Economía y Sociedad

Acoso sexual: el caso Otálora y los muchos de cada día

Catalina Ruiz NavarroNo importa si hubo o si no hubo amor, si hubo o no hubo coqueteos, y si la relación fue o no fue consentida. Había desigualdad de poder y por lo mismo se violaron la ética y la ley. Es un mal arraigado en la cultura y común entre personas respetables.     

Catalina Ruiz Navarro*

El abogado Jorge Armando Otálora renunció a su cargo de Defensor del Pueblo.

Denuncia y renuncia

En la edición del 23 de enero el columnista de Semana Daniel Coronell dio a conocer los cargos por acoso sexual de la abogada Astrid Cristancho, exsecretaria de la Defensoría del Pueblo, contra el defensor Jorge Armando Otálora. Coronell mostró mensajes de chat donde se ve muestra un pene que supuestamente pertenece al defensor, así como otros donde el servidor público invita a la funcionaria a visitarlo en su casa En una edición anterior, el columnista había divulgado las acusaciones por acoso laboral.

Al día siguiente Otálora dio una entrevista a Vanessa de La Torre de Caracol Noticias donde admitió que tener una relación con una subalterna “no está bien”, añadiendo que “si esa es una gran equivocación ofrezco las excusas; pero es que uno no escoge de quién enamorarse”.

Varios medios aprovecharon luego el hecho de que Cristancho había sido reina de belleza y, de una manera muy sexista, hicieron de este detalle lo más importante de su biografía. La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. No faltó quien dijera que las acusaciones eran mentiras de Cristancho o que respondían a una agenda política o a un intento de sacar beneficio personal.

La imagen que estos medios divulgaron fue la de una belleza que explicaba y hasta excusaba los avances de su jefe. 

La opinión pública comenzó entonces a discutir si ella le había o no le había coqueteado y si Otálora decía la verdad al declarar que habían tenido una relación sentimental. Estas teorías apelan al argumento de que el daño es menor si hubo una “provocación” por parte de la mujer o si la relación había sido consensuada.

Como el defensor no tiene un jefe que lo pueda remover de su cargo, las únicas dos opciones eran la renuncia o un proceso penal (que tomaría más de ocho meses). El período de Otálora concluía en septiembre de este año y por eso cualquier sanción habría tenido un mínimo efecto simbólico.

Afortunadamente, desde que se supo la noticia, las organizaciones de mujeres iniciaron  una campaña para pedir la renuncia de Otálora, para que la Procuraduría lo suspendiera y para instaurar una denuncia penal en su contra. Ahora, el movimiento de mujeres acompaña a Astrid Cristancho en todas las acciones penales que quiera realizar.

Varios periodistas, columnistas, líderes de opinión, congresistas y organizaciones de derechos humanos también pidieron la renuncia del defensor, y las redes sociales se movilizaron en apoyo a Cristancho.

El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
El Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría
del Pueblo, Luis Manuel Castro y Jorge Armando Otalora, exdefensor del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo

El defensor delegado para Asuntos Constitucionales, Luis Manuel Castro, presentó una carta de renuncia donde argumentaba con claridad por qué debía renunciar Otálora: por qué no podía arriesgar la integridad de la Defensoría quedándose en el cargo y haciendo caso omiso a acusaciones tan graves. Además del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Finalmente, el miércoles 27 de enero renunció el defensor. En la mañana del jueves, el procurador dijo que lo suspendía del cargo por investigación disciplinaria. Cristancho radicó su denuncia penal y hoy Otálora también es investigado por la Fiscalía.

Ahora el presidente Santos debe presentar una terna para escoger a quien ocupe el cargo hasta septiembre. Varios grupos de derechos humanos y líderes de opinión han pedido que esta terna esté compuesta por mujeres como compensación simbólica y ya suenan nombres como el de Olga Lucía Gaitán, destacada abogada que conoce muy bien la Defensoría y tiene una excelente trayectoria en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género.

La renuncia del defensor del Pueblo es sin duda un logro de los grupos feministas que han puesto de relieve el tema del acoso sexual, así como de una robusta ciudadanía que logró organizarse para presionar la salida del denunciado. Es el momento de aprovechar esta movilización para fortalecer la muy necesaria práctica de veeduría ciudadana sobre nuestros servidores públicos.

Ley y cultura

El delito de acoso sexual es relativamente nuevo en Colombia. La Ley 1257 de 2008 adoptó el artículo 210A del Código Penal donde se tipifica este delito como una forma de violencia y se sanciona con pena de uno a tres años de cárcel si entre el agresor y la víctima mediaba una relación de poder.

Pero ya en aquel año las principales críticas a la ley decían que era “difícil” trazar una línea entre un “coqueteo inocente” o “verdaderas intenciones románticas” y el acoso sexual. La respuesta a esta crítica consistió en señalar que en las relaciones donde hay desigualdad quien tiene más poder – vale decir el jefe, el profesor, el adulto, es responsable legal y penalmente. El poderoso tiene más responsabilidad precisamente porque se supone que tiene más madurez y, sobre todo, porque está en completa libertad para decir que no.

Sin duda la sexualidad humana es muy compleja y las leyes siempre se quedarán cortas ante sus matices. Podemos pensar en un caso hipotético donde el que jefe y el subalterno tienen una relación consentida y donde nada sale mal. Pero incluso en este caso hipotético hay una desigualdad porque el subalterno no tiene plena libertad para decirles no a los pedidos de su jefe. Esta desigualdad hace que una de las partes no pueda dar pleno consentimiento.

Es lo mismo que ocurre en las relaciones entre mayores y menores de edad: no podemos saber si una niña de 13 años realmente está ya “muy grandecita” para decidir, pues no tenemos cómo evaluar sus habilidades para calcular el riesgo sin re-victimizarla. Por eso se supone que los y las jóvenes menores de 14 años no tienen la experiencia ni las herramientas para tomar libremente la decisión de tener una relación sexual con un mayor de edad.

Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Manifestación en contra  de la  violencia sexual.
Foto: MARCHA PATRIÓTICA

Otro clásico caso de desigualdad de poder son las relaciones entre profesores y alumnos. Supongamos una relación entre una profesora universitaria y su alumna, y supongamos que ambas mujeres son mayores de edad. Sin embargo, la profesora tiene poder sobre la alumna porque es su figura de autoridad real y simbólica, y mientras sea su profesora puede reprobarla, lo cual tendrá graves consecuencias sobre la vida de la alumna. Ahora, una vez pasadas las calificaciones escolares, la relación seguiría implicando una desigualdad (seguro que la alumna se deslumbra con todo lo que su pareja dice) pero ya una no tiene poder tangible sobre la otra. Además, si el amor es irremediable, sin duda puede esperar hasta el final del semestre.

Decir estas cosas es muy incómodo porque las relaciones jefe-subalterno, profesor-alumno y hasta adulto-niño son cosas de todos los días en nuestra cultura y están naturalizadas. Yo conozco un sinnúmero de relaciones así; unas han acabado bien y otras mal, pero ninguna ha sido éticamente correcta. No pienso que las personas que ostentaron el poder en estas relaciones sean malvadas, pero relajaron sus estándares éticos aprovechando una situación socialmente aceptada.

El costo del acoso

Se estima que cada 75 minutos hay una denuncia por acoso sexual en el trabajo, pero, para variar, esto corresponde a un sub-registro pues las víctimas generalmente no denuncian por miedo a perder su puesto y optan por soluciones insuficientes, como la reubicación.

Es importante señalar que los y las denunciantes quedan marcados, difícilmente encontrarán otro trabajo pues serán vistos como “problemáticos” y tendrán que exponerse a la re-victimización, al repudio social y al cuestionamiento público sobre sus vidas privadas. Quienes dicen que las denuncias falsas son comunes no tienen en cuenta el alto costo que implica hacer una denuncia como esta.

Del conflicto ético que significa que un presunto acosador sexual y laboral tenga el cargo más alto de defensa de los derechos humanos 

La ley no resolverá el problema del acoso sexual mientras este siga siendo visto como una indiscreción menor. En las culturas patriarcales se supone que quien tiene poder también posee a las personas sobre las cuales lo ejerce. El patriarcado es un sistema que hace pensar a quienes tienen el poder (usualmente los hombres) que todo lo que está a su alrededor, desde personas hasta recursos naturales, están para él. El jefe que acosa sexualmente lo hace bajo la premisa de que sus empleados o empleadas están para su satisfacción, y con la impunidad que da todo un sistema que promueve estos comportamientos.

Nuestra cultura patriarcal ha restringido a las mujeres a los espacios privados, y cuando pasamos de la esfera de lo privado a lo público con frecuencia somos agredidas por transgredir el lugar que nos fue asignado. La más común y poderosa de estas agresiones es el acoso sexual, que desde siempre ha mantenido a las mujeres caminando por estrechos senderos delimitados por líneas invisibles.

Pero en el momento en que hacemos comentarios sexuales sobre el cuerpo de un compañero de trabajo, jefe o subalterno, los estamos desautorizando como trabajadores y reduciéndolos a objetos sexuales. Por eso, cambiar una cultura que naturaliza el acoso sexual pasa por reconocernos a las mujeres como personas y como trabajadoras cuyo valor depende de sus méritos y no de las aptitudes decorativas del cuerpo.

Afortunadamente, las denuncias de Cristancho marcan un hito y a partir de la renuncia de Otálora el acoso sexual empezó a tener un costo real en Colombia.

 

* Feminista caribe-colombiana. Columnista de El Espectador y El Heraldo en Colombia y de Sin Embargo en México. Co-conductora de Estereotipas.com. Filósofa y Artista Visual de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Literatura de la Universidad de Los Andes.

@Catalinapordios

 

 

Economía y Sociedad

La misión posible para el silencio de las armas

Ricardo GarciaLa verificación internacional del cese de hostilidades le sirve mucho a las FARC y le sirve a Colombia, pero además le sirve al Consejo de Seguridad de la ONU, que así endereza el camino después de varias intervenciones desastrosas en el mundo.

Ricardo García Duarte*

rodolfo garcia consejo seguridad cumbre celac

La resolución

La CELAC, la comunidad que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe, le dio en su IV Cumbre un respaldo sonoro a la verificación internacional en un eventual alto al fuego en Colombia. Este fue un apoyo claro, fuerte y hasta entusiasta, a juzgar por las imágenes de un presidente Rafael Correa de Ecuador, el anfitrión, acogiendo con su abrazo cálido a Juan Manuel Santos.

Dos días antes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había atendido favorablemente una solicitud del gobierno colombiano para asumir la verificación del desarme de las FARC. El Consejo respondió casi inmediatamente mediante la Resolución 2261 de 2016, con la cual creó una misión especial para tales fines.

El Consejo tomó la decisión con contundencia, como se puede ver por la unanimidad del voto de sus miembros. El organismo no se dio ningún margen para modificar los términos del compromiso pedido, así que este será invariablemente de carácter civil y tripartito, no incluirá personal militar y reunirá la voluntad de las dos partes en conflicto, junto con los delegados de la organización internacional.

Además, incorporará el concurso de los países latinoamericanos que sean escogidos por la propia ONU, y tendrá no solo la tarea de verificación en el sentido, digamos negativo, de control y de denuncia, sino de monitoreo y asesoría en los términos proactivos de indicar alertas y recomendaciones.

Este sentido razonable, ajeno a toda injerencia indebida, demuestra un consenso generalizado entre los actores internacionales a favor de una paz negociada en Colombia. Este apoyo ya se había mostrado en el pasado, pero ahora la reiteración unánime y desde arriba deja clara la voluntad explícita de contribuir a un acuerdo final en un conflicto interno prolongado, alimentado por causas sociales reales y precipitado por estrategias insensatas.

Diplomacia y verificación

No olvidemos que la petición fue tramitada después de un previo acuerdo entre el gobierno y las FARC, una circunstancia que sin duda facilitó las cosas, además de representar una apuesta de buen jugador, sobre todo por parte de la guerrilla.

Con esta decisión la guerrilla se decidió por el lance y dejó a un lado su inclinación retrechera frente a los grandes poderes. Así, sin costo alguno ha conseguido a cambio un canal de interlocución legítimo frente a ellos. Y no se descarta que como coletazo de esta acción reciba también la buena nueva de que Estados Unidos la excluya de su lista de grupos terroristas.

En este caso, el Consejo de Seguridad, la instancia que tiene en sus manos los temas de seguridad en el mundo (y que se paraliza a menudo por el ejercicio de veto entre sus miembros permanentes), se decide a prestar sin sesgos sus buenos oficios en un escenario sin los altos riesgos de efectos colaterales, como los que se dieron con la intervención armada de algunos de sus miembros en Libia.

El Consejo tampoco va a tropezar con las dificultades insuperables, incluso sangrientas, con las que se encontraron sus cascos azules en Somalia, ni con el escollo de su desapacible ineficacia, comprobada en numerosos conflictos nunca bien resueltos.

Esta positiva recepción unánime, incluida la de la CELAC, parece respirar el aire de los tiempos, al menos una parte del aire en la inasible complejidad del mundo actual. Este no es el ambiente irrespirable de Siria, de Palestina o de los terrorismos fundamentalistas. En cambio, es el espacio de las soluciones diplomáticas, como aquella que tuvo lugar entre las potencias 5+1 con Irán, o como el deshielo entre Estados Unidos y Cuba.

En el caso colombiano, las acciones de la ONU están sintonizadas con la elaboración ideológica y diplomática que quiso presentar Obama en su último discurso sobre el estado de la Unión, donde presentó como elementos de la seguridad de una superpotencia no solo las amenazas sino también la dimensión moral de las conductas internacionales y la solución negociada de los conflictos.

Esta postura desestabiliza cualquier concepción estrecha que sobre la seguridad puedan tener, por ejemplo, los republicanos en Estados Unidos o, aquí, los uribistas, y en todas partes los halcones de distinta laya.

En la práctica, la voluntad de las partes sobre el mecanismo de verificación, y la recepción positiva del Consejo y de la CELAC no son más que las manifestaciones políticas del avance de los acuerdos y, sobre todo, de la confianza que ha nacido entre las partes por el des-escalamiento real sobre el terreno.

Cerrando los escapes

Las partes han traspasado un umbral especial entre los varios que están cruzando: el umbral que hace parpadear las luces para que ambos contendientes empiecen por igual a autoinhibirse; para que comiencen a cerrar conscientemente las puertas de escape de la guerra.

Pero en este caso lo hacen invitando a un tercero para que se las ayude a cerrar. Y lo hacen como un Ulises que incita a que lo aten a las velas de su barco para no sucumbir ante los cantos de sirena, en este caso los cantos de la guerra. Cada negociación, sobre todo entre guerreros, está hecha de mil fugas, de cientos de escapes. La eficacia de una negociación consiste en cerrar progresivamente las tentativas de fuga, los túneles de escape.

El hecho de traer a terceros de peso para la supervisión de un cese del fuego y de las hostilidades es la aceptación compartida de que las Fuerzas Armadas y la guerrilla quedan en una situación total de inhibición ante toda suerte de provocaciones.

Con este apoyo el camino para el acuerdo definitivo tendrá muchísimos menos huecos de fuga hacia la guerra. No desaparecerán del todo, pero casi.

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

Economía y Sociedad

Del Chikunguña al Zika: equivocaciones que enseñan

Oscar AndiaA diferencia de la campaña de tranquilidad que hace un año desplegó el gobierno ante la chikunguña, ahora ha asumido una acertada posición de alerta ante el brote de zika. Cómo estamos en Colombia y qué puede hacer usted para cuidarse.

Óscar Andia*

El Presidente Juan Manuel Santos junto al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

Lecciones aprendidas

Un artículo de la revista Semana de julio de 2015 titulado "Nadie se muere de Chikunguña" muestra al presidente Santos, rodeado del ministro Gaviria y el viceministro Ruiz, tratando de enviar un mensaje de tranquilidad sobre el desarrollo de la fase epidémica del chikunguña.

Hoy Colombia se encuentra ante una etapa similar ante la epidemia de zika y –aunque los ABC del Ministerio de Salud sobre Chikunguña y Zika siguen negando casos mortales- ya nadie niega la posibilidad de desenlaces fatales atribuibles a ambos virus. La circular 004 del  13 de enero de este año reconoce ese hecho y el ministro Gaviria, en entrevista para El Espectador muestra su preocupación por la gravedad de la situación. Hasta la fecha se reportaron 470.658 casos de Chikunguña y se estima que el Zika superará esa cifra en cantidad y gravedad.

Hoy el ministro ya no pierde tiempo negando la evidencia. Tal como puede verse en la rueda de prensa del 21 de enero, ahora se esfuerza en enviar mensajes correctos sobre prevención y manejo de la nueva epidemia. El ministro subraya su recomendación de evitar embarazos en zonas de alto riesgo, buscando neutralizar las críticas que recibió y mostrando la visión epidemiológica relacionada con defectos congénitos y enfermedades neurológicas atribuibles al virus del Zika, al tiempo que expresa respeto por los derechos y libertades de las madres gestantes.

Los municipios más afectados

Fotografía del virus del Zika.

Fotografía del virus del Zika.
Foto: Wikimedia Commons

Según el boletín del Instituto Nacional de Salud (INS) correspondiente a la segunda semana epidemiológica de 2016, en Colombia se reportaron 16.419 casos relacionados con el Zika, de los cuales 798 fueron confirmados por laboratorio, 13.010 se consideran “confirmados por clínica” y 2.611 se registraron como “sospechosos”.

  • Cúcuta (Norte de Santander) aparece con el mayor número de reportes (2.469 casos), de los cuales 128 fueron confirmados por laboratorio (CL) y 2.341 diagnosticados por manifestaciones clínicas (DC).
  • En el mismo departamento, Los Patios reportó 298 casos sospechosos (CS), Villa del Rosario con 132 casos (4 CL y 126 DC) y El Zulia 122 casos (46 CL y 76 DC) ¿Esto sugiere que el virus pudo haber ingresado por la frontera con Venezuela? En algún momento el INS tendrá que explicar este fenómeno.

Con más de 1.000 casos aparecen también:

  • Barranquilla, con 1.633 (7 CL y 1.626 DC),
  • Girardot (Cundinamarca), con 1.461 casos (21 CL y 1.440 DC),
  • Neiva (Huila), con 1.240 (4 CL y 1.236 DC) y
  • Santa Marta D.E., con 1.121 (13 CL y 1.108 DC).

Con menos de 1.000 casos están:  

  • Cartagena –supuesta puerta de entrada del virus- con 695 (53 CL y 642 DC),
  • Montería (Córdoba), con 661 (5 CL y 656 DC)
  • San Andrés, con 653 (51 CL y 602 DC),
  • Sincelejo (Sucre), con 535 (22 CL y 513 DC).

Con menos de 500 casos están:  

  • Soledad (Atlántico), con 402 (todos CS),
  • Turbaco (Bolívar), con 273 (58 CL y 215 (DC),
  • Espinal (Tolima), con 251 (4 CL y 247 DC),
  • Ibagué (Tolima), con 249 (9 CL y 240 DC),
  • Flandes (Tolima), con 190 (18 CL y 172 DC),
  • Ciénaga (Magdalena), con 189 (todos CS),
  • Aguachica (Cesar), con 127 (5 CL y 122 DC) y
  • Aipe (Huila), con 103 (todos CS).

Finalmente:

  • 10 municipios reportaron menos de 99 casos,
  • 88 municipios entre 49 y 10 casos,
  • 126 entre 9 y 2 casos y
  • 194 municipios solo 1 o 2 casos.
  • Los demás 740 municipios no reportaron ningún caso.

Según el boletín de la tercera semana epidemiológica (hasta el 23 de enero), los casos reportados pasaron a 20.297, de los cuales 1.050 fueron confirmados por laboratorio, entre los cuales 17.115 se consideran “confirmados por clínica” y 2.132 se registraron como “sospechosos”.

Las entidades territoriales más afectadas son:

  • Norte de Santander (4.085),
  • Cundinamarca (2.246),
  • Huila (2.075),
  • Barranquilla (1.946),
  • Tolima (1.493)
  • Santa Marta D.E. (1.198)
  • y Córdoba (1.138).

Cartagena aparece en undécimo lugar, con un total de 720 casos, pese a la afirmación del viceministro Ruiz Gómez quien sugirió que: “Un turista extranjero infectado habría sido picado por el mosquito al que le transmitió el virus y este inició la cadena de infección en la capital del Bolívar”.

¿Todo el país en alerta?  

oscar andia virus zika aedes aegypti
Mosquito Aedes Aegyypti, más conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, es reconocido por
transmitir además las enfermedades del Chikungunya y el Zika.
Foto:Wikimedia Commons

El 15 de enero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron alerta “Nivel 2. Intensifique las precauciones” para viajeros con destino a Colombia y a otros 13 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde se confirmaron casos de contagio con el virus del Zika.

La reacción de Colombia fue más razonable: dado que la evidencia disponible dice que este virus se transmite mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti o Aedes albopictus (que viven hasta los 2.200 msnm), emitió recomendaciones similares -pero focalizadas- para esas zonas y pasó a “Nivel 3. Advertencia: Evite todos los viajes no esenciales a este destino” a gestantes y pacientes de alto riesgo.

En efecto, la Circular 004 de 2016 rectifica la Circular MSPS-INS No. 061 del 24 de diciembre de 2015 y las Circulares Externas del INS No.063 y No.064 del 15 de diciembre de 2015, para definir el procedimiento bajo el cual se debe realizar la notificación de mujeres en estado de embarazo con sospecha o confirmación (clínica o por laboratorio) de enfermedad. Además se llama a intensificar las acciones para detectar posibles casos de defectos congénitos y síndromes neurológicos con fuerte sospecha de relación con la enfermedad.

Algunos medios dijeron que la epidemia de zika “está tomando un giro espantoso”. Los CDC de Estados Unidos dijeron que pasaron a alerta nivel 2 “en respuesta a reportes en Brasil de microcefalia y otros problemas que afectan a bebés de madres infectadas por el virus del Zika”. Y el ministro Gaviria advirtió que “debemos estar preparados porque inevitablemente habrá casos de microcefalia y de Guillain-Barré en el país”. Sin embargo, aún hay dudas.

Algunas notas periodísticas recientes dijeron que la Organización Panamericana de la Salud confirmó la presencia del Zika en 22 países del continente americano y que Brasil anunció la participación de más de 200 mil militares en la lucha contra el virus que produjo cerca de 4.000 casos de microcefalia.

Sin embargo el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Gregory A. Hart, afirmó en Blu Radio que: “hoy en día no hay ningún estudio que pruebe que sí existe una relación entre el virus y estas otras enfermedades neurológicas y degenerativas”, y que la OMS tardará entre seis y nueve meses para establecer la relación real del virus Zika con la microcefalia o el síndrome del Guillain-Barré.

Entonces, ¿están exagerando países como Brasil y Colombia o está la OMS siendo poco objetiva, como sucedió en la fase inicial de la epidemia de Ébola?

Ante semejante incertidumbre, Colombia parece haber elegido pecar por exceso y no por falta. Por eso las medidas focalizadas que plantea buscan evitar el riego de malformaciones y complicaciones neurológicas graves, para las cuales prácticamente no existe tratamiento que no sea paliativo.

¿Manejo “a la colombiana?

Desde el 21 de enero pasado existe un Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Enfermedad por Virus Zika donde se reúnen las principales medidas incluidas en las circulares 063 y 064 de 2015, y 002 y 004 de 2016.

El protocolo resume el comportamiento mundial, regional y nacional de la enfermedad, muestra escenarios epidemiológicos, definiciones de caso, muerte asociada, estrategias y herramientas de vigilancia, definición de fuentes, análisis de casos, periodicidad de reportes, flujo de información, notificación de eventos, diagnóstico por laboratorio, vigilancia rutinaria, vigilancia en grupos de riesgo y mortalidades, etc.

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deben convertirse en Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Las notificaciones de las UPGD son agregadas por las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) y estas, por las Unidades Notificadoras Departamentales y Distritales (UND).

Las Fichas de Notificación están disponibles en la página del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y semanalmente la información es analizada por el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) para orientar las acciones de promoción, prevención, atención y gestión de contingencias, a nivel municipal, departamental y nacional.

Este análisis permite a los municipios focalizar las acciones en los barrios, y a los departamentos hacerlo en los municipios. Además, identifica oportunamente cualquier cambio en los patrones de la enfermedad. A nivel nacional, el INS publica información oficial a través del Boletín Epidemiológico Semanal.

Cuídese del Zika y otras enfermedades

Si alguien que estuvo (hasta 15 días antes) en zonas a 2.200 msnm o menos, y presenta fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis y/o dolor o inflamación, debe consultar con su médico. El siguiente resumen puede orientar sobre las principales posibilidades diagnósticas:

Signos y síntomas

ZIKA

Chikunguña

Dengue

DengueHemo

Fiebre, generalmente persistente

+ + +

+ + +

+ + +

+ + + +

Conjuntivitis

+ + +

+

0

0

Rash máculopapular (brote)

+ + +

+ +

+ +

+ + +

Dolores musculares y/o articulares

+ +

+ + + +

+ + +

+ + + +

Edema en extremidades

+ +

0

0

0

Linfoadenopatías (ganglios)

+

+ +

+ +

+ +

Dolor retro-orbital (dolor ojos)

+ +

+

+ +

+ +

Hepatomegalia

0

+ + +

0

0

Leucopenia (disminución leucocitos)

0

+ + +

+ +

+ + +

Trombocitopenia y hemorragia

0

0

0

+

 

Esta tabla no es oficial. Aunque está basada en el cuadro N° 1 de la circular 043 de 2015, tiene modificaciones que buscan ayudarle a diferenciar las tres enfermedades transmitidas por Aedes aegypti o Albopictus. Sin embargo, como siempre, no dude en consultar con su médico.

 

 Pudo haber ocurrido en Colombia: magnífica crónica de periodismo de investigación que narra la verdadera historia de una víctima que no era siquiera consciente de serlo. ¿Hasta dónde hay que buscar la verdad? ¿Por cuánto tiempo?

 

Guatemala_Tranquilino
Tranquilino Castañeda un campesino en Dos Erres y que por casi treinta años, pensó que los militares habían asesinado a su esposa y a sus nueve hijos

 

Sebastián Rotella, ProPublica, y
Ana Arana, Fundación MEPI

Con reportes por
Habiba Nosheen,
especial para ProPublica, y
Brian Reed, This American Life

Investigación realizada por la Fundación de Periodismo de Investigación –MEPI–

Tecnológico de Monterrey y publicada en Colombia por Razón Pública y que será reproducida en ProPublica, el portal de investigación periodística ganadora del Pulitzer.  


Capítulo 1: “Usted no me conoce”

La llamada de Guatemala puso a Óscar en guardia.

 

“Unos fiscales vinieron a buscarte”, le dijeron familiares de su pueblo. “Son gente influyente de Ciudad de Guatemala. Quieren hablar contigo”.

 

Óscar Alfredo Ramírez Castañeda tenía mucho que perder. A pesar de que vivía sin documentos en los Estados Unidos, a sus 31 años había logrado crear una vida estable. Tenía dos empleos a tiempo completo para mantener a sus tres hijos y a su mujer, Nidia. Se habían establecido en una casa pequeña pero alegre en Framingham, un barrio obrero de Boston.

Óscar generalmente se esforzaba por mantenerse lejos de las autoridades. Sin embargo, llamó a la fiscal de Ciudad de Guatemala. Ella le dijo que quería hablar de un tema delicado sobre su niñez y de una masacre ocurrida durante la guerra civil de Guatemala. Prometió explicarlo todo en un correo electrónico.

Días después, Óscar se sentó frente a su computadora en su sala repleta de juguetes, trofeos de escuela, fotos de familia, un crucifijo y recuerdos de su país. Había llegado a casa tarde, después del trabajo, como siempre. Nidia, con siete meses de embarazo, descansaba en un sillón cercano. Los niños dormían arriba.

Los ojos verdes de Óscar miraron la pantalla. El correo había llegado. Respiró profundo y dio clic.

“Usted no me conoce”, empezaba.

 

La fiscal decía que estaba investigando un episodio violento de la guerra, un caso que la había afectado profundamente. En 1982, una patrulla de comandos especiales había asaltado el pueblo de Dos Erres y había masacrado a más de 250 hombres, mujeres y niños.

 

Si las sospechas de la fiscal eran correctas, Óscar no sabía quién era. No era el hijo de un honorable soldado. Era la víctima de un secuestro, un trofeo de batalla, la prueba viviente de una masacre. 

Dos niños pequeños que sobrevivieron fueron robados por los comandos. Veintinueve años después, quince desde que la fiscalía había empezado su búsqueda de los asesinos, la fiscal había llegado a la conclusión de que Óscar era uno de los niños secuestrados.

“Yo tengo conocimiento que usted fue muy querido y bien tratado por la familia con quienes se crió”, escribió la fiscal. “Yo espero que todo esto que le estoy contando usted tenga la suficiente madurez para asimilarlo de una manera adecuada, yo lo hago de su conocimiento en base al derecho a saber la verdad que tienen todas las personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.”

 

“El punto Oscar Alfredo es que usted aunque no lo sabía, fue una víctima de ese triste hecho que le comento, al igual que ese otro niño que le cuento que encontramos, así como los familiares de las personas que fallecieron en ese lugar”.

Para entonces, Nidia leía por encima de su hombro. La fiscal dijo que podía acordar una prueba de ADN para confirmar su teoría. Le ofreció un incentivo: ayudar a Óscar con su proceso migratorio en los Estados Unidos.

“Esta es una decisión que usted debe tomar”, escribió.

Óscar repasó imágenes de su niñez rápidamente en su cabeza. Se esforzó por relacionar las palabras de la fiscal con sus propios recuerdos. No conoció a su madre, tampoco su padre, quien nunca se casó. El teniente Óscar Ovidio Ramírez Ramos había muerto en un accidente cuando él apenas tenía cuatro años. La abuela de Óscar y sus tías lo habían criado inculcándole un profundo respeto hacia su progenitor.

Según la familia, el teniente había sido un héroe. Se graduó como el primero en su clase, se convirtió en un soldado de élite y había ganado medallas en combate. Óscar atesoraba la boina militar roja y su añejo álbum de fotos. Le gustaba hojear las imágenes que mostraban a un oficial fornido de sonrisa joven, en un tanque, cargando la bandera.

El sobrenombre del teniente era un diminutivo de Óscar: Cocorico. Y Óscar se llamaba a sí mismo, “Cocorico Dos”.

Si las sospechas de la fiscal eran correctas, Óscar no sabía quien era. No era el hijo de un honorable soldado. Era la víctima de un secuestro, un trofeo de batalla, la prueba viviente de una masacre.

A pesar de lo abrumador de la revelación, Óscar tuvo que admitir que no era del todo una sorpresa. Diez años antes, alguien le había enviado un artículo de un periódico guatemalteco sobre Dos Erres. Mencionaba su nombre y el supuesto rapto. Pero su familia en Guatemala lo había convencido de que la idea era descabellada, un mero invento de la izquierda.

Lejos de la cruda realidad de Guatemala, Óscar decidió olvidarse de la historia. El país que había dejado detrás era uno de los más desesperados y violentos en todo el continente americano. Alrededor de 200 mil personas murieron en la guerra civil que terminó en 1996. Los militares, acusados de genocidio, todavía conservaban mucho poder.

Ahora, el caso estaba arrastrando a Óscar dentro de la lucha que Guatemala libraba al enfrentarse con su pasado trágico. Si se realizaba la prueba de ADN y los resultados eran positivos, su vida se transformaría de manera peligrosa. Se convertiría en una evidencia de carne y hueso en la búsqueda de justicia para las víctimas de Dos Erres. Tendría que aceptar que su identidad, su vida entera, había estado basada en una mentira. Además, se convertiría en un posible objetivo de las fuerzas poderosas que buscaban mantener enterrados los secretos de Guatemala.

Los guatemaltecos se encontraban en un dilema similar. Estaban divididos acerca de como castigar los crímenes del pasado en una sociedad rebasada por la impunidad. Los asesinos y torturadores uniformados de los ochenta habían contribuido a crear las mafias, la corrupción y el crimen que azotaban a los pequeños países de Centroamérica. La investigación de Dos Erres era parte de la batalla contra la impunidad, de la lucha por un mejor futuro. Pero las pequeñas victorias tenían grandes costos potenciales: represalias y conflictos políticos.

Al igual que su país, Óscar tenía que elegir si quería enfrentar una verdad dolorosa.

Capítulo 2: “No somos perros para que nos maten”

El otoño de 1982 fue tenso en Petén, una región al norte de Guatemala, cerca de México.

Las tropas militares en la zona combatían al grupo guerrillero conocido como las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). La campaña de contrainsurgencia alrededor de la nación era metódica y brutal. El dictador Efraín Ríos Montt, un general que había tomado el poder después de un Golpe de Estado en marzo, arrasaba con poblados rurales sospechosos de alojar y proteger a los rebeldes.

Aunque habían ocurrido enfrentamientos cerca de Dos Erres, la aldea estaba escondida en un área remota y selvática y era relativamente tranquila. Había sido fundada apenas cuatro años antes, mediante un programa de reparto agrario del gobierno. A diferencia de las áreas donde los rebeldes reclutaban agresivamente entre los indígenas del país, los habitantes de Dos Erres eran principalmente ladinos (guatemaltecos de ascendencia blanca e indígena). Las sesenta familias que vivían en este terreno muy fértil, cultivaban frijol, maíz y piñas. Los caminos no estaban pavimentados, pero había una escuela y dos iglesias, una católica y otra evangélica. El nombre del pueblo, Dos Erres, homenajeaba a sus fundadores, Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes.

 

El encargado militar de la región, el teniente Carlos Antonio Carías, pidió que los hombres de Dos Erres participaran en una patrulla de autodefensa civil armada de la base militar ubicada en el pueblo de Las Cruces, localizado a unos once kilómetros de distancia. Los hombres de Dos Erres se resistían a hacerlo, preferían ser parte de una patrulla que protegiera a su comunidad. El teniente Carías tomó a mal esta posición de los residentes. Se tornó agresivo y acusó a la gente de Dos Erres de refugiar a guerrilleros. Prohibió a los habitantes que participaran en las ceremonias de juramento a la bandera, y, como evidencia de su supuesta traición, mostró a sus superiores un costal de cosecha inscrito con las iniciales FAR, alegando que se trataba de la insignia guerrillera. En realidad, el costal pertenecía al cofundador de la aldea, Ruano, y eran sus iniciales.

 

En octubre, el ejército sufrió una humillante derrota en la cual guerrilleros mataron a un grupo de soldados y robaron alrededor de veinte rifles. A principios de diciembre, inteligencia militar indicó que las armas robadas estaban en el área de Dos Erres. El ejército envió a sus comandos especiales, los Kaibiles, a recuperar las armas y a darles a los habitantes un castigo.

Los comandos representaban la punta de lanza en una ofensiva anti-guerrillas que ya había recibido varias condenas internacionales. Kaibil significa “aquél que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres” en la lengua indígena Mam. Con un entrenamiento notoriamente duro en técnicas de supervivencia, contrainsurgencia y guerra psicológica, los Kaibiles eran considerados como las fuerzas especiales más violentos de Latinoamérica. Su lema: “Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame”.

El plan era encubrir la identidad de los invasores. El 6 de diciembre de 1982, en una base en Petén, se formó un escuadrón de veinte Kaibiles, disfrazados como guerrilleros, con camisetas verdes, pantalones de civil y brazaletes rojos. Cuarenta efectivos uniformados que les acompañarían tenían órdenes de apoyarles con un cerco de seguridad y evitar que alguien entrara o saliera. Todo lo que sucediese en Dos Erres, se responsabilizaría a la izquierda.

Las tropas salieron a las 10 p.m. en dos camiones civiles. Condujeron hasta la medianoche. Después incursionaron durante dos horas por la densa y húmeda selva. Eran guiados por un guerrillero cautivo obligado a participar en la misión.

A las afueras de la aldea, el escuadrón de ataque se desplegó como siempre: por grupos de asalto, municiones, apoyo de combate, perímetro, y mandos.

 

 

El grupo de mando tenía un operador de radio que se comunicaría durante la operación con mandos superiores situados en otros lugares. El grupo de asalto consistía en expertos en interrogación, lucha y asesinato. Incluso sus mismos compañeros en el escuadrón mantenían su distancia con los miembros de este grupo por considerarlos psicópatas.

 

Los Kaibiles escogidos para esta misión secreta eran la élite de la élite. A los 28 años, el teniente Ramírez era el más experimentado de todos.

Conocido como Cocorico o El Indio, Ramírez se había graduado como el mejor de su clase en 1975. Había ganado una beca para entrenamiento avanzado en la escuela de Lanceros en Colombia, pero se había metido en problemas por ir de fiesta y malgastar fondos. Fue suspendido del ejército por seis meses y peleó como mercenario en Nicaragua en 1978 con las fuerzas del dictador Anastasio Somoza Debayle, un aliado de los EUA. Washington reforzó el rol de Guatemala como un bastión estratégico en la lucha contra el comunismo cuando los Sandinistas derrotaron a Somoza el año siguiente. Creció el temor de que hubiera un efecto dominó en la región.

Ramírez volvió a Guatemala y se unió a una unidad de artillería. Herido y condecorado en noviembre de 1981, comenzó a participar en operaciones encubiertas contra la guerrilla, muchas veces vestido de civil. Se creó una reputación por su crueldad. Un compañero suyo lo consideraba “un criminal uniformado”.

Otros veteranos, en cambio, admiraban su habilidad en el campo de batalla y la lealtad a sus tropas. Ramírez era un hijo entregado, le enviaba mensualmente dinero a su madre, quien se quejaba frecuentemente de que el teniente seguía soltero y no le había dado un nieto.

Se convirtió en instructor en la escuela de entrenamiento Kaibil en Petén. En 1982, el régimen de Ríos Montt, cerró la escuela y creó una patrulla itinerante de instructores: tenientes, sargentos y cabos, unos hábiles combatientes. Ramírez era el subcomandante de la unidad, la cual podía desplegarse rápidamente como una fuerza de ataque en las zonas de control guerrillero.

El escuadrón invadió Dos Erres a las 2 a.m.

Los comandos derribaron puertas y sacaron a las familias de sus casas. Aunque los soldados estaban preparados para un enfrentamiento, no hubo resistencia. No encontraron ninguno de los rifles robados.

Llevaron a los hombres a la escuela, y a las mujeres y a los niños a una iglesia. La violencia comenzó antes del amanecer. César Ibáñez, uno de los soldados, escuchó los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Varios soldados vieron al teniente César Adán Rosales Batres violar a una niña de 10 años frente a su familia. Imitando a su superior, otros militares empezaron a violar a mujeres y niñas.

Al mediodía, los Kaibiles ordenaron a las mujeres de quien habían abusado que prepararan comida en una pequeña casa de rancho. Los soldados comieron en turnos de cinco. Las jóvenes lloraban mientras servían comida a Ibáñez y a los demás. De regreso a su puesto, Ibáñez vio cómo un sargento llevaba a una niña por un callejón.

El sargento le dijo que habían empezado “a vacunar”.

Los militares llevaron a las personas una por una al centro de la aldea, cerca de un pozo sin agua de 12 metros de profundidad. Favio Pinzón Jerez, el cocinero del escuadrón, y otros soldados les aseguraron que todo estaría bien. Serían vacunados. Se trataba de una medida de salud preventiva. No era nada para preocuparse.

Gilberto Jordán fue el primero en derramar sangre. Cargó a un bebé, lo llevó hasta el pozo y lo arrojó hacia su muerte. Jordán lloró cuando mató al niño. Sin embargo, con la ayuda de Manuel Pop Sun, otro soldado, siguió arrojando niños al pozo.

A los adultos les vendaron los ojos y los hicieron arrodillarse, uno a uno. Los interrogaban acerca de los rifles y los nombres de los líderes guerrilleros. Cuando los habitantes protestaban que no sabían nada, los soldados les golpeaban en la cabeza con un mazo, un martillo de metal. Luego, los arrojaban al pozo.

“¡Malditos!”, las víctimas gritaban a sus ejecutores.

“¡Hijos de la gran puta, van a morir!”, respondían los soldados.

Ibáñez tiró a una mujer al pozo. Pinzón, el cocinero, llevó allí a las victimas, junto al sub-teniente Jorge Vinicio Sosa Orantes. Cuando el pozo estaba medio lleno, un hombre que cayó encima de la pila de cadáveres pero seguía vivo, logró quitarse la venda de los ojos. Gritaba insultos a los militares.

“¡Mátenme!”, dijo.

“¡Tu madre!”, contestó Sosa.

“¡La tuya, hijo de la gran puta!”, gritó el hombre en respuesta.

Pinzón miró mientras Sosa se enfureció, le disparó al hombre y para asegurarse, lanzó una granada al interior del pozo. Unas horas más tarde, los cuerpos se desbordaban.

La masacre continuó en otras partes del pueblo. Salomé Armando Hernández, de once años, vivía en otra aldea cerca de Dos Erres. Esa mañana temprano, había viajado en caballo con su hermano de veintidós años para comprar medicina en Las Cruces. Cuando llegaron a Dos Erres alrededor de las 10 a.m. para visitar a un tío, los militares metieron a Hernández a la iglesia junto a las mujeres y los niños. A través de los tablones, vio cómo los soldados golpeaban y disparaban a la gente. Su hermano y su tío fueron asesinados.

Por la tarde, los asaltantes juntaron alrededor de cincuenta mujeres y niños y los llevaron caminando hacia las montañas. Hernández se puso al frente de la fila, sabiendo que se dirigían a su muerte. Los demás también lo sabían.

“No somos perros, para que nos maten en el monte”, dijo una mujer. “Sabemos que nos van a matar ¿por qué no lo hacen aquí mismo?”.

Un soldado se abrió paso violentamente entre los prisioneros hasta llegar a la mujer y jalarla del cabello. Hernández vio la oportunidad de escapar y huyó. El eco de los disparos sonaba tras él. Se escondió entre la maleza y escuchó.

Uno a uno, los soldados mataron a los prisioneros. Hernández escuchó los gemidos de la gente agonizando. Un niño llamaba a su mamá. Los militares ejecutaron a los pequeños con los rifles. A cada uno, un tiro. Fueron cuarenta o cincuenta disparos en total.

Al caer la noche, en el pueblo sólo quedaban cadáveres, animales y soldados. El escuadrón se resguardó esa noche en las casas abandonadas. Llovía. Hernández pudo volver al pueblo, con trabajo, tropezándose entre la oscuridad y el lodo. Pasó entre los cuerpos de sus vecinos esparcidos por las calles y caminos. Escondido entre el pasto alto, escuchó risas.

“Ya los terminamos, muchá”, dijo un militar. “Y vamos a seguir buscando.”

Hernández finalmente regresó a Las Cruces.

 

Cinco prisioneros más sobrevivieron a la matanza de los Kaibiles. Fue un golpe de suerte: Tres mujeres adolescentes y dos niños pequeños aparentemente habían logrado esconderse en algún lugar. Al ponerse el sol, fueron hacia el centro de la aldea, ya que la mayoría de los habitantes habían muerto. Los soldados los llevaron a una casa que habían convertido en el puesto de mando. Los tenientes decidieron no matar inmediatamente a los recién llegados.

La mañana del 8 de diciembre, el escuadrón se dirigió hacia las montañas selváticas, con los nuevos prisioneros. Vistieron con uniformes militares a las adolescentes. El teniente Ramírez se hizo cargo del pequeño de tres años. El panadero del escuadrón, Santos López Alonzo se llevó al niño de cinco años. Esa noche, tres oficiales arrastraron a las jóvenes entre la maleza y las violaron. A la mañana siguiente las estrangularon y las fusilaron.

 

Perdonaron las vidas de ambos niños, porque tenían piel blanca y ojos verdes, atributos bien valorados en una sociedad estratificada por divisiones raciales.

El teniente Ramírez le dijo a Pinzón y al resto que llevaría al niño más pequeño a Zacapa, su pueblo situado al este del país. Lo vestiría al estilo de la región.

 

“Como un vaquero”, dijo Ramírez. “Botas vaqueras, pantalones y una camisa”.

 

El país que había dejado detrás era uno de los más desesperados y violentos en todo el continente americano. Alrededor de 200 mil personas murieron en la guerra civil que terminó en 1996.

Días después, un helicóptero aterrizó en una llanura. Estaba ahí para recoger a Pedro Pimentel Ríos para su siguiente misión. Iba rumbo a Panamá para servir como instructor en la Escuela de las Américas, la base militar de los EUA donde se entrenaron a muchos militares latinoamericanos implicados en atrocidades. Los niños fueron subidos al helicóptero y llevados a la base Kaibil.

 

En la selva la patrulla iba a pie. Seguían las indicaciones del guerrillero guía que estaba atado a una larga cuerda, como una correa. Las provisiones ya escaseaban. Mientras se encontraban sentados alrededor de una fogata, el teniente Ramírez le dijo a un subordinado, Fredy Samayoa Tobar, que tenía ganas de comer carne.

“¿De dónde se supone que voy a sacar la carne?”, preguntó Samayoa. “Corta un pedazo de ese guía y tráemelo”, contestó Ramírez.

Samayoa tomó su bayoneta y le cortó unos treinta centímetros de la espalda al guía. Llevó el pedazo al teniente.

“Aquí está su carne”.

“Oh no, no, no, tienes que ejecutarlo, está sufriendo”, le dijo Ramírez.

El soldado mató al guía. El teniente no se comió la carne.

El comando llegó cerca del pueblo de Bethel, donde encontraron una tienda y robaron cerveza, cigarrillos y agua. Se encontraron también con unos campesinos, a los que decapitaron.

Cuando el escuadrón regresó a la base, más de 250 personas habían muerto. Los Kaibiles llamaron a la misión “Operación Chapeadora”. Habían ‘podado’ a todo aquél que se había puesto en su camino.

Cuatro días después de la masacre, el teniente Carías, comandante en Las Cruces, llevó tropas en camiones y tractores a Dos Erres. Saquearon los vehículos, propiedades y robaron a los animales. Luego quemaron la aldea.

Carías se encontró con los aterrorizados familiares de los desaparecidos. Algunos estuvieron lejos de Dos Erres ese día, otros vivían en pueblos cercanos. Acusó a la guerrilla del incidente.

 

Quién hiciera demasiadas preguntas, amenazó Carías, moriría.

 

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