facebook   twitter   youtube 

La ley Arias: ¿propuesta jurídica o maniobra política?

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

El Centro Democrático radicó un proyecto de ley que dicen busca que en Colombia se cumpla con la constitución.

Manuel IturraldeUna explicación jurídica y política de la “ley Andrés Felipe Arias” muestra por qué este será el proyecto insignia del uribismo.

Manuel Iturralde*

Una discusión jurídica

El pasado 23 de julio, el Centro Democrático radicó en el Congreso el proyecto de la llamada “ley Andrés Felipe Arias”, que permitiría que las sentencias condenatorias en única instancia —como la del exministro de Agricultura— sean revisadas nuevamente.

Esa propuesta puso a los medios y a los ciudadanos a hablar en un lenguaje jurídico: doble instancia, doble conformidad, favorabilidad y retroactividad son algunos de los conceptos que se han utilizado para referirse al caso del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia a diecisiete años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Estos conceptos jurídicos, ampliamente discutidos por los abogados, tienden a excluir a muchas personas del debate, que consideran que la discusión es técnica y arcana. A su vez, esa hermética discusión jurídica hace que muchos se refugien en alegatos emotivos, guiados más por sus pasiones y preferencias políticas que por argumentos razonados. Ahí radica gran parte del problema, pues actores políticos con intereses particulares se apropian del debate y lo adaptan a la narrativa que más les conviene.

Retroactividad: ¿sí o no?

Por lo anterior, es importante explicar algunos de los conceptos principales de la discusión:

  • La doble instancia es una garantía general del debido proceso que está consagrada en el artículo 31 de la Constitución colombiana, y asegura que toda decisión judicial pueda ser apelada ante un juez independiente y de superior jerarquía.
  • La doble conformidad, por su parte, es una manifestación del derecho al debido proceso de quien es condenado en un proceso penal, y está consagrada en el artículo 29 de la Constitución.

La doble conformidad implica que, en caso de que una persona sea condenada penalmente por primera vez —sin importar si es en primera o segunda instancia—, puede impugnar la decisión condenatoria ante un juez independiente que la revise y pueda revocarla si la considera errada. Esta es una garantía adicional y más exigente para que las personas no sean castigadas de forma arbitraria.

Uribe y el Centro Democrático buscan que la doble instancia y la doble conformidad se apliquen de forma retroactiva.

Según el uribismo, la “ley Andrés Felipe Arias” busca que Colombia cumpla con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la doble instancia y la doble conformidad como derechos inalienables, de los cuales también gozan las personas cubiertas por un fuero —como los ministros y los congresistas—.

Pero el propósito del proyecto de ley no puede ser realmente ese, pues dichos derechos ya están reconocidos en la Constitución, y han sido concedidos a los aforados a través de una reciente reforma constitucional y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

En realidad, Uribe y el Centro Democrático buscan que la doble instancia y la doble conformidad se apliquen de forma retroactiva a Arias, es decir, que la ley no solo aplique para los casos futuros, sino también para los pasados. En efecto, cuando el exministro fue condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, las garantías de doble instancia y doble conformidad ya estaban reconocidas en la Constitución, pero no se aplicaban a los aforados.

Puede leer: La doble instancia

Y acá surge otro debate de abogados: ¿qué debe primar, la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada —es decir, una sentencia en firme y definitiva— o el principio de favorabilidad, según el cual, en asuntos penales, la norma más favorable debe ser aplicada al procesado, así sea posterior a la ocurrencia de los hechos e incluso de su juzgamiento?

La opinión ha convertido la defensa de Arias por parte del uribismo en una cuestión de honor.

Foto: Canal Capital
La opinión ha convertido la defensa de Arias por parte del uribismo en una cuestión de honor.

En este caso, el Centro Democrático ha defendido el principio de favorabilidad como garantía esencial de los derechos de todos los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. En cambio, sus detractores exigen que Arias cumpla su condena, pues su proceso fue fallado de acuerdo con las normas vigentes y bajo las garantías que éstas otorgaban, de modo que hizo tránsito a cosa juzgada.

Ambas posturas son jurídicamente plausibles y tienen buenos argumentos a favor y en contra. La cosa juzgada tiende a favorecer la seguridad jurídica y la estabilidad del ordenamiento, mientras que la favorabilidad se la juega por los derechos del procesado, así cree algún grado de inestabilidad jurídica.

La narrativa política

Pero en este punto, la discusión pasa de lo jurídico a lo político. Ante los medios y la opinión pública, el Centro Democrático ha hecho de la liberación del exministro Arias una cuestión de honor. Ha acudido a la propaganda y diversas formas de lucha política, alegando que el exministro es víctima de una injusticia, maquinada y ejecutada por el gobierno Santos en contra de Uribe y sus aliados.

También ha dicho que Arias no es un delincuente —aunque fue condenado por el tribunal de mayor jerarquía en Colombia, de acuerdo con la legislación vigente—; que no se ha robado un peso —a pesar de que no fue condenado por eso—; ni es un prófugo de la justicia —aunque salió del país para eludir las consecuencias de una condena penal—. Según la narrativa uribista, Arias dejó Colombia para pedir asilo en Estados Unidos, pues es un perseguido político, quien fue condenado de forma ilegal por un tribunal manipulado por Santos.

En el caso de Arias, el lenguaje jurídico permite construir un relato político, según el cual un régimen abusivo y arbitrario, el de Santos, pervirtió el Estado de derecho y acabó con la separación de poderes con el fin de perseguir a Uribe y destruir su legado.

En ese relato, Uribe y su partido son las víctimas y los defensores de los derechos humanos y la legalidad. Parece que ese relato ha invertido algunas prioridades: los partidos de oposición, que en el pasado denunciaron los abusos del uribismo en contra del Estado de derecho y las garantías constitucionales, ahora defienden el orden y la seguridad jurídica, no hace mucho tan valiosos para los uribistas.

Más allá de la situación jurídica de Arias, en este caso está en juego el control del relato político y la definición de la agenda de la legislatura que acaba de comenzar. Para Uribe se trata de una oportunidad para “lavar” su imagen, sobre la cual ha pesado la sombra de la corrupción como forma de gobernar. Varios de sus ministros y colaboradores más cercanos han sido condenados por la justicia penal por actos graves de corrupción, de abuso de poder y de colusión con grupos criminales. El caso Arias es la oportunidad de imponer la idea de que todo se trató de una conspiración urdida por Santos.

Le recomendamos: Extradición: lo que tienen en común Arias y Santrich

Lo que a su vez permite ocultar otros puntos clave de la narrativa: Arias no fue condenado por la Corte Suprema por “robar dinero”, sino por permitir que, saltándose las normas y controles, aliados políticos y personas con poder se apropiaran de recursos del Estado destinados a otros fines.

Esta decisión no fue tomada de forma aislada por un tribunal cooptado por el santismo y sesgado en contra de Uribe. La decisión fue respaldada, al menos, por cuatro autoridades más:

El Centro Democrático ha hecho de la liberación del exministro Arias una cuestión de honor.
  • En el ámbito disciplinario, la decisión fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación —cuando estaba en manos de Ordóñez, que es aliado de Uribe—, que destituyó e inhabilitó a Arias por dieciséis años por las graves irregularidades en el programa de AIS;
  • Esa sanción fue confirmada recientemente por el Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contencioso-administrativa;
  • Como si fuera poco, quien inició la investigación penal y acusó a Arias fue la Fiscalía de Viviane Morales, ideológicamente cercana al uribismo;
  • Finalmente, la Contraloría General de la República, al mando de Sandra Morelli, encontró que Arias fue fiscalmente responsable por la pérdida de más de 12.000 millones de pesos de recursos públicos, por los mismos hechos.

Lea en Razón Pública: La Constitución, los subsidios y el programa Agro Ingreso Seguro.

¿Otra “jugadita”?

En cuanto a la estrategia legislativa, el Centro Democrático pretende que el punto central de la agenda sea el caso Arias, que también beneficiaría a muchos congresistas —incluidos varios parapolíticos—.

La decisión del caso Arias no fue tomada por una Corte sesgada y cortada por el santismo contra Uribe.

Foto: Corte Suprema de Justicia
La decisión del caso Arias no fue tomada por una Corte sesgada y coptada por el santismo contra Uribe.

Con un presidente que no ha logrado formar mayorías en el Congreso, esa estrategia distrae el debate político de asuntos tan críticos como el proceso de paz, la reforma agraria, la política de drogas, la migración, el crecimiento económico y la reforma pensional, en los que el uribismo no ha logrado imponer sus intereses, pero tampoco ha sido derrotado. Dicha estrategia también obstaculiza las propuestas de sus opositores, les resta iniciativa y los pone a la defensiva. Además, apunta a que la emotividad del caso Arias y la defensa del legado de Uribe jueguen a su favor en las próximas elecciones.

Como dijo hace más de cien años el político y jurista italiano Giovanni Giolitti, las leyes se aplican a los enemigos, y se interpretan para los amigos. Uribe y su partido, tan ceñidos al orden y la legalidad, abogan por interpretar el derecho de forma garantista cuando les conviene.

Esta es la más reciente “jugadita” del uribismo. Para no caer en ella, conviene entender el debate jurídico alrededor del caso Arias, y llegar a una solución oportuna y razonable, donde quepan el principio de favorabilidad y de doble conformidad, así como las garantías de imparcialidad y pronta justicia.

Esto permitirá pasar la página y dar importancia a lo que la tiene: el debate político sobre los cambios que el país necesita.

* Profesor asociado y co-director del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Abogado de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Derecho de London School of Economics.

 

Escribir un comentario

Agradecemos a los investigadores, académicos y profesionales que contribuyen con sus artículos, declaraciones y caricaturas inéditos para ser publicados en la Revista Razón Pública. Los autores son responsables de sus ideas y de la presentación de los hechos en este documento.

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia) con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

Alexander
0 # Segunda instanciaAlexander 31-07-2019 20:44
Me dirijo a usted brindándole mis grandes agradecimientos por su gran colaboración.
Mi pregunta es la siguiente, tengo un hermano que fue condenado y su condena fue excesiva. Él nunca había sido condenado por la justicia ordinaria. ¿Él también tendría derecho a la segunda instancia para que su caso sea revisado?
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador
Desconocido
0 # La verdad entre la política y la justiciaDesconocido 07-08-2019 19:20
Cuando la justicia es permeada por el poder económico y político pierde su esencia: la credibilidad y si en el caso de Arias, es inocente, cosa que con vehemencia lo aseguran los del CD en cabeza de Uribe, viene entonces a ser culpable el máximo jefe de ese entonces...el señor URIBE, porque Arias era subalterno de aquel y en justicia el que manda es el culpable y parte también el que obedece, es cuestión de honor, entonces que Arias diga la verdad y no haga lo mismo que la Yidispolítica donde se aguantaron el carcelazo y al guardar silencio y no acusar al verdadero culpable...si es cuestión de honor ...señor Arias...hable y salve su honor y no permita que su nombre y el de su familia sea utilizado para limpiar el de otros.Hay muchos cercanos a Uribe condenados...im posible seguir callando o es que el silencio es la vida...muchas dudas a la verdad y a la justicia y más cuando la norma se quiere interpretar a su acomodo y a los intereses perversos que no importa el bien de la nación sino el de la persona que ostenta el poder así sea que se haya conseguido por medios también dudosos. LA JUSTICIA NO DEBE CEDER ANTE LAS JUGADITAS JURIDICAS Y POLITIQUERAS DE LA CORRUPCIÓN.
Responder | Responder con una citación | Citar | Reportar al moderador

Esta semana en Razonpublica