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La destacada congresista ecuatoriana que acompañó a Correa hasta hace poco analiza la Consulta Popular que acaba de cumplirse y concluye que ésta en efecto fue un revés para el gobierno y sobre todo, que la deriva autoritaria de Correa es un hecho.
Los temas de la consulta
En ejercicio de una de sus facultades, el presidente Rafael Correa convocó a una consulta popular, que se realizó el 7 de mayo. A casi una semana y sin que se conozcan aún los resultados definitivos, se puede hacer ya una lectura de los significados políticos de la convocatoria y de los efectos del octavo proceso electoral en estos cuatro años de gobierno.
La Consulta Popular propuesta por el presidente Correa marcó un nuevo momento de la llamada "Revolución Ciudadana" y fue convocada alrededor de los siguientes temas principales:
a) El combate a la delincuencia, mediante fórmulas históricas de la derecha ecuatoriana, según las cuales existe una supuesta oposición entre derechos y seguridad;
b) La intervención directa del gobierno Correa en la administración de justicia, al pretender crear un procedimiento de excepción para nombrar jueces, fiscales, defensores, notarios, y registradores. Y al además reformar la conformación del Consejo de la Judicatura con delegados directos de los poderes políticos -modelo duramente criticado en el Ecuador y contrario a la Constitución del 2008- ;
c) La regulación estatal en los medios de comunicación, a través de un Consejo de Regulación, que incluye la posibilidad de regular a la prensa escrita; y
d) Un modelo de derecho penal de máximos, totalmente contrario a los principios de un Estado Constitucional de derechos y justicia y a las tesis progresistas de la intervención penal mínima del Estado, tesis que se encuentra recogida en la Constitución vigente [1].
Con lo anterior el presidente Correa decide adoptar las tesis de "mano dura" y asume un discurso de restricción de derechos a nombre de la seguridad y de la confianza en su liderazgo personal. La Consulta pasa de ser una herramienta legítima de democracia directa a una forma de legitimar decisiones que desconocen principios e instituciones de la recién aprobada Constitución ecuatoriana.
Judicialización de la política
No se trata, pues, en lo absoluto, de criticar la herramienta de la consulta popular
como tal, sino su contenido concreto. La línea común que vincula a las diez preguntas es la exacerbación del poder punitivo del Estado y gran parte de la discusión se concentra alrededor de la pretensión de intervenir en la administración de justicia.
La propuesta de que el gobierno Correa se encargue de reestructurar todo el sistema judicial, de forma excepcional y durante los próximos dieciocho meses, coincide con el traslado a la arena de la justicia de varios debates y disputas de orden político:
- unos trescientos dirigentes y activistas están siendo procesados por "sabotaje y terrorismo",
- siguen pendientes los procesos penales de los involucrados en el levantamiento policial del 30 de septiembre del año pasado, y
- la relación con la prensa ha pasado de la tensión a la interposición de varias demandas en contra de periodistas y medios, por el contenido de sus publicaciones [2].
Control a medios
El otro gran tema de la consulta es la regulación y el control sobre los medios de comunicación masivos.
Por un lado se propone una reforma constitucional que en términos ambiguos plantea la prohibición expresa de realizar "cualquier otra actividad económica" para quienes sean directivos, gerentes y principales (¿?) accionistas de empresas de comunicación de carácter nacional. Esta disposición, además de discutible en cuanto introduce un mecanismo de presión sobre los medios, resulta ser contraria a la que habría de haber sido una tesis progresista para la democratización de la propiedad sobre los medios.
En otra de sus preguntas, la consulta propone crear un Consejo de Regulación de Medios de Comunicación (incluyendo medios escritos), que podría decidir sobre la responsabilidad ulterior de los periodistas, en directa contradicción con la Constitución y con las normas de la Convención Americana, donde se estipula que la determinación de la responsabilidad ulterior es judicial y no administrativa.
Deriva autoritariva
Para nosotros (los miembros del Movimiento Ruptura 25) es claro que la Consulta abre un debate sobre nociones elementales de democracia: separación de poderes, derechos ciudadanos frente al poder estatal y ejercicio de las libertades individuales.
Ruptura se autodefine como un movimiento de Nueva Izquierda, cuyas distancias de la izquierda ortodoxa dependen precisamente de reivindicar la legitimidad y la confianza en las instituciones de la democracia y en defender con firmeza las libertades individuales de los ciudadanos y ciudadanas.
Adicionalmente, en la historia reciente del Ecuador, lo revolucionario ha sido construir instituciones y respetar las reglas. No se trata ya del ordenamiento del sistema político anterior, deslegitimado y descalificado; estamos hablando de reglas impulsadas y aprobadas por el Movimiento PAIS y en el marco del proyecto de Rafael Correa.
Por lo tanto está en juego la capacidad de sujetarse a los límites impuestos por la Constitución diseñada por nosotros/ellos mismos. Durante los cuatro años en que Ruptura [3] hizo parte del ACUERDO PAÍS, sostuvimos que se trataba de un proceso político en franca competencia, con gran diversidad ideológica en su seno y con una cohesión todavía deficiente, resultado de la reciente creación del movimiento.
No faltaron los debates internos ni los públicos, pero esta disputa ideológica se zanjó con la Consulta Popular: el presidente Correa optó por las tesis tradicionales de los sectores conservadores y de la derecha ecuatoriana y por una visión concentradora de poder, eliminando mecanismos recién creados para fortalecer la participación ciudadana en procesos de selección de órganos de control, como el Consejo de la Judicatura.
La campaña
Los sondeos de opinión al inicio de la campaña mostraban un apoyo superior al 70 por ciento de las tesis propuestas en la Consulta, lo cual era un reflejo de la popularidad del presidente Correa que se enfrentaba apenas a un 20 por ciento de oposición histórica, encabezada por los desprestigiados partidos políticos tradicionales, o lo que el presidente ha denominado como "la partidocracia".
Con el paso de los días, el debate se trasladó a un escenario completamente distinto: la voz más crítica no fue la de la partidocracia sino de quienes nos alzamos en defensa de los valores democráticos, del proyecto original que llevó al poder a Correa y de la institucionalidad recién establecida por los ecuatorianos, al aprobar la Constitución de Montecristi mediante referéndum.
En los primeros días de campaña, el presidente le aseguró al país que sus tesis se impondrían en una proporción de 7 a 1. El Consejo Nacional Electoral, ya cuestionado por algunas de sus decisiones, calificó al presidente Correa como sujeto político electoral en tres versiones distintas: como presidente, como proponente de la Consulta, y como presidente del Movimiento PAÍS.
Se decretó, según está previsto en la ley, una veda publicitaria para crear condiciones equitativas en el debate electoral, pero a pesar de las normas vigentes, el Ejecutivo contrató en ese período, más publicidad que en los meses anteriores al proceso electoral [4].
Los 45 días de campaña para la Consulta estuvieron marcados también por duras críticas respecto de procesos especiales de contratación de espectáculos públicos [5] y otras decisiones presupuestarias, como el aumento de salarios a policías y militares, junto con el adelanto de un bono para empleados públicos, cuyo pago estaba previsto para fines del año y no tenía carácter general sino que estaba condicionada a una evaluación del desempeño; este pago finalmente se hizo unos días antes de la votación.
Los resultados
En medio de todas estas críticas, la votación se realizó con normalidad el día 7 de mayo y los primeros resultados fueron anunciados a través de los medios de comunicación administrados por el gobierno y basándose en una encuesta de boca de urna (exit poll) realizada por una sola empresa encuestadora.
Una semana después, con cerca del 80 por ciento de la votación escrutada, parece definitivo el triunfo del SI en todas las preguntas planteadas, pero el resultado dista mucho de los anunciados el día sábado y nos muestran una votación en contra de las tesis presidenciales de más de entre el 40 y el 45 por ciento a nivel nacional, el doble de la votación histórica en contra del presidente Correa.
Los resultados muestran además que el presidente ha perdido el apoyo nacional que hasta hoy lo acompañaba y pierde a su electorado en la mayoría de las provincias de la Sierra [6]. También se registró una importante votación de rechazo en las provincias de la Amazonía y de la Sierra Centro, debido en parte a las posturas cada vez más enfrentadas con el sector indígena y la persecución judicial contra algunos de sus dirigentes. El resultado permite prever además que la puesta en marcha del proyecto de explotación minera en esos territorios será especialmente conflictiva.
Añadamos que la cercanía conceptual a las tesis de la derecha ecuatoriana ha debilitado el discurso del presidente Correa, aún entre los grupos más cercanos al proceso. Estas distancias se expresarán en la función legislativa y en los gobiernos seccionales, lo que añade un nuevo factor al escenario general.
El revés político se agudiza al compararlo con el arrollador triunfo presagiado por el presidente hace dos meses y también en relación con la discutible "exit poll", sobre la base de la cual Correa en sus primeras declaraciones anunció una victoria uniforme y subestimó a sus contradictores en la Consulta.
Ninguna de las preguntas (excepto tal vez la primera relacionada con "seguridad") supera el 50 por ciento de la votación total y por lo mismo no habrían sido aprobadas si estuvieran vigentes las normas anteriores sobre democracia directa.
Además, entre las diez preguntas, dos merecen el rechazo más importante: la referida a la autonomía del Sistema Judicial y la que prevé la creación de un Consejo de Regulación de Medios. Este voto reflexivo, diferenciado, es un mensaje claro sobre cuáles son las principales críticas y preocupaciones de quienes aún no se identifican con la oposición.
Si este resultado fuera leído con suficientes dosis de amplitud y autocrítica, debería convertirse en una invitación a revisar y corregir dos aspectos fundamentales: la concepción del presidente sobre su ejercicio personal de la autoridad y el poder, y la judicialización de los conflictos políticos.
El estrecho margen de este triunfo y la configuración del nuevo mapa político resulta todo lo contrario de una legitimidad fortalecida y renovada, que era la principal pretensión de esta iniciativa, más política que programática, y cuyas consecuencias están aún por verse.
* Dirigente del Movimiento Ruptura 25 (www.ruptura25.org), ex asambleísta constituyente, actualmente legisladora, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Desde hace cuatro años la Ruptura fue parte del Acuerdo PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa; decidimos nuestra separación del Gobierno y el Movimiento PAIS como consecuencia de las tesis que se plantearon en la convocatoria a la Consulta Popular.
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 María Paula Romo* |
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