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Crisis humanitaria: la vergüenza para los colombianos

(Tiempo estimado: 10 - 19 minutos)

Maria Victoria Duque

Pese a los logros de la Seguridad Democrática- y aunque preferimos no verlo- la situación humanitaria sigue siendo dramática.

María Victoria Duque

¿Pero, existe una crisis?

En Colombia no hay conflicto armado: "El conflicto es un tema prácticamente concluido. Ya tenemos unos temas de lo que se llama posconflicto (...)".

En Colombia no hay desplazamiento forzado: "Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media. (...) La propaganda internacional sobre nuestra situación de desplazamiento masivo, como el mayor desplazamiento del mundo, suma todos los que salieron durante los últimos 40 años. (...) La ONG que dirige toda esa propaganda se llama Codhes. (...) El negocio de crear el ambiente negativo contra Colombia produce réditos".

Son palabras textuales del Alto Consejero Presidencial, José Obdulio Gaviria[1]. Pero entonces ¿en qué categoría se clasifican las masacres, los confinamientos, el número creciente de accidentes por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE) y la "emigración" masiva de campesinos amenazados de muerte?

Lo anterior no solamente constituye una "crisis humanitaria", consecuencia de un conflicto armado, sino que tiene el carácter de lo que en el mundo se conoce como una "emergencia compleja" es decir, una crisis crónica y agravada por la incapacidad del Estado para enfrentarla.

Cuando se mira la lista de agencias humanitarias internacionales que atienden a las víctimas de la guerra en Colombia[2], o cuando se suma al monto de los recursos de cooperación humanitaria y ayuda de emergencia directamente relacionados con los impactos de la confrontación, cuesta trabajo negar la existencia de un conflicto armado en nuestro territorio.

La violación de los derechos de la población civil o de los "no combatientes" en este "conflicto armado interno" - cuando a las cosas se las llama por sus nombres- va desde atentados directos contra la vida y la integridad, hasta la de privación de bienes básicos o imprescindibles. En términos generales, la crisis humanitaria afecta a los segmentos más vulnerables de la población, como los campesinos, las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores y las minorías étnicas (indígenas y afrodescendientes).

No obstante algunos esfuerzos realizados desde Acción Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las alcaldías y las gobernaciones, además del trabajo de la comunidad internacional, es inmensa la brecha entre la respuesta ofrecida y las necesidades derivadas de la crisis.

Todos los indicadores del conflicto -y en especial los relacionados con la crisis humanitaria- presentan un alto grado de  subregistro, que se explica, entre otras razones, por el amedrentamiento de los actores armados a sus víctimas, por el desinterés de éstas en registrarse ante la impunidad existente, por la falta de soluciones efectivas a sus necesidades, por los aprendizajes sociales para resistir en sus territorios, y por la negativa reiterada de las instancias estatales a reconocerle su condición a un alto porcentaje de las personas afectadas.

Y sin embargo, incluso las cifras más cautelosas, por tratarse justamente de los registros oficiales, son prueba fehaciente de la magnitud de la crisis humanitaria. Veamos.

Sí hay desplazamiento forzado

En 2006, el Estado colombiano reconoció un total de 271.926 víctimas del desplazamiento forzado. Esta cifra equivale a "desocupar" completamente a Riohacha junto con Barrancabermeja, o a la migración forzada de todos los habitantes de Popayán.

Después de Sudán, Colombia fue el país con un mayor número de personas desplazadas en el mundo. Y la cifra del 2007 significó un aumento del 7.2% con respecto al 2006 - o sea que el problema no está disminuyendo.

El desplazamiento forzado sigue siendo causado por la guerrilla, por los llamados "grupos emergentes" y por los paramilitares que subsisten, en su afán de controlar los corredores estratégicos para el tráfico de drogas y de armas, o para apropiarse de la tierra y ejercer la influencia política y social que esto conlleva. Pero el desplazamiento ha aumentado además por el temor al   reclutamiento forzado de los jóvenes, por la siembra de minas antipersonal, por la fumigación de cultivos ilícitos y en general, por el indiscriminado involucramiento de la población civil en el conflicto.

La Sentencia T-025/2004 de la Corte Constitucional exige del gobierno la atención a los desplazados. En Enero de 2008, la Comisión de Seguimiento[3]  de la sentencia presentó su primer Informe de Verificación. No obstante los esfuerzos del Gobierno y unos pocos resultados, las cifras de este Informe  hablan por sí solas[4]:

  • Víctimas que abandonaron tierras en su lugar de origen: 73.4%
  • Recepción de ayuda humanitaria inmediata (dentro de la primera semana de desplazamiento): 19.3% de las víctimas
  • Recepción de por lo menos un componente de la ayuda humanitaria de emergencia (desplazados entre 2006 y 2007): 57.3%
  • Ingresos laborales por debajo de la línea de pobreza: 98%
  • Ingresos laborales por debajo de la línea de indigencia: 74%
  • Solicitud de apoyo para la reunificación familiar: 5.8%[5]
  • Desconocimiento del alcance del derecho a la reparación: 82.2% de los casos
  • Solicitud de acción de la justicia para obtener reparación: 23.2% [6]
  • Solicitud de protección a las tierras abandonadas: 7.3%
  • Ausencia de documentos de identificación: 68.8%[7]
  • Tasa de deserción escolar de niños entre 16 y 17 años: 18.5%
  • Sin cubrimiento del sistema de salud: 20.8%
  • Incidencia de la desnutrición: 26.6%[8]
  • Alimentación insuficiente: 59.1%
  • Acceso a vivienda digna: 7.5%
  • Hacinamiento crítico: 51.2%[9]
  • Carencia de uno o varios servicios públicos domiciliarios: 36.8%
  • Vinculados por contratos laborales: 9.2%
  • Afiliación a ARP, salud y pensiones: 7.5%
  • Ingresos iguales o superiores a 1 salario mínimo mensual: 11.8%

Los pueblos indígenas, en vías de extinción

Los pueblos indígenas son uno de los grupos que más presión padecen para abandonar sus tierras; y puesto que se resisten por razones culturales, son además la víctima frecuente del "confinamiento" o bloqueo de sus comunicaciones e intercambios comerciales.  

Según el  análisis de ACNUR[10], casi toda la población indígena ha sido amenazada en el marco del conflicto o ha sido víctima de desplazamiento forzado. Las autoridades estatales registran un promedio de 15.000 indígenas como población desplazada cada año, pero se sabe que el subregistro es muy alto por razones de distancia de los centros urbanos, barreras lingüísticas o ignorancia sobre los procedimientos[11]. Y el daño de este despojo es aún mayor si recordamos el papel de la tierra dentro de la cultura y el tejido social de los pueblos indígenas.

Es más, según el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, entre enero y julio de 2008 se produjo el homicidio de 33 indígenas, lo cual implica un aumento de 18% respecto del mismo periodo del año inmediatamente anterior.  

Con motivo del día internacional de los pueblos indígenas, el  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados recordó la "dramática situación en la que viven los grupos indígenas de Colombia" como fruto del    conflicto armado. La entidad destacó que, según la asociación indígena de Colombia (ONIC), 18 grupos "están en riesgo de desaparecer"[12].

Los afrocolombianos,  del abandono histórico a la desidia total

En los últimos años ha venido aumentando la violencia contra las comunidades afrocolombianas, y en especial contra sus líderes y activistas. Son víctimas de homicidios, amenazas, desapariciones, masacres, desplazamiento y confinamiento. Según ACNUR alcanzan a ser el 20% del total de la población desplazada en Colombia. Muchos de sus territorios ancestrales son tenidos por "corredores estratégicos", dada la riqueza de recursos naturales y la dinámica del comercio ilegal[13].

La crisis en este caso resulta de la mezcla entre el conflicto armado, el narcotráfico y la nueva legislación forestal que deteriora los derechos de las comunidades, todo lo cual conduce a despojarlas de su patrimonio territorial, cultural y ambiental- perpetuando y agravando su ya vieja condición de minorías excluidas.[14]

Minas antipersonal, una tragedia en el camino

Según el Monitor Mundial de Minas, Colombia sigue ostentando el primer lugar del mundo por su número de "accidentes" o de víctimas debidas a esta causa: 3 cada día.

En el año 2006, se registraron 1.165 víctimas de Minas Antipersonal; en el 2007, 880 y, en los primeros cinco meses de 2008, la cifra  ya ascendía a 334. De acuerdo con la Campaña Colombiana Contra Minas, hasta junio de 2008 se habían contado 101 víctimas civiles. En 31 de los 32 departamentos del país se registraron eventos con MAP o MUSE durante el 2007[15].

Infortunadamente aquí, también, las cifras dan apenas una idea sobre la magnitud de la tragedia[16]. La mayor parte de los accidentes con minas se producen cuando la gente realiza sus labores cotidianas, mientras trabajan en sus cultivos, cuando los niños juegan o van camino de la escuela, o mientras traen agua, o están pescando o cazando.[17] El 100% de las víctimas se halla bajo la línea de la pobreza, el 40% de ellas son civiles, y la mitad son niños y niñas. El 80% de los eventos se presentan en el área rural y el 89% de las víctimas son personas que podrían haber sido económicamente productivas.

Colombia es el país más minado del plantea: uno de cada dos municipios está afectados por la existencia o la sospecha de que existen campos minados.

Cada mina sembrada puede conservar su poder letal durante 50 o más años; y ellas no saben la distinción entre civiles y combatientes[18].

El confinamiento y la violación al derecho a la movilidad

A lo largo y ancho de la geografía nacional se encuentran comunidades "confinadas" a quienes se priva del derecho a la movilización y del acceso a suministros necesarios para la vida. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas da cuenta de que entre mayo y agosto de 2007 más de 9.000 personas fueron directamente afectadas por bloqueos impuestos por alguno de los grupos armados.   

El refugio, más vergüenza internacional

El desplazamiento forzado a través de las fronteras, también llamado asilo o, mejor, "refugio", no es menos preocupante. Colombia ocupa el quinto lugar del mundo entre los países con población refugiada. Medido por el número de peticiones de asilo, somos el cuarto lugar,  después de Iraq,  Somalia y Eritrea.

Según ACNUR se trata de 552.000 compatriotas, el número más alto de América Latina. Colombia comparte 6.301 kilómetros de frontera con sus vecinos, en 12 departamentos y 67 municipios.  Con Venezuela tenemos la frontera más poblada, con 47 municipios y unos dos millones y medio de habitantes. Sin embargo, el Estado Ecuatoriano presta algún tipo de asistencia a 250.000 refugiados colombianos y Venezuela atiende a otros 200.000[19].

Masacres, el luto de comunidades enteras

En el año 2007 y hasta junio de 2008, se registraron 37 masacres que arrojaron 174 víctimas. Mucho menos, afortunadamente, que hace unos años. Pero en Colombia sigue habiendo masacres. Y los tribunales siguen tras las huellas de la complicidad de agentes del Estado en esta historia de sangre[20] .    

Las mujeres y las niñas, doblemente victimizadas

Con respecto a la violencia sexual contra las mujeres, la Corte Constitucional[21] destacó el 14 de abril de 2008 que "es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales", práctica atribuida a todos los grupos que participan en las hostilidades, incluida la Fuerza Pública.

Persisten los homicidios con características de ejecución extrajudicial

En los últimos días el país ha vuelto a hablar de un horror que persiste como en los peores pasajes del conflicto colombiano: las ejecuciones extrajudiciales. Y lo ha hecho en razón del hallazgo de 19 cadáveres de jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar cuyas familias habían interpuesto las  respectivas denuncias por desaparición.

Ya lo había advertido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Informe al gobierno en 2007: "El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar"[22].

También lo habían advertido la Defensoría del Pueblo, por medio del Sistema de Alertas Tempranas,  y el Instituto Popular de Capacitación, anotando además que las ejecuciones extrajudiciales aumentaron en 65% durante los pasados cinco años[23]. Y la Misión Internacional de Observación Sobre Ejecuciones Extralegales e Impunidad que visitó a Colombia el año pasado, con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- ya había declarado su  preocupación "por el elevado número de ejecuciones extrajudiciales, cometidas con absoluta impunidad... La Misión hace un llamado a la comunidad internacional a tomar conciencia de la gravedad de estos crímenes".[24]

La respuesta del Gobierno, entre la negación y la utilización política de la crisis humanitaria

La crisis humanitaria tiene otras expresiones, como decir los secuestros políticos o extorsivos, principalmente por parte de guerrilla, que continúan dándose a pesar de los avances que la Seguridad Democrática ha logrado en este y en otros temas humanitarios (asalto a poblaciones, asesinato de sindicalistas, atención de los desplazados....).

Sin embargo, en opinión de muchos observadores internacionales, el "espacio humanitario" en Colombia se ha venido reduciendo entre otras razones,  porque el Gobierno interfiere con la necesaria neutralidad o independencia de los programas o ayudas humanitarias, por el uso parcializado del lenguaje y porque entremezcla términos humanitarios en su discurso fundamentalmente belicista. Las Fuerzas Armadas siguen haciendo uso de bienes protegidos (escuelas, centros de salud, espacios públicos) y la ayuda humanitaria sigue  apoyando la recuperación militar de zonas de conflicto, pues las tropas distribuyen ayuda o forman brigadas de salud - lo que no les corresponde-  y con esto refuerzan las redes de cooperantes y la política de recompensas. No sin mencionar el episodio de la Operación Jaque y el manejo, digamos "deportivo" que el Alto Gobierno le dio a esta situación.

El gobierno colombiano tiene el deber de garantizar el espacio humanitario para que puedan ser atendidas las numerosas víctimas de este conflicto complejo, prolongado y degradado. Pero al negar la existencia del conflicto y de la crisis las está condenando a la desprotección, y además está minando la capacidad de los organismos internacionales para hacer efectiva la solidaridad del género humano con una tragedia que por su gravedad precisamente se llama "humanitaria".

 

Notas de pie de página


[1] El país según José Obdulio.  Revista Cambio.  Edición del 14 al 20 de agosto de 2008. Consultada el 19 de agosto de 2008.

[2] Entre las instituciones de ayuda humanitaria que trabajan en territorio colombiano se cuentan: Solidaridad Internacional (SI),  Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL),  Acción contra el Hambre - España (ACH-E), Médicos del Mundo - Francia (MDM-F), Hilfswerk Austria (HWA) y Cáritas Española (CE); Diálogo Interagencial en Colombia - Dial: Oxfam GB, Diakoníe apoyo en emergencias,Norwegian Refugee Council -NRC y Project Counselling Service- PCS, International Rescue Committee y la Federación Luterana Mundial/Church of Sweden Aid (FLM/CSA). Está además el Sistema de Naciones Unidas con más de 20 agencias entre las que se destacan ACNUR, OCHA, PMA y OACNUDH por su labor humanitaria.

[3] Garay Luis Jorge, Director Académico. Verificando el cumplimiento de los derechos. Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado. Primer Informe de verificación presentado a la Corte Constitucional. Bogotá, enero de 2008.

[4] Este Informe se basan en la  primera Encuesta de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada (ENV). La encuesta se aplicó a poco más de 6.500 hogares, que contaban con, al menos, un miembro, inscrito en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), no antes del año 1998, periodo desde el cual el gobierno nacional cuenta con cifras. El nivel de confianza de la encuesta es cercano al 95%. El Informe señala que aún cuando la encuesta solamente se aplicó a población registrada en el RUPD, estudios recientes sostienen que la población desplazada no incluida en dicho registro puede superar incluso el 50% del total inscrito.

[5] Llama la atención lo reducido de este porcentaje si se tiene en cuenta que la desmembración familiar se ha dado, en un alto porcentaje, como efecto directo del conflicto armado.

[6] Porcentaje correspondiente a las personas encuestadas que demostraron contar con algún conocimiento sobre el derecho a la reparación.

[7] Teniendo en cuenta edad y condición.

[8] Dato en niños y niñas menores a 5 años de edad.

[9] Más de tres personas que tienen que compartir la misma habitación para dormir

[10] La población indígena colombiana está siendo devastada por el desplazamiento forzado. Noticias de ACNUR. 8 de agosto de 2008. Consultado el 17 de agosto de 2008.

[11] Ibídem

[12] En su día, indígenas instan a que se respeten sus derechos. El Espectador. 9 de agosto de 2008. Consultado el 24 de agosto de 2008.

[13] Informes de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos (2002 y 2003). Consultado el 17 de agosto de 2008.

[14] La Situación de los Afrocolombianos. Síntesis del Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington DC, marzo 6 del 2007. Consultado el 17 de agosto de 2008.

[15] Situación de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Vicepresidencia de la República. Indicadores 2007.

[16] El Impacto de las Minas Antipersonal en la Población Civil de Colombia. Informes. Human Rights Watch. Consultado el 20 de agosto de 2008.

[17] Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de Colombia, Gráfico de Víctimas según Actividad al Momento del Accidente por MAP/MUSE, 1990-I de Junio de 2007, http://www.derechoshumanos.gov.co/minas/descargas/victimasactividad.pdf Consultado el 17 de agosto de 2008.

[18] Datos de Unicef. 

[19] 2007 Global Trends: Reffugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons. ACNUR. June 2008. 

[20] Me refiero en especial a la reciente captura del General (R) Rito Alejo del Río, ex comandante de la XVII Brigada del Ejército, por orden de la Fiscalía y en calidad de presunto responsable de los delitos de promoción y fomento en la conformación de grupos paramilitares en Urabá.  

[21] Corte Constitucional, Auto N°092 del 14 de abril de 2008 sobre protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, expedido como parte del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T025 de 2004.

[22] Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia , 4° período de sesiones, doc. A/HRC/4/48, 5 de marzo de 2007, párr. 36. Consultado 17 de agosto de 2008

[23] Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumentaron más de un 65% en cinco años. El Mundo. 10 de octubre de 2007. Consultado el 24 de agosto de 2008.

[24] Por: Apolinar Díaz. Fecha publicación: 15/11/2007

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