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Economía y Sociedad

Refinería de Cartagena: historia de una desidia

Libardo EspitiaEn este largo proceso se habían dado graves descalabros y grandes sobrecostos, pero no hubo investigaciones, ni sanciones, ni responsabilidades. Y mientras tanto el gobierno desangraba a Ecopetrol e ignoraba los daños ambientales.    

Libardo Espitia*

Edificio de Ecopetrol en Bogotá.

Desde 1996

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) nació como una entidad industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y dedicada a las actividades propias del petróleo y sus derivados: exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, así como a la administración de las reservas de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

La refinación del crudo se realizaba en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La Refinería de Cartagena fue construida en 1957 por Intercol, con una capacidad de refinación de 33,2 KPBD (millones de barriles día), y fue adquirida por Ecopetrol en 1974 por 35 millones de dólares, cuando tenía una capacidad de 42 KPBD, que después sería ampliada a 70,7 KPBD.

En 1996, dada la poca oferta nacional y para aumentar la producción de materiales petroquímicos como benzeno, propileno, disolventes asfálticos, alquitrán, butileno y xilenos, el gobierno expidió el documento Conpes 2878, donde se pedía a Ecopetrol que orientara la Refinería de Cartagena hacia la producción de petroquímicos, sin perjuicio de los combustibles (teniendo en cuenta que el 74 por ciento de la demanda nacional de los combustibles refinados los abastecía la Refinería de Barrancabermeja).

Asimismo se llevó a cabo un estudio con horizonte de 20 años donde se planteó la actualización tecnológica de la refinería y se concibió el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena (PMD), ampliando su capacidad de producción de 75 KPBD a 140 KPBD, con una inversión aproximada de 661,6 millones de dólares.

El plan maestro

Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Foto: Aris Gionis

En 2003 el gobierno de Uribe expidió el Decreto 1760 que le quitó a Ecopetrol la administración de las reservas de petróleo y la cambió de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad pública por acciones, cuya dirección y administración estarían a cargo de una asamblea de accionistas, una junta directiva y un presidente.

El PMD fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, aclarando que ese plan se llevaría a cabo con participación privada y con la enajenación de inversiones no estratégicas de Ecopetrol.

El contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

Mediante el documento Conpes 3212 de 2004, el proyecto fue declarado de importancia nacional y se creó un comité integrado por los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, del Departamento Nacional de Planeación y de Ecopetrol, encargado de buscar un inversionista privado que aportara capital de riesgo para la expansión de la refinería. El costo de la ingeniería de detalle fue establecido en 736 millones de dólares (+/o 10 por ciento), y se advirtió expresamente que el contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

El fiasco Glencore

En 2006 se enajenó el 51 por ciento de la participación de Ecopetrol en la Refinería, de lo cual resultó beneficiada la firma suiza Glencore International AG, con una transacción cerrada en 630,7 millones de dólares. Así nació la sociedad anónima por acciones Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR).

En desarrollo del PDM, en 2007 se celebró el contrato de ingeniería, suministros y construcción (“Engineering, Procurement and Construction (EPC)) entre REFICAR y la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I), una firma con sede en Texas, que dijo que terminaría las obras en diciembre de 2012. Con la mayoría accionaria en REFICAR, Glencore tomó la decisión de contratar a CB&I.

En forma paralela, Ecopetrol procedió a capitalizar el 10 por ciento de sus acciones (en cumplimiento de la Ley 1118 de 2006 ) y a construir la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, con una inversión de 1.023 millones de dólares.

En 2009, ante la ineficiencia del socio privado, Ecopetrol recompró las acciones de Glencore por un valor de 549 millones de dólares. Así, Andean Chemical (cuyo propietario es Ecopetrol) quedó como propietario del 50,99 por ciento de las acciones y Ecopetrol S.A. quedó con un 49 por ciento. Es decir, Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena sin deshacer o renegociar las condiciones contractuales con CB&I.

Una obra importante

Según un análisis de la Contraloría General, hasta marzo de 2014, en el momento del cierre de la Unidad de Crudo de la Refinería de Cartagena, Colombia tenía una capacidad de refinación de 335 KPBD, de los cuales el 74,6 por ciento correspondía a la Refinería de Barrancabermeja, un 23,9 por ciento a la de Cartagena, y el restante 1,5 por ciento a las refinerías de Orito y Apiay.

CAPACIDAD INSTALADA DE REFINACION (KPBDC)

Año

Barrancabermeja

Cartagena

Apiay

Orito

Total

2014

250

80

2,5

2,8

335,3

2016

250

165

2,5

2,8

420,3

  

 

 

 

 



Fuente: Contraloría General de la República

Con la ampliación de la Refinería de Cartagena, cuya capacidad pasó de 80 a 165 KBPDC, Colombia llegará a 42 KBPDC en 2016, lo cual implica un aumento del 25,4 por ciento (la Refinería de Cartagena representará el 39,3 por ciento de este total).  Si recordamos que la producción de crudo en Colombia está hoy por encima de los 1.000 KBPDC, esto significa que con la Refinería de Cartagena tendremos capacidad para refinar el 40 por ciento del petróleo que extraemos.

Finalmente con las demoras del PDM, el pasado 10 de noviembre entró en operación la nueva Refinería de Cartagena, con una inversión total de 8.015 millones de dólares y con capacidad de transformar crudo en derivados de buena calidad y con menos contaminantes, al tiempo que le aportará al PIB industrial un 8 por ciento, según cifras del ministro de Hacienda.

Obra limpia y combustible limpio

Pero a pesar de la debacle con Glencore y de los sobrecostos que se han venido dando a lo largo de los años, no se ha adelantado ningún tipo de investigación fiscal, disciplinaria o penal.

Modernizar las refinerías es sinónimo de combustibles eficientes. Pero pese a que desde 1996 hay estudios técnicos que así lo señalaban, los gobiernos de turno tomaron las utilidades de Ecopetrol como dineros de caja menor y le impidieron acometer las modernizaciones necesarias.

Según el documento Conpes 3312 de 2004, la ejecución del proyecto, además de permitirle a la Refinería de Cartagena aumentar el rendimiento de productos blancos (gasolinas, GLP y medios) a niveles competitivos, mejoraría la calidad de los productos refinados reduciendo el contenido de azufre en gasolinas de 1.000 ppm (partículas de azufre por cada millón de partículas de gasolina) hasta 300 ppm para el consumo nacional y 30 ppm para exportar. En el diésel habría una disminución desde 4.500 ppm a 500 ppm para consumo nacional y 30 ppm para exportar. Además, se dejaría de importar diésel y sus derivados para la demanda nacional.

Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena.

Solo a finales de 2012, cuando entró en operación la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, Ecopetrol produjo el primer barril de gasolina limpia o hidrotratada de menos de 300 ppm de azufre y de diésel de menos de 50 ppm, el nivel exigido en la regulación nacional para las ciudades de mayor consumo.

Daños ambientales ignorados

Refinería de Cartagena.
Refinería de Cartagena.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Código Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, la Constitución y la Ley Ambiental establecen el derecho colectivo para que las personas gocen de un ambiente sano, y le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.  

Mediante el Decreto 948 de 1995 el gobierno reglamentó la Protección y Control de la Calidad del Aire.  Aunque este reglamento prohíbe la presencia del plomo en las gasolinas, también redujo el estándar en lo tocante al azufre.

El diésel o ACPM es mucho más contaminante que las gasolinas corriente y extra, pero en Colombia el sector de transporte que utiliza ACPM (como los sistemas masivos) ha aumentado al punto que desde el 2004 se ha sobrepasado la demanda de las gasolinas y la brecha ha crecido año tras año:

Año

Consumo nacional de gasolina corriente motor barril/d

Consumo nacional de ACPM

Barriles/

Día

Volumen exportaciones petróleo miles de barriles día

Volumen exportaciones de derivados miles de barriles día

Volumen de importaciones de hidrocarburos miles de barriles día

1998

117012

60026

519,66

 

30,25

1999

105488

53581

601,22

 

18,20

2000

97278

60494

462,85

79,07

5,43

2001

87192

59915

391,76

87,23

9,77

2002

83619

59943

291,78

81,45

9,35

2003

81984

69661

229,83

88,50

8,71

2004

78449

73606

218,50

101,48

7,06

2005

76946

81823

221,1

91,37

16,25

2006

72020

84832

219,1

94,25

14,16

2007

62639

81295

242,4

52,97

10,66

2008

58822

74202

259,5

52,43

11,43

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Ecopetrol

Por no modernizarnos a tiempo

La modernización tecnológica de las refinerías era pues una tarea necesaria que sin embargo los gobiernos habían eludido. Y cuando al fin se tomó la decisión  se produjeron grandes sobrecostos para las finanzas públicas, que estamos pagando todos los colombianos. Pero los funcionarios públicos que permitieron el detrimento no han sido investigados ni sancionados. Tampoco han  asumido su responsabilidad, comenzando por el ex presidente Uribe, quien en su afán por entregar la Refinería a manos privadas, desatendió las voces que le recomendaban que la misma Ecopetrol asumiera el PDM con recursos propios y utilizando los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP) que la empresa mantenía desde 1995, pero que el gobierno destinó vía plan de desarrollo para otros menesteres.  Inclusive entre las recomendaciones de los Conpes 3312 y 3336 estaba la de que Ecopetrol fuera el operador la Refinería.

No menos grave ha sido el año para la salud de todos que resulta del material que arrojan  al aire los derivados del petróleo, un daño cuyo costo no ha sido ni será cuantificado. Ni mucho menos reparado.

A falta de una oportuna modernización, Ecopetrol ha tenido que importar ACPM para mezclarlo con el producido en las dos refinerías, cuyos costos a precios internacionales se ha venido trasladando al usuario final.

Por último, cabe preguntarse: ¿por qué hoy, con las refinerías funcionando al 100 por ciento, sin tener que importar y con el precio del barril WTI cerca de los 30 dólares no han bajado los precios de los combustibles?  Esto tendría que explicarlo el ministro de Hacienda,  pues es el quien realmente toma mes a mes las decisiones sobre el precio de los  combustibles.

 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

 

Conflicto, Drogas y Paz

Negociaciones de paz: en la recta final

Álvaro VillarragaSe ha logrado casi todo y al mismo tiempo falta lo más difícil. ¿Dónde estamos y que más se necesita para llegar al fin definitivo de las hostilidades? ¿Cómo será el proceso de desarme, desmovilización y reinserción? Un recuento oportuno y ordenado.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El Jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle.

Cerca de la meta

Después de tres años de negociaciones, los delegados del gobierno y de las FARC reunidos en La Habana se aprestan a culminar la discusión de la agenda definida en el acuerdo inicial y a suscribir el acuerdo general, con el cese consiguiente de las hostilidades militares, la dejación de las armas, la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y la convocatoria a la refrendación ciudadana.

Si esto se logra, se conseguiría el acuerdo de paz más importante de las últimas décadas, aunque todavía quedaría faltando un pacto con el ELN para dar por finalizado el conflicto bélico colombiano.

Lo conseguido ha sido difícil, y lo que falta lo será más, pues antes de que llegue el anhelado final del proceso quedan por resolver numerosos pendientes del conjunto de la agenda.

Por fortuna, las conversaciones recuperaron el “círculo virtuoso” que les ha dado su fuerza: des-escalamiento de las acciones militares, avance en acuerdos y recuperación de la credibilidad ciudadana. Gracias a esto las partes avanzan con decisión hacia la firma en la fecha convenida (23 de marzo), sino de todos los acuerdos, al menos de la mayoría de los faltantes.

Innovaciones dentro de la mesa

Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.
Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de
Antioquia.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Importa recordar que en distintos momentos del proceso se han introducido cambios a la metodología que complementaron o enriquecieron lo que se había establecido en la fase exploratoria. Estos cambios han surgido de iniciativas provenientes de la sociedad, de las partes en la mesa o de la comunidad internacional, y esencialmente sirvieron para superar los momentos más críticos o para subsanar los vacíos más notorios. Entre estos cambios o innovaciones se destacan:

  • Los foros convocados por la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional;
  • La creación de subcomisiones técnicas, como las de enfoque de género, fin del conflicto y paramilitarismo;
  • El apoyo de una comisión de asesores jurídicos con participación de invitados de las partes; y
  • La invitación de delegaciones de víctimas.

En el curso de la negociación también se han producido otras medidas, tanto de carácter unilateral como bilaterales que fueron más allá de lo metodológico y trajeron consecuencias favorables en términos políticos, militares y humanitarios:

Las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos.
  • Las cinco declaratorias unilaterales de cese al fuego de las FARC y, en reciprocidad, la declaratoria gubernamental de cese de los bombardeos aéreos;
  • Varios acuerdos humanitarios para la liberación de integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC;
  • El acuerdo especial de desminado con participación de las partes, acompañamiento técnico internacional y con enorme proyección estratégica de descontaminación de territorios;
  • La concesión de indultos a una treintena de guerrilleros;
  • La aceptación del papel de facilitadores de los países acompañantes de la mesa (Cuba y Noruega) y de los países que la apoyan (Venezuela y Chile) en tiempos de crisis;
  • La invitación a la ONU y a UNASUR para asistir en las deliberaciones;
  • Los delegados de organismos intergubernamentales y de países estratégicos con acceso a la mesa de negociación;
  • La invitación a comisiones del Congreso de la República para conversar en la mesa, primero sobre el tema de víctimas y luego para encontrar el mecanismo legal de aplicación de los acuerdos. Este hecho se complementó con la invitación a delegados de partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades de la comunidad internacional.
  • Los actos de reconocimiento de las víctimas de las FARC (Bojayá y otros casos recientemente anunciados).

En este momento se está experimentado con otro cambio del orden, dejando atrás la metodología de ciclos, planteando una concentración casi permanente de la negociación y habilitando el tratamiento paralelo de los temas que faltan en la agenda, de manera que la mesa y sus líderes actúen ahora como instancia de coordinación ejecutiva.

Con este nuevo procedimiento se logró el reciente acuerdo sobre el mecanismo de verificación ofrecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, que incorporará observadores de la CELAC y delegaciones de las partes.

El cese al fuego

El cese al fuego unilateral de las FARC y el cese de los bombardeos aéreos por parte del gobierno dieron lugar, en la práctica, a un alto al fuego no declarado pero realmente existente en los últimos meses. Esta situación se tradujo en cifras extraordinariamente bajas de acciones bélicas, muertes y violaciones de los derechos humanos. Esto por supuesto no niega que se sigan registrando casos de violencia, aunque en cantidades más discretas.

En estas condiciones no tiene sentido emprender operativos militares contra una guerrilla con la que ya se tienen o se perfeccionan acuerdos para finalizar la guerra. También estaría por fuera de cualquier lógica que las FARC rompieran el cese al fuego, cuando este ha influido de manera tan positiva sobre la mesa de negociaciones y después de que probaron las nefastas consecuencias de la ruptura del cese anterior y el rechazo generalizado por sus sabotajes a la infraestructura pública.

Ahora las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos y que, en las actuales circunstancias, pierde sentido intentar alterar las ventajas militares.

Es un hecho que las partes ya tienen borradores de consensos sobre la implementación del cese de hostilidades, aunque estos aún no han sido consolidados en acuerdos ni han sido todavía divulgados. Pero es posible prever algunos de los asuntos principales del compromiso que podrán adoptar las partes para ponerle fin a todo tipo de confrontación armada, acción militar o hechos violentos:

  • El cese de hostilidades llevará al desmonte de los dispositivos estratégicos, tácticos y operativos de la guerra, e implicará la conclusión de los planes de guerra y las campañas operativas.
  • El fin de hostilidades también traerá para el Estado cambios en la concepción, estructura, líneas operativas y dispositivos de inteligencia; la desmilitarización de instancias y ámbitos civiles; y la superación del discurso y las convocatorias de guerra, así como la supresión de la cooperación militar de guerra que brindan Estados Unidos y otros países.
  • Para la guerrilla este momento significará poner punto final a las actividades de carácter militar y de control de territorios, así como a las acciones de control poblacional con pretensiones de gobernanza, tributación y justicia.

Garantías y dejación de armas

Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los
Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Foto: Policía Nacional de Colombia

El cierre de la guerra necesita la construcción de confianza política entre las partes y la mutua credibilidad en el cumplimiento de los términos pactados. También exige ofrecerles a las guerrillas garantías efectivas de acceso a la vida política, legal, institucional y ciudadana.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. En este punto no basta con la explicación oficial sobre la desmovilización de las AUC, cuando se ha reconocido la parcialidad de ese proceso y es evidente que existen rezagos paramilitares activos. Sin duda el paramilitarismo actual es un fenómeno degradado, desarticulado y afectado por disputas internas y por acciones estatales en su contra. Pero se trata de un problema que no ha sido superado y que no se reduce a expresiones armadas sino a factores de poder, alianzas y soportes de diversa índole.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. 

Como no se trata de una derrota militar sino de un acuerdo pactado, el asunto de la desmovilización y desarme guerrillero necesita un marco de distensión militar que conlleve paralelamente el repliegue de los contingentes militares oficiales en guerra contra las FARC, de tal forma que se garantice un ambiente para las concentraciones guerrilleras en diversas zonas y la preparación y realización de acciones de desarme.

Sobre este tema no existe una fórmula internacional rígida, pero la costumbre y experiencias recientes llevaron a formular los Estándares Integrados de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) de la ONU en 2006. Entre ellos se cuentan procedimientos de desmovilización de unidades militares de combate, desarme y fases de reinserción inmediata y reintegración social mediata.

La propia experiencia colombiana es rica y diversa. Por ejemplo en un reciente estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Desmovilización y reintegración paramilitar se hace referencia a 15 experiencias diversas de DDR en Colombia durante las últimas décadas, con contextos, actores y modalidades distintos.

En todo caso, con las FARC ya hay algunos asuntos claros. Con la firma del acuerdo final se procederá, en un plazo de dos meses, a la desmovilización de las unidades guerrilleras y a la dejación de las armas.  En consecuencia son previsibles el progresivo acuartelamiento de las tropas guerrilleras en zonas específicas, la dejación de las armas, su almacenamiento, custodia y destrucción; así como de las municiones, los explosivos y del resto del material de avituallamiento de guerra.

Por un asunto simbólico y de dignidad militar, las armas no se entregan a quienes fueron sus enemigos. Por eso guerrillas como el M19 y el EPL las dejaron ante veedurías internacionales y esta última las puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La agrupación regional Partido Revolucionario de los Trabajadores de Montes de María las arrojó al fondo del mar Caribe y el Movimiento Armado Quintín Lame las dejó ante una veeduría internacional para que fueran destruidas por los pueblos indígenas del Cauca.

Se prevé que, de igual forma, las FARC no solo contarán con la veeduría internacional que ya se definió sino que tal vez tengan un proceso de desmovilización y desarme más complejo, metódico y de aplicación progresiva.

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Economía y Sociedad

El Zika y el abandono de la salud pública

Mario HernándezLa prevención de esta epidemia se ha dejado en manos de cada persona y su tratamiento en manos de las EPS. Estas medidas son insuficientes y vuelven a poner en evidencia que en Colombia no tenemos un sistema de salud pública.

Mario Hernández Álvarez*

Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

La epidemia

El lunes de esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la expansión de la epidemia del virus Zika como “una emergencia de salud pública de importancia internacional”.

La infección no es mortal en sí misma y la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves que no obligan a consultar al doctor. Entonces ¿por qué se declaró la emergencia? La respuesta está en la asociación observada entre el aumento de casos de niños nacidos con microcefalia (una cabeza muy pequeña debido al poco desarrollo del cerebro durante la gestación) y la epidemia de zika, en especial en Brasil. Se habla también de una relación entre esta infección y casos del síndrome de Guillain-Barré, una inflamación de los nervios que produce parálisis progresiva de las piernas hacia la cabeza y que puede ocasionar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.

En todo caso hay mucho de exageración. En Brasil, de los 4.783 casos sospechosos de microcefalia reportados hasta el 30 de enero, se han han estudiado a fondo 3.670. Entre estos, solo 404 han tenido confirmación de ser “microcefalia u otras alteraciones del sistema nervioso central y solo 17 han tenido relación con zika”.

En estas condiciones no se entiende por qué el doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud y Servicios de Salud, afirma que “de acuerdo con las proyecciones que hemos hecho es inminente que surgirán casos de este tipo y al finalizar este año existe la posibilidad de que existan entre 450 y 600 casos de microcefalia”.

Lo que dice la OMS

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la
conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
Foto: Ministerio de Salud

El informe de los expertos de la OMS  concluye que la expansión se debe a la ausencia de defensas de las personas que no habían tenido contacto previo con el virus y a la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de este virus y de otros como el del dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en muchas regiones del mundo.

Por lo tanto, dice la OMS, se necesita “una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas, para intensificar el control de los mosquitos, y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que protejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo”.

En todo caso hay mucho de exageración. 

El informe habla poco de las causas profundas de este tipo de problemas -las llamadas Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV)- y sobre por qué éstas han aumentado durante los últimos años. Sin embargo, el reporte sí muestra el tamaño de los retos que impone la epidemia a los Estados y las sociedades que deben superarla.

Veamos, entonces, cuáles son esas causas profundas y qué tan preparados están el Estado y la sociedad colombianos para afrontar este nuevo embate sanitario.

Las causas

Es obvio que si no hay defensas, un virus se reproduce más fácilmente en el organismo y aparece la enfermedad. Pero el hecho de que el contacto con el virus se produzca a través de la picadura de un mosquito impone otras reflexiones.

Para empezar, la presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. En estas condiciones, están expuestas muchas más personas hoy que hace veinte años. Adicionalmente, el fenómeno de El Niño es cada vez más prolongado e intenso. No en vano, hace diez años se afirmaba que el mosquito no se reproducía en alturas mayores a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad se encontró que el límite ascendió a 2.200 metros, de suerte que casi el 80 por ciento de la población colombiana quedó incluida en el grupo de riesgo.

Está claro que el cambio climático no es natural, sino que está asociado con la forma depredadora de producir y consumir dentro del capitalismo contemporáneo. Si seguimos en esta senda estarán dadas las condiciones para el mantenimiento de las ETV y su control será cada vez más difícil.

Otro agravante de la situación es el predominio del llamado consumismo individual de salud, ligado con el “complejo médico industrial y financiero”, que nos ha llevado a la idea de buscar la “bala mágica” para cada enfermedad y nos hace abandonar cada vez más la prevención y la construcción colectiva de mejores condiciones de vida.

En el ámbito nacional, es claro que no todos se enferman por igual, y que la incidencia del zika y de todas las ETV varía mucho entre subpoblaciones, pues es obvio que estas se concentran en las áreas más pobres o con peores condiciones de vida. En efecto, la presencia de estas enfermedades es mucho mayor donde: 

  • No hay acueducto,
  • Existe una pésima recolección de basuras,
  • Hay malas condiciones de vivienda,
  • Se ve una educación precaria,
  • No hay programas de salud pública, y
  • Existe un mínimo acceso a servicios de salud de calidad y oportunos.

Brasil es tal vez el país donde mejor se ha demostrado la distribución desigual de esta enfermedad, pero es posible identificar esta relación en todos los países afectados en América Latina y el Caribe.

La presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. 

No basta entonces con medidas de autocuidado para afrontar un asunto de tanta complejidad. Se necesita una respuesta coordinada entre el Estado y la sociedad. Lastimosamente, Colombia no está en las mejores condiciones para lograrlo.

El abandono de la salud pública

Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el Zika.
Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el
Zika.
Foto: Sanofi Pasteur

Dos tendencias del sector salud colombiano han debilitado cada vez más la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad frente a problemas como las ETV.

  1. Por una parte se ha dado un proceso de descentralización que acabó con los programas nacionales de control de estas enfermedades, antes manejadas por la Dirección Nacional de Campañas Directas y el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM). Ahora la responsabilidad se le entregó a los municipios y departamentos, que muchas veces no tienen las condiciones técnicas ni financieras para mantener y mejorar estos servicios.
  2. Por otra parte se decidió separar las responsabilidades en el sector salud, de manera que de la atención individual se encargan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de la salud pública los entes territoriales es decir, los municipios y los departamentos. Esta parece una maravillosa combinación entre Estado y mercado. Sin embargo, todos los días se demuestra la inoportuna respuesta de las EPS a las demandas de atención de la población, especialmente de aquella en las áreas que tienen las peores condiciones y donde proliferan el zika y las demás ETV.

¿Podrán las EPS colombianas cumplir algunas de las más importantes indicaciones de la OMS en caso de sospecha de zika esto es, con: 

  • Atención prioritaria de sintomáticos,
  • Verificación oportuna en el laboratorio entre tres y cinco días,
  • Seguimiento de las gestantes infectadas como embarazo de alto riesgo, incluyendo la medición ecográfica periódica del perímetro craneal del feto para tomar la mejor decisión con las familias afectadas,
  • Seguimiento de las potenciales alteraciones neurológicas?

Sinceramente no creo.

Por otra parte las instituciones de salud pública, que están absolutamente desmanteladas técnica y financieramente en los municipios y departamentos, ¿podrán detectar y controlar los criaderos de mosquitos, hacer fumigaciones cuando sea necesario, realizar el seguimiento de espacios públicos, educar a la comunidad y elaborar un programa participativo de prevención domiciliaria? Tampoco lo creo.

En estas condiciones resultan por lo menos insuficientes las “recomendaciones” del Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidas al comportamiento individual, y que no tocan a las limitaciones estructurales del sistema de salud y de la salud pública en el ámbito territorial.

Este no es un asunto de voluntades. La prevención individual puede ayudar, pero sin duda es marginal si no se actúa en contra de las causas profundas de un problema tan complejo. Avanzamos en la dirección equivocada. La epidemia de zika está mostrando las enormes debilidades del sistema de salud colombiano, supuestamente premiado por sus logros en salud pública, como afirma el ministro Alejandro Gaviria. Es hora de cambiar de rumbo.

 

* Médico, especialista en Bioética, magíster y doctor en Historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.

 

​En vez de cantar victoria hay que advertir que los niveles de violencia y sus aumentos o disminuciones relativas varían mucho entre regiones, departamentos o municipios. Una mirada detenida a estas diferencias, muestra más bien que la violencia en Colombia es cambiante.

María Victoria Llorente* - Rodolfo Escobedo**

Sin campo para el optimismo

Resulta prematuro afirmar que se haya dado una reducción importante de los homicidios, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos la primera semana de enero. Por el contrario, con el paso de los meses, cuando se consoliden las cifras, como ha sido usual en los últimos años, se irá haciendo más claro que aunque la tasa no aumentó  considerablemente respecto del 2012, tampoco se redujo.

De hecho, el ritmo de descenso se frenó hace rato. Esto, cuando Colombia triplica un nivel que se considera epidémico en América Latina, no da campo para tanto optimismo.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro.

Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que sube por un lado, disminuye por el otro. 

Más aún, muchos municipios en donde hay descensos, incluso grandes, mantienen niveles altos de violencia letal, que superan el promedio nacional. También se producen aumentos  en municipios donde los homicidios han sido persistentemente  altos.

Por lo demás, el análisis de lo que ocurrió en 2013 presenta un panorama complejo. La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

La convergencia entre bandas criminales y guerrillas –no las disputas entre ellas porque con frecuencia están aliadas– explica los niveles más altos (Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueños, Chocó, suroccidente del Cauca, Putumayo).

Sin embargo, la presencia de subversión no es una condición obligada para que los niveles sean muy elevados y un ejemplo es lo que sucede en el noroccidente del Valle. También hay que decir que en ocasiones esto se da solamente cuando su presencia es muy marcada, como lo evidencia algunos municipios de Meta, Guaviare y Caquetá.

Un análisis hecho por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado por Catalina Rocha, Boris Ramirez, Juan Felipe García y Elizabeth Reyes, buscó identificar en dónde disminuyó y en dónde aumentó el homicidio.

Esto se hizo de dos maneras. Primero se identificó entre los 50 municipios más poblados del país, en cuáles aumentó y en cuáles disminuyó. Y después, usando los cálculos de tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se hizo el mismo ejercicio en el conjunto nacional, independientemente del tamaño de la población. Esto fue lo que encontramos.


María Camacho
Las disputas de poder entre bandas criminales tiene
como consecuencia el aumento de violencia en las
ciudades del valle.

Lo que muestran las cifras en cada región

Para comenzar, se escogieron los cincuenta municipios más poblados del país, que con 8.543 homicidios en 2013, representaron el 56 por ciento del total nacional. A pesar de que se produjo una disminución del 3,6 por ciento en comparación con el 2012, el panorama no es alentador.

Entre los cincuenta municipios hay 16 –un tercio– cuya tasa se situó por encima del promedio nacional de 32 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch), en el lapso 2011 a 2013. Entre estos, las tasas de homicidios se incrementaron en seis municipios y disminuyeron en diez.

En su mayoría, son municipios en donde las tasas no habían sido muy altas comparadas con el promedio colombiano de los últimos años, a pesar de que superan ampliamente el nivel epidémico latinoamericano: Barrancabermeja, Soacha, Florencia y Pereira. Es más significativa el alza en Cali, donde las tasas persistentemente han sido muy altas, y también en Buenaventura. Ambas ciudades han estado atravesadas de tiempo atrás por las dinámicas del crimen organizado.

En efecto, Cali subió solamente un 6,8 por ciento, pero sus tasas son muy altas para una ciudad de más de dos millones de habitantes, pues fueron de 79 y 84 hpch respectivamente en 2012 y 2013. En Buenaventura, donde en el pasado eran muy altas y habían venido bajando, volvieron a subir un 50,3 por ciento, pasando de 32,4 a 48,6 hpch.

Tasas de homicidios en 2012 y 2013 en las 16 ciudades más afectadas en 2013Tasa de homicidios

Estas ciudades del Valle se encuentran en una dinámica de disputas entre dos facciones de “Los Rastrojos” –agrupación que se fragmentó desde principios de 2012–, y “Los Urabeños”, que buscan aprovechar los espacios que quedaron vacíos. Así se explica el aumento de las disputas en Cali, que se dan con mayor fuerza en sectores específicos de comunas del distrito de barrios de Aguablanca.

Paradójicamente, los golpes de las autoridades han fragmentado en exceso estas estructuras y las peleas se dan por la sucesión del mando o por mantener rentas ilegales en espacios específicos de la ciudad. En el caso de Buenaventura, “Los Urabeños” se apropiaron de la organización criminal denominada “La Empresa”, que anteriormente estaba al servicio de “Los Rastrojos”.

En contraste está Cartago, donde hubo una disminución de 3,2 por ciento. Sus tasas pasaron de 86,9 a 84,1, ambas muy elevadas. En Tuluá y Palmira, donde se produjeron reducciones del 27 por ciento y el 32 por ciento, las tasas siguen siendo también altas, pues pasaron de 97 a 70 hpch en el primero y de 91,7 a 61,9 hpch en el segundo.

En Cartago se aliaron dos bandas, “Los Motato” y “Cordillera”, que quedaron al mando de “Los Urabeños” para enfrentar a “Los Rastrojos”. En Tuluá, “Los Rastrojos” están divididos y las peleas entre facciones incrementaron en forma desmedida los niveles. Y aunque en la actualidad estarían debilitadas por las capturas, no se puede descartar una reconfiguración. En Palmira hay articulaciones entre redes de crimen organizado con asiento en Cali y Buenaventura.

En el caso de Pereira –inscrita en las dinámicas del norte del Valle y el eje cafetero–, la tasa de homicidios volvió a subir después de varios años consecutivos en que se redujo. Esto ocurrió porque la organización “Cordillera” se apropió de los principales expendios de droga de la ciudad. De 66,2 hpch en 2009 se pasó a 35,7 en 2012 y en 2013 subió a 38,9, casi cuatro veces el nivel que se considera epidémico.

La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.

De las ciudades donde el homicidio disminuyó hay que destacar Medellín e Itaguí, donde la reducción fue del 26 por ciento y el 29 por ciento respectivamente, entre 2012 y 2013. En el caso de Medellín existe un debate en torno a si la disminución se debe a la intervención de las autoridades o es producto de un pacto entre las cinco facciones en que quedó dividido el sector que manejaba alias “Sebastián” y “Los Urabeños”. Ambas posiciones son correctas, aunque hay que advertir que la disminución ya se evidenciaba con fuerza desde 2011 y 2012, cuando Medellín pasó de 63,3 a 51,7 hpch.

En buena parte, este panorama se explica porque entre 2009 y 2010 las disputas ocurrieron en el nororiente, noroccidente, centro oriente, centro occidente y centro de la ciudad, pero una vez el sector de “Sebastián” resolvió a su favor las peleas en los dos primeros sectores (no menos de ocho comunas), estas solo persistieron en tres (la comuna 8 –oriente-, 16 y 13 -occidente-).

Así las cosas, en la medida que las disputas disminuyen, los homicidios también. Sin embargo, persisten las pequeñas extorsiones, el expendio de droga se ha reacomodado, y las bandas y los combos invierten en economías legales e ilegales.

En Santa Marta y Maicao también hay disminuciones, pero las tasas se mantienen por encima del promedio nacional. Durante 2012, en la capital del Magdalena, además de las disputas entre agrupaciones al servicio de “Rastrojos” y “Urabeños”, se produjo la escisión de “Los Giraldo”, que hacían parte de estos últimos, lo que subió los niveles de homicidios. En Maicao suben y bajan las disputas entre “Urabeños” y “Rastrojos” en un escenario donde tienen mucho peso las redes de contrabando.

Hay un conjunto de municipios donde las tasas subieron porcentualmente pero en donde los niveles no son tan altos. En Barrancabermeja, por ejemplo, el aumento fue del 80 por ciento, pero las tasas fueron de 29,1 y 49,2 hpch, entre 2012 y 2013.

Las cifras nacionales

Un segundo camino para analizar este tema es apreciar los cambios en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes a nivel municipal para todo el país. Y aquí, de nuevo, lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

 

Se identificaron 348 municipios que en 2013 superaron el promedio nacional de homicidios de 32 hpch. Esto sin duda es una cifra elevada pues se aproxima al tercio del país. De estos, 131 (cerca del 10 por ciento de los municipios) superan el doble del mismo promedio, es decir, están por encima de 64 hpch.

En Antioquia hay 71 municipios por encima del promedio nacional y 38 por encima del doble. En 56 de ellos hubo aumentos entre 2012 y 2013 y solamente en 15 hubo disminuciones. Los más críticos se concentran en el nordeste, Bajo Cauca y norte del departamento y entre los que superan el doble de ese promedio están Olaya, Segovia, Vegachí, Santo Domingo, Zaragoza, Valdivia, Remedios, Briceño, San Luis, Toledo, Ituango y Belmira.

En Segovia, por ejemplo, los homicidios bajan pero casi sextuplican el promedio de 32. En Vegachí lo quintuplican, a pesar de una reducción, y en Zaragoza aumentaron más del 600 por ciento hasta llegar a 143 hpch. Tienen en común el narcotráfico y/o la extracción de oro (se mezclan la gran minería y la extracción artesanal). No son pocos los casos donde hay disputas entre bandas criminales (“Rastrojos” divididos y “Urabeños”), a lo que hay que sumarle las disidencias y alianzas entre antiguos “Rastrojos” y “Urabeños”. Con frecuencia tercian las guerrillas que en no pocas ocasiones se alían con facciones criminales.


Federica Acosta
Segovia es uno de los 71 municipios en Antioquia en
donde la tasa de homicidios excede el
promedio nacional.

En el Valle hay 39 municipios que superaron la tasa promedio de 32 hpch y 22 de ellos superaron el doble (64 hpch). En 18 hubo aumentos y en 21 disminuciones. En algunos de los municipios donde los homicidios bajaron, sucedió que las tasas de 2012 habían sido demasiado altas, por lo que siguen con índices elevadísimos.

En Caicedonia, Bolívar, La Unión, El Águila y Toro las tasas son muy altas (entre 163 y 129 hpch) y registraron aumentos. Roldanillo y Ansermanuevo bajaron considerablemente (menos 29 por ciento y menos 44 por ciento), pero sus tasas se mantienen por encima de 100. Tuluá, Roldanillo y Palmira también lo hacen considerablemente, pero sus tasas siguen siendo muy altas.

Hay también problemas en Cali y Palmira, como ya se vio, a lo que hay que sumarle Florida, donde hace presencia las FARC. En resumen, las afectaciones urbanas y rurales se dan por narcotráfico y expendio de droga al detal, e incluyen la costa pacífica, la margen derecha de la cordillera occidental (corredores del narcotráfico hacia el Pacífico) y la margen derecha de la cordillera central.

También hay extensiones de las dinámicas criminales a Chocó, donde hay 14 municipios que superan el promedio nacional: San José del Palmar (sirve de corredor del narcotráfico), Nóvita (otro corredor de entrada al pacífico), Carmen del Darién (confluyen FARC y bandas) y Quibdó (aumentó el 20 por ciento como consecuencia de disputas entre Rastrojos y Urabeños). En Cauca son 24 los municipios que superan ese promedio. Una franja crítica es la de la margen derecha de la cordillera occidental que sirve de corredor al Pacífico: Argelia, El Tambo, Balboa y Patía.

En Nariño hay prolongaciones de estas dinámicas en algunos municipios de cordillera como Leiva, Policarpa, Samaniego y La Llanada, que sirven de corredores, pero también del Pacífico, como Tumaco, que bajó sus homicidios pero registró 81 hpch, Barbacoas, Roberto Payán y Olaya Herrera. En Nariño han tomado mucho peso las FARC ya que se han debilitado Los Rastrojos.

Hay también muchas zonas en donde el peso de la guerrilla y especialmente de las FARC incide en las tasas elevadas y/o en los aumentos. En el Catatumbo, por ejemplo, están Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama. A Cúcuta, donde la tasa bajó pero se mantiene muy alta, hay que agregarle el peso de bandas criminales.

lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.

En el Meta también pesan las FARC, pero en algunos municipios hay interferencias de bandas criminales y de los Bloques Libertadores del Vichada y Meta. En la lista de los municipios con estas características está El Castillo, donde convergen guerrillas y bandas, y Lejanías, Uribe y La Macarena, con presencia de las FARC. Puede haber interferencias entre estas y las agrupaciones criminales en Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Puerto Lleras. Algo parecido sucede en municipios del Caquetá como Puerto Rico, Milán, Morelia y El Paujil.

En Putumayo hay también convergencia entre FARC y agrupaciones criminales. En Puerto Asís actúa la banda “La Constru”, “Los Rastrojos” y el frente 48 de las FARC y en Puerto Caicedo operan “La Constru” y el frente 32 de esa guerrilla. Al parecer, “La Constru” tendría vínculos con los dos frentes. En Arauca pesan las guerrillas.

Todo lo anterior demuestra que estamos frente un panorama donde un tercio del país se enfrenta a cifras de homicidio críticas y que en aquellos municipios donde hubo mejorías, no son pocos los que mantienen niveles elevados. En cerca de una décima parte de estos son demasiado altos, de ahí que el optimismo que por estos días exhibe el Gobierno debería ser más moderado. Un problema adicional es la falta de claridad en las cifras, que se hizo evidente en el enfrentamiento que protagonizaron hace pocos días el presidente Santos y Álvaro Uribe. Esto sin duda indica la urgencia de una política pública que propenda por la transparencia en los datos sobre crimen y violencia en el país.

Es cierto que Colombia ya no es el país de los años noventa sumido en la violencia y la desesperanza, sin embargo, hoy sigue estando entre los países que exhiben las tasas más altas de violencia letal del continente. 

 

* Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y violencia, políticas de seguridad nacional y ciudadana y reforma de la Policía.

** Politólogo de la Universidad de los Andes con un DEA en Sociología en l’Ecole D’Hautes Études en Sciences Sociales de París. Investigador sobre la violencia y la criminalidad en Colombia

 

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Comentarios  

Eduardo Saenz Rovner
+3 # ¿Narcotráfico=v iolencia?Eduardo Saenz Rovner 27-01-2014 23:23
1. En Colombia es común asumir que el narcotráfico y la violencia van de la mano. Esto lo deducen de la experiencias en Colombia y México, así como por las acciones de los criminales colombianos por el mundo, y la violencia en los guetos norteamericanos . Pero no es una Ley de Hierro (o de fierros) ni una correlación que puede ser aplicada en todo el mundo. Dos ejemplos, para empezar:

2. Antes de la Revolución, Cuba era uno de los principales lugares de paso de heroína desde el Medio Oriente y Francia y de cocaína sudamericana hacia los Estados Unidos. El consumo de drogas a nivel local era relativamente alto: marihuana en Oriente y en los bajos fondos de La Habana, opio entre los chinos (la segunda mayor colonia china en América o en Europa después de los Estados Unidos), y cocaína entre personas pudientes. Sin embargo, el negocio y el consumo eran "pacíficos". Los cubanos y las numerosas comunidades de inmigrantes en la isla (españoles, chinos, libaneses, caribeños) no se mataban por las drogas así como tampoco se mataban por cualquier otro tipo de negocios o por "costumbre". Al respecto ver, Eduardo Sáenz Rovner, La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución (Bogotá, UN, 2005).

3. El narcotráfico no era un negocio de violencia indiscriminada en los Estados Unidos. La evidencia empírica demuestra que los cubanos y norteamericanos que traficaban con drogas en Miami (los primeros cocaína, los segundos marihuana) no se mataban entre ellos ni crearon un clima de violencia en la ciudad. Únicamente con la llegada de los traquetos (y traquetas) colombianos se disparó la violencia en el Sur de la Florida a niveles nunca vistos y que incluso merecieron la intervención de un Task Force de la vicepresidencia norteamericana ante el desespero de la población miamense con la pestilencia (así la describían) que los azotaba. Las guerras de la cocaína que tocaron fondo en 1979 eran realizadas por colombianos y, de nuevo, la evidencia empírica, tomada de archivos judiciales y prensa roja, así lo demuestra. Al respecto, ver: E.S.R., "Entre Carlos Lehder y los vaqueros de la cocaína. La consolidación de las redes de narcotraficante s colombianos en Miami en los años 70", Cuadernos de Economía, 2011, fce.unal.edu.co/.../...

4. Habría que preguntarse entonces si el narcotráfico como actividad ilegal y por sí solo, es el causante de la violencia, o si más bien incrementa la violencia en sociedades acostumbradas a convivir con todo tipo de violencias (en las "relaciones" con los sindicatos, en la vida cotidiana, en la apropiación de la tierra, en como forma de hacer política, en la "resolución" de conflictos, en el crimen común generalizado y percibido por muchos como algo "normal" que "pasa en todo el mundo"). Setenta años de violencia endémica en Colombia no penden simplemente de un cacho.
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Roberto
+1 # ViolenciaRoberto 29-01-2014 19:11
L que mas me llama la atencion de ste estudio, es como no incluyen a la fuerza publica en este fenomeno. siendo claro que ls investigadores desconocen la dinamica de la violencia de la delincuencia organizada, la cual antes de instalarse en un sitio o zona cuadra especialmente con la policia su permanencia y la dinamica de los negocis ilicitos.
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Jose Parra
+2 # Calidad del AnalysisJose Parra 30-01-2014 18:59
SHola,

Soy estadistico de profesion y quiero saber ha cerca de los datos. Como fueron recolectdados? Cual fue el analysis de calidad y validacion? Son estos datos privados o de dominio publico?

La FIP es una institucion respetable, Sin embargo, haciendo publicos los datos, personas como yo podrian reproducir el analysis estadistico, y porque no, aportar nuevas ideas
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

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