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La congestión judicial: pretexto para privatizar la justicia

(Tiempo estimado: 4 - 7 minutos)

María del Pilar Arango Hernández*
Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces.

Ante la gigantesca congestión en los juzgados, se propone trasladar los casos a notarios y abogados para que decidan en primera y única instancia. Esta fórmula peregrina y pseudocreativa en realidad es injusta, regresiva, inconveniente, contraria a los tratados internacionales…y además es inútil. No hay otra solución que contratar más jueces. 


Con afán de lucro

Con el pretexto de descongestionar los juzgados, el Congreso tramita un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los particulares la función pública de administrar justicia.

En Colombia las privatizaciones se vienen adelantando desde hace 20 años, con resultados generalmente nefastos. El ejemplo más grave ha sido el de la salud, derecho que la ley 100 convirtió en mercancía que solo puede ser adquirida por quienes tengan suficiente capacidad económica. Un negocio donde a las EPS les va muy bien, pero a los usuarios muy mal.

La principal característica de las privatizaciones consiste por supuesto en que los operadores particulares actúan buscando la máxima ganancia. Para ello deben aumentar sus ingresos y reducir los costos de funcionamiento. En la salud, la fórmula se ha traducido en cobrar más a los pacientes, en denegar el acceso a medicamentos, tratamientos, cirugías y consultas especialmente costosos y en el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del ramo.

Si se privatiza la justicia, las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear, situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho.

Si no cobran algún estipendio, no se ve de qué otra manera podrán notarios y abogados asumir las necesidades adicionales en materia locativa y de personal. Y en todo caso preocupa que no sea el Estado quien asuma tales costos y decida trasladarlos a los particulares, sin garantía alguna de calidad.

Un derecho fundamental

La Constitución, los pactos internacionales y la jurisprudencia comparada reconocen el acceso a la justicia como un derecho fundamental:

  • El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.1, establece que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.
  • Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, determina: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”;
  • La Constitución, en el artículo 229, señala que se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. Este artículo ha sido desarrollado por la Corte Constitucional, al establecer que el derecho de acceso a la justicia queda satisfecho cuando el juez natural responde a las pretensiones formuladas por las partes, mediante una decisión de fondo sustentada en derecho (Sentencia T-320 de 1993).
Existe, pues, un consenso internacional para admitir que el derecho fundamental a la administración de justicia se materializa cuando, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, los ciudadanos pueden acudir ante los tribunales especializados para formular pretensiones o defenderse de ellas y obtener un fallo de esos tribunales, cuyo contenido ha de ser cumplido y ejecutado.

En Colombia, el acceso a la justicia está garantizado: independientemente de su condición económica, los ciudadanos pueden acudir a los jueces de la República para que sus conflictos se resuelvan.

Los jueces no se improvisan

Hay que reconocer la gravedad del problema de la congestión de los juzgados: somos los jueces quienes primero la lamentamos y la padecemos. Su causa principal no es otra que el escaso número de jueces y de empleados en Bogotá y otras grandes ciudades. ¿Cómo puede resolver ágilmente un Juez Civil del Circuito de Bogotá, si tiene a su cargo un promedio de entre 1.300 a 1.600 procesos y un Juez Civil Municipal entre 3.000 y 4.000?

Pero aún entonces no se ve la razón para que una propuesta de reforma a la Justicia de nivel constitucional — en lugar de asegurar que el Estado disponga de un mayor número de juzgadores — pretenda imponer de manera ligera y apresurada fórmulas que desconocen el principio de gratuidad y que finalmente afectarán de manera grave la calidad del servicio.

Tales propuestas desconocen de tajo la formación y la experiencia de miles de jueces y empleados, que nos sometemos a exigentes exámenes y concursos. Y desconoce sobre todo al mejor evaluador de nuestra gestión: el día a día de nuestros despachos judiciales a lo largo de los años.

Sorprende que nuestros legisladores pretendan obligar a los abogados a conciliar en una sola persona dos condiciones que en realidad son excluyentes: la de ser litigante y la de ser juez.

Inútil e injusta

Pero además es dudoso que esta fórmula de veras disminuya la congestión en la rama judicial: aunque los particulares tramiten y fallen procesos, las apelaciones de tales decisiones deberán de todos modos someterse al examen de los jueces, quienes tendrían que estudiar y emitir los fallos definitivos.

Un aditamento aún peor consiste en que los procesos de única instancia (aquellos cuya cuantía no supera los ocho millones), nunca serán conocidos por un juez. ¿Si esto no es estratificar la administración de justicia, entonces qué lo es?

¿Qué será del Estado Social de Derecho y del principio rector de la igualdad, que nuestra Constitución preserva tan celosamente, cuando se permite que controversias de baja cuantía, pero que no por eso dejan de ser muchas –constituyen el 40 por ciento del total de conflictos civiles– se sustraigan del conocimiento del juez natural?

Peor aún: ¿Será imparcial la justicia –es decir, será justicia– en manos de notarios y otros operadores privados, que no perciben ningún salario del Estado?

¿Implicará la reforma que el Estado destine recursos para adecuar y dotar las instalaciones donde los notarios atenderán a los usuarios? ¿Por qué esos recursos no se destinan a contratar personal capacitado para la administración de justicia?

Los problemas de la rama Judicial no pueden solucionarse a costa de negar o limitar el acceso a la administración de justicia. El problema de la congestión judicial solo se resolverá cuando en Colombia exista un número suficiente de empleados judiciales, fiscales, jueces y magistrados, entre quienes se pueda dividir el trabajo y aliviar las cargas.

Solución que, por lo pronto, no se encuentra en la reforma a la Justicia.
 

* Abogada de la Universidad Santo Tomas, con especialización en derecho comercial del Externado de Colombia. Durante 20 años fue Juez Civil y actualmente es Juez Civil del Circuito de Bogotá, preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia.

 

 

Maria-del-Pilar-Arango-Hernandez

María del Pilar Arango Hernández*

Comentarios   

 
jorge hernan arango
0 #6 jorge hernan arango 08-03-2012 21:03
la justicia no solo requiere mas funcionarios y jueces , requiere un cambio procedimental que exista una jurisprudencia no al estilo Anglo-Sajon pero si de tal manera que si existe un numero de fallos similares sobre casos similares sea crea doctrina así se descongestiona en gran forma los juzgados y los tribunales y las altas cortes. leyes hay! procedimientos no!!
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Luis F. Moncada
+1 #5 Luis F. Moncada 22-12-2011 17:18
Suena paradójico hablar de que los jueces no se improvisan cuando contamos con una serie de remedo de estos y también de magistrados que ocupan sus cargos sin siquiera saber donde están parados, ahora que si bien es cierto, lo del posible negocio que vendrá y los posibles casos de corrupción que se pueden dar, también lo es que es deber de las altas cortes debatir y velar por que sea una reforma con la corrección de dichos errores.
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M. Morales B.
0 #4 M. Morales B. 14-12-2011 21:47
Se resiste uno a aceptar que razones tan contundentes como las que se exponen en esta juiciosa crónica no hayan sido escuchadas por los promotores ni por los aprobadores de la lamentable "reforma de la justicia". Con la antilógica del locuaz ministro Esguerra no sería raro que cualquier día se introdujera un "mico" más para disponer que con el fin de descongestionar los tribunales de procesos por asuntos financieros y bancarios se resolviera que un buen número de funcionarios de las instituciones financieras y bancarias asumiera responsabilidad es judiciales para apresurar la solución de esos casos.
El Presidente Santos insiste en que está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción, pero está dejando que avance la reforma de marras que hasta donde se puede intuír va a estimular y fortalecer en Colombia la impunidad -que es uno de los factores más determinantes de la corrupción-.
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William Jiménez Gil
+1 #3 William Jiménez Gil 13-12-2011 20:22
Completamente de acuerdo con el muy cezudo artículo de la Dra. Arango Hernández. Soy litigante por más de 20 años, la gran mayoría actuando como abogado del Sector Financiero, gran responsable por otra parte de la congestión judicial. El número de Juzgado que hoy tenemos en Bogotá corresponde por habitante al que debería tener la ciudad hace quince años. Este solo dato demuestra que la fiebre no está en las sabanas, como lo cree ingenua e ignorantemente nuestros Honorables Congresistas.
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Gustavo de Greiff
+1 #2 Gustavo de Greiff 13-12-2011 14:48
Excelente artículo. Coincido con la autora. Desde cuando se comenzó a hablar de una reforma a la justicia expresé que lo que se requiere es más jueces y con una excelente formación académica. Y me pregunto: Qué solución al problema de la congestión es aumentar el período de los magistrados, o no es congestionarlos más asignarles tareas disciplinarias, u otras lindezas por el estilo contenidas en el proyecto? Ese proyecto es más un maquillaje que una verdadera reforma. La autoridad para hablar sobre cómo debe ser la reforma reside en personas como la autora de este artículo.
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Carlos Gomez
+1 #1 Carlos Gomez 13-12-2011 14:33
Los gobiernos en colombia se han dedicado a sobre cargar de funciones las entidades del estado, generando esto, que el servicio público sea cada dia peor. hoy vemos como la policía hace de todo y que decir del ejercito, y aun asi preguntan ¿que pasa con la seguridad?. el problema termina cuando las instituciones se especialicen y se dediquen para lo que fueron creadas, como dice el refran "cada loro en su estaca", vasta ya de nombrar fiscales para un mes o incluso dias, es el colmo encontrar un fiscal con la carga laboral de dos despachos, e incluso un fiscal al que solo le asignan un investigador. hay que eliminar la multifuncionali dad, ya que un empleado que desarrolla varias actividades al mismo tiempo es suceptible de errores, que en el caso de la justicia le puede costar la libertad a un ser humano. ¡Señores senadores dejen de crear leyes inútiles que solo causan mas congestion, una solucion a la justicia es: dejen de legislar por un periodo, dentro del cual se deben dedicar a recopilar ese reguero de leyes que ustedes han creado, con este trabajo haran una depuracion necesaria y utíl para nuestro sistema penal. creo que este debe ser el primer paso para una buena reforma a la justicia.
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