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Economía y Sociedad

Refinería de Cartagena: historia de una desidia

Libardo EspitiaEn este largo proceso se habían dado graves descalabros y grandes sobrecostos, pero no hubo investigaciones, ni sanciones, ni responsabilidades. Y mientras tanto el gobierno desangraba a Ecopetrol e ignoraba los daños ambientales.    

Libardo Espitia*

Edificio de Ecopetrol en Bogotá.

Desde 1996

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) nació como una entidad industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Minas y Energía, y dedicada a las actividades propias del petróleo y sus derivados: exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, así como a la administración de las reservas de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

La refinación del crudo se realizaba en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La Refinería de Cartagena fue construida en 1957 por Intercol, con una capacidad de refinación de 33,2 KPBD (millones de barriles día), y fue adquirida por Ecopetrol en 1974 por 35 millones de dólares, cuando tenía una capacidad de 42 KPBD, que después sería ampliada a 70,7 KPBD.

En 1996, dada la poca oferta nacional y para aumentar la producción de materiales petroquímicos como benzeno, propileno, disolventes asfálticos, alquitrán, butileno y xilenos, el gobierno expidió el documento Conpes 2878, donde se pedía a Ecopetrol que orientara la Refinería de Cartagena hacia la producción de petroquímicos, sin perjuicio de los combustibles (teniendo en cuenta que el 74 por ciento de la demanda nacional de los combustibles refinados los abastecía la Refinería de Barrancabermeja).

Asimismo se llevó a cabo un estudio con horizonte de 20 años donde se planteó la actualización tecnológica de la refinería y se concibió el Plan Maestro de la Refinería de Cartagena (PMD), ampliando su capacidad de producción de 75 KPBD a 140 KPBD, con una inversión aproximada de 661,6 millones de dólares.

El plan maestro

Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Complejo Industrial de Ecopetrol en Barrancabermeja.
Foto: Aris Gionis

En 2003 el gobierno de Uribe expidió el Decreto 1760 que le quitó a Ecopetrol la administración de las reservas de petróleo y la cambió de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad pública por acciones, cuya dirección y administración estarían a cargo de una asamblea de accionistas, una junta directiva y un presidente.

El PMD fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, aclarando que ese plan se llevaría a cabo con participación privada y con la enajenación de inversiones no estratégicas de Ecopetrol.

El contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

Mediante el documento Conpes 3212 de 2004, el proyecto fue declarado de importancia nacional y se creó un comité integrado por los titulares de los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, del Departamento Nacional de Planeación y de Ecopetrol, encargado de buscar un inversionista privado que aportara capital de riesgo para la expansión de la refinería. El costo de la ingeniería de detalle fue establecido en 736 millones de dólares (+/o 10 por ciento), y se advirtió expresamente que el contrato tenía que ser del tipo “llave en mano” para evitar posibles sobrecostos.

El fiasco Glencore

En 2006 se enajenó el 51 por ciento de la participación de Ecopetrol en la Refinería, de lo cual resultó beneficiada la firma suiza Glencore International AG, con una transacción cerrada en 630,7 millones de dólares. Así nació la sociedad anónima por acciones Refinería de Cartagena S.A. (REFICAR).

En desarrollo del PDM, en 2007 se celebró el contrato de ingeniería, suministros y construcción (“Engineering, Procurement and Construction (EPC)) entre REFICAR y la empresa Chicago, Bridge & Iron (CB&I), una firma con sede en Texas, que dijo que terminaría las obras en diciembre de 2012. Con la mayoría accionaria en REFICAR, Glencore tomó la decisión de contratar a CB&I.

En forma paralela, Ecopetrol procedió a capitalizar el 10 por ciento de sus acciones (en cumplimiento de la Ley 1118 de 2006 ) y a construir la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, con una inversión de 1.023 millones de dólares.

En 2009, ante la ineficiencia del socio privado, Ecopetrol recompró las acciones de Glencore por un valor de 549 millones de dólares. Así, Andean Chemical (cuyo propietario es Ecopetrol) quedó como propietario del 50,99 por ciento de las acciones y Ecopetrol S.A. quedó con un 49 por ciento. Es decir, Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena sin deshacer o renegociar las condiciones contractuales con CB&I.

Una obra importante

Según un análisis de la Contraloría General, hasta marzo de 2014, en el momento del cierre de la Unidad de Crudo de la Refinería de Cartagena, Colombia tenía una capacidad de refinación de 335 KPBD, de los cuales el 74,6 por ciento correspondía a la Refinería de Barrancabermeja, un 23,9 por ciento a la de Cartagena, y el restante 1,5 por ciento a las refinerías de Orito y Apiay.

CAPACIDAD INSTALADA DE REFINACION (KPBDC)

Año

Barrancabermeja

Cartagena

Apiay

Orito

Total

2014

250

80

2,5

2,8

335,3

2016

250

165

2,5

2,8

420,3

  

 

 

 

 



Fuente: Contraloría General de la República

Con la ampliación de la Refinería de Cartagena, cuya capacidad pasó de 80 a 165 KBPDC, Colombia llegará a 42 KBPDC en 2016, lo cual implica un aumento del 25,4 por ciento (la Refinería de Cartagena representará el 39,3 por ciento de este total).  Si recordamos que la producción de crudo en Colombia está hoy por encima de los 1.000 KBPDC, esto significa que con la Refinería de Cartagena tendremos capacidad para refinar el 40 por ciento del petróleo que extraemos.

Finalmente con las demoras del PDM, el pasado 10 de noviembre entró en operación la nueva Refinería de Cartagena, con una inversión total de 8.015 millones de dólares y con capacidad de transformar crudo en derivados de buena calidad y con menos contaminantes, al tiempo que le aportará al PIB industrial un 8 por ciento, según cifras del ministro de Hacienda.

Obra limpia y combustible limpio

Pero a pesar de la debacle con Glencore y de los sobrecostos que se han venido dando a lo largo de los años, no se ha adelantado ningún tipo de investigación fiscal, disciplinaria o penal.

Modernizar las refinerías es sinónimo de combustibles eficientes. Pero pese a que desde 1996 hay estudios técnicos que así lo señalaban, los gobiernos de turno tomaron las utilidades de Ecopetrol como dineros de caja menor y le impidieron acometer las modernizaciones necesarias.

Según el documento Conpes 3312 de 2004, la ejecución del proyecto, además de permitirle a la Refinería de Cartagena aumentar el rendimiento de productos blancos (gasolinas, GLP y medios) a niveles competitivos, mejoraría la calidad de los productos refinados reduciendo el contenido de azufre en gasolinas de 1.000 ppm (partículas de azufre por cada millón de partículas de gasolina) hasta 300 ppm para el consumo nacional y 30 ppm para exportar. En el diésel habría una disminución desde 4.500 ppm a 500 ppm para consumo nacional y 30 ppm para exportar. Además, se dejaría de importar diésel y sus derivados para la demanda nacional.

Ecopetrol sola adelantó todo el proyecto de la Refinería de Cartagena.

Solo a finales de 2012, cuando entró en operación la planta de hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja, Ecopetrol produjo el primer barril de gasolina limpia o hidrotratada de menos de 300 ppm de azufre y de diésel de menos de 50 ppm, el nivel exigido en la regulación nacional para las ciudades de mayor consumo.

Daños ambientales ignorados

Refinería de Cartagena.
Refinería de Cartagena.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Código Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, la Constitución y la Ley Ambiental establecen el derecho colectivo para que las personas gocen de un ambiente sano, y le imponen al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.  

Mediante el Decreto 948 de 1995 el gobierno reglamentó la Protección y Control de la Calidad del Aire.  Aunque este reglamento prohíbe la presencia del plomo en las gasolinas, también redujo el estándar en lo tocante al azufre.

El diésel o ACPM es mucho más contaminante que las gasolinas corriente y extra, pero en Colombia el sector de transporte que utiliza ACPM (como los sistemas masivos) ha aumentado al punto que desde el 2004 se ha sobrepasado la demanda de las gasolinas y la brecha ha crecido año tras año:

Año

Consumo nacional de gasolina corriente motor barril/d

Consumo nacional de ACPM

Barriles/

Día

Volumen exportaciones petróleo miles de barriles día

Volumen exportaciones de derivados miles de barriles día

Volumen de importaciones de hidrocarburos miles de barriles día

1998

117012

60026

519,66

 

30,25

1999

105488

53581

601,22

 

18,20

2000

97278

60494

462,85

79,07

5,43

2001

87192

59915

391,76

87,23

9,77

2002

83619

59943

291,78

81,45

9,35

2003

81984

69661

229,83

88,50

8,71

2004

78449

73606

218,50

101,48

7,06

2005

76946

81823

221,1

91,37

16,25

2006

72020

84832

219,1

94,25

14,16

2007

62639

81295

242,4

52,97

10,66

2008

58822

74202

259,5

52,43

11,43

 Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Ecopetrol

Por no modernizarnos a tiempo

La modernización tecnológica de las refinerías era pues una tarea necesaria que sin embargo los gobiernos habían eludido. Y cuando al fin se tomó la decisión  se produjeron grandes sobrecostos para las finanzas públicas, que estamos pagando todos los colombianos. Pero los funcionarios públicos que permitieron el detrimento no han sido investigados ni sancionados. Tampoco han  asumido su responsabilidad, comenzando por el ex presidente Uribe, quien en su afán por entregar la Refinería a manos privadas, desatendió las voces que le recomendaban que la misma Ecopetrol asumiera el PDM con recursos propios y utilizando los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Petrolera (FAEP) que la empresa mantenía desde 1995, pero que el gobierno destinó vía plan de desarrollo para otros menesteres.  Inclusive entre las recomendaciones de los Conpes 3312 y 3336 estaba la de que Ecopetrol fuera el operador la Refinería.

No menos grave ha sido el año para la salud de todos que resulta del material que arrojan  al aire los derivados del petróleo, un daño cuyo costo no ha sido ni será cuantificado. Ni mucho menos reparado.

A falta de una oportuna modernización, Ecopetrol ha tenido que importar ACPM para mezclarlo con el producido en las dos refinerías, cuyos costos a precios internacionales se ha venido trasladando al usuario final.

Por último, cabe preguntarse: ¿por qué hoy, con las refinerías funcionando al 100 por ciento, sin tener que importar y con el precio del barril WTI cerca de los 30 dólares no han bajado los precios de los combustibles?  Esto tendría que explicarlo el ministro de Hacienda,  pues es el quien realmente toma mes a mes las decisiones sobre el precio de los  combustibles.

 

* Profesional con estudios en electricidad y electrónica. Especialista en Servicios Públicos Domiciliarios; magíster en Gestión y Auditorías Ambientales. Ha prestado sus servicios profesionales en empresas de servicios públicos y en el sector privado en auditorías, consultorías e investigaciones.

 

Conflicto, Drogas y Paz

Negociaciones de paz: en la recta final

Álvaro VillarragaSe ha logrado casi todo y al mismo tiempo falta lo más difícil. ¿Dónde estamos y que más se necesita para llegar al fin definitivo de las hostilidades? ¿Cómo será el proceso de desarme, desmovilización y reinserción? Un recuento oportuno y ordenado.

Álvaro Villarraga Sarmiento*

El Jefe de la delegación de paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle.

Cerca de la meta

Después de tres años de negociaciones, los delegados del gobierno y de las FARC reunidos en La Habana se aprestan a culminar la discusión de la agenda definida en el acuerdo inicial y a suscribir el acuerdo general, con el cese consiguiente de las hostilidades militares, la dejación de las armas, la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y la convocatoria a la refrendación ciudadana.

Si esto se logra, se conseguiría el acuerdo de paz más importante de las últimas décadas, aunque todavía quedaría faltando un pacto con el ELN para dar por finalizado el conflicto bélico colombiano.

Lo conseguido ha sido difícil, y lo que falta lo será más, pues antes de que llegue el anhelado final del proceso quedan por resolver numerosos pendientes del conjunto de la agenda.

Por fortuna, las conversaciones recuperaron el “círculo virtuoso” que les ha dado su fuerza: des-escalamiento de las acciones militares, avance en acuerdos y recuperación de la credibilidad ciudadana. Gracias a esto las partes avanzan con decisión hacia la firma en la fecha convenida (23 de marzo), sino de todos los acuerdos, al menos de la mayoría de los faltantes.

Innovaciones dentro de la mesa

Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.
Avance del acuerdo de desminado en el municipio de Briceño, en el departamento de
Antioquia.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Importa recordar que en distintos momentos del proceso se han introducido cambios a la metodología que complementaron o enriquecieron lo que se había establecido en la fase exploratoria. Estos cambios han surgido de iniciativas provenientes de la sociedad, de las partes en la mesa o de la comunidad internacional, y esencialmente sirvieron para superar los momentos más críticos o para subsanar los vacíos más notorios. Entre estos cambios o innovaciones se destacan:

  • Los foros convocados por la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional;
  • La creación de subcomisiones técnicas, como las de enfoque de género, fin del conflicto y paramilitarismo;
  • El apoyo de una comisión de asesores jurídicos con participación de invitados de las partes; y
  • La invitación de delegaciones de víctimas.

En el curso de la negociación también se han producido otras medidas, tanto de carácter unilateral como bilaterales que fueron más allá de lo metodológico y trajeron consecuencias favorables en términos políticos, militares y humanitarios:

Las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos.
  • Las cinco declaratorias unilaterales de cese al fuego de las FARC y, en reciprocidad, la declaratoria gubernamental de cese de los bombardeos aéreos;
  • Varios acuerdos humanitarios para la liberación de integrantes de la Fuerza Pública en poder de las FARC;
  • El acuerdo especial de desminado con participación de las partes, acompañamiento técnico internacional y con enorme proyección estratégica de descontaminación de territorios;
  • La concesión de indultos a una treintena de guerrilleros;
  • La aceptación del papel de facilitadores de los países acompañantes de la mesa (Cuba y Noruega) y de los países que la apoyan (Venezuela y Chile) en tiempos de crisis;
  • La invitación a la ONU y a UNASUR para asistir en las deliberaciones;
  • Los delegados de organismos intergubernamentales y de países estratégicos con acceso a la mesa de negociación;
  • La invitación a comisiones del Congreso de la República para conversar en la mesa, primero sobre el tema de víctimas y luego para encontrar el mecanismo legal de aplicación de los acuerdos. Este hecho se complementó con la invitación a delegados de partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades de la comunidad internacional.
  • Los actos de reconocimiento de las víctimas de las FARC (Bojayá y otros casos recientemente anunciados).

En este momento se está experimentado con otro cambio del orden, dejando atrás la metodología de ciclos, planteando una concentración casi permanente de la negociación y habilitando el tratamiento paralelo de los temas que faltan en la agenda, de manera que la mesa y sus líderes actúen ahora como instancia de coordinación ejecutiva.

Con este nuevo procedimiento se logró el reciente acuerdo sobre el mecanismo de verificación ofrecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, que incorporará observadores de la CELAC y delegaciones de las partes.

El cese al fuego

El cese al fuego unilateral de las FARC y el cese de los bombardeos aéreos por parte del gobierno dieron lugar, en la práctica, a un alto al fuego no declarado pero realmente existente en los últimos meses. Esta situación se tradujo en cifras extraordinariamente bajas de acciones bélicas, muertes y violaciones de los derechos humanos. Esto por supuesto no niega que se sigan registrando casos de violencia, aunque en cantidades más discretas.

En estas condiciones no tiene sentido emprender operativos militares contra una guerrilla con la que ya se tienen o se perfeccionan acuerdos para finalizar la guerra. También estaría por fuera de cualquier lógica que las FARC rompieran el cese al fuego, cuando este ha influido de manera tan positiva sobre la mesa de negociaciones y después de que probaron las nefastas consecuencias de la ruptura del cese anterior y el rechazo generalizado por sus sabotajes a la infraestructura pública.

Ahora las partes entienden que la guerra ya no da réditos políticos y que, en las actuales circunstancias, pierde sentido intentar alterar las ventajas militares.

Es un hecho que las partes ya tienen borradores de consensos sobre la implementación del cese de hostilidades, aunque estos aún no han sido consolidados en acuerdos ni han sido todavía divulgados. Pero es posible prever algunos de los asuntos principales del compromiso que podrán adoptar las partes para ponerle fin a todo tipo de confrontación armada, acción militar o hechos violentos:

  • El cese de hostilidades llevará al desmonte de los dispositivos estratégicos, tácticos y operativos de la guerra, e implicará la conclusión de los planes de guerra y las campañas operativas.
  • El fin de hostilidades también traerá para el Estado cambios en la concepción, estructura, líneas operativas y dispositivos de inteligencia; la desmilitarización de instancias y ámbitos civiles; y la superación del discurso y las convocatorias de guerra, así como la supresión de la cooperación militar de guerra que brindan Estados Unidos y otros países.
  • Para la guerrilla este momento significará poner punto final a las actividades de carácter militar y de control de territorios, así como a las acciones de control poblacional con pretensiones de gobernanza, tributación y justicia.

Garantías y dejación de armas

Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Operativo de la Policía Nacional contra la organización narcoparamilitar de Los
Urabeños en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.
Foto: Policía Nacional de Colombia

El cierre de la guerra necesita la construcción de confianza política entre las partes y la mutua credibilidad en el cumplimiento de los términos pactados. También exige ofrecerles a las guerrillas garantías efectivas de acceso a la vida política, legal, institucional y ciudadana.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. En este punto no basta con la explicación oficial sobre la desmovilización de las AUC, cuando se ha reconocido la parcialidad de ese proceso y es evidente que existen rezagos paramilitares activos. Sin duda el paramilitarismo actual es un fenómeno degradado, desarticulado y afectado por disputas internas y por acciones estatales en su contra. Pero se trata de un problema que no ha sido superado y que no se reduce a expresiones armadas sino a factores de poder, alianzas y soportes de diversa índole.

El nudo gordiano sigue siendo el reclamo de las FARC sobre el paramilitarismo. 

Como no se trata de una derrota militar sino de un acuerdo pactado, el asunto de la desmovilización y desarme guerrillero necesita un marco de distensión militar que conlleve paralelamente el repliegue de los contingentes militares oficiales en guerra contra las FARC, de tal forma que se garantice un ambiente para las concentraciones guerrilleras en diversas zonas y la preparación y realización de acciones de desarme.

Sobre este tema no existe una fórmula internacional rígida, pero la costumbre y experiencias recientes llevaron a formular los Estándares Integrados de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) de la ONU en 2006. Entre ellos se cuentan procedimientos de desmovilización de unidades militares de combate, desarme y fases de reinserción inmediata y reintegración social mediata.

La propia experiencia colombiana es rica y diversa. Por ejemplo en un reciente estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Desmovilización y reintegración paramilitar se hace referencia a 15 experiencias diversas de DDR en Colombia durante las últimas décadas, con contextos, actores y modalidades distintos.

En todo caso, con las FARC ya hay algunos asuntos claros. Con la firma del acuerdo final se procederá, en un plazo de dos meses, a la desmovilización de las unidades guerrilleras y a la dejación de las armas.  En consecuencia son previsibles el progresivo acuartelamiento de las tropas guerrilleras en zonas específicas, la dejación de las armas, su almacenamiento, custodia y destrucción; así como de las municiones, los explosivos y del resto del material de avituallamiento de guerra.

Por un asunto simbólico y de dignidad militar, las armas no se entregan a quienes fueron sus enemigos. Por eso guerrillas como el M19 y el EPL las dejaron ante veedurías internacionales y esta última las puso a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La agrupación regional Partido Revolucionario de los Trabajadores de Montes de María las arrojó al fondo del mar Caribe y el Movimiento Armado Quintín Lame las dejó ante una veeduría internacional para que fueran destruidas por los pueblos indígenas del Cauca.

Se prevé que, de igual forma, las FARC no solo contarán con la veeduría internacional que ya se definió sino que tal vez tengan un proceso de desmovilización y desarme más complejo, metódico y de aplicación progresiva.

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Economía y Sociedad

El Zika y el abandono de la salud pública

Mario HernándezLa prevención de esta epidemia se ha dejado en manos de cada persona y su tratamiento en manos de las EPS. Estas medidas son insuficientes y vuelven a poner en evidencia que en Colombia no tenemos un sistema de salud pública.

Mario Hernández Álvarez*

Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

La epidemia

El lunes de esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la expansión de la epidemia del virus Zika como “una emergencia de salud pública de importancia internacional”.

La infección no es mortal en sí misma y la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves que no obligan a consultar al doctor. Entonces ¿por qué se declaró la emergencia? La respuesta está en la asociación observada entre el aumento de casos de niños nacidos con microcefalia (una cabeza muy pequeña debido al poco desarrollo del cerebro durante la gestación) y la epidemia de zika, en especial en Brasil. Se habla también de una relación entre esta infección y casos del síndrome de Guillain-Barré, una inflamación de los nervios que produce parálisis progresiva de las piernas hacia la cabeza y que puede ocasionar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.

En todo caso hay mucho de exageración. En Brasil, de los 4.783 casos sospechosos de microcefalia reportados hasta el 30 de enero, se han han estudiado a fondo 3.670. Entre estos, solo 404 han tenido confirmación de ser “microcefalia u otras alteraciones del sistema nervioso central y solo 17 han tenido relación con zika”.

En estas condiciones no se entiende por qué el doctor Fernando Ruiz, viceministro de Salud y Servicios de Salud, afirma que “de acuerdo con las proyecciones que hemos hecho es inminente que surgirán casos de este tipo y al finalizar este año existe la posibilidad de que existan entre 450 y 600 casos de microcefalia”.

Lo que dice la OMS

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, ha advertido a las colombianas sobre la
conveniencia de posponer embarazos durante los primeros seis meses del año.
Foto: Ministerio de Salud

El informe de los expertos de la OMS  concluye que la expansión se debe a la ausencia de defensas de las personas que no habían tenido contacto previo con el virus y a la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de este virus y de otros como el del dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en muchas regiones del mundo.

Por lo tanto, dice la OMS, se necesita “una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia y la detección de las infecciones, las malformaciones congénitas y las complicaciones neurológicas, para intensificar el control de los mosquitos, y para acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas y de vacunas que protejan a las personas en riesgo, especialmente durante el embarazo”.

En todo caso hay mucho de exageración. 

El informe habla poco de las causas profundas de este tipo de problemas -las llamadas Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV)- y sobre por qué éstas han aumentado durante los últimos años. Sin embargo, el reporte sí muestra el tamaño de los retos que impone la epidemia a los Estados y las sociedades que deben superarla.

Veamos, entonces, cuáles son esas causas profundas y qué tan preparados están el Estado y la sociedad colombianos para afrontar este nuevo embate sanitario.

Las causas

Es obvio que si no hay defensas, un virus se reproduce más fácilmente en el organismo y aparece la enfermedad. Pero el hecho de que el contacto con el virus se produzca a través de la picadura de un mosquito impone otras reflexiones.

Para empezar, la presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. En estas condiciones, están expuestas muchas más personas hoy que hace veinte años. Adicionalmente, el fenómeno de El Niño es cada vez más prolongado e intenso. No en vano, hace diez años se afirmaba que el mosquito no se reproducía en alturas mayores a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad se encontró que el límite ascendió a 2.200 metros, de suerte que casi el 80 por ciento de la población colombiana quedó incluida en el grupo de riesgo.

Está claro que el cambio climático no es natural, sino que está asociado con la forma depredadora de producir y consumir dentro del capitalismo contemporáneo. Si seguimos en esta senda estarán dadas las condiciones para el mantenimiento de las ETV y su control será cada vez más difícil.

Otro agravante de la situación es el predominio del llamado consumismo individual de salud, ligado con el “complejo médico industrial y financiero”, que nos ha llevado a la idea de buscar la “bala mágica” para cada enfermedad y nos hace abandonar cada vez más la prevención y la construcción colectiva de mejores condiciones de vida.

En el ámbito nacional, es claro que no todos se enferman por igual, y que la incidencia del zika y de todas las ETV varía mucho entre subpoblaciones, pues es obvio que estas se concentran en las áreas más pobres o con peores condiciones de vida. En efecto, la presencia de estas enfermedades es mucho mayor donde: 

  • No hay acueducto,
  • Existe una pésima recolección de basuras,
  • Hay malas condiciones de vivienda,
  • Se ve una educación precaria,
  • No hay programas de salud pública, y
  • Existe un mínimo acceso a servicios de salud de calidad y oportunos.

Brasil es tal vez el país donde mejor se ha demostrado la distribución desigual de esta enfermedad, pero es posible identificar esta relación en todos los países afectados en América Latina y el Caribe.

La presencia del Aedes aegypti en muchas regiones del mundo ha aumentado porque el calentamiento global ha creado mejores condiciones para su reproducción. 

No basta entonces con medidas de autocuidado para afrontar un asunto de tanta complejidad. Se necesita una respuesta coordinada entre el Estado y la sociedad. Lastimosamente, Colombia no está en las mejores condiciones para lograrlo.

El abandono de la salud pública

Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el Zika.
Aedes Aegypti, mosquito transmisor de varias enfermedades tropicales entre ellas el
Zika.
Foto: Sanofi Pasteur

Dos tendencias del sector salud colombiano han debilitado cada vez más la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad frente a problemas como las ETV.

  1. Por una parte se ha dado un proceso de descentralización que acabó con los programas nacionales de control de estas enfermedades, antes manejadas por la Dirección Nacional de Campañas Directas y el Servicio de Erradicación de la Malaria (SEM). Ahora la responsabilidad se le entregó a los municipios y departamentos, que muchas veces no tienen las condiciones técnicas ni financieras para mantener y mejorar estos servicios.
  2. Por otra parte se decidió separar las responsabilidades en el sector salud, de manera que de la atención individual se encargan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de la salud pública los entes territoriales es decir, los municipios y los departamentos. Esta parece una maravillosa combinación entre Estado y mercado. Sin embargo, todos los días se demuestra la inoportuna respuesta de las EPS a las demandas de atención de la población, especialmente de aquella en las áreas que tienen las peores condiciones y donde proliferan el zika y las demás ETV.

¿Podrán las EPS colombianas cumplir algunas de las más importantes indicaciones de la OMS en caso de sospecha de zika esto es, con: 

  • Atención prioritaria de sintomáticos,
  • Verificación oportuna en el laboratorio entre tres y cinco días,
  • Seguimiento de las gestantes infectadas como embarazo de alto riesgo, incluyendo la medición ecográfica periódica del perímetro craneal del feto para tomar la mejor decisión con las familias afectadas,
  • Seguimiento de las potenciales alteraciones neurológicas?

Sinceramente no creo.

Por otra parte las instituciones de salud pública, que están absolutamente desmanteladas técnica y financieramente en los municipios y departamentos, ¿podrán detectar y controlar los criaderos de mosquitos, hacer fumigaciones cuando sea necesario, realizar el seguimiento de espacios públicos, educar a la comunidad y elaborar un programa participativo de prevención domiciliaria? Tampoco lo creo.

En estas condiciones resultan por lo menos insuficientes las “recomendaciones” del Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidas al comportamiento individual, y que no tocan a las limitaciones estructurales del sistema de salud y de la salud pública en el ámbito territorial.

Este no es un asunto de voluntades. La prevención individual puede ayudar, pero sin duda es marginal si no se actúa en contra de las causas profundas de un problema tan complejo. Avanzamos en la dirección equivocada. La epidemia de zika está mostrando las enormes debilidades del sistema de salud colombiano, supuestamente premiado por sus logros en salud pública, como afirma el ministro Alejandro Gaviria. Es hora de cambiar de rumbo.

 

* Médico, especialista en Bioética, magíster y doctor en Historia, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.

 

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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