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El nuevo gabinete, el presidente asediado y la gobernabilidad por reparto

Javier DuqueNo es una coalición de “unidad nacional” en torno a las ideas o al interés nacional sino una amalgama de partidos en torno al presupuesto y a las cuotas  burocráticas. Solo que ahora, en aras de la paz, la oposición quiere ser oposición y estar en el gobierno.

Javier Duque Daza*

Sesión del Senado en el Capitolio Nacional.

Santos asediado

La macro-coalición de la Unidad nacional ha pretendido dar un margen de acción al presidente,  garantizarle la mayoría en el Congreso, sumar apoyos para respaldar la negociación con las FARC y  aguantar los embates del uribismo.

Transcurridos el primer gobierno y casi la mitad del segundo la coalición le ha permitido a Santos avanzar en el proceso de paz, aprobar gran parte de la agenda legislativa y contrarrestar la oposición. Pero Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores, sufre  un desgaste evidente y tiene muy poca aprobación en las  encuestas:

  • Lo asedian los partidos que lo apoyan –el Liberal, el Social de Unidad y Cambio Radical- y una parte del partido Conservador. Todos exigen “representación” y retribución por su apoyo en las elecciones y en el Congreso. Las monedas de cambio son la burocracia y el presupuesto, pero como ambos son limitados, las pujas son encarnizadas y van acompañadas de amenazas y chantajes.
  • Lo asedia la bancada del  Centro Democrático, así sus adjetivos parezcan inauditos o hasta delirantes: canalla, traidor, corrupto, inepto…castro-chavista y aún comunista. El uribismo niega la legitimidad de la justicia, aliada con el gobierno, y  pretende hacer pasar por perseguidos a quienes han cometido delitos o se han aliado con criminales.
  • Lo asedian las FARC con exigencias en el límite de lo que la sociedad está dispuesta a conceder por su desmovilización y reinserción. También lo asedian aplazando el acuerdo final, estirando los tiempos de las negociaciones y pidiendo lo impensable. El ELN actúa igual con sus continuos atentados, mientras amaga con negociaciones.
  • Lo asedian el Procurador y José Félix Lafaurie, que defienden a los “poseedores de buena fe” de las tierras usurpadas con violencia a centenares de miles de campesinos. Se oponen a la ley de restitución de tierras y con ello pretenden bloquear los acuerdos de paz. El Procurador además bombardea constantemente las negociaciones y las decisiones del gobierno.
  • Lo (auto) asedian los desaciertos de sus altos funcionarios, con decisiones erráticas y discutibles que con frecuencia han debido reversar.
  • Lo asedian la caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía, la  inflación y el desempleo en aumento, además de la crisis hospitalaria, la quiebra -ficticia o real- de muchas EPS y la desatención a los usuarios.
  • Lo asedian columnistas críticos, y algunos medios proclives a Uribe. Lo asedian los chiflidos de aquí y de allá, que expresan inconformidad, impopularidad y desconfianza por todo tipo de motivos.

Y para defenderse de tantos asedios, Santos se ha empeñado en mantener, e incluso en ensanchar,  su coalición de Unidad Nacional.  

Prebendas en vez de ideas

el expresidente César Gaviria
El Expresidente César Gaviria.
Foto: Presidencia de la República

Como señala Josep Colomer, hay buenas razones para que un gobierno sin mayorías en el Congreso conforme una coalición amplia y cohesionada: puede lograr consensos legitimadores y populares; permite adoptar reformas que requieren acuerdos super-mayoritarios; evita la parálisis que tiene a padecer un gobierno minoritario; ayuda a prevenir la  polarización…. Pero para lograr de veras lo anterior es necesario que: (1) la coalición se base en documentos públicos donde consten los acuerdos y las reservas del caso, (2) cada partido asuma compromisos específicos, y (3) esos partidos rindan cuentas sobre los resultados de las políticas y de la coalición que formó.

El cumplimiento de estas tres  condiciones a su vez implica que los socios de una macro-coalición sean partidos con cohesión y disciplina internas, con eficaz rendición de cuentas y – sobre todo- con proyectos de sociedad. Pero resulta que en Colombia las cosas no son así.

Santos se enfrenta a múltiples presiones de sus aliados y de sus opositores.

La Unidad Nacional ha logrado mayorías en el Congreso (más del 60 por ciento en el senado y el 73 por ciento en la Cámara) y funciona como una agregación de apoyos para mantener una gobernabilidad por reparto. Más que consensos sociales, se persiguen acuerdos pragmáticos sobre la base de transacciones e intercambios; los partidos básicamente buscan beneficios para sus dirigentes, congresistas, allegados o familiares, y el bien común no entra en sus cuentas ni se refleja en sus actuaciones.

Aunque la coalición evita la parálisis de un presidente sin mayorías en el Congreso, los costos para el gobierno son altos por la voracidad burocrática de sus socios. Además el gobierno tiende a actuar de manera incoherente y errática. La coalición de la Unidad nacional se mantenido hasta ahora, pero es tambaleante y se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.

Repartiendo ministerios

La nueva recomposición del gabinete pretende mantener la gobernabilidad y el respaldo partidista sobre la base del reparto. Solo que ahora a las presiones anteriores se le suma la necesidad de movilizar votos para el eventual plebiscito sobre los acuerdos con las FARC.

Esta es la composición partidista del gabinete que se anunció esta semana: 

Ministros

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

 

Las reacciones frente al nuevo gabinete han sido diversas y algunas han generado más tensiones:

  • El Partido Liberal quedó inconforme. Aunque mantiene la mayor cuota de ministros (Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud y TICs, además del ministro-consejero para el posconflicto y del director del Departamento Nacional de Planeación), sus dirigentes le han recordado al gobierno que su partido es el principal socio de la Unidad Nacional (cuenta con el 21 por ciento de congresistas). Por eso Horacio Serpa, co-presidente del partido, declaró que la “relación con el gobierno no pasa por el mejor momento y la unidad nacional hace agua”. Ya había expresado su descontento por los privilegios que recibe Cambio Radical y la campaña electoral anticipada que adelanta Vargas Lleras. Quieren más “representación”, están inconformes por la no inclusión del vicefiscal en la terna para la Fiscalía y sienten que les están tomando ventaja en la carrera por la presidencia.
  • El Partido de la U se muestra satisfecho. Mantuvo cuatro ministerios y sus demás cuotas burocráticas, es el partido del presidente, sus  congresistas tienen mucha presencia  en el proceso de paz (empezando por Roy Barreras) y perciben que se acerca el acuerdo final con las FARC, su gran apuesta política.
  • Cambio Radical se fortalece. Mantuvo dos ministerios además de otros cargos de importancia, cuenta con el candidato con más opciones aparentes de  ocupar la Fiscalía (Néstor Humberto Martínez) y su jefe Vargas Lleras se perfila como el aspirante  presidencial con más fuerza, que hace campaña de facto desde el gobierno y goza de carta blanca respecto de las inversiones en infraestructura.
  • El conservatismo sigue actuando como partido-remora, pegado de la burocracia, sobreviviendo en las elecciones y apoyando los proyectos de Santos, aunque sin ser parte oficial de la coalición de gobierno. Algunos de sus dirigentes se sienten más cercanos al Centro Democrático, pero los congresistas que mueven la maquinaria no se despegan del gobierno, del cual llevan viviendo décadas sin ser un partido con vocación de poder.

Estos cuatro partidos (además del MIRA, que se les ha sumado en las decisiones clave) han hecho viable el gobierno, han aprobado sus proyectos en el Congreso, han respaldado el proceso de paz -aunque Cambio Radical y el conservatismo con ciertas ambigüedades- y su apoyo es fundamental para el eventual plebiscito. Por eso seguirán recibiendo favores del Ejecutivo, así el precio de ello sea volverse gobierno-dependientes en sus aspiraciones. Esta lógica transaccional ha permitido que sobreviva la coalición santista.

Con ministerios, pero en la oposición

El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
El Presidente Santos anuncia los cambios en su gabinete ministerial.
Foto: Presidencia de la República

Las reacciones del Polo Democrático y de Alianza Verde ante el nuevo gabinete reflejan sus divisiones y sus debilidades organizacionales: los dos ministros designados no cuentan con el respaldo oficial de sus partidos, que reclaman su independencia y su carácter de oposición. Partidos sin ministerios, aunque tengan ministros.

La coalición de la Unidad nacional se hace más frágil en la medida en que se van aproximando las elecciones.
  • Dentro del Polo hay un sector que apoya a Clara López como ministra, pero la mayoría (encabezada por Jorge Robledo, Alexander López, Carlos Bula - el exministro de Samper- y otros dirigentes) le pidió que no aceptara el nombramiento y la tilda de  “cripto-santista”. Este fue el mismo sector que se abstuvo de votar por Santos en la segunda vuelta y en aras de la paz, para impedir el triunfo  del candidato del Centro Democrático. Consideran que uno no puede ser presidente de un partido de oposición derrotado para pasar a ser ministro del gobierno.

El PDA que se debate entre apoyar el proceso de paz y oponerse al gobierno de Santos, ahora tiene que enfrentar la tensión resultante de que su excandidata y directora funja como ministra de Trabajo. Tal vez vengan la ruptura y el retiro de Clara López, siguiendo los pasos de Navarro y de Petro. Un partido que repite la  historia de la izquierda en Colombia, que se va desvaneciendo a través de los conflictos internos, de las disidencias y las deserciones. La multiplicación de las izquierdas.

  • Por su parte, el sector de Alianza Verde que sigue a Claudia López rechaza el ingreso de su partido al gabinete de un gobierno que considera proclive a la corrupción o a la “mermelada”. Igual que el Polo, este partido se encuentra ante el dilema de tener un ministro sin ser parte del gobierno, aunque apoye las negociaciones de paz. Otro partido sin coherencia y donde siguen primando los liderazgos sobre la organización.

Todo se desvirtúa

En el sistema político colombiano: las coaliciones no producen consensos sino arreglos temporales; los partidos no tienen responsabilidades públicas, solo compromisos personales o de grupo; tampoco saben tramitar sus asuntos internos sin recurrir a la descalificación, a la deserción o a la ambigüedad pragmática; los cambios en los gabinetes son apenas jugadas de recomposición, son pujas y presiones por pedazos del gobierno; el resultado viene a ser la inconsistencia, la descoordinación y el fracaso de las políticas; la sociedad gana poco con recambios de nombres si las políticas no se inspiran de veras  en el interés público.
 

* Profesor de la Universidad del Valle.

 

UNGASS 2016: una percepción (un poco) diferente sobre las drogas

Francisco ThoumiQué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?   

Francisco Thoumi*

Sesión de la ONU en el marco de la UNGASS 2016.

La UNGASS

La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.

La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.

De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.

La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.

Negociaciones complejas

Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Cultivo de marihuana en el estado de Colorado, Estados Unidos.
Foto: docmonstereyes

Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.

Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.

Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.

Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.

En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.

Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.

Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.

Los difíciles acuerdos

Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:

  1. Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
  2. Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
  3. Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
  4. Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.

Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.

Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.

El problema no ha acabado

Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Incautación de 230 kilogramos de cocaína en territorio ecuatoriano.
Foto: Policía Nacional de los Colombiano

Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es

  • un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
  • una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.

En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.  

Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.

Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.

Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.

Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.

De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:

  • Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
  • El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
  • Los grandes desplazamientos humanos,
  • Las crisis económicas,
  • La creciente secularización,
  • El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….

Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.

El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.

Lo que viene

Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.

Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.

Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.

Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.

Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.

 

* Cofundador de Razón Pública  y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

 

Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras

Alejandro ReyesEl comprador de un carro robado tiene que demostrar que actuó de buena fe. Pasa lo mismo con las tierras robadas, pero esto es lo que Ordóñez y Lafaurie pretenden ignorar y hoy utilizan como ariete de una batalla que en efecto es muy oscura.    

Alejandro Reyes Posada*

El Procurador General Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Desplazados y guerrilleros   

En un evento convocado por el procurador Alejandro Ordóñez en el municipio de Sabana de San Ángel, Magdalena, el pasado 5 de abril, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), pronunció estas palabras al referirse a la restitución de tierras:

“Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido duramente retaliado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. Doctor Sabogal, respetuosamente se lo digo, si esto a usted se le salió de las manos, por favor renuncie”.

Esta declaración solo puede entenderse desde la economía política si se parte de un postulado idéntico al que movió a los paramilitares a “limpiar” grandes zonas de campesinos mediante masacres y desplazamientos forzados, al acusarlos de ser parte o de colaborar con las guerrillas. Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Ganaderos expropiados

Para reforzar su argumento, Lafaurie menciona las zonas de reserva campesina y el fondo de tierras acordado en La Habana, que tendrían que salir de las fincas de los ganaderos que “honestamente” han seguido batallando desde el campo.

Si se identifica a los despojados con las guerrillas, la restitución no puede ser otra cosa que el retorno de los guerrilleros a las tierras que antes  ocupaban.

Por ejemplo el “honesto ganadero” Rodrigo Tovar Pupo, bajo el alias de Jorge 40, escogió el mismo lugar de Sabanas de San Ángel – separado del actual municipio de Chibolo, que fue elevado a esta categoría por los parapolíticos- para batallar desde el campo por sus intereses. De allí fueron expulsadas muchas familias campesinas que habían recibido títulos de adjudicación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y sus tierras fueron compradas a bajísimos precios por el Tuto Castro y su grupo de testaferros, y legalizadas a quienes ahora se pretenden compradores de buena fe.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les hizo el juego a estos ganaderos  al revocar los títulos de quienes no estaban cultivando su parcela por haber sido desplazados y al re-adjudicar las fincas a los candidatos de Jorge 40, según se comprobó en los computadores de Don Antonio, agente financiero del Bloque Norte.

¿Cuál buena fe?

Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Restitución de tierras a campesinos del Cesar.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

Tanto Lafaurie como el procurador Ordóñez protestan porque quienes se opongan de buena fe a la restitución de algún predio reciben el mismo trato de los victimarios porque -al ser invertida la carga de la prueba- tienen que demostrar que lo adquirieron de buena fe exenta de culpa.

Al hacer esa exigencia, la Ley de restitución de tierras buscó precisamente diferenciar a los despojadores de los compradores inocentes de tierras que antes habían sido despojadas por otros desde 1991. A estos últimos les dio el beneficio de recibir una compensación en tierra o dinero equivalente al precio comercial vigente de la tierra, que la Unidad de Restitución debe cancelar si el juez o magistrado ordenan la restitución al despojado.

Este es el meollo del debate que desataron Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena y en Santander. Se trata de decidir si las ventas posteriores a personas que no hicieron parte del conflicto armado pueden sanear las transferencias forzosas y, por tanto, si el despojo puede blanquearse con el alegato de la buena fe de los compradores. Así, la pérdida patrimonial de las víctimas se consolida con estas ventas.

En estricto sentido, se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

La Ley de restitución busca recuperar la propiedad de las tierras despojadas y no juzgar a las personas, pues no hace parte del Código Penal. Una vez se identifican la relación jurídica anterior del reclamante con su predio y las circunstancias de violencia que causaron la pérdida patrimonial de la víctima, se invierte la carga de la prueba en contra de los opositores, que deben demostrar mejor derecho a las tierras que los despojados.

Si no lo hacen, lo que sigue es el restablecimiento del derecho vulnerado mediante la decisión del juez de ordenar la restitución. La disputa judicial por la propiedad, en contextos de conflicto armado, no sigue las reglas de los procesos civiles ordinarios, que versan sobre los requisitos formales que deben cumplir los modos legítimos de adquirir el dominio (como la compraventa, la sucesión, la donación o la prescripción), sino las reglas especiales de justicia transicional que buscan la reparación de las víctimas de despojo forzado.

La esencia de la Ley de restitución es negarles a la violencia, a la coacción armada y a la intimidación la virtud de transferir legalmente la propiedad de la tierra y los inmuebles. Si las transferencias fueron ilegales, quien adquiere las tierras con posterioridad al despojo no compra un verdadero derecho de propiedad sino un pleito de tierras susceptible de revertir al dueño inicial. Ocurre lo mismo que en el mercado de carros o celulares robados.

La única discusión posible es definir si el comprador de lo robado tiene o no derecho a recibir una compensación que le impida la pérdida patrimonial. Allí es donde opera el concepto de la buena fe exenta de culpa, que el legislador puso como condición para tener derecho a la compensación, en virtud de las presunciones de legalidad y buena fe que rigen las transacciones comerciales.

Las “falsas víctimas”

La Ley, además, estableció como requisito para las demandas ante los jueces la inscripción previa de las reclamaciones en el registro de tierras despojadas, para que la Unidad de Restitución estudiara si el reclamante tenía un derecho sobre la tierra, si se trata de la misma parcela y si mediaron circunstancias y hechos de violencia que expliquen la pérdida del derecho de propiedad o la posesión.

Se discute si la Ley de restitución puede aplicarse solo a los despojadores directos o si se extiende a los tenedores o poseedores de la tierra despojada.

Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, explicó a José Félix Lafaurie, en carta pública del 27 de abril, el tema de las falsas víctimas reclamantes de restitución:

“Sobre las “falsas víctimas” a las que se refiere, debo aclararle que el rigor del proceso ha detectado dos tipologías que resultan en la no inclusión de la reclamación: la primera, casos que no aplican en los términos de la ley y, la segunda, casos de inescrupulosos que entienden muy bien la ley y, aun así, intentan defraudar el proceso. Para estos últimos, el Estado aplica  las penas más rigurosas del sistema judicial. La Unidad de Restitución de Tierras ha hecho el traslado de 170 casos a la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales han concretado 60 capturas por falsas reclamaciones”.

De las 48.847 reclamaciones tramitadas por la unidad, por estar en áreas micro-focalizadas por razones de seguridad, han sido resueltas 31.604, de las cuales la mitad han sido incluidas en el registro de tierras despojadas y la mitad excluidas por no cumplir las condiciones previstas en la Ley.

Esta cifra demuestra la eficacia de los filtros usados para impedir que oportunistas quieran hacerse a tierras ajenas por la vía de la restitución y el rigor empleado por la Unidad de Restitución al sustanciar las reclamaciones. A su vez, el 95 por ciento de las sentencias de restitución han favorecido a los reclamantes, lo que demuestra la realidad del despojo.

El proyecto de fondo

Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Víctimas de la Masacre de Chengue en Sincelejo recuperaron sus tierras.
Foto: Unidad de Restitución de Tierras

La verdadera intención de Lafaurie y el precandidato Ordóñez al desatar el debate es asumir la representación de las presuntas víctimas de la restitución, reuniendo manifestaciones de campesinos, para apoyar la reforma a la Ley de restitución presentada por el senador Antonio Guerra de la Espriella, destacado representante político de los clanes costeños dueños de la tierra.

Esa reforma pretende eliminar la inversión de la carga de la prueba para los opositores y obligar a que la víctima demuestre que tiene un título pleno e intachable. En otras palabras, quieren convertir la restitución en un proceso civil ordinario de propiedad y reducir a la impotencia la Ley de restitución de tierras.

Por último, resta observar que la Ley 1448 (de reparación y víctimas y restitución de tierras) fue aprobada dos años antes de iniciarse el proceso de paz con las FARC y por tanto no hace parte de los acuerdos con la guerrilla. El gobierno, en la mesa de La Habana, repitió ante las FARC la frase del entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, quien dijo que “las leyes no se negocian, se cumplen”.

 

*Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 11 - 22 minutos)

El Informe de Desarrollo Humano 2013 destaca el gran avance de los países emergentes. A continuación, se transcribe lo esencial del panorama general.

Panorama general

Uno de los más prometedores avances de los últimos años ha sido el fuerte progreso en desarrollo humano alcanzado por muchos países en desarrollo y su aparición en la escena mundial: el “ascenso del Sur”.

Esta creciente diversidad en opiniones y poder desafía los principios por los que se han regido los responsables de formular políticas y las principales instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial.

Las voces cada vez más fuertes del Sur exigen marcos de trabajo más representativos de gobernanza internacional, caracterizados por principios de democracia e igualdad. Igual de relevante resulta la transformación de sus ideas para alcanzar el desarrollo humano que muchos países en desarrollo han puesto en marcha.

El ascenso del Sur no es el resultado de adherir a un conjunto específico de recomendaciones políticas, sino de implementar políticas pragmáticas que responden a las circunstancias y oportunidades locales, como la profundización del papel fundamental de los Estados para alcanzar el desarrollo, la dedicación a mejorar el desarrollo humano (lo cual incluye apoyar la educación y el bienestar social) y una mayor apertura al comercio y la innovación.

De todas maneras, el progreso futuro exigirá a los responsables de formular políticas prestar especial atención a aspectos como: igualdad, voz y rendición de cuentas, riesgos ambientales y cambios demográficos.

En las últimas décadas, países de todo el mundo han convergido en niveles más elevados de desarrollo humano, tal como lo indica el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un índice compuesto de indicadores con tres dimensiones: longevidad, logros en educación y control sobre los recursos necesarios para un nivel de vida digno.

Se han observado mejoras notorias de todos los componentes del IDH en todos los grupos y regiones, con un mayor progreso en los países con un IDH bajo y medio. Sobre esta base, se considera que el mundo es cada vez más equitativo.

Sin embargo, los promedios nacionales ocultan grandes diferencias en cuanto a experiencias humanas. Aún persisten fuertes disparidades en los países, tanto del Norte como del Sur, y a su vez se han generado desigualdades en los ingresos no solo dentro de ellos, sino también entre los propios países.

Si bien la mayoría de los países en desarrollo ha avanzado, en muchos el progreso ha sido particularmente bueno, lo cual se denomina el “ascenso del Sur”. Algunos de los países más grandes han hecho rápidos avances, en especial Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. A su vez, también se ha registrado un progreso importante en economías más pequeñas, como Bangladés, Chile, Ghana, Mauricio, Ruanda, Tailandia y Túnez.

El Sur ha surgido con una velocidad y a una escala sin precedentes. Por ejemplo, el despegue económico de China e India comenzó con alrededor de mil millones de personas en cada país, y en menos de 20 años la producción per cápita se había duplicado; se trata de una fuerza económica que afecta a una población mucho mayor que la de la Revolución Industrial. Se proyecta que para 2050 Brasil, China e India en conjunto representarán el 40% de la producción mundial en términos de la paridad del poder adquisitivo.

En tiempos de incertidumbre, los países del Sur están sosteniendo colectivamente el crecimiento económico mundial, apuntalando a otras economías en desarrollo, reduciendo la pobreza y aumentando sus riquezas a gran escala.

Aún les quedan grandes desafíos por afrontar, y en ellos vive gran parte de la población pobre del mundo. No obstante, son un ejemplo de que con políticas pragmáticas y un claro enfoque en el desarrollo humano pueden surgir oportunidades latentes en sus economías, propiciadas por la globalización.

Un mundo cambiante, un Sur más global

Para el observador casual, la situación reinante en 2013 puede percibirse como un relato sobre dos mundos diferentes:

  • un Sur renaciente, especialmente notable en China e India, donde hay un gran progreso en desarrollo humano, el crecimiento parece mantenerse sólido y las perspectivas de reducción de la pobreza son alentadoras; 
  • un Norte en crisis, donde las políticas de austeridad y la ausencia de crecimiento económico dificultan la situación de millones de personas desempleadas y de personas privadas de beneficios, a medida que los pactos sociales son sometidos a una intensa presión.

También hay problemas más profundos, compartidos por el Norte y el Sur: una creciente desigualdad en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, que amenaza la recuperación mundial y la sostenibilidad del progreso futuro, y limita la reducción de la pobreza; además de graves cuestiones ambientales.

Al enfocarse en el ascenso del Sur y sus consecuencias sobre el desarrollo humano, este Informe también trata sobre este mundo cambiante, condicionado en gran medida por el ascenso del Sur. En el Informe se analiza el progreso alcanzado, los consecuentes desafíos (algunos de los cuales se deben a ese mismo progreso) y las oportunidades emergentes de una gobernanza representativa a nivel mundial y regional.

Si bien los titulares de prensa sobre un resurgimiento del Sur son estimulantes, pueden al mismo tiempo ser engañosos. El Sur precisa del Norte, pero cada vez más, el Norte también precisa del Sur. El mundo está cada vez más conectado, no menos.

En los últimos años, se ha producido una notable reorientación de la producción mundial, con mucho más destinado hacia el comercio internacional, que en 2011 representaba cerca del 60% de la producción global.

Los países en desarrollo han desempeñado un papel clave: entre 1980 y 2010, su participación en el comercio internacional de mercancías aumentó del 25% al 47%, y su participación en la producción mundial pasó del 33% al 45%.

Las regiones en desarrollo también han estrechado vínculos entre sí: entre 1980 y 2011, el comercio entre países del Sur aumentó de menos del 8% del comercio internacional de mercancías a más del 26%.

Aun así, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo en términos monetarios y seguirá siéndolo en el futuro cercano. Si la recuperación de EE. UU. tambalea y Europa no es capaz de superar su actual abatimiento económico y social, el mundo en desarrollo se resentirá fuertemente.

Los desafíos mundiales, como el cambio climático y los ecosistemas estresados, exigen de los países una cooperación incluso mayor. Si bien el ascenso del Sur está redefiniendo las relaciones de poder en muchos aspectos importantes, será más difícil proteger los avances obtenidos con tanto esfuerzo en materia de desarrollo humano si la cooperación falla y se posterga la toma de decisiones difíciles.

De hecho, se puede llegar más lejos y afirmar que existe un “sur” en el Norte y un “norte” en el Sur. Las élites, tanto del Norte como del Sur, están cada vez más globalizadas y conectadas, y son las que más se benefician de la enorme generación de riqueza alcanzada en la última década, en parte debida a una aceleración de la globalización. Se forman en las mismas universidades y comparten estilos de vida, y tal vez, valores similares.

La cambiante economía mundial está generando desafíos y oportunidades sin precedentes para un progreso sostenido en desarrollo humano. Las estructuras económicas y políticas del mundo están en proceso de cambio, en un momento caracterizado por recurrentes crisis financieras, empeoramiento del cambio climático y creciente malestar social.

Las instituciones mundiales parecen no ser capaces de adecuarse a las cambiantes relaciones de poder, de garantizar un suministro adecuado de bienes públicos mundiales para responder a las necesidades regionales y mundiales, ni de responder ante la creciente necesidad de mayor igualdad y sostenibilidad.

Este fenómeno, junto con las diversas vías de desarrollo implementadas por estos países del Sur, representa una oportunidad: los principios que han regido a los responsables de formular políticas y a las instituciones surgidas tras las Segunda Guerra Mundial deben ajustarse, por no decir restablecerse, para poder responder a la creciente diversidad en opiniones y poder, y garantizar un progreso sostenido en desarrollo humano a largo plazo.

Deben reconsiderarse tales principios y, por su parte, las instituciones mundiales necesitan mayor flexibilidad para reforzar directivas que prioricen a las personas e impulsen a trabajar enérgicamente por un mundo mejor y más justo.

Potencialmente, la creciente diversidad en los patrones de desarrollo está generando un espacio, incluso una demanda, de diálogo y reestructuración mundial. Hay campo de acción para la innovación y la aparición de marcos de trabajo de gobernanza nacional, regional y mundial caracterizados por principios de democracia, igualdad y sostenibilidad.

Las medidas de desarrollo implementadas por Brasil, China e India, junto con experiencias exitosas, aunque menos conocidas, como las de Bangladés, Mauricio y Turquía, están redefiniendo las ideas respecto de cómo alcanzar el desarrollo humano.

El éxito de estos países cuestiona la noción de políticas “correctas”, pero eso no impide que puedan aprenderse lecciones valiosas a partir de las experiencias de estos países exitosos. Por el contrario, los impulsores y principios clave del desarrollo comienzan a surgir de esta diversidad de vías, las cuales incluyen la profundización del papel fundamental de los Estados para alcanzar el desarrollo, la dedicación a mejorar el desarrollo humano y el bienestar social, y una mayor apertura al comercio y la innovación.

No obstante, si bien en este Informe se reconocen los aspectos positivos del ascenso del Sur, también se enfatiza la necesidad de garantizar la plena incorporación de cuestiones relacionadas con la igualdad y la sostenibilidad en políticas y estrategias futuras.

Como también se remarcó en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, no será posible sostener el progreso en desarrollo humano a menos que se ponga en primer plano el debate político sobre desigualdad y destrucción ambiental. Bajo peores circunstancias, una estrategia de enfoque tradicional para alcanzar el desarrollo, sumada a crisis ambientales revertirían los avances del Sur en desarrollo humano o haría insostenible el progreso.

La preocupación sobre el futuro también se manifiesta en el Norte, donde el bajo crecimiento económico, las altas tasas de desempleo y las medidas de austeridad amenazan los altos niveles de desarrollo humano.

Tanto en el Norte como en el Sur, las élites dirigentes no pueden permitirse ignorar tales amenazas a la inclusión y al bienestar social frente a la creciente demanda de justicia y responsabilidad exigida por ciudadanos, comunidades y organizaciones civiles nacionales e internacionales, y facilitada por el auge de los medios sociales.

Para respaldar la creación de políticas y de una investigación que permitan abordar adecuadamente estas realidades mundiales contemporáneas y emergentes, se necesitan medidas y análisis que amplíen el concepto de desarrollo humano.

El Informe sobre Desarrollo Humano, sumado al conjunto de índices de desarrollo humano, debe ser capaz de responder a este desafío midiendo las capacidades individuales, pero incorporando también capacidades, inquietudes y percepciones a nivel de la sociedad.

Los logros individuales en materia de salud, educación e ingresos, si bien son fundamentales, no garantizarán el progreso en desarrollo humano mientras las condiciones sociales limiten tales logros y existan distintas percepciones sobre el progreso.

La agitación social en varios países de los Estados árabes nos recuerda que las personas, en particular las jóvenes, más instruidas y con mejor salud que las generaciones anteriores, dan una gran prioridad a contar con un empleo digno, poder opinar sobre asuntos que influyen sobre sus vidas y ser tratadas con respeto.

A su vez, la promoción de la cohesión y la integración social, uno de los objetivos mencionados en las estrategias de desarrollo de países como Brasil, está sustentada por la evidencia de que las sociedades unificadas tienen un efecto positivo sobre el desarrollo.

En las sociedades más equitativas, la mayoría de las medidas sobre desarrollo humano (desde tasas de embarazo adolescente hasta índices de suicidio) suelen ser más exitosas que en las sociedades con más desigualdad.

Esta es la conclusión a la que se ha llegado en estudios tanto en países desarrollados como en desarrollo. Si bien estos aspectos del desarrollo a nivel de la sociedad han sido subestimados en interpretaciones previas del desarrollo, actualmente resultan fundamentales en cualquier planificación para el desarrollo viable y conveniente a largo plazo.

Propiciar el avance de otros países

El ascenso del Sur aún no se ha extendido a todos los países. El ritmo de avance es más lento, por ejemplo, en la mayoría de los 49 países menos desarrollados, en particular en aquellos sin salida al mar o en los que se hallan muy lejos de los mercados mundiales. Sin embargo, muchos de estos países han comenzado a obtener beneficios de las transacciones, la inversión, las finanzas y la transferencia de tecnología entre países del Sur. Por ejemplo, China ha propiciado el crecimiento positivo indirecto de otros países, especialmente, de estrechos socios comerciales.

En cierta medida, esta situación ha compensado la caída en la demanda de los países desarrollados. El crecimiento de los países con bajos ingresos habría sido 0,3 a 1,1 puntos porcentuales más bajos entre 2007-2010 si el crecimiento en China e India se hubiera reducido en igual medida que en los países desarrollados.2

En muchos países se han advertido beneficios indirectos en importantes sectores del desarrollo humano, especialmente el de la salud. Empresas indias, por ejemplo, proveen a países africanos de medicamentos asequibles, equipamiento médico, y productos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Con las empresas brasileras y sudafricanas sucede algo similar.

Crecientes presiones competitivas

No obstante, el ingreso de exportaciones de países más grandes puede acarrear desventajas. Los países más grandes generan una presión competitiva que podría sofocar la diversificación económica y la industrialización de los países más pequeños.

Por otro lado, existen ejemplos de reactivación industrial luego de dichos cimbronazos competitivos. Una situación competitiva actual puede convertirse fácilmente en una situación complementaria en el futuro. Pareciera que avanzar de la competencia a la cooperación depende de políticas que permitan a los agentes locales sacar el máximo provecho de la nueva situación.

Cada vez más, la principal fuente de crecimiento de los países del Sur es su mercado interno. Las clases medias crecen en tamaño e ingresos medios. Para el año 2025, se estima que el consumo anual en los mercados emergentes aumentará a US$30 billones.

Para entonces, en el Sur se ubicarán tres quintos de los mil millones de hogares con un ingreso anual superior a US$20.000. No obstante, semejante expansión se verá dificultada y perjudicada por grandes sectores marginales. Tales disparidades no solo son indeseables de por sí, sino que además ponen en riesgo la sostenibilidad del progreso y provocan tensión política y social.

Estas tendencias apuntan hacia un mundo más equilibrado. En lugar de haber un núcleo central de países industrializados y una periferia de países menos desarrollados, el entorno actual es más complejo y dinámico.

Si bien existe una gran consciencia a nivel global y regional de que el mundo se halla en transición,  tanto a líderes como a instituciones y académicos les resulta difícil proponer principios, instituciones o recomendaciones políticas que puedan asegurar los próximos pasos hacia la creación de un mundo más justo y sostenible.

Esta situación podría deberse en parte a que el mundo cambia con tal velocidad y en frentes tan diversos que resulta difícil compartir apreciaciones e implementar medidas colectivas. Este Informe contribuye en este aspecto haciendo un análisis crítico del contexto mundial contemporáneo y promoviendo principios y conceptos que, en un mundo heterogéneo, ayudan a avanzar hacia estrategias de desarrollo humano que respondan a los nuevos desafíos del siglo XXI: reducir o incluso erradicar la pobreza y garantizar el progreso para todos.

Políticas, asociaciones, principios

¿Cómo han podido tantos países del Sur transformar sus perspectivas de desarrollo humano? En la mayoría de estos países, ha habido tres notables impulsores del desarrollo: un Estado desarrollista proactivo, aprovechamiento de los mercados mundiales y una fuerte innovación en políticas sociales.

Estos impulsores no provienen de conceptos abstractos sobre el funcionamiento del desarrollo. Por el contrario, han surgido de experiencias de desarrollo transformacionales evidenciadas en muchos países. De hecho, a menudo cuestionan enfoques preconcebidos y prescriptivos: por un lado, anulan una serie de preceptos colectivistas y centralizados, y por el otro, se oponen a la liberalización irrestricta postulada en el Consenso de Washington.

Impulsor 1: un Estado desarrollista proactivo

Un Estado sólido, proactivo y responsable desarrolla políticas tanto para el sector público como el privado basándose en un liderazgo y una visión a largo plazo, en normas y valores compartidos, y en reglas e instituciones que promuevan la confianza y la cohesión.

Para lograr una transformación perdurable, los países deben elaborar un enfoque consistente y equilibrado para el desarrollo. De todas maneras, los países que han logrado con éxito impulsar y sostener el crecimiento en ingresos y desarrollo humano no han seguido una única y simple receta. Ante diversos desafíos, han debido adoptar políticas cambiantes en lo que respecta a regulación de los mercados, promoción de las exportaciones, desarrollo industrial y avance tecnológico.

Se debe priorizar a los ciudadanos y promover las oportunidades, protegiéndolos a su vez de los posibles riesgos de un deterioro en la situación. Los Gobiernos pueden fomentar industrias que, de otra manera, no podrían emerger en mercados incompletos. A pesar de acarrear cierto riesgo de captación de renta y favoritismo, esto ha permitido a muchos países del Sur convertir industrias ineficientes en incipientes impulsores de la exportación al lograr una mayor apertura económica.

En sociedades grandes y complejas, el resultado de cualquier política en particular es inevitablemente incierto. Por este motivo, los Estados desarrollistas deben ser pragmáticos y probar una diversidad de enfoques. Hay ciertos rasgos que se destacan: por ejemplo, los Estados desarrollistas preocupados por sus ciudadanos han aumentado los servicios sociales básicos.

La inversión en las capacidades de las personas (a través de servicios de salud y educación y servicios públicos de otro tipo) no es un apéndice del proceso de crecimiento, sino más bien una parte integral del mismo. Un aspecto clave del crecimiento en el que se fomenta el desarrollo humano es lograr un notable aumento de los puestos de trabajo de calidad.

Impulsor 2: aprovechamiento de los mercados mundiales

Los mercados mundiales han jugado un papel fundamental en el camino hacia el progreso. Todos los países en vías de industrialización han seguido la estrategia de “importar lo que el resto del mundo conoce y exportar lo que desea”. Pero con estos mercados, las condiciones de contratación resultan aún más importantes. Sin la inversión en las personas, los ingresos provenientes de los mercados mundiales tienden a ser limitados.

Es más probable alcanzar el éxito no a través de una apertura repentina, sino de una integración gradual y secuenciada con la economía mundial, acorde a las circunstancias nacionales, y acompañada por inversiones en la ciudadanía, en diferentes instituciones y en infraestructura.

Las economías más pequeñas se han centrado exitosamente en productos especializados, cuyo éxito es a menudo el resultado de años de apoyo estatal basado en competencias nuevas o existentes.

Impulsor 3: innovación en políticas sociales

Pocos países han podido sostener un rápido crecimiento sin realizar enormes inversiones públicas, no solo en infraestructura, sino también en salud y educación. Se trata de generar círculos virtuosos en los que el crecimiento y las políticas sociales se refuercen uno a otro.

Generalmente el crecimiento es mucho más efectivo en cuanto a reducción de la pobreza en países donde la desigualdad de ingresos es baja que en aquellos donde hay una desigualdad elevada. Promover la igualdad, especialmente entre diferentes grupos religiosos, étnicos o raciales, también contribuye a minimizar el conflicto social.

Contar con educación, atención de la salud, protección social, empoderamiento legal y organización social permite que las personas pobres participen en el crecimiento. El equilibrio sectorial existente —considerando especialmente al sector rural—, al igual que la naturaleza y la velocidad de la expansión del empleo resultan fundamentales para determinar la medida en que el crecimiento se refleja en los ingresos.

No obstante, incluso estos instrumentos de políticas básicas pueden no ser suficientes para empoderar a los grupos marginados. Los márgenes pobres de la sociedad luchan por expresar sus inquietudes, mientras que los Gobiernos no siempre pueden garantizar que los servicios verdaderamente lleguen a todos.

Las políticas sociales deben promover la inclusión (garantizar un trato justo y sin discriminación resulta fundamental para la estabilidad política y social) y brindar servicios sociales básicos que permitan apuntalar el crecimiento económico a largo plazo, respaldando el surgimiento de una fuerza de trabajo saludable e instruida. No todos estos servicios deben ser necesariamente públicos.

De cualquier modo, el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las necesidades básicas para el desarrollo humano.

Así, la agenda para la transformación del desarrollo ha de ser polifacética:

  • Debe aumentar los bienes de las personas pobres ampliando el gasto público en servicios básicos.
  • Debe mejorar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales para promover tanto el crecimiento como la igualdad.
  • Debe mejorar las limitaciones burocráticas y sociales que atentan contra la acción económica y la movilidad social.
  • Debe comprometer a las comunidades a establecer prioridades de presupuesto y mantener la rendición de cuentas del liderazgo.

Tomado deInforme sobre Desarrollo Humano 2013El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso.  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Panorama General.

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