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La JEP debilitada por la Corte Constitucional

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Debates sobre la JEP.

Camilo UmanaEl esperado fallo del alto tribunal permite que los terceros y los agentes estatales que no son parte de la Fuerza Pública decidan si se quieren acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz. El efecto real de la sentencia será aumentar la impunidad en Colombia.  

Camilo Eduardo Umaña*

El fallo

El martes de esta semana, la Corte Constitucional llegó a una decisión sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que había sido considerada como el punto nodal – y el más controversial- del Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.  

Como ya es costumbre, la Corte dio a conocer su decisión a través  de un comunicado de prensa ( del que se conocieron dos versiones oficiales diferentes)) donde indica que el Acto Legislativo es exequible, con excepción de once apartados que se declararon inexequibles. La costumbre de emitir comunicados desdice del más alto tribunal constitucional, cuyas sentencias deberían divulgarse en su versión completa desde un primer momento, e infortunadamente nos obliga a comentar los fallos sobre la base de tales pronunciamientos:   

Sabemos que la JEP no cumplirá con su objetivo formal de develar lo ocurrido durante el conflicto armado.
  • Algunos aspectos del fallo eran previsibles. Por ejemplo, el Acto Legislativo había limitado la acción de tutela estableciendo que la selección y la revisión que hiciera la Corte Constitucional de tutelas contra providencias de la JEP tendrían que ser aceptadas por la misma JEP y que las decisiones de la Corte solo serían indicativas. La Corte declaró inexequible esta norma y decidió que ella misma podría seleccionar y revisar las sentencias de tutela contra providencias de la JEP, con sujeción a las reglas generales establecidas en la Constitución.
  • Otros aspectos de la decisión fueron ampliamente controversiales, por ejemplo, el silencio ante la regulación de la cadena de mando. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y diferentes organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch habían criticado duramente esta figura porque admite la irresponsabilidad de los comandantes frente a crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus subalternos. El concepto de cadena de mando que la Corte se abstuvo de corregir crea impunidad y viola los estándares internacionales en la materia.  

¿Y los que no juzga la JEP?

Corte Constitucional.
Corte Constitucional. 
Foto: Procuraduría General de la Nación

La Corte declaró inexequible la obligatoriedad de la competencia de la JEP para juzgar los delitos de los no combatientes: se estableció que tanto los terceros como los agentes del Estado que no hacen parte de la Fuerza Pública comparecerán ante la JEP únicamente si así lo deciden.

El tribunal constitucional consideró que al someter a la JEP a esas personas se les “anula la garantía del juez natural y el principio de legalidad” y que “en relación con tales terceros, [la JEP] puede no satisfacer las garantías de independencia interna y externa y de imparcialidad”.

Algunos han recibido lo anterior con gran decepción, por entenderse como un palo en la rueda de la responsabilidad y la verdad de lo ocurrido en un conflicto donde los terceros han tenido una gran incidencia, así como por tratarse de un nuevo incumplimiento de lo pactado en La Habana.

Otros sectores lo han recibido como un parte de tranquilidad, pues se conservan las reglas preexistentes, se salvaguarda la competencia penal ordinaria y se separa a estas personas de la obligatoriedad de la jurisdicción especial.

Se dan nuevas condiciones para repetir la historia de una justicia especial incompetente y una justicia ordinaria inoperante.

Más allá de la posición que se adopte, debo aclarar que la decisión de la Corte no crea una cláusula de irresponsabilidad jurídica. Que la jurisdicción especial sea voluntaria no anula la acción de la justicia. La jurisdicción ordinaria seguirá siendo competente para juzgar los delitos cometidos en razón del conflicto por aquellos terceros o agentes estatales diferentes de los miembros de la Fuerza Pública que no se acojan a la jurisdicción especial.

Los puntos débiles

Sin embargo se debe reconocer que en la práctica la jurisdicción ordinaria ha hecho muy poco para esclarecer ese tipo de participación en el conflicto. Además, la decisión de la Corte no solo deja a estas personas sometidas a una jurisdicción que ha sido negligente, sino que:

1. Los propios responsables de los delitos podrán escoger lo que más les convenga entre comparecer o no comparecer ante la JEP

Según el comunicado de la Corte, los no combatientes “solo accederán a esa instancia voluntariamente, en función de las ventajas que puedan obtener como contrapartida a su decisión de aportar verdad, reparación y garantías de no repetición”.

La decisión de la Corte implica por lo tanto un privilegio para los responsables de delitos en el contexto del conflicto armado, quienes cumplirían su deber con los derechos de las víctimas según los beneficios que puedan obtener del sistema judicial.

¿Dónde quedó la lógica de garantizar los derechos de las víctimas? Con su lenguaje, la Corte desestima el discurso que pone a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz.  Y hace lo mismo al cambiar las reglas de manera que -en lugar de enfrentar a los terceros a un sistema con posibilidades reales de llevarlos a decir la verdad y reparar a sus víctimas- les abre las puertas para adoptar la estrategia de esperar y callar.

Así, si algún día son llamados a rendir cuentas por la justicia, ellos podrán escoger a su arbitrio el marco más beneficioso. Hacer de la justicia una especie de ‘menú de beneficios’ al antojo de los responsables no hace ningún favor al Estado de Derecho.

Por qué es tan difícil entender la importancia de poner al descubierto a los auspiciadores de la guerra.

2. Se menoscaba la pretendida “verdad, justicia y reparación”

Una jurisdicción que busque esclarecer lo ocurrido y reparar a las víctimas haciendo comparecer únicamente a los combatientes es indudablemente incompleta. Es un error interpretar cualquier conflicto armado —en especial uno tan largo, asimétrico y expandido como el colombiano— como un asunto de dos bandos enfrentados, sin considerar los intereses de los particulares frente a la guerra. 

Si en el mapa de responsabilidades la jurisdicción especial no puede incluir a los terceros ni a los funcionarios estatales que no son miembros de la Fuerza Pública solo obtendremos verdades a medias y responsabilidades parciales.  

Antes de que comience la JEP sabemos que no cumplirá con su objetivo formal de develar lo ocurrido durante el conflicto armado y de establecer las responsabilidades correspondientes.  

3. Se afecta seriamente la posibilidad de hacer responsables a los terceros y agentes estatales

Aun si aceptáramos que la justicia ordinaria puede compensar la debilidad de la JEP, hay que reconocer que el país ha aprendido muy poco de su historia en general y en particular de su más reciente experiencia con los paramilitares bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Pese a la gran cantidad de señalamientos de terceros y autoridades públicas no militares como financiadores, instructores, ideólogos y auspiciadores del paramilitarismo, tan solo una porción de estas revelaciones ha conducido a compulsar copias ante la justicia ordinaria.

De esta porción, una mínima parte se ha traducido en procesos judiciales formales, de los cuales a su vez se han obtenido resultados irrisorios. En otras palabras, se crean nuevas condiciones para repetir la historia de una justicia especial incompetente y una justicia ordinaria inoperante.

Preguntas y desafíos

Justicia Transicional.
Justicia Transicional. 
Foto: Legal App

Los límites impuestos a la JEP por la Corte Constitucional dejan muchas preguntas jurídicas por resolver. Por ejemplo:

  • ¿La jurisdicción sobre los no combatientes abarcaría todos sus posibles delitos o solamente aquellos sobre los cuales manifiesten su voluntad de acudir ante la justicia?
  • ¿Qué ocurre si en la JEP surgen hechos sobre los cuales los terceros que acudan vountariamente a su competencia no se han acogido?
  • ¿Desde cuándo y, sobre todo, hasta cuándo podrían los terceros acogerse a la jurisdicción especial?
  • ¿Qué ocurrirá con aquellas investigaciones que se lleven a cabo tras la vigencia de la JEP?
  • ¿Cómo afecta el límite establecido por la Corte a los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición?

Más allá de estas dudas, el pronunciamiento produce incertidumbre sobre la posibilidad de que la sociedad reconozca y aprenda de las lecciones de su propio conflicto. Entender la historia de los combatientes, investigar su responsabilidad e impulsar su reincorporación a la sociedad es importante.

¿Por qué es tan difícil entender la importancia de poner al descubierto a los auspiciadores de la guerra, de hacerlos responsables y de comprometerlos con el nunca más?

* Ph.D. en Criminología de la Universidad de Ottawa y Doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, profesor universitario

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Comentarios  

fernando calvo s
0 # Cual Justicia ?fernando calvo s 23-11-2017 09:21
El documento final puede ser objetado por estamentos internacionales para la aplicación real y justas de lo ocurrido en Colombia?
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diego victoria giron
0 # abogadodiego victoria giron 25-11-2017 16:44
. excelente articulo dr. umaña
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