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El Gobernador del Chocó Carlos Alberto Palacios en Belén de Bajirá.

Claudia MosqueraAbandonados por el Estado –y por los políticos–, los chocoanos aprendieron que las protestas son la única manera de lograr las inversiones mínimas que en el centro del país se dan por obvias. ¿Qué lograron con la última protesta?

Claudia Mosquera Rosero*

Paros recurrentes

Durante los últimos años los paros cívicos del Chocó se han producido en momentos de grandes cambios políticos en Colombia. Por eso no es de extrañar que el paro de las últimas semanas hubiera comenzado poco antes de anunciarse el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera –como tampoco que el gobierno nacional hubiera aceptado las condiciones para levantar el paro en el momento mismo de concluir su acuerdo con las FARC-.   

En el Chocó negro e indígena se habla constantemente del “racismo del Estado” y de su abandono histórico de estos territorios: por esta razón los paros cívicos hacen parte de la cultura política local. El país recuerda los paros de los años 1967, 1987, 2000 y 2004, así como el ocurrido entre el 17 y el 24 de agosto de este año en Quibdó.

El Chocó es el departamento donde el posconflicto se pondrá a prueba.

En este departamento los grupos sociales aprendieron a hacerse oír por medio de la protesta, y los paros cívicos han sido una herramienta de presión para obtener recursos del Estado que permitan financiar las obras de infraestructura, los programas sociales y los servicios públicos necesarios para gozar de plena ciudadanía económica y social.

Antecedentes

Gobernador del Chocó Carlos Alberto Palacios y Gobierno Nacional se reúnen con el Comité del Paro Cívico.
Gobernador del Chocó Carlos Alberto Palacios y Gobierno Nacional se reúnen con el Comité del Paro Cívico.  
Foto: Página de la Gobernación de Chocó

En 1967 se produjo un paro cívico para exigir la prestación de dos servicios públicos esenciales: el agua y la luz. Los jóvenes manifestantes señalaban al gobierno de indolente ante las necesidades de un departamento recién creado y que había padecido los rigores del famoso incendio de la Calle Primera. Pero este paro no logró aglutinar a todos los sectores del departamento y el Estado respondió con la militarización de la ciudad de Quibdó, que acabó por frustrar la protesta.

Bajo el gobierno de Virgilio Barco, el pueblo chocoano organizó otro paro cívico para exigir:

  • La mejoría de los servicios de salud,
  • Un acueducto para Quibdó,
  • Redes de alcantarillado en la ciudad capital,
  • La renovación de la planta telefónica de la ciudad,
  • La construcción del puente de Yuto,
  • La terminación de la carretera Animas-Nuquí-Bahía Solano,
  • La conclusión de la vía San Lorenzo-Nóvita-el Palmar
  • La interconexión vial de todos los pueblos del Urabá chocoano,
  • La construcción de la ciudadela universitaria y del edificio del SENA.

La movilización de ese año fue promovida por el Comité Pro-Paro Cívico Departamental y contó con el apoyo de comerciantes, maestros, campesinos, estudiantes, de la organización indígena Embera Wounaan (OREWA), la Iglesia católica, la Gobernación y el Concejo municipal. El paro dio origen al Pacto Social entre Colombia y el Chocó, y logró que algunas de las obras negociadas se cumplieran.

En el año 2000 se creó el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó bajo la consigna “el pueblo no aguanta más”, y de nuevo un paro cívico obligó al Estado a: 

  • Comprometer varios millones de dólares para la interconexión eléctrica Viterbo-Cértegui,
  • Destinar treinta mil millones de pesos para pavimentar el tramo Quibdó-las Ánimas,
  • Pavimentar los tramos Quibdó-Condoto y Quibdó-Santa Cecilia,
  • Reiniciar la vía al mar (Ánimas-Nuquí),
  • Construir el acueducto por gravedad en la capital del departamento,
  • Proseguir la construcción de la ciudadela universitaria,
  • Destinar muchos millones de pesos para atender el déficit hospitalario y fortalecer la red asistencial,
  • Incorporar docentes departamentales al situado fiscal,
  • Gestionar recursos para dragar el rio Atrato,
  • Emprender la electrificación del Baudó y de la Costa Pacífica chocoana.

En 2004 se produjo un conato de paro cívico para exigir la terminación de la vía al mar. En ese momento el gobierno del presidente Uribe desestimó la presión ciudadana y esta solicitud quedó excluida del presupuesto para 2005. Esta fallida protesta fue liderada por el Comité Pro Vía al Mar, integrado por la Universidad Tecnológica del Chocó, el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, la Cámara de Comercio de Quibdó, y por las colonias del Alto Baudó y Nuquí residentes en Quibdó.

El paro de este año

El 17 de agosto pasado comenzó un nuevo paro cívico en Quibdó. En esta ocasión se acusó a Santos por el abandono del departamento bajo sus dos gobiernos en materia de vías, energía, puertos, navegabilidad, saneamiento básico, salud y educación. El paro concluyó tras la firma de un acuerdo de diez puntos, entre los cuales se cuentan:

  • La inversión de 720 mil millones de pesos en las carreteras Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira;
  • La construcción de la línea de interconexión eléctrica el Tigre Unguía-Acandí,
  • La evaluación para refinanciar el Plan Departamental de Agua del Chocó,
  • La constitución de un sistema de transporte público colectivo para Quibdó,
  • La formalización del sistema de transporte fluvial en el departamento.

Los acuerdos quedarán registrados en un documento Conpes y su cumplimiento será vigilado por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Esta nueva protesta confirma que los chocoanos acuden al paro cívico porque no encuentran en sus representantes políticos locales o nacionales voces que de verdad hablen por ellos. Por eso al tiempo que el gobierno debe cumplir lo acordado, este departamento debe ser capaz de presentarle al país nuevos liderazgos políticos, éticos y responsables, capaces de romper la cadena de corrupción que han tejido los políticos locales con los corruptos de cuello blanco que dirigen el país desde Bogotá.

La situación de emergencia social, económica, política, ambiental y cultural que vive el departamento demuestra que cuando la fractura social es profunda los recursos públicos siempre serán insuficientes. Por esto es necesario pensar en otro tipo de alianzas para sacar adelante a este departamento y emprender cambios culturales que den pie a instituciones fuertes y a funcionarios con sentido de la ética para administrar los recursos estatales y de cooperación internacional.

El Chocó en el posconflicto

Según el DANE el 79% de la población chocoana carece de vivienda.
Según el DANE el 79% de la población chocoana carece de vivienda.
Foto: Laura Beltrán Villamizar

Es importante entender que en el departamento del Chocó existen varios proyectos de sociedad en tensión:

  • El proyecto de los habitantes de Quibdó,
  • El proyecto étnico territorial indígena y negro,
  • El proyecto colonizador paisa,
  • El proyecto económico gubernamental,
  • El de las reservas campesinas de los acuerdos de paz, y
  • El de los paramilitares ligados a grandes proyectos agroindustriales y mineros.

Dudo de que los acuerdos entre el gobierno Santos y el Comité Paro Cívico Chocó resuelvan las tensiones entre estos disímiles proyectos de sociedad. Por eso, las reformas y programas del posconflicto en esta región deben atender a todos los intereses en juego. El pliego de peticiones de este paro, aunque incluyó el litigio entre Antioquia y el Chocó por Belén de Bajirá, así como el problema minero, no alcanza a dar cuenta de la dura realidad de las veredas chocoanas después de años de conflicto armado y de extractivismo desaforado.

Quizás como ninguno otro, el Chocó es el departamento donde el posconflicto se pondrá a prueba. La Fundación Paz y Reconciliación recordaba no hace mucho que este departamento “se convertiría en una especie de laboratorio, donde el Estado tendría que poner a trabajar a toda máquina su capacidad para convertir la región en modelo de desarrollo próspero y sostenible en el tiempo, que no solo incentive el empleo digno a sus habitantes, sino que además permita superar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, pues según informes del DANE (2012), el 79 % de la población chocoana carece de vivienda, de servicios públicos, de educación, vive en hacinamiento y en las familias algunos de sus miembros están en situación de dependencia económica”.

Por otra parte, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en junio de 2014, las tierras de este departamento son muy poco productivas, lo cual impide que la agricultura sirva de motor al desarrollo económico de la región.

Por estos motivos, los paros cívicos del Chocó para exigir inversiones del Estado, así como el impacto del conflicto armado en esta región y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana nos obligan a atender con celeridad este departamento. Si en el posconflicto le va bien al Chocó, le irá bien al país.

 

* Ph.D. en Trabajo Social de la Universidad de Laval (Canadá) e integrante del grupo de investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras (Idcarán) de la Universidad Nacional de Colombia.

 

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