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El secuestro de Salud Hernández: perdió el periodismo

Omar RincónMás allá del escándalo y de sus implicaciones políticas, el secuestro de la periodista española reveló la dudosa calidad de este oficio en Colombia. ¿En qué consisten esos males?  ¿Cuál es el periodismo que en realidad necesitamos?

Omar Rincón*

La periodista española Salud Hernández-Mora.

La historia

El secuestro de la periodista Salud Hernández -que tuvo final feliz pero fue un banquete para los políticos y opinadores fanáticos del odio- exige pensar sobre el periodismo que hacemos en esta Colombia del siglo XXI.

La noticia fue avanzando por etapas: la periodista Salud Hernández ha desaparecido, después retenida y por último secuestrada. El final fue feliz, pues Salud Hernández fue dejada en libertad y justo a tiempo para que viera a su gran ídolo (el Real Madrid) en la final de la Champions. La ironía tremenda: una luchadora contra el drama del secuestro que acaba siendo secuestrada.

El suceso además dejó en evidencia una verdad incómoda: el Estado no controla el territorio, la Colombia profunda vive una realidad distinta de la del gobierno y de la de los de periodistas, expertos y políticos en Bogotá. También dejó una constancia política: el ELN lleva tanto tiempo fuera de política que todo lo que hace atenta contra los deseos de paz de los colombianos.

El debate político está al gusto de los iracundos de Bogotá. Mientras el innombrable dice que la patria se defiende a plomo, el jefe de las FARC dice que “que el secuestro debe terminar”. Ironías del destino.

Y en medio de todo esto, la opinión pública, que cada vez es menos pública y más de fanáticos o ultra-fanáticos, le hace matoneo al que piense siquiera un poco distinto. Por eso hay que cuidar cada adjetivo u opinión matizada que se haga. Ricardo Silva Romero lo describió muy bien: “Cuidado: no diga “secuestro” porque es “facho”, ni “retención” porque es “mamerto”, ni “desaparición” porque es estar del lado del Gobierno”.

En esta semana de opinión y goce morboso, lo que poco hubo es lo que poco hay en Colombia: periodismo. Y este caso trata sobre el periodismo. La persona secuestrada fue una periodista que estaba haciendo su oficio en el terreno (como recomiendan los viejos maestros) y que por hacer su oficio fue secuestrada. El que perdió fue el periodismo. Y cuando pierde el periodismo pierde la democracia. Entonces, vamos al periodismo.

El periodismo

La periodista Juanita León García.
Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hacer periodismo tiene reglas muy simples. Se trata de contar realidades. Y para contarlas hay que hacer reportería. Y para hacer reportería hay que ir al terreno, hablar con la gente, oler los miedos, sentir las desgracias, oir las voces que cuenten desde y en la realidad.

Luego, todo eso tiene que contarse con una mirada propia, que no es la del “yo opino” sino la del  “yo comprendo y explico”. Y en medio de todo esto debe haber contexto y buen lenguaje. Eso es el periodismo, y eso lo ha venido haciendo bien Salud Hernández: va a las realidades, las siente, habla, cuenta y explica. Y tiene punto de vista, mirada propia.

“Yo siempre he sido imprudente, yo creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente si no lo es, el 70 % de las cosas no las conseguiríamos pero es una imprudencia relativa porque para mí el Catatumbo tampoco es nuevo”, contó la periodista liberada.

El periodismo en Colombia

Aquí aparece el asunto para pensar: si el periodismo es así de simple, ¿por qué en Colombia se hace tan mal periodismo? He aquí algunas razones que devela el caso de Salud Hernández:

  1. Los periodistas ya saben que no se puede ir al país de verdad. Por experiencia propia sabemos que solo se puede hacer reportería desde las seguras cabinas de radio, vía celular o en los restaurantes elegantes de la ciudad. Pero esto habla mal del periodismo que hacemos y del país que tenemos, ya que demuestra debilidad en el oficio y debilidad del Estado para legitimarse en el territorio.
  2. El país de verdad no importa. El periodismo está tan embelesado con su propia imagen, que hoy son más importantes los que opinan sin conocer a fondo que los que hacen reportería y habitan los territorios donde la guerra, la corrupción, el cinismo de los políticos y el abandono Estatal es de no creer.

Para ir al territorio hay que investigar, contactar, estudiar, diversificar las voces. Y eso no se puede hacer en este “nuevo periodismo” del “en vivo”, “en directo”, “último minuto” y “en desarrollo”. Para este tipo de periodismo solo queda la carroña del dolor, el sensacionalismo de la sangre y el odio de frase fácil y respuesta huidiza. Por eso triunfa el matoncito de calle bogotana, el tuit furioso y odiador, y la mentira de fuente con poder.

Tener mirada propia es un problema
  1. Tener mirada propia es un problema. Se supone que Salud Hernández tiene una mirada propia: no le gusta y no comparte lo que hacen las guerrillas, pero tampoco lo que hace la justicia, lo que negocia el gobierno. Eso no es objetividad sino algo mejor: transparencia. Por eso no se escuda detrás del parapeto de la objetividad. Ella dice desde dónde mira, pero como es periodista y no odiadora profesional, le pone datos, historias, contextos y testimonios a su mirada.

Y eso es el buen periodismo: una mirada comprometida con la realidad y la democracia que se fundamenta en fuentes diversas y plurales, datos, documentos, voces, testimonios, historias y realidades. Y todos los periodistas colombianos tienen miradas propias (y algunos tienen también intereses propios).

  1. El buen periodismo está amenazado… y secuestrado. Hacer periodismo de calidad en Colombia es difícil. Tiene muchas amenazas: no se puede ir a la realidad; solo se debe informar con la voz del amo (fuente, dueño del medio, poder de turno). Cuando se denuncia, el implicado agrede al periodista con adjetivos denigrantes pero no responde con datos, documentos o explicaciones. Ante la verdad periodística, se judicializa el oficio y se amedrenta con demandas que ponen al periodista a defenderse por hacer su oficio.

El negocio, que dice que los medios ya no sirven como están, se ha dedicado al sensacionalismo, al deporte y la farándula porque no hay plata para el periodismo de investigación (se prefiere a un anunciante contento que a una sociedad informada).

A los periodistas que investigan se les persigue a través de emails, panfletos, chuzadas y agresiones que muchas veces vienen de las “fuerzas del bien” (políticos, empresarios, anunciantes, gobiernos) pro también vienen de los dueños del mal (corruptos, caciques regionales, mafiosos, guerrilleros, narcos, delincuentes). En este contexto, es muy difícil hacer buen periodismo. El periodismo de calidad está secuestrado.

El periodismo que necesitamos

Jineth Bedoya, periodista y víctima del conflicto armado colombiano.

La periodista Juanita León García.
Foto: Wikimedia Commons

El secuestro y liberación de la periodista Hernández debe llevarnos a repensar el periodismo. Aquí hay algunas reflexiones al respecto.

Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. 
  1. Hay que hacer periodismo en perspectiva de mujeres. En toda América Latina las mujeres están demostrando que hacen mejor periodismo y con más compromiso que los hombres. En Colombia uno puede decir que los periodistas que han hecho los relatos más diversos, plurales e independientes han sido mujeres: Salud Hernández, María Teresa Ronderos, Juanita León, Marta Ruíz, Margarita Martínez, Yolanda Ruíz, Cecilia Orozco, María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo, Patricia Nieto, Gina Morelo, Marisol Gómez, Alejandra de Vengoechea, Claudia Morales… y podríamos seguir. El periodismo de calidad tiene mirada y responsabilidad pública de mujeres.
  2. Urge que el periodismo incluya más modos de ser Colombia en sus notas, informes y relatos. Debemos desmovilizar a los odiadores, a los expertos, a los académicos, a los políticos, a los gobernantes; silenciar las balas de los tuiteros del odio, y meter más maneras de ser Colombia en nuestras historias: esas del territorio donde la guerra ha habitado y, sin embargo, han seguido adelante ganándole dignidad a la vida.
  3. Hay que exigir los mínimos periodísticos. Por favor, señor periodista, antes de pasar un tuit o un dato o una fuente (así sea muy importante), haga su oficio: mire si es verdad, contextualice, dé datos, busque otras fuentes. Para divulgar tuits no se necesita ser periodista. Por favor, pregunte y joda y haga que se responda lo que se pregunta. Recuerde que los periodistas no estamos para que nos amen, estamos para que nos tengan respeto por somos autónomos. Si quiere que lo quieran, este no es su oficio.
  4. Se necesita periodismo de matices y grises. Dejemos de hacer periodismo de buenos y malos, de equlibristas: una fuente de aquí y otra de allá. Las realidades son más ambiguas y porosas, exigen que pensemos y le pongamos matices, dudas y procesos. No juguemos al bueno y el malo, apostemos por comprender y contextualizar. Recuerde que las claves éticas del periodismo son: diversidad, pluralidad, independencia y autonomía.
  5. Falta periodismo con conciencia. Juliana Villabona, una de mis estudiantes en la Universidad de los Andes, que no es periodista, nos hace pensar cuando escribe: “El oficio del periodismo observa a la vez que es observado, y una vez deposita su mirada en algo, aquello la devuelve reflejada, refractada y proyectada. El periodista, que es humano, hace espacio para su propia conciencia a la vez que refuerza la de otros. El periodista es el que depura, quien afina, es el curador de la moral, de lo visible, y también de lo invisible”.

A los periodistas nos observan, pero nuestro oficio es esencial para la democracia, por eso no podemos renunciar a hacer periodismo de calidad, a producir periodismo con conciencia.

*Director de la maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. orincon61@hotmail.com

@OmarRinconTV

¿Por qué sigue atornillado el régimen en Venezuela?

Francesca RamosA pesar de la grave crisis el gobierno de Maduro sigue teniendo una popularidad del 26,7% muy cercana a la de Santos. ¿Cómo lo hizo?  

Francesca Ramos Pismataro*

Venta de víveres básicos en una calle de Caracas, Venezuela

No existe el tal autogolpe

La crisis en Venezuela se profundiza y no se ha dado ningún cambio de rumbo económico por parte del gobierno. Además, con los bajos precios del petróleo no se ve ninguna perspectiva de mejora. Los problemas se han acumulado y esto ha hecho pensar que la situación no aguanta más.

Mientras tanto las acciones de los que ejercen el poder parecen orientadas a impedir que otros puedan oponer resistencia. Lo más reciente fue el presunto “autogolpe” de Nicolás Maduro con el decreto de estado de excepción para poder ejercer un control total.  

Sin embargo no parece correcto  hablar de un “autogolpe” -como lo han hecho casi todos los medios  de comunicación-. A lo largo de los años el chavismo se ha dedicado a transformar las instituciones venezolanas para acumular poder de manera sistemática y  no apenas coyuntural. Y es a este poder arraigado al que piensa acudir en una situación como la actual, de aguda crisis económica, social y presión de la oposición para hacer un referendo revocatorio.

Los cambios institucionales que ha hecho el chavismo le han permitido afianzar un andamiaje al servicio de los designios del Ejecutivo, dentro del cual están cooptados todos los demás poderes públicos - con la única excepción de la Asamblea Nacional-.  

Pero el chavismo siempre cuidó sus maneras: buscó, y hasta cierto punto logró ser identificado como un proyecto revolucionario, pero no dictatorial. Y aunque la Asamblea fue tomada por la oposición, con el control de los otros poderes el Ejecutivo la neutraliza, la minimiza y le quita el poder.

Desde el punto de vista ideológico, la oposición de la Asamblea al proyecto revolucionario le sirve al régimen para mantener la confrontación que lo ha caracterizado. No existe proceso revolucionario sin enemigos poderosos, nacionales o internacionales, y en el caso de Venezuela, el gobierno puede ligar esta oposición con Estados Unidos.

Los militares

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles..
Foto: ICP Colombia

Además, los 17 años de gobierno le han permitido al chavismo tener una cúpula militar politizada. Desde el comienzo de su mandato, Hugo Chávez consideró a los militares como un actor fundamental en su proyecto político y sus acciones siempre fueron consecuentes con esta visión. Los militares han estado involucrados en políticas y programas emblemáticos del gobierno desde el inicio y, por tanto, ya hacen parte del poder político.

El poder de los militares ha aumentado bajo el gobierno de Maduro,  seguramente porque él no es uno de ellos y los necesita para mantenerse en el poder. Aunque durante la presidencia de Chávez, los militares activos o en retiro siempre hicieron presencia en los distintos estamentos del gobierno y del Estado, con Maduro su presencia ha aumentado aún más.

Por ejemplo, el 29 por ciento del gabinete ministerial actual tiene origen militar. Entre ellos hay figuras que ocupan carteras estratégicas como el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Control de la Presidencia, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Alimentación, Producción Agrícola y Tierras, Pesca y Agricultura, Vivienda, Energía Eléctrica, Defensa y Fronteras. Todos estos son despachos relacionados con las soluciones que Venezuela necesita para enfrentar la grave crisis de desabastecimiento, electricidad e inseguridad que afecta a los venezolanos.

Pero además de ocupar espacios de poder político, los militares tienen espacios económicos. Por ejemplo, hace poco, el gobierno les creó una empresa que tiene entre sus actividades la exploración y explotación de recursos petroleros, gasíferos y minerales.

Por eso, los militares que tienen intereses en el gobierno le apuestan al mantenimiento del statu quo mientras esperan que no haya una situación de gran violencia. Unido a todo esto, el control militar se ha hecho efectivo en las calles con la creación y desarrollo de milicias involucradas en la defensa y el orden público.

En este contexto, la expedición del decreto de estado excepción le da tiempo al gobierno para controlar las posibles protestas, manejar el presupuesto sin la participación de la Asamblea y por último - que es lo más importante en este momento-, postergar el referendo revocatorio.

¿Qué puede pasar?

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto: OEA - OAS

La situación que he presentado hasta aquí podría llevar a pensar que el chavismo ha tenido el poder, lo tiene, y no hay modo de que las cosas cambien. Sin embargo esto nunca ha sido cierto para ningún régimen político.

Es claro sí, que el chavismo ha consolidado una base de apoyo popular que envidiaría cualquier mandatario latinoamericano. Por ejemplo la imagen positiva de Juan Manuel Santos en la última encuesta fue del 30 por ciento, mientras el país sigue creciendo y hay todo tipo de libertades. Por su parte, la buena imagen de Maduro está en un 26,7 por ciento, a pesar de los racionamientos, la limitación de libertades, la falta de medicinas y una inflación proyectada del 450 por ciento para este año.

El régimen chavista ha creado una base de apoyo que pocos se imaginan, y donde eventualmente el descrédito actual más que del régimen en sí, es del gobierno de Maduro. Muchos de los que votaron en contra de Maduro siguen siendo aún chavistas.Por eso es tan difícil que caiga el gobierno chavista, por más odioso que le parezca a un grupo grande de venezolanos y más aún al público internacional.

Sin duda el gran talón de Aquiles sigue siendo la situación económica, que está minando el apoyo al presidente. Para resolver esta situación, la oposición plantea dos opciones:  Más presión de los militares. y/oMás presión desde la calle (aunque sin llegar a extremos para no darle al gobierno la excusa para tomar medidas drásticas).

Entre los que apoyan la primera posición está Henrique Capriles, quien hizo declaraciones sobre la necesidad de decisión de los militares (aunque después se retractó). Por otro lado algunos consideran que una crisis institucional sería la única salida y para ello es necesario crear situaciones que obliguen a los militares a tomar partido y, tal vez, implantar un régimen militar de transición. Estas situaciones límite solo pueden alcanzarse mediante protestas o con un golpe por parte de los militares (que no parece plausible por ahora).

No se sabe qué puede suceder, pero los chavistas están apostando a que no se van y que si se requiere un cambio o si progresa el referendo revocatorio, otro de los suyos llegará al poder, posiblemente el vicepresidente, aunque todavía no se sepa quién será pues su designación depende del mismo Maduro.

Cualquiera que sea el resultado, el que venga tendrá que tomar decisiones muy impopulares que podrían lesionar el apoyo popular en el largo plazo, algo que seguramente ningún partido quiere. Pero todavía no se sabe quién hará de fusible político.

 

*Directora del Observatorio de Venezuela, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

¿Qué opciones quedan en Venezuela?

Socorro Ramírez¿Será que vienen sanciones o medidas extraordinarias de la OEA?  ¿Será que la Unasur logra mediar? ¿Podrían llegar acaso la violencia o el golpe de Estado?  Crónica y perspectivas de una crisis que se agrava día por día.   

Socorro Ramírez*

Sede de la OEA en Washington D. C.

Peticiones a la carta

Crece el número de peticiones para que se aplique la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela. A la solicitud formulada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) se han sumado Human Rights Watch, el Congreso de Costa Rica y 28 expresidentes de América Latina y Europa. Paraguay también acaba de pedir a Mercosur que se pronuncie sobre la situación en ese país.

Desde que se aprobó en Lima, en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA. Estos son algunos ejemplos:

  • En 2002, luego del golpe de Estado a Hugo Chávez, la OEA llamó a gobierno y oposición a actuar en concordancia con los mecanismos institucionales, lo que derivó en la convocatoria del referéndum revocatorio de 2004.
  • En 2005, el gobierno de Ecuador apeló a este mecanismo ante la remoción arbitraria que hizo el Congreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales. La OEA propuso entonces buscar un doble consenso: para una solución transitoria y para una salida definitiva, acompañada con seguimiento internacional.
  • En 2009, tras la destitución de Manuel Zelaya y por petición del secretario general, Honduras fue suspendido del Sistema Interamericano, lo que impidió el reconocimiento del gobierno de facto tanto por otros países como por organismos internacionales y agencias de cooperación.
  • En 2012, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la OEA esperó una actuación de Unasur pero, al no tener éxito, acabó por aceptar el procedimiento parlamentario de destitución y por avalar la convocatoria de elecciones.

Hay que recordar que la CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral, sino también producidos por gobiernos elegidos que atentan contra los derechos humanos y las instituciones.

Este último podría ser el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, luego de debatirlo, puede aprobar por mayoría simple (18 votos) distintas gestiones para promover la normalización de la situación. Si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones.

La situación está madura

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto:  Agencia de Noticias ANDES

Los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano se acumulan por el agravamiento de los múltiples problemas del país que se traducen en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y falta de seguridad ciudadana.

La ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático son evidentes en tres situaciones que han tomado forma durante lo corrido de este año:

- El desconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que ha invalidado en forma sistemática las decisiones y funciones de la AN. Nicolás Maduro dijo además el pasado 17 de mayo que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.

- Días antes, el gobierno se había auto concedido nuevos poderes mediante un decreto de “estado de excepción y emergencia económica”. Este fue negado por la mayoría de la AN, pero el TSJ dispuso desde febrero que el rechazo de la AN a declarar estados de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

- A un mes de que la oposición entregara diez veces la cantidad de firmas necesarias para poner en marcha el referendo revocatorio contemplado en la Constitución de 1999, el gobierno usa al Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular o al menos postergar su convocatoria. Si el referendo se hace este año, a mitad de período, Maduro podría perder también las elecciones. Pero si se hace en 2017, no habría elecciones y el presidente sería reemplazado por el vicepresidente.

Además, Maduro ha calificado la petición de referendo como un intento de golpe de Estado. Su vocero para la revisión de las firmas aseguró desde antes de que se iniciara el proceso que estas eran fraudulentas y que examinarán a los firmantes para impedirles el acceso a empleos o servicios del Estado, como se hizo en el revocatorio anterior.

El papel del secretario general

Mientras tanto, Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno.

Su embajador en la OEA dijo que el secretario general no tiene autoridad para hacerlo, que ha montado un show político y que el Artículo 20 solo le permite actuar ante un golpe de Estado. El 5 de mayo, la canciller venezolana pidió una reunión del Consejo Permanente para presentar "la verdad" y denunciar que Luis Almagro "ha conjugado la agenda de la secretaría con factores opositores de Venezuela y de las instrucciones que recibe de Estados Unidos".

Sin embargo, la magnitud y gravedad de las crisis en Venezuela demostradas en el informe del secretario general de la OEA deben llevar a todos los gobiernos a definirse sobre la situación.

Almagro, excanciller del gobierno de José Mújica, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes fluctuaba entre la ausencia o la injerencia indebida. Ha tratado de hacer realidad la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y ha actuado frente a graves problemas hemisféricos como la corrupción o los migrantes.

Ante la crisis venezolana ha presentado argumentos contundentes, algo que no es muy frecuente en la diplomacia. Pero al personalizar la respuesta a los insultos de Maduro -que lo llama “basura”, “traidor”, “agente de la CIA”- el secretario general puede haber perdido eficacia.

¿Por qué no hacen nada?

Sigue siendo difícil conseguir una mayoría simple que emprenda gestiones diplomáticas y menos una mayoría calificada que sancione a Venezuela. Además de los problemas que enfrenta cada gobierno y de la creciente fragmentación de la región, es un hecho que todos prefieren defender una convivencia pacífica entendida como la no intervención de unos en la situación de los otros.

Pero hay razones adicionales para la falta de acción de la región:

  • El gobierno de Maduro ha contado con mayoría en la OEA por los votos de países del ALBA y de Petrocaribe, que tienen afinidades o deudas con el chavismo. Por eso, para cuidar los votos caribeños, Maduro acaba de visitar Jamaica y Trinidad- Tobago.
  • Si Brasil apoya la aplicación de la Carta, el gobierno de Venezuela podría pedir que la suspensión de la presidenta, que ha denunciado como un golpe de Estado, sea llevada también a la OEA.
  • La canciller de Argentina, en campaña para ser la Secretaria General de la ONU, calificó como “momento inadecuado y discusión apresurada” la posible aplicación de la CDI en Venezuela. Pidió que la OEA y Unasur traten de buscar alguna salida.
  • Gobiernos como los de México, Chile o Perú dicen que apelar en este caso al Artículo 20 podría sentar un mal antecedente. Otros temen además enfrentarse con los ataques virulentos del chavismo.
  • El gobierno de Colombia, país que recibe los efectos directos de la situación del vecino, ha dicho que ha hecho gestiones en favor del diálogo gobierno-oposición. Trata, además, de evitar amenazas o repercusiones sobre las negociaciones con las guerrillas.

¿Y si todo empeora?

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela

El gobierno venezolano ha venido cerrando las opciones de salida y hasta el Vaticano se vio obligado a cancelar el viaje de su enviado a Venezuela.

Solo queda una opción que todas las partes aceptan: Unasur. Este organismo examinó la tensión suscitada por el estrecho triunfo electoral de Maduro, envió cancilleres a acompañar el intento de diálogo gobierno-oposición, y acaba de apoyar a los expresidentes que lograron reunir en República Dominicana al gobierno y la oposición. Ojalá este último intento no fracase. Lo ha saludado Estados Unidos y el Secretario de Unasur viajó al Vaticano a pedir apoyo al Papa Francisco.

Hasta ahora los intentos han sido infructuosos porque el gobierno los ha usado solo para ganar tiempo. En realidad ha perdido tiempo en buscar salidas democráticas a las crisis. Como dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se vienen “desatando otros monstruos internos del propio chavismo, que podrían incluso estar más interesados que la oposición en la salida del presidente para preservar al chavismo".

En el futuro cercano, la aplicación de la Carta dependerá de lo que ocurra en Venezuela. La represión a las marchas opositoras y a las protestas de los sectores que padecen las crisis puede aumentar los estallidos sociales y estos pueden llevar a enfrentamientos armados entre milicias bolivarianas y población civil. Además, desesperados sectores chavistas u opositores pueden pedir a los militares que actúen, o estos pueden dar un golpe de Estado en rechazo al revocatorio presidencial o al triunfo opositor en una elección.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar  con un insulso llamado al diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic  en este enlace.  

 

Análisis

(Tiempo estimado: 8 - 16 minutos)

​En vez de cantar victoria hay que advertir que los niveles de violencia y sus aumentos o disminuciones relativas varían mucho entre regiones, departamentos o municipios. Una mirada detenida a estas diferencias, muestra más bien que la violencia en Colombia es cambiante.

María Victoria Llorente* - Rodolfo Escobedo**

Sin campo para el optimismo

Resulta prematuro afirmar que se haya dado una reducción importante de los homicidios, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos la primera semana de enero. Por el contrario, con el paso de los meses, cuando se consoliden las cifras, como ha sido usual en los últimos años, se irá haciendo más claro que aunque la tasa no aumentó  considerablemente respecto del 2012, tampoco se redujo.

De hecho, el ritmo de descenso se frenó hace rato. Esto, cuando Colombia triplica un nivel que se considera epidémico en América Latina, no da campo para tanto optimismo.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro. 

Más aún, muchos municipios en donde hay descensos, incluso grandes, mantienen niveles altos de violencia letal, que superan el promedio nacional. También se producen aumentos  en municipios donde los homicidios han sido persistentemente  altos.

Por lo demás, el análisis de lo que ocurrió en 2013 presenta un panorama complejo. La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

La convergencia entre bandas criminales y guerrillas –no las disputas entre ellas porque con frecuencia están aliadas– explica los niveles más altos (Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueños, Chocó, suroccidente del Cauca, Putumayo).

Sin embargo, la presencia de subversión no es una condición obligada para que los niveles sean muy elevados y un ejemplo es lo que sucede en el noroccidente del Valle. También hay que decir que en ocasiones esto se da solamente cuando su presencia es muy marcada, como lo evidencia algunos municipios de Meta, Guaviare y Caquetá.

Un análisis hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado por Catalina Rocha, Boris Ramirez, Juan Felipe García y Elizabeth Reyes, buscó identificar en dónde disminuyó y en dónde aumentó el homicidio.

Esto se hizo de dos maneras. Primero se identificó entre los 50 municipios más poblados del país, en cuáles aumentó y en cuáles disminuyó. Y después, usando los cálculos de tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se hizo el mismo ejercicio en el conjunto nacional, independientemente del tamaño de la población. Esto fue lo que encontramos.


María Camacho
Las disputas de poder entre bandas criminales tiene
como consecuencia el aumento de violencia en las
ciudades del valle.

Lo que muestran las cifras en cada región

Para comenzar, se escogieron los cincuenta municipios más poblados del país, que con 8.543 homicidios en 2013, representaron el 56 por ciento del total nacional. A pesar de que se produjo una disminución del 3,6 por ciento en comparación con el 2012, el panorama no es alentador.

Entre los cincuenta municipios hay 16 –un tercio– cuya tasa se situó por encima del promedio nacional de 32 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch), en el lapso 2011 a 2013. Entre estos, las tasas de homicidios se incrementaron en seis municipios y disminuyeron en diez.

En su mayoría, son municipios en donde las tasas no habían sido muy altas comparadas con el promedio colombiano de los últimos años, a pesar de que superan ampliamente el nivel epidémico latinoamericano: Barrancabermeja, Soacha, Florencia y Pereira. Es más significativa el alza en Cali, donde las tasas persistentemente han sido muy altas, y también en Buenaventura. Ambas ciudades han estado atravesadas de tiempo atrás por las dinámicas del crimen organizado.

En efecto, Cali subió solamente un 6,8 por ciento, pero sus tasas son muy altas para una ciudad de más de dos millones de habitantes, pues fueron de 79 y 84 hpch respectivamente en 2012 y 2013. En Buenaventura, donde en el pasado eran muy altas y habían venido bajando, volvieron a subir un 50,3 por ciento, pasando de 32,4 a 48,6 hpch.

Tasas de homicidios en 2012 y 2013 en las 16 ciudades más afectadas en 2013Tasa de homicidios

Estas ciudades del Valle se encuentran en una dinámica de disputas entre dos facciones de “Los Rastrojos” –agrupación que se fragmentó desde principios de 2012–, y “Los Urabeños”, que buscan aprovechar los espacios que quedaron vacíos. Así se explica el aumento de las disputas en Cali, que se dan con mayor fuerza en sectores específicos de comunas del distrito de barrios de Aguablanca.

Paradójicamente, los golpes de las autoridades han fragmentado en exceso estas estructuras y las peleas se dan por la sucesión del mando o por mantener rentas ilegales en espacios específicos de la ciudad. En el caso de Buenaventura, “Los Urabeños” se apropiaron de la organización criminal denominada “La Empresa”, que anteriormente estaba al servicio de “Los Rastrojos”.

En contraste está Cartago, donde hubo una disminución de 3,2 por ciento. Sus tasas pasaron de 86,9 a 84,1, ambas muy elevadas. En Tuluá y Palmira, donde se produjeron reducciones del 27 por ciento y el 32 por ciento, las tasas siguen siendo también altas, pues pasaron de 97 a 70 hpch en el primero y de 91,7 a 61,9 hpch en el segundo.

En Cartago se aliaron dos bandas, “Los Motato” y “Cordillera”, que quedaron al mando de “Los Urabeños” para enfrentar a “Los Rastrojos”. En Tuluá, “Los Rastrojos” están divididos y las peleas entre facciones incrementaron en forma desmedida los niveles. Y aunque en la actualidad estarían debilitadas por las capturas, no se puede descartar una reconfiguración. En Palmira hay articulaciones entre redes de crimen organizado con asiento en Cali y Buenaventura.

En el caso de Pereira –inscrita en las dinámicas del norte del Valle y el eje cafetero–, la tasa de homicidios volvió a subir después de varios años consecutivos en que se redujo. Esto ocurrió porque la organización “Cordillera” se apropió de los principales expendios de droga de la ciudad. De 66,2 hpch en 2009 se pasó a 35,7 en 2012 y en 2013 subió a 38,9, casi cuatro veces el nivel que se considera epidémico.

La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

De las ciudades donde el homicidio disminuyó hay que destacar Medellín e Itaguí, donde la reducción fue del 26 por ciento y el 29 por ciento respectivamente, entre 2012 y 2013. En el caso de Medellín existe un debate en torno a si la disminución se debe a la intervención de las autoridades o es producto de un pacto entre las cinco facciones en que quedó dividido el sector que manejaba alias “Sebastián” y “Los Urabeños”. Ambas posiciones son correctas, aunque hay que advertir que la disminución ya se evidenciaba con fuerza desde 2011 y 2012, cuando Medellín pasó de 63,3 a 51,7 hpch.

En buena parte, este panorama se explica porque entre 2009 y 2010 las disputas ocurrieron en el nororiente, noroccidente, centro oriente, centro occidente y centro de la ciudad, pero una vez el sector de “Sebastián” resolvió a su favor las peleas en los dos primeros sectores (no menos de ocho comunas), estas solo persistieron en tres (la comuna 8 –oriente-, 16 y 13 -occidente-).

Así las cosas, en la medida que las disputas disminuyen, los homicidios también. Sin embargo, persisten las pequeñas extorsiones, el expendio de droga se ha reacomodado, y las bandas y los combos invierten en economías legales e ilegales.

En Santa Marta y Maicao también hay disminuciones, pero las tasas se mantienen por encima del promedio nacional. Durante 2012, en la capital del Magdalena, además de las disputas entre agrupaciones al servicio de “Rastrojos” y “Urabeños”, se produjo la escisión de “Los Giraldo”, que hacían parte de estos últimos, lo que subió los niveles de homicidios. En Maicao suben y bajan las disputas entre “Urabeños” y “Rastrojos” en un escenario donde tienen mucho peso las redes de contrabando.

Hay un conjunto de municipios donde las tasas subieron porcentualmente pero en donde los niveles no son tan altos. En Barrancabermeja, por ejemplo, el aumento fue del 80 por ciento, pero las tasas fueron de 29,1 y 49,2 hpch, entre 2012 y 2013.

Las cifras nacionales

Un segundo camino para analizar este tema es apreciar los cambios en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes a nivel municipal para todo el país. Y aquí, de nuevo, lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

 

Se identificaron 348 municipios que en 2013 superaron el promedio nacional de homicidios de 32 hpch. Esto sin duda es una cifra elevada pues se aproxima al tercio del país. De estos, 131 (cerca del 10 por ciento de los municipios) superan el doble del mismo promedio, es decir, están por encima de 64 hpch.

En Antioquia hay 71 municipios por encima del promedio nacional y 38 por encima del doble. En 56 de ellos hubo aumentos entre 2012 y 2013 y solamente en 15 hubo disminuciones. Los más críticos se concentran en el nordeste, Bajo Cauca y norte del departamento y entre los que superan el doble de ese promedio están Olaya, Segovia, Vegachí, Santo Domingo, Zaragoza, Valdivia, Remedios, Briceño, San Luis, Toledo, Ituango y Belmira.

En Segovia, por ejemplo, los homicidios bajan pero casi sextuplican el promedio de 32. En Vegachí lo quintuplican, a pesar de una reducción, y en Zaragoza aumentaron más del 600 por ciento hasta llegar a 143 hpch. Tienen en común el narcotráfico y/o la extracción de oro (se mezclan la gran minería y la extracción artesanal). No son pocos los casos donde hay disputas entre bandas criminales (“Rastrojos” divididos y “Urabeños”), a lo que hay que sumarle las disidencias y alianzas entre antiguos “Rastrojos” y “Urabeños”. Con frecuencia tercian las guerrillas que en no pocas ocasiones se alían con facciones criminales.


Federica Acosta
Segovia es uno de los 71 municipios en Antioquia en
donde la tasa de homicidios excede el
promedio nacional.

En el Valle hay 39 municipios que superaron la tasa promedio de 32 hpch y 22 de ellos superaron el doble (64 hpch). En 18 hubo aumentos y en 21 disminuciones. En algunos de los municipios donde los homicidios bajaron, sucedió que las tasas de 2012 habían sido demasiado altas, por lo que siguen con índices elevadísimos.

En Caicedonia, Bolívar, La Unión, El Águila y Toro las tasas son muy altas (entre 163 y 129 hpch) y registraron aumentos. Roldanillo y Ansermanuevo bajaron considerablemente (menos 29 por ciento y menos 44 por ciento), pero sus tasas se mantienen por encima de 100. Tuluá, Roldanillo y Palmira también lo hacen considerablemente, pero sus tasas siguen siendo muy altas.

Hay también problemas en Cali y Palmira, como ya se vio, a lo que hay que sumarle Florida, donde hace presencia las FARC. En resumen, las afectaciones urbanas y rurales se dan por narcotráfico y expendio de droga al detal, e incluyen la costa pacífica, la margen derecha de la cordillera occidental (corredores del narcotráfico hacia el Pacífico) y la margen derecha de la cordillera central.

También hay extensiones de las dinámicas criminales a Chocó, donde hay 14 municipios que superan el promedio nacional: San José del Palmar (sirve de corredor del narcotráfico), Nóvita (otro corredor de entrada al pacífico), Carmen del Darién (confluyen FARC y bandas) y Quibdó (aumentó el 20 por ciento como consecuencia de disputas entre Rastrojos y Urabeños). En Cauca son 24 los municipios que superan ese promedio. Una franja crítica es la de la margen derecha de la cordillera occidental que sirve de corredor al Pacífico: Argelia, El Tambo, Balboa y Patía.

En Nariño hay prolongaciones de estas dinámicas en algunos municipios de cordillera como Leiva, Policarpa, Samaniego y La Llanada, que sirven de corredores, pero también del Pacífico, como Tumaco, que bajó sus homicidios pero registró 81 hpch, Barbacoas, Roberto Payán y Olaya Herrera. En Nariño han tomado mucho peso las FARC ya que se han debilitado Los Rastrojos.

Hay también muchas zonas en donde el peso de la guerrilla y especialmente de las FARC incide en las tasas elevadas y/o en los aumentos. En el Catatumbo, por ejemplo, están Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama. A Cúcuta, donde la tasa bajó pero se mantiene muy alta, hay que agregarle el peso de bandas criminales.

lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

En el Meta también pesan las FARC, pero en algunos municipios hay interferencias de bandas criminales y de los Bloques Libertadores del Vichada y Meta. En la lista de los municipios con estas características está El Castillo, donde convergen guerrillas y bandas, y Lejanías, Uribe y La Macarena, con presencia de las FARC. Puede haber interferencias entre estas y las agrupaciones criminales en Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Puerto Lleras. Algo parecido sucede en municipios del Caquetá como Puerto Rico, Milán, Morelia y El Paujil.

En Putumayo hay también convergencia entre FARC y agrupaciones criminales. En Puerto Asís actúa la banda “La Constru”, “Los Rastrojos” y el frente 48 de las FARC y en Puerto Caicedo operan “La Constru” y el frente 32 de esa guerrilla. Al parecer, “La Constru” tendría vínculos con los dos frentes. En Arauca pesan las guerrillas.

Todo lo anterior demuestra que estamos frente un panorama donde un tercio del país se enfrenta a cifras de homicidio críticas y que en aquellos municipios donde hubo mejorías, no son pocos los que mantienen niveles elevados. En cerca de una décima parte de estos son demasiado altos, de ahí que el optimismo que por estos días exhibe el Gobierno debería ser más moderado. Un problema adicional es la falta de claridad en las cifras, que se hizo evidente en el enfrentamiento que protagonizaron hace pocos días el presidente Santos y Álvaro Uribe. Esto sin duda indica la urgencia de una política pública que propenda por la transparencia en los datos sobre crimen y violencia en el país.

Es cierto que Colombia ya no es el país de los años noventa sumido en la violencia y la desesperanza, sin embargo, hoy sigue estando entre los países que exhiben las tasas más altas de violencia letal del continente. 

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

** Politólogo de la Universidad de los Andes con un DEA en Sociología en l’Ecole D’Hautes Études en Sciences Sociales de París. Investigador sobre la violencia y la criminalidad en Colombia

 

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Comentarios  

Eduardo Saenz Rovner
+3 # ¿Narcotráfico=v iolencia?Eduardo Saenz Rovner 27-01-2014 23:23
1. En Colombia es común asumir que el narcotráfico y la violencia van de la mano. Esto lo deducen de la experiencias en Colombia y México, así como por las acciones de los criminales colombianos por el mundo, y la violencia en los guetos norteamericanos . Pero no es una Ley de Hierro (o de fierros) ni una correlación que puede ser aplicada en todo el mundo. Dos ejemplos, para empezar:

2. Antes de la Revolución, Cuba era uno de los principales lugares de paso de heroína desde el Medio Oriente y Francia y de cocaína sudamericana hacia los Estados Unidos. El consumo de drogas a nivel local era relativamente alto: marihuana en Oriente y en los bajos fondos de La Habana, opio entre los chinos (la segunda mayor colonia china en América o en Europa después de los Estados Unidos), y cocaína entre personas pudientes. Sin embargo, el negocio y el consumo eran "pacíficos". Los cubanos y las numerosas comunidades de inmigrantes en la isla (españoles, chinos, libaneses, caribeños) no se mataban por las drogas así como tampoco se mataban por cualquier otro tipo de negocios o por "costumbre". Al respecto ver, Eduardo Sáenz Rovner, La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución (Bogotá, UN, 2005).

3. El narcotráfico no era un negocio de violencia indiscriminada en los Estados Unidos. La evidencia empírica demuestra que los cubanos y norteamericanos que traficaban con drogas en Miami (los primeros cocaína, los segundos marihuana) no se mataban entre ellos ni crearon un clima de violencia en la ciudad. Únicamente con la llegada de los traquetos (y traquetas) colombianos se disparó la violencia en el Sur de la Florida a niveles nunca vistos y que incluso merecieron la intervención de un Task Force de la vicepresidencia norteamericana ante el desespero de la población miamense con la pestilencia (así la describían) que los azotaba. Las guerras de la cocaína que tocaron fondo en 1979 eran realizadas por colombianos y, de nuevo, la evidencia empírica, tomada de archivos judiciales y prensa roja, así lo demuestra. Al respecto, ver: E.S.R., "Entre Carlos Lehder y los vaqueros de la cocaína. La consolidación de las redes de narcotraficante s colombianos en Miami en los años 70", Cuadernos de Economía, 2011, fce.unal.edu.co/.../...

4. Habría que preguntarse entonces si el narcotráfico como actividad ilegal y por sí solo, es el causante de la violencia, o si más bien incrementa la violencia en sociedades acostumbradas a convivir con todo tipo de violencias (en las "relaciones" con los sindicatos, en la vida cotidiana, en la apropiación de la tierra, en como forma de hacer política, en la "resolución" de conflictos, en el crimen común generalizado y percibido por muchos como algo "normal" que "pasa en todo el mundo"). Setenta años de violencia endémica en Colombia no penden simplemente de un cacho.
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Roberto
+1 # ViolenciaRoberto 29-01-2014 19:11
L que mas me llama la atencion de ste estudio, es como no incluyen a la fuerza publica en este fenomeno. siendo claro que ls investigadores desconocen la dinamica de la violencia de la delincuencia organizada, la cual antes de instalarse en un sitio o zona cuadra especialmente con la policia su permanencia y la dinamica de los negocis ilicitos.
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Jose Parra
+2 # Calidad del AnalysisJose Parra 30-01-2014 18:59
SHola,

Soy estadistico de profesion y quiero saber ha cerca de los datos. Como fueron recolectdados? Cual fue el analysis de calidad y validacion? Son estos datos privados o de dominio publico?

La FIP es una institucion respetable, Sin embargo, haciendo publicos los datos, personas como yo podrian reproducir el analysis estadistico, y porque no, aportar nuevas ideas
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