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Presupuesto de la Nación 2017: ¿cómo cuadrar cuentas que no cuadran?

Jorge EspitiaEl Presupuesto para el año entrante está lleno de expectativas optimistas y acomodos contables. ¿Cuál es la realidad de las finanzas nacionales? ¿Dónde está la plata para las víctimas? ¿Cómo va a financiarse el posconflcito?

Jorge Enrique Espitia*

 

El Presidente Santos junto al Minhacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Un presupuesto amarrado

El proyecto de presupuesto general de la Nación (PGN) de 2017 asciende a 224,4 billones de pesos, un 6,6 por ciento más que el presupuesto vigente en 2016. El PGN para el año entrante representaría el 24,8 por ciento del PIB.

Como indica el Cuadro 1, del total del PGN 2017:

  • El 61,1 por ciento (37,2 billones) corresponde a gastos de funcionamiento;
  • El 24,2 por ciento (54,3 billones) al pago del servicio de la deuda; y,
  • El 14,7 por ciento (32,9 billones) a inversión.

PRESUPUESTO GENERAL 2017

Dentro de esta composición del gasto resulta importante destacar la inflexibilidad del presupuesto, que es un problema estructural. La inflexibilidad se refleja tanto en el peso de los rubros del servicio de la deuda (24 por ciento), pensiones (17 por ciento) y Sistema General de Participaciones (16 por ciento), como en su contribución al crecimiento del presupuesto- estos tres rubros crecen por encima del PIB (6,6 por ciento) y de la inflación (4,0 por ciento)-.

La principal fuente de financiamiento del presupuesto público deben ser los impuestos.

Las inflexibilidades anteriores se asocian con instituciones y políticas económicas que inciden sobre el proceso presupuestal y que responden a intereses particulares antes que al bienestar general de la ciudadanía. Y a ellas hay que sumar la existencia de impuestos con destinación específica que hacen aún menos flexible el PGN. Por ejemplo el denominado “impuesto de guerra” que cerca de 9.000 contribuyentes aportaron entre 2003 y 2014 para financiar a las Fuerzas Militares y contrarrestar a los grupos armados ilegales; y la “contribución sobre transacciones financieras” (2xmil), “destinada exclusivamente a preservar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero” (Decreto 2331 de 1998).

Y en este punto es preciso recordar que aún existen bienes públicos esenciales que el Estado colombiano no ha querido o no ha logrado proveer, como el derecho constitucional a la nutrición, al saneamiento ambiental, a la salud o a la vivienda.

Los ingresos fiscales

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.
Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.
Foto: Wikimedia Commons

La principal fuente de financiamiento del presupuesto público deben ser los impuestos.

Por eso es importante comparar los valores esperados en 2016 y 2017: 121,5 billones de pesos en 2016 y 127,2 billones en 2017, vale decir un aumento del 4,7 por ciento. Este aumento es inferior al crecimiento esperado del PIB, o sea que la carga tributaria será menor el próximo año.  

Los economistas llamamos “elasticidad” a la relación entre dos tasas de crecimiento. Pues bien, la elasticidad de los impuestos con respecto al PIB entre 2016 y 2017 será del   orden de 0,7 – cuando debería ser igual a 1 si los impuestos aumentaran tanto como el producto-. Es más, como muestra la Gráfica siguiente, esta elasticidad difiere sustancialmente de los valores históricos:

Gráfica 1. Elasticidad de los Ingresos Tributarios de la Nación

Fuente: Minhacienda, Dane y cálculos propios

La observación anterior sugeriría una de dos posibles explicaciones: o el crecimiento económico para 2017 está sobreestimado, o los ingresos tributarios del proyecto de Presupuesto están subestimados.

Presupuesto y Plan Financiero

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las Farc en La Habana.
Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las Farc en La Habana.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Ahora bien, además del PGN deben tenerse en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Plan Financiero de cada año para saber exactamente cuáles pagos están programados de manera efectiva, o cuál será la proporción del presupuesto que sería ejecutada. Para el año 2017, el valor del PGN es exactamente igual al que aparece en el MFMP, lo cual permite inferir que se espera ejecutar el 100 por ciento de lo presupuestado.

Sin embargo al cruzar el Presupuesto con los planes financieros de 2016 y 2017 se observa que el gobierno nacional debe realizar un recorte presupuestal (aplazamientos) para cumplir la meta de déficit propuesta. Y dadas las inflexibilidades del presupuesto, la gran sacrificada es la inversión. Veamos:

-El gasto más inflexible es el de los intereses de la deuda pública, pero en primer lugar los valores para 2016 no cuadran con los que aparecen; en el proyecto de Presupuesto figuran 23.544 mil millones de pesos y en el MFMP figuran 27.074 mil millones, cifra que coincide con el cuadro de fuentes y usos de la deuda pública. En términos más simples: habrá que destinar unos 3.500 millones más al pago de la deuda de lo que está previsto en el Presupuesto.

-Como se sabe, es bastante difícil recortar los gastos de “funcionamiento” y por eso a pesar de la “austeridad inteligente” que anuncia el Ministro Cárdenas, la ejecución de este rubro estaría en un 96 o un 97 por ciento de lo presupuestado.  

            - En estas condiciones el peso del ajuste recaerá sobre la inversión. Los PGN de  2016 y 2017 contemplan valores de 28,9 y 24,3 billones de pesos, respectivamente; pero en el MFMP los valores respectivos son de apenas 16,5 y 10,0 billones, lo cual implica  aplazamientos del 43 por ciento este año y del 59 por ciento pare el año entrante.

Ingresos fiscales y gasto

En 2017 se agravará la diferencia entre los ingresos tributarios y el volumen de gasto.

En 2016 la brecha entre los ingresos tributarios (incluido el impuesto CREE) y el gasto total es de 89 billones y para 2017 de 97 billones, un aumento del 9,1 por ciento.  En el caso del “gasto primario” (o sea sin incluir el servicio de la deuda) esta diferencia aumenta un 2,4 por ciento, al pasar de 41,9 billones en 2016 a 42,9 billones en 2017.

Pese a la disminución del déficit fiscal primario (sin incluir el pago de la deuda) durante los dos últimos años (Gráfica 2), el gobierno no ha logrado consolidar un superávit que tranquilice a las calificadoras de riesgo; por el contario hay consenso sobre la urgen cia de una nueva reforma tributaria.  

Gráfica 2. Déficit fiscal total y primario de la Nación (por ciento del PIB)

Fuente: Minhacienda, Dane y cálculos propios

La creatividad contable

Dadas las inflexibilidades presupuestales, el gobierno nacional hace uso de la “creatividad contable” para presentarles a los diferentes agentes el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

En 2017 se agravará la diferencia entre los ingresos tributarios y el volumen de gasto. 

La reclasificación contable, sin mayores esfuerzos fiscales adicionales, permite dar la apariencia de estar cumpliendo los compromisos adquiridos en el marco de la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) y los que se avizoran a partir de los acuerdos de La Habana.

En el primer caso se incluyen los gastos en salud, educación primaria y secundaria  financiados con cargo al Sistema General de Participación, los cuales se incluyeron en la Constitución para proveerle estos bienes esenciales a todos los ciudadanos, independientemente de su condición de víctimas (Cuadro 2). Esta reclasificación contable le permite al gobierno señalar que ha gastado 55,4 billones de pesos de 2015 durante el período 2012-2017, cuando en realidad el “esfuerzo” ha sido de 26,2 billones es decir, 4,4 billones de pesos en promedio por año.  O señalar que le viene cumpliendo a la población víctima del conflicto armado cuando en realidad se han producido recortes presupuestales importantes o asignaciones que  distraen fondos que podrían haberse destinado a esa población.

En los acuerdos suscritos en La Habana ya pueden verse los indicios de esta “contabilidad creativa”. Sin haberse firmado, el gobierno nacional ya hizo “un análisis de equivalencias” en los rubros del PGN para mostrar cómo ha sido la evolución de su gasto:

“Durante los últimos años, el Gobierno ha llevado a cabo inversiones en proyectos relacionados con el posconflicto, entre los cuales se destacan las inversiones en el sector agropecuario y de desarrollo rural y a la atención a víctimas del conflicto. Para el primero, la inversión aumentó más del doble entre 2011 a 2015, y cerca del 75 por ciento de estos recursos fueron invertidos en proyectos relacionados con el posconflicto: capitalización rural y crédito, distritos de riego, el fondo de fomento agropecuario, programas de generación de ingreso y capacidades productivas, vivienda rural, fondo de comercialización, entre otros.  

Por su parte, la inversión en víctimas alcanzó en 2015 $11,7 billones, más de dos veces lo que se destinó a esa población en 2010, superando sustancialmente lo esperado. Esta inversión ha sido repartida entre asistencia, atención y reparación, entre otros. Los ejemplos mencionados muestran cómo, para dos puntos de los borradores de los acuerdos (Política de Desarrollo Agrario Integral y Víctimas), se han venido realizando inversiones de manera creciente en los últimos años” (MFMP de 2016, página 169).

Este tipo de equivalencias no es nuevo. En el caso de la Ley de víctimas, aprobada en 2011, la contabilidad creativa se ha hecho común desde 2002 hasta 2017: “Entre los años 2002 y 2017 el Estado colombiano ha asignado y ejecutado más de $ 94,2 billones en los programas, proyectos y actividades que buscan asistir, atender y reparar integralmente a la población víctima del conflicto armado” (Anexo al Mensaje Presidencial. Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017, página 253).

En suma, el uso de la contabilidad creativa le resta credibilidad al gobierno nacional frente a la sociedad civil, genera desconfianza entre las partes y reduce la transparencia que deben tener el Presupuesto General y las políticas públicas de Estado.

Pero todo parece indicar que la creatividad se profundiza en época de crisis.

 

La firma de la paz y la historia de Colombia

Medófilo MedinaA veces el fragor de las noticias no deja ver los cambios hondos que está viviendo una sociedad, pero la firma de una paz negociada entre el Estado y la primera fuerza insurgente será el comienzo de una nueva época en la historia de Colombia.   

Medófilo Medina*

El Presidente Santos junto a la Delegación de Paz del Gobierno Nacional.

Adioses que no se dieron

La paz es hoy el centro de la agenda nacional. El interés en ella subirá de punto a medida que se acerque el plebiscito. Y está bien que así sea.

Pero en el curso de los últimos decenios, Colombia ha estado ante unas ocurrencias verdaderamente históricas sin que al parecer la opinión se hubiera percatado de ellas:

Las emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y de la violencia difusa fueron invadiendo  la cultura colombiana. 
  • Desde mediados de la década de 1980 el café dejó de ser la vértebra del sector externo y el factor central de la economía y la sociedad. Esto había sido cierto durante más de cien años. ¿Qué consecuencias trajo el cierre de ese ciclo  prolongado? ¿Fue reemplazado el café por el petróleo,  o por el azúcar, las flores, el banano y la palma? Ciertamente que no.  ¿Fue reemplazado por las  economías subterráneas? Y en este caso ¿a qué costo ético, cultural y político?
  • Con  el bipartidismo liberal–conservador sucedió algo parecido. Solo que en este campo las cuentas no son de cien años sino de doscientos. A mi juicio los dos partidos nacieron en la Convención de Ocaña de 1828, se fraguaron en la Guerra de Los Supremos (1839-1841) y se formalizaron en 1849. Protagonizaron las guerras civiles del siglo XIX y la Violencia de 1945 a 1964. El bipartidismo dejó de existir como sistema con independencia de que sigan existiendo un partido liberal y un partido conservador que viven de sus tajadas burocráticas.

Y aunque no quepa la nostalgia por la desaparición del bipartidismo, resulta inevitable constatar que aún no se ha conformado un sistema moderno y democrático de partidos, y que tras siglas nuevas asoman las orejas del viejo clientelismo y se advierten las manifestaciones de la parapolítica y la prolongación de las patologías que desde mucho antes escoltaban el ejercicio de la política.

En contraste con los fenómenos anteriores, el proceso de paz no corre el riesgo de pasar desapercibido pues, en primer lugar, se trata de un movimiento planificado u originado en decisiones políticas explícitas. Pero existe la posibilidad indeseable de que no se pondere con  suficiente profundidad el significado de la firma del acuerdo, o de que las crispaciones del momento impidan asimilar la densidad histórica que implica la cesación convenida de la guerra entre el Gobierno y una parte decisiva de la insurgencia.

¡Más de 50 años!

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales en 1953.
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales en 1953.
Foto: Wikimedia Commons

Con frecuencia se repite sin pensarlo mucho que lo que ahora se denomina el conflicto interno cumple más de cincuenta años. En verdad cumple bastantes más,  porque ya en 1949 en Sumapaz, Sur del Tolima y Norte del Cauca estaban con las armas en la mano algunos de los  protagonistas de las guerrillas actuales: las autodefensas de entonces habían surgido para defender  ante todo la vida de los campesinos y no apenas sus tierras.

Si el núcleo del conflicto interno ha sido el enfrentamiento entre el Estado y las fuerzas militares insurgentes orientadas por un programa político  y social, en su transcurso se fue configurando una red de vasos comunicantes con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Dentro de este espacio de entrelazamiento surgieron otras ramas nefastas de la violencia, como el paramilitarismo.

Nacido como fórmula contrainsurgente, el paramilitarismo recibió el apoyo de sectores terratenientes y ganaderos así como el estímulo de brigadas del Ejército Nacional. Cuando pareció decaer, la asociación con los capos del narcotráfico le permitió un nuevo aire y asumir una escala mayor de organización y acción. A esas alturas los paras encontraron la manera de hacer compatibles sus fines contrainsurgentes con su reconfiguración como grupos autónomos dedicados a la acumulación económica.

En el rio revuelto de la violencia avanzó la historia muy conocida de monopolización de tierras, ensanchamiento de ganaderías,  fomento de la silvicultura y la agricultura industriales y con ellos se precipitaron las consecuencias inevitables, en primer lugar  el desplazamiento masivo de la población en diversas regiones. En esa pesca también participaron  empresarios que encontraron maneras de evadir el cumplimiento de demandas laborales de los trabajadores o de impedir la creación de sus sindicatos, o de  destruirlas en algunos casos.

Matrimonios malditos

En el ejercicio desbocado de una guerra sin reglas las guerrillas se fueron distanciando de las exigencias que les planteaba su propia plataforma ideológica y política. Las contravenciones se asumían como inevitables efectos secundarios de una medicina que debía seguirse administrando. A su turno las Fuerzas Armadas cohonestaron el debilitamiento de su misión de representar y ejercer el monopolio legítimo de la fuerza y el sustento de la pacificación normativa sobre la cual se ha afianzado el Estado moderno en diversos países.

El gamonalismo de estirpe decimonónica alimentó las alianzas nefastas que condujeron a la parapolítica y con ellas a nuevas élites regionales que jugaron un papel importante en la escogencia del primer mandatario. Operación que invariablemente se justificaba en nombre de la lucha contra la insurgencia.

Contrarrevolución cultural

Los Senadores del Centro Democrático José Obulio Gaviria, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe.
Los Senadores del Centro Democrático José Obulio Gaviria, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe.
Foto: Centro Democrático

Las emanaciones tóxicas de la guerra sin reglas y de la violencia difusa fueron invadiendo  la cultura colombiana. Ellas inundaban el lenguaje político y circulaban como moneda sana en los medios de comunicación -tanto en los noticieros como en ciertas telenovelas y dramatizados-.  

Aquella frase de escolar impulsivo: “Te rompo la cara marica” pudo presentarse como una muestra de elocuencia espontánea y no como una amenaza o un insulto. Esas ocurrencias no deben verse como piedrecillas de un anecdotario costumbrista que acabaría cubriéndolas bajo velos de simpatía. Forman parte de un fenómeno orgánico que he propuesto estudiar bajo el apelativo de una contrarrevolución cultural.

Entiendo el concepto no como restauración regresiva sino como anticipación preventiva. Antes que presentar una definición menciono algunos de los componentes de esta “contrarrevolución”, que examiné con algún detalle en mi libro El rompecabezas de la paz (Bogotá: La Carreta Editores, 2014):

  • Pautas de pensamiento y acción que se orientan y buscan legitimarse bajo la  conocida divisa de que el fin justifica los medios.
  • El sintagma del pragmatismo amoral.
  • La aceptación social del uso de la violencia en las relaciones entre las personas.
  • El culto al militarismo, bien sea el estatal, el insurgente o el paramilitar.
  • El recrudecimiento del autoritarismo y de las diversas formas de la intolerancia.
  • La exasperación de los sentimientos de revancha y castigo en el discurso público.
  • La expansión en ciertos medios sociales de la estética del Kitsch traqueto.

En virtud de la hegemonía cultural de un tipo de catolicismo funge como epítome de los anteriores componentes lo que K.W Deutsch presenta como la compatibilización inextricable entre valores de muerte y valores legítimos.

En la cultura de cualquier país pueden encontrarse algunos de los elementos anteriores, pero en el caso colombiano lo que inquieta es su presencia simultánea. 

La existencia de esa contracultura que ha echado raíces en tantos sectores sociales explicaría la facilidad con la cual se despliega un sistema de afinidades electivas entre manifestaciones que parecen diferentes. Es el caso de las manifestaciones recientes que fueron promovidas por un improvisado frente homofóbico y los que se muestran dispuestos a votar por el no en el plebiscito por la paz. El entrecruce de consignas y estigmatizaciones no debe dejarse sin estudio. Los ataques contra la ministra de Educación Gina Parody  con el pretexto de la revisión de los manuales de convivencia de los colegios y que contó con el infortunado pero sintomático concurso de sectores de la iglesia católica son parte de las grietas que atraviesan al mundo espiritual de los colombianos.

Desafío de época

He recordado el contexto y factores importantes del la guerra en Colombia y he esbozado elementos de orden cultural para llamar la atención sobre la necesidad de ver el conflicto interno como un sistema con historia.

También la búsqueda de la paz ha trazado su propia historia como algo que ha hecho camino al andar mediante la acción frecuentemente contradictoria de  gobiernos y guerrillas. Hay mucha distancia de por medio entre la Mesa de la Habana y los torpes movimientos iniciales de la paz como fueron la Ley 37 de “amnistía condicional” o la configuración de la primera y efímera comisión de paz, presidida por el expresidente  Lleras Restrepo en 1981 bajo la administración de Turbay Ayala.

Existe la posibilidad indeseable de que no se pondere con  suficiente profundidad el significado de la firma del acuerdo.

He presentado consideraciones sobre la cultura o culturas de los colombianos y colombianas sólo para presentar el orden de magnitud histórica en el que hoy se presenta el proceso de paz. Estamos ante un proyecto nacional con un potencial mega-incluyente que va más allá de los seis puntos de la agenda.  Esto es cierto  aún sin aludir al potencial para resolver el gran tema mal resuelto unas veces, aplazado otras de la articulación nacional del país mediante la incorporación democrática y equitativa de las regiones tan castigadas y a la vez promovidas por el conflicto interno.

Hoy los colombianos y colombianas estamos frente a la paz como una oportunidad de iniciar la construcción de un país distinto del que hemos conformado tanto nosotros como quienes nos antecedieron. Esa posibilidad nace de la centralidad creada por intereses o permitida por inercia del conflicto interno a lo largo de decenios. ¡El desafío es entonces de época!

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Los deportistas colombianos en Río 2016

Andrés Felipe HernándezAlgunos se quedaron sin medallas a pesar de ser favoritos, otros sorprendieron con sus resultados y unos cuantos confirmaron su altísima calidad en el deporte mundial. En conjunto, la de Río fue la mejor participación de Colombia en unos Olímpicos.

Andrés Felipe Hernández*

Banderas olímpica y de Brasil durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2016.

Juegos memorables

La actuación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue sin duda excepcional: esta ha sido la mejor participación de Colombia en unas justas en la historia olímpica. Además, los espectadores nacionales sumaron una audiencia no registrada en el país en otros eventos deportivos de magnitud comparable, como el Mundial de Fútbol o el Tour de Francia.

En otras palabras: los Olímpicos que acaban de concluir fueron el evento deportivo internacional más exitoso y de más alto rating en la historia de Colombia.

Por primera vez nuestros deportistas obtuvieron tres medallas de oro, en competencias que demostraron su tenacidad para lograr los objetivos planteados y para participar con mucho éxito en lo que los griegos denominaban areté, “la lucha por la excelencia”.

Los dramas

La atleta y medallista olímpica Caterin Ibargüen.
La atleta y medallista olímpica Caterin Ibargüen.
Foto: Wikimedia Commons

Pero estos Juegos tuvieron de todo.

Por ejemplo, tuvieron drama: Sergio Luis Henao perdió la oportunidad de ganar la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta por un accidente (no registrado en cámaras) junto a Vincenzo Nibali. En esta oportunidad la gloria se frustró por una caída – un fenómeno bastante común en el mundo deportivo- a pesar de la carrera bien planeada que llevó a cabo el equipo de ciclismo del país, conformado por Rigoberto Urán, dos veces segundo en el Giro de Italia y segundo en ruta en los Olímpicos de Londres 2012; Esteban Chaves, segundo en el Giro de Italia de este año; Miguel Ángel López, campeón del Tour del Porvenir en 2013, y Jarlinson Pantano, quien se destacó en el último Tour de Francia.

Pero el drama no se detuvo ahí. También se vio cuando Fernando Gaviria, campeón mundial de ciclismo de pista en omnium, quedó en el cuarto lugar y no alcanzó el podio en una carrera emocionante. Aunque el ciclista aclaró que había cometido errores y había “decepcionado” a la afición, un cuarto puesto en unas olimpiadas es sin duda un gran logro.

También en pista, Fabián Puerta, en el keirin, perdió la oportunidad de quedar dentro del medallero debido a una actitud reprobable de los jueces, que -en contra de las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- le dieron una segunda oportunidad de arrancar al británico Jason Kenny, quien al final ganó la competencia. Puerta terminó en el quinto puesto.

Sin embargo fue también el ciclismo, en su variación BMX, el que le dio los triunfos más esperados al país con la brillante actuación de Mariana Pajón, quien demostró su enorme calidad sobre la bicicleta: su concentración y desempeño lindaron con la perfección. Pajón tiene ahora, más que nunca, un sitial de honor en el presente y en la historia del deporte nacional.

Las sorpresas y los éxitos

Por su parte, Carlos Ramírez, también en BMX, dio la sorpresa al ganar en foto finish la medalla de bronce.

Pero las sorpresas no acabaron ahí. Nadie esperaba que una de nuestras boxeadoras lograra una medalla de bronce, pero Ingrit Lorena Valencia lo hizo en peso mosca 51 kg. También fue una sorpresa la medalla de plata de Yuberjen Martínez en el boxeo mini mosca (aunque fue un drama también que Ceiber Ávila, de quien se esperaba la medalla de bronce, perdiera su oportunidad frente al ruso Misha Aloian).

Como ya es habitual, las pesas fueron protagonistas para los colombianos que compitieron en Río. Óscar Figueroa logró la primera medalla de oro para el país en una exultante demostración de fuerza, resistencia y aguante, rematando así una carrera olímpica ejemplar que habría comenzado en Pekín 2008 si una lesión no le hubiese impedido participar en el certamen. Figueroa estuvo en Londres 2012 y allí consiguió la medalla de plata. En esta ocasión remató con el primer puesto por el que siempre había luchado. También en pesas, Luis Javier Mosquera obtuvo una inesperada medalla de bronce, por el dopaje de su rival  de Kirguistán, Izzat Artykov.

Caterine Ibargüen merece un capítulo aparte (en este caso un párrafo aparte): había logrado la medalla de plata en Londres 2012, había sido campeona en el Mundial de Atletismo de Moscú 2013, había ganado dos ligas de diamante (2013, 2014) y en 2015, en Pekín, fue campeona del mundo de atletismo. En esta oportunidad cerró con broche de oro con una espléndida sonrisa en su salto triple de 15,03 metros, y remató con un salto espectacular de 15,17 metros que  le aseguró el triunfo.

Política y deporte

El levantador de pesas y medallista olímpico Oscar Albeiro Figueroa.
El levantador de pesas y medallista olímpico Oscar Albeiro Figueroa.
Foto: Wikimedia Commons

Los deportistas que representan al país en competencias internacionales, más allá de que lo hagan en algunos casos para equipos privados, son un elemento de unidad nacional, y tienen más poder de convocatoria del que suelen tener los políticos que nos representan. La política divide y obedece a intereses fragmentarios, mientras que el deporte logra integrar a todas las regiones y a todas las ideologías, creando una conciencia más nítida sobre el sentido de nación. Por eso muchos comentarios de los deportistas pueden tener más eficacia política que las declaraciones de los propios políticos. 

Por ejemplo, poco antes del comienzo de los Juegos, el ciclista Winner Anacona, en respuesta a las felicitaciones del presidente Santos por la actuación de los ciclistas nacionales en el Tour de Francia, escribió que “@JuanManSantos @NairoQuinCo @jarlinsonpantan volveremos porque nos hemos hecho SOLOS en este bonito y duro deporte con la ayuda de pocos”. Esta respuesta sorprendió, ya que el ciclista había hecho parte del Team Colombia Coldeportes, que fue financiado por el Estado, pero reabrió el debate sobre el histórico desprecio de los gobiernos colombianos por el deporte.  

También Caterine Ibargüen denunció que no sería la abanderada del país por intereses de la empresa privada que financiaba al Comité Olímpico Colombiano (COC) y que exigía que el abanderado fuera el gimnasta Jossimar Calvo. El COC dijo que este había sido elegido por votaciones de los aficionados. Pero al final la abanderada fue la judoca Yuri Alvear, quien, después de haber obtenido la medalla de plata en los Juegos de Río, le agradeció a InderValle, al COC y a Coldeportes por el apoyo que había tenido. Ibargüen aseguró que es cierto que ella tenía más apoyo por parte del Estado ahora, pero dijo que aún faltaba mucho apoyo para los demás deportistas.

Tampoco Óscar Figueroa se quedó sin comentar el estado del deporte nacional y después de ganar su medalla de oro dijo que al gobierno nacional le hacía falta invertir más en el deporte.

Un triunfo de todos

En Anacona, Ibargüen y Figueroa se nota un deseo de luchar por el sector al cual  pertenecen y de hacer sentir su voz como ciudadanos activos dentro de una democracia, además de recibir un reconocimiento nacional más allá del triunfo coyuntural.

Pero los triunfos de los deportistas en Río pueden considerarse como triunfos nacionales más allá de lo simbólico, si se tiene en cuenta a todas las personas implicadas en el proceso de los atletas: entrenadores, metodólogos, médicos, fisioterapeutas, sicólogos, familias de los deportistas, institutos municipales, departamentales, empresa privada, ligas y federaciones coordinadas por Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano (COC) –entidades que reciben recursos del Estado-. 

Colombia había invertido en este año 37.239 millones de pesos en la preparación y premiación de sus atletas para los Juegos Olímpicos de Río 2016, lo cual representa un aumento con respecto al presupuesto que se le dedicó al deporte en 2014 y 2015, y que fue de menos de 30.000 millones de pesos.   

Así que se puede decir que todos los colombianos pueden celebrar y disfrutar los triunfos de los mejores representantes del deporte nacional en los torneos internacionales como si fueran propios.

 

* Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte (ASCIENDE). Integrante del blog De ti habla la historia en el diario El Espectador. Ha realizado 162 emisiones, como conductor o coordinador, del programa radial De... Porte Académico, producido por ASCIENDE (UN Radio, 98.5 fm). 

 

Análisis

(Tiempo estimado: 15 - 30 minutos)

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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