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La Reforma de la Justicia: en qué consiste y qué pretende

(Tiempo estimado: 9 - 18 minutos)

jose_gregorioUna Corte despolitizada y un juicio más imparcial para los congresistas: ¿Es esto lo que busca el Proyecto del Gobierno?   

José Gregorio Hernández Galindo

Cómo y para qué una reforma

La eficacia y credibilidad de la justicia son esenciales para la legitimidad de cualquier sistema político. Y sin embargo administrar justicia es la más delicada y quizá la más compleja de las funciones que ejerce el Estado, de modo que las reformas que la afectan deberían ser objeto de una preparación sumamente cuidadosa.

En las últimas semanas, sin embargo, el gobierno ha dado muestras de todo lo contrario. Con anuncios verbales, con borradores incompletos que se remiten a las Cortes y que estas se niegan a dar por recibidos, con "globos de ensayo", con boletines de prensa y  con giros de 180 grados, no es ni siquiera fácil aclarar que están proponiendo el Presidente y su Ministro.  

Un primer objetivo de este artículo es resumir el Proyecto de Acto Legislativo que finalmente presentó el gobierno ante el Congreso y las dos variaciones de fondo que el Presidente ha enunciado después de radicar el Proyecto.   

Nadie puede negar que la justicia en Colombia padece de dolencias tan serias como la congestión, la morosidad, el formalismo y la impunidad. Más aún, como quedó consagrada en la Constitución de 1991, la organización del servicio no es la más afortunada. La Carta presenta muchos vacíos; da lugar a  cruces de funciones que neutralizan los controles consagrados; la redacción de ciertas disposiciones es confusa y se presta a interpretaciones diversas -inclusive en materia de competencias-  lo cual es una fuente de conflictos. Y las reformas posteriores al 91, como la de 2002 sobre el sistema acusatorio, no fueron completas ni se hicieron compatibles con el conjunto de las instituciones originales.

Todo eso  haría pensar en la  necesidad de una reforma comprensiva de la Constitución, que garantice a los ciudadanos una justicia efectiva y oportuna y que no sacrifique el Derecho material ni tampoco la seguridad jurídica.

Infortunadamente, sin embargo, las propuestas del gobierno no parecen estar encaminadas a resolver los problemas tan graves que hoy presenta la administración de justicia ni tampoco a corregir los errores del Constituyente. El segundo objetivo del artículo es pues explorar el para qué de la reforma. 

¿Qué propone el gobierno?

El proyecto de Acto Legislativo que el gobierno presentó al Congreso el pasado 25 de Agosto se ocupa de dos temas principales: 1) la elección y calidades de los magistrados y otros altos funcionarios de control, y 2) el procedimiento para juzgar a los congresistas y otros altos funcionarios.

Más específicamente, para facilitar el análisis, agrupo las propuestas bajo los siete acápites siguientes:  

1. Las altas cortes 

-Cooptación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

-Ampliar a 12 años el período individual para los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

- Consagrar una edad mínima de 45 años  y una experiencia no menor de 20 años de ejercicio para poder aspirar a dichos cargos.

- Elevar la edad de retiro forzoso de los magistrados, de los 65 a los 70 años.

- Inhabilidad para ser magistrado de esas corporaciones, si se ha desempeñado en propiedad el cargo en otra de ellas.

2. Los organismos de control

- Elección del Procurador General por el Congreso en pleno, ya no por el Senado, mediante voto público y nominal. En vez de la terna actual -elaborada por el Presidente de la República, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado-  se aplicaría un  concurso de méritos convocado por el Congreso.

-Elección del Contralor General por el Congreso en pleno, previo concurso de méritos. Se elimina la terna hoy designada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

- Elección del Auditor General por el Congreso en pleno y previo  concurso de méritos, en reemplazo de la terna que hoy presenta la Corte Suprema de Justicia.

3. La administración de la rama.

-Sustituir la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por la Sala de Gobierno, integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y por un magistrado más de cada una de esas instituciones.

- Crear la Gerencia de la Rama Judicial, que ejercerá la representación legal de la misma y tendrá las funciones que señale la ley. El Gerente sería elegido por la Sala de Gobierno, mediante concurso de méritos, para un período de 4 años.

- Privar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales del conocimiento de acciones de tutela.

4. El fuero de los altos funcionarios

- Ampliación del fuero constitucional especial, ante el Senado de la República previa acusación de la Cámara de Representantes, para que cobije, además del Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación, al Vicepresidente de la República, al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República.

- Consagración de la segunda instancia, en lo propiamente criminal (no en lo político, que corresponde al Senado), ante la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, para los procesos  que se sigan contra el Presidente de la República y contra los altos funcionarios de que trata el artículo 174 de la Constitución, dejándose el primer grado en cabeza de la Corte Suprema.

5. La libertad para votar reformas constitucionales

Declaración explícita de que la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, o de su régimen de conflicto de intereses, no será obstáculo para que voten reformas constitucionales.-

6. Los juicios a los congresistas

-Doble instancia en los procesos de pérdida de investidura; la primera a cargo de  la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y la segunda ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conocerá en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los miembros del Congreso, con una segunda instancia en cabeza de la Sala de Gobierno de la misma corporación.

- Doble instancia en los procesos penales, la primera ante la Corte Suprema de Justicia, y la segunda ante la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura.

-Separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso; serán investigados por el Fiscal General y juzgados por la Corte Suprema Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, según lo dicho.

-La Corte Constitucional servirá como juez de control de garantías en los procesos contra los congresistas.

- Las reformas sobre doble instancia para juzgamiento de los congresistas y separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los mismos sólo se aplicarán a las conductas punibles cometidas a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo.  

Dos bandazos del Presidente

Antes siquiera de tener ponencia, el Proyecto sufrió cambios esenciales, que fueron anunciados por el Presidente y luego recogidos por su Ministro del Interior y Justicia. 

En primer lugar el Presidente propuso que la primera instancia en el juicio penal de los congresistas fuera la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  y la segunda instancia se surtiera ante la Corte Suprema en pleno.    

Y en efecto: poner al Consejo Superior de la Judicatura como segunda instancia de la Corte Suprema en el proceso penal de los congresistas  hubiera implicado que la Corte dejaba de ser suprema y que el Consejo Superior de la Judicatura pasaba  ser cabeza de la jurisdicción ordinaria en un asunto tan trascendental.

El segundo cambio anunciado por el Presidente consiste en retirar del Proyecto lo referente a la separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los congresistas. En lugar de ello, y para dar cumplimiento a la sentencia C-545 de la Corte Constitucional (28 de mayo de 2008) será una ley del Congreso quien estipule los mecanismos correspondientes.

En desarrollo de lo  anterior,  el 23 de septiembre "El Ministro del Interior y de Justicia, Delegatario en funciones presidenciales, se permite informar: Que a raíz de la propuesta del señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en el sentido de cambiar la iniciativa relacionada con la doble instancia para juzgamiento de congresistas, presentada en el proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia, se replanteará la propuesta original, para dejar dentro de la Corte Suprema de Justicia esta competencia, de manera privativa.

En el mismo sentido, con el propósito de cumplir la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-545 de 2008, que ordena la separación de las funciones de investigación y juzgamiento para los mismos funcionarios aforados. Esto, con el fin de dejar expreso que la vigencia del acto legislativo para efectos de la aplicación de la doble instancia solo regirá a partir del 20 de julio de 2010.

De todas formas, el proyecto de acto legislativo consagrará una norma que deje claramente establecido que de ninguna manera se podrán invocar los principios de favorabilidad o aplicación retroactiva de sus disposiciones. Para el efecto, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de acto legislativo con estas modificaciones."

¿Qué busca el gobierno?

La relación detallada de los temas y propuestas que contiene el Proyecto confirman lo ya dicho: desafortunadamente la reforma no apunta a solucionar los problemas de impunidad, congestión, lentitud o formalismo que aquejan al sistema, ni tampoco a corregir los errores del Constituyente.

Porque no obedece a una cierta y meditada filosofía y por la premura en su preparación y redacción, esta es una reforma  amorfa, deshilvanada y un poco inútil, si pensamos en lo que se necesita.

Más aún, al concentrase en los dos temas indicados - la elección de los jueces y el juzgamiento de los congresistas- el Gobierno nos obliga a concluir que su interés verdadero es afectar los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y ex congresistas por vínculos con organizaciones criminales y por hechos punibles cometidos durante el trámite de la reforma constitucional que autorizó la reelección presidencial en el 2004.

Cierto que el Proyecto pide que las reformas se aplique sólo para hechos futuros, pero sobre esto hay tela que cortar, como diré más adelante.

Antes de eso hagamos un balance de los cambios positivos, los de efecto dudoso y los    retrocesos que implicarían aquellas varias propuestas del gobierno.   

1. Los aciertos principales

Elección de los controladores

Está bien que a las altas corporaciones se les quiten funciones introducidas en 1991 que sustancialmente en nada se relacionan con la administración de justicia: las de proponer candidatos para elegir Contralor y la de postular (la Corte Suprema) y elegir (el Consejo de Estado) al Auditor General, que vigila la gestión fiscal del Contralor

Segunda instancia para congresistas

Bien está que se establezca una segunda instancia, prevista en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, pues esta es una garantía fundamental para cualquier procesado. Lo que resultaba dudoso era confiar la tarea a una Sala rotativa, integrada por magistrados no especializados en materia penal ni conocedores de los antecedentes del proceso respectivo, en comisión y dedicados además a sus  funciones  administrativas. En este sentido la nueva versión del Proyecto es pues mucho mejor.  

La Corte Constitucional

El Proyecto no extiende la cooptación a la Corte Constitucional, lo cual responde bien a su naturaleza y al origen plural que debe caracterizarla.

2. La de efecto dudoso 

Cooptación e  independencia de la justicia

La cooptación en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado busca garantizar la independencia de esos tribunales, de modo que en su composición no haya injerencia alguna del Gobierno ni del Congreso. Y esa idea se refuerza con la  supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de las Judicatura, en donde actualmente tienen origen las listas de candidatos para llenar las vacantes que se presentan en esas corporaciones.

Es cierto que la cooptación asegura la independencia de las corporaciones judiciales respecto a influencias ajenas -en especial, del Legislativo, del Ejecutivo y de los partidos- pero no es menos cierto que este sistema tiende a perpetuar una "rosca" judicial -a que los magistrados escojan a sus amigos, no necesariamente  a los mejores juristas-. Tal fue el motivo que tuvieron los constituyentes en 1991 para establecer la cooptación parcial hoy existente.

¿Despolitización de los altos tribunales?

-La cooptación en realidad no logra "despolitizar" a la Corte Suprema de Justicia ni al Consejo de Estado, toda vez que en su interior existen hoy "bloques", y se reservan las plazas para los partidos liberal y conservador, contra lo que debería ser en un sistema pluralista donde ya el bipartidismo es cosa de la historia, y donde los criterios de selección de magistrados tendrían que ser muy diferentes: hoja de vida, experiencia, conocimientos, capacidad académica, especialidad jurídica, limpia y clara trayectoria profesional.

En la actualidad esos criterios no se aplican. Y menos todavía lo serían con una cooptación plena y con doce años de período para los magistrados -como propone el Proyecto- pues ahora con más razón el amiguismo y la camaradería impedirán el acceso por méritos.

-El Proyecto añade que las elecciones de magistrados se llevarán a cabo en Audiencia Pública. Eso nada garantiza sobre la transparencia del proceso, ya que será fácil llegar al acto público teniendo todo orquestado.

-El Senado de la República seguirá eligiendo a los magistrados de la Corte Constitucional, pero ya no tendrá a su cargo la escogencia del Procurador General de la Nación, que pasaría al Congreso en pleno. Reforma innecesaria, que politiza aún más el cargo y que además transmite la idea errónea de que el Procurador tiene mayor jerarquía o importancia que el Tribunal Constitucional.

Los retrocesos

Más juicios ante el Congreso

Se justifica el fuero especial para el Vicepresidente, más no parece aconsejable que Procurador y Contralor pasen a ser acusados y enjuiciados por el Congreso donde, como sabemos, no suele hacerse justicia.

Más aún, ésta sería la oportunidad para someter a todos los altos funcionarios a un sistema de juzgamiento que los haga verdaderamente responsables, toda vez que el sistema actual jamás culmina en investigación seria, en examen a fondo de los hechos, y menos en condena o absolución fundamentadas. La Comisión de Acusaciones no ha operado, y el haber pasado antes por la Cámara y por el Senado es hoy un requisito para llegar a un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia, lo que garantiza que estos altos servidores públicos jamás responden por sus faltas, en cuanto los procesos son típicamente políticos y hasta clientelistas.

En tales circunstancias, lo que hace la reforma es extender aún más el manto de la impunidad.

Otra gabela para los congresistas

Eliminar las inhabilidades e incompatibilidades para votar una reforma constitucional  es permitir que los congresistas voten en su propio interés judicial, económico, familiar o político precisamente respecto de las normas básicas del ordenamiento jurídico, las definitivas y difíciles de reformar, en donde -más que en cualquiera otra- se está en posibilidad real de consagrar o perpetuar privilegios, canonjías y desigualdades.

No aplicarle a las normas más importantes el mismo régimen de inhabilidades que a las menos importantes es un despropósito que -aunque sigue una nefasta jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional a propósito del Acto Legislativo 2 de 2004 -el de la reelección presidencial- introduce una nueva forma de impunidad.

Halagos a los magistrados

No se encuentra motivo -a no ser el deseo de ganarse a los magistrados, creyendo que con ello actuarán con menor rigor en aquellos procesos del interés del Ejecutivo- para proponer la extensión del período a doce años. Otro tanto puede decirse de subir  la edad de retiro forzoso, sin que de otra parte -como sería la oportunidad- se aclare lo pertinente a cuáles son las altas  corporaciones -las antiguas o las creadas en 1991- cuyos magistrados están cobijados por una edad -cualquiera que sea- para retirarse de manera obligatoria. La verdad es que hoy subsiste una inexplicable discriminación.

...Y el asunto de la retroactividad

No se aviene a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, ni a la completa y genuina aplicación de las garantías, como tampoco a la supremacía de la Constitución,  estipular en el proyecto que sólo se aplicarán las nuevas disposiciones a las conductas cometidas a partir de su vigencia, "sin que haya lugar a excepción de inconstitucionalidad".

Y aquí vuelve a rondar el fantasma de la impunidad para los congresistas juzgados o condenados por hechos anteriores a la vigencia del Acto Legislativo que propone el Gobierno: ¿No habría una inconstitucionalidad sobreviniente al seguir aplicando a procesos en curso normas anteriores desfavorables, modificadas por la Constitución?

Posdata y confirmación...    

Después de los bandazos del Presidente, esta misma semana la prensa informa que la coalición de partidos que apoya al Gobierno propone un nuevo cambio al proyecto de Acto Legislativo, consistente en volver a la idea de que sea el Fiscal quien adelante la investigación penal contra los congresistas y sea la Corte Suprema quien los juzgue.

Se sigue pues el juego con los dados cargados y se sigue la serie de bandazos. El país no sabe cuál será el contenido final de la reforma, pero es obvio que ella pretende quitarle atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y, de rebote, si puede, quitarles piso a los procesos de la parapolítica.

Comentarios   

 
fader jaimes
0 #4 fader jaimes 12-07-2012 18:26
eso que va re locas ni el uno ni el otro que uribe vaya a comer mierda por corrupto al igual que su hijo
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nathalia
-1 #3 nathalia 10-07-2012 15:53
En lo personal pienso que Alvaro Uribe Velez no debe ser reelegido pues el supo en que consistia la reforma a la justicia y sus beneficios a magistrados corruptos. Hoy en dia cuendo el ya no es presidente culpa al actual Juan Manuel Santos cuendo en realidad el tambien sabia de lo que podia suceder
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JOSER
+2 #2 JOSER 25-06-2012 17:03
Como se te ocurre. Por mi lado yo no quiero ver mas a uribe en el mandato.
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Diana
-4 #1 Diana 22-06-2012 21:05
DEFINITIVAMENTE , DEBEMOS VOTAR DE NUEVO POR URIBE......ASI NO SE SALDRAN LOS ANMALES DE SUS JAULAS A HACER BELLEZAS EN EL CONGRESO.
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