Edición del lunes 18 de noviembre de 2019

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Manual para entender las marchas del 21 de noviembre

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Los retos del nuevo ministro de Defensa

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Un país descuadernado

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hernando gomez buendia Las tres noticias grandes de esta semana son una prueba de que en Colombia cumplir la ley es la mejor manera de violarla. 

Hernando Gómez Buendía *

No acaba de empezar el año nuevo y ya tenemos tres noticias muy controvertidas. El concepto favorable del Procurador sobre la constitucionalidad del referendo para elegir de nuevo al presidente Uribe. La liberación de 24 oficiales y soldados acusados por los falsos positivos, que de esta forma modo quedarían impunes. Y un choque durísimo de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. 

El Presidente aprovechó sus vacaciones para poner en marcha la primera noticia. En entrevista para la Voz de Montería, el mandatario declaró que su reelección "Dependerá de la Corte Constitucional, del pueblo y de Dios Nuestro Señor". Estas palabras dieron pie a un gran revuelo teológico-político, donde se habló de todo menos de lo que dijo el presidente Uribe: que el sí quiere reelegirse, que en su alma ya no está la "encrucijada", y que ahora el asunto depende de terceros.

Tenemos candidato - presidente o mejor dicho tenemos presidente- candidato. Y tanto así que el señor Procurador piadosamente le pidió al presidente que desde ya se someta a la Ley de Garantías. Digo "piadosamente" porque esa Ley no garantiza nada y porque el concepto del Procurador parece escrito por el jefe oficial de la campaña Uribe; según el concepto que emitió esta semana, la ley de referendo no tiene vicios graves de fondo ni de forma, el Congreso sí podía cambiar la pregunta de marras, la plata mal habida de las firmas no invalida el proceso, la Corte Constitucional debe y puede acortar el plazo para fallar, y el tiempo alcanza para que Uribe sea reelegido en mayo.           

Al concepto del Procurador se le opusieron inmediatamente las objeciones que eran previsibles. Primera: La reelección no es un "articulito" sino  un cambio completo de la Constitución, y eso no puede hacerse por la vía de esta ley de  referendo. Segunda: a la ley en cuestión no le faltó cumplir este o aquel formalismo, sino que hubo trece vicios sucesivos de procedimiento que contradicen la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso. Tercera: El Procurador admite que existieron varios vicios "leves", y éstos bastan -en derecho para anular el proceso. Cuarta: La Corte Constitucional no debería fallar a las carreras sobre un tema tan complejo y delicado. Y quinta, aunque la Corte corriera, los plazos de la ley no harán posible organizar el referendo a tiempo para la inscripción y la elección de Álvaro Uribe en mayo.

Los argumentos jurídicos del Procurador y de sus críticos son bastante sólidos (aunque yo creo que la ley en cuestión no es exequible). Pero aquí el punto es otro: la oposición (por ejemplo, Rafal Pardo) ha desvirtuado el concepto del Procurador porque lo ve como un funcionario "de bolsillo".

Este cargo, de nuevo, es discutible: Ordoñez no fue postulado por el Presidente sino por el Consejo de Estado; por él votaron (y ruidosamente) tanto el Polo como el Partido Liberal;  y en ejercicio del cargo el señor Procurador ha disentido del gobierno en temas sensitivos como el tercer canal de la televisión. Más que otra cosa, creo yo que Ordoñez es un santandereano de principios.

Y si embargo el problema queda intacto: Alejandro Ordoñez fue elegido por el presidente que controla el Congreso que eligió al Procurador y que según todos sabíamos a la vuelta de unos meses debería intervenir en la reelección del funcionario que lo eligió. Es lo mismo que pasa con los tres honorables magistrados- Mauricio González, María Victoria Calle y José Ignacio Pretelt- que Uribe llevó a la Corte Constitucional cuando la ley del referendo ya estaba siendo adoptada.

El daño pues está hecho -y aunque tuvieran razón, en conciencia y en derecho, el Procurador y los magistrados que apoyen el referendo. El daño viene, paradójicamente, de acatar las normas constitucionales para elegir a los altos funcionarios después de que cambió el "articulito" de la primera reelección. O sea que la ley se cumple para violar el espíritu de la ley  -o en este caso el principio de la separación de poderes.

En el caso de los detenidos por la monstruosidad de los "falsos positivos", mi punto es más de lo mismo: los funcionarios que, en medio de  las vacaciones  judiciales, ordenaron la libertad de 17 y luego de otros 7 militares, en realidad se limitaron a cumplir lo que manda la ley. Se protegió una garantía  legítima del presunto culpable - nadie puede ser detenido indefinidamente-  para violar el derecho de las víctimas que es la razón de ser del derecho penal.

Y otro tanto ocurrió con el Consejo Superior de la Judicatura, que en virtud de la ley está obligado a vigilar la conducta de los jueces, pero esta vez lo hizo para absolver a un congresista condenado nada menos que  por la Corte Suprema. Cumplir la ley con el fin de violarla.     

Y es que en Colombia para violar la ley hay que cumplirla.   

 *Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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