Nuevamente se agita el tema de la inteligencia en Colombia, pero se echa de menos un debate experto sobre un asunto de carácter tan crítico para el desarrollo de una sociedad y de un Estado democráticos.

Las libertades públicas dependen en alto grado de lo que los gobernantes consideren qué se debe saber y cómo debe obtenerse ese saber. Los escándalos últimos del ya extinto DAS ilustran lo que sucede a menudo en el mundo de los aparatos de inteligencia estatales.

El debate sobre los límites que separan el respeto a las libertades de las capacidades intrusivas de los servicios de inteligencia que pueden vulnerarlas, no es un debate cualquiera: atañe al fundamento mismo de las garantías que el Estado moderno debe brindar al ciudadano y a la posibilidad de mantener vivos los principios democráticos que constituyen hoy la cima de un comportamiento ético superior en política y gobierno.

El conflicto nos complica

El ambiente colombiano está sembrado de obstáculos y dificultades para desarrollar adecuadamente la actividad de inteligencia, necesaria para garantizar el disfrute de esas mismas libertades.

En primer lugar, la existencia de un conflicto armado de carácter irregular ha sido, históricamente y en todo el mundo, un pretexto útil para restringir libertades y garantías.

El balance entre seguridad y libertad es inestable por cuanto uno y otro concepto se presuponen mutuamente: la seguridad es una condición necesaria para la libertad y los grados de libertad que se alcancen determinan la calidad de la seguridad. Se acepta que si la amenaza para el orden es grande, se justifica una reducción de los grados de libertad ¿pero cuánta? Un orden estúpido puede dar una seguridad irrisoria: seguridad sin por qué y sin para qué.

El conflicto interno, y más si incluye prácticas terroristas, hace que se confronte políticamente (pero política con armas) a un enemigo y no a un adversario y causa que se confunda la calificación del contendor: el adversario visto como enemigo es frecuente en estos ambientes de fuerte polarización.

Pero también existe el peligro opuesto: la ingenuidad y el angelismo cuando se trata de contener a un enemigo del Estado de derecho y de la democracia, ese sí de veras. Pocas veces la dosificación es más compleja.

Un conflicto armado implica inevitablemente politizar la actividad de inteligencia. La politización a su vez lleva a justificaciones de necesidad que disfrazan de ética la actuación por fuera de normas y controles. Las técnicas intrusivas gracias a tecnologías asombrosas, facilitan la vulneración de la intimidad.

También la polarización puede llevar a la aparición de “inteligencia cocinada”, es decir, aquella que se prefabrica para justificar decisiones y actuaciones ilegales. Más que nunca, un ambiente de confrontación armada requiere de controles muy fuertes si el Estado ha de estar del lado del derecho.

Mejor separadas

Obviamente se necesitan controles sobre el ejercicio de la inteligencia. Control del ejecutivo, control parlamentario y control ciudadano. Parte importante del control de los gobiernos estriba en la separación de la inteligencia que se hace para apoyar la actuación del Estado en la esfera externa, de la inteligencia que se adelanta para el control del orden público interno.

Es el modelo de los países que tienen grandes responsabilidades en el frente exterior. Así la CIA y el FBI en Estados Unidos; la DGSE y la DST en Francia; el Mossad y la Shabak (antiguo Shin Bet) en Israel; el MI 6 y el MI 5 en el Reino Unido, y así muchos más ejemplos.

Si la inteligencia y la contrainteligencia se separan e independizan, hay un control más eficaz: una actuación irregular de inteligencia (I) puede ser detectada por la contrainteligencia (CI).

En Colombia, la nueva Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (ANIC) parece prolongar el modelo del DAS, con las dos funciones reunidas en la misma agencia.

Otra medida es propender para que no se confunda inteligencia con espionaje (si bien el espionaje no ha dejado de ser una manera de recabar información). La mayor parte de la inteligencia de hoy se hace en el escenario de las “fuentes abiertas”, sobre todo la que apoya al Estado para desenvolverse en lo externo interestatal. Es cada vez más difícil ocultar algo en este mundo y la información fluye como nunca.

Internet da posibilidades jamás vistas antes. La inteligencia moderna requiere más de buenos analistas que de espías (malos o buenos). Información hay mucha y se trata de contar con personal capacitado para hacer la selección apropiada y las inferencias correctas y ponderadas.

En este punto, el conflicto interno mantiene, todavía, la necesidad de la inteligencia humana, pero es una tarea que corresponde en buena parte a las agencias de inteligencia militar y policial.

El arsenal del secreto

En la actualidad, una agencia de inteligencia de Estado se parece más a un centro de investigación académico o empresarial, que a las viejas agencias de espionaje y de policía política. Su función básica es darles a los gobernantes elementos de juicio para tomar decisiones bien orientadas en función de objetivos nacionales.

Esto nos lleva a otra reflexión: un insumo para una inteligencia de Estado bien realizada es la claridad en la definición de los intereses nacionales. Bien definidos éstos, se deben traducir en objetivos coherentes con los antecedentes, realizables y pertinentes. De otra manera se puede caer en la confusión, en el descontrol, en el voluntarismo y en la acción irrelevante. La transparencia será tanto mayor cuanto más democrática sea la definición de intereses nacionales y de objetivos concomitantes.

Finalmente, los controles de la inteligencia suponen un equilibrio entre transparencia y legalidad por una parte, sigilo y secreto, por otra. La actividad tiene recovecos que no pueden estar expuestos so pena de poner en peligro a las personas que los recorren y en descrédito al Estado que los admite. No quiere decir esto que sean procedimientos ilegales.

Todo Estado tiene controles judiciales de los procedimientos de búsqueda y obtención de datos. Se trata de hacerlos eficientes y oportunos. No puede perderse de vista que si hay una clase de funcionarios que necesite una protección legal importante, esos son los de inteligencia. Es un trabajo que los pone en conflictos serios con la presunción de legalidad en sus actuaciones y con el principio de obediencia debida.

Trabajar en ambientes poco iluminados exige precauciones extraordinarias. Controles, formación ética y profesionalidad, hacen parte del arsenal que le debe dar seguridad no sólo a la institucionalidad estatal, sino a los ciudadanos en lo tocante a bienes jurídicos inapreciables, inscritos en el campo de los derechos fundamentales.

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