Edición del lunes 11 de noviembre de 2019

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El bombardeo en Caquetá: reflexiones desde el derecho internacional

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

Así el gobierno diga que no hay conflicto armado, a la luz del DIH sí existe en Colombia.

Nicolas Sussman¿Se puede justificar el bombardeo que acabó con la vida de ocho menores y que precipitó la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero?

Nicolás Süssmann H.*

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Sin prestigio, ni gobernabilidad: ¿podrá Duque recomponer el camino?

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Guillermo Botero renunció, siendo otro de los tantos tropiezos de este gobierno.

Andres DavilaLa renuncia del ministro Botero es apenas la punta del iceberg de los problemas que enfrenta el Gobierno Duque, en especial en materia de seguridad y defensa.

Andrés Dávila *

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Mitos y realidades sobre la presencia del Cartel de Sinaloa en Colombia

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

El segundo triunfo importante fue para Estamos Listas en Medellín y la obtención de un cupo en el Concejo.

Jorge MantillaHay varias razones que impiden pensar que ese y otros carteles mexicanos ejerzan control territorial en el norte del Cauca y otras regiones del país.

Jorge Mantilla*

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Ciudadanía, democracia y seguridad ciudadana

(Tiempo estimado: 2 - 4 minutos)

Francisco Leal BuitragoEl uso  oficial de “informantes” atenta contra la ética de la democracia[1].

Francisco Leal Buitrago*

Las críticas a la propuesta oficial de crear legiones de ‘informantes' urbanos entre estudiantes y taxistas ha sido casi unánime. Las ofertas de recompensas por ‘sapear' no son nuevas, aunque se han expandido para compensar el estancamiento de anteriores éxitos de la seguridad democrática. En medio del desborde de la delincuencia en las ciudades y del ostensible vacío en seguridad ciudadana de esa política, el Gobierno busca ‘soluciones' improvisando al ritmo del ‘Estado de opinión'. Las confusas autorizaciones y desautorizaciones oficiales a la ‘sociedad civil' para ‘negociar' con delicuentes en Medellín ha ido también por el mismo camino.

Las recompensas enraizadas en la cultura mercantil anglosajona no las frenó la ampliación de la ciudadanía en países como los Estados Unidos, y continuan como medio turbio que empaña el ejercicio de la justicia. Por eso no son dignas de imitar. El dinero fácil hace parte del crimen y la ilegalidad, y su uso para combatir el delito atenta contra la ética de la democracia. Pero este problema se agrava si las recompensas oficiales se usan en sociedades con democracias precarias como la colombiana.

La formación de ciudadanía es uno de los referentes centrales que identifican una democracia. Construir ciudadanía debe ser una tarea permanente de cualquier Estado democrático. El imaginario popular identifica al ciudadano solamente con la mayoría de edad y su posibilidad de elegir y ser elegido. Pero lo esencial son sus derechos y deberes. La Constitución colombiana señala los derechos fundamentales que garantiza el Estado, como son la vida, la libertad, la igualdad, la protección, la paz, el trabajo y la seguridad social. E indica como deberes ciudadanos el respeto a los derechos ajenos, la solidaridad social, el apoyo a las autoridades, la defensa de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz. Pero para que se cumplan estos deberes es necesario que el Estado haga un esfuerzo eficaz para garantizar tales derechos. 

En este contexto, ¿pueden ser ciudadanos de verdad (o pensar siquiera en serlo) los ocho millones de colombianos que están en la miseria, o los 20 millones que hay en la pobreza, o la mayoría de la población económicamente activa que sobrevive en la informalidad o se debate en medio del desempleo? Como no son ‘ciudadanos plenos', no sienten el deber de colaborar con las autoridades. Por eso, el Gobierno escoge el camino fácil: convertirlos en sapos. Además, corren el peligro de pasar -y muchos lo hacen- con este anzuelo al mundo de la ilegalidad y la criminalidad, como tránsito fácil para abandonar sus indignas condiciones de vida. La minoría de ciudadanos de verdad que hay en el país no requieren de tales incentivos.

En una sociedad cuya ciudadanía es menos que precaria y cuyo Estado ha sido políticamente débil, el ‘rebusque' -legal o ilegal- es una práctica que se observa en todos los estratos sociales. Y la ‘sapería', inducida por el Ejecutivo, lo fomenta en aquellos sectores vulnerables a la inseguridad y al delito.

¿Cuándo será, entonces, que la seguridad -que es obligación ineludible del Estado- la diseñe un gobierno con visión política integral y de responsabilidad social a largo plazo, sin excluir, por supuesto, el uso legítimo de la fuerza, y no con objetivos de vendetta, ignorando la seguridad ciudadana y aprovechándose de la pobreza de su población?

Nota del autor: Esta columna la remití el 12 de febrero. Es la última que envío a este diario.

 

* Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes, autor de varios libros y numerosos artículos sobre política, militares y conflicto.

Nota de pie de página

[1] Escrita originalmente para el diario El Tiempo, como última columna del autor para ese diario. Como no fue publicada y conserva su actualidad la ofrecemos a nuestros lectores.  

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