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El plebiscito que viene

Hernando_GomezEl fallo de la Corte fue impecable y según las encuestan ganaría el “sí”. Pero la campaña será polarizada y todavía falta la pregunta del millón: ¿votaremos antes o después de que la desmovilización de las FARC sea un hecho irreversible?

 Hernando Gómez Buendía*

 

 

Celebraciones por el acuerdo del cese al fuego en el centro de Bogotá.

El fallo

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

La diferencia es de fondo: el referendo reforma la Constitución o aprueba una ley, y debe contener tantas preguntas como reformas específicas se quieran; el plebiscito le dice “sí” o “no” al presidente cuando quiere tomar una decisión que él mismo considera de especial trascendencia.

La confusión fue creada por el propio gobierno, que presentó un proyecto de ley sobre el Plebiscito pero le colgó un artículo que lo volvía un mega-referendo porque el “sí”  daría validez constitucional y legal a todas las reformas que resulten del Acuerdo de La Habana.  

A juzgar por el comunicado  del 18 de julio,  la Corte falló en derecho y ajustó la Ley a lo que dice la Constitución sobre el plebiscito: “Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección”.

Este enfoque ortodoxo condujo a cinco precisiones principales:

El gobierno buscaba un referendo pero la Corte Constitucional le aprobó un plebiscito.

1. Sí al plebiscito. Firmar la paz es una decisión política del presidente que él puede (o no) someter a plebiscito porque el asunto es de trascendencia nacional y no implica invadir facultades de otras Ramas del poder.

2. Sí al umbral. La Constitución del 91 delegó en una ley estatutaria la reglamentación del plebiscito, y la 134 de 1994 había establecido como umbral de participación  “la mayoría del censo electoral” (o sea que hoy habrían sido necesarios más de 16 millones de votos por el “sí” o por el “no”). La nueva ley fijó un umbral de aprobación del 13 por ciento del censo electoral (4,2 millones de votos por el “sí”), y la Corte estimó que esta cota es “representativa”. Se trata de un criterio respetable  de los magistrados, aunque queda el “pero” de que la rebaja del umbral hubiera sido una jugada del gobierno para facilitar la ratificación del Acuerdo.

3. No a la obligatoriedad jurídica.  La Corte en cambio  frustró el intento del mega-referendo,  de modo que el plebiscito en realidad no “ratifica” nada distinto de la firma de Santos, y que las leyes o reformas constitucionales que resulten del Acuerdo con las FARC serán libremente decididas por la instancia competente.

4. Pregunta sin maquillaje. Para reducir el riesgo de una respuesta inducida, la Corte precisó que el plebiscito no se refiere a la paz sino al Acuerdo de la Habana. El fallo sin embargo no estipula una fórmula precisa, y aquí queda un espacio lingüístico y semántico  que el gobierno o el Congreso podrían aprovechar en su momento. 

5. Pedagogía pero no propaganda. Por esta única vez, la mayoría de los funcionarios  públicos podrán hacer campaña por el “sí” o el “no” (aunque con “más de 127 restricciones”); y la campaña no podrá promover partidos o candidatos, sino apenas ideas. Esto es buscar el gobierno pedagógico y es un esfuerzo (poético y patético) para que la democracia participativa sea también deliberativa.

Ganará el sí

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: young shanahan

Para que el pueblo ratifique el acuerdo se necesita (i) un mínimo de 4.286.770 votos por el “si”, y (ii) que haya más votos por el “sí” que por el “no”. Sobre estas bases, las últimas encuestas sugieren que va a ganar el “sí” cómodamente. Proyectando al volumen del censo electoral (32.975.154 votantes), se obtendrían los siguientes resultados:

                                               Tasa de votación        Total votos      Por el sí          Por el no

                                                                                          (en millones)

Encuestas más recientes        

Ipsos (marzo)                                     63%                20,8                 6,9                  5,2

Cifras &Conceptos (marzo)               67%                22,1                 13,5                 6,4      

Gallup (abril)                                      52%                17,1                 9,1                  6,3

Cifras & Conceptos (mayo)               59%                19,5                 11,1                 6,4

Ipsos (junio)                                       64%                21,1                 7,6                  5,3      

Gallup (junio)                                     54%                17,8                 12,5                 3,0

Cifras y Conceptos (junio)                 65%                21,4                 16,7                 4,1

Fuente: encuestas mencionadas y cálculos del autor

De esta manera – y en el peor de los casos- el “sí” tendría casi dos millones de votos más que el “no” y estaría 2,3 millones por encima del umbral. Este margen de seguridad sin duda fue el argumento principal y la baza de último momento para auto-convencer a Santos y, sobre todo, convencer al mando de las FARC para correr un riesgo innecesario y de tan graves consecuencias potenciales (al punto que en pasada edición de Razón Publica yo hubiera sugerido la existencia de un acuerdo secreto entre la Corte, el gobierno y las FARC para evitar la consulta con el pueblo).

Pero el riesgo persiste

-En cuanto a la abstención porque votar es mucho más difícil que expresar la intención de votar, o sea que las encuestas tienden a exagerar las tasas de participación electoral.

Entre 1978 y 2014 en elecciones nacionales (presidente o Congreso) la participación ha fluctuado entre 33 y 55 por ciento (con un 40-45 por ciento como valor típico), un rango muy por encima del 52-67 por ciento que las encuestas estiman para el plebiscito. Y a esto habría que sumarle dos factores:

  • Sin estar de por medio el interés personal de los políticos no se van a mover sus maquinarias, y el plebiscito sería más bien comparable a la Constituyente del 91 (cuando votó apenas el 24 por ciento de la gente) o al referendo de Uribe (cuando solo una de las 15 preguntas logró el umbral del 25 por ciento).
  • Sin obstar lo que dicen las encuestas, hay un cierto “cansancio de la paz” en la opinión -y especialmente en la ciudades-. Esto sería el fruto de por lo menos tres razones poderosas:     

-Las  conversaciones han tomado demasiado tiempo.

-Las negociaciones dejaron de ocuparse de la gente (tierra, drogas…) para    ocuparse de los  guerrilleros (justicia transicional, seguridad en zonas de concentración,…).

-El beneficio principal del Acuerdo (disminución de la violencia) se logró antes de firmarse el Acuerdo.

Aún si no alcanzaran para frustrar el “si”, las consideraciones anteriores son sin embargo suficientes para entender la de otro modo inexplicable vacilación del Centro Democrático  entre apostarle al “no” o a la abstención.

            -En cuanto al voto por el “sí” o el “no” porque las dos campañas están apenas comenzando. Aunque la ventaja porcentual del “sí” es muy considerable (más de 20 puntos en todos los sondeos), la opinión ha tenido sus altas y sus bajas, y por ejemplo en julio del año pasado habría ganado el “no” en un plebiscito.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. Las encuestas colombianas, para peor, no permiten el tipo de “análisis factorial” que arrojaría alguna luz sobre el asunto. Pero en este caso y a título de hipótesis, diría yo que las creencias van a tener un peso significativo y versarán sobre cuatro ejes principales de lectura del (tan extenso y complejo) “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Estos ejes serían los siguientes:

Lecturas para el sí                              Lecturas para el no

“El Acuerdo me afecta”                    “El Acuerdo me afecta”

“Voto por la paz”                              “Voto contra la impunidad”

“Voto por Santos”                             “Voto por Uribe”

“Voto por reformas necesarias”       “Voto contra el castro-chavismo”

Las campañas organizadas de lado y lado –y sobre todo los medios de comunicación-  acentuarán una u otra lectura, y cada quien votará según perciba y valore en su momento esos varios referentes. Un comentario apenas sobre cada eje:

  1. La abstención será mayor entre la gente que no cree en la importancia del Acuerdo. La movilización y la participación de los extremos serán mayores que las del centro.
  2. Los mismos encuestados que están mayoritariamente a favor de “la paz”, están abrumadoramente en contra de “la impunidad para las FARC” y “su llegada al Congreso”: ¿cuál de estas dos lecturas acabará por imponerse?
  3. Santos es muy impopular y Uribe es muy popular. Pero Santos tiene el gobierno y los medios de comunicación, mientras que Uribe no logró las mayorías para el Centro Democrático (¿será que Uribe tiene más pasado que presente?).     
  4. La izquierda espera que haya cambios sociales y apertura política, la derecha dice que vendrá el castro-chavismo; pero todos sabemos que en el fondo no habrá mucho de lo uno o de lo otro, y por eso para mí este no es el primero sino el cuarto de los ejes en disputa.

La pregunta del millón

Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Firma del Cese al Fuego entre el Presidente Santos y Timoleón Jiménez.
Foto: United Nations Photo

Aunque no existen palabras neutrales, pienso yo que una lectura “imparcial” del acuerdo entre el gobierno y las FARC diría que esta guerrilla acepta desmovilizarse a cambio de unas reformas moderadas en el campo, de una justicia mucho menos punitiva para los exguerrilleros y de las garantías para hacer política. Los resultados tangibles e inmediatos  que podemos esperar serían, por una parte, la disminución de la violencia política, y por la otra el no castigo o el castigo reducido de los exguerrilleros.

Se ha escrito mucho y no sabemos nada sobre cómo deciden los votantes. 

Bajo estas circunstancias el votante “medio” y el votante “racional” (los que imaginan los textos académicos) harían el cálculo entre la desmovilización (el beneficio) y el “no castigo” (costo). Y para no perderme en abstracciones, plantearé la cuestión así a la bruta: ¿qué necesidad tienen los colombianos de pagar el costo (no castigo) si ya tienen seguro el beneficio (la desmovilización)?

Por eso aquel votante “racional” -y tal vez muchos votantes reales- se inclinarán por el “no” en tanto perciban que la desmovilización de las FARC ya se produjo o no tiene reversa. Este dato esencial no está aclarado y depende, entre otras cosas, de:

  • Si el Acuerdo se aplica a partir de la fecha de su firma o de la del Plebiscito (hay realidades, bases jurídicas y textos de La Habana para afirmar lo uno o lo otro).
  • El cronograma pactado para la desmovilización (concentración en zonas transitorias, entrega gradual de armas…) y el previsto en la Ley de Plebiscito (cruzar estos cronogramas es un trabajo de relojero que bien merece otro artículo).
  • La evaluación que debe hacerse sobre el estado militar de las FARC y sobre el grado de reversibilidad de las medidas que ha venido adoptando o que adopte con anterioridad al plebiscito (cese al fuego, no secuestros, no reclutamientos, no instrucción militar, entrega gradual de armas…)
  • La seriedad del compromiso de las FARC con la declaración inicial de su vocero: “no volveremos a la guerra si los colombianos votan en contra del plebiscito”.

No exagero al decir que desde los puntos de vista ético y estratégico, esta frase es la más importante de cuantas se han pronunciado o escrito en la mesa de La Habana.

Queda por ver su efecto sobre la decisión de los votantes.

 

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

¿Menos sueldo para los congresistas o mayor vigilancia ciudadana?

Marcela EscandónAunque sea muy popular, la propuesta recurrente de bajarles el salario a los políticos es compleja y discutible. En cambio hay varias cosas que podemos hacer las personas del común para elevar la calidad de nuestros legisladores.

Marcela Escandón Vega*

 

El Senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe.

Contra los altos sueldos

El pasado 20 de julio el senador Álvaro Uribe anunció un proyecto de reforma constitucional para congelar durante cuatro años los salarios de los congresistas y reducir el tamaño del Congreso.

Aunque parece un  asunto muy simple, se trata en realidad de un problema delicado y polémico porque involucra temas complejos de diseño institucional, planeación presupuestal, equilibrio de poderes, incentivos a la transparencia, competitividad del sector público para atraer personas con la calidad y experiencia necesarias, y pedagogía para explicar las ventajas y desventajas de los salarios altos para los tomadores de decisiones públicas.

Pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas. 

En efecto, hay argumentos en contra y a favor de una propuesta como la de Uribe. Los segundos son los más populares:

  • En primer lugar, los ciudadanos se oponen masivamente a los salarios  elevados para unas personas cuyo trabajo no sé sabe muy bien en qué consiste: pocos colombianos saben cómo se tramita una ley y qué otras funciones tienen los congresistas.
  • En segundo lugar, produce aún más molestia que muchos de esos funcionarios se hayan visto involucrados en escándalos de corrupción o tengan nexos con grupos armados ilegales, a tal punto que muchos se encuentren en la cárcel o  disfrutando cínicamente de la impunidad.
  • En tercer lugar, los ciudadanos se oponen a los salarios altos porque la labor de los congresistas pocas veces se traduce en resultados tangibles a corto o a mediano plazo. Las reformas legales suelen tardar años en producir efectos o simplemente no tienen consecuencias llamativas para los periodistas o que los ciudadanos puedan identificar con  facilidad. Algunas gestiones de recursos para las regiones se perciben como dádivas -en ciertos casos lo son- y trascienden las funciones legales u oficiales de un legislador (gracias a la analogía desafortunada de un ministro, desde hace unos años esto se conoce como “mermelada”).

En síntesis, en el Congreso colombiano se da la combinación nefasta de salarios altos, individuos desprestigiados, institución subestimada, funciones desconocidas y resultados poco visibles.

A favor de los salarios elevados

Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Pero también existen argumentos para justificar los salarios elevados.

  • En primer lugar, como sostuve en un escrito anterior (“¿Qué exigirle a nuestros congresistas…y qué no?), los buenos salarios atraen funcionarios capacitados, egresados de instituciones de alta calidad y con experiencia. Verdad que los buenos sueldos pueden atraer también a personas ineptas o con intenciones no muy transparentes, pero al menos aseguran que el sector público pueda competir con el sector privado y aprovechar los mejores talentos que ha formado el país.
  • Un segundo elemento a considerar es el respeto a los derechos adquiridos, y en especial a los derechos de carácter social (incluido el salario) que la Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones (por ejemplo en la Sentencia C-853/13). Aunque se trate de una medida sumamente popular, recortar los salarios de  los congresistas exigiría una reforma constitucional (por eso el proyecto del senador Uribe) que a su vez implica discusiones complejas de equidad y en todo caso sentaría un precedente peligroso que podría afectar posteriormente a otros funcionarios y trabajadores del país.
  • En tercer lugar, por la importancia del Congreso y por razones de equilibrio de poderes, la rama legislativa debe tener el mismo nivel del presidente de la República en términos institucionales, políticos, e incluso salariales y simbólicos. Más allá de los individuos, quienes pueden ser populares o impopulares, el Congreso es la institución básica para la deliberación democrática y la representación de los diversos intereses ciudadanos, así como para el control político al poder Ejecutivo. Sin el Congreso, el presidente sería aún más poderoso. Las minorías y la diversidad de preferencias se verían silenciadas ante un solo individuo, elegido por las mayorías, con la capacidad no solo de ejecutar presupuesto y decidir sobre política, sino de cambiar las reglas de juego a su antojo.

¿Cómo se reajustan los salarios de los congresistas?

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto:  Congreso de la República de Colombia

Aquí debo aclarar que los congresistas no determinan su sueldo, ni los aumentos del mismo.

El gobierno nacional es quien señala los reajustes en desarrollo del Artículo 187 de la Constitución: “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.

La Ley 42 de 1993 había establecido que era el gobierno quien determinaba o decidía el reajuste  sobre la base de la certificación del Contralor, pero esta norma fue modificada por la Ley 644 de 2001 según la cual el reajuste es automático o sea que corresponde exactamente al certificado del Contralos y no depende para nada del gobierno (en la tramitación de esta ley participaron congresistas del Partido Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical, entre ellos Mario Uribe como autor y Germán Vargas Lleras como ponente).

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Ahora bien, en medio de un debate tan espinoso, es muy difícil que los congresistas aborden la discusión en los tiempos necesarios para aprobar – o negar - el proyecto de Uribe. En especial si se tiene en cuenta que en tan solo un año se presentaron dos proyectos de reforma constitucional (el 03 de 2015 y el 06 de 2015) con el mismo objetivo, y que ambos fueron archivados por falta de debate.

El Congreso es la institución básica para la deliberación democrática.

Este fenómeno puede repetirse, bien sea porque los congresistas evitan temas polémicos y han preferido no legislar sobre asuntos como el matrimonio igualitario, o porque el Congreso está ocupado en temas coyunturales como el posconflicto, o porque los  congresistas no tienen ningún incentivo para cambiar el método de definición de sus salarios y la negociación con el Ejecutivo que este sistema

Ojalá en algún momento sea posible adelantar el debate de fondo sobre la arquitectura institucional del Estado, pero entretanto los ciudadanos del común sí podemos actuar de varias maneras:

  • Informándonos más acerca de lo que hacen nuestros congresistas, y los políticos en general. A través de páginas como las de la Secretaría del Senado, la Cámara de Representantes, y Congreso Visible, donde se pueden consultar los proyectos en discusión, las leyes aprobadas, la historia de los debates, e incluso la agenda semanal de las discusiones en el Legislativo.
  • Criticando, pero de manera informada y con argumentos. Las redes sociales permiten difundir opiniones, abrir debates e incluso hablarle “directamente” a los políticos. Sin embargo, estas críticas deben ser reflexivas, innovadoras y constructivas. ¿Qué es más efectivo y válido? ¿Insultar a un congresista o demostrarle que los ciudadanos vigilan su desempeño? Lo primero es facilismo malintencionado y torpe, lo segundo es control social inteligente.
  • Aplicando y promoviendo el voto inteligente. ¿Por qué siempre nos quejamos de la política si siempre elegimos a los mismos para ejercerla? El voto puede ser usado como un premio a la buena gestión o como un castigo a la corrupción, a la ineficacia o a la indiferencia. En la política hay personas honorables que comparten nuestras preocupaciones y creencias ideológicas. Solo debemos identificarlos, revisar su gestión en el tema que nos importe, y votar por él o ella para garantizar que nuestros intereses estén representados.
  • Combatiendo la indolencia, la abstención y la apatía. Salir de nuestra cotidianidad, preocupaciones laborales o familiares para leer sobre el Congreso, revisar la prensa, visitar las instalaciones de una corporación pública o comparar propuestas, proyectos de ley o debates es costoso en términos de tiempo, esfuerzo, conocimientos e incluso recursos económicos. Sin embargo, es necesario e incluso es nuestro deber como ciudadanos hacerlo de vez en cuando.

No se necesita revisar todos los debates o saber de todos los temas. Pero si cada uno le hiciera seguimiento a los asuntos de su interés, revisara las actuaciones de los congresistas que ayudó a elegir y votara en consecuencia con esa información, se produciría un círculo virtuoso de menor abstención electoral, más interés en la política, mejores personas en ella, más control social y transparencia, mejores leyes y políticas públicas, mejores debates nacionales y, en general, mejores prácticas para la construcción de una mejor sociedad.

* Historiadora y politóloga, gestora de la prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas del ICFES y docente de cátedra de ciencia política en la Universidad del Rosario.

La coca sigue viva y lo seguirá en el posconflicto

Sergio UribeEn busca de la paz con la guerrilla, el gobierno decidió cerrar los ojos frente a la coca  y por eso las siembras vienen en aumento. La solución va  más  allá de un acuerdo con las FARC: hay que construir sociedad en las regiones apartadas de Colombia.

Sergio Uribe*

 

Mata de coca.

Estrategia de avestruz

El pasado 8 de julio la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó las cifras sobre superficie de coca en Colombia en 2015, según las cuales el área cultivada aumentó considerablemente. El gobierno admitió que el crecimiento del área se ha mantenido pese a las acciones contra las FARC, las bacrim, el ELN, el ELP y otras organizaciones criminales dedicadas al cultivo de la coca, a su transformación y a la comercialización de cocaína.

Y sin embargo en la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas. Desde que en 2011 el presidente entendió que el momento era propicio para sentarse a la mesa con las FARC, su gobierno archivó las principales estrategias de lucha contra las drogas, la violencia y la delincuencia.

En la Colombia de Juan Manuel Santos no hay una política contra las drogas.

Aunque políticamente sea posible negociar la paz, al caracterizar como narco-guerrilleros a los alzados en armas esta negociación se vuelve moralmente inaceptable. Negociar con la “narco-guerrilla” equivale a admitir que el Estado se da por vencido: es como haber negociado pública y oficialmente con Pablo Escobar.

El abandono implícito de la erradicación y de la lucha contra los cultivadores desde  2012 solo puede interpretarse como expresión de una estrategia clara: la del avestruz.

Para darle legitimidad al proceso de La Habana, el gobierno decidió bajar el ritmo de la erradicación y no seguir haciendo evidente el papel de algunos frentes guerrilleros en el cultivo, transformación y comercio de la coca. Y al limitar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas en algunas regiones trató de no lidiar con las FARC como un  gran   narcotraficante o como una organización criminal común.

Verdad  que durante los últimos meses hemos vivido una paz relativa pues los ceses al fuego han evitado derramar más sangre. Pero entretanto han seguido aumentado los narco-cultivos.

La situación real

Mata de coca.
Mata de coca.
Foto: Agencia Prensa Rural

Quienes conocemos el problema de las drogas tendemos a creer que en Colombia en realidad se está posponiendo la guerra.

La ilusión del dinero fácil es el mayor atractivo de los cultivos de uso ilícito, y no hace falta ser economista para entender las motivaciones de los campesinos en estas zonas. En las zonas cultivadoras está claro que:

  1. Quienes viven allí son colombianos que no quieren ser sometidos al rigor del orden social de cualquier país moderno. Buscan huir de su pasado o están convencidos de poder construir un futuro mejor lejos del control del Estado.
  2. La economía colombiana de los últimos 50 años ha sido excluyente porque la producción se concentró en menos del 40 por ciento del territorio donde vive el 80 por ciento de la población.
  3. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), los sembrados de coca están en manos de unas 300.000 personas (74.000 familias), que representan al 0,65 por ciento de la población colombiana que vive en ese 60 por ciento del territorio excluido del desarrollo.

Supongamos que en estas regiones cada familia tiene poco más de una hectárea de coca: 1,29 hectáreas por familia para ser exactos, y que produce 1.478 kilos de hoja por cosecha, con cuatro cosechas año. Si cada kilo se vende a 3.000 pesos, el  ingreso bruto son 17,9 millones de pesos por familia al año (sin contar lo que obtienen por trabajo fuera de su parcela). Es decir: estamos hablando de poco más de dos salarios mínimos al mes. Con este panorama es muy difícil que el desarrollo alternativo pueda estimular productos que reemplacen estos ingresos.

  1. Como sostienen muchos analistas, Colombia es “un país de regiones¨ y por eso el Estado central en realidad no llega – o llega mal- a esas regiones apartadas.  

En contraste y por ejemplo en la región del rio Satipo en Perú hay un proyecto llamado Desarrollo Alternativo, que  se apartó de las creencias convencionales y se dedicó a construir comunidad. Después de cuatro años de trabajo con una comunidad asentada sobre unas 4 mil hectáreas se logró que los cultivos aumentaran apenas en 19 hectáreas40.000 hectáreas mucho menos que el amento en las regiones vecinas. Sobra decir que el proyecto tiene sus opositores, principalmente políticos, porque quienes miden el éxito por el volumen de hectáreas erradicadas no entienden que construir sociedad es la mejor manera de salir de la ilegalidad.

Nuestros dirigentes también deberían entender la debilidad del Estado colombiano y optar por estrategias de largo plazo. Los cultivos de coca no se van a acabar en 2018 cuando Juan Manuel Santos entregue el poder. Por eso hay que formular políticas de Estado. La estrategia beligerante de Uribe puede haber ofendido a muchos pero funcionó pues se dio una gran reducción neta de los cultivos. Sin embargo, su política pecó porque no construyó sociedad.

A finales de la década de 1980 la sociedad colombiana optó por enfrentar el narcotráfico cuando los carteles, con Pablo Escobar a la cabeza, intentaron tomarse primero la política y después el Estado. Veinticinco años después hemos avanzado como sociedad pero la violencia y el narcotráfico siguen enquistados entre nosotros.

Coca y paz

Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Policía Nacional incautación pasta de coca y otros estupefacientes en municipios del departamento de Córdoba.
Foto: Policía Nacional de Colombia

Es probable que la paz traiga la legalización de las actividades agrícolas de un segmento de la población comprometida con las FARC. Pero otro segmento obedece a los intereses económicos de los cultivos y no se entregará. El mayor perdedor en esta ecuación será el campesinado asentado en sus zonas de influencia.

La paz que queremos los colombianos que vivimos en las ciudades no se va a materializar en muchos territorios y buena parte de ese 0,65 por ciento de la población seguirá  condenada a seguir en la ilegalidad.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. Según las estadísticas que nos entregó el SIMCI, el 36 por ciento de las 96.500 hectáreas contabilizadas en 2015 se encuentran en cinco municipios donde las FARC no son predominantes sino que  compiten con las bacrim, el ELN y el EPL.

No es descabellado afirmar que la mayor parte de los hombres (si no los frentes enteros) asentados en estos municipios (Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Valle del Guamuez y El Tambo) tomarán el mismo camino del Frente Primero de las FARC en el Guaviare: no se  unirán a la paz.

La coca sigue conspirando contra nuestra sociedad y no desaparecerá del mapa. 

En el estudio de la UNDOC se dice que las 96.500 hectáreas de coca identificadas son capaces de poner en el mercado 646 toneladas de cocaína. Esta cifra es relevante porque se trata de 646 de cocaína con 100 por ciento de pureza,  o de unas 810 toneladas al 75 por ciento, que es la calidad media en el mercado mayorista. Según el mismo SIMCI cada hectárea de coca produce unos 8,39 kilos de cocaína tipo exportación al año, que se venden por unos 39,8 millones de pesos. El costo de la materia prima (la hoja) representa el 50 por ciento de los gastos y, por información de otras fuentes, se puede afirmar que la transformación de estos 8,39 kilos en base y eventualmente en cocaína puede costar entre 5 y 6 millones de pesos.

Lo anterior quiere decir que los grupos que controlan la comercialización de la coca en los cinco municipios mencionados obtienen una ganancia de unos 16,5 millones de pesos por kilo al año. De las 34.000 hectáreas de coca ubicadas en los cinco municipios mencionados se pueden extraer 286 toneladas de cocaína al año, que dejan utilidades por unos 4,7 billones de pesos.

En estos lugares, ¿dónde están los incentivos al desarrollo alternativo? ¿Qué cultivo puede competir con la coca? ¿Cómo se va a hacer para que los guerrilleros y sus comandantes se desmovilicen? ¿Será que la solución para los cultivos de coca en Tumaco seguirá siendo arriesgar las vidas de los erradicadores para proteger los bosques y los derechos de las negritudes mientras unos pocos se siguen enriqueciendo?

La coca sigue al asecho en Colombia. La solución pasa por múltiples escenarios y el más complejo es el de construcción de sociedad, porque esta tardará varias generaciones en consolidarse.


* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional. 

twitter1-1@suribe52

Análisis

(Tiempo estimado: 15 - 30 minutos)

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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