios) superan el doble del mismo promedio, es decir, están por encima de 64 hpch.

En Antioquia hay 71 municipios por encima del promedio nacional y 38 por encima del doble. En 56 de ellos hubo aumentos entre 2012 y 2013 y solamente en 15 hubo disminuciones. Los más críticos se concentran en el nordeste, Bajo Cauca y norte del departamento y entre los que superan el doble de ese promedio están Olaya, Segovia, Vegachí, Santo Domingo, Zaragoza, Valdivia, Remedios, Briceño, San Luis, Toledo, Ituango y Belmira.

En Segovia, por ejemplo, los homicidios bajan pero casi sextuplican el promedio de 32. En Vegachí lo quintuplican, a pesar de una reducción, y en Zaragoza aumentaron más del 600 por ciento hasta llegar a 143 hpch. Tienen en común el narcotráfico y/o la extracción de oro (se mezclan la gran minería y la extracción artesanal). No son pocos los casos donde hay disputas entre bandas criminales (“Rastrojos” divididos y “Urabeños”), a lo que hay que sumarle las disidencias y alianzas entre antiguos “Rastrojos” y “Urabeños”. Con frecuencia tercian las guerrillas que en no pocas ocasiones se alían con facciones criminales.


Federica Acosta
Segovia es uno de los 71 municipios en Antioquia en
donde la tasa de homicidios excede el
promedio nacional.

En el Valle hay 39 municipios que superaron la tasa promedio de 32 hpch y 22 de ellos superaron el doble (64 hpch). En 18 hubo aumentos y en 21 disminuciones. En algunos de los municipios donde los homicidios bajaron, sucedió que las tasas de 2012 habían sido demasiado altas, por lo que siguen con índices elevadísimos.

En Caicedonia, Bolívar, La Unión, El Águila y Toro las tasas son muy altas (entre 163 y 129 hpch) y registraron aumentos. Roldanillo y Ansermanuevo bajaron considerablemente (menos 29 por ciento y menos 44 por ciento), pero sus tasas se mantienen por encima de 100. Tuluá, Roldanillo y Palmira también lo hacen considerablemente, pero sus tasas siguen siendo muy altas.

Hay también problemas en Cali y Palmira, como ya se vio, a lo que hay que sumarle Florida, donde hace presencia las FARC. En resumen, las afectaciones urbanas y rurales se dan por narcotráfico y expendio de droga al detal, e incluyen la costa pacífica, la margen derecha de la cordillera occidental (corredores del narcotráfico hacia el Pacífico) y la margen derecha de la cordillera central.

También hay extensiones de las dinámicas criminales a Chocó, donde hay 14 municipios que superan el promedio nacional: San José del Palmar (sirve de corredor del narcotráfico), Nóvita (otro corredor de entrada al pacífico), Carmen del Darién (confluyen FARC y bandas) y Quibdó (aumentó el 20 por ciento como consecuencia de disputas entre Rastrojos y Urabeños). En Cauca son 24 los municipios que superan ese promedio. Una franja crítica es la de la margen derecha de la cordillera occidental que sirve de corredor al Pacífico: Argelia, El Tambo, Balboa y Patía.

En Nariño hay prolongaciones de estas dinámicas en algunos municipios de cordillera como Leiva, Policarpa, Samaniego y La Llanada, que sirven de corredores, pero también del Pacífico, como Tumaco, que bajó sus homicidios pero registró 81 hpch, Barbacoas, Roberto Payán y Olaya Herrera. En Nariño han tomado mucho peso las FARC ya que se han debilitado Los Rastrojos.

Hay también muchas zonas en donde el peso de la guerrilla y especialmente de las FARC incide en las tasas elevadas y/o en los aumentos. En el Catatumbo, por ejemplo, están Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama. A Cúcuta, donde la tasa bajó pero se mantiene muy alta, hay que agregarle el peso de bandas criminales.

lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

En el Meta también pesan las FARC, pero en algunos municipios hay interferencias de bandas criminales y de los Bloques Libertadores del Vichada y Meta. En la lista de los municipios con estas características está El Castillo, donde convergen guerrillas y bandas, y Lejanías, Uribe y La Macarena, con presencia de las FARC. Puede haber interferencias entre estas y las agrupaciones criminales en Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Puerto Lleras. Algo parecido sucede en municipios del Caquetá como Puerto Rico, Milán, Morelia y El Paujil.

En Putumayo hay también convergencia entre FARC y agrupaciones criminales. En Puerto Asís actúa la banda “La Constru”, “Los Rastrojos” y el frente 48 de las FARC y en Puerto Caicedo operan “La Constru” y el frente 32 de esa guerrilla. Al parecer, “La Constru” tendría vínculos con los dos frentes. En Arauca pesan las guerrillas.

Todo lo anterior demuestra que estamos frente un panorama donde un tercio del país se enfrenta a cifras de homicidio críticas y que en aquellos municipios donde hubo mejorías, no son pocos los que mantienen niveles elevados. En cerca de una décima parte de estos son demasiado altos, de ahí que el optimismo que por estos días exhibe el Gobierno debería ser más moderado. Un problema adicional es la falta de claridad en las cifras, que se hizo evidente en el enfrentamiento que protagonizaron hace pocos días el presidente Santos y Álvaro Uribe. Esto sin duda indica la urgencia de una política pública que propenda por la transparencia en los datos sobre crimen y violencia en el país.

Es cierto que Colombia ya no es el país de los años noventa sumido en la violencia y la desesperanza, sin embargo, hoy sigue estando entre los países que exhiben las tasas más altas de violencia letal del continente. 

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

** Politólogo de la Universidad de los Andes con un DEA en Sociología en l’Ecole D’Hautes Études en Sciences Sociales de París. Investigador sobre la violencia y la criminalidad en Colombia

 

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Comentarios  

Eduardo Saenz Rovner
+3 # ¿Narcotráfico=v iolencia?Eduardo Saenz Rovner 27-01-2014 23:23
1. En Colombia es común asumir que el narcotráfico y la violencia van de la mano. Esto lo deducen de la experiencias en Colombia y México, así como por las acciones de los criminales colombianos por el mundo, y la violencia en los guetos norteamericanos . Pero no es una Ley de Hierro (o de fierros) ni una correlación que puede ser aplicada en todo el mundo. Dos ejemplos, para empezar:

2. Antes de la Revolución, Cuba era uno de los principales lugares de paso de heroína desde el Medio Oriente y Francia y de cocaína sudamericana hacia los Estados Unidos. El consumo de drogas a nivel local era relativamente alto: marihuana en Oriente y en los bajos fondos de La Habana, opio entre los chinos (la segunda mayor colonia china en América o en Europa después de los Estados Unidos), y cocaína entre personas pudientes. Sin embargo, el negocio y el consumo eran "pacíficos". Los cubanos y las numerosas comunidades de inmigrantes en la isla (españoles, chinos, libaneses, caribeños) no se mataban por las drogas así como tampoco se mataban por cualquier otro tipo de negocios o por "costumbre". Al respecto ver, Eduardo Sáenz Rovner, La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución (Bogotá, UN, 2005).

3. El narcotráfico no era un negocio de violencia indiscriminada en los Estados Unidos. La evidencia empírica demuestra que los cubanos y norteamericanos que traficaban con drogas en Miami (los primeros cocaína, los segundos marihuana) no se mataban entre ellos ni crearon un clima de violencia en la ciudad. Únicamente con la llegada de los traquetos (y traquetas) colombianos se disparó la violencia en el Sur de la Florida a niveles nunca vistos y que incluso merecieron la intervención de un Task Force de la vicepresidencia norteamericana ante el desespero de la población miamense con la pestilencia (así la describían) que los azotaba. Las guerras de la cocaína que tocaron fondo en 1979 eran realizadas por colombianos y, de nuevo, la evidencia empírica, tomada de archivos judiciales y prensa roja, así lo demuestra. Al respecto, ver: E.S.R., "Entre Carlos Lehder y los vaqueros de la cocaína. La consolidación de las redes de narcotraficante s colombianos en Miami en los años 70", Cuadernos de Economía, 2011, fce.unal.edu.co/.../...

4. Habría que preguntarse entonces si el narcotráfico como actividad ilegal y por sí solo, es el causante de la violencia, o si más bien incrementa la violencia en sociedades acostumbradas a convivir con todo tipo de violencias (en las "relaciones" con los sindicatos, en la vida cotidiana, en la apropiación de la tierra, en como forma de hacer política, en la "resolución" de conflictos, en el crimen común generalizado y percibido por muchos como algo "normal" que "pasa en todo el mundo"). Setenta años de violencia endémica en Colombia no penden simplemente de un cacho.
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Roberto
+1 # ViolenciaRoberto 29-01-2014 19:11
L que mas me llama la atencion de ste estudio, es como no incluyen a la fuerza publica en este fenomeno. siendo claro que ls investigadores desconocen la dinamica de la violencia de la delincuencia organizada, la cual antes de instalarse en un sitio o zona cuadra especialmente con la policia su permanencia y la dinamica de los negocis ilicitos.
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Jose Parra
+2 # Calidad del AnalysisJose Parra 30-01-2014 18:59
SHola,

Soy estadistico de profesion y quiero saber ha cerca de los datos. Como fueron recolectdados? Cual fue el analysis de calidad y validacion? Son estos datos privados o de dominio publico?

La FIP es una institucion respetable, Sin embargo, haciendo publicos los datos, personas como yo podrian reproducir el analysis estadistico, y porque no, aportar nuevas ideas
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
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