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La elección del fiscal: ¿cálculos políticos o competencia técnica?

Jorge Iván Cuervo¿Quiénes son, a quién o quiénes representan, por qué fueron incluidos en la terna, cómo serían recibidos por la Corte encargada de elegir, y qué podría implicar el nombramiento de cada uno de los tres juristas postulados por el presidente Santos?   

Jorge Iván Cuervo R.*

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Una pantomima política

El presidente Santos definió la terna que debe ser presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación, de donde saldrá el reemplazo de Eduardo Montealegre.

Los postulados son Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, los tres vinculados al gobierno de una forma u otra. Esto indica que Santos ratifica que no se sale del círculo de confianza a la hora de integrar este tipo de ternas o de postular personas para otros cargos. Después de hacer una convocatoria pública en la cual se inscribieron cerca de 114 candidatos, Santos no vio más allá de los nombres que se barajaron desde el principio y, sin que se conocieran los criterios que se utilizaron para la preselección, lo cierto es que ninguno de los candidatos de afuera del gobierno quedó en la terna.

Esta situación deja el sabor de haber sido una pantomima para sacar de la terna al vicefiscal y al hoy fiscal €, José Fernando Perdomo, y desmarcarse del incómodo legado de Montealegre sin tener que enfrentar grandes consecuencias políticas.

Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo.

En este caso llama la atención que más que la búsqueda de la persona idónea para el cargo, la terna se haya convertido en un pulso político entre Vargas Lleras, con su candidato Martínez; el liberalismo, que tímidamente se siente representado por Reyes (aunque hubieran preferido a Perdomo); y Sergio Jaramillo, con Mónica Cifuentes, quien sería una buena carta para alinear al siguiente fiscal con las necesidades del posconflicto.

La inclusión de Néstor Humberto Martínez supuso un triunfo para el vicepresidente y una derrota para la exministra de la Presidencia, la super poderosa María Lorena Gutiérrez. Como se ve, la inclusión de Martínez terminó precipitando una recomposición del gabinete, lo cual da una idea de la importancia que tiene la elección del fiscal general en las actuales circunstancias.

Los candidatos

El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
Foto: Presidencia de la República

En principio, los tres candidatos son idóneos para el cargo.

  • Cifuentes llevaría una ventaja técnica por haber trabajado en la Fiscalía en un cargo directivo en esa entidad, y por liderar el equipo jurídico del gobierno en la negociación de La Habana y contar con el respaldo de Sergio Jaramillo, uno de los hombres que le habla al oído al presidente. Su condición de mujer es un elemento a su favor en un cargo que usualmente ha sido ocupado por hombres. Además, podría ser el fiel de la balanza si en la Corte Suprema se polarizan los apoyos entre Reyes y Martínez.
  • Yesid Reyes es un jurista serio y un penalista de avanzada que como ministro de Justicia demostró que un cargo como el de fiscal general está hecho a su medida. Tiene el respeto de todos los sectores políticos (incluido el uribismo) pues ha demostrado ser una persona ecuánime y centrada, y lideró la posición del gobierno frente al nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, demostró cierta indolencia frente a los problemas de la Rama Judicial, de lo cual seguramente tomaron nota en la Corte Suprema de Justicia. Su condición de víctima, al ser hijo del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía, le da un valor simbólico a su elección.

Haber sido ministro de Santos será un pecado que le sacarán en cara cuando empiece a tomar decisiones que puedan afectar a los contradictores del gobierno. Sin embargo, Reyes es quien da mayores garantías para cumplir el llamado “deber de ingratitud”, es decir, la cualidad que deben tener los servidores públicos de ejercer sus funciones en estricto cumplimiento de su mandato y no pagando favores al postulante o al elector.

  • Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo. Aunque ha ocupado la cartera de Justicia en dos oportunidades y se le reconoce como un gran jurista y asesor de grandes conglomerados económicos, su especialidad no ha sido el derecho penal. Sin embargo, es el candidato con mayor significación política y quien despierta las mayores suspicacias, dada su cercanía al vicepresidente Vargas Lleras, así como por su trayectoria como asesor y abogado de grandes empresarios. Esto último lo podría llevar a tener conflictos de interés en el cargo (uno de los problemas que tuvo Montealegre). Pero en honor a la verdad hay que decir que estos conflictos son comunes para cualquier abogado exitoso en el ejercicio de su profesión.

Martínez conoce el mundo del derecho, fue el artífice y gran defensor de la reforma de “equilibrio de poderes” (lo cual puede ser un factor adverso en la Corte Suprema) y como ministro de Justicia adelantó tareas importantes que lo dejan bien parado como gerente. Y gerencia es lo que le falta a la Fiscalía.

Martínez caería bien en el uribismo, pero despertaría resistencias en sectores políticos y sociales de centro-izquierda que no ven con buenos ojos la llegada al ente de investigación de un abogado con altos intereses económicos, por ejemplo, en el temade tierras, donde uno de sus más importantes clientes está en el negocio. Con él se puede repetir el síndrome Montealegre respecto del caso Saludcoop.

¿Quién ganará?

El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
Foto: Minjusticia

Por su trayectoria, formación y logros, quien más garantías ofrece es Yesid Reyes, quien sería una elección que dejaría a todo el mundo tranquilo, menos, claro está, a Vargas Lleras, quien quiere acumular todo el capital político necesario para asegurar su presidencia en 2018. Pero como el gobierno no controla a la Corte Suprema, una derrota de Martínez no le puede ser atribuida a Santos.

La Corte Suprema de hoy no es la misma que eligió a Montealegre ni a Mario Iguarán, y que fue tan sensible a la polarización política e ideológica que trajeron los gobiernos de Uribe (llegó incluso a devolver una terna, un procedimiento atípico que significó una interinidad en esa entidad por cerca de dos años).

La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente.

La recomposición reciente de la Corte augura un panorama incierto. Sin embargo, el hecho de saberse con anterioridad la postulación de Martínez le habría dado cierta ventaja a este sobre sus competidores, por visibilidad y cabildeo. Además, conociendo sus antecedentes, Martínez también tendría un mayor poder de negociación, ahora que se discute la constitucionalidad de la reforma de “equilibrio de poderes” y que se conoce de la ponencia favorable al gobierno que habría elaborado el magistrado ponente – quien a su vez fue postulado a la Corte por el presidente Santos-.

Tanto Reyes como Martínez han defendido la idea de que el fiscal debe ser elegido directamente por el presidente de la República, como lo es en el sistema estadounidense (de donde se tomó la figura). Pero en Colombia la cantidad de poder que ostenta el jefe del Ejecutivo desaconseja esa medida, a pesar de que sea una contradicción aparente que el responsable del orden público no pueda incidir directamente sobre la política criminal.

¿Cambio de modelo?

La coyuntura amerita que se dé un debate sobre el diseño institucional de la Fiscalía y del procedimiento de elección del fiscal. La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente y el procedimiento de elección no se corresponde con esa condición.

En este momento, es oportuno sopesar los pros y los contras de adoptar el modelo norteamericano y pensar en la posibilidad de intercambiar la fórmula de la elección (la Corte Superna propone la terna y el presidente elige) o trasladar todo el proceso a la Rama Judicial (el Consejo de Estado terna y la Corte Suprema elige), para minimizar el sabor político del procedimiento.

La politización que se ha hecho evidente en este proceso no es un buen síntoma de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar el proceder de un funcionario adscrito a la Rama Judicial. Un vicepresidente en tránsito de candidato preocupado por quién debe ser el fiscal general es una anomalía que no debería existir en nuestro modelo estatal.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

Los cambios que necesita la Ley de Restitución de Tierras

Enrique Herrera Los resultados han sido muy escasos y el debate de estos días es tan simplista como electorero. Pero hay cambios concretos y factibles, como los cinco que aquí se recomiendan, para lograr las metas previstas desde un comienzo.  

Enrique Herrera Araújo*

Familia de desplazados recupera sus tierras en La Palma, Cundinamarca.

Pocos resultados, evasivas y polarización

Según datos de la Fundación Forjando Futuros algo anda muy mal en el proceso de restitución de tierras en Colombia:

  • Después de 5 años solo un 3,4 por ciento de las 87.000 solicitudes de restitución  han sido resueltas por la vía judicial.
  • Los jueces han emitido 1.300 sentencias con más de 25 mil órdenes a 55 entidades;  paradójicamente, la entidad que menos las ha cumplido es el Ministerio de Agricultura.
  • El 76 por ciento de los predios restituidos son de menos de 10 hectáreas y un 20 por ciento está entre 10 y 50 hectáreas. Es decir estamos hablando de pequeños fundos, o donde la disputa se da, generalmente,  entre un pequeño propietario y otro pequeño propietario.
  • Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras, lo que hace pensar que la política de restitución revictimiza al campesino y lo deja desprotegido en el campo, donde no hay Estado.

Ante todo lo anterior, el gobierno nacional ha adoptado la estrategia del avestruz para ignorar la realidad. Pero no le ha ido bien con ese tipo de maniobras, como tampoco le fue bien cuando dijo que el “tal paro agrario no existe”, ni cuando reaccionó tarde, después de que en las manos le explotaran situaciones como el paro de camioneros o el judicial, entre otros.

Cuando es objeto de críticas, el gobierno responde atacando a sus enemigos en lugar de tratar de encontrar el porqué de los pésimos resultados de la Ley 1448 de 2011, planeada para diez años. El fanatismo ideológico se tomó a los detractores y defensores, y lo que hoy se percibe es un diálogo de sordos en trincheras guerreristas. Esto no ayuda para nada. Tanto los defensores como los opositores acérrimos entierran sus cabezas en la arena para desconectarse de la realidad.

Mientras tanto, la campaña electoral que está empezando tomó a esta Ley como protagonista, pero no solo en el debate público en universidades, foros y medios de comunicación, sino en la movilización ciudadana en el terreno: en San Alberto, departamento del Cesar, y en San Ángel, departamento del Magdalena. Este tipo de reacciones son bienvenidas porque reflejan otras verdades, muestran realidades y desnudan deficiencias.

Una Ley mal diseñada

Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En todo caso, los resultados no son buenos. Y cuando se escarba más hondo, se encuentra que son peores. Por ejemplo si el instrumento de medida de efectividad no es el número de sentencias o de reclamaciones y registros, sino el número de reclamantes que han retornado y se han asentado en sus predios, los datos son totalmente desestimulantes, casi catastróficos. Pero es en este punto donde realmente se mide el impacto de la política: en el terreno y en la realidad objetiva de las víctimas a quienes debe cumplírseles.

Por eso es hora de hacer ajustes.

Ya lo había dicho en Razón Pública y lo repito ahora: esta es una Ley de buenos propósitos que está fracasando porque fue elaborada en una burbuja, aislada de la realidad rural, alejada de la violencia territorial, escrita desde las oficinas bogotanas por académicos sin ninguna experiencia en la gestión pública y diseñada bajo la idea errónea de que los problemas de tierras rurales son fáciles de resolver.

Los problemas de la Ley están ahí desde su creación y por lo mismo se requiere de una completa revisión. Por ejemplo esta Ley parte del supuesto de que el desplazado quiere retornar al campo, pero distintos estudios indican que esto no es del todo cierto. Para colmo, el gobierno está llevando a cabo algunas políticas o programas que incentivan el no retorno, como los subsidios en las ciudades.  

“La microfocalización”

Los arreglos son urgentes, y el primero de ellos podría ser eliminar el gota a gota de la llamada “microfocalización”.

La Ley señaló que la restitución se realizará en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la magnitud histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. Por eso ordenó dos pasos previos:

  • La macrofocalización, consistente en que el Consejo de Seguridad Nacional defina un área de mayor extensión (departamentos), para tramitar en ella el estudio de las solicitudes de restitución;
  • La microfocalización es decir, la definición de áreas de menor extensión, por ejemplo, municipios, corregimientos, veredas o inclusive predios donde se determina que es viable adelantar el registro del predio y la restitución.

Las etapas macro y micro definen cuáles son las zonas donde se restituirán los predios.  Por fuera de ellas no hay restitución posible. Pero entre la macro y la microfocalización se ha creado un dique de contención tan grande que para el 31 de marzo de 2015 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 75.122 solicitudes, de las cuales el 63,14 por ciento ha estado represado por falta de microfocalización. Sin este paso, el proceso se estanca.

Por eso la Sentencia T-679 de la Corte Constitucional, del 3 de noviembre de 2015, dijo que la aplicación gradual y progresiva de una política no puede ser excusa para la inactividad del Estado y que la “la petición de la víctima no puede quedar suspendida irrazonablemente en el tiempo, pues esa microfocalización es, de alguna manera, condición indispensable para que la persona acuda ante los jueces a reclamar sus tierras”. 

La microfocalización se ha convertido en un muro que es preciso derribar si se quieren mejorar los resultados de la Ley -y mucho más durante el posconflicto, cuando habrían de aplicarse criterios adicionales de seguridad para preservar la pacificación del respectivo territorio-. De todas maneras, la microfocalización no implica necesariamente que la zona en la que se da sea segura o no presente casos de violencia. Si así fuera, no se hubieran dado tantos asesinatos a reclamantes de tierras en áreas microfocalizadas.

Más ajustes

En proceso de restitución de tierra Alto Tribunal de Cartagena ordena compensación al segundo ocupante del predio.
Víctimas del conflicto del municipio de El Castillo en el departamento del Meta.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Otro ajuste necesario es garantizar la defensa y los derechos del ocupante actual, que en la cadena de compraventa del predio puede ser el segundo, tercero o quinto. Esta situación está dando pie a la protesta social en los departamentos de Cesar y Magdalena y es probable que en otros lugares del país se den los mismo problemas.   

Una tercera reforma sería que cuando no haya oposición a la restitución, esta se haga por vía administrativa. Lo mismo debe ocurrir cuando se trate de predios abandonados. Inclusive se puede analizar si el proceso mixto que combina una etapa administrativa (que hace la Unidad de Restitución) con una judicial (que realizan los jueces) deja de serlo y se unifica.

Han sido asesinados 72 reclamantes de tierras.

Un cuarto cambio puede ser que cuando el reclamante no quiera retornar al predio adjudicado por el Gobierno, lo manifieste en la reclamación y el Estado, por vía administrativa, lo compense con un bono condicionado que sirva, por ejemplo, para el pago de crédito de vivienda; con un capital semilla para un proyecto de emprendimiento productivo; o con dinero para estudios universitarios.

No es aceptable que el Estado se gaste más en la burocracia y sostenimiento de las instituciones de restitución que en los predios restituidos. El año anterior se habían gastado  837 mil millones de pesos en el proceso de restitución, mientras que los predios restituidos valían 263 mil millones. Más barato que tramitar el proceso de restitución hubiera sido comprar los predios y adjudicarlos.  

Un quinto arreglo es cambiar el enfoque de tierras, porque ahí no está el problema. La tierra ya no vale por sí misma sino por lo que está encima de ella: el riego, las plantaciones, la infraestructura, etcétera.

El asunto no es restituir las tierras sino que en ellas se desarrollen actividades agrícolas rentables que hagan parte de un modelo de negocio sostenible y agreguen valor para el mercado. En cualquier caso, las cosas no pueden seguir como van.

 

* Abogado, especialista en desarrollo regional y magister artis en gestión pública. Experto en tierras, desarrollo rural y asesor en Posconflicto.

 

twitter1-1@enriqueha

 

¿Por qué es tan importante Caño Cristales?

Andres hurtadoNo se trata solamente de un río, estamos hablando de un ecosistema que conecta cuatro parques naturales de singular importancia. Un conocedor de la zona explica las devastadoras consecuencias que tendría permitir la explotación petrolera en la región.

    Andrés Hurtado García*

Río Caño Cristales en la Sierra de la Macarena.

Memorias de un viajero

Yo no soy investigador ni científico. Soy un viajero que ha visitado asiduamente el Área de Manejo Especial de La Macarena, a la cual  pertenece Caño Cristales. Por lo tanto hablaré de mi conocimiento de la zona a partir de mis recorridos.

El Caño nace en la parte alta de la Sierra, en el sector sur, relativamente cerca del sitio donde muere la Sierra en un paredón a cuyos pies pasa el río Guayabero. El Caño nace en una planicie encharcada, a pocos metros de un murallón que mira hacia el raudal del Guayabero. Allí, las aguas se van juntando y forman el Caño.

Llegué allí a finales de la década de los setenta, lo he explorado en toda su extensión, he llegado tres veces a su nacimiento por sus dos brazos principales, e hice los primeros caminos para algunos lugares del Caño. También caminé la tercera parte de toda la Sierra siguiendo la cuerda de las cumbres.

Seguí yendo al Caño y a la Sierra varias veces por año. En un principio no vivía nadie a orillas del río y no habían llegado a La Macarena los que hoy manejan el turismo. En ese momento existía una trocha que, saliendo del pueblo y atravesando la selva del Parque, llevaba en 5 o 6 días al pueblo de Piñalito.

Prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

Los campesinos utilizaban la trocha (todavía lo hacen) para llevar el ganado hasta Vista Hermosa y embarcarlo en camiones con destino a Villavicencio o Bogotá. La guerrilla amplió esa trocha (que hay llaman “la Transjojoy”) y prácticamente ya se puede llegar a Caño Cristales en vehículo.

En una ocasión el Mono Jojoy me mandó apresar en La Macarena. Pero me soltaron al poco tiempo pues uno de sus guardaespaldas le dijo que yo había hecho mucho por el pueblo, el mismo pueblo que ha reconocido mi trabajo y que me dio su máxima condecoración: la “Velosía de oro”.

Yo dije del río que era el más bello del mundo, y lo llamé “el río de los cinco colores”, “el río donde se ahogó el arco iris” y “el río que se escapó del paraíso”. Estas frases, que son mías, se repiten ahora por todas partes.

He presentado a Caño Cristales de manera casi obsesiva en Colombia, Europa, Estados Unidos y otros países, en conferencias, en televisión, en artículos de prensa y en mis dos libros: Colombia secreta  y Caminando Colombia.

Pensar el ecosistema

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López.
Foto: Minambiente

Estoy de acuerdo con el alcalde y con los habitantes de la Macarena en su protesta por los recientes intentos de permitir la exploración petrolera en la zona, pero les recuerdo que muchos de sus habitantes tienen fincas en “la Transjojoy”, una zona que se ha llenado de casas, potreros y negocios. Además, los guerrilleros que se mueven en la selva de La Macarena han mantenido la siembra de la coca, la tala de los árboles y la conversión de más y más terrenos en potreros. Por último, están las fincas ganaderas que serán la muerte de este paraíso.

Por eso hay que mirar esta zona con más amplitud. No hay que pensar tan solo en Caño Cristales, sino  mirar el “amasijo” (como lo llamo yo) de los cuatro Parques Nacionales Naturales que convergen en la zona: tres en la Cordillera Oriental (Sumapaz, Picachos y Tinigua) y, saltando el Cañón del Duda, el Parque de La Macarena.

Los investigadores del Smithsonian Institute y los científicos de Parques Nacionales, liderados por Jorge “el Mono” Hernández, quien fue considerado el mayor conocedor del neotrópico, han dicho que esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta, por juntarse ecosistemas de cordillera, llano y selva amazónica.

Una exploración petrolera hecha a 2,5 kilómetros del Tinigua, es decir, en la zona de amortiguación de los Parques, perjudicaría notablemente el sistema de los acuíferos. En ese caso, el primero que sufriría es el río Losada, que vierte aguas en el Guayabero y que más abajo de La Macarena recibe a Caño Cristales. Bastante cerca de San José de Guaviare, el río Guayabero se junta con el Ariari y forma el río Guaviare, uno de los más caudalosos del oriente colombiano.

Por este motivo, y no solo por Caño Cristales, la decisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de autorizar a la empresa Hupecol para explorar en el Bloque Serranía defraudó al país y lo puso en pie para defender los recursos naturales, hasta obligar al presidente Santos a ordenar la suspensión de la licencia, que en efecto fue revocada esta semana. Pero la empresa ya anunció acciones legales y no se puede descartar la posibilidad de que prosigan las exploraciones.

Esta región es la más rica en biodiversidad en el planeta.

En los cuatro Parques Nacionales de los que he hablado se conocen hasta ahora 12.000 especies de plantas, 63 de reptiles, 42 de mamíferos, 420 de aves y más de 200 de peces. Si nos concentramos nada más en las aves, encontramos que Colombia es el país más rico en avifauna en el planeta: de las 10.065 especies de aves del mundo, nuestro país posee 1.889. Pero las 420 especies de aves que habitan esta zona se verían destinadas a la extinción si avanzan las petroleras con su parafernalia de carreteras, construcciones, viviendas, perforaciones y ruido.

No se trata entonces solo de la salvación de Caño Cristales. El Caño forma parte del conjunto de cuatro parques que se verían heridos de muerte. Por eso hay que decir “no” a la explotación petrolera en La Macarena y “sí” a los reclamos de sus habitantes, quienes deben comprometerse, además, a cuidar los bosques y los ríos de la “señora de los Llanos, Sierra de la Macarena”.

Es cierto que Colombia debe explotar su petróleo, que también es nuestra riqueza, pero debe hacerlo con respeto por los ecosistemas y especialmente por el agua, que es la riqueza de hoy y la fortuna de mañana.

Los daños sociales

Sabemos, por lo ocurrido en el Putumayo y en un sector de los Llanos, que las petroleras solo han llenado las arcas de las empresas y las del Estado, pero no han repercutido favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos adyacentes.

Por el contrario, estas explotaciones han traído la descomposición social, representada en cantinas, vicios, prostitución y encarecimiento de la vida. De esta manera, el entorno social de esta gran área se verá perjudicado, incluido el pueblo de La Macarena, si llegan las empresas del petróleo.

Los Llanos, tan golpeados por la siembra incontrolada de palma africana y de otros productos, tendrían con este otro factor de desequilibrio. No solamente los ecosistemas del Llano se han visto seriamente afectados por estos cultivos, sino que la cultura de la región que se ha venido desdibujando en sus tradiciones, folclor, música y modo de vida. Añadirle otra petrolera más al Llano es aumentar los conflictos sociales y multiplicar los problemas.

El presidente Santos pidió cien millones de dólares en la Cumbre del Clima en París y se comprometió a acabar con la deforestación. Pero esta sigue avanzando entre La Macarena y San José de Guaviare, en el Cañón del Duda y, ahora para colmo, pretendemos añadirle una explotación de hidrocarburos.

Preguntas en el aire

Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

Esta situación me ha dejado varias preguntas inquietantes. Por ejemplo, si ante la decisión de la ANLA los periodistas hubieran hablado solo de los Parques Naturales sin mencionar Caño Cristales, ¿hubiera sido igual la movilización de los colombianos en las redes sociales? También, si esta movilización no se hubiera dado y solo los científicos hubieran protestado por el daño a los Parques Naturales, ¿el gobierno les hubiera hecho caso?

Hay otras cosas que tampoco se entienden: ¿Cómo es posible que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no se entere de una resolución de tan inmensas y fatales consecuencias expedida hace más de un mes? ¿Por qué la Corporación Autónoma de la Macarena (CORMACARENA) no dio a conocer antes el resultado de sus estudios – que ahora cita la ANCLA para justificar su revocatoria-? ¿La ANLA no tiene criterio como para saber que no se puede explorar a las puertas de un conjunto de Parques Nacionales tan importantes?

Por último, hay que decir que es un terrible espectáculo ver al presidente desautorizando al Ministerio y al Ministerio desautorizando a la ANLA. Ante este tipo de situaciones, uno se pregunta si así funciona en todo lo demás el aparato del gobierno.  

Solo falta ahora que la empresa petrolera en efecto demande a Colombia y que de nuestro bolsillo tengan que salir las millonadas de dólares que pedirán astutísimos abogados que conocen las debilidades del Estado colombiano.

 

* Periodista, ecologista y fotógrafo colombiano.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 15 - 30 minutos)

Héctor Domínguez ha estudiado por años la vida en las calles de Ciudad Juárez. Esta es su visión a ras de tierra del paisaje social, clave para cualquier intento de reconstruir el tejido de la ciudad. El presente de estos muchachos es rápido y riesgoso; el futuro, opaco; la vida, con frecuencia, breve. Ciudad Juárez, o Bogotá, o Medellín, o Cali, o Barranquilla... En cualquiera de las ciudades de Colombia la situación es la misma.

El término que mejor define la cultura y la política de los jóvenes, no sólo en Ciudad Juárez sino a nivel global, es "exclusión". Ya sea por obcecación ideológica de los sectores más conservadores de la sociedad, o por omisiones atribuibles al desentendimiento del Estado y las elites económicas por ofrecerles opciones de inserción en el mercado de trabajo, acceso a la educación y a los servicios públicos, las estadísticas y los discursos que circulan en la esfera pública parecen indicar que hay un exceso de población joven que se percibe como prescindible y muchas veces como causa de los problemas sociales.

La exclusión empieza con la ausencia de proyectos de sociedad donde las nuevas generaciones puedan tener cabida. Para el antropólogo José Manuel Valenzuela Arce, debido a esta falta de proyección, que ha limitado la posibilidad de integración a las actividades económicas y al goce de los privilegios de la ciudadanía, los jóvenes "viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones"[1].

Sin duda, el sector de los jóvenes es el que ha sido más afectado por los desastres e inequidades económicas. Ellos constituyen el porcentaje más alto de la emigración y son el grupo que mayor número de víctimas ha registrado en la violencia relacionada con el crimen organizado. La mitad de los jóvenes mexicanos, aproximadamente, vive bajo la línea de la pobreza y alrededor de 220 mil emigraron cada año a Estados Unidos entre 2000 y 2006[2]. Según estadísticas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, zona norte, "la guerra entre bandas de narcotraficantes en Juárez ha dejado de 2008 a la fecha más de cuatro mil 500 víctimas, de las que 30% son menores de 20 años" [3]. Si se cuentan los menores de 30, resulta que desde el inicio del presente sexenio los jóvenes han puesto más de la mitad de los muertos por la violencia.

Es alarmante el número de hombres jóvenes que han sido asesinados en esta ciudad desde la década de 1980. Tan sólo entre 1985 y 1997, el 47.6% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes varones de 20 a 24 años, frente a un 3.1% de mujeres de la misma edad [4]. Cada joven ejecutado se considera a priori un miembro de alguna banda criminal. Esta prejuzgada falta de inocencia convierte a estos cadáveres masculinos en meros cuerpos sin subjetividad, sin biografía, y muchas veces sin honras fúnebres. Con la ciudadanía negada, se reducen al mote de maleantes. En este drama de la violencia la voz que menos escuchamos es la de los jóvenes. Ellos raramente ocupan el escenario público, si acaso aparecen como cifras de victimarios y víctimas que se reportan al día, y cuando los escuchamos hablar es para enunciar la confesión esperada (y muchas veces forzada) o en todo caso una pálida justificación de sus actos. Pero la mayoría de las veces son sólo cadáveres estridentes, que resignifican la ciudad como un tiradero de cuerpos desechables.

La doble victimización

En una de las fotografías de Jaime Bailleres incluida en el libro Juárez: the Laboratory of Our Future de Charles Bowden, titulada "Pablo Rodríguez ruega a los paramédicos que ayuden a su hermano Ricardo, quien ha consumido una sobredosis de heroína, pero es demasiado tarde" (p. 60), vemos el llanto desconsolado de Pablo Rodríguez y el cuerpo de su hermano recién fallecido. La mano del paramédico toca con la punta de sus dedos la cabeza del doliente. El motivo de La Pietá se ha trasladado a un terreno baldío. El gesto de compasión del paramédico toma su distancia. En medio yace el cuerpo del hermano fallecido. Lo único que sabemos es que era heroinómano. Él mismo podría erigirse como el motivo central de la guerra contra el narco: la juventud que es víctima de la proliferación del mercado de drogas. Aunque, como veremos más adelante, esta guerra se revierte contra los jóvenes mismos. Si la primera victimización del cuerpo del joven es la adicción, la segunda es su criminalización: varios esfuerzos oficiales, religiosos y mediáticos se han empeñado en presentar las prácticas de la cultura juvenil, sobre todo las que tienen que ver con el placer, como criminales. Si bien muchas de las actividades delictivas ocurren en el terreno de la sexualidad y en el del consumo de drogas, no son la sexualidad ni la adicción delitos en sí mismos, como tampoco muchas de las expresiones de la cultura juvenil.

Sea por involucrarse en actividades de placer, sea por su participación en grupos bélicos, o por considerarse sujetos castigables y asesinables, la violencia sucede a través de los cuerpos juveniles. Ellos entran al circuito de la adicción y el delito menor inducidos por la fuerte red de pandillas que parecen ser su única opción en amplios sectores de la ciudad. La entrada al mundo de la adicción y del delito no es solamente la única condición de vida disponible, sino también la cultura a su alcance, que como tal cuenta con reglas, ritos de iniciación, aspiraciones, formas de lucha y de goce.

En El espíritu de El Toques (2001), Emilio Gutiérrez de Alba narra episódicamente casos del barrio del centro de la ciudad, no desde su luminosa oferta de entretenimiento, sino desde los callejones penumbrosos, los túneles, las leoneras y los vecindarios donde operan las pandillas Thru 13, los Condes y los Dinos. Este libro revela los diferentes mecanismos de la prostitución de niños y pubertos o su incorporación a las bandas de robo y narcomenudeo. Como el gesto del paramédico en la fotografía de Bailleres, los relatos de Gutiérrez de Alba ponderan compasivamente la precariedad de donde se nutre y robustece el crimen organizado. Una red de policías, pequeños capos, jefes de pandillas, lenones, tratantes de blancas y carteristas consume a los cuerpos jóvenes. Ellos se encargan de reclutar para las actividades ilícitas a los niños en situación de calle. La narración se construye sobre un argumento que asocia causas económicas a efectos morales. La homofobia que está al fondo de estos relatos lleva a identificar la homosexualidad con el abuso de menores, la adicción con el narcomenudeo y a la víctima con el victimario.

Erick Orozco, un joven que actualmente realiza su tesis de maestría en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sobre culturas juveniles, y que ha estado involucrado en proyectos de intervención en los barrios juarenses, describe así las formas en que el crimen organizado recluta a los jóvenes:

En la colonia Díaz Ordaz] cuando los chavos nos describen ese proceso de tránsito entre el barrio [la pandilla] y ya vincularse al crimen organizado, lo que nos planteaban era la cuestión de la lana: se enfrentaban a poca oferta laboral y, en su condición de chavos de barrio, su oportunidad de conseguir trabajo se ve más limitada. Esta situación es aprovechada por los narcos y da lugar a situaciones como la siguiente: un chavo de 19 o 20 años cuya hija se enferma se mete a vender droga para poder curarla. Cuando se quiere salir le dicen: "no pues, ¿sabes qué? Que nos debes tal y tal favor y los favores se pagan con muertos, ese es el detalle aquí"[5].

Las bases para la consolidación de la red criminal se encuentran, de acuerdo con esta descripción, en la precariedad económica y la falta de servicios públicos accesibles a la población marginada. En esta victimización primaria encontramos los ejes de una economía creada desde una instancia ilícita y desde el desentendimiento del Estado. La doctrina económico-política del neoliberalismo sienta las bases para el crecimiento de las organizaciones criminales. En efecto, el estado de bienestar está ausente en la historia que refiere Erick. La hija del joven que recurrió al crimen organizado requería atención médica y el hecho de vender droga -el mercado de trabajo disponible- le garantizó la vida. Y como este oficio es peligroso y conlleva no sólo el riesgo de caer preso sino, peor aún, de caer asesinado, la idea de dejar esta actividad es predecible, como son predecibles también los altos costos de hacerlo.

El sentido de la compasión con que Bailleres y Gutiérrez de Alba presentan al joven afectado por la adicción o por las organizaciones criminales conlleva una comprensión de cómo los sujetos se introducen al mundo social por la vía de aprender a navegar entre códigos violentos, reproduciendo las normas de un sistema criminal que se les presenta como el único recurso económico a su alcance. Así, se les describe como aquellos que han sido contagiados del mal de la criminalidad. Finalmente, el gesto de compasión por la victimización estructural del joven nos dirige a un segundo nivel de victimización: se comprende que el origen de su relación con las organizaciones criminales es la marginación, pero también se advierte que ellos se han vuelto "malandros", que se han "maleado" y que no hay lugar para la recuperación. Esta segunda victimización consiste en una condena moral y clínica. El sentido común de base cristiana suspende la compasión al toparse con un pathos social que traduce el daño físico y económico en una contaminación moral.

Como todo sujeto abyecto, el joven adicto y asociado a los negocios criminales no cuenta con la dignidad del ciudadano en el caso -muy probable- de ser asesinado: es un pandillero, maleante y criminal. Durante su visita a Tokio el 2 febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón expresó que los16 jóvenes masacrados en la colonia Villas de Salvárcar el 31 de enero "probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad"[6]. El presidente implica que los asesinados eran pandilleros. Con ello, se aplica una descalificación de la víctima y se reduce al absurdo la procuración de justicia: su muerte fue buscada por su mala conducta y por lo tanto no hay reclamo que se justifique. Para el presidente, y para gran parte de los voceros oficiales, la violencia en esta ciudad se debe a la "descomposición social" atribuible a un relajamiento de los valores. Claramente el lenguaje patológico y moral informa y deforma la visión de toda una sociedad al introducir un elemento abstracto como causa de un hecho violento.

Calderón decidió visitar la ciudad 11 días después de la masacre. Su objetivo era trabajar en "la recomposición del tejido social". La recepción de las madres de los jóvenes asesinados fue hostil. La señora Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas, dice no poder darle la bienvenida y le reprocha su percepción sobre estos jóvenes: "les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia"[7].

La intervención inesperada de la señora Dávila interrumpió el protocolo. Hubo una dubitación cuando ella se levantó. Los guardias pretendían disuadirla de acercarse al podium, pero ante la presencia de las cámaras el presidente pidió que se le dejara hablar. Este forcejeo por el uso del foro público es significativo para entender la dinámica de la política en torno a la violencia: todo evento, para ser considerado real, tendrá que pasar por los medios. La irrupción de la señora Dávila significa una breve intromisión de la voz subalterna (para este caso definámosla como la voz de los que no tienen acceso a la esfera pública). Esta intervención airada, y muchas veces descalificada por articularse desde el sentimiento, se dirige a detener la victimización moral: si el gobierno no ha podido reconfigurar las estructuras económicas que victimizan a la población, por lo menos que se abstenga de victimizar por segunda vez a los muertos culpándolos de su tragedia.

La autoridad como enemigo

Es a partir de la masacre de Salvárcar que volvemos los ojos hacia otras masacres de jóvenes, respecto a las cuales no contamos con intervenciones efectivas como la de la señora Dávila. En 2008 grupos armados emprendieron una serie de ataques a siete centros de recuperación para alcohólicos y drogadictos pertenecientes a organizaciones religiosas, con un saldo de 10 internos muertos [8]

El 17 de agosto de 2009 hubo una masacre en el Bar Seven & Seven ubicado en la avenida Tecnológico. Un comando armado llegó y mató a ocho jóvenes y dejó cuatro heridos. Los disparos fueron hechos al azar y, de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente transmitido en el noticiero del Canal 44 al día siguiente, lo hicieron a manera de juego, bromeando mientras disparaban. La testigo dice que estuvieron llamando insistentemente al 066, teléfono de emergencia, y que nadie atendía la llamada [9].

De acuerdo con un comunicado de la Sedena, un trabajo de inteligencia llevó a la captura de los responsables, quienes también habían llevado a cabo la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación El Aliviane el 2 de septiembre de 2009, así como la de otros 10 en el Centro de Rehabilitación Anexo de Vida, el 15 de septiembre de 2009[10]. Los individuos que han sido presentados como los gatilleros de estas masacres son identificados con bandas de apoyo a los cárteles de la droga (específicamente La Línea y Los Aztecas); con ello, las víctimas pasan a considerarse miembros de las bandas criminales por el solo hecho de morir bajo fuego sicario. Sin embargo, llama la atención que el teléfono de emergencia no haya estado en funcionamiento y que la policía haya llegado media hora después de la retirada de los asesinos quienes, de acuerdo con el testimonio transmitido en el Canal 44, estuvieron en el lugar de los hechos más de 10 minutos.

Por correo electrónico han circulado una serie de testimonios de los vecinos de Salvárcar recopilados un día después de la masacre. En ellos es constante la misma interrogante sobre el desempeño de las fuerzas policiales y castrenses: "Cómo es posible que anden siete camionetas con encapuchados y armados hasta los dientes y los militares y los de la PFP no se den cuenta, cuando están por todos lados. Esos güeyes no hacen nada"; "Yo salí a ver y uno de los que iban en las camionetas me dijo: ‘Métase pa' dentro, esto es un operativo'"; "Ahora sí están todos esos inútiles aquí, esculcando a los mismos de la colonia, en qué cabeza cabe que nosotros mismos vamos a matar a nuestros hijos"; "Llegan los agentes preguntándonos que qué es lo que pasó, y eso es lo mismo que nosotros queremos saber"[11].

Estos testimonios tienden a establecer que los policías no pueden ignorar la presencia de un comando armado de esa magnitud; que no solamente encubren a los asesinos sino que los asesinos actúan con las reglas de los policías y militares; que los policías y militares son sicarios. Si los grupos uniformados son representación del Estado, todas estas opiniones indican una incriminación de las autoridades.

En una de sus canciones, el grupo de hip hop MC Crimen narra un evento de hostilización policial y de pandillas:

Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué trabajas? Si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte.

Como la épica desenfrenada de las películas de acción, la ciudad se representa como un campo de persecución, asalto, escrutinio intimidante de los transeúntes y escaramuzas de bandas enemigas. Se trata de un paisaje urbano dominado por la tensión bélica y la inminencia de la muerte. Como en la nota roja, la narrativa desplegada por MC Crimen consiste en la saturación de hechos sangrientos. Con un imaginario que llena de enemigos el lugar donde se vive, esta pieza nos explica cómo se ve el mundo desde la óptica de un joven pobre de Ciudad Juárez. Sabiduría obtenida a fuerza de sobrevivir en un espacio dominado por el miedo, las letras incansables de MC Crimen son diatribas funerales por los niños y jóvenes caídos a manos del crimen organizado, las pandillas y las fuerzas oficiales -todos víctimas y victimarios- arrollados por una tragedia de dimensiones colectivas.

MC Crimen deja en claro que toda victimización en estos barrios tiene una causa común: el crecimiento del dominio de las actividades criminales al punto de convertirse en una cultura. Las armas apuntan hacia todos lados y MC Crimen recita su modelo de conducta para una ciudad asediada por los disparos: "Escucha, mira y calla / o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla". Es percepción extendida entre los juarenses que tanto sicarios como policías y militares han hecho de los jóvenes de los barrios una población exterminable, como condición necesaria de sus luchas por el control del territorio. "Aquí sufrimos la violencia de tres cárteles: el de los policías, el de los soldados y el de los narcos", le dice un joven a Juan P. Becerra Acosta al hablar de su percepción de la violencia en la ciudad [12].

En la entrevista arriba referida, Erick Orozco habla también de la persecución que los uniformados han desatado contra los jóvenes de las colonias:

Cuando [los jóvenes] estaban trabajando con el graffiti [proyecto auspiciado por el gobierno municipal] salen de uno de los talleres que dan en la calle y llevaban su cartón con el que hacen los esténciles y unas latas de pintura. Tienen que moverse de una colonia a otra porque su casa fue destruida por el arroyo y los reubicaron. Pasan por un tramo en el que no hay nada y es una zona pegada al cerro, lo único que hay en el trayecto es un OXXO. Llegan los chavos a comprar sodas y cuando salen los interceptan los federales. "A ver chavos, sabemos que ustedes son asaltantes de OXXOs, ¡súbanse!". Se los llevan y los ponen abajo del puente. Les empiezan a preguntar cosas, y les cambian la versión: "Sabemos que ustedes mataron a unos chavos acá abajo y andamos buscando una Astor color verde. Dicen que ustedes la traían". Eran chavos de entre 17 y 20 años. Tratan de confrontar las diferentes versiones. A otro chavo le decían: "Sabemos que tu papá es el movido de aquí", y el chavo les contesta: "Yo ni conozco a mi papá", y eso fue suficiente para que lo tiraran al piso y lo empezaran a patear. Era verdad que no conocía a su papá [13].

Mientras se implementa el programa de integración en las comunidades con alto índice de violencia, aparecen los uniformados a amedrentar a los jóvenes que están respondiendo a la convocatoria del gobierno para elevar la calidad de vida de las colonias. El contraste que Erick nos presenta revela que los proyectos pacíficos de educación e integración comunitaria tienen mayor efectividad que los levantones, arrestos y tortura practicados por la policía federal, cuyas secuelas se traducen en el resentimiento ante las instituciones y el aumento de tensión en la vía pública. Los jóvenes que se han relacionado con los proyectos comunitarios dicen tener miedo de salir de sus casas por el acoso del que son objeto.

Criminalización de las expresiones juveniles

El gobierno municipal de Ciudad Juárez es ambiguo con respecto a los graffitis: por una parte patrocina los proyectos de los murales y, por la otra, impulsa un comité antigraffiti. En la página del gobierno municipal (http://www.juarez.gob.mx/) hay un vínculo que dice "Registro si eres víctima del graffiti". Quien encuentre uno en su barda puede escribir a esta página, entonces el gobierno municipal pinta la barda afectada y en el lugar donde estaba el graffiti ponen un logo que dice "Amor por Juárez", lo cual puede considerarse como un graffiti oficial, como si el gobierno local tomara parte en la guerra territorial de los graffitis. En todo caso, esto puede entenderse como una lucha entre los propietarios de los inmuebles de la clase media que se dice victimizada y los jóvenes que se expresan en sus grafías. Sus firmas terminan siendo borradas por el escudo hegemónico del discurso del amor y la declaración de propiedad.

La política pública del municipio con respecto al graffiti establece que la expresión del graffitero es una injuria al espacio urbano. Incluso el programa de murales promovido por el IMIP puede entenderse también como un borrar la firma del joven. Esta propuesta consiste en la eliminación de la injuria al establecer temas que los propios promotores implantan. A decir de Erick Orozco, el graffiti deja de serlo si carece de letras y si se anula la libertad del autor en cuanto a su contenido. El graffiti no consiste solamente en la grafía estampada en las superficies públicas de la ciudad. Se trata de un performance del riesgo y una firma minimalista con caracteres estilizados. El graffiti no daña la salud, no pone en riesgo la seguridad de los transeúntes, ni se puede entender tampoco como un hurto. Sin embargo, el acto de escribir un graffiti es una transgresión que "se ubica en la afrenta simbólica a la propiedad y la normatividad social"[14]. Si se le considera una "afrenta simbólica" aunque su contenido no difame a nadie ni promueva actos violentos, la criminalización del graffiti consiste en un acto de censura acompañado de medidas coercitivas. Valenzuela Arce va más allá al mostrar el absurdo de criminalizarlo cuando explica que las batallas urbanas de los taggers (graffiteros que escapan a la estructura pandilleril de los cholos) sólo consisten en competencias de agilidad y calidad de las firmas o placazos. Las culturas juveniles son capaces de encontrar por ellas mismas formas no violentas de solución de conflicto que habrían de ser reconocidas como formas de convivencia ciudadana legítimas. Un vecino de la colonia Salvárcar considera que "las bardas de la colonia son consideradas obras de arte y la colonia no se molesta sino que los celebra", sugiriendo que es necesario aprender a leer el graffiti, antes que criminalizarlo [15].

Gran parte de la percepción de los jóvenes como criminales tiene como origen la incomprensión de sus expresiones, descartadas prejuiciosamente desde una concepción maniquea y punitiva del orden social. Desde el punto de vista de los jóvenes, las mayores faltas no son las que se cometen trazando un graffiti en una pared o incluso manejando bajo los efectos del alcohol, sino las que se cometen contra estos infractores en los centros de detención. Los espacios de reclusión de los menores infractores son centros de abuso sexual, de tortura y robo en el que custodios y pandilleros colaboran en un negocio que explica la proliferación de retenes, redadas y arrestos por faltas administrativas [16].

La cancelación de los espacios

Si bien la rivalidad entre jóvenes y policías surge a partir de la cultura violenta de las pandillas, donde unos y otros tienen muchas veces acuerdos de colaboración criminal, la población juvenil que no sigue el modelo pandillero de relacionarse, pero que se afilia a prácticas culturales alternativas, dice ser acosada por el hecho de vestir de cierta forma o, como en el caso de los graffiteros, manifestar una expresión simbólica que no implica ninguna agresión física o moral. Se advierte entonces que los métodos de vigilancia y el criterio para realizar detenciones han hecho que sea este sector el que menos cree en las autoridades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, sólo 14.2% de los jóvenes mexicanos dice tener interés en la política y sólo 15.5% considera que la democracia mexicana ha servido para resolver injusticias sociales o para exigir cuentas al gobierno. La percepción de los jóvenes claramente se manifiesta escéptica de las instituciones, pero las políticas oficiales también indican que las autoridades no confían en ellos y que los consideran causantes de los desastres sociales, como el de la violencia.

Esta desconfianza ha llevado al punto de que, en mayo de 2007, las autoridades impusieran un toque de queda que impedía a los menores de 18 años transitar por las calles de la ciudad, a menos de que fueran acompañados por un adulto. Esta medida, recomendada por los sectores conservadores, propició muchas arbitrariedades de los policías municipales que motivaron reacciones multitudinarias como el concierto Tokín contra el Toque celebrado el sábado 11 de agosto de 2007 en la Plaza del Monumento a Juárez. Se trata de un llamado a recuperar espacio público para la práctica del ocio que la ciudadanía entiende como derecho, pues es un lugar de placer y de integración comunitaria y no un campo de guerra como los criminales y las fuerzas del gobierno quisieran.

Además del toque de queda, se pueden asociar a iniciativas de una moral conservadora la criminalización del graffiti y el uso de estupefacientes, así como la intolerancia ante la diversidad sexual. Es constante en esta visión moral equiparar crímenes con prácticas de placer y expresiones culturales. En vista de que buena parte de las disposiciones oficiales de todos los órdenes de gobierno acusan una gran influencia de la visión moral para la definición de sus políticas públicas, se hace necesario un discernimiento entre aquellos problemas que requieren un tratamiento judicial, como son los casos de robo, secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio, de los que requieren políticas de prevención y recuperación como atención profesional a las adicciones, mejoramiento del sistema educativo y promoción de actividades económicas que ofrezcan opciones de empleo.

Henry A. Giroux en su The Abandoned Generation: Democracy Beyond the Culture of Fear, nos hace ver que desde el absoluto moral y el fervor religioso no puede entenderse ni ser abordado el problema del terrorismo. Si hacemos un parangón entre la lucha contra el terrorismo y la que emprende el gobierno mexicano contra el narcotráfico, podemos observar que las disposiciones oficiales que se implementan para fortalecer la seguridad resultan ser también una negativa a entender el problema. La absoluta criminalización de los sujetos que no se conforman al modelo de ciudadano deseable para la posición conservadora dominante, nos sugiere que al mantenerse la criminalización de las culturas juveniles se pretende extinguir las prácticas ciudadanas que no se ajusten al modelo neoliberal católico. La obsesión por defender una moral absoluta promovida desde las instituciones religiosas demarca una zona del mal a la cual exterminar para constituir un estado no sin violencia, sino basado en una agresión reiterada contra las diferencias.

* Artículo publicado en Nexos en línea, 01 - 06 - 2010

**Héctor Domínguez Ruvalcaba. Profesor investigador en literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin. Es autor de La modernidad abyecta. Formación del discurso homosexual en Latinoamérica y Modernity and the Nation in Mexican Representations of Masculinity: from Sensuality to Bloodshed.

Este trabajo es parte del proyecto de investigación Género, violencia y diversidad cultural auspiciado por CONACyT, UAM, CIESAS y la Universidad de Texas en Austin. Agradezco a todos los miembros del proyecto por su valioso apoyo, especialmente a Patricia Ravelo, mi principal interlocutora en asuntos fronterizos.

[1] José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad, Colegio de la Frontera Norte-Casa Juan Pablos, Tijuana-Cd. de México, 2009, p. 20.

[2] Ibídem, p. 136.

[3] Miroslava Velducea Breach y Rubén Villalpando, "Chihuahua: más de 300 asesinatos en enero; exigen parar campañas", en La Jornada, 2 de febrero de 2010.

[4] Georgina Canizales Martínez y Cheryl Howard, "Mortalidad por homicidio, una revisión comparativa en los municipios de Tijuana y Juárez, 1985-1997", en Héctor Domínguez Ruvalcaba y Patricia Ravelo (eds.), Entre las duras aristas de las armas. Violencia y victimización en Ciudad Juárez, CIESAS, México, 2006, p. 98)

[5] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[6] Alberto Vieyra Gómez, "Colosal irresponsabilidad de Calderón", Agencia Mexicana de Noticias.

[7] Claudia Herrera Beltrán, "Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados", La Jornada, 12 de febrero de 2010.

[8] Patricia Dávila, "Narcotráfico/Ciudad Juárez, el exterminio", Proceso, núm. 1716, 20 de septiembre de 2009.

[9] "Testigo narra la masacre del Bar Seven en Cd. Juárez", video del noticiario del Canal 44 subido el 18 de agosto de 2009. http://www.metatube.com/en/videos/21980/Testigo-narra-la-masacre-del-Bar-Seven-en-Cd-Juarez/

[10] Loera Cruz, "Caen 5 supuestos responsables de masacres en centros de rehabilitación", El Fronterizo, 25 de noviembre de 2009.

[11] Frases de los sobrevivientes de la masacre, correo reenviado por Efraín Rodríguez el 6 de febrero de 2010.

[12] Juan P. Becerra Acosta, "La confusión de Ciudad Juárez (y de México)", en http://alertaperiodistica.com.mx/la-confusin-de-ciudad-jurez-y-de-mxico.html

[13] Entrevista realizada por Patricia Ravelo y Héctor Domínguez el 27 de febrero de 2010.

[14] José Manuel Valenzuela Arce, op. cit., p. 453.

[15] "Entrevista con vecino de colonia Villas de Salvárcar, parte 1", http://www.youtube.com/watch?v=mtbJwCL-W5Q

[16] Emilio Gutiérrez de Alba, El espíritu de El Toques, Ediciones Azar, Chihuahua, 2001, pp. 230-232.

  Héctor Domínguez Ruvalcaba**

 

 

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