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Abstención electoral en Colombia.

Juan Fernando LondoñoEl voto obligatorio y las demás propuestas de reforma electoral parecen no tener relación con el conflicto armado, pero en realidad responden a la necesidad de abrir el sistema político que había sido cerrado por ese conflicto.   

 Juan Fernando Londoño*

Momento de reformas

Colombia es un país adicto a las reformas políticas. Cada campaña, cada gobierno y cada crisis traen consigo una nueva propuesta de reforma.

Plantear frecuentemente transformaciones parece una señal de voluntad de cambio por parte de las élites, pero también es muestra de su incapacidad para llevar a cabo reformas de fondo. La vía colombiana ha consistido en una larga serie de pequeños ajustes que van resolviendo unos problemas, creando otros, y atendiendo las presiones de la opinión pública.

Ahora bien: el “punto de inflexión en nuestra historia” que según muchos representa la finalización del conflicto armado con las FARC, es la ocasión perfecta para plantear transformaciones serias del sistema político. Pero para ello hay que distinguir entre tres tipos de reformas:

  • Las que permiten que los alzados en armas se incorporen al juego democrático;
  • Las que no son producto directo del conflicto armado, pero corrigen la (in)gobernabilidad que acarrea ese conflicto, y
  • Las que buscan mejorar la relación entre los poderes públicos.

En este momento el país debe discutir cuáles de estas iniciativas pueden tramitarse mediante el procedimiento legislativo especial, denominado “fast track”:

  • Las relacionadas con la primera categoría claramente caben bajo esta vía, pues la mayor parte de ellas están consagradas en el Acuerdo de La Habana.
  • Las de la última categoría no pueden tramitarse mediante un procedimiento especial, como lo ha señalado el propio gobierno.
  • Pero aquellas que buscan mejorar nuestro sistema democrático se encuentran en una zona gris, toda vez que los acuerdos plantearon un proceso participativo para hacer reformas, no para postergarlas.

Guerra y democracia

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.
Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP. 
Foto: Presidencia de la República 

Dependiendo de cual sea la lectura que se haga de la historia del conflicto colombiano se puede aceptar o rechazar la idea de que la democracia y la guerra han estado relacionadas.

Es difícil argumentar que la democracia colombiana ha funcionado perfectamente mientras tenía lugar un conflicto armado de más de 50 años. Decir que la celebración continua de elecciones fue suficiente para nuestra democracia, es olvidar que la misma supone que tanto candidatos como electores gocen de plenas garantías para expresar sus preferencias.

Como consecuencia del conflicto armado la democracia colombiana no se ha consolidado suficientemente y podríamos llamarla “democracia incompleta”:

- Por una parte, no todos los actores -especialmente quienes persiguen el poder político- han actuado bajo las mismas reglas. Y la forma de tramitar los conflictos no ha sido la de las elecciones o la del diálogo, sino además el uso recurrente de la violencia.

- Por otra parte, el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos de expresión y organización libre de la ciudadanía. El conflicto armado implicó ciertas medidas para evitar el avance de las guerrillas. Por ejemplo, la criminalización de la protesta fue una estrategia deliberada para limitar la expresión de sectores que criticaban al sistema. También se mantuvo una baja participación electoral y se limitaron los temas del debate ciudadano, entregando el orden público a los militares y el manejo económico a los tecnócratas.

Construir la paz implica enfrentar las limitaciones relacionadas con el conflicto, por ejemplo, mejorar el trámite de los conflictos sociales. Igualmente es necesario asegurar los derechos de la oposición y el tránsito de quienes hicieron la guerra a la vida civil y al ejercicio político sin armas.

La situación es menos clara en cuanto a aquellas circunstancias que han creado la que podríamos denominar “estructura de gobernabilidad del conflicto” esto es, el conjunto de arreglos institucionales que permitieron sobrevivir a nuestra democracia durante los años de guerra.

Una abstención funcional

Interés en las reformas, una hazaña de los políticos.
Interés en las reformas, una hazaña de los políticos.  
Foto: Canal Capital

Un buen ejemplo al respecto es el de la abstención electoral.

No parece fácil argumentar que la abstención fue una política de Estado relacionada con el conflicto armado, pero al mismo tiempo es evidente que la guerra mantuvo a muchos ciudadanos alejados de las urnas:  

  • Al comenzar el Frente Nacional las tasas de participación eran bastante altas: 81 por ciento en el plebiscito de 1958 y 68 por ciento en las elecciones parlamentarias del mismo año.
  • Para 1964 la participación en las parlamentarias había descendido al 34 por ciento, los ciudadanos se percataron que el voto no era útil porque no incidía sobre el reparto de los cargos y se alejaron de las urnas.
  • El primer intento de modificar esta situación se dio en las elecciones del 19 de abril de 1970, cuando aumentó la votación, pero también se dejó la sensación de fraude generalizado contra el general Rojas Pinilla (de aquí vendría el nombre del M-19).
  • Para 1974, en las primeras elecciones competitivas después del Frente Nacional, los ciudadanos volvieron a darle una oportunidad al sistema y aumentaron su votación al 58 por ciento, solo para descubrir que las cosas habían cambiado muy poco.
  • El aumento de la participación durante la década de 1980, gracias a la apertura que implicó la elección popular de los alcaldes, fue acompañado por una ola masiva de violencia contra las nuevas fuerzas políticas que aparecieron por entonces (exterminio de la Unión Patriótica).

De esta manera, aunque no es obvio que la abstención sea una consecuencia directa del conflicto armado, puede decirse que es un aspecto fundamental de la manera en que Colombia ha sido gobernada. La abstención ha sido funcional para el sistema político y sus élites, que de esto modo han resultado ser los representantes de tan solo una tercera parte de la población.

Unos cuantos números recientes ilustran esta última afirmación:

  • En 2014 votaron 14.360.220 personas para el Senado, correspondientes al 43,58 por ciento del censo electoral (CE).
  • En estas elecciones hubo 1.485.567 votos nulos, es decir, 10,38 por ciento del total de votos emitidos (4,52 por ciento del CE).
  • Las tarjetas no marcadas llegaron a 842.615 es decir, un 5,89 por ciento de los votos (2,57 por ciento del CE).
  • Los votos en blanco fueron 746.659, un 5,21 por ciento del total y un 2,27 por ciento del CE.

Sumados estos tres grupos de votantes, tenemos que 21,48 por ciento de quienes acudieron a las urnas no lograron conseguir una representación en el Senado (el 9,36 por ciento del censo electoral). Esto muestra que tan solo un 34,22 por ciento de ciudadanos votaron efectivamente por el Senado. Si a esta cifra le restamos los votos de las listas preferentes que no alcanzaron que su candidato fuese electo tenemos que quienes obtuvieron curules menos del 30 por ciento del censo electoral. ¿Es esta una cifra aceptable para una democracia?

Reformas para la democracia

Que solo una tercera parte de los ciudadanos consigan estar representados políticamente es algo bueno… para esa tercera parte del país. Sus intereses están bien protegidos y de allí lo difícil que resulta hacer cambios.

Esta situación explica que en votaciones como la del plebiscito del pasado 2 de octubre apenas una tercera parte del país acudió a las urnas. De manera increíble solo un 37 por ciento de los colombianos fueron parte de la decisión más importante de nuestra historia reciente.

Por esta y otras razones podemos concluir que el voto obligatorio vendría a cambiar el régimen de gobernabilidad que a su vez fue un producto de la guerra. Del mismo modo que la Primera Guerra Mundial en Europa creó la necesidad de dar voto a las mujeres para hacer parte de la reconstrucción, en Colombia tendremos que incorporar masivamente a los ciudadanos a quienes el conflicto ha mantenido alejados de las decisiones políticas.

El voto a partir de los 16 años de edad contribuirá a que las nuevas generaciones rompan la herencia de desconfianza e impotencia que dejaron las generaciones anteriores y que en muy buena parte resultaron de la guerra y del esquema consociacional que surgió entre las élites para enfrentarla.

Un efecto adicional del voto obligatorio será poner en vigencia de la democracia directa. La Constitución de 1991 consagró la democracia participativa, pero - como tantas otras cosas en Colombia- la idea era que no funcionara, y para ello se establecieron umbrales y procedimientos complejos que la han hecho inviable.

Con el voto obligatorio el desafío ya no será alcanzar los umbrales, sino convencer a los ciudadanos de cuál es la mejor opción, desde revocar a un alcalde hasta aprobar una consulta popular. Si a esto se agrega la posibilidad de recoger firmas electrónicas para respaldar iniciativas populares, será aún más fácil conseguir que funcionen los mecanismos de participación.

Las reformas políticas que en efecto consigan cambiar la relación de los ciudadanos con las instituciones merecen la mayor consideración y no deben mirarse como ajenas a la superación del proceso de confrontación armada que ha vivido el país.

Las demás reformas

Otro tipo de reformas, igualmente importantes pero relacionadas con la relación entre los políticos, como los efectos de la lista cerrada y el aumento del financiamiento público, son más difíciles de comprender como relacionadas con la superación del conflicto y serían más fáciles de tramitar si la Misión Electoral las recomienda.

Aun más lejanas de su posible trámite en el corto plazo son aquellas iniciativas para modificar nuestro precario equilibrio de poderes, como el aumento de los períodos de gobierno o la eliminación de la Vicepresidencia. Este último tipo de iniciativas difícilmente encontrarán el espacio o el apoyo para ser tramitadas, pero como todo en Colombia, servirán para dar pie a futuros debates.

No olvidemos que discutir reformas ha sido una de las mayores tradiciones de nuestros años de conflicto y no parece que vaya a desaparecer pronto. Al fin y al cabo, si los políticos no pueden decidir sobre la guerra ni sobre la economía, solo les queda entretenerse hablando de sí mismos y de la política.

 

 * Ex viceministro del Interior

 

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