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El problema de la coca empeora… y no lo quieren ver

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Cultivos de Coca en Colombia

Sergio UribeNo solo está creciendo el área cultivada. También ha habido mejoras tecnológicas que han elevado la productividad. Esto hace que el negocio siga siendo pingüe y que sirvan de poco los programas de desarrollo alternativo del gobierno. 

Sergio Uribe R.*

Aprendiendo a medir

A mediados de los años noventa se publicó el libro Drogas ilícitas en Colombia: su impacto económico, político y social, producto de estudios interdisciplinarios financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y liderados por Francisco Thoumi. Yo fui el autor del capítulo 1 de este libro: “Los cultivos ilícitos en Colombia: Técnicas y tecnologías para la producción; extensiones, rendimientos y la magnitud de la industria”.

En el momento de esa publicación no había casi información sobre los cultivos en Colombia y en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se usaban los datos del gobierno de Estados Unidos, que todos suponíamos basados en estudios e información de campo. Desafortunadamente, un tiempo después fue para todos claro que aquella fuente estaba llena de especulaciones sin validez científica.

Por esos años estábamos en medio de la guerra contra las organizaciones narcotraficantes, Ernesto Samper estaba en el poder y el mundo nos veía como un Estado fallido. Hacia finales de la administración Samper se publicó el libro mencionado, con el beneplácito de la DNE y el PNUD, y las repercusiones del mismo no se hicieron esperar.

Fui contactado entonces por la embajada de Estados Unidos para discutir el trabajo y examinar la posibilidad de adelantar un trabajo similar para todo el país. Los norteamericanos venían trabajando en Bolivia y en Perú, pero consideraban que Colombia era muy peligrosa para las labores  de campo. Se llevaron a cabo varias reuniones y se concluyó que había que adaptar la metodología para Colombia. En 1999 se realizó un proyecto piloto en Nariño.

Con financiación de la embajada durante la primera década del siglo XXI se siguió trabajando en distintas regiones del país, se extendió la investigación a la amapola y eventualmente se incorporaron cultivos experimentales de coca y amapola. El estudio   siempre tuvo en cuenta los cambios en los cultivos; por ejemplo en el caso de la coca llegamos  a identificar no menos de 12 tipos, incluyendo híbridos mejorados (en inglés cultivars) de coca.

Hoy las muestras de coca son estudiadas por la Policía Nacional y los laboratorios forenses, así como por otras Policías del continente. El trabajo en amapola se cerró y no ha sido continuado. En el año 2010 me retiré del proyecto, aunque sé que el trabajo de campo ha continuado con menor intensidad y los cultivos experimentales se abandonaron y se dejaron como una muestra de museo para investigadores, pero sin fondos para introducir nuevos tipos (cultivars). Pero a juzgar por los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), también parece que los lazos entre equipos se consolidaron.

Los cambios en el negocio

Reto para el presidente Juan Manuel Santos, por reducir número de cultivos ilícitos en el país.
Reto para el presidente Juan Manuel Santos, por reducir número de cultivos ilícitos en el país.  
Foto: Presidencia de la República

Los estudios de campo realizados entre 1999 y 2010 cambiaron nuestro entendimiento del negocio. Hasta la publicación del estudio en 1997 se creía que los campesinos colombianos extraían el 40 por ciento del alcaloide de la hoja que procesaban (15 a 16 gramos/arroba de hoja) y se calculaba que la densidad de los cultivos de coca en Colombia era del orden de 7.000 matas/hectárea.

A partir de los estudios del año 99 fue necesario recalcular los datos para el país. Se supo que el campesino colombiano estaba extrayendo entre el 70 y el 75 por ciento del alcaloide (22 a 24 gramos de base/arroba de hoja) y la densidad de siembra se ubicó en 10.000 (y hasta 12.000) matas/hectárea. Como complemento a lo anterior, en Colombia se había desarrollado la tecnología para procesar hoja fresca y no hoja seca. Este último punto implicaba que cada parcela tenía una cocina (o lo que el ministro de Defensa actual llama un “laboratorio”).

Los estudios de campo realizados entre 1999 y 2010 cambiaron nuestro entendimiento del negocio.

Para el año 2010 las organizaciones criminales habían redefinido la comercialización de la coca y el campesinado había abandonado la práctica de procesar hoja en finca. Además, las organizaciones armadas habían reestructurado los mercados locales, pues ahora compraban la hoja, llevaban sus propios cosechadores, pagaban según variedad y peso y asumían todos los riesgos ya sea procesando en sitio o transportando la hoja a centros especializados que ellos mismos habían montado, donde disponían de personal propio y especializado.

Asumir este nivel de riesgo significaba que los narcotraficantes habían mejorado la fórmula para extraer el alcaloide y/o mejorado la calidad de los insumos para aumentar los rendimientos. Hasta el año 2010 al campesino se le pagaba la hoja sobre la base de una fórmula compleja donde se tomaban en cuenta el número de arrobas de hoja requeridas para producir 1 kilo de base en la región, así como el tipo de hoja cultivar que compraban.

Esta situación era evidente en las zonas del Pacífico (incluyendo Nariño y Putumayo) y también en Urabá, Sucre, Chocó y Córdoba se veían cambios, con una evolución hacia la mayor productividad.

Los problemas de hoy

Campesinos cocaleros en Colombia.
Campesinos cocaleros en Colombia.  
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

El pasado 26 de febrero Salud Hernández presentó en El Tiempo un resumen de su visita de una semana en zona rural de Argelia, Cauca. Durante esa visita la periodista fue testigo de cómo se procesaron 264 arrobas o 3.300 kilogramos de hoja. Después de procesar esta hoja el “laboratorio” sacó al mercado 7.292 gramos de base de coca de alta pureza (según el artículo la misma había sido purificada con permanganato de potasio).

Una operación matemática sencilla nos dice que 264 arrobas de hoja dividido entre 7.292 equivale a 36 gramos de base extraídos por arroba. Esto implica un aumento del 50 por ciento en el rendimiento de los cultivos (base por arroba de hoja) con relación a las cifras de hace 7 años. Más adelante el mismo artículo nos muestra un nuevo cultivar, la “pinguana”, que en ese entonces era desconocida. El artículo de Hernández muestra entonces que hoy existen unos nuevos cultivars y que seguramente las técnicas de extracción de alcaloides han mejorado. Es decir que la productividad del proceso de la coca ha mejorado en el campo colombiano.

Los números aquí revelados sugieren que en el Pacífico (que desde Tumaco hasta el Chocó concentra más del 40 por ciento de los cultivos de coca del país) la producción de cocaína aumentó posiblemente un 50 por ciento en 7 años. Sin trabajo de campo es difícil definir el origen de estos cambios, pero se puede intentar explicar debido al éxito de nuestros cultivadores, procesadores y traficantes.   

Hasta 2010 la gran mayoría de los lotes de esa región habían sido asperjados, lo que redujo su productividad de hoja entre 40 y 50 por ciento (cabe resaltar que desde la perspectiva de una política el beneficio de la aspersión aérea se debe medir no por el número de hectáreas erradicadas sino por la cantidad de droga que se deja de producir).

Se estima que hasta el año 2012 se estaba cosechando entre 100 y 135 arrobas de hoja/hectárea/cosecha. En 2017, tras 5 años de no fumigar, los mismos lotes de coca producen entre 166 y 225 arrobas/hectárea. Esto implica que las 264 arrobas de hoja que le procesaron a Hernández provenían de entre 1,2 y 1,5 hectáreas de las más de 42.000 (según el Observatorio Nacional de Drogas —OND— 2015) sembradas en la región pacifica colombiana. Salud fue testigo de la producción de 7,2 kilos de las 335 toneladas que cocaína tipo exportación que se produce en el Pacífico (en Colombia para convertir base a cocaína tipo exportación el factor es de 1,1 de un kilo de base debe salir 1,1 kilo de cocaína).

¿Cuáles pueden ser las implicaciones de esto para las estrategias del posconflicto? La respuesta es sencilla pero compleja: hay que ponerle un valor monetario a la producción. En el caso de la periodista en una semana se produjeron 7.292 kilos de base o 8,02 kilos de cocaína, cuyo valor comercial en Colombia es de unos 16.000 dólares o unos 48 millones de pesos.

Seguramente las técnicas de extracción de alcaloides han mejorado.

De esta cifra, unos 10 millones netos le quedan al campesino, quien no paga la cosecha y/o el transporte y solo gasta en fertilización, desyerbe y control de plagas durante los 90 días del ciclo hasta la próxima cosecha. El ingreso medio de este campesino es de 3,3 millones al mes y dispone de dos a tres semanas cada mes para “jornalear” fuera de su parcela, lo que le puede significar un ingreso adicional que redondea no menos de unos cuatro millones al mes.

A la luz de las cifras anteriores es posible que un campesino cocalero bien organizado esté llevando a casa unos 48 millones de pesos al año. ¿Cuántos trabajadores urbanos se acercan a estos ingresos? ¿Será que estos campesinos van a sacrificar sus cultivos de coca por un ingreso de menos de la mitad de los que ganan hoy? El programa de desarrollo alternativo de la administración Santos tiene que competir contra estos números.

Sin la amenaza de la erradicación aérea, la cárcel para procesadores y transportadores de hoja o leyes que faciliten la confiscación y extinción de dominio de los bienes de las organizaciones dedicadas al narcotráfico es poco o nada el impacto del desarrollo alternativo.

Mientras tanto el ministro de Defensa defiende el desarrollo alternativo aunque esa política no sea de su cartera; el de Salud se basa en los informes de la Organización Mundial de la Salud para prohibir la aplicación de glifosfato pero olvida otros informes de la OMS según los cuales un consumo de 50 gramos diarios de embutidos por períodos prolongados puede producir el mismo riesgo de cáncer que el glifosfato; y el Ministerio de Agricultura defiende el uso de glifosfato en la agroindustria a pesar de las objeciones del Ministerio de Salud.

Además, no existe un órgano rector de la política antinarcóticos en el país que es el mayor productor de drogas ilícitas del mundo. En Colombia la política contra los cultivos la maneja una subdirección de uno de los viceministros de Justicia, es decir, el portero de la sala de urgencias del hospital de Kennedy tiene más autoridad que el órgano que debe formular las políticas de drogas en el país.

 

* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, magíster en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.

 

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Comentarios  

john bautista
0 # Legalizaciojohn bautista 13-03-2017 10:22
Losgriegos legalizaron el negocioy el consumo de la marihuana. Por supuesto q no acabaron con el consumo sólo legalizaron el dinero y se quedaron con el.y nosotros nos seguimos matando y persiguiendo a quien?
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