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Walter Arevalo RazonPublicaEl balance de la reunión de Doha en diciembre pasado fue parcialmente positivo, pero los gobiernos aún no perciben la gravedad del calentamiento global como una amenaza a la existencia misma de la humanidad. 

Walter Arévalo * 

Por lo menos una prórroga

En diciembre pasado concluyó el primer periodo de aplicación del Protocolo de Kyoto (2008-2012), anexo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  Es el primer instrumento multilateral, legalmente vinculante y con mecanismos — por lo demás, sumamente discutidos — para ponerle dientes al tratado.

  Walter Arevalo protocolo Kioto acaloradasProtocolo de Kyoto: fue el primer instrumento multilateral, legalmente vinculante y con mecanismos  para ponerle freno al cambio climático.
Foto: bioagricultura.wordpress.com
 

Su finalidad: reducir en un 5 por ciento el total de emisiones industriales que producen el efecto invernadero responsable del cambio climático antropogénico (originado por la actividad humana)  en relación con los valores de 1990.

Durante la décimo octava Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 18), el pasado 8 de diciembre se logró extender el protocolo hasta 2020, tras acaloradas y maratónicas discusiones, cargadas de paradojas, retos, cambios y decepciones, pero también de pequeñas victorias. 

Una breve búsqueda en Internet sorprendería al lector desprevenido por la cantidad de información contradictoria sobre los resultados obtenidos en Doha: de una fuente noticiosa a otra, el titular salta de “una victoria ambiental” a “un rotundo fracaso de la ONU”.

Esto se debe en parte  a la gran cantidad de temas, intereses, procedimientos, objetivos y objeciones que estuvieron sobre la mesa, multiplicados por el alto número de países involucrados, y magnificados por sus diferencias en temas como el desarrollo industrial, el desarrollo sostenible, la responsabilidad por el cambio climático o los diferentes modelos económicos.

Avances y limitaciones

A continuación, procedo a presentar ciertas paradojas bastante reveladoras  sobre el estado del debate actual, que explican las dificultades del protocolo en su contexto — pasado y futuro — y que complementan las visiones críticas acerca de su eficacia jurídica, política y ambiental.

  • Distinción perversa entre países para los efectos futuros del Protocolo

Kyoto nunca logró vincular plenamente a los países desarrollados y responsables de generar la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); así ocurrió con Estados Unidos, que con tan solo el 5 por ciento de la población mundial, actualmente es el mayor emisor de los seis tipos de gases que causan el cambio climático originado por el hombre.

Otros grandes países, como Rusia, Japón y Canadá, han evitado dejarse vincular plenamente, incluso denunciando el protocolo después de ratificarlo. Tal situación está directamente asociada con un perverso criterio diferenciador que hizo parte del Protocolo de Kyoto (PK) en su primera etapa y que apenas ahora empieza a superarse con los acuerdos logrados en la COP18.

Originalmente, el PK entrañaba una diferenciación entre Estados–Parte que en 1997 — cuando fue redactado, aunque solo entró en vigor hasta 2005— resultaba económica e históricamente justificable, pero que le restó eficacia y resultó contraproducente:

  1. países desarrollados o industrializados;
  2. países en vías de desarrollo;
  3. países en transición, que estaban saliendo de la implosión de la Unión Soviética y entrando gradualmente a la economía de mercado (ver anexo principal).
  Walter Arevalo protocolo Kioto instrumentoEl pasado diciembre se logró extender el protocolo hasta 2020, tras acaloradas y maratónicas discusiones.  
Foto: suministrada por el autor.
 

El espinoso tema de la relación entre desarrollo y medio ambiente se abordó de manera viciada.  En lugar de ajustar el modelo de desarrollo a la protección del medio ambiente, se hizo lo contrario: se construyó un sistema de mediciones, permisos y sanciones que resultaba gravoso en términos de metas de reducción de emisiones y de penalizaciones para los países desarrollados, pero que era más permisivo frente a los países en desarrollo o en transición hacia la economía de mercado.

Era como tratar de establecer quién ya había ejercido su derecho a contaminar para  crecer económicamente y quién aún podría utilizar cierta cuota de contaminación, de cara a su futuro crecimiento.

Esta diferenciación tuvo resultados profundamente paradójicos: aunque es lógico y aceptable que los países más industrializados hagan mayores esfuerzos — por ser los mayores contaminadores —, su mayor poderío los llevó a rechazar lo que consideraron una diferenciación injusta que no imponía las mismas cargas a sus competidores. Procedieron a boicotear el protocolo y a salirse del mismo. En fin, no redujeron sus emisiones, pero sí contribuyeron a reducir el impacto del PK.

Estados Unidos, por ejemplo, en 2005 criticó la irresponsabilidad de China y de la India. Pero al mismo tiempo el gobierno norteamericano, que no había ratificado el protocolo, decidió sustraerse incluso de firmarlo, por considerarlo un instrumento ineficiente.

Por su parte, China se consideraba una nación en vías de desarrollo, tanto en 1997 como en 2005: se benefició de esta distinción artificial y su cuota de reducción de emisiones resultó mucho menor que la de los “países industrializados”.  Hoy, el gigante asiático se encuentra en la cima de la economía mundial, pero también de la montaña de las emisiones de gases de efecto invernadero, como se observa en la gráfica siguiente:      

Walter Arevalo protocolo Kioto carbon

Muchos países en desarrollo aprovecharon esta paradoja para no responder plenamente por sus emisiones. Otros, ya desarrollados, deslocalizaron sus industrias contaminantes a países en vías de desarrollo, reduciendo sus emisiones locales, mientras los países receptores se felicitaban por el crecimiento económico inducido gracias a la llegada de nuevas industrias.

Con la extensión del PK hasta 2020 se pretende acabar de raíz con esta situación anómala, haciendo una nueva lectura del problema de diseñar una futura Convención del Clima. Este nuevo modelo elimina la mayoría de elementos técnicos que profundizaban esa distinción perversa — proceso que se conoce como “la plataforma de Durban” —, pero paradójicamente, los “grandes industrializados” ya están por fuera y nada los vincula al nuevo y extendido Protocolo de Kyoto.

  • Buenas intenciones, poco músculo financiero

En el marco de la diferenciación perversa, se había estructurado un mecanismo para ayudar económicamente a los países en vías de desarrollo en la reorganización de sus industrias para adoptar tecnologías ambientalmente responsables.

Pero sin el apoyo financiero de los “países ricos”, este proceso será difícilmente realizable por más pactado que se encuentre y a pesar de lo difícil que resultó promoverlo en el plano político.

Las metas generales del PK siguen siendo tímidas y se sigue trabajando en función de las “emisiones por país”, en lugar de atacar globalmente el efecto acumulado en el cambio climático, es decir, la temperatura mundial y su incremento acelerado.

Ciertos bloques de países demuestran haber reducido sus emisiones más de lo convenido o prometido por ellos en función del tamaño de su industria, pero a pesar de todo, el cambio climático sigue avanzando de manera inexorable.

Causas totalmente ajenas al compromiso con el PK suelen presentarse como victorias tempranas: algunos ambientalistas señalan de forma anecdótica cómo la Unión Europea  muestra hipócritamente en algunos balances que redujo sus emisiones en un 15 por ciento para 2008, aunque solo se había comprometido a hacerlo en un 5 por ciento.

Todo indica que si en efecto la reducción en las emisiones europeas fue mayor a lo esperado, eso no se debió en absoluto a un cambio deliberado, sino al colapso de las industrias exsoviéticas, tras la caída del muro de Berlín.[1]  

  • Mecanismos más responsables, pero de difícil aplicación

En sus inicios, la doctrina mundial se acercaba a la frase “el que contamina, paga”, que se materializó con el surgimiento de un mercado mundial de los tristemente famosos “bonos de carbón” o carry-overs, usualmente utilizados, por ejemplo, por los países soviéticos para comprarse entre sí los cupos de contaminación

  Walter Arevalo protocolo Kioto paises Kyoto nunca logró vincular plenamente a los países desarrollados y responsables de generar la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.  
Foto: news.xinhuanet.com

Ahora, países como Ecuador y Bolivia [2] e iniciativas promovidas desde las nuevas políticas ambientales de la Unión Europea han impulsado en Doha otros mecanismos más responsables que solo generan incentivos a los países en función de la contaminación evitada, y no tanto de “precios” por la contaminación cometida.  Esto por supuesto, resulta muy difícil de aceptar para países en pleno crecimiento económico desbocado.

Finalmente, otro elemento del PK extendido también resulta paradójico: se trata de crear un fondo para mitigar los daños sufridos por países víctimas de desastres naturales relacionados con el cambio climático. Esta iniciativa, que algunos aplauden como una victoria, ha sido interpretada por otros como una versión más sofisticada de la doctrina de “el que contamina, paga”.

Durante la conferencia de Doha, muchos países consideraron útil y necesaria su creación, tras las experiencias traumáticas de la última década, pero los países más amenazados por el calentamiento global — como las naciones insulares — consideran que el fondo no mitiga el riesgo real de su desaparición ante el fenómeno climático.

En conclusión,  no se ha logrado trasladar el centro del debate sobre el calentamiento global y la reducción de emisiones del ámbito del crecimiento económico a la conciencia de una amenaza global a la existencia de la humanidad.    

 

*     Abogado constitucionalista y politólogo, profesor y miembro del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.  walterarevalo.com 

twitter1-1@walterarevalo       

 

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