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Semana del 21 de Mayo de 2012 al 27 de Mayo de 2012
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Ecuador: las nuevas reglas electorales o los dados cargados Imprimir E-mail
INTERNACIONAL
Domingo, 29 de Enero de 2012 20:30

Las elecciones de comienzos de 2013 implicarán riesgos graves para Rafael Correa. Contradiciendo sus propios principios, se han aprobado reglas que dan ventajas claras al Movimiento Alianza País, permiten financiar campañas con recursos públicos e introducen una curiosa censura.



Torciendo las reglas

En uso de su potestad de objetar o sancionar los proyectos de ley, el presidente Rafael Correa ha definido las nuevas reglas que regirán el proceso electoral a inicios del 2013, cuando deberán elegirse Presidente y Asambleístas.

En este breve análisis nos proponemos mostrar cómo el veto al Código de la Democracia es un retroceso para la política nacional.

Comienzo por recordar que hace cinco años, cuando el Movimiento Alianza País (AP) (que apoya la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa) ingresó a la vida política nacional, un eje rector de su actuación era la defensa de las minorías, y así lo demostró al defender la participación plural y su representación, con la fórmula propuesta para la Asamblea Constituyente.

La Asamblea en efecto fue elegida según el método conocido como de Hare, o de cociente y residuo, cuyo efecto habitual es menos favorable a los partidos mayores y por tanto es más apto para representar a las minorías. Pero ahora se usará el sistema de D'Hondt (que en Colombia se conoce y se aplica como “la cifra repartidora”), el cual tiende a aumentar la representación de los partidos mayoritarios.

Con el Método Hare usado en la Constituyente, el Movimiento País obtuvo 80 de los 130 escaños en disputa. Si se hubiera utilizado el Método D’Hondt habrían obtenido más de 120 escaños.

Así pues, ignorando olímpicamente la fórmula aprobada por su propia bancada en el Legislativo, el presidente Correa buscar que los partidos mayoritarios queden en ventaja en la repartición de escaños de la Asamblea Nacional, en detrimento de los sectores minoritarios. ¿Qué pasó pues con su oferta de ampliar y fortalecer la participación democrática?

El veto además ha eliminado la norma que impedía que un solo movimiento o partido obtuviera el 100 por ciento de la representación en una circunscripción electoral. La omisión en esta norma afecta los principios que la propia Constitución establece para un sistema electoral proporcional.

Propaganda estatal

Presidente-de-Ecuador-Rafael-Correa
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, promueve un cambio en las reglas electorales que podrían favorecerlo de cara a los nuevos comicios.

La reforma reemplaza el artículo que prohíbe la propaganda de las instituciones públicas en tiempo de campaña por una lista de casos donde esta publicidad estará permitida. La lista es tan extensa que incluye “temas de importancia nacional”, un cheque en blanco para que se usen fondos públicos en campaña indirecta.

Ese uso indiscriminado de la publicidad no sólo malgasta nuestros recursos sino que constituye una desventaja en el debate democrático que debería definir el resultado electoral. Al reemplazar el artículo 203 [1] de la legislación vigente se desnaturaliza la prohibición de intervención estatal en la campaña e incluso se elimina la línea que prohíbe el uso de bienes y recursos públicos con estos fines (esta prohibición está en la Constitución y otras normas, pero es una muestra del cambio que se opera con el veto).

Restricciones a la prensa 

La reforma pone en riesgo la libertad de prensa y sobre todo el derecho de los ciudadanos a recibir información diversa, pues condiciona la cobertura mediática a la valoración subjetiva de los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

Serán ellos quienes consideren si un reportaje, un artículo de opinión o cualquier pronunciamiento informativo de un medio de comunicación favorece “directa o indirectamente” a determinado candidato o hasta a determinada “tesis política”.

Las disposiciones son tan vagas o ambiguas [2] que los propios medios se seguramente cuidarán de tratar temas políticos durante un período de tan intensa información y debate como habría de ser una campaña.

Las reformas de última hora responden al cálculo electoral y se han hecho a la vieja usanza de la llamada "partidocracia", duramente criticada por quienes gobiernan actualmente al Ecuador.

La actuación de la bancada del Movimiento País contribuye el desprestigio de la Asamblea Nacional y debilita la democracia ecuatoriana. Un triste capítulo que se parece demasiado a lo que se juró no repetir.

* www.ruptura25.org Ruptura es un movimiento de nueva izquierda, nace en el Ecuador hace siete años como un cuestionamiento a los 25 años de democracia del país y también como una alternativa joven es el escenario nacional. Durante cuatro años Ruptura fue parte del Acuerdo PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa; decidimos nuestra separación del Gobierno y del Movimiento PAIS como consecuencia de diferencias políticas alrededor de temas de democracia y libertades, que tuvo su punto más alto en la convocatoria a Consulta Popular para que el Ejecutivo intervenga directamente en el nombramiento de jueces y Corte Nacional.  

** Dirigente del Movimiento Ruptura 25 (www.ruptura25.org), ex asambleísta constituyente, actualmente legisladora, miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Desde hace cuatro años la Ruptura fue parte del Acuerdo PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa; decidimos nuestra separación del Gobierno y el Movimiento PAIS como consecuencia de las tesis que se plantearon en la convocatoria a la Consulta Popular 


twitter1-1@mariapaularomo

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Mara-Paula-Romo

Maria Paula
Romo*






















La reforma reemplaza el artículo que prohíbe la propaganda de las instituciones públicas en tiempo de campaña por una lista de casos donde esta publicidad estará permitida. La lista es tan extensa que incluye “temas de importancia nacional”, un cheque en blanco para que se usen fondos públicos en campaña indirecta.












































La reforma pone en riesgo la libertad de prensa y sobre todo el derecho de los ciudadanos a recibir información diversa, pues condiciona la cobertura mediática a la valoración subjetiva de los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

 

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