Recuperar la coordinación interinstitucional en el gobierno distrital, revisar el POT, construir vivienda para los más pobres y plantearse de veras la ciudad-región habrían de ser temas cruciales en un proyecto coherente de ciudad. Pero los candidatos están en otra cosa.  

Con el paso de los días aumentan las propuestas y las fórmulas de solución por parte de las campañas para la alcaldía de Bogotá. Los candidatos ajustan sus equipos asesores y estudian la presentación de los problemas que consideran básicos o que implican una mayor captación de simpatías, con miras a aumentar su base de votantes.

Hasta mediados de agosto no se podrá tener acceso a los programas de gobierno de los candidatos, de manera que gran parte del debate actual es especulativo. Aún es muy difícil comparar las ideas de ciudad que cada uno presenta y verificar si existe una “visión” o “proyecto” coherente de ciudad en cada programa.

No obstante es pertinente señalar algunos temas que se desprenden de la experiencia reciente, y que aluden sobre todo a la falta de coordinación institucional y a la ausencia de una visión política clara en el gobierno de la ciudad.

Incoherencias en la Administración

La descoordinación es evidente entre las diferentes secretarías del Distrito Capital. En el caso de Planeación y Hábitat, tienen propuestas, programas y decisiones enmarcadas en visiones contradictorias sobre temas tan importantes como la gestión del suelo, el ordenamiento del territorio o las estrategias de largo plazo para mantener y fortalecer la debilitada estructura ecológica de la ciudad.

Un ejemplo crítico se encuentra en la concepción que rige las decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) Norte y el POZ Usme:

Un mismo equipo de gobierno y dos nociones de gestión del suelo opuestas.

En otros sentidos, en la toma de decisiones puntuales y en la concesión de licencias para nuevos proyectos de construcción, no se consideran los impactos sobre la estructura de servicios públicos, la producción y tratamiento de desechos o las implicaciones para el sistema vial y la movilidad.

Los candidatos a la alcaldía deberían ofrecer propuestas que conecten los diferentes temas entre sí, de suerte que sean coherentes con los “modelos” que cada uno dice defender.

Revisión del POT

De acuerdo con la ley, el año próximo podrá realizarse una revisión a fondo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. El gobierno actual ha hecho varios intentos este año, sin que los funcionarios del Distrito logren elaborar una propuesta aceptable parala Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

En las versiones anteriores se hizo evidente la improvisación, recurriendo a fórmulas ya abandonadas por inoperantes o por reducir la eficacia de los instrumentos existentes y así relajar los controles, con la consiguiente invitación a incumplir las normas.

El ámbito más cuestionable ha sido la revisión de los aspectos ambientales del POT, que no cumplen con el papel de salvaguarda y fortalecimiento de la estructura ecológica y con la generación de un ambiente sano.

La alcaldesa Clara López ha prometido radicar en el Concejo la propuesta de revisión del POT el 1° de agosto, a pesar de que durante esta semanala CAR aún está estudiando el documento. Si la nueva versión contiene pocos cambios respecto de las anteriores,la CAR haría bien en rechazarla de nuevo y la alcaldesa deberá entender que no sería razonable radicar una reforma cuya vida útil no pasaría de unos cuantos meses, pues el nuevo alcalde o alcaldesa no desaprovechará la oportunidad para hacer la revisión de fondo que se requiere, iniciando apenas su gobierno.

Vivienda de los más pobres

Otro reto impostergable es el de crear condiciones para producir vivienda de interés prioritario y para su adquisición por parte de los más pobres.

La falta de políticas serias de vivienda para la gran mayoría se disfraza llamando vivienda de interés social a la oferta de “soluciones” que cuestan más de 35 millones de pesos: el costo del suelo hace imposible pensar que este tipo de vivienda –la única que en realidad se necesita con urgencia– se podrá construir en la ciudad.

Hoy no existe ningún proyecto de construcción de vivienda de interés prioritario en Bogotá. Es decir, quienes devengan menos de dos salarios mínimos mensuales no tienen derecho a vivir en la ciudad y ya tampoco podrán hacerlo en sus alrededores, pues los macroproyectos de vivienda ya surtieron el efecto de encarecer la tierra en Soacha y Mosquera.

De otra parte, los mecanismos para facilitar el acceso a las viviendas de interés prioritario están diseñados para personas asalariadas, de manera que no existen políticas para la mayoría informal y para los que no alcanzan a ganar un salario mínimo mensual.

Los candidatos tienen que explicar cómo piensan generar suelo en áreas que no sean periféricas, que no estén expuestas al riesgo de inundaciones y derrumbes, que impidan la expansión de la ciudad sobre sus bordes y la conurbación sin control, y en fin, que disminuyan la brecha creciente entre zonas de ricos y zonas de pobres: no es posible seguir creciendo de manera segregada en una ciudad que aspira a responder a modelos democráticos de organización política.

Será necesario pensar en lotes con urbanismo para autogestión, recuperar la confianza en mecanismos comunitarios de construcción para proyectos de renovación urbana y, como lo han expuesto algunos analistas, discutir el retorno a modelos institucionales que ya probaron su eficacia: promotores y operadores públicos urbanos.

La dimensión regional

Resulta paradójico que lo único en lo que encuentran acuerdo inmediato los alcaldes de la región y el alcalde de Bogotá es en la búsqueda de mecanismos para retener a los ricos y para expulsar a los pobres.

En los últimos años los gobiernos municipales han ofrecido gabelas tributarias para incitar al asentamiento de los más ricos y de sus empresas dentro de sus límites. El aumento del costo del suelo hace cada vez más difícil la gobernanza local y disminuye la posibilidad de participación estatal en el ordenamiento y el control del territorio.

De los impactos derivados del crecimiento desbocado y de la relocalización de actividades en áreas inconvenientes se desprenden también los impactos ambientales irreversibles sobre los suelos, el aire, el paisaje, la comida y el agua.   La búsqueda de acuerdos de alcance regional para tratar los asuntos estratégicos ya no da más espera. Aunque desde hace varios decenios se habla de políticas regionales, de la concepción regional de las acciones locales, de la necesidad de pensar en construir una región en torno de la gran ciudad, ninguno de los procesos adelantados ha prosperado.

Inversiones de capital, estudios, esfuerzo, esperanza y muchos discursos han sido característicos de proyectos como la Ciudad-Región, la Región Central o la Región Capital. Mientras tanto, se construye de hecho una región de manera improvisada, arrasando con los valores estéticos, ecológicos, culturales, sociales, ambientales e históricos del altiplano de Bogotá y localizando muchas personas en lugares de riesgo, en condiciones que dificultan la creación de lazos de solidaridad y el surgimiento de comunidades bien estructuradas.

Los candidatos tendrán que hablar de la ciudad desde la perspectiva de su localización en la cuenca alta del Río Bogotá; plantear alternativas para el manejo del agua, tanto en la protección de las fuentes y en los mecanismos de acceso, distribución y compensación, como en la preservación del río y en el tratamiento de las aguas servidas; enfrentar con decisión las acciones equivocadas que ya han costado multimillonarias inversiones, para que el río no sea un “problema”, un obstáculo del que hay que desembarazarse ocultándolo tras jarillones cada vez más altos y secando sus áreas de inundación para “desarrollarlas”.

En el actual contexto institucional y constitucional colombiano, un alcalde municipal, incluyendo al de Bogotá, sólo puede atender los problemas de alcance regional mediante acuerdos para el manejo coordinado de sus bordes en armonía con sus vecinos; no hay caminos de construcción regional por fuera de la negociación política entre iguales.

No se requieren normas, disposiciones, arreglos institucionales costosos e ineficientes, sino entendimientos claros sobre temas cruciales. La competitividad no es un objetivo regional en sí mismo, sino un producto de buenos acuerdos de larga duración entre funcionarios que representan áreas contiguas.

* Antropólogo y ecólogo. Director del Instituto de Estudios Urbanos, profesor del Departamento de Antropología e investigador del Centro de Estudios Sociales –CES- de la Universidad Nacional de Colombia.