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El feminicidio está arraigado en la cultura

Maltrato contra las mujeres, está en el arraigo cultural.

Myriam JimenoA pesar de las leyes, las cifras siguen siendo deplorables. Por eso hay que buscar más hondo, en la romantización del amor, en el supuesto de que el agresor es un enfermo, o en la creencia de que razón y emoción son cosas separadas. Una mirada crítica sobre ideas que damos por sentadas.

Myriam Jimeno*

El Estado, el pueblo y los inversionistas en pugna: el caso Marmato y otros similares

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Escenarios y tensiones electorales del 2018

Esta campaña en particular se librará en las redes sociales y los medios tradicionales tendrán que hacer frente a eso

Enrique HerreraAunque los candidatos no están muy bien definidos, ya se puede decir mucho sobre los espacios, los métodos, los temas y las disyuntivas que enmarcarán la campaña presidencial que se avecina. Y sin embargo…  

 

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Legalización de la droga: Por qué sí - Por qué no 

¿Cómo combatir el narcotráfico sin sacrificar la paz?

Drogas ilícitas

Fernando GuerraEl narcotráfico está vivo y el gobierno está a punto de reiniciar su guerra contra los cocaleros. Por eso urge reconstruir el campo y asumir la bandera de la legalización,                                                     

Fernando Guerra Rincón*

La legalización de las drogas recreativas: una ilusión inviable

Incautación de cocaína.

Francisco ThoumiQuienes defienden la legalización en Colombia olvidan que para que esta tenga los efectos que esperan el mundo tendría que moverse en la misma dirección. Pero esto es un imposible porque todos o casi todos los países de ese mundo son prohibicionistas.  

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Especial

La reconciliación como acontecimiento judicial

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP

Nestor CorreaPorque se trata de un tema de veras prioritario – y en un país donde las leyes han tendido a no cumplirse-  publicamos este texto esperanzador del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Néstor Raúl Correa*

Análisis

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

María Fernanda Arocha Jorge A. Restrepo El tratado que acaba de entrar en vigencia permitirá reforzar los controles sobre la producción y comercialización de armas de fuego. Pero si quiere garantizar la paz, Colombia necesita devolverle las armas al Estado.   

María Fernanda Arocha V.* - Jorge A. Restrepo**

Un tratado innovador

El pasado 24 de diciembre entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas (TCA), que había sido firmado por Colombia en septiembre de 2013. El Tratado se encuentra a la espera de ratificación por el Congreso, después de que el gobierno presentó el proyecto de ley correspondiente.  

Este tratado es el primer texto internacional legalmente vinculante en materia de comercio de armas de fuego. El Tratado también es innovador como herramienta para atacar las causas del uso y tráfico de armas, al mismo tiempo que ayuda a controlar las armas que permiten o ayudan a expresar la violencia.

Los instrumentos anteriores se habían enfocado sobre las armas ilícitas, pero el TCA regula el comercio legal de armas. Este paso es importante porque el comercio lícito es el origen principal de las armas que acaban en manos de organizaciones criminales y sustentan las guerras y la represión armada.

Si bien el Tratado no tendrá efectos de corto plazo en cuanto a reducción de la violencia, sí hará difícil el tráfico de armas, pues adopta medidas que hacen más transparente su comercio y por primera vez hace responsables de su cumplimiento a todos los Estados.

El TCA regula cada paso de las actividades comerciales, a las cuales denomina “transferencias”, incluyendo la exportación, importación, tránsito, trasbordo y corretaje (Artículo 2). La precisión y el alcance amplio de la regulación garantizan su integralidad, pues no cobija solo a los países involucrados en el comercio, sino a aquellos que participan de una u otro modo en la organización y desarrollo de cada transacción. Esta mayor claridad sobre quiénes fabrican, venden, transportan o sirven de intermediarios, transformará el hasta ahora muy opaco comercio internacional de armas.

Incautación de arsenal que tenía como destino grupos delincuenciales en el Valle del Cauca.
Incautación de arsenal que tenía como destino grupos delincuenciales en el Valle
del Cauca.
Foto: Policía Nacional de los Colombianos

Por qué conviene a Colombia

Si bien no hace parte de los grandes países fabricantes, importadores o exportadores de armas, Colombia tiene una industria militar que fabrica y desarrolla armas de exportación. El TCA le permitirá a la industria militar mantener el comercio de armas, pero con una mayor transparencia y publicidad, de manera que las armas “made in Colombia” (desde munición y bombas hasta pistolas, revólveres y fusiles) no lleguen a grupos armados, grupos criminales o a Estados represivos.

Pero Colombia se beneficiará sobre todo porque podrá mejorar el control interno sobre las armas de fuego. Con el Tratado podrán rastrearse de modo más efectivo las armas que  demandan y a las que tienen acceso los grupos criminales, los neoparamilitares y las guerrillas. Tal reducción  del flujo ilegal de armas seguramente ayudará a reducir la violencia, al hacer más difícil y costoso que estos grupos las adquieran.

Pistolas, municiones y uso final de las armas

El ámbito de aplicación del Tratado también presenta avances importantes, porque además de regular las armas “convencionales” que se utilizan en la guerra (como decir los carros de combate, los vehículos blindados, el sistema de artillería de gran calibre, las aeronaves de combate, los helicópteros de ataque, los buques de guerra y los misiles y lanzamisiles) incluye las armas pequeñas y ligeras que causan los altísimos niveles de violencia en Colombia. Según la Policía Nacional, el 80 por ciento de los homicidios ocurren con armas de fuego y el 90 por ciento de estos se producen con pistolas y revólveres.

Si bien no hace parte de los grandes países fabricantes, importadores o exportadores de armas, Colombia tiene una industria militar que fabrica y desarrolla armas de exportación. 

Y puesto que las armas pueden durar muchos años, nada se logra con regular su comercio sino  se regulan las municiones. Uno de los debates más intensos durante la negociación del Tratado fue el de incluir o no las “municiones, partes y componentes”. Por fortuna la presión de las organizaciones no gubernamentales logró imponerse sobre el costosísimo y sostenido cabildeo de las industrias de armas y municiones. .

La otra preocupación de las organizaciones no gubernamentales era el uso de las armas en la represión estatal. El Tratado resulta innovador pues prohíbe las transferencias cuando suponen violar obligaciones impuestas a los Estados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (sanciones y embargos de armas, por ejemplo), violar tratados internacionales (de derechos humanos u otros) o cuando exista información sobre un posible uso para cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio u otras infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (Artículo 6).

El TCA establece además la obligación de los Estados (aunque no de las empresas) de evaluar cada transacción, de modo que aun cuando no exista ninguna de las condiciones anteriores, debe prohibir una transferencia si existe el riesgo de que el uso de las armas acabe por afectar la seguridad y la paz.

Miembros del Ejército Nacional portando fusiles de alto poder.
Miembros del Ejército Nacional portando fusiles de alto poder.
Foto: Ronald Dueñas

Oportunidad para Colombia

Aunque el Tratado mejorará la cooperación entre países (es multilateral y de obligatorio cumplimiento una vez sea ratificado por 50 países, lo que se alcanzó en diciembre pasado), esta cooperación no resulta suficiente. El TCA no obliga a controlar internamente las armas, sino que impone condiciones mínimas para hacer público, completo y transparente su registro, y para hacer más costoso y difícil su acceso.

Para sacar las armas de la violencia será preciso mejorar sustancialmente el control interno; y en esto sentido el TCA no es más que una oportunidad para reformar la política interna de un país como Colombia.  De aquí se desprende un reto: nuestra regulación data de 1992 y necesita ser  modernizada para ponerse a tono con el TCA, aprovechando para mejorar el registro y reducir los riesgos anexos a las armas de fuego (incluso de aquellas que el Estado permite para la protección personal).

Establecer un registro transparente, completo y actualizado de las armas es una tarea que no debe aplazarse. Diseñar procedimientos efectivos de acceso a la información por parte del público y de las autoridades es condición para mejorar la persecución penal de la violencia armada y  entender el papel de las armas en los muy altos niveles de violencia en Colombia.

En segundo lugar debemos mejorar el control de armas, y los procedimientos, programas o proyectos para hacer que las armas concesionadas por el Estado las porten quienes sepan reducir los riesgos asociados con ellas y evitar que sean usadas por criminales.

En tercer lugar hay que redefinir las competencias en materia de regulación, registro, control y oferta de armas. No solo existen clarísimos conflictos de interés que deben ser eliminados, sino que deben corregirse la dispersión y descoordinación de tareas y competencias.

Uno de los debates más intensos durante la negociación del Tratado fue el de incluir o no las “municiones, partes y componentes”. 

El gobierno hizo bien en someter al Congreso el TCA y es probable que este lo refrende. Sin embargo, además de su aprobación y de modernizar la regulación y control de las armas,  el asunto debería ganar más importancia dentro de la agenda pública. Hoy por hoy es un tema menor y disperso entre decenas de entidades, con una débil coordinación por parte de la Cancillería. La dirección de la política  ha sido asumida por el Comando General de las Fuerzas Militares, en medio de una disputa entre el Ejército y la Policía por la definición clara de responsabilidades.

Los casos abundantes de corrupción organizada dentro de las Fuerzas Militares en relación con el  tráfico de armas, así como la disfuncionalidad del sistema de registro y la poca eficacia del control, confirman que las cosas no andan bien. 

El Tratado propone medidas para mejorar la transparencia y efectividad en el control de armas. Sin embargo su aplicación interna depende de cada país, y por tanto lo esencial es qué tan  comprometido esté el Estado colombiano en ofrecer seguridad como bien público.

Si la seguridad en el posconflicto va a ser pública y no privatizada, el control de las armas debe ser reformado. De lo contrario reviviremos el ciclo de transformación de la violencia. Para no seguir el camino centroamericano de un posconflicto inseguro, violento y con seguridad armada privatizada, debemos devolverle las armas al Estado.

 

* Investigadora del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC)

** Profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC)​ 

 

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Comentarios  

Yamid
+1 # No al desarme de los ciudadanos.Yamid 13-08-2015 22:03
Me parece absurdo, salido de Cóntexto, que digan que las armas que tenemos las personas que tenemos armas legales nos culpen de la violencia, es un concepto populista, donde se aprovechan de la ignorancia de kas personas, acaso las bandas criminales dependen de indumil para poder ser armar, no. El monopolio de kas armas por parte del estado es represión. Culpar a los que portamos armas legales de la violencia es un pensamiento mediocre.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

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