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La paz está herida pero la guerra está muerta

Hernando Llano AngelLa responsabilidad de hacer la paz recaerá sobre todos los colombianos. Comencemos  por reconocer que las banderas morales que esgrimieron tanto la guerrilla como el Estado deberán olvidarse para que la política le ponga punto final a esta guerra degradada. 

Hernando Llano Ángel*

Procesión de víctimas de la Masacre de Bojayá en el departamento de Chocó.

No hay paz perfecta

Como bien dijo el senador Álvaro Uribe en su mensaje a la opinión de esta semana, “la paz está herida: por eso mismo depende de todos los colombianos que la paz sane y que recobre plenamente la vida.

Sin embargo el anuncio del presidente Santos y de las FARC desde La Habana es todavía más importante: la guerra está moribunda.

Depende fundamentalmente de nosotros y de nuestro compromiso (no tanto de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC, ni de la comunidad internacional) que la paz recobre su salud y fecunde generosamente sus frutos en nuestra tierra para beneficio de todos. Esto dependerá de si somos capaces de sepultar rápidamente la guerra y permitirle que descanse en paz, eternamente, sin prolongar artificialmente su vida.

El mayor peligro que en este momento nos acecha es la búsqueda de una paz perfecta, pues esta no existe en este mundo, que siempre estará lleno de conflictos y rencillas por resolver. Esto sería como hacer depender la paz de una justicia perfecta o de una discutible e incierta igualdad social. Si nos empecinamos en estos elementos, estaremos condenados a prolongar eternamente la guerra, con su secuela inacabable de dolor, degradación y víctimas.

Ya es hora de abandonar esos espejismos fatales, pues todos conocemos sus resultados: más de 220.000 víctimas mortales, de las cuales el 81,5 por ciento fueron civiles, y el mayor número de desplazados internos del mundo, cerca de 7 millones de compatriotas que han perdido sus parcelas y sus derechos vitales.

Además, ¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”? ¿Un Estado? ¿Un líder político? ¿Un partido o una guerrilla? La respuesta es simple: nadie. Por eso es responsabilidad de todos y todas que esta tragedia no se siga repitiendo en suelo colombiano.

Hoy tenemos una valiosa oportunidad política y una inmensa responsabilidad ética. Ningún ciudadano o ciudadana puede eximirse. Nos llegó la hora de la verdad. Para tomar una decisión tan trascendental vale la pena reflexionar sobre nuestra responsabilidad frente al pasado, el presente y el futuro.

Un pasado ignominioso

El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
El Presidente Santos y Rodrigo Londoño luego de la firma del acuerdo de Cese al Fuego.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Sobre el pasado, lo primero que tendríamos que reconocer es que este nos deja un vergonzoso saldo en rojo y una deuda de humanidad con cientos de miles de víctimas que tenemos que honrar. Y la primera y mejor manera de hacerlo es impedir que la guerra cobre más víctimas.

La segunda consiste en que los protagonistas de la guerra reconozcan sin ambages que en su obsesión por vencer al enemigo incurrieron en numerosas acciones degradantes e inhumanas, moralmente injustificables y políticamente ilegítimas. Ellos son los primeros que deben contar toda la verdad, para empezar a reparar a las víctimas.

¿quién tiene el derecho a definir lo que significa una “paz perfecta” o una “justicia perfecta”?

La primera verdad que deberían reconocer es su desvarío y soberbia, que todavía hoy ocultan bajo valores, principios, políticas y consignas que mancillaron y arruinaron con la sangre de sus víctimas.

En nombre de supuestos valores como “democracia”, principios como “Estado de derecho”, políticas como “seguridad democrática” y consignas como “revolución” o “justicia social” cometieron masacres, asesinatos, desapariciones, secuestros, “falsos positivos” y desplazamientos masivos.

Ni uno solo de los anteriores crímenes puede ser justificado ni legitimado ante las víctimas y sus sobrevivientes. Tampoco ante la conciencia ciudadana. Si esta los acepta estaría perpetuando eternamente la revancha y la venganza de nuevas generaciones, que más adelante, en nombre de la “justicia”, la “verdad” o las “instituciones democráticas”, tratarán de ajustar cuentas con los victimarios victoriosos.

La justicia transicional

En este contexto, la justicia transicional es imprescindible pues la degradación en que incurrieron todos los responsables directos de la guerra impide objetiva y legalmente declararlos inocentes plenos o culpables absolutos. Todos son responsables, según su mando y papel, de los actos cometidos o de las omisiones consentidas.

Estos actores deberían asumir explícitamente su responsabilidad para empezar a reparar a sus víctimas y honrar a sus familiares sobrevivientes, contando toda la verdad, sin refugiarse en ideologías o en dignidades gubernamentales. Ya pasó la hora de los comandantes y los héroes impunes; también la de los gobernantes inmunes. A todos les llegó la hora de las verdades y las responsabilidades históricas. Deben hacerlo para dejar de reclamar una dignidad y una identidad que ya perdieron, bien como revolucionarios o como estadistas, al ordenar, consentir o tolerar crímenes tan crueles y degradantes.

El dolor de las víctimas es igual, sin importar la legalidad o ilegalidad de su victimario. Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades. Por eso todos deben someterse a una justicia excepcional, que es la transicional, donde la culpabilidad es desplazada por la responsabilidad de la verdad, el castigo por la reparación a las víctimas, y la condena por la reconciliación con el enemigo de ayer, para permitir que la paz sea un ejercicio de la política y no siga siendo un botín disputado y arruinado por la guerra.

Se trata de construir la paz en serio, justamente entre los que ayer hicieron la guerra y cometieron los crímenes más repudiables creyendo obrar en defensa de valores y convicciones superiores. Quien aspire a ver a su enemigo de ayer tras las rejas implícitamente dice que él es moralmente superior a su adversario, cuando en realidad ambos comparten una responsabilidad similar por lo acontecido, ya sea por su acción o por  omisión como comandante guerrillero, como jefe de Estado o como líder político.

En estos casos la justicia no cede ante la paz, sino que la política se impone sobre la guerra, pues solo quienes aspiran a vencer en un campo de batalla pueden recluir a los vencidos en cárceles y negarles todo derecho a seguir existiendo políticamente.

¿Será esa la paz sin impunidad que pregona el Centro Democrático? De ser así nos esperan muchos años más de guerra e ignominia en la búsqueda irresponsable y moralmente criminal de una “justicia sin impunidad”, con el costo inadmisible e insufrible de la paz perfecta de las tumbas y las fosas comunes.

El presente y el futuro

El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
El Ex-presidente y Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Congreso de la República de Colombia

En lugar de ese futuro de vengadores implacables y gobernantes irresponsables e impunes, los ciudadanos tenemos frente a nosotros un presente de responsabilidad y un futuro de reconciliación.

Ni el estadista ni el comandante revolucionario pueden reclamar  superioridad moral después de medio siglo de atrocidades.

Tenemos la responsabilidad de valorar lúcida y sensiblemente el dolor de las miles de víctimas de esta guerra, más allá de las pasiones y los maniqueísmos viscerales que pretenden eximir a unos de toda responsabilidad y darle a otros toda la culpa.

Los ciudadanos deberíamos reconocer que no estamos dispuestos a vivir más en una sociedad dividida eternamente entre víctimas y victimarios, vencidos y vencedores, y comprometernos ética y políticamente a construir una sociedad reconciliada, por fin democrática, donde todos tengamos iguales derechos y oportunidades. Sin concederle a nadie, por ninguna razón, la potestad para disponer de la vida de sus semejantes en aras de absolutos inalcanzables como la “paz perfecta” o la “justicia perfecta”.

Esa es la inmensa responsabilidad que debemos asumir si se convoca el plebiscito: sustituir para siempre las tumbas por las urnas, la guerra por la política, las víctimas y los victimarios por la ciudadanía y por fin construir y vivir en un Estado democrático, que haga imposible para siempre la simbiosis mortal de la política con las armas.

 

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

@HernandoLlano

Lo que se acordó (y lo que no se acordó) en La Habana

Juan Carlos PalouEl anuncio de tres acuerdos importantes entre el gobierno y las FAR produjo mucha  alegría y despertó grandes expectativas. Pero este no es el final del proceso: ¿cuál es el alcance real de los acuerdos?

Juan Carlos Palou*

El Presidente Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño suscriben el acuerdo para el Cese al Fuego.

Sin cantar victoria

Muchos colombianos vimos con emoción la ceremonia de firma de los tres acuerdos entre el gobierno y las FARC sobre cese al fuego, garantías de seguridad y refrendación respectivamente.

Sin embargo la alegría no debe hacernos olvidar que todavía hay una evidente indiferencia de algunos sectores del país sobre el tema, y que la necia oposición del Centro Democrático a los avances de la paz se ha mantenido incólume. Necesitamos una dosis de sano realismo para ver que aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final, debidamente refrendado.

La del jueves 23 de junio fue la segunda ceremonia de firma de acuerdos parciales entre el gobierno y la guerrilla en La Habana ante la opinión pública nacional e internacional. La primera se realizó al suscribirse el acuerdo sobre el Sistema Especial de Justicia. Pero en aquella oportunidad quedaron varias preguntas sobre los verdaderos alcances del acuerdo.

Es comprensible que un proceso de negociación que ha durado tanto como este apele a  celebraciones públicas cuando se superan los escollos más difíciles. Estos actos tratan de insuflar optimismo a la opinión, o por lo menos de contrarrestar el escepticismo que se apodera de la gente cuando no percibe avances en el diálogo.

Pero este modelo de estimulación parece agotado y la opinión pública quiere ver el resultado definitivo, es decir, el Acuerdo Final. El presidente Santos dijo que la firma de este se hará en Bogotá, aunque al mismo tiempo nos recordó que tal decisión no puede ser unilateral sino acordada por las partes en La Habana.

Esperemos que se pueda lograr prontamente esta concertación, después de que se evacúen los temas pendientes. En ese momento sí se podrá iniciar completamente un proceso de construcción de paz, estable y duradera.

Las zonas de transición

Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Proceso de Paz del Caguán en 1988.
Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de  poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra.

La calidad técnica del acuerdo resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia. Para constatar esta calidad tecina bastaría con notar la diferencia entre la llamada Zona de Despeje del Caguán en 1998 y las Zonas Veredales Transitorias de Normalización del presente acuerdo. La primera fue una concesión incondicional otorgada al inicio de las conversaciones, sin límites de tiempo ni reglas distintas de la de excluir a las autoridades estatales del territorio despejado. Las segundas son zonas delimitadas en el espacio y el tiempo, con tres propósitos específicos:

  1. Verificar el cese al fuego,
  2. Hacer posible la dejación de armas,
  3. Iniciar los procesos de reincorporación a la vida civil de la tropa guerrillera.

Durante su vigencia, las autoridades civiles desarmadas del Estado seguirán ejerciendo sus funciones y la Policía Nacional podrá ingresar en ellas cuando sea necesario (aunque cumpliendo los protocolos de la misión política internacional). Además, estas zonas no podrán durar más de seis meses, contados desde el día de la firma del Acuerdo Final.

Aún queda mucho trecho antes de festejar el Acuerdo Final.

En la definición de las reglas de juego de estas Zonas participaron tanto el conservatismo como el Centro Democrático, partido que propuso limitaciones dentro del debate parlamentario sobre la Ley de Orden Público. Por eso no tiene sentido que dos expresidentes digan ahora que la firma de estos tres acuerdos “pasó sobre el cadáver de los principios más elementales de la Constitución”(Pastrana) o que la “paz está herida” (Uribe), cuando, en su momento, ellos crearon caprichosa y unilateralmente las zonas de despeje del Caguán y de Santa Fe de Ralito.

Pastrana regaló la institucionalidad y Uribe la distorsionó. Y ambos, despóticamente, evitaron discutir cualquier norma para regular esos espacios supuestamente creados para la paz.

La dejación de armas

En un artículo reciente, el exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos dijo que si “para firmar la paz se hubiesen tomado en serio los informes de inteligencia, tanto la guerrilla como el gobierno salvadoreño jamás habrían firmado el acuerdo que acabó con la guerra civil de El Salvador en 1992”.

También en Colombia, frente al tema de la dejación de las armas, muchos sectores parecen tener una mentalidad de sabuesos de inteligencia para advertir sobre todas las posibilidades de la trampa: que las FARC no van a entregar todas las armas, que seguirán haciendo proselitismo armado, que las venderán en el mercado negro al mejor postor, etc. Todo esto es posible, pero no dejan de ser hipótesis o riesgos que necesitan las debidas precauciones. Hay que confiar en la pericia y la experiencia de Naciones Unidas en este tipo de procesos.

El proceso que acaba de anunciarse implica el “registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final”. Por eso, los métodos que se adopten deben minimizar el riesgo de que las armas en poder de las FARC sigan circulando en Colombia o en cualquier otro país, o queden disponibles para reiniciar la rebelión. 

Las garantías de seguridad

El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
El Presidente Santos junto al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon.
Foto: Presidencia de la República

Este segundo acuerdo tiene también varias virtudes destacables:

  • Primeramente propone una concepción amplia de seguridad que no se reduce a los miembros de las FARC sino que cubre a todos los habitantes, con atención particular a los integrantes de colectividades, movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
  • Igualmente reconoce que la mayor amenaza para la paz son los grupos armados ilegales- las bacrim, los neoparamilitares o las guerrillas-.
  • Desde luego, para evitar un genocidio similar al de la UP, parte de las medidas de protección se refieren específicamente a los miembros del movimiento político que conformarán las FARC y a los excombatientes de esta guerrilla que opten por la reintegración.

Este acuerdo incluye un componente de construcción de Estado que puede verse en tres de los principios sobre las garantías de seguridad: 

  1. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio,
  2. Fortalecer la administración de justicia, y
  3. Asegurar el monopolio de los tributos para la hacienda pública.

Estos son rasgos esenciales de un aparato estatal que no han podido ser cumplidos por Colombia en la mayor parte de los territorios donde hacen presencia las FARC u otros grupos armados ilegales. Es pertinente y necesario aprovechar la futura implementación de los acuerdos para crear el Estado donde haga falta y fortalecerlo y democratizarlo donde ya tiene algún grado de efectividad.

Por otra parte, hasta el momento poco se ha comentado sobre el compromiso que enuncia el acuerdo para promover un “pacto político nacional y desde las regiones (…) para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica”. Este compromiso se conecta directamente con el propósito de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política” y “trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional (…) en torno a los valores democráticos”.

La refrendación

En este punto no se diluyó del todo la incertidumbre, pues se acordó atender la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito presentada por el gobierno. Pero la Corte podría rechazar el sistema de refrendación que intenta el gobierno y no proponer uno nuevo.sae la ley de rabateria, aunqie.

El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica.

No obstante y como han dicho varios analistas, este compromiso es importante porque demuestra el reconocimiento por parte de las FARC de un órgano del Estado cuya legitimidad han rechazado durante 50 años. Esta nueva posición contrasta claramente con las posturas que el grupo guerrillero sostuvo hasta hace muy poco.  

La comunidad internacional

La participación de la comunidad internacional en los procesos de paz de Colombia tiene el importante antecedente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, cuyo mandato comenzó con la desmovilización de las AUC y se ha venido ampliando con intervenciones en otras políticas estatales de construcción de paz.

Esta vez Naciones Unidas tiene un papel protagónico en el proceso de desmovilización y dejación de armas de las FARC. No sobra señalar que tal intervención no hace imposible el incumplimiento de alguna de las dos partes. Pero esta veeduría, junto con las otras medidas, sin duda contribuirá a crear las condiciones para el éxito del proceso.

 

​* Consultor independiente

“Nueva economía”, pero con los errores de antes

Jorge Iván GonzálezEn vez de la locomotora energética, el gobierno quiere apostarle a la agricultura, la industria y el turismo, pero su insistencia en la austeridad y en las tasas de interés altas perjudica a estos sectores. La solución son las medidas contra-cíclicas.

Jorge Iván González*

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.

Nueva economía y viejas prácticas

Esta semana el gobierno dio a conocer sus nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía, así como los instrumentos que se propone utilizar para consolidar el crecimiento, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La “nueva economía” se basará en el impulso de la industria, la agricultura y el turismo.

Este proyecto significa un cambio de perspectiva radical con respecto a las opciones anteriores. Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería. El nuevo énfasis de la política económica es por supuesto adecuado, y sin duda necesitamos instrumentos que permitan consolidar la industria, la agricultura y el turismo. Pero las medidas tienen que inscribirse en el marco de una muy decidida política contra-cíclica.

En medio de una coyuntura recesiva como la actual, no debería dudarse de las bondades de los instrumentos contra-cíclicos. Si quiere avanzar en esta dirección, el gobierno tiene dos factores a su favor: la devaluación del peso y los excedentes que quedaron de las bonanzas petrolera y minera.

Sin embargo en lugar de aprovecharlos, el propio gobierno le ha metido dos palos a la rueda: la austeridad, reflejada en una disminución del gasto público, y el aumento de la tasa de interés. Estas dos medidas impiden que la política económica opera en contra de la recesión des decir, que sea contra-cíclica.

El camino adecuado sería remover los dos obstáculos (austeridad y aumento de las tasas de interés), y potenciar las dos ventajas (devaluación y excedentes de la bonanza anterior).

No a la austeridad

Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Sede principal del Banco de la República en Bogotá.
Foto: momentcaptured1

Este no es el momento para la austeridad. Ni siquiera para la “austeridad inteligente” que predica el ministro de Hacienda. La reducción del déficit fiscal no tiene que ser inmediata y, además, no debería realizarse exclusivamente a través del recorte del gasto.

Es posible buscar otros caminos. Por ejemplo una reforma tributaria progresiva, que pondría el mayor peso de los impuestos sobre el 1 por ciento más rico de la población, no golpearía la demanda y contribuiría al cierre de la brecha fiscal.

Atrás quedaron las locomotoras del petróleo y de la minería.

El gasto público (funcionamiento e inversión) tiene un efecto multiplicador importante. En 2015 el PIB que más creció fue el de obras civiles, que aumentó un 5,4 por ciento, a un ritmo muy superior al del PIB global, que fue de 3,1 por ciento. El dinamismo de las obras civiles está directamente relacionado con la inversión pública en infraestructura, y por tanto no conviene disminuir un gasto que tiene una clara incidencia positiva sobre el PIB.

Los recortes al gasto público anunciados por el gobierno van en contra de la recuperación de la economía.

No al aumento de las tasas de interés

Esta semana el Banco de la República aumentó la tasa de interés de referencia al 7,5 por ciento. Esta tasa jalona hacia arriba los intereses sobre todos los créditos. La decisión, dice el Banco, obedece a la necesidad de frenar las tendencias inflacionarias. Pero este argumento tiene dos debilidades.

  1. Desconoce las causas estructurales de la inflación.
  2. Obstaculiza la recuperación de la industria, la agricultura y el turismo, que se han propuesto como los sectores líderes de la “nueva economía”.

Índice de precios al consumidor (IPC) por componentes (%) - Dic. 2014, dic. 2015, mar. 2016

Fuente: Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 36.

La inflación actual tiene causas estructurales profundas. La más notoria es la destrucción del aparato productivo que se dio en la agricultura. Colombia está importando 10,5 millones de toneladas de alimentos y, con la devaluación, los precios de estos han aumentado bastante.

Como se observa en el cuadro anterior, hasta marzo de 2016 la inflación promedio fue de 7,98 por ciento, mientras que la de alimentos fue de 12,35 por ciento, y la de perecederos llegó al 32,64 por ciento. Es evidente, entonces, que el mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. Y el aumento de las tasas de interés no toca las causas estructurales del aumento de los precios.

En cambio, las elevadas tasas de interés, que no son el remedio para la inflación, sí suben los costos de los créditos y esto tiene efectos negativos sobre la productividad y la competitividad.

En Estados Unidos los bonos del Tesoro pagan 0,5 por ciento al año. Con esta tasa de referencia tan baja, los bancos comerciales prestan al 3 o 4 por ciento. Los inversionistas colombianos, en cambio, se tienen que endeudar al 12 o 13 por ciento al año. Esta diferencia tan alta pone a los empresarios nacionales en una clara desventaja frente a sus competidores internacionales.

Sí a la devaluación

Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Consejo del Gabinete Ministerial presidida por el Presidente Santos.
Foto: Presidencia de la República

En las actuales condiciones de la economía colombiana la devaluación del peso es conveniente porque es un estímulo a la producción nacional. El 20 de mayo el Banco de la República tuvo una intervención fallida que buscaba reducir la devaluación. Quiso vender 500 millones de dólares de las reservas, pero finalmente solo se subastaron 411 millones.

El mejor remedio contra la inflación es el estímulo a la producción agropecuaria nacional. 

Estos recursos, que equivalen a 1.300 millones de pesos, se perdieron porque el impacto que tuvo esta intervención sobre la tasa de cambio fue mínimo. La subasta de estos dólares, que no consiguió el objetivo buscado, más bien favoreció a unos pocos especuladores privados, y se desperdiciaron recursos que hubieran podido aprovecharse para contruir o mejorar la infraestructura (colegios, hospitales, vías).

El Banco no debe pretender luchar contra la devaluación porque no puede modificar la tasa de cambio. El valor del dólar depende de las decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y no de las intervenciones del Banco de la República de Colombia. En lugar de querer modificar el nivel actual de la tasa de cambio, el Banco debería buscar los mecanismos que permitan que la devaluación favorezca la competitividad de la producción nacional.

Sí al uso de excedentes

El Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) se creó con el propósito de ahorrar en la época de bonanza y gastar en las coyunturas recesivas, es decir, se concibió como un mecanismo contra-cíclico.

Ahorro acumulado. Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Millones de dólares (2012-2015)

Fuente: Ministerio de Hacienda., Marco Fiscal de Mediano Plazo, p. 119.

Actualmente, el FAE tiene 3.090 millones de dólares. Es decir, más de 9 billones de pesos. Estos recursos son cuantiosos y deberían contribuir a la consolidación de la “nueva economía”. El reto consiste en aprovechar de manera adecuada estos dineros.

Hasta ahora los excedentes de las regalías se han administrado mal. Entre otras razones, porque se han dispersado en numerosos proyectos (más de 10.000), muy pequeños y sin impactos regionales y estratégicos. La propia Contraloría General de la República  ha realizado una evaluación muy crítica, mostrando que la dispersión de la regalías no ha sido conveniente.

Si los más de 9 billones de pesos disponibles se distribuyen de a poquitos no se podrán utilizar los recursos de manera contra-cíclica. Para que se haga un buen uso de las reservas se requiere un claro liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los excedentes disponibles en el FAE deberían contribuir a consolidar la “nueva economía”. Pero para poder fortalecer la industria, la agricultura y el turismo, es indispensable que los proyectos sean estratégicos y de amplia cobertura.

La lógica de la piñata (de a poquito para muchos) que ha guiado la distribución de las regalías ha sido perversa y debería modificarse. Todavía no se han dado cuenta de que el placer de la mermelada es débil y transitorio.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace. eijorgeivangonzalez29@gmail.com

Análisis

(Tiempo estimado: 15 - 30 minutos)

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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