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Internacional

Venezuela y Colombia: a des-escalar y a cooperar

Socorro RamírezUn recuento completo y contextualizado sobre la historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes, motivaciones y efectos de las medidas de Maduro. 

Socorro Ramírez*

 

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.

Cierre y estado de excepción

Para justificar el cierre de la frontera, primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito, reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de catástrofe, convulsión, amenazas económicas).

De cinco municipios afectados por esas medida, en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la abstención.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales. La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.

Las cosas son aún peores en la frontera donde –para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas, ambientales y de seguridad de ambos lados.

Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Foto: Ministerio de Defensa

Militarización vs diplomacia

El plan de seguridad No. 25 -Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta, separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna

Mientras avanza la militarización de la zona, se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.

El problema humanitario

La Invasión y otras barriadas similares se han ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o moto-  lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de identidad.

No todos los colombianos expulsados o que han huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:

  • la de quienes nunca intentaron resolver su migración irregular;
  • la de los que hicieron los trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron aprobados;
  • la de quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como “auditadas-rechazadas”;
  • la de quienes recibieron cédula de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
  • la de quienes tienen sus papeles en regla;
  • y la de varios que habían obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.

Capturados en redadas mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200 entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez. Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país”.

A los deportados se les suman los miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.

Todos esos sectores excluidos esperan lograr algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.

Además, entre los afectados están miles de venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio; pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal. También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los subsidios.

Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.

Una frontera sin alternativas económicas legales

El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
Foto: Presidencia de la República

El cierre de ahora de una parte de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado, con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a residir al otro lado.

Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio no ha aprovechado los periodos de cooperación:

  • Durante los años noventa vio pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el desarrollo en la zona.
  • Después vino el desacople traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa tensión destruyó además iniciativas  locales para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
  • Tras restablecer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de inclusión social.
  • Ambos lados de las fronteras quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más 700, evasión fiscal, defraudación aduanera.

Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia

La precaria y distorsionada presencia del Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares. Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).

Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza

Otros procesos agravan la inseguridad y la violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales (milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el “Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse con sectores venezolanos.

El acercamiento entre los gobiernos no revivió las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”, y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y  lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad. En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.

Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la militarización y el cierre de pasos fronterizos.

Alertas internacionales

La ONU apoya la atención humanitaria en la frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.

Los embajadores ante la OEA examinan la situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3 de septiembre a los cancilleres.

La Unión Europea, la Internacional Socialista, Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los colombianos deportados.

Ojalá todas esta intervenciones ayuden a des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.

 

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.

 

Política y Gobierno

El acuerdo de La Habana: ¿“constitutivo” o “instrumental”?

Javier Ciurlizza¿Será el punto final del conflicto, o el primer paso en “la construcción de la paz”?, ¿cómo, entonces, “refrendar” el acuerdo?, ¿cómo aplicar la justicia especial?  Análisis informado sobre las complejidades y las fórmulas que hoy están sobre el tapete.    

Javier Ciurlizza*

La delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.

Tres etapas

La expectativa sobre la etapa final del proceso de La Habana y sobre la forma como el acuerdo será aprobado y llevado a cabo, debería enmarcarse dentro de una pregunta más general: ¿qué significado tendrá el acuerdo de paz dentro del proceso de paz?

Esta pregunta intentó ser respondida al comienzo de las negociaciones, cuando el gobierno anunció un proceso de tres etapas:

  1. La primera concluyó con el “acuerdo general” que estableció la agenda y metodología para las conversaciones.
  2. La segunda acabaría cuando las partes firmen los acuerdos sobre los cinco puntos de la agenda.
  3. La tercera, y final, empieza “el día después de mañana” y consistiría en la ejecución de lo acordado.

Las dificultades para definir claramente cada una de esas etapas aumentan a medida que avanza el proceso. Fue relativamente fácil entender que con la agenda y la metodología se cerraba el capítulo de las conversaciones preliminares. Es también entendible que el acuerdo que resume los diálogos cerrará otro capítulo, aun cuando no sabemos aún cuáles serán sus detalles.

Dos lecturas

El tema de la función del acuerdo final dentro de un proceso de paz que se presume más amplio, ha sido estudiado de manera exhaustiva por Jean Arnault, quien representará a la Organización de Naciones Unidas en este proceso y -si es que pasamos a la tercera etapa- participará en la vigilancia de su ejecución.

En un ensayo publicado en 2001, que recoge su experiencia como jefe de la Misión de  Naciones Unidas en Guatemala, Arnault señalaba que los acuerdos de paz pueden ser entendidos de dos maneras o más precisamente que, según los analistas –y los protagonistas-, esos acuerdos tienen dos funciones, a menudo contrapuestas.

  • Para algunos, los pactos que ponen fin a los conflictos tienen carácter “constitutivo”. Quienes suscriben el acuerdo pretenden cerrar de manera definitiva los debates sobre la paz y dedicarse exclusivamente al cumplimiento de lo acordado. Esta perspectiva se habría planteado con fuerza en los países de América Central que negociaron la salida política de  sus conflictos armados, como Guatemala y El Salvador.
  • Para otros  analistas o protagonistas, los acuerdos de paz son “instrumentales”. Es decir, forman parte de un conjunto de mecanismos y procedimientos (ambos derivados de actos políticos) destinados a “construir la paz”. Podríamos también decir que en esta perspectiva “procedimental” no hay etapas definidas sino pasos secuenciales que se organizan para cumplir las metas acordadas durante la negociación. Este sería el caso, según Arnault, de la mayor parte de los procesos de paz en África.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Constitutivo o instrumental?

Los argumentos para otorgar a los acuerdos de paz un carácter constitutivo tienen que ver principalmente con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del acuerdo y con la protección legal de quienes los pactan. Se trata de “poner un candado” al acuerdo, de tal manera que nadie – ni siquiera una ley o un acto político de un gobierno futuro – pueda revertir lo acordado.

Parecería que los negociadores en La Habana están buscando asignarle al acuerdo de paz ese carácter constitutivo. Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”

La seguridad jurídica frente a procesos penales que no sean pactados, o regulados por el acuerdo, es una preocupación legítima. El problema consiste en que hay factores que no pueden ser controlados por los negociadores, y que harían que el acuerdo de La Habana resulte ser más instrumental que constitutivo.

Esos factores tienen que ver con tres aspectos concurrentes, a saber:

  1. El carácter democrático del Estado colombiano, que naturalmente debe someter todas sus decisiones públicas al escrutinio de instituciones políticas para darles validez.
  2. La función judicial, según la cual no es posible predeterminar los procesos penales en una mesa de negociación, porque ellos están sujetos a las decisiones de fiscales y jueces,
  3. La comunidad internacional y en particular el derecho internacional, que han regulado al menos parcialmente lo que las  partes pueden acordar al término de un conflicto interno.

Las circunstancias anteriores incidieron sobre el curso de la llamada Ley de Justicia y Paz. Un instrumento legal que inicialmente buscaba la “favorabilidad” de aquellos que se desmovilizaban y atender - a título complementario- los derechos de las víctimas, se convirtió en una herramienta de protección y garantía estos derechos y –apenas de modo complementario- en un mecanismo de desmovilización y reinserción, a tal  punto que se crearon instancias muy distintas para lo uno y lo otro: las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, por un lado; la Alta Consejería para la Reintegración, por el otro.

Los negociadores de La Habana son conscientes de este hecho. El alto comisionado Sergio Jaramillo ha insistido en que la paz en Colombia no puede reducirse a una acomodación bilateral de intereses y en que se necesitan “cambios profundos”. Esta visión sobre la función “estructural” o “reformadora” del acuerdo le imprime un tono aún más “instrumental”.

El problema de la refrendación

Las tensiones entre quienes entienden el acuerdo como la decisión final que clausura una etapa y se empeñan en blindarlo, y aquellos otros que se concentran en su desarrollo ulterior, se ha hecho evidente de manera indirecta en la discusión sobre cuáles son los instrumentos legales para aprobar lo acordado.

No necesariamente se trata de perspectivas irreconciliables. A veces las mismas personas asumen posiciones distintas según las circunstancias.

La primera tentación es pensar que solo una norma constitucional puede asegurar debidamente el acuerdo e impedir que terceros puedan revisarlo (por ejemplo, el gobierno que viene en 2018). Claramente las FARC le apostaban (o le apuestan) a una constituyente no solo porque querían discutir temas por fuera de la agenda, sino porque tenían la impresión de que la única vía digna y posible para ellos era la elevación al rango constitucional de los acuerdos.

Pero el tema resulta especialmente complejo. Las alternativas presentadas hasta ahora: un “congresito” o comisión especial; una reforma constitucional por artículos; o leyes estatutarias, no responden a la pregunta sobre la materia y sustancia que pasaría por esos procedimientos legislativos. ¿Todo el acuerdo?, ¿o solo algunas de sus disposiciones?

La justicia especial

Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Foto: Agencia Colombiana para la Reintegración

Los negociadores estarían pensando en fortalecer dos de los cinco temas acordados, justicia transicional y participación política, mediante un vaso comunicante entre ambos, que tiene que ver con la habilidad o inhabilidad de líderes de la guerrilla para conducir a las FARC hacia un movimiento político legal.

Asimismo, y en relación con este tema, se trataría de garantizar que los juicios a los máximos responsables (presumiblemente a través de tribunales especiales) sigan reglas distintas de las ordinarias, en particular en cuanto a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, lo cual permitiría acomodar mejor las sanciones reducidas y las penas alternativas.

Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia. 

Si esta es la idea del mecanismo de aprobación, es inteligente. Reduce la incertidumbre jurídica –aunque no la elimina– y facilita el tránsito de las FARC hacia la competencia política democrática. Esto crearía incentivos para que las guerrillas aceleren su propio desarme, y proporcionaría un calendario más o menos fijo de hechos políticos, que presumiblemente podrían cumplirse antes de las próximas elecciones.

Un futuro incierto

Pero esa opción también enfrenta dificultades. Una tiene que ver con el mecanismo de refrendación ofrecido por el gobierno y que se sigue prometiendo. No son claras las razones para anunciar de modo precipitado que todo lo acordado en La Habana sería materia de un referéndum, plebiscito o consulta popular. En realidad, no era formalmente necesario hacerlo si es que se pensaba en un mecanismo constitucional de aprobación. Pero ahora resultaría políticamente muy costoso reemplazar la consulta directa por mecanismos legislativos o por una elección específica.

Mirando la experiencia de otros países, especialmente la guatemalteca, los caminos no son sencillos. Allá, la reforma constitucional que institucionalizaba los acuerdos de paz de 1996, fue derrotada estrepitosamente en una consulta popular; no porque el pueblo de Guatemala no quisiera la paz, sino porque el gobierno que organizó la consulta era crecientemente impopular.

Estos son, en todo caso, los caminos abiertos al proceso de aprobación del acuerdo de paz.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”, pero la realidad política y la de los territorios más afectados por el conflicto probablemente empujen a considerar al proceso de paz como algo que va mucho más allá de un documento y el pacto solo como “instrumental” a ese proceso.
 

* Director del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y profesor en Justicia Transicional del Externado de Colombia, ex director para las Américas y Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
twitter1-1@Javierciurlizza

 

Economía y Sociedad

La economía colombiana: se recoge lo que se sembró

Isidro Hernandez

Una mirada serena y experta sobre la coyuntura que vivimos a raíz de la destorcida petrolera. Qué pasó, cuáles riesgos nos rondan, que está haciendo el gobierno, y qué tanto podrían lograr las herramientas monetarias, cambiarias y fiscales.

Isidro Hernández*

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.

El sector improductivo

La caída del precio internacional del petróleo y sus consecuencias sobre la tasa de cambio hicieron evidente que la estrategia de desarrollo económico de Colombia está montada sobre pies de arcilla. 

Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

Entre 2006 y 2014, un período de vacas gordas, el valor agregado creció a una tasa de 4,6 por ciento promedio anual, jalonada por los servicios, la minería y la construcción. Un solo sector (los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) aportó el 25,5 por ciento de ese crecimiento (Gráfica 1). 

Semejante resultado no causaría preocupación si hubiera ido acompañado por la expansión de actividades con enlaces productivos que crean riqueza real y dan solidez al crecimiento de largo plazo, como la industria manufacturera, los servicios de alto valor agregado y la agricultura.

Pero algunos comentaristas y centros de pensamiento que influyen sobre la dirigencia política y empresarial vendieron la idea de que la política de comercio internacional bastaba para inducir la eficiencia y alcanzar el crecimiento. Durante los pasados 25 años, esta concepción llevó a rechazar cualquier tipo de estrategias sectoriales verticales para la industria, los servicios de alto valor agregado y la agricultura. 

Por enésima vez el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar.

Los resultados están a la vista. Por enésima vez en la historia de Colombia, el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar de manera inmediata para atender las necesidades de consumo interno. Por eso el ajuste macroeconómico se hace a través de los precios es decir, acelerando la inflación; un tipo de ajuste que, desde luego, dejará efectos redistributivos perversos.

 

Gráfica 1. Participación en el crecimiento del valor agregado 2006-2014

Los flujos de capital

Otro elemento importante de la estrategia seguida durante las últimas décadas fue el incentivo a los ingresos de capital. Los gobiernos y sus defensores sostuvieron que la afluencia de inversión extranjera directa, impulsada por la política de la confianza inversionista, y los excesos de liquidez internacional producirían un mayor crecimiento económico.

Pero este argumento descuidó los costos. Y para entender la coyuntura actual es pertinente recordar dos de estos costos:

  1. Los recursos dirigidos al sector minero-energético y a comprar activos que no implican formación de capital -o sea distintos de maquinaria, equipo e infraestructura nueva- no significaron transferencia de tecnología ni alzas en productividad. Por el contrario agravaron una economía rentista y un flujo de divisas que, al estallar la crisis internacional y cuando el dólar se depreciaba frente al euro, coadyuvó a la revaluación del peso y estimuló las importaciones que desplazaron buena parte de la producción interna. Así entre 2006 y 2014, el peso se apreció un 3,9 por ciento en términos reales y las importaciones crecieron un 11,6 por ciento al año.
  2. El otro costo es el desequilibrio externo. A partir de 2005 el deterioro de la cuenta corriente se aceleró, no tanto por la mayor importación de bienes y servicios (como dicen algunos analistas), sino por el aumento en el envío de las ganancias obtenidas por la inversión extranjera directa.

En efecto: la balanza de bienes y servicios (exportaciones vs. importaciones) tuvo un déficit de 1.934 millones de dólares en 2006, mientras que el déficit en la renta factorial ascendió a 5.691 millones de dólares. El déficit en la cuenta corriente (2.911 millones de dólares) no fue mayor gracias a las transferencias corrientes, en especial a las remesas de los colombianos en el exterior.

Cinco años después, en 2011 - cuando las salidas por pagos factoriales alcanzaron su máximo nivel- el déficit en cuenta corriente se había multiplicado por 3, los pagos factoriales por 2,7 y, en cambio, la balanza comercial arrojaba un superávit, pese al aumento  nominal del 32 por ciento en las importaciones (el más alto en lo corrido del siglo).

Y para agravar las cosas, a parir del 2014 el déficit comercial  se sumó a la presión resultante del envío  de ganancias, que ya no alcanzaron a cubrir las transferencias de los colombianos  en el extranjero (Gráfica 2).

Gráfica 2. Resultado en cuenta corriente.  Millones de dólares.

  

Qué se está haciendo, qué se puede hacer

La situación actual del aparato productivo, las cuentas externas del país y las normas vigentes condicionan la actuación de las autoridades económicas.

El frente monetario muestra señales de prudencia: en su última reunión, la Junta del Banco de la República envió el mensaje de que prefiere el crecimiento sobre la inflación. Esta es una lectura adecuada del entorno macroeconómico, pues la actual aceleración de la inflación no proviene del aumento en la demanda agregada sino de un choque cambiario acompañado por la incapacidad de producción interna de bienes de la canasta familiar para amortiguarlo. En estas condiciones un alza de la tasa de interés de intervención no llevaría a controlar el fenómeno sino a deteriorar el crecimiento económico.

El ajuste vendrá de otra manera: los ritmos de depreciación se desacelerarán y la sustitución de bienes por parte de los consumidores, junto con el aumento en la oferta de alimentos en respuesta al mejor clima, frenarán el alza en el nivel de precios.

La prioridad no debe ser el retorno a la llamada “meta media” de inflación (3 por ciento anual) mediante el uso de instrumentos monetarios, sino mantenerla cerca del “techo” (4 por ciento) con políticas sectoriales que son responsabilidad del gobierno nacional. Una de ellas, aunque para nada suficiente, ya fue anunciada por el ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI: la reducción arancelaria para bienes intermedios.

La cuestión cambiaria también se maneja con sensatez. Cuando existe la apertura de la cuenta de capital, la autoridad tiene que escoger entre controlar la oferta monetaria o la tasa de cambio – no puede hacerlos ambos-. El punto está en cuál nivel de la tasa de cambio debe inducir la intervención del banco central, y con cuáles medidas debe acompañarse esa intervención para que la contracción resultante en la oferta monetaria no implique demasiado sacrificio del crecimiento económico y del empleo.

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la Junta Directiva del Banco. Bajo el escenario de extremo pesimismo, su nivel actual permitiría cubrir los egresos de la cuenta corriente durante medio año.

Pero la situación real será determinada por como reaccionen las exportaciones de sectores  distintos del minero-energético, las remesas de colombianos en el exterior y las empresas extranjeras que operan en el país. 

Lo que sigue

Distrito financiero de Hong Kong.
Distrito financiero de Hong Kong.
Foto: Mirza Asad Baig

-Un aspecto que no puede soslayarse es el riesgo cambiario que asumió el sector privado al tomar una deuda que en abril alcanzó los 42.436 millones de dólares, de los cuales al sector privado no financiero le corresponde el 70,3 por ciento.

Aquí surge una duda. La deuda de corto plazo es el 32 por ciento del total. Si la tasa de cambio se ancla en 3.500 pesos sin que las empresas endeudadas aumenten el volumen de ventas por la contracción de demanda que ya empieza a observarse, su situación financiera se puede deteriorar rápidamente.

Dadas las garantías ¿el gobierno estaría dispuesto a socializar las posibles quiebras derivadas de decisiones privadas? ¿O el banco central ejecutará una política que permita la reconversión de deuda privada externa por interna?

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la junta directiva del Banco.

-En el frente fiscal, 2014 cerró con un déficit de 2,4 por ciento sobre el PIB, una cifra excelente en el contexto mundial. Pero el problema no es la estabilidad fiscal que generó dividendos en los mercados financieros internacionales, sino la capacidad del gobierno para re-acelerar el crecimiento.

Si la característica básica del entorno es una desaceleración de la demanda agregada en medio de unas expectativas de contracción de la demanda mundial de materias primas por el menor crecimiento de China, se esperaría que el gobierno contrarrestara la tendencia mediante una política fiscal expansiva (y puesto que, como dije, no es mucho el margen para las políticas monetaria y cambiaria).

Sin embargo, el gobierno pone como centro de su la sostenibilidad y el cumplimiento de la regla fiscal. Por eso ajustó el presupuesto de 2015 con una disminución de los gastos de funcionamiento para neutralizar la caída de los precios del petróleo, y el presupuesto para 2016 sigue la misma línea.

La inversión en infraestructura vial, los proyectos de las 4G, acompañada por los programas de vivienda y del PIPE II son los instrumentos para enfrentar la desaceleración. La apuesta fiscal es parca frente al ambiente macro pues la reducción del gasto frena la demanda de corto plazo y los impactos multiplicadores de los proyectos de obra civil son pocos y concentrados. El efecto neto puede ser muy negativo para la coyuntura actual.

El sector empresarial y las autoridades económicas nos llevaron a una estructura económica que no puede responder a los choques externos, a las exigencias de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y al equilibrio en cuenta corriente. Esta situación no deja mucha libertad para actuar en un contexto mundial con tendencias recesivas y perjudiciales para la economía nacional.

La situación exige prudencia en materia monetaria y cambiaria, acompañada de una política fiscal activa que, desafortunadamente, quedó restringida por la decisión gubernamental de cumplir a rajatabla el marco legal de la sostenibilidad fiscal.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 8 - 16 minutos)

​En vez de cantar victoria hay que advertir que los niveles de violencia y sus aumentos o disminuciones relativas varían mucho entre regiones, departamentos o municipios. Una mirada detenida a estas diferencias, muestra más bien que la violencia en Colombia es cambiante.

María Victoria Llorente* - Rodolfo Escobedo**

Sin campo para el optimismo

Resulta prematuro afirmar que se haya dado una reducción importante de los homicidios, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos la primera semana de enero. Por el contrario, con el paso de los meses, cuando se consoliden las cifras, como ha sido usual en los últimos años, se irá haciendo más claro que aunque la tasa no aumentó  considerablemente respecto del 2012, tampoco se redujo.

De hecho, el ritmo de descenso se frenó hace rato. Esto, cuando Colombia triplica un nivel que se considera epidémico en América Latina, no da campo para tanto optimismo.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro. 

Más aún, muchos municipios en donde hay descensos, incluso grandes, mantienen niveles altos de violencia letal, que superan el promedio nacional. También se producen aumentos  en municipios donde los homicidios han sido persistentemente  altos.

Por lo demás, el análisis de lo que ocurrió en 2013 presenta un panorama complejo. La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

La convergencia entre bandas criminales y guerrillas –no las disputas entre ellas porque con frecuencia están aliadas– explica los niveles más altos (Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueños, Chocó, suroccidente del Cauca, Putumayo).

Sin embargo, la presencia de subversión no es una condición obligada para que los niveles sean muy elevados y un ejemplo es lo que sucede en el noroccidente del Valle. También hay que decir que en ocasiones esto se da solamente cuando su presencia es muy marcada, como lo evidencia algunos municipios de Meta, Guaviare y Caquetá.

Un análisis hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado por Catalina Rocha, Boris Ramirez, Juan Felipe García y Elizabeth Reyes, buscó identificar en dónde disminuyó y en dónde aumentó el homicidio.

Esto se hizo de dos maneras. Primero se identificó entre los 50 municipios más poblados del país, en cuáles aumentó y en cuáles disminuyó. Y después, usando los cálculos de tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se hizo el mismo ejercicio en el conjunto nacional, independientemente del tamaño de la población. Esto fue lo que encontramos.


María Camacho
Las disputas de poder entre bandas criminales tiene
como consecuencia el aumento de violencia en las
ciudades del valle.

Lo que muestran las cifras en cada región

Para comenzar, se escogieron los cincuenta municipios más poblados del país, que con 8.543 homicidios en 2013, representaron el 56 por ciento del total nacional. A pesar de que se produjo una disminución del 3,6 por ciento en comparación con el 2012, el panorama no es alentador.

Entre los cincuenta municipios hay 16 –un tercio– cuya tasa se situó por encima del promedio nacional de 32 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch), en el lapso 2011 a 2013. Entre estos, las tasas de homicidios se incrementaron en seis municipios y disminuyeron en diez.

En su mayoría, son municipios en donde las tasas no habían sido muy altas comparadas con el promedio colombiano de los últimos años, a pesar de que superan ampliamente el nivel epidémico latinoamericano: Barrancabermeja, Soacha, Florencia y Pereira. Es más significativa el alza en Cali, donde las tasas persistentemente han sido muy altas, y también en Buenaventura. Ambas ciudades han estado atravesadas de tiempo atrás por las dinámicas del crimen organizado.

En efecto, Cali subió solamente un 6,8 por ciento, pero sus tasas son muy altas para una ciudad de más de dos millones de habitantes, pues fueron de 79 y 84 hpch respectivamente en 2012 y 2013. En Buenaventura, donde en el pasado eran muy altas y habían venido bajando, volvieron a subir un 50,3 por ciento, pasando de 32,4 a 48,6 hpch.

Tasas de homicidios en 2012 y 2013 en las 16 ciudades más afectadas en 2013Tasa de homicidios

Estas ciudades del Valle se encuentran en una dinámica de disputas entre dos facciones de “Los Rastrojos” –agrupación que se fragmentó desde principios de 2012–, y “Los Urabeños”, que buscan aprovechar los espacios que quedaron vacíos. Así se explica el aumento de las disputas en Cali, que se dan con mayor fuerza en sectores específicos de comunas del distrito de barrios de Aguablanca.

Paradójicamente, los golpes de las autoridades han fragmentado en exceso estas estructuras y las peleas se dan por la sucesión del mando o por mantener rentas ilegales en espacios específicos de la ciudad. En el caso de Buenaventura, “Los Urabeños” se apropiaron de la organización criminal denominada “La Empresa”, que anteriormente estaba al servicio de “Los Rastrojos”.

En contraste está Cartago, donde hubo una disminución de 3,2 por ciento. Sus tasas pasaron de 86,9 a 84,1, ambas muy elevadas. En Tuluá y Palmira, donde se produjeron reducciones del 27 por ciento y el 32 por ciento, las tasas siguen siendo también altas, pues pasaron de 97 a 70 hpch en el primero y de 91,7 a 61,9 hpch en el segundo.

En Cartago se aliaron dos bandas, “Los Motato” y “Cordillera”, que quedaron al mando de “Los Urabeños” para enfrentar a “Los Rastrojos”. En Tuluá, “Los Rastrojos” están divididos y las peleas entre facciones incrementaron en forma desmedida los niveles. Y aunque en la actualidad estarían debilitadas por las capturas, no se puede descartar una reconfiguración. En Palmira hay articulaciones entre redes de crimen organizado con asiento en Cali y Buenaventura.

En el caso de Pereira –inscrita en las dinámicas del norte del Valle y el eje cafetero–, la tasa de homicidios volvió a subir después de varios años consecutivos en que se redujo. Esto ocurrió porque la organización “Cordillera” se apropió de los principales expendios de droga de la ciudad. De 66,2 hpch en 2009 se pasó a 35,7 en 2012 y en 2013 subió a 38,9, casi cuatro veces el nivel que se considera epidémico.

La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

De las ciudades donde el homicidio disminuyó hay que destacar Medellín e Itaguí, donde la reducción fue del 26 por ciento y el 29 por ciento respectivamente, entre 2012 y 2013. En el caso de Medellín existe un debate en torno a si la disminución se debe a la intervención de las autoridades o es producto de un pacto entre las cinco facciones en que quedó dividido el sector que manejaba alias “Sebastián” y “Los Urabeños”. Ambas posiciones son correctas, aunque hay que advertir que la disminución ya se evidenciaba con fuerza desde 2011 y 2012, cuando Medellín pasó de 63,3 a 51,7 hpch.

En buena parte, este panorama se explica porque entre 2009 y 2010 las disputas ocurrieron en el nororiente, noroccidente, centro oriente, centro occidente y centro de la ciudad, pero una vez el sector de “Sebastián” resolvió a su favor las peleas en los dos primeros sectores (no menos de ocho comunas), estas solo persistieron en tres (la comuna 8 –oriente-, 16 y 13 -occidente-).

Así las cosas, en la medida que las disputas disminuyen, los homicidios también. Sin embargo, persisten las pequeñas extorsiones, el expendio de droga se ha reacomodado, y las bandas y los combos invierten en economías legales e ilegales.

En Santa Marta y Maicao también hay disminuciones, pero las tasas se mantienen por encima del promedio nacional. Durante 2012, en la capital del Magdalena, además de las disputas entre agrupaciones al servicio de “Rastrojos” y “Urabeños”, se produjo la escisión de “Los Giraldo”, que hacían parte de estos últimos, lo que subió los niveles de homicidios. En Maicao suben y bajan las disputas entre “Urabeños” y “Rastrojos” en un escenario donde tienen mucho peso las redes de contrabando.

Hay un conjunto de municipios donde las tasas subieron porcentualmente pero en donde los niveles no son tan altos. En Barrancabermeja, por ejemplo, el aumento fue del 80 por ciento, pero las tasas fueron de 29,1 y 49,2 hpch, entre 2012 y 2013.

Las cifras nacionales

Un segundo camino para analizar este tema es apreciar los cambios en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes a nivel municipal para todo el país. Y aquí, de nuevo, lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

 

Se identificaron 348 municipios que en 2013 superaron el promedio nacional de homicidios de 32 hpch. Esto sin duda es una cifra elevada pues se aproxima al tercio del país. De estos, 131 (cerca del 10 por ciento de los municipios) superan el doble del mismo promedio, es decir, están por encima de 64 hpch.

En Antioquia hay 71 municipios por encima del promedio nacional y 38 por encima del doble. En 56 de ellos hubo aumentos entre 2012 y 2013 y solamente en 15 hubo disminuciones. Los más críticos se concentran en el nordeste, Bajo Cauca y norte del departamento y entre los que superan el doble de ese promedio están Olaya, Segovia, Vegachí, Santo Domingo, Zaragoza, Valdivia, Remedios, Briceño, San Luis, Toledo, Ituango y Belmira.

En Segovia, por ejemplo, los homicidios bajan pero casi sextuplican el promedio de 32. En Vegachí lo quintuplican, a pesar de una reducción, y en Zaragoza aumentaron más del 600 por ciento hasta llegar a 143 hpch. Tienen en común el narcotráfico y/o la extracción de oro (se mezclan la gran minería y la extracción artesanal). No son pocos los casos donde hay disputas entre bandas criminales (“Rastrojos” divididos y “Urabeños”), a lo que hay que sumarle las disidencias y alianzas entre antiguos “Rastrojos” y “Urabeños”. Con frecuencia tercian las guerrillas que en no pocas ocasiones se alían con facciones criminales.


Federica Acosta
Segovia es uno de los 71 municipios en Antioquia en
donde la tasa de homicidios excede el
promedio nacional.

En el Valle hay 39 municipios que superaron la tasa promedio de 32 hpch y 22 de ellos superaron el doble (64 hpch). En 18 hubo aumentos y en 21 disminuciones. En algunos de los municipios donde los homicidios bajaron, sucedió que las tasas de 2012 habían sido demasiado altas, por lo que siguen con índices elevadísimos.

En Caicedonia, Bolívar, La Unión, El Águila y Toro las tasas son muy altas (entre 163 y 129 hpch) y registraron aumentos. Roldanillo y Ansermanuevo bajaron considerablemente (menos 29 por ciento y menos 44 por ciento), pero sus tasas se mantienen por encima de 100. Tuluá, Roldanillo y Palmira también lo hacen considerablemente, pero sus tasas siguen siendo muy altas.

Hay también problemas en Cali y Palmira, como ya se vio, a lo que hay que sumarle Florida, donde hace presencia las FARC. En resumen, las afectaciones urbanas y rurales se dan por narcotráfico y expendio de droga al detal, e incluyen la costa pacífica, la margen derecha de la cordillera occidental (corredores del narcotráfico hacia el Pacífico) y la margen derecha de la cordillera central.

También hay extensiones de las dinámicas criminales a Chocó, donde hay 14 municipios que superan el promedio nacional: San José del Palmar (sirve de corredor del narcotráfico), Nóvita (otro corredor de entrada al pacífico), Carmen del Darién (confluyen FARC y bandas) y Quibdó (aumentó el 20 por ciento como consecuencia de disputas entre Rastrojos y Urabeños). En Cauca son 24 los municipios que superan ese promedio. Una franja crítica es la de la margen derecha de la cordillera occidental que sirve de corredor al Pacífico: Argelia, El Tambo, Balboa y Patía.

En Nariño hay prolongaciones de estas dinámicas en algunos municipios de cordillera como Leiva, Policarpa, Samaniego y La Llanada, que sirven de corredores, pero también del Pacífico, como Tumaco, que bajó sus homicidios pero registró 81 hpch, Barbacoas, Roberto Payán y Olaya Herrera. En Nariño han tomado mucho peso las FARC ya que se han debilitado Los Rastrojos.

Hay también muchas zonas en donde el peso de la guerrilla y especialmente de las FARC incide en las tasas elevadas y/o en los aumentos. En el Catatumbo, por ejemplo, están Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama. A Cúcuta, donde la tasa bajó pero se mantiene muy alta, hay que agregarle el peso de bandas criminales.

lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

En el Meta también pesan las FARC, pero en algunos municipios hay interferencias de bandas criminales y de los Bloques Libertadores del Vichada y Meta. En la lista de los municipios con estas características está El Castillo, donde convergen guerrillas y bandas, y Lejanías, Uribe y La Macarena, con presencia de las FARC. Puede haber interferencias entre estas y las agrupaciones criminales en Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Puerto Lleras. Algo parecido sucede en municipios del Caquetá como Puerto Rico, Milán, Morelia y El Paujil.

En Putumayo hay también convergencia entre FARC y agrupaciones criminales. En Puerto Asís actúa la banda “La Constru”, “Los Rastrojos” y el frente 48 de las FARC y en Puerto Caicedo operan “La Constru” y el frente 32 de esa guerrilla. Al parecer, “La Constru” tendría vínculos con los dos frentes. En Arauca pesan las guerrillas.

Todo lo anterior demuestra que estamos frente un panorama donde un tercio del país se enfrenta a cifras de homicidio críticas y que en aquellos municipios donde hubo mejorías, no son pocos los que mantienen niveles elevados. En cerca de una décima parte de estos son demasiado altos, de ahí que el optimismo que por estos días exhibe el Gobierno debería ser más moderado. Un problema adicional es la falta de claridad en las cifras, que se hizo evidente en el enfrentamiento que protagonizaron hace pocos días el presidente Santos y Álvaro Uribe. Esto sin duda indica la urgencia de una política pública que propenda por la transparencia en los datos sobre crimen y violencia en el país.

Es cierto que Colombia ya no es el país de los años noventa sumido en la violencia y la desesperanza, sin embargo, hoy sigue estando entre los países que exhiben las tasas más altas de violencia letal del continente. 

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

** Politólogo de la Universidad de los Andes con un DEA en Sociología en l’Ecole D’Hautes Études en Sciences Sociales de París. Investigador sobre la violencia y la criminalidad en Colombia

 

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Comentarios  

Eduardo Saenz Rovner
+3 # ¿Narcotráfico=v iolencia?Eduardo Saenz Rovner 27-01-2014 23:23
1. En Colombia es común asumir que el narcotráfico y la violencia van de la mano. Esto lo deducen de la experiencias en Colombia y México, así como por las acciones de los criminales colombianos por el mundo, y la violencia en los guetos norteamericanos . Pero no es una Ley de Hierro (o de fierros) ni una correlación que puede ser aplicada en todo el mundo. Dos ejemplos, para empezar:

2. Antes de la Revolución, Cuba era uno de los principales lugares de paso de heroína desde el Medio Oriente y Francia y de cocaína sudamericana hacia los Estados Unidos. El consumo de drogas a nivel local era relativamente alto: marihuana en Oriente y en los bajos fondos de La Habana, opio entre los chinos (la segunda mayor colonia china en América o en Europa después de los Estados Unidos), y cocaína entre personas pudientes. Sin embargo, el negocio y el consumo eran "pacíficos". Los cubanos y las numerosas comunidades de inmigrantes en la isla (españoles, chinos, libaneses, caribeños) no se mataban por las drogas así como tampoco se mataban por cualquier otro tipo de negocios o por "costumbre". Al respecto ver, Eduardo Sáenz Rovner, La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución (Bogotá, UN, 2005).

3. El narcotráfico no era un negocio de violencia indiscriminada en los Estados Unidos. La evidencia empírica demuestra que los cubanos y norteamericanos que traficaban con drogas en Miami (los primeros cocaína, los segundos marihuana) no se mataban entre ellos ni crearon un clima de violencia en la ciudad. Únicamente con la llegada de los traquetos (y traquetas) colombianos se disparó la violencia en el Sur de la Florida a niveles nunca vistos y que incluso merecieron la intervención de un Task Force de la vicepresidencia norteamericana ante el desespero de la población miamense con la pestilencia (así la describían) que los azotaba. Las guerras de la cocaína que tocaron fondo en 1979 eran realizadas por colombianos y, de nuevo, la evidencia empírica, tomada de archivos judiciales y prensa roja, así lo demuestra. Al respecto, ver: E.S.R., "Entre Carlos Lehder y los vaqueros de la cocaína. La consolidación de las redes de narcotraficante s colombianos en Miami en los años 70", Cuadernos de Economía, 2011, fce.unal.edu.co/.../...

4. Habría que preguntarse entonces si el narcotráfico como actividad ilegal y por sí solo, es el causante de la violencia, o si más bien incrementa la violencia en sociedades acostumbradas a convivir con todo tipo de violencias (en las "relaciones" con los sindicatos, en la vida cotidiana, en la apropiación de la tierra, en como forma de hacer política, en la "resolución" de conflictos, en el crimen común generalizado y percibido por muchos como algo "normal" que "pasa en todo el mundo"). Setenta años de violencia endémica en Colombia no penden simplemente de un cacho.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Roberto
+1 # ViolenciaRoberto 29-01-2014 19:11
L que mas me llama la atencion de ste estudio, es como no incluyen a la fuerza publica en este fenomeno. siendo claro que ls investigadores desconocen la dinamica de la violencia de la delincuencia organizada, la cual antes de instalarse en un sitio o zona cuadra especialmente con la policia su permanencia y la dinamica de los negocis ilicitos.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Jose Parra
+2 # Calidad del AnalysisJose Parra 30-01-2014 18:59
SHola,

Soy estadistico de profesion y quiero saber ha cerca de los datos. Como fueron recolectdados? Cual fue el analysis de calidad y validacion? Son estos datos privados o de dominio publico?

La FIP es una institucion respetable, Sin embargo, haciendo publicos los datos, personas como yo podrian reproducir el analysis estadistico, y porque no, aportar nuevas ideas
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

 

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