A una semana de ir a las urnas, en gran parte de Colombia se respira un ambiente enrarecido. Balance de los obstáculos, los riesgos conocidos y las tareas principales que deberían cumplir nuestros próximos gobernantes locales –y de la tarea que habríamos de cumplir los ciudadanos para que haya democracia. 

El próximo domingo 30 octubre, los colombianos elegiremos a los próximos administradores locales –gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles– en un contexto complejo y caracterizado por tres factores principales:

1. La falta de una cultura político-jurídica que permita votar libremente por programas estructurados y orientados a la ejecución efectiva de las políticas públicas, por la seguridad dentro de la legalidad y por el avance del Estado de derecho, la convivencia ciudadana y los derechos fundamentales, entre otros objetivos deseables. La necesidad de un voto de opinión crítico y razonable es crucial para la superación de la frágil democracia colombiana, tan cuestionada por la falta de legitimidad en las principales instancias del poder.
2. La presión sobre los electores: grupos armados ilegales, clientelismo, corrupción y compra de votos, constreñimiento del elector, trashumancia e incluso límites a la movilidad ciudadana en ciertos lugares, que afecta sobre todo a los jóvenes, lo que se ha venido denominando “fronteras invisibles”.
3. El nivel de incertidumbre introducido por la promulgación de la Ley Estatutaria para el Funcionamiento y Organización de los Partidos y Movimientos Políticos [i] –Ley 1475, que fue sancionada pocos antes de las elecciones y ha producido confusión entre la ciudadanía. Esta ley, en efecto, toca aspectos esenciales de la participación política, como decir
   1. Nuevas sanciones para los partidos y movimientos cuyos candidatos tengan nexos con actores ilegales, pues en caso de comprobarse perderían su personería jurídica. Siendo una medida positiva, es claro que los organismos competentes del Estado no realizaron investigaciones serias y oportunas que permitieran depurar las listas de los candidatos con antecedentes de apoyo a los grupos armados ilegales o por violaciones a los derechos humanos.
   2. La inclusión en las listas de un mínimo de 30 por ciento de mujeres (artículo 28). Colombia estaba en mora de ponerse al día en la ley de cuotas [ii] y se había acumulado una deuda histórica con este grupo social, excluido por diversos factores sociales, económicos y culturales. Lo criticable ha sido la falta de control por parte de la Registraduría Nacional, al permitir la inscripción de listas que no cumplían con este requisito.
   3. Según el artículo 23, se prohíbe que la contribución individual sobrepase el 10 por ciento del total de los costos aprobados para la campaña. Lo discutible fue dejar que el aporte personal del candidato a su campaña siga exento de límites. Así mismo, dice la ley que las contribuciones anónimas son ilegales, prohíbe que empresas de juegos de azar financien las campañas políticas y las contribuciones de compañías o personas cuyos ingresos provengan de contratos públicos en más de un 50 por ciento (Artículo 27). Esto último es dudoso, pues en realidad permite la alianza entre políticos y contratistas: un límite del 50 por ciento deja mucho margen para la corrupción.

Duro contraste

Para Norberto Bobbio, el gran teórico de la democracia, esta supone las siguientes reglas esenciales [1]:  

1. El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso, es decir que los más poderosos no manipulen la voluntad del conjunto de los electores.
2. Todos los que disfrutan de derechos políticos deben ser libres para votar según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una competencia abierta entre grupos políticos organizados.
3. Deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos.
4. Exige rendición de cuentas claras y periódicas a sus ciudadanos, así como la transparencia en el ejercicio del poder.

Retos para los próximos alcaldes

A continuación se esbozan algunos de los retos generales que enfrentarán los próximos alcaldes:

1. Evitar o eliminar la filtración de grupos armados ilegales en la administración municipal, hecho este que haría perder legitimidad y legalidad en la toma de decisiones y en el control del municipio o ciudad.
2. Atender de manera prioritaria el alto número de desplazamientos forzados interurbanos e intra-urbanos, que son fuente de injusticias y tensiones. Pero esta es apenas la expresión más apremiante de un problema del desafío estructural que viven casi todas las ciudades y poblaciones de Colombia: la existencia de marcadas “fronteras invisibles” que mantienen la segregación y la desigualdad.
3. Tener la decisión y el coraje de hacerle frente al flagelo de la corrupción, para lo cual será preciso un mecanismo ágil, transparente y coordinado con los organismos nacionales.

* Doctor en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, Sede Medellín.