La Jurisdicción Especial para la Paz: por qué sigue el debate

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Magistrados de la JEP.

Farid BenavidesFue el punto más espinoso de la negociación, y aún ahora subsisten  dudas sobre asuntos como la participación política de los exguerrilleros, el narcotráfico o el tratamiento de los agentes del Estado ¿Será que el Estado incumple sus acuerdos?*        

Farid Samir Benavides**

Dudosa legitimidad

El 2 de octubre pasado se conmemoró un año del plebiscito para ratificar el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Esta consulta popular ideada para dotar de legitimidad a un Acuerdo que había sido objeto de muchas suspicacias y de incontables debates no logró los resultados que buscaban sus autores, de manera que el Gobierno tuvo que  introducir algunas reformas para satisfacer a los voceros del “no” –voceros cuya representatividad nunca fue verificada– y proceder a la renegociación con la guerrilla.

En lugar de someterlo de nuevo al voto popular, el nuevo Acuerdo fue presentado al Congreso para su ratificación, y de este modo pasamos a la etapa de cumplimento o “implementación” de lo acordado en la mesa de La Habana.  

Un año después de ese error político del Gobierno y las FARC se sigue discutiendo sobre la legitimidad de los acuerdos, e incluso algunos sectores políticos afirman, de manera irresponsable, que no están dispuestos a cumplirlos o que los modificarían de manera unilateral. La proximidad de unas nuevas elecciones hace aún más difícil el desarrollo o “implementación” de los acuerdos.

Pero a pesar de esa especie de “limbo político” donde vino a parar el Acuerdo de paz, las FARC han dejado las armas de modo definitivo y se han convertido en un partido político- la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, cuyo primer presidente es el ciudadano Rodrigo Londoño Echeverri.

Camino lleno de obstáculos

Fiscal tiene reparos respecto de la JEP<
Fiscal tiene reparos respecto de la JEP
Foto: Fiscalía general de la Nación

Uno de los temas más álgidos de las negociaciones de paz y del desarrollo de los acuerdos ha sido el del sistema especial para juzgar a los guerrilleros desmovilizados por la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado. Para ello se creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cuyos miembros debían ser seleccionados por un comité especial.

La reciente escogencia de los magistrados de la JEP ha sido motivo de distintas controversias y críticas por falta de transparencia, incluyendo la posible existencia de nexos entre el exmagistrado José Leonidas Bustos- investigado por el escándalo de corrupción y clientelismo en la Corte Suprema de Justicia- y el representante de la Corte en la JEP Francisco Acuña, así como sobre el hecho de que el exmagistrado Francisco Ricaurte – encarcelado dentro del mismo escándalo- se haya presentado como candidato a esta institución.

A lo anterior se suman los problemas en la discusión y aprobación de la ley estatutaria de la JEP. El Congreso de la República, basado en el fallo de la Corte Constitucional sobre el llamado “fast track”, ha propuesto una serie de reformas al proyecto del Gobierno, y algunas de ellas han sido criticadas porque implicarían modificaciones unilaterales del Acuerdo de paz.

También hay que tener en cuenta la intervención del fiscal Néstor Humberto Martínez,  quien ha propuesto reformas que han sido consideradas por algunos congresistas como una forma de   sabotaje al proceso de reinserción de las FARC.

Tres puntos polémicos

Entre las diversas disposiciones de la JEP que han sido motivo de debate y que valdría la pena analizar son especialmente relevantes las siguientes:

  1. Participación política de los miembros de las FARC

Esta medida ha sido discutida desde el momento mismo de la presentación del Marco Jurídico para la Paz.

Pese a las críticas de los opositores al Acuerdo, es evidente que prohibir la participación de los exguerrilleros de las FARC en la política sería una contradicción al proceso de paz, ya que estos no van a dejar las armas si no tienen la posibilidad de desarrollar legalmente su actividad política.

En el derecho internacional no existe ninguna norma que impida que los líderes de las FARC lleguen al Congreso. Y aunque el derecho penal colombiano establece la suspensión de los derechos políticos a quienes han sido condenados por delitos comunes, nada impide que esa consecuencia se levante para permitir que los miembros de las FARC condenados hagan parte de la carrera electoral de 2018.

Sin embargo la participación política no puede limitarse a la inclusión en el Congreso. Los ciudadanos tienen diversos espacios de participación  y el Congreso no necesariamente es el más importante. Además, si se levanta la interdicción para los miembros de las FARC que han cometido delitos comunes y políticos relacionados con el conflicto no existen razones para no permitirlo a otros actores armados, como los paramilitares o los miembros de la Fuerza Pública.

Lo absurdo de esta consecuencia nos obliga a idear medidas que limiten la participación política de las FARC, al menos por un tiempo. De ello no se sigue que se pueda impedir a todos los miembros de este grupo que participen en las próximas elecciones, pero sí a aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad.

  1. El delito continuado y sus efectos para el narcotráfico

Se afirma que quienes hayan iniciado la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico antes del 1 de diciembre de 2016 y cuya ejecución haya continuado después de esa fecha deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

La figura del “delito continuado” se ha utilizado para argumentar a favor o en contra de esta norma, como si se tratara de una simple cuestión de dogmática penal. Debe tenerse en cuenta que el narcotráfico, y particularmente la situación de los cultivadores de coca, ha sido una preocupación fundamental de las FARC, pues involucra a los campesinos que realizan este tipo de actividades ante la ausencia de alternativas legales que les permitan desarrollar una vida normal.

La ley estatutaria de la JEP debe responder a esta preocupación o, mejor aún, debe eliminarse esta disposición de la ley e incluir este asunto en una política integral de drogas que parta de la no penalización del cultivo ni del consumo.

  1. La sanción a los agentes del Estado que no aporten a la verdad ni a la reparación

Como mecanismo de justicia transicional, la JEP exige que quienes entren en su jurisdicción aporten verdad y reparación a las víctimas del conflicto a cambio de un tratamiento especial en materia de penas. Quienes no quieran someterse a la JEP tienen derecho a no hacerlo y a ser juzgados por la jurisdicción ordinaria, sea ella civil o militar. Lo que no es posible es obtener los beneficios de la JEP sin aceptar las exigencias que ello comporta.

La justicia transicional es un conjunto de prácticas con una serie de mecanismos diseñados para garantizar la justicia en la transición del conflicto al posconflicto. No es una justicia disminuida ni excepcional, es una cara de la justicia constitucional que acepta renunciar a la severidad de las penas para fortalecer el Estado de derecho y la convivencia democrática.

Por eso es importante que haya sanciones para quienes quieren obtener los beneficios sin aportar lo que les corresponde. Dicha sanción no afectaría su derecho al debido proceso, pues conservan la posibilidad de ser juzgados por la jurisdicción ordinaria.

Incumplimientos

Magistrados de la JEP.
Magistrados de la JEP.  
Foto: Tumaco y la incertidumbre de la paz

Aún falta mucho para completar la fase de desarrollo o implementación del Acuerdo de paz.

Sin embargo la experiencia mundial en materia de cumplimiento de los acuerdos de paz es bastante desalentadora, y por eso es importante que las organizaciones sociales hagan uso de todo su capital político para lograr el mayor grado de cumplimiento posible.

El Gobierno y el Congreso están llenando con creces las expectativas negativas que muchos se habían temido o habían venido expresando, y de este modo han puesto en cuestión su credibilidad para futuros acuerdos. ¿Cuál es el incentivo para los grupos armados que

quieren negociar la paz si la parte con quien negocian es incapaz de honrar su palabra y cumplir lo acordado?

* En aras de la transparencia debo decir que me presenté a la JEP y no fui llamado a entrevista.

** Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universitat Ramón Llull – Blanquerna.

 

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