Suscríbase

(Tiempo estimado: 7 - 13 minutos)

Miembro del partido Cambio Radical y aspirante a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras.

Javier Duque

Las condenas contra funcionarios avalados por este partido se acumulan mientras sus dirigentes se lavan las manos. Cambio Radical está inhabilitado para presentar candidato a la Presidencia. ¿Qué hará el Consejo Nacional Electoral?  

Javier Duque Daza

De crítico a criticado

En 1998 Germán Vargas Lleras, entonces exconcejal de Bogotá y aspirante al Senado, retirado del Partido Liberal e incorporado al nuevo partido Cambio Radical  (CR), manifestó su malestar por la forma de hacer política en Colombia. Vargas declaró que “muchos candidatos estaban en una subasta al mejor postor y las elecciones se habían convertido en una especie de mercado en el que los candidatos participaban, invertían y buscaban recuperar su inversión y obtener ganancias”.

Aún se sentían los ecos del Proceso 8.000, terminaba el controvertido gobierno de Samper y empezaban los procesos que llevarían a la cárcel a más de 20 congresistas, dos ex contralores y un ex procurador. Al mismo tiempo en muchos departamentos se estaban trenzando los lazos entre paramilitares y dirigentes que darían pie al escándalo de la parapolítica.

Una década después de estas declaraciones y después de haber sido senador, ministro del Interior y vicepresidente, Vargas aspira a la Presidencia, y su partido es uno de los más criticados por los nexos de muchos de sus integrantes con la criminalidad. Pese a las críticas y al descrédito de los partidos a raíz de la parapolítica, ni CR desapareció, ni Vargas Lleras renunció a hacer de él el vehículo de sus aspiraciones personales.

Avales, criminales y corrupción

Rodrigo Lara, Representante a la Cámara y miembro del partido Cambio Radical
Rodrigo Lara, Representante a la Cámara y miembro del partido Cambio Radical
Foto: Congreso de la República de Colombia

Cambio Radical ha sido uno de los partidos que más avales ha expedido a candidatos cuestionados. Varios de ellos han sido condenados, destituidos o procesados por la justicia, se han involucrado en actos de corrupción o han tenido nexos criminales. La lista es larga e incluye al menos a 16 personajes avalados desde 2003. Entre ellos se cuentan:  

  • 9 exgobernadores (5 de ellos condenados por delitos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales, y otros más por corrupción, fraude electoral y constreñimiento al elector);
  • 5 alcaldes destituidos y/o procesados por corrupción y uno más por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, y
  • 1 candidato al Concejo involucrado en fraude electoral.

CR alberga a una gran variedad de políticos impresentables, para quienes los cargos oficiales son el medio para apropiarse de las rentas públicas manipulando la contratación o asociándose con redes de contratistas criminales. En el partido hay desde homicidas hasta pillos y tinterillos que distribuyen prebendas o manipulan autoridades locales para acceder a cargos de forma fraudulenta (ver Cuadro 1).

En este partido convergen políticos con apellidos que en el pasado se asociaron a la lucha contra el narcotráfico y la corrupción (como Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara Restrepo), pero también políticos clientelistas, un poderoso clan que domina la política en el Atlántico, líderes emergentes, críticos de la política tradicional, y políticos trajinados en las transacciones oscuras y en la apropiación de rentas públicas.

Cuadro 1. Gobernantes locales elegidos por Cambio Radical incursos en procesos penales

Político

Cargo y año de elección

Situación

Miguel Ángel Pérez

Gobernador de Casanare 2003.

-Condenado en 2005 por la Corte Suprema por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Nexos con grupos paramilitares.

Edilberto Castro Rincón

Gobernador de Meta 2003

-Condenado en 2007 por el homicidio de una diputada y un excandidato a la Gobernación. Nexos con paramilitares.

Julio Enrique Acosta

Gobernador Arauca 2003

-Destituido en 2009 por la Procuraduría y condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia.

Fredy Forero Requiniva

Gobernador Arauca 2007

-Destituido en 2008 por la Procuraduría, condenado en 2011 por la Corte Suprema

Joaco Hernando Berrío

Gobernador 2007. Bolívar

-Destituido por la Procuraduría en 2010.

Álvaro Cruz

Gobernador Cundinamarca 2011

-Condenado en 2016 a 6 años de cárcel por interés indebido en celebración de contratos y cohecho.

Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar

Gobernador de La Guajira 2011

-Condenado por homicidio a 55 años, nexos con organizaciones criminales. Destituido por la Procuraduría en abril de 2014 por irregularidades en contratación.

Oneida Pinto

Gobernadora de La Guajira 2015

-Su elección fue anulada por el Consejo de Estado por violación al régimen de inhabilidades. En enero de 2016 la Fiscalía anunció la imputación de cargos por la presunta suscripción irregular de un contrato.

César Fabián Villalba

Alcalde de Girardot 2015

Detenido acusado de concierto para delinquir, constreñimiento y corrupción al sufragante y peculado por apropiación.

Carlos Arturo Hernández Carrillo

Candidato al Concejo de Barranquilla 2015.

Involucrado en fraude electoral, anulada su elección.

Fabio David Velásquez

Elegido alcalde de Riohacha en 2015

-Detenido en la investigación por un contrato entregado de forma irregular de forma directa y sin licitación pública.

Benjamín Socadagui Cermeño

Alcalde de Arauca. 2015

-Detenido por corrupción al sufragante, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.

Héctor Antonio Amado

Alcalde de Sáchica, Boyacá 2015

-Le imputaron cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Manuel Antonio Carebilla

Gobernador de Amazonas 2015

Procesado por recibir comisiones cuando era congresista de este partido 2010-2014

José Vargas Palacio

Alcalde de Galapa, Atlántico, 2015.

Condenado a 48 meses de prisión por falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

Henry Alí Montes

Alcalde de Aguachica, Cesar, 2015.

La Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de los requisitos legales y tentativa de peculado por apropiación.

Fuente: Elaboración del autor sobre la base de la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Radicado 24.679, julio 27 de 2006, caso Miguel Ángel Pérez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, proceso No 26.450, noviembre 8 de 2007, caso Edilberto Castro; Procuraduría General de la Nación, Boletín No 138, febrero 26 de 2010; Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No 12.678, diciembre 2 de 2015 “Capturado por fraude en escrutinio de Barranquilla”; Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 252, abril 25 de 2014 “Procuraduría en segunda instancia destituyó e inhabilitó al gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar”; Fiscalía General de la Nación, Boletín de prensa No 13.467 abril 14 de 2012 “Corrupción en contratos para alimentos de niños: capturan al alcalde de Aguachica, Cesar”; El Heraldo, octubre 13 de 2016 “Nulidad de alcalde y nuevas elecciones en Galapa: Tribunal Administrativo”.

 

Digno heredero del liberalismo

Recientemente, el codirector de CR, el representante a la Cámara Rodrigo Lara, manifestó que el partido estaba acéfalo y en llamas, una forma de describir una organización donde todos quieren mandar pero nadie quiere asumir la responsabilidad por las decisiones. Pululan las ambiciones y las divisiones al punto que hay más dirigentes que partido. Producto de una escisión del Liberalismo, del cual renegó, CR acabó por heredar los atributos de este partido:

  • Agregado de electores. Más que un proyecto político coherente, CR es una suma de congresistas que a su vez agregan  políticos locales que atraen electores en función de sus prebendas; y al final todos aportan al caudal de su jefe Vargas Lleras.
  • Carencia de control sobre los políticos locales, con mecanismos de rendición de cuentas que no parecen operar y donde los dirigentes se “pasan la pelota” cuando hay problemas. Por ejemplo el senador Arturo Char, al responder sobre los dudosos avales de La Guajira declaró sin remilgos que “nosotros somos políticos, no somos la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, para andar investigando”. También puso de manifiesto que no respeta las normas que adoptó el partido al que pertenece, pues declaró que no conoce a sus copartidarios, ni siquiera a quienes aspiran a cargos importantes.

Este tipo de partidos orientados a los cargos y los votos, y basado en clientelas locales o en agregación de electorados regionales de incierta procedencia, carece de la estructura y la funcionalidad mínima de un partido político moderno. Como la mayoría de partidos en Colombia, opera como una organización de congresistas de aquí y de allá, interesados en sus aspiraciones personales y en las de sus allegados y familiares.

  • CR es un partido dividido y con tensiones internas que se han hecho más visibles a raíz de los avales. Poco antes de las elecciones de 2014, el entonces director del partido, Carlos Fernando Galán, aseguró que este partido decidía “con quién queremos y con quién no queremos hacer política, porque para hacer política no se requiere solo cumplir con requisitos legales sino que deben haber requisitos adicionales que ponga el partido”.

Pero al año siguiente quedó claro que ni los requisitos legales ni los adicionales se aplicaban. Por discrepancias con los avales concedidos a Oneida Pinto, aspirante a la Gobernación de La Guajira, y a Luis Pérez, a la Gobernación de Antioquia, Galán renunció y declaró que no podía dirigir un partido donde no se respetaba el trámite de los avales.  El actual codirector y representante a la Cámara Rodrigo Lara terció en la controversia y aclaró que había llegado a la dirección en julio de 2015, cuando ya se habían dado los avales en cuestión y pidió que respondieran las directivas de aquel momento (es decir, Galán). Siguió un cruce de declaraciones donde el senador Carlos Fernando Motoa acusó a Lara y la familia Char se lavó las manos invocando   “la buena fe” de políticos criminales. Y el vicepresidente Vargas Lleras simplemente guardó silencio.

  • Son comunes las disputas entre congresistas y excongresistas, directores y exdirectores. CR es un partido reducido a unos cuantos liderazgos en pugna que, para terminar de dibujarse públicamente, claman, como si fuera un partido decimonónico, por un “comité de notables” que controle el asunto de los avales. Es decir, piden “notables” para que controlen a los que ellos mismos no pudieron o no quisieron controlar.

¿No hay quién lo ronde?

Partido Cambio Radical con grandes conflictos internos y relaciones de corrupción.
Partido Cambio Radical con grandes conflictos internos y relaciones de corrupción. 
Foto: Congreso de la República de Colombia

Es claro que CR se ha movido en los márgenes de la ilegalidad. Además de sus congresistas parapolíticos, es uno de los dos partidos a los cuales se le aplicó la figura de la “silla vacía” después de la condena del senador Javier Cáceres por sus nexos con grupos paramilitares.

Y sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) está en mora de sancionarlo por el manejo de sus avales.  La Ley 1475 de 2011 establece que antes de expedir avales los partidos deben verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos. La norma considera como faltas sancionables las acciones u omisiones imputables a los directivos que inscriban candidatos a cargos o a corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, o que se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o lo sean durante el período para el cual resulten elegidos.

Esto rige para delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Como se observa en el Cuadro 1, con CR se violó la ley por lo menos en los casos del exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez, los alcaldes de Arauca y Girardot o el candidato al Concejo de Barranquilla. Sin embargo, al aprobar la ley los honorables congresistas se protegieron, pues excluyeron los delitos por corrupción de las causales de sanción, tal vez pensando que si no lo hacían todos desaparecerían.

Si se aplicaran las sanciones estipuladas en la ley a CR le serían suspendidos los derechos para inscribir candidatos y se cancelaría su personería jurídica. Esto último impediría además que Germán Vargas Lleras aspirara a la Presidencia en el 2018. ¿Se atreverá el Consejo Nacional Electoral?

Después de la oleada de la parapolítica y de los numerosos casos de alcaldes, gobernadores, congresistas condenados y/o destituidos, es sorprendente que no haya sanciones para este partido y que el CNE no aplique las normas vigentes.

En una democracia seria el dirigente de un partido con tan impresentables integrantes y tan cuestionables modos de obrar no hubiera aspirado a la Presidencia, no sería vicepresidente ni se aprestaría a ser nuevamente candidato.

 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

Escribir un comentario

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia)con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Que incorporen contenido racista, sexista, homofóbico o discriminatorio por razón de nacionalidad,sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad.
4. Que hagan directa o indirectamente apología del terrorismo o de la violencia.
5. Que apoyen diferentes formas de violación de derechos humanos.
6. Que incluyan contenidos o enlaces que puedan ser considerados como publicidad disfrazada, spam o pornografía.
7. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Especial

Especial

​El “Taita” que domina la política y la economía del Quindío

Luis Emilio Valencia, jefe del Partido Liberal y su hija, Luz Piedad Valencia, ex alcaldesa de Armenia.

Alpher RojasEsta no es una historia de corrupción como tal, sino el perfil de un político exitoso que a su manera los representa a (casi) todos y nos ayuda a ver cómo se asciende en el sistema colombiano y cómo la corrupción flota en el aire.  

Alpher Rojas Carvajal*

Compartir

Con tus redes sociales

Esta semana en Razonpublica