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Internacional

Venezuela y Colombia: a des-escalar y a cooperar

Socorro RamírezUn recuento completo y contextualizado sobre la historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes, motivaciones y efectos de las medidas de Maduro. 

Socorro Ramírez*

 

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.

Cierre y estado de excepción

Para justificar el cierre de la frontera, primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito, reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de catástrofe, convulsión, amenazas económicas).

De cinco municipios afectados por esas medida, en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la abstención.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales. La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.

Las cosas son aún peores en la frontera donde –para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas, ambientales y de seguridad de ambos lados.

Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta.
Foto: Ministerio de Defensa

Militarización vs diplomacia

El plan de seguridad No. 25 -Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta, separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.

Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.

Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna

Mientras avanza la militarización de la zona, se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.

El problema humanitario

La Invasión y otras barriadas similares se han ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o moto-  lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de identidad.

No todos los colombianos expulsados o que han huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:

  • la de quienes nunca intentaron resolver su migración irregular;
  • la de los que hicieron los trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron aprobados;
  • la de quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como “auditadas-rechazadas”;
  • la de quienes recibieron cédula de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
  • la de quienes tienen sus papeles en regla;
  • y la de varios que habían obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.

Capturados en redadas mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200 entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez. Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país”.

A los deportados se les suman los miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.

Todos esos sectores excluidos esperan lograr algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.

Además, entre los afectados están miles de venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio; pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal. También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los subsidios.

Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.

Una frontera sin alternativas económicas legales

El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados.
Foto: Presidencia de la República

El cierre de ahora de una parte de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado, con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a residir al otro lado.

Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio no ha aprovechado los periodos de cooperación:

  • Durante los años noventa vio pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el desarrollo en la zona.
  • Después vino el desacople traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa tensión destruyó además iniciativas  locales para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
  • Tras restablecer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de inclusión social.
  • Ambos lados de las fronteras quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más 700, evasión fiscal, defraudación aduanera.

Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia

La precaria y distorsionada presencia del Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares. Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).

Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza

Otros procesos agravan la inseguridad y la violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales (milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el “Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse con sectores venezolanos.

El acercamiento entre los gobiernos no revivió las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”, y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y  lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad. En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.

Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la militarización y el cierre de pasos fronterizos.

Alertas internacionales

La ONU apoya la atención humanitaria en la frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.

Los embajadores ante la OEA examinan la situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3 de septiembre a los cancilleres.

La Unión Europea, la Internacional Socialista, Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los colombianos deportados.

Ojalá todas esta intervenciones ayuden a des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.

 

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.

 

Política y Gobierno

El acuerdo de La Habana: ¿“constitutivo” o “instrumental”?

Javier Ciurlizza¿Será el punto final del conflicto, o el primer paso en “la construcción de la paz”?, ¿cómo, entonces, “refrendar” el acuerdo?, ¿cómo aplicar la justicia especial?  Análisis informado sobre las complejidades y las fórmulas que hoy están sobre el tapete.    

Javier Ciurlizza*

La delegación de paz de las FARC en La Habana, Cuba.

Tres etapas

La expectativa sobre la etapa final del proceso de La Habana y sobre la forma como el acuerdo será aprobado y llevado a cabo, debería enmarcarse dentro de una pregunta más general: ¿qué significado tendrá el acuerdo de paz dentro del proceso de paz?

Esta pregunta intentó ser respondida al comienzo de las negociaciones, cuando el gobierno anunció un proceso de tres etapas:

  1. La primera concluyó con el “acuerdo general” que estableció la agenda y metodología para las conversaciones.
  2. La segunda acabaría cuando las partes firmen los acuerdos sobre los cinco puntos de la agenda.
  3. La tercera, y final, empieza “el día después de mañana” y consistiría en la ejecución de lo acordado.

Las dificultades para definir claramente cada una de esas etapas aumentan a medida que avanza el proceso. Fue relativamente fácil entender que con la agenda y la metodología se cerraba el capítulo de las conversaciones preliminares. Es también entendible que el acuerdo que resume los diálogos cerrará otro capítulo, aun cuando no sabemos aún cuáles serán sus detalles.

Dos lecturas

El tema de la función del acuerdo final dentro de un proceso de paz que se presume más amplio, ha sido estudiado de manera exhaustiva por Jean Arnault, quien representará a la Organización de Naciones Unidas en este proceso y -si es que pasamos a la tercera etapa- participará en la vigilancia de su ejecución.

En un ensayo publicado en 2001, que recoge su experiencia como jefe de la Misión de  Naciones Unidas en Guatemala, Arnault señalaba que los acuerdos de paz pueden ser entendidos de dos maneras o más precisamente que, según los analistas –y los protagonistas-, esos acuerdos tienen dos funciones, a menudo contrapuestas.

  • Para algunos, los pactos que ponen fin a los conflictos tienen carácter “constitutivo”. Quienes suscriben el acuerdo pretenden cerrar de manera definitiva los debates sobre la paz y dedicarse exclusivamente al cumplimiento de lo acordado. Esta perspectiva se habría planteado con fuerza en los países de América Central que negociaron la salida política de  sus conflictos armados, como Guatemala y El Salvador.
  • Para otros  analistas o protagonistas, los acuerdos de paz son “instrumentales”. Es decir, forman parte de un conjunto de mecanismos y procedimientos (ambos derivados de actos políticos) destinados a “construir la paz”. Podríamos también decir que en esta perspectiva “procedimental” no hay etapas definidas sino pasos secuenciales que se organizan para cumplir las metas acordadas durante la negociación. Este sería el caso, según Arnault, de la mayor parte de los procesos de paz en África.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
El Jefe Negociador del Gobierno en los Diálogos de Paz, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Constitutivo o instrumental?

Los argumentos para otorgar a los acuerdos de paz un carácter constitutivo tienen que ver principalmente con la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del acuerdo y con la protección legal de quienes los pactan. Se trata de “poner un candado” al acuerdo, de tal manera que nadie – ni siquiera una ley o un acto político de un gobierno futuro – pueda revertir lo acordado.

Parecería que los negociadores en La Habana están buscando asignarle al acuerdo de paz ese carácter constitutivo. Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”

La seguridad jurídica frente a procesos penales que no sean pactados, o regulados por el acuerdo, es una preocupación legítima. El problema consiste en que hay factores que no pueden ser controlados por los negociadores, y que harían que el acuerdo de La Habana resulte ser más instrumental que constitutivo.

Esos factores tienen que ver con tres aspectos concurrentes, a saber:

  1. El carácter democrático del Estado colombiano, que naturalmente debe someter todas sus decisiones públicas al escrutinio de instituciones políticas para darles validez.
  2. La función judicial, según la cual no es posible predeterminar los procesos penales en una mesa de negociación, porque ellos están sujetos a las decisiones de fiscales y jueces,
  3. La comunidad internacional y en particular el derecho internacional, que han regulado al menos parcialmente lo que las  partes pueden acordar al término de un conflicto interno.

Las circunstancias anteriores incidieron sobre el curso de la llamada Ley de Justicia y Paz. Un instrumento legal que inicialmente buscaba la “favorabilidad” de aquellos que se desmovilizaban y atender - a título complementario- los derechos de las víctimas, se convirtió en una herramienta de protección y garantía estos derechos y –apenas de modo complementario- en un mecanismo de desmovilización y reinserción, a tal  punto que se crearon instancias muy distintas para lo uno y lo otro: las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, por un lado; la Alta Consejería para la Reintegración, por el otro.

Los negociadores de La Habana son conscientes de este hecho. El alto comisionado Sergio Jaramillo ha insistido en que la paz en Colombia no puede reducirse a una acomodación bilateral de intereses y en que se necesitan “cambios profundos”. Esta visión sobre la función “estructural” o “reformadora” del acuerdo le imprime un tono aún más “instrumental”.

El problema de la refrendación

Las tensiones entre quienes entienden el acuerdo como la decisión final que clausura una etapa y se empeñan en blindarlo, y aquellos otros que se concentran en su desarrollo ulterior, se ha hecho evidente de manera indirecta en la discusión sobre cuáles son los instrumentos legales para aprobar lo acordado.

No necesariamente se trata de perspectivas irreconciliables. A veces las mismas personas asumen posiciones distintas según las circunstancias.

La primera tentación es pensar que solo una norma constitucional puede asegurar debidamente el acuerdo e impedir que terceros puedan revisarlo (por ejemplo, el gobierno que viene en 2018). Claramente las FARC le apostaban (o le apuestan) a una constituyente no solo porque querían discutir temas por fuera de la agenda, sino porque tenían la impresión de que la única vía digna y posible para ellos era la elevación al rango constitucional de los acuerdos.

Pero el tema resulta especialmente complejo. Las alternativas presentadas hasta ahora: un “congresito” o comisión especial; una reforma constitucional por artículos; o leyes estatutarias, no responden a la pregunta sobre la materia y sustancia que pasaría por esos procedimientos legislativos. ¿Todo el acuerdo?, ¿o solo algunas de sus disposiciones?

La justicia especial

Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Ex-combatientes desmovilizados reciben libreta militar de parte del Ejército Nacional.
Foto: Agencia Colombiana para la Reintegración

Los negociadores estarían pensando en fortalecer dos de los cinco temas acordados, justicia transicional y participación política, mediante un vaso comunicante entre ambos, que tiene que ver con la habilidad o inhabilidad de líderes de la guerrilla para conducir a las FARC hacia un movimiento político legal.

Asimismo, y en relación con este tema, se trataría de garantizar que los juicios a los máximos responsables (presumiblemente a través de tribunales especiales) sigan reglas distintas de las ordinarias, en particular en cuanto a la aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, lo cual permitiría acomodar mejor las sanciones reducidas y las penas alternativas.

Es evidente la ansiedad por cubrir todos los temas y acordar todos los aspectos antes del día en que los negociadores tengan que volver a Colombia. 

Si esta es la idea del mecanismo de aprobación, es inteligente. Reduce la incertidumbre jurídica –aunque no la elimina– y facilita el tránsito de las FARC hacia la competencia política democrática. Esto crearía incentivos para que las guerrillas aceleren su propio desarme, y proporcionaría un calendario más o menos fijo de hechos políticos, que presumiblemente podrían cumplirse antes de las próximas elecciones.

Un futuro incierto

Pero esa opción también enfrenta dificultades. Una tiene que ver con el mecanismo de refrendación ofrecido por el gobierno y que se sigue prometiendo. No son claras las razones para anunciar de modo precipitado que todo lo acordado en La Habana sería materia de un referéndum, plebiscito o consulta popular. En realidad, no era formalmente necesario hacerlo si es que se pensaba en un mecanismo constitucional de aprobación. Pero ahora resultaría políticamente muy costoso reemplazar la consulta directa por mecanismos legislativos o por una elección específica.

Mirando la experiencia de otros países, especialmente la guatemalteca, los caminos no son sencillos. Allá, la reforma constitucional que institucionalizaba los acuerdos de paz de 1996, fue derrotada estrepitosamente en una consulta popular; no porque el pueblo de Guatemala no quisiera la paz, sino porque el gobierno que organizó la consulta era crecientemente impopular.

Estos son, en todo caso, los caminos abiertos al proceso de aprobación del acuerdo de paz.

Colombia, un país de tradición legal y legalista, se inclinará naturalmente a considerar el acuerdo de paz como “constitutivo”, pero la realidad política y la de los territorios más afectados por el conflicto probablemente empujen a considerar al proceso de paz como algo que va mucho más allá de un documento y el pacto solo como “instrumental” a ese proceso.
 

* Director del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group y profesor en Justicia Transicional del Externado de Colombia, ex director para las Américas y Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y ex secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
twitter1-1@Javierciurlizza

 

Economía y Sociedad

La economía colombiana: se recoge lo que se sembró

Isidro Hernandez

Una mirada serena y experta sobre la coyuntura que vivimos a raíz de la destorcida petrolera. Qué pasó, cuáles riesgos nos rondan, que está haciendo el gobierno, y qué tanto podrían lograr las herramientas monetarias, cambiarias y fiscales.

Isidro Hernández*

Sede del Banco de la República en el centro de Bogotá.

El sector improductivo

La caída del precio internacional del petróleo y sus consecuencias sobre la tasa de cambio hicieron evidente que la estrategia de desarrollo económico de Colombia está montada sobre pies de arcilla. 

Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Extracción de carbón en el departamento del Cesar.
Foto: Ministerio de Minas y Energía

Entre 2006 y 2014, un período de vacas gordas, el valor agregado creció a una tasa de 4,6 por ciento promedio anual, jalonada por los servicios, la minería y la construcción. Un solo sector (los establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas) aportó el 25,5 por ciento de ese crecimiento (Gráfica 1). 

Semejante resultado no causaría preocupación si hubiera ido acompañado por la expansión de actividades con enlaces productivos que crean riqueza real y dan solidez al crecimiento de largo plazo, como la industria manufacturera, los servicios de alto valor agregado y la agricultura.

Pero algunos comentaristas y centros de pensamiento que influyen sobre la dirigencia política y empresarial vendieron la idea de que la política de comercio internacional bastaba para inducir la eficiencia y alcanzar el crecimiento. Durante los pasados 25 años, esta concepción llevó a rechazar cualquier tipo de estrategias sectoriales verticales para la industria, los servicios de alto valor agregado y la agricultura. 

Por enésima vez el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar.

Los resultados están a la vista. Por enésima vez en la historia de Colombia, el ciclo internacional empuja hacia abajo el ingreso nacional, y la manufactura y la agricultura no pueden reaccionar de manera inmediata para atender las necesidades de consumo interno. Por eso el ajuste macroeconómico se hace a través de los precios es decir, acelerando la inflación; un tipo de ajuste que, desde luego, dejará efectos redistributivos perversos.

 

Gráfica 1. Participación en el crecimiento del valor agregado 2006-2014

Los flujos de capital

Otro elemento importante de la estrategia seguida durante las últimas décadas fue el incentivo a los ingresos de capital. Los gobiernos y sus defensores sostuvieron que la afluencia de inversión extranjera directa, impulsada por la política de la confianza inversionista, y los excesos de liquidez internacional producirían un mayor crecimiento económico.

Pero este argumento descuidó los costos. Y para entender la coyuntura actual es pertinente recordar dos de estos costos:

  1. Los recursos dirigidos al sector minero-energético y a comprar activos que no implican formación de capital -o sea distintos de maquinaria, equipo e infraestructura nueva- no significaron transferencia de tecnología ni alzas en productividad. Por el contrario agravaron una economía rentista y un flujo de divisas que, al estallar la crisis internacional y cuando el dólar se depreciaba frente al euro, coadyuvó a la revaluación del peso y estimuló las importaciones que desplazaron buena parte de la producción interna. Así entre 2006 y 2014, el peso se apreció un 3,9 por ciento en términos reales y las importaciones crecieron un 11,6 por ciento al año.
  2. El otro costo es el desequilibrio externo. A partir de 2005 el deterioro de la cuenta corriente se aceleró, no tanto por la mayor importación de bienes y servicios (como dicen algunos analistas), sino por el aumento en el envío de las ganancias obtenidas por la inversión extranjera directa.

En efecto: la balanza de bienes y servicios (exportaciones vs. importaciones) tuvo un déficit de 1.934 millones de dólares en 2006, mientras que el déficit en la renta factorial ascendió a 5.691 millones de dólares. El déficit en la cuenta corriente (2.911 millones de dólares) no fue mayor gracias a las transferencias corrientes, en especial a las remesas de los colombianos en el exterior.

Cinco años después, en 2011 - cuando las salidas por pagos factoriales alcanzaron su máximo nivel- el déficit en cuenta corriente se había multiplicado por 3, los pagos factoriales por 2,7 y, en cambio, la balanza comercial arrojaba un superávit, pese al aumento  nominal del 32 por ciento en las importaciones (el más alto en lo corrido del siglo).

Y para agravar las cosas, a parir del 2014 el déficit comercial  se sumó a la presión resultante del envío  de ganancias, que ya no alcanzaron a cubrir las transferencias de los colombianos  en el extranjero (Gráfica 2).

Gráfica 2. Resultado en cuenta corriente.  Millones de dólares.

  

Qué se está haciendo, qué se puede hacer

La situación actual del aparato productivo, las cuentas externas del país y las normas vigentes condicionan la actuación de las autoridades económicas.

El frente monetario muestra señales de prudencia: en su última reunión, la Junta del Banco de la República envió el mensaje de que prefiere el crecimiento sobre la inflación. Esta es una lectura adecuada del entorno macroeconómico, pues la actual aceleración de la inflación no proviene del aumento en la demanda agregada sino de un choque cambiario acompañado por la incapacidad de producción interna de bienes de la canasta familiar para amortiguarlo. En estas condiciones un alza de la tasa de interés de intervención no llevaría a controlar el fenómeno sino a deteriorar el crecimiento económico.

El ajuste vendrá de otra manera: los ritmos de depreciación se desacelerarán y la sustitución de bienes por parte de los consumidores, junto con el aumento en la oferta de alimentos en respuesta al mejor clima, frenarán el alza en el nivel de precios.

La prioridad no debe ser el retorno a la llamada “meta media” de inflación (3 por ciento anual) mediante el uso de instrumentos monetarios, sino mantenerla cerca del “techo” (4 por ciento) con políticas sectoriales que son responsabilidad del gobierno nacional. Una de ellas, aunque para nada suficiente, ya fue anunciada por el ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI: la reducción arancelaria para bienes intermedios.

La cuestión cambiaria también se maneja con sensatez. Cuando existe la apertura de la cuenta de capital, la autoridad tiene que escoger entre controlar la oferta monetaria o la tasa de cambio – no puede hacerlos ambos-. El punto está en cuál nivel de la tasa de cambio debe inducir la intervención del banco central, y con cuáles medidas debe acompañarse esa intervención para que la contracción resultante en la oferta monetaria no implique demasiado sacrificio del crecimiento económico y del empleo.

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la Junta Directiva del Banco. Bajo el escenario de extremo pesimismo, su nivel actual permitiría cubrir los egresos de la cuenta corriente durante medio año.

Pero la situación real será determinada por como reaccionen las exportaciones de sectores  distintos del minero-energético, las remesas de colombianos en el exterior y las empresas extranjeras que operan en el país. 

Lo que sigue

Distrito financiero de Hong Kong.
Distrito financiero de Hong Kong.
Foto: Mirza Asad Baig

-Un aspecto que no puede soslayarse es el riesgo cambiario que asumió el sector privado al tomar una deuda que en abril alcanzó los 42.436 millones de dólares, de los cuales al sector privado no financiero le corresponde el 70,3 por ciento.

Aquí surge una duda. La deuda de corto plazo es el 32 por ciento del total. Si la tasa de cambio se ancla en 3.500 pesos sin que las empresas endeudadas aumenten el volumen de ventas por la contracción de demanda que ya empieza a observarse, su situación financiera se puede deteriorar rápidamente.

Dadas las garantías ¿el gobierno estaría dispuesto a socializar las posibles quiebras derivadas de decisiones privadas? ¿O el banco central ejecutará una política que permita la reconversión de deuda privada externa por interna?

Por el momento el volumen de reservas internacionales netas le da margen de maniobra a la junta directiva del Banco.

-En el frente fiscal, 2014 cerró con un déficit de 2,4 por ciento sobre el PIB, una cifra excelente en el contexto mundial. Pero el problema no es la estabilidad fiscal que generó dividendos en los mercados financieros internacionales, sino la capacidad del gobierno para re-acelerar el crecimiento.

Si la característica básica del entorno es una desaceleración de la demanda agregada en medio de unas expectativas de contracción de la demanda mundial de materias primas por el menor crecimiento de China, se esperaría que el gobierno contrarrestara la tendencia mediante una política fiscal expansiva (y puesto que, como dije, no es mucho el margen para las políticas monetaria y cambiaria).

Sin embargo, el gobierno pone como centro de su la sostenibilidad y el cumplimiento de la regla fiscal. Por eso ajustó el presupuesto de 2015 con una disminución de los gastos de funcionamiento para neutralizar la caída de los precios del petróleo, y el presupuesto para 2016 sigue la misma línea.

La inversión en infraestructura vial, los proyectos de las 4G, acompañada por los programas de vivienda y del PIPE II son los instrumentos para enfrentar la desaceleración. La apuesta fiscal es parca frente al ambiente macro pues la reducción del gasto frena la demanda de corto plazo y los impactos multiplicadores de los proyectos de obra civil son pocos y concentrados. El efecto neto puede ser muy negativo para la coyuntura actual.

El sector empresarial y las autoridades económicas nos llevaron a una estructura económica que no puede responder a los choques externos, a las exigencias de un crecimiento económico sostenido de largo plazo y al equilibrio en cuenta corriente. Esta situación no deja mucha libertad para actuar en un contexto mundial con tendencias recesivas y perjudiciales para la economía nacional.

La situación exige prudencia en materia monetaria y cambiaria, acompañada de una política fiscal activa que, desafortunadamente, quedó restringida por la decisión gubernamental de cumplir a rajatabla el marco legal de la sostenibilidad fiscal.

 

Análisis

(Tiempo estimado: 11 - 22 minutos)

El Informe de Desarrollo Humano 2013 destaca el gran avance de los países emergentes. A continuación, se transcribe lo esencial del panorama general.

Panorama general

Uno de los más prometedores avances de los últimos años ha sido el fuerte progreso en desarrollo humano alcanzado por muchos países en desarrollo y su aparición en la escena mundial: el “ascenso del Sur”.

Esta creciente diversidad en opiniones y poder desafía los principios por los que se han regido los responsables de formular políticas y las principales instituciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial.

Las voces cada vez más fuertes del Sur exigen marcos de trabajo más representativos de gobernanza internacional, caracterizados por principios de democracia e igualdad. Igual de relevante resulta la transformación de sus ideas para alcanzar el desarrollo humano que muchos países en desarrollo han puesto en marcha.

El ascenso del Sur no es el resultado de adherir a un conjunto específico de recomendaciones políticas, sino de implementar políticas pragmáticas que responden a las circunstancias y oportunidades locales, como la profundización del papel fundamental de los Estados para alcanzar el desarrollo, la dedicación a mejorar el desarrollo humano (lo cual incluye apoyar la educación y el bienestar social) y una mayor apertura al comercio y la innovación.

De todas maneras, el progreso futuro exigirá a los responsables de formular políticas prestar especial atención a aspectos como: igualdad, voz y rendición de cuentas, riesgos ambientales y cambios demográficos.

En las últimas décadas, países de todo el mundo han convergido en niveles más elevados de desarrollo humano, tal como lo indica el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un índice compuesto de indicadores con tres dimensiones: longevidad, logros en educación y control sobre los recursos necesarios para un nivel de vida digno.

Se han observado mejoras notorias de todos los componentes del IDH en todos los grupos y regiones, con un mayor progreso en los países con un IDH bajo y medio. Sobre esta base, se considera que el mundo es cada vez más equitativo.

Sin embargo, los promedios nacionales ocultan grandes diferencias en cuanto a experiencias humanas. Aún persisten fuertes disparidades en los países, tanto del Norte como del Sur, y a su vez se han generado desigualdades en los ingresos no solo dentro de ellos, sino también entre los propios países.

Si bien la mayoría de los países en desarrollo ha avanzado, en muchos el progreso ha sido particularmente bueno, lo cual se denomina el “ascenso del Sur”. Algunos de los países más grandes han hecho rápidos avances, en especial Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. A su vez, también se ha registrado un progreso importante en economías más pequeñas, como Bangladés, Chile, Ghana, Mauricio, Ruanda, Tailandia y Túnez.

El Sur ha surgido con una velocidad y a una escala sin precedentes. Por ejemplo, el despegue económico de China e India comenzó con alrededor de mil millones de personas en cada país, y en menos de 20 años la producción per cápita se había duplicado; se trata de una fuerza económica que afecta a una población mucho mayor que la de la Revolución Industrial. Se proyecta que para 2050 Brasil, China e India en conjunto representarán el 40% de la producción mundial en términos de la paridad del poder adquisitivo.

En tiempos de incertidumbre, los países del Sur están sosteniendo colectivamente el crecimiento económico mundial, apuntalando a otras economías en desarrollo, reduciendo la pobreza y aumentando sus riquezas a gran escala.

Aún les quedan grandes desafíos por afrontar, y en ellos vive gran parte de la población pobre del mundo. No obstante, son un ejemplo de que con políticas pragmáticas y un claro enfoque en el desarrollo humano pueden surgir oportunidades latentes en sus economías, propiciadas por la globalización.

Un mundo cambiante, un Sur más global

Para el observador casual, la situación reinante en 2013 puede percibirse como un relato sobre dos mundos diferentes:

  • un Sur renaciente, especialmente notable en China e India, donde hay un gran progreso en desarrollo humano, el crecimiento parece mantenerse sólido y las perspectivas de reducción de la pobreza son alentadoras; 
  • un Norte en crisis, donde las políticas de austeridad y la ausencia de crecimiento económico dificultan la situación de millones de personas desempleadas y de personas privadas de beneficios, a medida que los pactos sociales son sometidos a una intensa presión.

También hay problemas más profundos, compartidos por el Norte y el Sur: una creciente desigualdad en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, que amenaza la recuperación mundial y la sostenibilidad del progreso futuro, y limita la reducción de la pobreza; además de graves cuestiones ambientales.

Al enfocarse en el ascenso del Sur y sus consecuencias sobre el desarrollo humano, este Informe también trata sobre este mundo cambiante, condicionado en gran medida por el ascenso del Sur. En el Informe se analiza el progreso alcanzado, los consecuentes desafíos (algunos de los cuales se deben a ese mismo progreso) y las oportunidades emergentes de una gobernanza representativa a nivel mundial y regional.

Si bien los titulares de prensa sobre un resurgimiento del Sur son estimulantes, pueden al mismo tiempo ser engañosos. El Sur precisa del Norte, pero cada vez más, el Norte también precisa del Sur. El mundo está cada vez más conectado, no menos.

En los últimos años, se ha producido una notable reorientación de la producción mundial, con mucho más destinado hacia el comercio internacional, que en 2011 representaba cerca del 60% de la producción global.

Los países en desarrollo han desempeñado un papel clave: entre 1980 y 2010, su participación en el comercio internacional de mercancías aumentó del 25% al 47%, y su participación en la producción mundial pasó del 33% al 45%.

Las regiones en desarrollo también han estrechado vínculos entre sí: entre 1980 y 2011, el comercio entre países del Sur aumentó de menos del 8% del comercio internacional de mercancías a más del 26%.

Aun así, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo en términos monetarios y seguirá siéndolo en el futuro cercano. Si la recuperación de EE. UU. tambalea y Europa no es capaz de superar su actual abatimiento económico y social, el mundo en desarrollo se resentirá fuertemente.

Los desafíos mundiales, como el cambio climático y los ecosistemas estresados, exigen de los países una cooperación incluso mayor. Si bien el ascenso del Sur está redefiniendo las relaciones de poder en muchos aspectos importantes, será más difícil proteger los avances obtenidos con tanto esfuerzo en materia de desarrollo humano si la cooperación falla y se posterga la toma de decisiones difíciles.

De hecho, se puede llegar más lejos y afirmar que existe un “sur” en el Norte y un “norte” en el Sur. Las élites, tanto del Norte como del Sur, están cada vez más globalizadas y conectadas, y son las que más se benefician de la enorme generación de riqueza alcanzada en la última década, en parte debida a una aceleración de la globalización. Se forman en las mismas universidades y comparten estilos de vida, y tal vez, valores similares.

La cambiante economía mundial está generando desafíos y oportunidades sin precedentes para un progreso sostenido en desarrollo humano. Las estructuras económicas y políticas del mundo están en proceso de cambio, en un momento caracterizado por recurrentes crisis financieras, empeoramiento del cambio climático y creciente malestar social.

Las instituciones mundiales parecen no ser capaces de adecuarse a las cambiantes relaciones de poder, de garantizar un suministro adecuado de bienes públicos mundiales para responder a las necesidades regionales y mundiales, ni de responder ante la creciente necesidad de mayor igualdad y sostenibilidad.

Este fenómeno, junto con las diversas vías de desarrollo implementadas por estos países del Sur, representa una oportunidad: los principios que han regido a los responsables de formular políticas y a las instituciones surgidas tras las Segunda Guerra Mundial deben ajustarse, por no decir restablecerse, para poder responder a la creciente diversidad en opiniones y poder, y garantizar un progreso sostenido en desarrollo humano a largo plazo.

Deben reconsiderarse tales principios y, por su parte, las instituciones mundiales necesitan mayor flexibilidad para reforzar directivas que prioricen a las personas e impulsen a trabajar enérgicamente por un mundo mejor y más justo.

Potencialmente, la creciente diversidad en los patrones de desarrollo está generando un espacio, incluso una demanda, de diálogo y reestructuración mundial. Hay campo de acción para la innovación y la aparición de marcos de trabajo de gobernanza nacional, regional y mundial caracterizados por principios de democracia, igualdad y sostenibilidad.

Las medidas de desarrollo implementadas por Brasil, China e India, junto con experiencias exitosas, aunque menos conocidas, como las de Bangladés, Mauricio y Turquía, están redefiniendo las ideas respecto de cómo alcanzar el desarrollo humano.

El éxito de estos países cuestiona la noción de políticas “correctas”, pero eso no impide que puedan aprenderse lecciones valiosas a partir de las experiencias de estos países exitosos. Por el contrario, los impulsores y principios clave del desarrollo comienzan a surgir de esta diversidad de vías, las cuales incluyen la profundización del papel fundamental de los Estados para alcanzar el desarrollo, la dedicación a mejorar el desarrollo humano y el bienestar social, y una mayor apertura al comercio y la innovación.

No obstante, si bien en este Informe se reconocen los aspectos positivos del ascenso del Sur, también se enfatiza la necesidad de garantizar la plena incorporación de cuestiones relacionadas con la igualdad y la sostenibilidad en políticas y estrategias futuras.

Como también se remarcó en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, no será posible sostener el progreso en desarrollo humano a menos que se ponga en primer plano el debate político sobre desigualdad y destrucción ambiental. Bajo peores circunstancias, una estrategia de enfoque tradicional para alcanzar el desarrollo, sumada a crisis ambientales revertirían los avances del Sur en desarrollo humano o haría insostenible el progreso.

La preocupación sobre el futuro también se manifiesta en el Norte, donde el bajo crecimiento económico, las altas tasas de desempleo y las medidas de austeridad amenazan los altos niveles de desarrollo humano.

Tanto en el Norte como en el Sur, las élites dirigentes no pueden permitirse ignorar tales amenazas a la inclusión y al bienestar social frente a la creciente demanda de justicia y responsabilidad exigida por ciudadanos, comunidades y organizaciones civiles nacionales e internacionales, y facilitada por el auge de los medios sociales.

Para respaldar la creación de políticas y de una investigación que permitan abordar adecuadamente estas realidades mundiales contemporáneas y emergentes, se necesitan medidas y análisis que amplíen el concepto de desarrollo humano.

El Informe sobre Desarrollo Humano, sumado al conjunto de índices de desarrollo humano, debe ser capaz de responder a este desafío midiendo las capacidades individuales, pero incorporando también capacidades, inquietudes y percepciones a nivel de la sociedad.

Los logros individuales en materia de salud, educación e ingresos, si bien son fundamentales, no garantizarán el progreso en desarrollo humano mientras las condiciones sociales limiten tales logros y existan distintas percepciones sobre el progreso.

La agitación social en varios países de los Estados árabes nos recuerda que las personas, en particular las jóvenes, más instruidas y con mejor salud que las generaciones anteriores, dan una gran prioridad a contar con un empleo digno, poder opinar sobre asuntos que influyen sobre sus vidas y ser tratadas con respeto.

A su vez, la promoción de la cohesión y la integración social, uno de los objetivos mencionados en las estrategias de desarrollo de países como Brasil, está sustentada por la evidencia de que las sociedades unificadas tienen un efecto positivo sobre el desarrollo.

En las sociedades más equitativas, la mayoría de las medidas sobre desarrollo humano (desde tasas de embarazo adolescente hasta índices de suicidio) suelen ser más exitosas que en las sociedades con más desigualdad.

Esta es la conclusión a la que se ha llegado en estudios tanto en países desarrollados como en desarrollo. Si bien estos aspectos del desarrollo a nivel de la sociedad han sido subestimados en interpretaciones previas del desarrollo, actualmente resultan fundamentales en cualquier planificación para el desarrollo viable y conveniente a largo plazo.

Propiciar el avance de otros países

El ascenso del Sur aún no se ha extendido a todos los países. El ritmo de avance es más lento, por ejemplo, en la mayoría de los 49 países menos desarrollados, en particular en aquellos sin salida al mar o en los que se hallan muy lejos de los mercados mundiales. Sin embargo, muchos de estos países han comenzado a obtener beneficios de las transacciones, la inversión, las finanzas y la transferencia de tecnología entre países del Sur. Por ejemplo, China ha propiciado el crecimiento positivo indirecto de otros países, especialmente, de estrechos socios comerciales.

En cierta medida, esta situación ha compensado la caída en la demanda de los países desarrollados. El crecimiento de los países con bajos ingresos habría sido 0,3 a 1,1 puntos porcentuales más bajos entre 2007-2010 si el crecimiento en China e India se hubiera reducido en igual medida que en los países desarrollados.2

En muchos países se han advertido beneficios indirectos en importantes sectores del desarrollo humano, especialmente el de la salud. Empresas indias, por ejemplo, proveen a países africanos de medicamentos asequibles, equipamiento médico, y productos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Con las empresas brasileras y sudafricanas sucede algo similar.

Crecientes presiones competitivas

No obstante, el ingreso de exportaciones de países más grandes puede acarrear desventajas. Los países más grandes generan una presión competitiva que podría sofocar la diversificación económica y la industrialización de los países más pequeños.

Por otro lado, existen ejemplos de reactivación industrial luego de dichos cimbronazos competitivos. Una situación competitiva actual puede convertirse fácilmente en una situación complementaria en el futuro. Pareciera que avanzar de la competencia a la cooperación depende de políticas que permitan a los agentes locales sacar el máximo provecho de la nueva situación.

Cada vez más, la principal fuente de crecimiento de los países del Sur es su mercado interno. Las clases medias crecen en tamaño e ingresos medios. Para el año 2025, se estima que el consumo anual en los mercados emergentes aumentará a US$30 billones.

Para entonces, en el Sur se ubicarán tres quintos de los mil millones de hogares con un ingreso anual superior a US$20.000. No obstante, semejante expansión se verá dificultada y perjudicada por grandes sectores marginales. Tales disparidades no solo son indeseables de por sí, sino que además ponen en riesgo la sostenibilidad del progreso y provocan tensión política y social.

Estas tendencias apuntan hacia un mundo más equilibrado. En lugar de haber un núcleo central de países industrializados y una periferia de países menos desarrollados, el entorno actual es más complejo y dinámico.

Si bien existe una gran consciencia a nivel global y regional de que el mundo se halla en transición,  tanto a líderes como a instituciones y académicos les resulta difícil proponer principios, instituciones o recomendaciones políticas que puedan asegurar los próximos pasos hacia la creación de un mundo más justo y sostenible.

Esta situación podría deberse en parte a que el mundo cambia con tal velocidad y en frentes tan diversos que resulta difícil compartir apreciaciones e implementar medidas colectivas. Este Informe contribuye en este aspecto haciendo un análisis crítico del contexto mundial contemporáneo y promoviendo principios y conceptos que, en un mundo heterogéneo, ayudan a avanzar hacia estrategias de desarrollo humano que respondan a los nuevos desafíos del siglo XXI: reducir o incluso erradicar la pobreza y garantizar el progreso para todos.

Políticas, asociaciones, principios

¿Cómo han podido tantos países del Sur transformar sus perspectivas de desarrollo humano? En la mayoría de estos países, ha habido tres notables impulsores del desarrollo: un Estado desarrollista proactivo, aprovechamiento de los mercados mundiales y una fuerte innovación en políticas sociales.

Estos impulsores no provienen de conceptos abstractos sobre el funcionamiento del desarrollo. Por el contrario, han surgido de experiencias de desarrollo transformacionales evidenciadas en muchos países. De hecho, a menudo cuestionan enfoques preconcebidos y prescriptivos: por un lado, anulan una serie de preceptos colectivistas y centralizados, y por el otro, se oponen a la liberalización irrestricta postulada en el Consenso de Washington.

Impulsor 1: un Estado desarrollista proactivo

Un Estado sólido, proactivo y responsable desarrolla políticas tanto para el sector público como el privado basándose en un liderazgo y una visión a largo plazo, en normas y valores compartidos, y en reglas e instituciones que promuevan la confianza y la cohesión.

Para lograr una transformación perdurable, los países deben elaborar un enfoque consistente y equilibrado para el desarrollo. De todas maneras, los países que han logrado con éxito impulsar y sostener el crecimiento en ingresos y desarrollo humano no han seguido una única y simple receta. Ante diversos desafíos, han debido adoptar políticas cambiantes en lo que respecta a regulación de los mercados, promoción de las exportaciones, desarrollo industrial y avance tecnológico.

Se debe priorizar a los ciudadanos y promover las oportunidades, protegiéndolos a su vez de los posibles riesgos de un deterioro en la situación. Los Gobiernos pueden fomentar industrias que, de otra manera, no podrían emerger en mercados incompletos. A pesar de acarrear cierto riesgo de captación de renta y favoritismo, esto ha permitido a muchos países del Sur convertir industrias ineficientes en incipientes impulsores de la exportación al lograr una mayor apertura económica.

En sociedades grandes y complejas, el resultado de cualquier política en particular es inevitablemente incierto. Por este motivo, los Estados desarrollistas deben ser pragmáticos y probar una diversidad de enfoques. Hay ciertos rasgos que se destacan: por ejemplo, los Estados desarrollistas preocupados por sus ciudadanos han aumentado los servicios sociales básicos.

La inversión en las capacidades de las personas (a través de servicios de salud y educación y servicios públicos de otro tipo) no es un apéndice del proceso de crecimiento, sino más bien una parte integral del mismo. Un aspecto clave del crecimiento en el que se fomenta el desarrollo humano es lograr un notable aumento de los puestos de trabajo de calidad.

Impulsor 2: aprovechamiento de los mercados mundiales

Los mercados mundiales han jugado un papel fundamental en el camino hacia el progreso. Todos los países en vías de industrialización han seguido la estrategia de “importar lo que el resto del mundo conoce y exportar lo que desea”. Pero con estos mercados, las condiciones de contratación resultan aún más importantes. Sin la inversión en las personas, los ingresos provenientes de los mercados mundiales tienden a ser limitados.

Es más probable alcanzar el éxito no a través de una apertura repentina, sino de una integración gradual y secuenciada con la economía mundial, acorde a las circunstancias nacionales, y acompañada por inversiones en la ciudadanía, en diferentes instituciones y en infraestructura.

Las economías más pequeñas se han centrado exitosamente en productos especializados, cuyo éxito es a menudo el resultado de años de apoyo estatal basado en competencias nuevas o existentes.

Impulsor 3: innovación en políticas sociales

Pocos países han podido sostener un rápido crecimiento sin realizar enormes inversiones públicas, no solo en infraestructura, sino también en salud y educación. Se trata de generar círculos virtuosos en los que el crecimiento y las políticas sociales se refuercen uno a otro.

Generalmente el crecimiento es mucho más efectivo en cuanto a reducción de la pobreza en países donde la desigualdad de ingresos es baja que en aquellos donde hay una desigualdad elevada. Promover la igualdad, especialmente entre diferentes grupos religiosos, étnicos o raciales, también contribuye a minimizar el conflicto social.

Contar con educación, atención de la salud, protección social, empoderamiento legal y organización social permite que las personas pobres participen en el crecimiento. El equilibrio sectorial existente —considerando especialmente al sector rural—, al igual que la naturaleza y la velocidad de la expansión del empleo resultan fundamentales para determinar la medida en que el crecimiento se refleja en los ingresos.

No obstante, incluso estos instrumentos de políticas básicas pueden no ser suficientes para empoderar a los grupos marginados. Los márgenes pobres de la sociedad luchan por expresar sus inquietudes, mientras que los Gobiernos no siempre pueden garantizar que los servicios verdaderamente lleguen a todos.

Las políticas sociales deben promover la inclusión (garantizar un trato justo y sin discriminación resulta fundamental para la estabilidad política y social) y brindar servicios sociales básicos que permitan apuntalar el crecimiento económico a largo plazo, respaldando el surgimiento de una fuerza de trabajo saludable e instruida. No todos estos servicios deben ser necesariamente públicos.

De cualquier modo, el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las necesidades básicas para el desarrollo humano.

Así, la agenda para la transformación del desarrollo ha de ser polifacética:

  • Debe aumentar los bienes de las personas pobres ampliando el gasto público en servicios básicos.
  • Debe mejorar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales para promover tanto el crecimiento como la igualdad.
  • Debe mejorar las limitaciones burocráticas y sociales que atentan contra la acción económica y la movilidad social.
  • Debe comprometer a las comunidades a establecer prioridades de presupuesto y mantener la rendición de cuentas del liderazgo.

Tomado deInforme sobre Desarrollo Humano 2013El ascenso del Sur: progreso humano en un mundo diverso.  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Panorama General.

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