Un fenómeno desconocido hasta ahora es el desplazamiento de familias enteras de una comuna a otra de la ciudad, en función del complejo conflicto entre bacrim, pandillas y combos, que se nutre en gran medida de la incorporación de menores.

¿Se está perdiendo el control?

La complejidad y la dinámica de nuevas formas de desplazamiento forzado constituyen serios retos para los nuevos alcaldes y gobernadores. Medellín y Antioquia no son la excepción.

Entre estos nuevos retos se destaca el de mantener la gobernabilidad dentro de la legalidad democrática y al mismo tiempo hacer respetar los derechos fundamentales de personas desplazadas, pero ahora en un escenario intraurbano.

¿Hasta qué punto, en el caso de Medellín, los gobiernos nacional y local han perdido cierta capacidad de gobernar y de controlar las manifestaciones violentas de los grupos al margen de la ley?

Responder a esta pregunta implica analizar la situación actual del conflicto en la ciudad, el control territorial y la presión que los actores armados — bacrim, combos, pandillas, delincuencia común — vienen ejerciendo sobre los habitantes de ciertas comunas, sobre las propias autoridades y sobre la sociedad en general.

En muchos sectores de Medellín, los grupos armados ilegales [1] ya no se molestan en disimular su presencia, centrada principalmente en la disputa por el control territorial del tráfico de drogas y de armas, la extorsión a grandes y pequeños comerciantes, e incluso el acceso a proyectos públicos de gran envergadura.

Un ejemplo de esta exhibición de poder fue el paro armado decretado por los Urabeños a comienzos de año, desafiando la institucionalidad y la gobernabilidad en Medellín y en amplias zonas del Bajo Cauca, de Urabá y de la Costa Caribe.

Menores y desplazamiento

Esta diversidad de manifestaciones de violencia armada afecta profundamente los derechos fundamentales de la población en general, pero los menores de edad son el segmento de población más vulnerable.

El rango de edad más afectado por el reclutamiento oscila entre los 12 y los 17 años, pues las normas vigentes facilitan la vinculación de menores a las bandas armadas, sin riesgo de ser judicializados como personas mayores. A estos menores se les asignan tareas auxiliares como sicarios, informantes, portadores de armas [2], pero cada vez más también son llamados a convertirse en integrantes ordinarios de los grupos armados.

En general, las normas vigentes buscan proteger a los menores de edad de quienes se aprovechan de ellos para cometer delitos: los adultos que induzcan a cometer delitos a menores o que lo permitan pueden ser castigados con una pena de 10 a 20 años de prisión.

Un fenómeno nuevo y asociado con la vinculación de menores que se observa en Medellín es el desplazamiento forzado intraurbano: familias enteras son obligadas a abandonar sus viviendas, sus barrios e incluso sus comunas. Al discriminar por edad,

los rangos más afectados corresponden a personas menores de 12 años o mayores de 18, tal como indica la gráfica siguiente:

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Personería de Medellín.

Una razón para que los jóvenes entre 12 y 17 años de edad representen apenas el 23 por ciento de los afectados por el desplazamiento intraurbano podría ser que la probabilidad de que sean integrantes activos de grupos armados es muy elevada y por lo tanto ni ellos ni sus familias sufren el desplazamiento, como sí lo padecen aquellos que no quieren colaborar con un grupo ilegal.

Durante el año pasado, Medellín recibió un total de 287.689 personas desplazadas de otras partes del país, lo cual se añadieron 54.387 víctimas del desplazamiento forzado intraurbano, según las cifras del Registro Único de Población Desplazada. Debe tenerse presente que algunas comunas de la ciudad son a la vez receptoras y expulsoras de personas.

Geografía urbana del crimen organizado

La dinámica de las alianzas entre grupos armados cambia constantemente el mapa del conflicto en Medellín. Se sabe, por ejemplo, que los “Urabeños” han acordado pactos con el grupo de alias 'Valenciano', mientras que el grupo de 'Sebastián', está aliado con los 'Rastrojos'. La población civil no ha podido escapar a los efectos colaterales de esta mutación reciente del conflicto armado intraurbano.

Ahora bien, la coerción armada ejercida por los grupos al margen de la ley ha conducido a erigir fronteras invisibles es decir, la división de territorios y el control de zonas estratégicas para el tráfico de armas, el cobro de vacunas, el microtráfico y la extorsión. Como se observa en el siguiente mapa de Medellín, más de la mitad de la ciudad es hoy territorio de conflicto abierto entre grupos armados ilegales:

Fuente: elaboración propia con datos de la Personería de Medellín.

Pero urge complementar estas acciones mediante dispositivos que en el pasado se utilizados con cierto éxito: una mejor distribución de la inversión social, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la reactivación de campañas educativas contra la delincuencia, contra la explotación y el abuso sexual, y en fin campañas formativas integrales y de monitoreo continuo para desincentivar la vinculación de los jóvenes al conflicto armado.

* Doctor en derecho, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

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