Un cuidadoso catálogo permite sobrevolar la gigantesca problemática ambiental de Bogotá, que no figura entre las prioridades de los candidatos, pero que por ser una dimensión transversal deja ver tantas tareas sin cumplir y tantas vergüenzas ocultas de la gran ciudad*.

Vienen más nubarrones 

Las variaciones del clima y la intensificación de los eventos de lluvias y de épocas secas han mostrado la vulnerabilidad de la Sabana de Bogotá y del propio territorio de la ciudad a las inundaciones y a las sequías.

Se han puesto en evidencia la falta de una política ambiental coherente y de largo alcance, y la de planes serios de contingencia para responder a las condiciones cada vez más severas que tendremos que afrontar en los próximos años.

Pero también han puesto en evidencia la incapacidad de los gobernantes para encontrar mecanismos regionales de coordinación y de toma de decisiones.

A este cuadro desolador se suma el crecimiento de la ciudad y de las áreas anexas, con la consecuente presión sobre el agua, los suelos, los depósitos de arcillas y rocas, las coberturas vegetales y las comunidades ecológicas que subsisten aún en la debilitada estructura ecológica principal regional y local.

Una ciudad dispersa y desigual

En Bogotá no están muy claros ni el modelo de ciudad que se debe adoptar ni los datos sobre los cuales se sustentan las propuestas y las decisiones, aunque sí lo son las tendencias menos recomendables, pero más evidentes:

• la expansión de la ciudad,
• la conurbación con los municipios vecinos,
• la destrucción de los bosques,
• el mantenimiento de la segregación social y espacial,
• el agotamiento y la contaminación de las aguas superficiales y la profundización de los niveles freáticos,
• la invasión de los cerros,
• la intensificación de las prácticas extractivas.

• Implica poner en marcha una política sobre los bordes para impedir la conurbación;
• Obliga a tomar decisiones sobre el fortalecimiento y la conservación de la naturaleza en esas áreas limítrofes, para que actúen como barrera natural y como límite definido al crecimiento incontrolado.

Cambió la demografía

La aglomeración urbana está cambiando de manera radical. La Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizaron un estudio demográfico hace pocos meses. Conclusión: la población de Bogotá crece hoy a un ritmo por debajo del 2 por ciento anual.

Esto implica que cada vez seremos menos y que nos acercamos a una sociedad que empieza a envejecer, lo cual requiere una planeación distinta para el futuro.

La diferencia entre las proyecciones del censo de 1993, sobre las que se hizo el POT del 2000, y las proyecciones corregidas sobre el censo de 2005, es de 454 mil personas menos de las esperadas.

Esta diferencia cambia el cálculo del déficit de viviendas y las necesidades de suelo urbanizable y pone en tela de juicio la compulsión por destruir valores ecológicos, ambientales, paisajísticos únicos y muy valiosos en nombre de unos seres humanos que tal vez nunca van a existir.

Hoy se calcula que el déficit de vivienda en Bogotá asciende a 307.334 soluciones, de acuerdo con la Secretaría de Hábitat y con los datos del censo de 1993. ¿Cuánto cambia el déficit si se aceptan los resultados de las correcciones hechas por el estudio demográfico de Planeación y el DANE?

De otra parte, si en las dos últimas administraciones (es decir, en ocho años) solo se entregaron 74.070 viviendas de las 170.920 que había ofrecido construir, ¿cuáles serán el impacto y las metas reales de la administración que estamos a punto de elegir?

Un mal vecino

La falta de visión y de voluntad política para asumir los riesgos de construir una ciudad compacta se pone de presente en los macroproyectos por fuera de la ciudad, sobrecargando territorios rurales y semiurbanos mal preparados para recibir de un golpe el doble de su población: un impacto ambiental irreversible e innecesario.

El precio del suelo también sube, de suerte que ya tampoco es viable construir vivienda de interés prioritario en Soacha y pronto ocurrirá lo mismo en Mosquera y en Funza, con el agravante de que el pretendido remedio es peor que la mal diagnosticada enfermedad: se aumentan los tiempos de desplazamiento de los trabajadores, se trasladan a lugares con menores opciones y oportunidades y se disminuye su capacidad de ascenso social, económico y político.

La Ley 99 de 1993 estableció la obligación para el Distrito de invertir por lo menos el 1 por ciento de sus ingresos en mantener las cuencas hidrográficas y compensar los servicios que ellas prestan: la suma se elevaría hoy a cerca de 70 mil millones de pesos anuales, pero los encargados en el Distrito de proteger las cuencas y asegurar el agua no se han preocupado por cumplir con esta obligación, como lo ha denunciado Guillermo Rudas.

La Contraloría también ha señalado que hace más de 35 años los usuarios del agua pagan una tasa retributiva que poco a poco se ha reducido, sin que las autoridades hagan el menor esfuerzo por corregirla.

Un ejemplo concreto: Tunjuelito

Desde los años cincuenta, el suroriente de la ciudad se convirtió en zona de desastres: la práctica irresponsable y agresiva de la explotación minera en el cauce del río Tunjuelito convirtió a esta región de paisajes hermosos, grandes posibilidades de servicios ambientales y de agua para el sur de la ciudad y de la región, en una zona de alto riesgo sometida a inundaciones y a deslizamientos en masa.

Según datos oficiales, en Bogotá hay 107 predios de explotación minera, de los cuales sólo 7 son legales. Las autoridades adelantan 96 medidas preventivas de suspensión, tres de las cuales han incluido a grandes empresas mineras localizadas en la cuenca del río Tunjuelito, que a pesar de ser legales, no son propiamente un modelo, sino todo lo contrario: las corporaciones multinacionales Cemex y Holcim y la fundación católica San Antonio —que hacen parte de las 7 explotaciones legales— han usado las aguas a su antojo, desviado el cauce natural y destruido los sistemas hídricos para desecar las zonas para sus explotaciones sin medir las consecuencias de sus acciones, que ya han costado vidas humanas, empobrecimiento y desplazamientos, sin que hayan asumido los costos de sus acciones, desde luego.

A mediados de 2010, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ordenó el cierre temporal de las tres explotaciones alegando que el daño ambiental producido tomaría muchos años y grandes inversiones para poder ser reparado. El comportamiento de los precios de los materiales de construcción no se ha visto alterado por estos cierres.

Se requiere estudiar con detalle la dinámica de las fallas locales; se sabe poco del comportamiento del corredor sísmico del sur, un riesgo latente sobre una zona que se pretende convertir en área de expansión urbana.

También se debe atender el riesgo generado por la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), cuyas tuberías de conducción de combustible pasan por debajo de 33 barrios (31 de Fontibón y Teusaquillo y dos de Puente Aranda), a escasos 1,40 metros de profundidad y no poseen estudios de riesgo ni propuestas de preparación para un desastre.

Dejo para la próxima edición de la revista las referencias necesarias al tratamiento de los residuos, la situación del Río Bogotá, los cerros y los bosques, la contaminación auditiva y por supuesto el fortalecimiento de las instituciones responsables de cuidar nuestro ambiente.

* Una versión anterior y más extensa fue publicada el pasado 4 de octubre por el Foro Nacional Ambiental como base para el debate con los candidatos a la alcaldía de Bogotá.

** Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia.