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¿Guerra después de la paz? El ascenso irresistible del crimen organizado

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Incautación de armas.

Boris SalazarNuevas organizaciones criminales asumen el control sobre los territorios donde el Estado no ha ejercido presencia. Por qué la situación se agrava cada día.  

Boris Salazar*

Otra vez la guerra

En unos pocos meses se cumplirá el segundo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. Y sin embargo lo que era una intuición de los expertos se ha convertido en una realidad del día a día: las bandas criminales han crecido de manera escandalosa y siguen afectando la economía y la vida de los colombianos.  

En las zonas rurales y en algunas grandes ciudades, las organizaciones criminales venden seguridad, extorsionan, trafican, hacen préstamos gota a gota, asesinan por encargo o por iniciativa propia, reprimen la protesta social y aseguran a balazos el clima apropiado para los negocios.

No conocemos su número exacto ni tampoco su tamaño, pero sí los efectos de su actividad. Cada vez es más común ver en las noticias los cientos de toneladas de drogas incautadas, el crecimiento vertiginoso de la siembra de coca, los cientos de asesinatos de líderes sociales, la creciente extorsión a tenderos, comerciantes y transportadores en las comunas más pobladas de Medellín o Cali, y así sucesivamente.

Se trata de un portafolio criminal rico y diverso, que, sin dejar el narcotráfico como su eje central, ha integrado otros negocios ilegales y legales de alta complejidad, que involucran un número cada vez mayor de personas, organizaciones, capitales y sectores económicos, en redes horizontales, sin la jerarquización y el tamaño de las organizaciones clásicas del narcotráfico colombiano.

La comercialización internacional de la droga quedó en manos de organizaciones mexicanas, lo cual hizo que las bandas criminales colombianas se concentraran en diversificar sus negocios locales y en explotar nuevos servicios ilegales, como los préstamos gota a gota. Recientemente, en Tetelán del Volcán, estado de Morelos en México, un colombiano fue linchado por una multitud furiosa que lo señalaba de hacer parte de una red de prestamistas gota a gota.  

Encuentre en Razón Pública: Asesinatos, drogas y atentados: vuelve el terror del narcotráfico a la frontera colombo-ecuatoriana.

¿De dónde salieron esas bandas?

Captura de bandas criminales.
Bandas criminales.       
Foto: Gobernación del Meta

Pero el crimen organizado no actúa por fuera de la sociedad, sino que ha sido parte esencial de ella durante las últimas cinco décadas.

La sofisticación, resiliencia y capacidad de amenazar que hoy tienen esas organizaciones son el producto de un proceso evolutivo que convirtió a pequeñas bandas de contrabandistas y narcotraficantes en gigantescas entidades criminales y políticas que llegaron a controlar, en los años 80, ciudades enteras como Cali y Medellín.

El ejercicio criminal se fue sofisticando al converger con organizaciones guerrilleras y paramilitares. La guerra y la actividad criminal se mezclaron y aprendieron una de otra, facilitando la formación de operadores especializados y la integración en redes más amplias.

Es un error creer que la guerra contra las guerrillas y contra los carteles del narcotráfico solo dejó asesinos y traficantes dispuestos a seguir haciendo lo único que aprendieron en su vida: matar, extorsionar y traficar. En realidad, las dos guerras también dejaron tecnologías, conocimientos, contactos legales e ilegales, y capacidades organizativas y empresariales.

Con la desmovilización de paramilitares y guerrilleros -y sobre todo con la desmovilización de las FARC en 2016- quedó abierto el camino para que empresas criminales activas contrataran a antiguos guerrilleros y paramilitares. También se abrió el camino para crear nuevos grupos delincuenciales integrado por quienes optaron por no desmovilizarse.

Más que simples delincuentes

Pero ni las organizaciones criminales ni los antiguos grupos paramilitares se dedican exclusivamente a la delincuencia, sino que aspiran además a controlar la vida de las poblaciones donde actúan: quieren evitar la protesta social, “proteger” a los ciudadanos, monopolizar los tributos, y “ordenar” la vida social.

No lo hacen porque tengan grandes ideales políticos o porque sueñen convertirse en Estados alternativos, sino porque el flujo normal de sus negocios exige un control absoluto sobre la vida de las comunidades.

Al fin y al cabo, los territorios donde actúan son disputados constantemente por otros actores armados, sobre todo si se encuentran en las rutas de salida de la droga o en zonas con producción de cultivos ilícitos.

Por eso, su actividad criminal no deja de ser política, no precisamente en un sentido “electoral” (aunque en ocasiones han “recomendado” candidatos), sino en el sentido más preciso de ejercicio del poder fundamentado en dos pilares clásicos: el monopolio de las armas y la tributación a cambio de protección.

En semejante contexto los civiles pueden pasar de ser amigos a enemigos y viceversa, y las organizaciones rivales y el Estado son enemigos que deben ser vencidos o neutralizados.

Este fin de semana, el comandante del ELN Pablo Beltrán afirmó que “cada actividad económica considera que nosotros prestamos en cierta forma un servicio de seguridad y, entonces, en compensación a ese servicio, hay un aporte económico”. También las FARC ejercían el papel de un Estado primitivo en varias regiones, cobrando tributos para que comerciantes y traficantes no tuvieran que pagarles a otros agentes ilegales.

Pero cuando varias organizaciones ilegales exigen tributación a cambio de protección se crea el desorden que hemos visto en el último año. Ese desorden toma la forma de asesinatos, pérdidas económicas y terror generalizado: algo que ocurre, entre otras regiones, en el Norte de Santander y en el Bajo Cauca antioqueño, con distintos protagonistas y conflictos sociales, pero con la misma lógica política: monopolio de la tributación y sojuzgamiento de la población civil.

El hecho de que las organizaciones mexicanas sean hoy las que siembran, compran y distribuyan las drogas, ha agravado los efectos de la política de control sobre los campesinos y los habitantes de ciudades que tienen la desgracia de estar situadas en territorios invadidos por ese negocio internacional.

Puede leer: Tumaco, un posconflicto armado.

¿Dónde está el Estado?

Captura de bandas criminales.
Captura de bandas criminales.       
Foto: Gobernación del Meta

Los intentos de sustituir cultivos ilegales por otros legales y el desarrollo de procesos productivos independientes han convertido a los campesinos del Pacífico Nariñense, de los Andes caucanos (Argelia, Mercaderes) y de ciertas zonas del Chocó en víctimas de los sicarios contratados por las organizaciones mexicanas y sus asociados.

La respuesta del Estado colombiano ha sido nula en los hechos y vergonzosa en la retórica.

De hecho –y como muestra Fernando Guerra en esta misma entrega de Razón Pública-, toda la región Pacífica es escenario de las distintas fases de la operación del negocio del narcotráfico. El cultivo, que tiene lugar en las altas montañas del Cauca, es transportado a Nariño para su conversión en pasta base y su posterior refinación, y luego es llevado a las costas del Pacífico para ser enviado hacia el norte en botes, submarinos u otros medios de transporte.

Todas esas fases exigen un intenso control territorial y el ejercicio del poder en toda la región. No es casual que Tumaco sea el municipio sobre el cual convergen todas las miserias derivadas del poder de las organizaciones criminales y el incumplimiento de las promesas estatales de inversión social, económica y de seguridad ciudadana.

La política y la economía se mezclan aquí de manera peligrosa: para las organizaciones mexicanas y sus asociados colombianos, las regiones productoras de coca y amapola deben dedicarse exclusivamente a eso y deben garantizar un clima adecuado para sus negocios.

Algo similar ha ocurrido en el Bajo Cauca antioqueño, donde convergen los cultivos de coca, el procesamiento de pasta base y la explotación de oro. La disputa por el control de esos negocios, junto a la eliminación de desmovilizados de las FARC y de sus familias, ha llevado al regreso de las masacres y de los asesinatos selectivos.

En el sur de Córdoba los asesinatos de reclamantes de tierras y de líderes sociales están ocurriendo en los mismos lugares ocupados a sangre y fuego por los paramilitares durante la época más cruenta de la guerra contra las FARC en la región. Hoy, las organizaciones criminales que las sucedieron ejecutan a los reclamantes de las tierras despojadas en esos tiempos.

Más allá de las discusiones acerca de cómo denominar a las organizaciones criminales que hoy actúan, el problema real es el poder creciente de esas organizaciones sobre la economía y la política en esas tan distintas y extensas regiones del país.

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

 

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