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El blindaje de la paz

Hernando GómezExplicación y análisis de los cuatro seguros que adoptaron las partes en La Habana: acuerdo especial de DIH, incorporar el Acuerdo a la Constitución, espaldarazo de la ONU y vía exprés en el Congreso y en la Corte. ¿Son eficaces? ¿Son convenientes?    

Hernando Gómez Buendía*

 

Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y de las Farc

Alta cirugía

En su comunicado del 12 de mayo, el gobierno y las FARC anunciaron los siguientes pasos para darle seguridad jurídica a su acuerdo final:

  1. Añadir en el penúltimo debate sobre el Acto Legislativo para la Paz un nuevo artículo que le daría el carácter de “Acuerdo Especial” humanitario y haría de él un parámetro obligatorio para todas las normas referentes al proceso de paz (y en efecto el artículo ya se aprobó en penúltimo debate).  
  2. La ley que aprobaría el contenido de ese “Acuerdo Especial” necesita la 2/3 partes de los votos de los congresistas, pero estos no podrán modificar su redacción.
  3. Una vez que esta ley sea expedida, el gobierno impulsará otra reforma que incorpore íntegramente a la Constitución el acuerdo final.
  4. Todas las leyes o reformas atinentes al proceso de paz tendrán dos prerrogativas: la  de un trámite “exprés” en el Congreso, y la de estar sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional.   
  5. El Acuerdo será inscrito ante el Consejo Federal Suizo en su carácter de depositario de las Convenciones de Ginebra, y
  6. El presidente pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que anexe el texto del Acuerdo a su reciente Resolución sobre Colombia.

Se trata entonces de utilizar no solo uno sino los cuatro seguros que venían ventilándose:

  • El del acuerdo especial de DIH (pasos 1, 2 y 5)
  • El de incorporarlo expresamente a la Constitución (paso 3),
  • El de facilitar su conversión en leyes o reformas constitucionales (paso 4), y
  • El del Consejo de Seguridad de la ONU (paso 5).

El  primer seguro quiere dar validez internacional y doméstica al Acuerdo, en tanto “los convenios sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno” (artículo 93 de la Constitución). El segundo es el máximo seguro concebible dentro del orden jurídico colombiano. El tercero permite que el Acuerdo se plasme fácilmente en leyes o reformas. Y el cuarto es la convalidación mundial más elevada que puede recibir la salida negociada de un conflicto armado no internacional.

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros.

El acuerdo de blindaje fue redactado entonces por juristas avisados que trataron de “blindarse” contra los muchos obstáculos que podrían frustrar los seis pasos mencionados. Pero la sumatoria de cuatro fórmulas distintas, complejas y controversiales da pie a duplicaciones o inconsistencias, se presta a interpretaciones diversas y a debates confusos, implica riesgos y conlleva consecuencias negativas o imprevistas desde los puntos de vista jurídico y político.

Problemas con los seguros 

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz.
Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una misión especial para los diálogos de paz. 
Foto: Presidencia de la República

Los delegados del gobierno y las FARC echaron mano de todos los seguros porque estaban inseguros, porque saben que cada uno de ellos tiene problemas, limitaciones o implicaciones que podrían hacerlos fracasar. Por eso -y sin negar que son cuatro seguros muy potentes- es preciso recordar sus respectivos puntos débiles.

1. El acuerdo especial de DIH  

Según el ya famoso artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, “las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”. Tomado en un sentido literal y amplísimo cabría decir que cualquier cosa que conste en un acuerdo de paz entra en la órbita de los Convenios de Ginebra y por lo tanto puede ser objeto de un acuerdo especial.

Pero en efecto esos Convenios no se refieren a la paz sino al ejercicio de la guerra para tratar de humanizarla  (por eso son el “Derecho Humanitario”). Una reforma agraria o incluso una amnistía para los guerrilleros no caben bajo el Derecho de Ginebra, que en cambio versa sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, soldados heridos o protección de los no combatientes. Por eso casi todos los acuerdos especiales en conflictos internos (Yemen, 1962; Nigeria, 1967; Salvador, 1990; Bosnia, 1992; Tayikistán, 1995; Filipinas, 1998…) han sido propiamente humanitarios (facilidades específicas para la Cruz Roja, tratamiento de rehenes que Ginebra no definió como “prisioneros de guerra”…), aunque en casos como los de Camboya (1991) o Irlanda (1998) se añadieran asuntos extra-humanitarios (por ejemplo sobre garantías políticas).  

Que yo sepa estas cláusulas “extra-humanitarias” no han sido objeto de controversias ante las cortes internacionales, de modo que su validez jurídica no ha sido establecida. Pero volviendo a Colombia queda la pregunta de si basta con que nuestra Constitución declare que lo pactado en La Habana es un “acuerdo humanitario” para que sea en efecto humanitario, o si estamos más bien ante un mero artilugio semántico para incorporarlo al “bloque de constitucionalidad” y darle así vigencia en el orden interno. 

No sería ésta la primera vez que los negociadores apelan al truco de cambiar el significado de las palabras: así lo hicieron a lo largo de las 63 páginas del acuerdo sobre justicia transicional y así, sin ir más lejos, lo hace el gobierno al bautizar como “plebiscito” lo que en realidad es una serie larguísima de referendos.   

Más todavía: la interpretación amplia del “acuerdo especial” añade fuerza al argumento de que no podía incorporarse en el penúltimo debate del Acto Legislativo para la Paz porque versa sobre asuntos – como el régimen agrario o la política de drogas- que no fueron discutidos con anterioridad.

2. El “articulito” de la Constitución  

Parece inverosímil y por eso trascribo aquí la fórmula de este segundo seguro:

“IV.- Una vez aprobado en el Congreso el Acuerdo Final firmado como Acuerdo Especial…, el Gobierno Nacional, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento porque de pupitrazo o por la vía exprés le monta a la Constitución un acuerdo más largo que la Constitución, que no fue concebido como Constitución, que mezcla normas abstractas con acuerdos puntuales, mandamientos con anuncios de intención, explicaciones con resoluciones, que por supuesto no ha sido armonizado con los 380 artículos restantes de la Constitución y que será por ende el paraíso de los rábulas.

Hay una sola nota de pudor en ese párrafo: que el artículo en cuestión sea “transitorio”.  Pero esto implicaría una fecha precisa para que se hagan realidad todas los ideales del Acuerdo – o bien que las reformas no sean o no tengan efectos permanentes-.

Y hay también una nota de impudor adicional: la justicia transicional será el único punto a incluir expresamente en la Constitución, o sea que la seguridad de los victimarios importa más que la de las víctimas y campesinos que dizque eran “el centro” del Acuerdo.

3. La vía exprés

Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Familiares de víctimas y desaparecidos en Trujillo, Valle del Cauca.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El acuerdo de blindaje reitera y hasta suaviza el procedimiento “abreviado” que el Acto Legislativo para la Paz  adoptaría como trámite de las leyes o reformas constitucionales que implementen los pactos de la Habana. Por eso en este punto me remito al análisis de Juan Carlos Palau en Razón Publica sobre “los peligros del afán” (deliberación insuficiente,  abuso del poder presidencial…).

Es el súper-seguro. Pero es un esperpento

La novedad consiste en añadir que todas esas leyes o reformas estarán sujetas al control “automático y único” de la Corte Constitucional vale decir, que la Corte conocerá ex oficio de estas normas y que no habrá lugar para otras acciones de inconstitucionalidad:

-Lo del control “automático” sin duda evita que las leyes cambien o se caigan después de haber producido sus efectos, como ocurrió con la de “Justicia y Paz” (975 de 2005), que la Corte Constitucional condicionó en 2006.

-En cambio con el control “único” se está rompiendo el sistema “difuso” que ahora existe en Colombia y que permite a cualquier juez o autoridad aplicar “las disposiciones constitucionales…en caso de incompatibilidad entre (ellas) y la ley o cualquier otra norma jurídica” (artículo 4 de la Carta del 91).

De ahora en adelante tendremos pues leyes de primera y leyes de segunda. El  congresista  o ministro inteligente dirá que su proyecto “implementa” algún párrafo o frase del Acuerdo para que pase por la vía exprés y sea inexpugnable una vez que la Corte lo revise. Es un re-aseguro poderoso pero caótico - y que de paso implica que los exguerrilleros tengan más  garantías jurídicas que los demás ciudadanos-.  

4. La ONU  

Por resolución 2261 de este año el Consejo de Seguridad había aprobado la  "misión política" que ayudará a "vigilar y verificar el cese el fuego y de las hostilidades” en Colombia. La idea ahora es anexar a esa resolución el texto de La Habana mediante la solicitud unilateral del Estado colombiano, o sea que la ONU “saludaría” y avalaría el acuerdo en su totalidad.

Este seguro formaliza lo pactado entre el gobierno y las FARC pero tiene dos problemas. Que un próximo presidente puede revocar esa declaración unilateral. Y que entretanto las resoluciones del Consejo suelen ser anodinas o que – al revés- autorizan intervenciones de terceros países, de modo que con el farragoso Acuerdo de La Habana estaríamos abriendo una caja de pandora ante las cortes, los gobiernos y los organismos internacionales.

En conclusión -y si se miran con rigor-

  • El seguro del “acuerdo especial” cuando más serviría para blindar un pedazo pequeño del Acuerdo.
  • El de la vía exprés reduce pero no elimina el riesgo de que el Congreso, la Corte o un futuro gobierno se nieguen a tramitar, validar o mantener las normas que implementen el Acuerdo.
  • El de la ONU compromete al Estado pero podría revocarse.
  • Y el seguro más seguro sería el de un “articulito” con sabor al “golpe de Estado” que anticipa Uribe. Sería paradójico que este esfuerzo ingenioso para blindar el acuerdo que concluye una guerra civil convirtiera la “resistencia civil” del uribismo en la antesala de otra guerra civil.

     

*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

El debate de la droga: una discusión de sordos

Francisco E. ThoumiLos argumentos básicos en pro y en contra de la legalización tienen los mismos problemas lógicos y son igualmente débiles. Por eso esta controversia no lleva a ninguna parte. Más todavía: así nunca tendremos políticas eficaces.   

Francisco E. Thoumi*

 

Planta de cannabis sativa legalmente cultivada en el Estado de Colorado, Estados Unidos.

Dos argumentos análogos

Las discusiones sobre las políticas de drogas psicoactivas tienden a ser muy emocionales. Es natural entonces que muchos argumentos que se esgrimen en esta controversia estén cargados de emotividad y que  por eso no resistan un examen riguroso.

Para ilustrar este asunto comienzo por  describir las dos posiciones básicas:

  • Muchos médicos y funcionarios que se dedican a tratar adictos argumentan que ellos sí saben cuán dañinos son los efectos de la droga sobre la mente y el cuerpo humanos porque han trabajado con sus víctimas o porque han vivido la adicción en carne propia. De esta experiencia personal infieren que las drogas deben prohibirse.
  • Por otro lado muchos colombianos que han sufrido la violencia asociada con el narcotráfico argumentan que ellos sí saben cuán traumática y dañina resulta ser la prohibición de las drogas. De su experiencia concluyen que las drogas deben legalizarse.

Aunque parecen opuestos, estos dos argumentos tienen varias características en común:

-Primero, no se limitan a recomendar una política para su propia sociedad, sino que las generalizan a todo el mundo. Como muchas de las drogas se comercian internacionalmente, quienes quieren prohibirlas exigen que otros países no las produzcan y exporten, y quienes las quieren legalizar pretenden que otros países permitan su importación.

-Segundo, son expresados por personas totalmente convencidas de la validez de su argumento e intransigentes al respecto. Por eso mismo no tienen la capacidad de ponerse en la situación de sus contradictores y simplemente consideran que se trata de personas poco inteligentes, que no  entienden el problema o -peor aún- que actúan a sabiendas de que su argumento esconde otros intereses, o sea que proceden de mala fe.

La posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario.

De aquí se sigue que la posición de cada quien es moralmente superior a la del contrario. Y así, desde la perspectiva de los partidarios de la legalización, la prohibición es inmoral porque da pie a la violencia, a la corrupción, al crimen organizado y a otros males sociales. Pero desde la perspectiva prohibicionista, la legalización es inmoral porque las drogas destruyen las vidas de los adictos y de sus familias y acarrea grandes costos sociales. 

-Tercero y en consecuencia, la posición contraria viene a ser explicada sobre la base de características o de presuntos intereses del país donde viven los contradictores. Los siguientes son algunos ejemplos de afirmaciones comunes en Colombia y algunos países latinoamericanos:

  • “Las políticas de drogas han sido instrumentos de dominación de minorías y de pueblos, especialmente los latinoamericanos”,
  • “Las políticas represivas contra las drogas son un pretexto de Estados Unidos para tener presencia en América Latina y controlar a sus gobiernos y a sus recursos naturales”,
  • “Los bancos de los Estados Unidos se quedan con un 95 por ciento de las ganancias y Colombia pone los muertos”,
  • “Las grandes empresas químicas promueven el prohibicionismo para aumentar sus ganancias vendiendo insumos para refinar cocaína o para erradicar coca”,
  • “Estados Unidos prohíben la cocaína porque no pueden producir coca y quedarse con el negocio”.

Y estos son algunos ejemplos desde la otra orilla:

Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Uruguay aprobó la regulación legal del cannabis en el año 2013.
Foto: Gonzalo G. Useta
  • “La cocaína está corrompiendo nuestra juventud y por eso hay que acabar los cultivos de coca”,
  • “Las drogas son tan importantes en Colombia que su economía depende de ellas”,
  • “La corrupción de los países productores de coca y cocaína es lo que les permite hacerlo”,
  • “Las guerrillas comunistas son el mayor cartel de la cocaína en el mundo y deben ser atacadas”,
  • “Las exportaciones de cocaína permitieron que Colombia no padeciera la crisis de la deuda externa durante la década perdida para el desarrollo latinoamericano durante los años ochenta”.

Todos estos argumentos presentan a los países productores de cocaína como víctimas de los países consumidores o viceversa. Como todos son víctimas, los otros deben cambiar sus comportamientos: la solución para los consumidores debe ser que los productores dejen de producir, y la solución para los productores que los consumidores dejen de consumir.

-Cuarto, aunque ambos bandos pretenden explicar el fenómeno de las drogas, ninguno de los dos se basa en estudios rigurosos sobre la etiología del consumo, producción y tráfico de drogas y ninguno reconoce el carácter circular de los males sociales.  Por ejemplo aquello de que “las drogas causan la violencia”

  • En primer lugar no es una afirmación estadísticamente válida porque la gran mayoría del tiempo, en la gran mayoría de los países o lugares donde se producen, trafican y consumen drogas, no se ha experimentado violencia notable o comparable a la que padeció Colombia durante la década de 1980.
  • Y en segundo lugar, aunque es verdad que las drogas aumentan la probabilidad de que surja la violencia (y la corrupción,), éstas a su vez aumentan la probabilidad de que surjan las drogas. Las relaciones entre estos fenómenos son circulares y no unidireccionales, de modo que  para resolver estos problemas se necesitan cambios sociales mucho más profundos que las simples políticas de prohibición o la legalización de las drogas.

Algo semejante ocurre con el consumo. La disponibilidad de drogas (oferta) sin duda aumenta la probabilidad de que surja la adicción en una sociedad, pero la misma existencia de adictos aumenta la probabilidad de que surja la oferta. En efecto, el uso y abuso de drogas varía enormemente en el tiempo y en el espacio, y muchas sociedades con disponibilidad semejante de drogas tienen niveles de consumo bajos, mientras hay otras con niveles altos, que requieren también grandes cambios  para resolver los problemas que las han hecho vulnerables a las drogas.

Dos argumentos débiles

Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Cultivo de coca en el municipio de El Tambo en Nariño.
Foto: Alcaldía de El Tambo - Nariño

No obstante su trasfondo emocional y sus falacias, los dos bandos arguyen que sus posiciones están basadas en la evidencia empírica y la ciencia, o sea que no dependen de emociones, intuiciones o creencias pre-formadas. Sin embargo – y al igual que en cualquier otra materia de importancia en la vida de la gente - las creencias e intuiciones basadas en la personalidad individual, en la experiencia de vida y en la cultura de cada quien tienen un peso importante. Como se ha demostrado en muchos experimentos (por ejemplo, el excelente Pensar Rápido, Pensar Despacio  de Daniel Kahneman), la razón simplemente viene a confirmar aquellos preconceptos.  

La experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona.

La experiencia personal sin duda es importante en la formación de creencias pero para no ir muy lejos y según el Diccionario de la RAE, conocimiento científico es aquel que “se obtiene mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esto implica que de las muchas creencias personales, apenas una fracción  tiene real validez científica. Cuando alguien deriva una creencia acerca de la sociedad a partir de su propia experiencia personal corre un riesgo muy alto de estar equivocado – un riesgo  similar  al de quien mira un árbol y de ahí concluye cómo es el bosque entero-.

Como bien se ha demostrado en los estudios sobre el conocimiento, la experiencia personal puede ser un obstáculo para entender el fenómeno que interesa a la persona. Este obstáculo es  una barrera psicológica que todos experimentamos cuando creemos algo pero no estamos dispuestos a poner en tela de juicio nuestra creencia.

Dado ese hecho – hoy confirmado hasta la saciedad- las experiencias personales deben ser utilizadas como una motivación para investigar el tema, pero no como una base o (mucho menos), como una demostración de la verdad. Las personas afectadas por la droga tienen pues un incentivo legítimo para estudiar el problema, pero deben guardarse de saltar de su propia experiencia a cualquier conclusión. Lo anterior implica revisar los ángulos desde los cuales se han llevado a cabo trabajos académicos rigurosos, evaluar toda la evidencia empírica - y no solo la que apoya las creencias de quien investiga-.

Así, si los adictos y quienes los tratan (que han padecido las drogas) o los colombianos (que han padecido la violencia asociada con el narcotráfico) realmente quisieran aprender sobre el  consumo, adicción, producción y tráfico de drogas, tendrían que estudiar la etiología de esos fenómenos antes de saltar a conclusiones directas desde sus experiencias. En otras palabras, tendrían que investigar por qué la experiencia que han tenido no es generalizable a toda la humanidad y unos tratarían primero de aprender por qué ellos o sus pacientes cayeron en la adicción y los otros por qué en su país el narcotráfico ha sido tan violento.

Mientras quienes debatan políticas de drogas no busquen responder preguntas como estas y se limiten a sentirse víctimas de fenómenos que su país no puede controlar – de modo que otros gobiernos son quienes deban cambiar sus políticas- los diálogos o debates seguirán siendo choques entre personas intransigentes y seguras de su verdad. Y por este camino no será posible diseñar políticas que de verdad resuelvan los problemas sociales asociados con las drogas psicoactivas adictivas.

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.

 

¿Qué podrá significar la “resistencia civil” del Uribismo?

Álvaro VillarragaEsta forma de acción ciudadana es de larga tradición, pero no es claro que un partido como el Centro Democrático pueda apelar a ella, ni menos aún que se asuma contra los acuerdos de paz de La Habana. ¿Confrontación democrática u oposición desleal?  

Álvaro Villarraga S.*

 

El Senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez

 

Un llamado sorprendente

Ante la proximidad del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, el ex presidente Uribe ha llamado a conformar un movimiento de “resistencia civil” en su contra, lo cual indujo al presidente Santos a pedir la movilización ciudadana en favor de la paz. El mecanismo popular para la refrendación de los acuerdos podría resolver esta crucial divergencia política.

Pero antes de eso existen dudas sobre el carácter del movimiento que está siendo convocado por el Centro Democrático, y en todo caso resulta sorprendente que sus promotores se declaren en “resistencia” cuando no les han sido negados sus derechos y cuando ejercen –además- una nada despreciable cuota del poder parlamentario, burocrático y mediático.

La “resistencia civil” ha sido un método de lucha contra la opresión, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. 

El llamado del Centro Democrático desconcierta aún más si se recuerda que los proyectos políticos encabezados por el hoy senador Álvaro Uribe han tenido estrechas relaciones con sectores y personas provenientes de élites de poder tradicional o emergente, personas que controlan redes clientelares o que inclusive han sido sindicadas de delitos comunes, de corrupción, o de vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El desconcierto se agrava al observar que un ex presidente con tanto poder apele al concepto de “resistencia civil”, cuando ésta ha sido utilizada en demanda de derechos de colectividades subordinadas, excluidas o victimizadas y en medio de la falta de garantías para su actuación.   

Una noble tradición

La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
La delegación de paz de las Farc en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP

En efecto, la “resistencia civil” ha sido un método de lucha política, social, poblacional y ciudadana contra la opresión, el desconocimiento de los derechos humanos, el colonialismo, el racismo, la discriminación y las aventuras bélicas. Por regla general se ha tratado de movimientos civilistas y pacíficos que apelan a convocatorias amplias y se expresan a través de marchas, manifestaciones u otras acciones simbólicas desde sectores subalternos.

- Con su influyente ensayo publicado en 1946 “Del Deber de la Desobediencia Civil”, Henry David Thoreau fue uno de los pioneros de este modo de acción ciudadana. Contra la participación de Estados Unidos en la II guerra mundial, Thoureau acuñó el concepto de “democracia radical” que inspiró un movimiento de “desobediencia civil” o de no colaboración con las medidas del gobierno que se consideraban arbitrarias. Sus seguidores apelaron a la objeción de conciencia al servicio militar y a la objeción fiscal ante los impuestos de guerra.

-Ghandi pasó a la historia como el gran símbolo de la “resistencia civil”, pues logró la  independencia de la India a base de marchas, recuperación de símbolos nacionales y populares, resistencia masiva directa y pacífica ante la agresión oficial, negativa al pago de impuestos y huelgas de hambre, todo bajo el concepto de no-violencia.

-Martin Luter King, líder moral y político de la población negra de Estados Unidos, encabezó un vigoroso movimiento de desobediencia de las leyes de discriminación y de resistencia pacífica contra las prácticas injustas de las autoridades.

Experiencias en Colombia

Como muestro en la compilación titulada Exigencias humanitarias de la población civil y como muestra también el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Basta Ya!, durante las últimas décadas se han registrado en Colombia muchas expresiones de resistencia ciudadana contra la exclusión, la arbitrariedad y la violencia. Entre estas experiencias sobresalen:

  • La resistencia de los pueblos originarios o indígenas en demanda de derechos y de respeto a su autonomía, territorios, cultura y autoridades tradicionales.
  • Las mujeres con sus redes, movilizaciones y demandas de no discriminación, diálogo, paz y no violencia en ámbitos públicos y privados.
  • Expresiones comunitarias y sociales diversas contra la guerra y por la paz que han dado lugar a grandes movilizaciones y a declaratorias de territorios y comunidades de paz o a figuras constituyentes informales de alta representación y legitimidad.
  • La resistencia de las víctimas ante ataques producidos por los diversos agentes de la violencia político-social y del conflicto armado.
  • Los movimientos juveniles especialmente notorios en zonas gravemente afectadas por la violencia, con figuras como la objeción de conciencia al servicio militar oficial y a toda forma de reclutamiento por parte de los grupos armados, o la expresión cultural y artística en contra de la violencia.
  • Las corrientes políticas altamente victimizadas como decir  partidos de oposición de izquierda, ONG de derechos humanos y movimientos sociales que persisten en su actuación bajo altos riesgos, recurriendo a medidas de protección como el acompañamiento internacional o la exigencia de compromisos humanitarios a las partes del conflicto.

Como concluye Esperanza Hernández en Intervenir antes de que Anochezca: “Las resistencias para la paz de Colombia evidencian valores y posturas de culturas milenarias, capacidades insospechadas para construir paz desde la no-violencia, procesos y acciones colectivas identificadas por sus protagonistas como ‘fuerza vital’, ‘ejercicio de autonomía’, autodeterminación o ´neutralidad activa´ (…) esencialmente poderes pacifistas transformadores…”.

Dos visiones de la paz

El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
El líder del movimiento de independencia indio Mahatma Gandhi.
Foto: Wikimedia Commons

Con apoyo de su partido el Centro Democrático, el senador Uribe llama ahora a la “resistencia civil” frente a los acuerdos convenidos con las FARC.

Se trata según él de una forma de ejercer la oposición en el marco de la legalidad, para evitar que los graves delitos de ésta guerrilla queden impunes, que sus jefes puedan participar abiertamente en la política, que sus víctimas no sean reparadas y que se adopten las que estima oscuras reformas convenidas entre Santos y aquella organización “castro-chavista”. Más aún, conocido el último acuerdo sobre los mecanismos para blindar el proceso de La Habana, Uribe declaró que nos hallamos ante “un golpe de Estado a la democracia” e incluso ante  una “entrega del país a las FARC”.

Pero el gobierno y todos quienes dentro o fuera de Colombia respaldamos los acuerdos de paz tenemos una mirada diametralmente distinta de la del uribismo. Para nosotros se trata de una negociación de paz que por lo mismo implica concesiones de ambas partes: las guerrillas dejan de serlo y pasan a la política legal con garantías, a cambio de concederles una agenda de asuntos políticos, sociales e institucionales tocantes al origen, circunstancias y procesos actuales de conflictividad social y la violencia política. Lo contrario de la negociación fue la estrategia de guerra que el presidente Uribe utilizó en su intento de obligar las guerrillas a que se concentraran, desarmaran, identificaran, sometieran a la justicia y pasaran pasivamente a la legalidad - a la manera de una derrota militar que no se produjo-.

En cuanto a los acuerdos de La Habana, estos incluyen mecanismos de justicia transicional pero no de impunidad, porque conceden ciertos beneficios penales razonables a condición de compromisos con los derechos de las víctimas. Las reformas políticas y sociales convenidas se proponen ampliar la democracia, extender los beneficios sociales y atender en especial las regiones afectadas y derechos de las víctimas.

En todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo

Pero además y en todo caso, los compromisos de La Habana deben ser ratificados por el pueblo y han de plasmarse en proyectos legislativos u otras medidas de Estado, lo cual implica la actuación soberana de las distintas ramas del poder público.

Por todo eso carece de sentido declarar que los acuerdos le otorgan el poder a las FARC, máxime cuando se trata de que deje de existir esta guerrilla. Igual que sucedería con el ELN, los exguerrilleros amnistiados entrarían a aceptar las mismas reglas que valen para cualquier ciudadano. Como ha ocurrido con los pactos de paz en Colombia y en otros países, este proceso de reincorporación requiere garantías políticas para los excombatientes y apoyos para reintegrarse a la vida civil.

El Centro Democrático no está excluido de derechos, cuenta con representación parlamentaria, con alcaldías y con gobernaciones, no ha sido objeto de persecuciones y las autoridades no le han negado ninguna garantía para su expresión o sus actuaciones. Buena parte de sus dirigentes han sido objeto de condenas judiciales o están sujetos a investigaciones de vieja data por su presunta responsabilidad en hechos de paramilitarismo, narcotráfico, violación de los derechos humanos y delitos comunes -incluida la corrupción-; pero no puede decirse que hayan tenido menos garantías procesales que los demás ciudadanos de Colombia. Por tanto no podría pregonarse con legitimidad una acción de resistencia contra los actos en derecho de las autoridades judiciales respectivas.

Dos escenarios

En conclusión podría decirse  que al apelar a la “resistencia civil”, el Centro Democrático pone a Colombia ante uno de dos escenarios posibles:

  • Uno optimista: el movimiento ciudadano contra los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas, pacífico, dentro de la legalidad, con garantías, que vendría a constituir una sana competencia democrática al promover el “no” en el plebiscito o en las instancias respectivas de refrendación y desarrollo jurídico de los acuerdos.
  • Uno pesimista: un movimiento contra los acuerdos de paz acompañado de falsos señalamientos, estigmatizaciones, continuidad de sabotajes y ataques como homicidios, atentados y amenazas contra defensores de los acuerdos con las guerrillas.

Confiemos en que se hará verdad la primera hipótesis, pese a que se asoman síntomas serios de que podríamos ir al segundo escenario.  

 

* Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, catedrático.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 15 - 30 minutos)

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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